LEY Nº 264
LEY DE 31 DE JULIO DE 2012
EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,
D E C R E T A:
LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
“PARA UNA VIDA SEGURA”
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
(OBJETO). La
presente Ley tiene por objeto garantizar la seguridad ciudadana,
promoviendo la paz y la tranquilidad social en el ámbito público y
privado, procurando una mejor calidad de vida con el propósito de
alcanzar el Vivir Bien a través del Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana “Para una Vida Segura”, en coordinación con los diferentes
niveles de Estado.
(FINES). La presente Ley tiene por fines:
Promover la paz y la tranquilidad social en el ámbito público y privado.
Prevenir la inseguridad ciudadana.
Mantener y restablecer la seguridad ciudadana.
Estructurar,
articular e implementar de manera efectiva el Sistema de Seguridad
Ciudadana a través del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y los planes
de seguridad ciudadana departamentales, municipales e indígena
originario campesinos.
(PRIORIDAD NACIONAL).
I.
La seguridad ciudadana es un bien común esencial de prioridad nacional
para el desarrollo del libre ejercicio de los derechos y garantías
individuales y colectivas, de todos los estantes y habitantes del
territorio del Estado Plurinacional de Bolivia y una condición
fundamental para la convivencia pacífica y el desarrollo de la sociedad
boliviana.
II.
El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia declara como prioridad
nacional el financiamiento y la ejecución de los Planes de Seguridad
Ciudadana Nacional, Departamental, Municipal e Indígena Originario
Campesino.
(PRINCIPIOS). Los principios que rigen la presente Ley son:
Responsabilidad.
En el ámbito de sus competencias el nivel nacional, las entidades
territoriales autónomas y la sociedad civil organizada comparten
responsabilidad en el cumplimiento de la presente Ley.
Solidaridad.
El nivel nacional y las entidades territoriales autónomas en el
ejercicio de sus competencias, cooperarán y coordinarán entre sí, para
garantizar la seguridad ciudadana.
Compromiso.
Actitud proactiva y responsable de los actores involucrados en el logro
de los objetivos, fines y metas en seguridad ciudadana de manera que
cada uno de éstos aporten su máxima capacidad con un sentido de
pertenencia.
Transparencia. El
ejercicio de la función pública de las servidoras y los servidores
públicos se regirán por la honestidad y ética en la gestión de la
seguridad ciudadana, éstos administrarán los recursos del Estado sujetos
a la rendición de cuentas y a la publicidad de la gestión. La
información en materia de seguridad ciudadana será veraz, oportuna,
accesible comprensible y confiable.
La
información relativa a la seguridad ciudadana deberá estar a
disposición de la población. Todos los recursos administrados por el
nivel nacional y de las entidades territoriales autónomas destinados a
la seguridad ciudadana estarán sujetos a rendición pública de cuentas.
Priorización de la Víctima. Toda
víctima de inseguridad ciudadana deberá ser tratada con dignidad y en
forma prioritaria en todos los actos de investigación.
Celeridad. A
sólo requerimiento de la víctima, la información con la que cuente
cualquier entidad pública o privada y que esté relacionada con un hecho
de inseguridad ciudadana deberá ser de acceso inmediato y sin mayor
trámite, de acuerdo a la legislación vigente.
Respeto a los Derechos Humanos. La seguridad ciudadana se constituye en el pilar central del desarrollo de los Derechos Humanos.
Equidad de Género y Generacional.
Las políticas, planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana
deberán contemplar el enfoque de género y generacional y las necesidades
específicas de protección de mujeres, niños, niñas, adolescentes y
adultos mayores.
Interculturalidad. Entendida
como la interacción de las culturas, que se constituye en instrumento
para la cohesión y convivencia armónica y equilibrada entre todos los
pueblos y naciones para la construcción de relaciones de igualdad y
equidad de manera respetuosa.
Igualdad.
El Estado promoverá las condiciones necesarias para lograr la igualdad
real y efectiva, adoptando medidas de acción afirmativa y/o diferenciada
que valore la diversidad con el objetivo de lograr equidad y justicia
social, garantizando condiciones equitativas específicas para el goce de
derechos, libertades y garantías reconocidas en la Constitución
Política del Estado, leyes nacionales y normativa internacional de
Derechos Humanos.
Oportunidad. La
información se obtiene, analiza y reporta de forma oportuna ante la
autoridad competente, de manera que toda conducta conflictiva, violenta o
delictiva pueda ser prevenida, controlada o sancionada cuando
corresponda.
Sostenibilidad. El
nivel nacional del Estado y las entidades territoriales autónomas
deberán proveer los recursos y medios necesarios, en el marco de sus
responsabilidades para el desarrollo e implementación integral de la
política pública en seguridad ciudadana, garantizando su sostenibilidad
financiera e institucional en el largo plazo.
Vivir Bien. La convivencia segura y pacífica entre ciudadanos y ciudadanas es una parte integral para Vivir Bien en comunidad.
Lealtad Institucional. La
administración pública en sus relaciones interinstitucionales
coordinarán y cooperarán para el desarrollo y bienestar de la población,
en el marco de la eficiencia, eficacia y el servicio a las ciudadanas y
ciudadanos.
TÍTULO II
MARCO INSTITUCIONAL
CAPÍTULO I
DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
(SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA).
I.
El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana “Para una Vida Segura”, es
un conjunto interrelacionado de políticas, planes, estrategias,
procedimientos, institucionalidad y funciones en materia de seguridad
ciudadana.
II. El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana “Para una Vida Segura”,
se fundamenta en el establecimiento de la corresponsabilidad
institucional de seguridad ciudadana, la participación ciudadana y el
control social.
(ESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA).
I. Las
entidades públicas que forman parte del Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana son: el Ministerio de Gobierno y las entidades territoriales
autónomas.
II.
La Comisión Interministerial de Seguridad Ciudadana, el Consejo de
Coordinación Sectorial de Seguridad Ciudadana, los Consejos
Departamentales, Regionales, Municipales e Indígena Originario
Campesinos de Seguridad Ciudadana, integran el Sistema Nacional de
Seguridad Ciudadana.
III.
Las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana, trabajan de forma interrelacionada y coordinada para la
protección de los derechos, libertades y garantías constitucionales,
individuales y colectivas en materia de seguridad ciudadana.
CAPÍTULO II
ENTIDADES PÚBLICAS DEL SISTEMA NACIONAL
DE SEGURIDAD CIUDADANA
(DEBER DE COLABORACIÓN).
I. Las
servidoras y los servidores públicos, en el ámbito de sus competencias,
deberán colaborar, prestar la asistencia posible y adecuada a las
entidades públicas, a la comisión, a los consejos de seguridad ciudadana
y a la Policía Boliviana, para la consecución de las finalidades de
prevención, mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana.
II.
Las servidoras y los servidores públicos de las entidades públicas que
forman parte del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana en caso
necesario y en la medida indispensable para el cumplimiento de sus
funciones, deberán requerir de los particulares su colaboración, siempre
que no implique riesgo personal para los mismos.
(MINISTERIO DE GOBIERNO). El
Ministerio de Gobierno es la máxima autoridad responsable de la
formulación, planificación, aprobación y gestión de las políticas
públicas, como también de la coordinación y control de la seguridad
ciudadana. Ejercerá sus funciones respetando los Derechos Humanos y el
ejercicio de la ciudadanía plena.
(RESPONSABILIDADES DEL NIVEL NACIONAL DEL ESTADO). Son responsabilidades del Ministerio de Gobierno, en materia de seguridad ciudadana, las siguientes:
Formular,
aprobar y ejecutar las políticas públicas para la prevención,
mantenimiento y restablecimiento en materia de seguridad ciudadana,
reguladas en la presente Ley.
Formular,
aprobar, gestionar y ejecutar los programas, planes, proyectos y
estrategias nacionales para la prevención, mantenimiento y
restablecimiento en materia de seguridad ciudadana, en el marco de la
presente Ley.
Formular,
aprobar y ejecutar el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, el que
contemplará la desconcentración de los servicios policiales a nivel
departamental, municipal e indígena originario campesino.
Dirigir
a la Policía Boliviana, garantizando su accionar efectivo en la
preservación, mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana
y la defensa de la sociedad, priorizando su acción preventiva.
Promover el intercambio y/o cooperación internacional en materia de seguridad ciudadana.
Articular
con la población, la formulación e implementación de políticas
públicas, en prevención y mantenimiento de la seguridad ciudadana.
(RESPONSABILIDADES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES AUTÓNOMAS DEPARTAMENTALES). Son
responsabilidades de las entidades territoriales autónomas
departamentales, en materia de seguridad ciudadana, las siguientes:
Formular
y ejecutar en el departamento, en concurrencia con el nivel nacional
del Estado los planes, programas y proyectos departamentales en materia
de seguridad ciudadana, en sujeción a la política pública nacional, al
Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y al Artículo 38 Parágrafo I
numeral 2, Artículo 43, Artículo 50 Parágrafo III, Artículo 55 Parágrafo
I, Artículo 67 y Disposición Final Segunda de la presente Ley.
Formular
y ejecutar en el departamento, concurrentemente con el nivel nacional
del Estado, las entidades territoriales autónomas municipales,
regionales e indígena originario campesinas, en el ámbito de sus
competencias, los planes, programas y proyectos en materia de seguridad
ciudadana, en sujeción a la política pública nacional, al Plan Nacional
de Seguridad Ciudadana y al Artículo 24 Parágrafo IV, Artículo 30
Parágrafo II, Artículos 36, 37, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 53, 54, Artículo
55 Parágrafo IV, Artículos 62, 66 y 68 de la presente Ley.
(RESPONSABILIDADES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES AUTÓNOMAS MUNICIPALES). Son responsabilidades de las entidades territoriales autónomas municipales, en materia de seguridad ciudadana, las siguientes:
Formular
y ejecutar en el municipio, en concurrencia con el nivel nacional del
Estado y las entidades territoriales autónomas, los planes, programas y
proyectos municipales en materia de seguridad ciudadana, en sujeción a
la Política Pública Nacional de Seguridad Ciudadana, al Plan Nacional de
Seguridad Ciudadana y al Artículo 38 Parágrafo I numeral 3, Artículo 50
Parágrafo III, Artículo 55 Parágrafo II, Disposición Transitoria
Quinta y Sexta de la presente Ley.
Formular
y ejecutar en el ámbito territorial municipal, concurrentemente con el
nivel nacional del Estado, las entidades territoriales autónomas
departamentales, regionales e indígena originario campesinas, en el
ámbito de sus competencias, los planes, programas y proyectos en materia
de seguridad ciudadana, en sujeción a la Política Pública Nacional de
Seguridad Ciudadana, al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y al
Artículo 24 Parágrafo IV, Artículo 30 Parágrafo II, Artículos 36, 37,
39, 42, 44, 45, 47, 53, 54, Artículo 55 Parágrafo IV, Artículos 62, 66 y
68 de la presente Ley.
(RESPONSABILIDADES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES AUTÓNOMAS REGIONALES).
La Asamblea Legislativa Departamental correspondiente delegará o
transferirá las responsabilidades a ser conferidas en materia de
seguridad ciudadana, en el marco de sus competencias, la Ley Marco de
Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” N° 031 y lo establecido
en la presente Ley.
(RESPONSABILIDADES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES AUTÓNOMAS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINAS).
Las
entidades territoriales autónomas indígena originario campesinas,
ejercerán las responsabilidades en materia de seguridad ciudadana en el
marco de sus normas y procedimientos propios, procedentes del ejercicio
de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos, acorde a su
cosmovisión y de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política
del Estado.
Las
entidades territoriales autónomas indígena originario campesinas,
tendrán las mismas competencias establecidas para las entidades
territoriales municipales en el Artículo 11 parágrafo I de la presente
Ley, en sujeción a la política pública nacional de seguridad ciudadana y
al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, según corresponda.
Formular
y ejecutar en el ámbito territorial de la autonomía indígena originario
campesina, concurrentemente con el nivel nacional del Estado, las
entidades territoriales autónomas departamentales, municipales y
regionales, en el ámbito de sus competencias, los planes, programas y
proyectos en materia de seguridad ciudadana, de acuerdo a lo dispuesto
en el Artículo 24 Parágrafo IV, Artículo 30 Parágrafo II, Artículos 36,
37, 39, 42, 44, 45, 47, 53, 54, Artículo 55 Parágrafo IV, Artículos 62,
66 y 68 de la presente Ley.
CAPÍTULO III
COMISIÓN Y CONSEJOS DE SEGURIDAD CIUDADANA
(COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA).
I. La
Comisión Interministerial de Seguridad Ciudadana es la instancia
encargada de coordinar la ejecución efectiva de las políticas, planes,
programas y proyectos del nivel nacional, para la prevención en materia
de seguridad ciudadana.
II.
La Comisión Interministerial de Seguridad Ciudadana, está integrada
por las Ministras o Ministros de Gobierno, Defensa, Justicia, Salud y
Deportes, Educación y Comunicación, y será presidida por la Ministra o
el Ministro de Gobierno.
(CONSEJO DE COORDINACIÓN SECTORIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA).
I. El
Consejo de Coordinación Sectorial de Seguridad Ciudadana, es la
instancia de coordinación, concertación, cooperación, comunicación e
información, constituido por el nivel nacional del Estado y las
entidades territoriales autónomas, sujeto a control social.
II. El Consejo de Coordinación Sectorial de Seguridad Ciudadana, estará compuesto por:
La Ministra o el Ministro de Gobierno.
La o el Fiscal General del Estado.
La o el Comandante General de la Policía Boliviana.
Las nueve (9) gobernadoras o gobernadores de departamento.
Las máximas autoridades representantes ejecutivas, de los Órganos Ejecutivos de las Autonomías Regionales.
Las nueve (9) alcaldesas o alcaldes de las ciudades capitales de Departamento y la alcaldesa o alcalde de la ciudad de El Alto.
Representantes
de la Federación de Asociaciones Municipales de los municipios no
mencionados en el alcance del numeral 6 del presente parágrafo.
Representantes de las Autonomías Indígena Originario Campesinas.
Representantes a nivel nacional debidamente acreditados, de las organizaciones sociales y juntas vecinales.
III. El Consejo de Coordinación Sectorial de Seguridad Ciudadana, estará presidido por la Ministra o el Ministro de Gobierno.
IV.
El Consejo de Coordinación Sectorial de Seguridad Ciudadana, se
reunirá de manera obligatoria, mínimamente dos (2) veces al año y sus
miembros no percibirán dieta o remuneración económica alguna por su
participación.
V.
El Consejo de Coordinación Sectorial de Seguridad Ciudadana, convocará
a sus sesiones a otros representantes debidamente acreditados de las
entidades territoriales autónomas, de los otros Órganos del Estado,
instituciones públicas, privadas u organizaciones sociales.
VI.
El Consejo de Coordinación Sectorial de Seguridad Ciudadana, aprobará
el Reglamento que norme su funcionamiento y composición de los
representantes enunciados en los numerales 7, 8 y 9 del Parágrafo II del
presente Artículo.
(COORDINACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS). La
Comisión Interministerial de Seguridad Ciudadana y el Consejo de
Seguridad Ciudadana, podrán convocar a participar de las reuniones a
cualquiera de los Órganos del Estado Plurinacional de Bolivia, a la
Policía Boliviana, Fuerzas Armadas, Ministerio Público, y otras
instituciones públicas y privadas.
(ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN SECTORIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA). Son atribuciones del Consejo de Coordinación Sectorial de Seguridad Ciudadana, las siguientes:
Promover la ejecución del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.
Aprobar recomendaciones referentes al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.
Aprobar
recomendaciones referentes a políticas, planes, programas y proyectos
nacionales, departamentales, municipales, regionales e indígena
originario campesinos, de prevención en materia de seguridad ciudadana.
Emitir
directrices en el marco de sus atribuciones y aprobar recomendaciones
de carácter general, en materia de seguridad ciudadana, en el ámbito de
sus competencias.
Proponer normativas en materia de seguridad ciudadana.
Proponer mecanismos de mejoramiento del sistema de administración de justicia y del sistema de régimen penitenciario.
Proponer
programas de prevención del delito y contravenciones, que incluyan
mecanismos que promuevan el empleo, deporte, educación, salud y cultura.
Evaluar la ejecución del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.
Promover mecanismos de participación y coordinación con la sociedad civil.
(COMISIONES TÉCNICAS INTERINSTITUCIONALES DE SEGURIDAD CIUDADANA).
I. El
Consejo de Coordinación Sectorial de Seguridad Ciudadana, podrá
disponer la conformación de Comisiones Técnicas Interinstitucionales que
cumplirán las funciones de asesoramiento técnico-operativo y propondrán
asuntos para consideración del Pleno.
II.
Las Comisiones Técnicas Interinstitucionales de Seguridad Ciudadana,
estarán integradas por un número paritario de técnicos expertos que
representen al nivel nacional y a las entidades territoriales autónomas.
III.
El Reglamento que norme la composición y el funcionamiento de las
Comisiones Técnicas Interinstitucionales, será aprobado por el Consejo
de Coordinación Sectorial de Seguridad Ciudadana.
(SECRETARÍA TÉCNICA).
I. La
Comisión Interministerial y el Consejo de Coordinación Sectorial de
Seguridad Ciudadana, contarán con una Secretaría Técnica, a cargo del
Viceministerio de Seguridad Ciudadana, bajo dependencia operativa,
financiera y administrativa del Ministerio de Gobierno.
II. La Secretaría Técnica tendrá la función de brindar el apoyo administrativo, logístico y técnico necesario.
III.
La Secretaría Técnica realizará el seguimiento técnico a la
implementación y ejecución del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana,
para conocimiento y evaluación del Consejo de Coordinación Sectorial de
Seguridad Ciudadana.
(CONSEJOS DEPARTAMENTALES DE SEGURIDAD CIUDADANA).
I. Los Consejos Departamentales de Seguridad Ciudadana estarán integrados por:
La
Gobernadora o el Gobernador del Departamento, quien ejercerá las
funciones de Presidenta o Presidente del Consejo Departamental de
Seguridad Ciudadana.
La o el Fiscal Departamental.
La
Alcaldesa o el Alcalde de la ciudad capital de Departamento. En el caso
del Departamento de La Paz, también será miembro integrante la
Alcaldesa o el Alcalde de la ciudad de El Alto.
Representantes
de la Asociación de Municipios del Departamento, de los municipios no
incluidos en el alcance del numeral 3 del presente parágrafo.
La o el Comandante Departamental de la Policía Boliviana.
Representantes del Ministerio de Gobierno.
Representantes departamentales debidamente acreditados de las Organizaciones Sociales y Juntas Vecinales.
Representantes de las Brigadas Departamentales.
Representantes de las Asambleas Departamentales.
II.
Los Consejos Departamentales de Seguridad Ciudadana, estarán
facultados para convocar a sus sesiones a representantes debidamente
acreditados de otros Órganos del Estado, instituciones públicas,
privadas y otras organizaciones sociales.
III. Los Consejos Departamentales de Seguridad Ciudadana, aprobarán el Reglamento que norme su composición y funcionamiento.
(CONSEJOS MUNICIPALES DE SEGURIDAD CIUDADANA).
I. Los Consejos Municipales de Seguridad Ciudadana, estarán conformados por:
La
Alcaldesa o el Alcalde del Municipio, quien ejercerá las funciones de
Presidenta o Presidente del Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana.
Representantes de los Concejos Municipales.
Representantes de la Policía Boliviana.
Representantes del Ministerio de Gobierno asignados a las ciudades capitales de departamento y en las ciudades intermedias.
Representantes debidamente acreditados de las organizaciones sociales y juntas vecinales.
II.
Los Consejos Municipales de Seguridad Ciudadana, estarán facultados
para convocar a sus sesiones a los representantes debidamente
acreditados de otros Órganos del Estado, instituciones públicas y
privadas, y otras organizaciones sociales.
III. Los Consejos Municipales de Seguridad Ciudadana, aprobarán el Reglamento que norme su composición y funcionamiento.
(CONSEJOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS DE SEGURIDAD CIUDADANA).
I. Los
Consejos Indígena Originario Campesinos de Seguridad Ciudadana, estarán
presididos por las máximas autoridades ejecutivas de los territorios
indígena originario campesinos, y estarán conformados por:
Las o los representantes de la Autonomía Indígena Originario Campesina.
Las o los representantes de las comunidades que forman parte de la Autonomía Indígena Originaria Campesina, cuando corresponda.
II.
El Consejo Indígena Originario Campesino de Seguridad Ciudadana,
podrá convocar a sus sesiones a los representantes debidamente
acreditados de otros Órganos del Estado, Policía Boliviana, Fuerzas
Armadas, instituciones públicas y privadas, organizaciones sociales o
juntas vecinales.
III.
Los Consejos Indígena Originario Campesinos de Seguridad Ciudadana,
aprobarán las reglas que regulen su funcionamiento, acorde a sus normas y
procedimientos propios.
(ATRIBUCIONES DE LOS CONSEJOS DEPARTAMENTALES, REGIONALES, MUNICIPALES E INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINAS).
I. Los
Consejos Departamentales, Regionales, Municipales e Indígena Originario
Campesinos, en el ámbito territorial que corresponda, en el marco de
sus competencias y responsabilidades, tendrán las siguientes
atribuciones:
Aprobar
los planes, programas y proyectos de prevención en materia de seguridad
ciudadana, en sujeción al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.
Evaluar la ejecución de los planes, programas y proyectos en materia de seguridad ciudadana.
Impulsar
mecanismos que aseguren la activa participación de la sociedad civil en
la formulación de planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana,
en el marco del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.
II.
En las regiones legalmente constituidas podrán conformarse Consejos
Regionales de Seguridad Ciudadana, de acuerdo a las responsabilidades y
competencias delegadas o transferidas por la respectiva Asamblea
Legislativa Departamental, conforme al Artículo 12 de la presente Ley.
TÍTULO III
OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
CAPÍTULO ÚNICO
NATURALEZA Y FUNCIONES
(NATURALEZA DE LOS OBSERVATORIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA).
I. El
Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, es una entidad
desconcentrada del Ministerio de Gobierno con dependencia funcional del
Viceministerio de Seguridad Ciudadana, que coordina técnica y
operativamente con las instituciones que generan información inherente a
sus funciones, conforme a Reglamento.
II.
El Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, será financiado con
recursos 11-00-TGN, otros ingresos, donaciones y otros provenientes de
las entidades territoriales autónomas.
III.
El Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, recopila, procesa,
analiza e interpreta la información sobre seguridad ciudadana, los
delitos y otras conductas directa e indirectamente relacionadas con los
delitos. La información será utilizada para la formulación y el diseño
de las políticas públicas, planes, programas y proyectos en materia de
prevención, mantenimiento y restablecimiento de seguridad ciudadana.
IV.
Las entidades territoriales autónomas, podrán crear observatorios de
seguridad ciudadana, en sujeción a sus competencias. Las actividades que
desarrollen los observatorios de seguridad ciudadana de las entidades
territoriales autónomas, se sujetarán a la coordinación del Observatorio
Nacional de Seguridad Ciudadana.
(FUNCIONES DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA). El Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana tiene las siguientes funciones:
Recopilar,
procesar, analizar e interpretar la información sobre los factores que
contribuyen a la inseguridad ciudadana y mantener una base de datos
actualizada, que permita adoptar políticas públicas tendientes a
minimizar su incidencia.
Diseñar
e implementar sistemas de recolección de información en materia de
seguridad ciudadana, a nivel nacional, departamental, regional,
municipal e indígena originario campesino.
Diseñar
e implementar sistemas de seguimiento y evaluación del desempeño de la
institucionalidad del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y de las
instituciones públicas relacionadas con la seguridad ciudadana.
Definir
indicadores en los diferentes ámbitos de la seguridad ciudadana para el
nivel nacional, departamental, regional, municipal e indígena
originario campesino, que orienten la formulación de políticas, planes,
programas y proyectos de seguridad ciudadana.
Realizar diagnósticos y proyecciones sobre la situación de la seguridad ciudadana en el país.
Realizar
y promover encuestas, estudios e investigaciones sobre seguridad
ciudadana a nivel nacional, departamental, regional, municipal e
indígena originaria campesino, para caracterizar el fenómeno delictivo y
otras conductas que afecten negativamente a la seguridad ciudadana en
el país.
Difundir investigaciones y estudios especializados en seguridad ciudadana, con enfoque de género, generacional e intercultural.
Desarrollar, implementar y mantener actualizados los sistemas de georeferenciación del delito y violencia.
Implementar
y mantener actualizado un centro de información y documentación
especializado en seguridad ciudadana y prevención del delito.
Generar
estadísticas e información desagregada sobre delitos, violencia y todo
hecho que afecte negativamente a la seguridad ciudadana con el propósito
de que se adopten las medidas necesarias para su prevención,
tratamiento y sanción.
Promover relaciones de cooperación interinstitucional con entidades e instituciones públicas y privadas u otros observatorios.
TÍTULO IV
POLICÍA BOLIVIANA
CAPÍTULO I
FUNCIONES
(FUNCIONES DE LA POLICÍA BOLIVIANA).
I. La
Policía Boliviana además de las funciones establecidas en la
Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica de la Policía
Boliviana, tendrá las siguientes funciones en el ámbito de la
prevención, mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana:
Ejecutar el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.
Ejecutar planes, programas y proyectos de prevención, mantenimiento y restablecimiento en materia de seguridad ciudadana.
Diseñar
y gestionar el sistema informático y tecnológico nacional de
prevención, inteligencia, identificación criminal, archivo y registro de
antecedentes penales y contravencionales.
Diseñar
sistemas integrados de comunicación policial y de emergencia a nivel
nacional, convirtiéndolos en sistemas integrados para la prevención,
mantenimiento y restablecimiento.
Diseñar
y gestionar procesos de formación, capacitación y actualización
permanentes en el uso de protocolos para la gestión de información.
Fortalecer
el Instituto de Investigaciones Técnico Científico, de acuerdo a las
previsiones contenidas en el Estatuto Orgánico de la Universidad
Policial.
Implementar
el Modelo de Policía Comunitaria con carácter integral, articulador y
participativo en coordinación con la sociedad civil organizada.
Destinar
oportunamente los recursos humanos necesarios para la vigilancia y
seguridad de entidades financieras en todo el territorio nacional.
El
Comando General de la Policía Boliviana, elaborará planes operativos
anuales estratégicos e interinstitucionales, para la prevención,
mantenimiento y restablecimiento en materia de seguridad ciudadana, con
indicadores de verificación objetiva de seguimiento y monitoreo a través
del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana.
Apoyar
en su calidad de fuerza pública, en sujeción a lo dispuesto por el
Artículo 251 de la Constitución Política del Estado, en las tareas de
control del expendio y consumo de bebidas alcohólicas, realizadas por
los gobiernos autónomos municipales y otras tareas relacionadas a la
seguridad ciudadana.
II.
La Policía Boliviana deberá presentar informes periódicos a la
Ministra o el Ministro de Gobierno, sobre el desenvolvimiento de su
labor y el cumplimiento de los objetivos y metas nacionales e
institucionales, en materia de seguridad ciudadana.
(PROHIBICIÓN DE DUPLICIDAD DE FUNCIONES).
I. La
Policía Boliviana como fuerza pública, depende de la Presidenta o el
Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, a través de la Ministra o
el Ministro de Gobierno, tiene la misión específica integral e
indivisible de la defensa de la sociedad, la conservación del orden
público y el cumplimiento de las leyes, bajo mando único. Las entidades
territoriales autónomas, no podrán constituir una entidad pública u
organización de cualquier género de carácter privado, que cumpla una o
más de las misiones específicas de la Policía Boliviana, o cualquier
función que ésta desarrolle.
II.
La Guardia Municipal a requerimiento expreso de la Policía Boliviana,
en el marco de los planes de operaciones elaborados por ésta, podrá
coadyuvar en tareas de seguridad ciudadana, bajo la dirección de la
Policía Boliviana.
(CAPACITACIÓN POLICIAL). La
Universidad Policial y los institutos de formación y capacitación de la
Policía Boliviana, deberán desarrollar el Plan Académico de
Capacitación e Instrucción con enfoque de género, generacional, intra e
interculturalidad, priorizando las temáticas de seguridad ciudadana y
Derechos Humanos, Policía Comunitaria y participación ciudadana,
técnicas de patrullaje e intervención policial comunitaria, normativa
nacional e internacional en seguridad ciudadana, ética y relaciones
humanas.
(SERVICIO CIVIL VOLUNTARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA). Se
instituye el Servicio Civil Voluntario de Seguridad Ciudadana, a través
de Grupo de Apoyo Civil a la Policía – GACIP, para jóvenes, mujeres y
hombres que deseen prestar sus servicios a la comunidad.
(SERVICIO AÉREO DE SEGURIDAD CIUDADANA).
I.
Se crea el Servicio Aéreo de Seguridad Ciudadana, para desarrollar
exclusivamente tareas integrales de prevención y mantenimiento de la
seguridad ciudadana.
II.
El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Gobierno y las
entidades territoriales autónomas, podrán efectuar la compra de
aeronaves destinadas al Servicio Aéreo de Seguridad Ciudadana, cuya
propiedad corresponde al Ministerio de Gobierno.
III.
La dirección de las actividades operativas del Servicio Aéreo de
Seguridad Ciudadana serán efectuadas por la Policía Boliviana.
IV.
El manejo y mantenimiento de las aeronaves del Servicio Aéreo de
Seguridad Ciudadana, serán efectuados por la Fuerza Aérea Boliviana,
costo que será cubierto por el Ministerio de Gobierno.
(ESPECIALIZACIÓN EN RÉGIMEN PENITENCIARIO).
I. La
Policía Boliviana fortalecerá la Dirección Nacional de Seguridad
Penitenciaria, que incluirá la asignación de funcionarias y funcionarios
policiales formados y especializados en esta área que presten servicios
de manera exclusiva durante toda su carrera profesional, en los
recintos penitenciarios de Bolivia, no pudiendo ser destinados para
cumplir otras funciones diferentes de la señalada.
II. Para
este efecto la Policía Boliviana a través de la Universidad Policial,
diseñará un programa académico destinado a la formación y
especialización de bachilleres que deseen formar parte de esta rama
especializada de la Institución Policial.
III. Las
funcionarias y los funcionarios policiales que actualmente prestan
servicios en los recintos penitenciarios del país, serán paulatinamente
remplazados por los funcionarios de la Dirección Nacional de Seguridad
Penitenciaria y asignados a tareas operativas de seguridad ciudadana, de
acuerdo con un estudio de reingeniería y re-distribución del personal
policial a nivel nacional, para la optimización de sus recursos humanos,
que deberá ser elaborado por el Comando General de la Policía
Boliviana en un plazo de noventa (90) días calendario, computables a
partir de la vigencia de la presente Ley, financiamiento que será
previsto dentro del techo presupuestario aprobado para la Policía
Boliviana.
CAPÍTULO II
ESTACIONES POLICIALES INTEGRALES
(ESTACIONES POLICIALES INTEGRALES).
I. Las
Estaciones Policiales Integrales son infraestructuras en las que
funcionan el Ministerio Público, los Juzgados Contravencionales y los
Servicios Policiales de Seguridad Ciudadana, estos últimos encargados de
la ejecución del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y los planes,
programas y proyectos departamentales, municipales e indígena originario
campesinos de seguridad ciudadana.
II.
Las Estaciones Policiales Integrales se construirán de acuerdo a las
necesidades esenciales de la Policía Boliviana, teniendo presente las
características de la zona donde se vaya a construir. Su implementación
será sistemática, gradual y progresiva.
III. La
Policía Boliviana, asignará recursos humanos necesarios para el
funcionamiento de las Estaciones Policiales Integrales y utilizará los
bienes inmuebles donados o transferidos, para prestar los servicios
inherentes a la seguridad ciudadana.
(DESCONCENTRACIÓN DE SERVICIOS). La
desconcentración de los servicios policiales, estará sujeta a
procedimientos de planificación y se sujetará a la reglamentación
emitida por la Policía Boliviana y aprobada por el Ministerio de
Gobierno.
(JUZGADOS CONTRAVENCIONALES).
El Órgano Judicial desconcentrará los Juzgados Contravencionales a las
Estaciones Policiales Integrales, para que la justicia llegue a la
población de manera pronta y eficaz, a través del trabajo conjunto y
sistematizado entre el Órgano Judicial y la Policía Boliviana.
CAPÍTULO III
POLICÍA COMUNITARIA
(MODELO DE POLICÍA COMUNITARIA). El
modelo de Policía Comunitaria con el propósito de coordinar las
estrategias preventivas de seguridad ciudadana, de acuerdo con las
características sociales, culturales, políticas y económicas de la
población, tiene por objetivo interactuar permanentemente con la
vecindad, comunidad y las organizaciones vecinales, bajo los siguientes
lineamientos:
Promover
la convivencia pacífica e inclusiva en el marco del respeto de los
Derechos Humanos, libertades y garantías constitucionales.
Ampliar
la labor de prevención del delito a partir de las necesidades de la
vecindad, comunidad o de las organizaciones vecinales.
Implementar procedimientos proactivos e interactivos en la relación policía-comunidad y las organizaciones vecinales.
Enfocar
sus esfuerzos en la solución de problemas vinculados con la
criminalidad, la violencia pública, privada y otro tipo de conductas o
factores que generan inseguridad en todo el territorio nacional, en
coordinación con la vecindad, comunidad, organizaciones vecinales y
otras instituciones públicas y privadas.
Establecer
alianzas con instituciones públicas y privadas de la sociedad civil
organizada para el desarrollo de sus actividades específicas.
Rendir cuentas a la sociedad civil organizada y a sus representantes.
(FOMENTO E IMPLEMENTACIÓN). El
Ministerio de Gobierno, las entidades territoriales autónomas, la
Policía Boliviana y las demás entidades públicas vinculadas al Sistema
Nacional de Seguridad Ciudadana, deberán coadyuvar y fomentar la
implementación y fortalecimiento del modelo de Policía Comunitaria en
todo el territorio del Estado Plurinacional.
(CAPACITACIÓN CIUDADANA). El
Ministerio de Gobierno, a través del Viceministerio de Seguridad
Ciudadana y el Comando General de la Policía Boliviana, en coordinación
con las entidades territoriales autónomas, capacitarán en materia de
seguridad ciudadana con enfoque de género, generacional, intra e
interculturalidad, a las organizaciones vecinales, estudiantiles y a la
comunidad, con el propósito de que se constituyan en sujetos
estratégicos de prevención del delito y contravenciones.
TÍTULO V
FINANCIAMIENTO
CAPÍTULO I
RECURSOS
(PRESUPUESTO).
I. La
elaboración y la ejecución de políticas públicas, planes, programas,
proyectos y estrategias de seguridad ciudadana y el establecimiento y
funcionamiento de la institucionalidad de la seguridad ciudadana, se
sujetarán al siguiente financiamiento:
Los recursos inscritos en el presupuesto del Ministerio de Gobierno, destinados a la seguridad ciudadana.
Las
entidades territoriales autónomas departamentales, asignarán como
mínimo el diez por ciento (10%) de los recursos provenientes de la
coparticipación y nivelación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos,
previa deducción del treinta por ciento (30%) destinado a la Renta
Dignidad.
Las
entidades territoriales autónomas municipales e indígena originario
campesinas, asignarán recursos de acuerdo a su población registrada en
el último Censo Nacional de Población y Vivienda, conforme a lo
siguiente:
Con
cantidad poblacional menor o igual a 50.000 habitantes, como mínimo un
cinco por ciento (5%) de los recursos provenientes de la coparticipación
y nivelación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, previa deducción
del treinta por ciento (30%) destinado a la Renta Dignidad.
Con
cantidad poblacional mayor a 50.000 habitantes, desde un diez por
ciento (10%) de recursos provenientes de la coparticipación y nivelación
del Impuesto Directo a los Hidrocarburos previa deducción del treinta
por ciento (30%) destinado a la Renta Dignidad.
Los créditos y donaciones nacionales o internacionales.
Otros recursos.
Los recursos económicos descritos en los numerales 2 y 3 del
Parágrafo I del presente Artículo, serán únicamente invertidos o
utilizados en el ámbito territorial departamental y municipal,
respectivamente.
Los bienes inmuebles, muebles, equipamiento y tecnología preventiva
pública, adquiridos con los recursos económicos asignados en los
presupuestos departamentales, regionales, municipales e indígena
originario campesinos a seguridad ciudadana, serán utilizados únicamente
por la Policía Boliviana para seguridad ciudadana y administrados por
el Ministerio de Gobierno en coordinación con la Policía Boliviana.
No se contemplarán como parte de la ejecución del porcentaje asignado a
seguridad ciudadana, el alumbrado público, recuperación de áreas verdes
u otros.
(CONVENIOS INTERGUBERNATIVOS DE FINANCIAMIENTO). Las
entidades territoriales autónomas podrán suscribir convenios
intergubernativos, entre sí o con el Gobierno Nacional a través del
Ministerio de Gobierno, con el objeto de financiar y ejecutar el Plan
Nacional de Seguridad Ciudadana, políticas públicas, planes, programas,
proyectos y estrategias en materia de seguridad ciudadana.
(CONTROL DE RECURSOS).
I. El
control y la fiscalización de los recursos económicos que asigne cada
institución que forma parte del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana,
independientemente de su procedencia o fuente de financiamiento, se
encuentran sujetos a la legislación vigente.
II. Las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana deben rendir cuentas públicamente a la sociedad.
CAPÍTULO II
BIENES INMUEBLES
(ADQUISICIÓN Y TRANSFERENCIA DE BIENES INMUEBLES).
I.
Las entidades territoriales autónomas destinarán recursos económicos
para la adquisición de bienes inmuebles o transferirán a título gratuito
o donación, bienes inmuebles que no estén cumpliendo una función
específica, para la construcción de infraestructura para la Policía
Boliviana, que estarán exentos del pago de tributos u otras cargas
económicas a la institución policial.
II. En
las transferencias de bienes inmuebles, deberá procederse conforme a la
Constitución Política del Estado y disposiciones vigentes.
(INFRAESTRUCTURA POLICIAL). El
Ministerio de Gobierno y las entidades territoriales autónomas,
mediante la suscripción de convenios interinstitucionales con la Policía
Boliviana, destinarán recursos económicos para la construcción,
refacción y ampliación de la infraestructura policial y carcelaria.
CAPÍTULO III
BIENES MUEBLES
(ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES). Las
entidades territoriales autónomas departamentales, para la ejecución
del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, políticas públicas, planes,
programas y proyectos en materia de seguridad ciudadana, transferirán a
título gratuito bienes muebles tangibles e intangibles, motorizados,
sistemas tecnológicos y de comunicación a la Policía Boliviana, a
solicitud de ésta; de acuerdo a los planes, programas y proyectos, para
su utilización exclusiva en el Departamento que hubiese realizado la
transferencia, según corresponda de acuerdo a normativa vigente.
(CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES SUJETOS A REGISTRO).
I. Las
entidades territoriales autónomas, en el ámbito de sus competencias,
son responsables del financiamiento para la conservación y mantenimiento
de los bienes muebles sujetos a registro que sean asignados a los
servicios de seguridad ciudadana en su jurisdicción.
II.
La Policía Boliviana es la responsable del uso adecuado, conservación y
mantenimiento físico de los bienes muebles sujetos a registro que sean
asignados a los servicios de seguridad ciudadana en su jurisdicción. Si
el deterioro del bien mueble sujeto a registro fuere a razón del uso
inadecuado del responsable, se establecerán las responsabilidades de
acuerdo a la normativa vigente.
(EQUIPAMIENTO).
I. El
Ministerio de Gobierno y las entidades territoriales autónomas,
adquirirán y transferirán a título gratuito a la Policía Boliviana, a
solicitud de ésta, de acuerdo al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana,
los planes, programas y proyectos, el equipamiento necesario para la
prevención, mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana.
II. El
equipamiento transferido por las entidades territoriales autónomas,
será utilizado únicamente en su jurisdicción, según corresponda.
III. Se entiende por equipamiento a todo el material logístico de uso policial, utilizado en materia de seguridad ciudadana.
(ARMAMENTO, MUNICIÓN Y EQUIPOS). El
Gobierno Nacional a través del Ministerio de Gobierno, dotará de
armamento, munición y equipo de protección individual a los recursos
humanos de la Policía Boliviana para la defensa de la sociedad.
CAPÍTULO IV
MEDIDAS DE PREVENCIÓN TECNOLÓGICA
(TECNOLOGÍA PREVENTIVA PÚBLICA). El
Ministerio de Gobierno y las entidades territoriales autónomas, dotarán
a la Policía Boliviana de sistemas de monitoreo y vigilancia
electrónica para el control y prevención de delitos, faltas y
contravenciones, así como centros automáticos de despacho para optimizar
la atención de las necesidades, requerimientos y auxilio a la sociedad.
Todos los sistemas de monitoreo y vigilancia electrónica serán operados
por la Policía Boliviana.
(COMUNICACIÓN EN RECINTOS PENITENCIARIOS).
I. El
Gobierno Nacional a través del Ministerio de Gobierno, diseñará e
implementará mecanismos administrativos y operativos, para instalar
sistemas electrónicos para el bloqueo de telecomunicaciones, que eviten
la comunicación entre internas e internos de recintos penitenciarios,
con personas que se encuentran vinculadas con la presunta comisión de
delitos, en capitales de departamento y provincias del territorio
nacional.
II.
El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Gobierno instalará
cabinas telefónicas públicas, en lugares adecuados al interior de los
recintos penitenciarios, con el propósito de mantener la comunicación
familiar y social de las internas y los internos, además de coadyuvar a
su defensa legal.
(TECNOLOGÍA DE AUTOIDENTIFICACIÓN POR RADIOFRECUENCIA).
I. La
Agencia Nacional de Hidrocarburos implementará un Sistema de
Información de Comercialización de Combustibles, a través de la
instalación de tecnología de autoidentificación por radiofrecuencia en
todas las estaciones de servicio, así como el colocado de etiquetas de
autoidentificación en todo vehículo automotor que circule en territorio
nacional, las mismas que serán de uso obligatorio y otorgadas de manera
gratuita por única vez.
II. Toda
la información generada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos,
producto de la implementación del sistema, será compartida en línea con
el Ministerio de Gobierno y se coordinará con las instituciones públicas
competentes, con la finalidad de compartir información para mejorar el
funcionamiento del mencionado sistema, que estará sujeto a
reglamentación.
(SISTEMAS DE CÁMARAS DE SEGURIDAD Y MONITOREO ELECTRÓNICO).
I. Las
empresas prestadoras de servicios públicos, las entidades financieras
bancarias, las entidades públicas y los centros de esparcimiento público
y privado con acceso masivo de personas, deberán instalar en sus
dependencias sistemas de cámaras de seguridad y monitoreo electrónico
para garantizar la seguridad de las personas. La contravención a esta
normativa será sancionada de acuerdo a su reglamentación.
II. La
Policía Boliviana tendrá acceso a las grabaciones y sistemas de cámaras
de vigilancia instaladas en los centros y lugares descritos en el
parágrafo anterior, con fines investigativos.
III. En
los establecimientos públicos nocturnos, donde se evidencie la
existencia de denuncias probadas por uso ilegal de estupefacientes
contra personas individuales, los gobiernos autónomos municipales en
coordinación con la Policía Boliviana, sancionarán la primera vez con la
clausura temporal de cuatro meses y la segunda vez con la clausura
definitiva del establecimiento.
(CONVENIOS PARA EL USO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN). El
Ministerio de Gobierno y la Policía Boliviana, suscribirán convenios
con las empresas y cooperativas telefónicas, para el uso de la
infraestructura de red de estas últimas, para el funcionamiento de las
cámaras de seguridad electrónica y demás tecnologías de información y
comunicación, conforme a la presente Ley.
(FRECUENCIA ELECTROMAGNÉTICA). La
Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y
Transportes, asignará una frecuencia electromagnética para el uso
exclusivo de los operadores de seguridad ciudadana.
CAPÍTULO V
BIENES FUNGIBLES Y SERVICIOS BÁSICOS
(COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES). El
Ministerio de Gobierno y las entidades territoriales autónomas,
proveerán de centros de mantenimiento, carburantes, lubricantes y
repuestos necesarios para las unidades motorizadas de la Policía
Boliviana de manera permanente y sostenida, de acuerdo a los
requerimientos efectuados por la Policía Boliviana.
(CONTROL Y FISCALIZACIÓN). La
provisión y el uso de combustible, lubricantes y repuestos serán
sujetos de control y fiscalización de parte de las entidades
territoriales autónomas, cuando éstas las hubiesen provisto, previa
reglamentación específica.
(SERVICIOS BÁSICOS).
I. Las
entidades territoriales autónomas departamentales, son las responsables
del pago de los servicios básicos de toda la infraestructura carcelaria
ubicada en el Departamento.
II.
Las entidades territoriales autónomas municipales e indígena
originario campesinas, son las responsables del pago de los servicios
básicos de todas las Estaciones Policiales Integrales y Módulos
Policiales, ubicados en el ámbito territorial del municipio o autonomía
indígena originario campesina, que presten el servicio de prevención,
mantenimiento y restablecimiento en materia de seguridad ciudadana.
III.
La Policía Boliviana es responsable del pago de los servicios básicos
de la infraestructura destinada a la prevención, mantenimiento y
restablecimiento de la seguridad ciudadana de alcance nacional.
IV.
El Ministerio de Gobierno, la Policía Boliviana o las entidades
territoriales autónomas, podrán suscribir convenios con instituciones
públicas o privadas que presten servicios públicos básicos, acordando
tarifas preferenciales para el servicio en base a la normativa
específica del sector, que incluyan mecanismos de control establecidos
en Reglamento.
V.
Por tratarse de la prestación de servicios destinados única y
exclusivamente a la prevención, mantenimiento y restablecimiento en
materia de seguridad ciudadana, se autoriza excepcionalmente a la
Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad y a la
Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y
Saneamiento Básico, establecer dentro del periodo tarifario vigente, una
tarifa especial de seguridad ciudadana que será aplicada exclusivamente
a los módulos policiales, estaciones policiales integrales, módulos
fronterizos y puestos de control. Las diferencias que se generen en los
ingresos que perciban las empresas, por la aplicación de la tarifa
especial, serán registradas en los fondos de estabilización, a efectos
de mantener los ingresos de las empresas prestadoras de los servicios.
TÍTULO VI
EMPRESAS PRIVADAS DE VIGILANCIA
CAPÍTULO ÚNICO
(AUTORIZACIÓN).
I. Las
empresas privadas de vigilancia serán autorizadas, para su
funcionamiento, por el Comando General de la Policía Boliviana. La
autorización expedida debe ser homologada por Resolución Ministerial
emitida por el Ministerio de Gobierno, de acuerdo al Reglamento
elaborado por el mismo Ministerio.
II. Las empresas privadas de vigilancia deben brindar servicios de:
Protección física o electrónica a personas e instalaciones privadas.
Custodia
y vigilancia de bienes muebles e inmuebles, así como de locales
destinados a la recreación, comercio u otras actividades privadas.
Transporte
y custodia de valores, caudales y monedas, bajo supervisión operativa
de la Policía Boliviana, a través de los Batallones de Seguridad Física.
III.
La Policía Boliviana tendrá a su cargo el control y fiscalización de
las empresas privadas de vigilancia, de acuerdo a Reglamento.
(RENOVACIÓN).
I. El
Comando General de la Policía Boliviana, mediante resolución
administrativa, aprobará la renovación de la autorización de
funcionamiento de las empresas privadas de vigilancia que hayan cumplido
con los requisitos y plazos de acuerdo al Reglamento. Dicha renovación
de autorización deberá contar con la homologación del Ministerio de
Gobierno.
II. Las
empresas privadas de vigilancia no autorizadas o que no renueven su
autorización de funcionamiento, no podrán prestar sus servicios y se
sujetarán al régimen sancionatorio establecido en el Reglamento.
(OBLIGACIONES).
I. Para
efectos de la presente Ley, quedan establecidas las siguientes
obligaciones de las empresas privadas de vigilancia conforme a
Reglamento:
Contar de manera obligatoria con un Jefe de Operaciones que acredite calificación suficiente para prestar sus servicios.
Desarrollar sus labores operativas bajo tuición de la Policía Boliviana.
El
personal de las empresas privadas de vigilancia, deberá estar
capacitado y entrenado para brindar los servicios de vigilancia. Además
deberá estar identificado, registrado y certificado por la Policía
Boliviana.
Los vigilantes deben portar y exhibir en todo momento y de manera obligatoria la Tarjeta de Identificación que les sea expedida.
Brindar un servicio oportuno, seguro y eficiente, con calidad en su labor, sujeto a evaluación.
Informar y denunciar los hechos delictivos en el ámbito público y privado, ante los órganos pertinentes de manera oportuna.
II.
La Policía Boliviana tendrá acceso a las filmaciones y podrá hacer uso
del sistema de monitoreo de las empresas privadas de vigilancia, para
la investigación de delitos, previo requerimiento fiscal pertinente.
(ACTIVIDADES). Para efectos de la presente Ley, quedan establecidas las siguientes actividades de las empresas privadas de vigilancia:
Desarrollar
actividades principalmente preventivas de vigilancia y de alerta
temprana en estrecha colaboración con la Policía Boliviana.
Presentar iniciativas en el ámbito de sus actividades propias de vigilancia ante la Policía Boliviana.
Coadyuvar en tareas de difusión de mensajes de prevención e información sobre seguridad ciudadana.
(VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EMPRESAS PÚBLICAS NACIONALES ESTRATÉGICAS).
I. Las
Empresas Públicas Nacionales Estratégicas del Estado Plurinacional
contratarán, prioritariamente a la Policía Boliviana para la vigilancia y
seguridad de sus instalaciones.
II. Las
empresas privadas que cumplan funciones de vigilancia y seguridad en
las Empresas Públicas Nacionales Estratégicas, estarán sujetas a la
supervisión de la Policía Boliviana.
(PROHIBICIONES). Las empresas privadas de vigilancia estarán sujetas a las siguientes prohibiciones:
Admitir
al interior de su personal, a personas nacionales o extranjeras que
tengan sentencia condenatoria ejecutoriada en nuestro país o en el
extranjero.
Contratar
a personas que hayan formado parte de las Fuerzas Armadas, la Policía
Boliviana u otras fuerzas extranjeras, que hubieren sido dadas de baja
por la comisión de delitos o faltas disciplinarias graves.
Admitir
entre su personal a miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía
Boliviana en servicio activo, a servidoras y servidores públicos que se
encuentren ejerciendo sus funciones.
Utilizar
uniformes, logotipos, membretes y distintivos que sean iguales o
similares a los utilizados por las Fuerzas Armadas o la Policía
Boliviana.
Utilizar
nombres o razón social que hagan alusión o cuya denominación sea igual o
similar al de las Fuerzas Armadas o la Policía Boliviana.
Prestar servicios que estén encomendados legalmente a las instituciones estatales, salvo los descritos en la presente Ley.
Comunicar
a terceros cualquier información que conozcan en la prestación de sus
servicios, que atenten o vulneren la privacidad y seguridad de sus
usuarias, usuarios o personas relacionadas con éstas; así como de los
bienes y objetos que custodien, salvo orden emanada del Ministerio
Público.
Portar y utilizar armas de fuego.
TÍTULO VII
PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN
CAPÍTULO I
PREVENCIÓN, PLANES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS
(PROYECTOS EDUCATIVOS). El
Ministerio de Gobierno a través del Viceministerio de Seguridad
Ciudadana, las entidades territoriales autónomas y la Policía Boliviana,
en coordinación con los Ministerios de Educación y de Comunicación,
deberán planificar, diseñar y ejecutar programas, proyectos, estrategias
y campañas de comunicación social educativas en materia de: seguridad
ciudadana, prevención del delito, factores de riesgo y todo tipo de
violencia.
(CURRÍCULA ESCOLAR Y DOCENTE). El
Ministerio de Educación deberá incorporar en la currícula escolar y
docente, contenidos de seguridad ciudadana y seguridad vial, en el marco
del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.
(INICIATIVAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y DE SEGURIDAD CIUDADANA). Las
empresas públicas y privadas deberán apoyar técnica y económicamente
las iniciativas de prevención del delito y de seguridad ciudadana a ser
ejecutadas por las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana, dentro de sus programas de responsabilidad social.
(PATRULLAJES DE SEGURIDAD CIUDADANA). La
Policía Boliviana en forma conjunta con el Ministerio Público y con las
Brigadas de Protección a la Mujer y la Familia, de forma permanente
realizarán patrullajes de seguridad ciudadana, para fortalecer las
acciones de protección a la mujer y a la familia.
(PROGRAMAS DE REEDUCACIÓN, REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL).
I. El
nivel nacional y las entidades territoriales autónomas crearán y
dirigirán programas de reeducación, rehabilitación y reinserción social
dirigidos a niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo social.
II.
El nivel nacional y las entidades territoriales autónomas, crearán y
dirigirán programas de reeducación y rehabilitación social dirigidos a
personas drogodependientes y alcohólicas.
CAPÍTULO II
REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN
(CENTROS DE REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL).
I.
El Ministerio de Gobierno y las entidades territoriales autónomas
departamentales, diseñarán e implementarán de forma progresiva Centros
de Rehabilitación y Reinserción Social en las ciudades capitales de
Departamento, bajo un modelo formativo-educativo y de responsabilidad
centrado en la aplicación de una metodología orientada en la
reconducción de la conducta, rehabilitación, reinserción social y
familiar.
II. El
nivel nacional del Estado, a través del Ministerio de Gobierno y las
entidades territoriales autónomas departamentales, suscribirán convenios
intergubernativos, para la provisión de los recursos necesarios para la
creación y funcionamiento de los Centros de Rehabilitación y
Reinserción Social.
(REINSERCIÓN LABORAL PRODUCTIVA).
I. El
Ministerio de Gobierno y las entidades territoriales autónomas,
financiarán la creación y funcionamiento de los centros de capacitación
laboral productiva, al interior de los recintos penitenciarios del país,
con la finalidad de promover el trabajo remunerado y la reinserción
laboral.
II. El
nivel nacional del Estado, a través del Ministerio de Gobierno y las
entidades territoriales autónomas, suscribirán convenios
intergubernativos, para la provisión de los recursos necesarios para la
creación y funcionamiento de los Centros de Reinserción Laboral
Productiva.
III. Las
instituciones públicas o privadas, a través de convenios celebrados con
el Ministerio de Gobierno, podrán coadyuvar al funcionamiento de los
Centros de Reinserción Laboral o de Producción y auspiciar el desarrollo
de planes, programas y proyectos de estos centros.
CAPÍTULO III
COMUNICACIÓN
(ESPACIOS PUBLICITARIOS).
I. Los medios de comunicación radial, audiovisual y escritos públicos o privados, que se encuentren prestando este servicio dentro del Estado Plurinacional de Bolivia, dispondrán
en forma obligatoria de espacios publicitarios con carácter gratuito,
para dar a conocer e informar a la población, mensajes educativos y
preventivos sobre seguridad ciudadana y seguridad vial, de acuerdo a
reglamentación elaborada por el Ministerio de Comunicación y la
Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y
Transporte.
II. Los
medios de comunicación radial, audiovisual y demás tecnologías de
información y comunicaciones públicas y privadas, deberán difundir los
mensajes educativos y preventivos sobre seguridad ciudadana, en los
horarios de mayor audiencia que serán determinados de acuerdo a
reglamentación elaborada por el Ministerio de Comunicación y la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte.
III. El Ministerio de Comunicación regulará los horarios de emisión de programas cuyo contenido tenga violencia explícita.
(CONTROL SOCIAL). La
sociedad civil organizada ejercerá el control social a todos los medios
de comunicación social, públicos y privados, pudiendo realizar la
correspondiente denuncia ante la Autoridad de Regulación y Fiscalización
de Telecomunicaciones y Transportes, en caso de advertir el
incumplimiento de la presente Ley.
CAPÍTULO IV
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
(SISTEMA INTEGRADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES).
I. El
Órgano Judicial implementará un Sistema Integrado de Antecedentes
Judiciales que registre información sobre imputaciones, sobreseimientos,
acusaciones, sentencias, resoluciones relativas a salidas alternativas y
declaratorias de rebeldía, con la finalidad de constatar y establecer
la existencia de peligros procesales para la aplicación de medidas
cautelares.
II. El Ministerio Público y la Policía Boliviana tendrán acceso en modo de consulta al Sistema Integrado de Antecedentes Judiciales.
III.
El Sistema Integrado de Antecedentes Judiciales, será restringido a
personal autorizado por el Órgano Judicial, el Ministerio Público y la
Policía Boliviana.
(SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE INFORMACIÓN).
I. Se
crea el Sistema Nacional de Registro de Información de los antecedentes
penales, policiales, judiciales y migratorios de personas, bajo
dependencia del Ministerio de Gobierno en coordinación con la Policía
Boliviana, el Ministerio Público y el Órgano Judicial, el cual deberá
contar con una base de datos actualizada permanentemente.
II. La
Fiscal o el Fiscal que tenga la dirección funcional de una
investigación penal, está obligado a recabar los datos del Sistema
Nacional de Registro de Información de personas reincidentes.
III.
Las entidades públicas del Estado Plurinacional de Bolivia o las
entidades privadas, previo requerimiento fiscal u orden judicial,
proporcionarán a la Policía Boliviana, la información de personas
naturales y jurídicas sujetas a investigación por la Policía Boliviana,
contenida en sus registros y bases de datos informáticos.
IV. La
información obtenida sólo podrá ser utilizada por la Policía Boliviana
con fines investigativos, y en ningún caso podrá ser divulgada o
utilizada para otros fines. El incumplimiento de la presente disposición
será sancionado de acuerdo a Reglamento.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA. El
nivel nacional del Estado y las entidades territoriales autónomas, en
el plazo de ciento veinte (120) días calendario computables a partir de
la promulgación de la presente Ley, elaborarán la reglamentación
correspondiente de acuerdo a sus respectivas responsabilidades
establecidas en la presente Ley.
SEGUNDA. Las
empresas privadas de vigilancia, en el plazo de noventa (90) días
computables a partir de la promulgación de la presente Ley, deberán
regularizar su registro y funcionamiento, previo el cumplimiento de los
requisitos establecidos en la presente Ley.
TERCERA. A
partir de la promulgación de la presente Ley, la Aduana Nacional de
Bolivia transferirá a la Policía Boliviana, por lo menos doscientos
(200) vehículos decomisados definitivamente por el delito de
contrabando, en el plazo de quince (15) días administrativos, en el
marco del ordenamiento jurídico.
CUARTA.
El Comando General de la Policía Boliviana, en función al índice de
delincuencia, la extensión territorial y demográfica, en función a
criterios técnicos, realizará la redistribución de funcionarias y
funcionarios policiales en todo el territorio nacional, en el plazo de
noventa (90) días computables a partir de la promulgación de la presente
Ley.
QUINTA. Las
entidades territoriales autónomas municipales, en el plazo de noventa
(90) días calendario computables a partir de la publicación de la
presente Ley, deberán aprobar el Reglamento para la implementación de la
Tarjeta de Identificación del Conductor y el Registro de vehículos de
transporte público de pasajeros; en el plazo de ciento veinte (120) días
calendario implementarán el sistema correspondiente.
SEXTA.
I. Las
entidades territoriales autónomas municipales, en el plazo de ciento y
veinte (120) días hábiles, implementarán puntos de control del servicio
de radiotaxis autorizados en los lugares de mayor concurrencia para
otorgar a la usuaria o usuario un vehículo conducido por una persona
legalmente registrada y cuyo costo de transporte será regulado.
II.
Los puntos de servicio de radiotaxis autorizados, deberán contar con
una central telefónica, para que las usuarias y usuarios puedan
solicitar el servicio de radiotaxi, a costo del solicitante.
III.
Las entidades territoriales autónomas municipales, en el plazo de
noventa (90) días hábiles, deberán emitir el Reglamento que norme la
actividad descrita en la presente Disposición Transitoria.
SÉPTIMA. La
Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y
Transportes, una vez promulgada la presente Ley, en el plazo de ciento
veinte (120) días hábiles, deberá dictar el Reglamento que establezca
los mecanismos, procedimientos y requisitos administrativos y
operativos, para el uso de vehículos de transporte público de pasajeros.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA Y ABROGATORIA
ÚNICA. Queda
abrogada la Ley Nº 2494 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana de
04 de agosto de 2003 y quedan derogadas todas las disposiciones legales
contrarias a la presente Ley.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA. Se modifican los Artículos 180 y 261 del Código Penal, con el siguiente texto:
“Artículo 180. (EVASIÓN).
I. El que se evadiere, hallándose legalmente detenido o condenado, será sancionado con reclusión de tres (3) a cinco (5) años.
II.
Si el hecho se perpetrare empleando violencia o intimidación en las
personas o fuerza en las cosas, la sanción será de reclusión de cinco
(5) a ocho (8) años.”
“Artículo 261. (HOMICIDIO Y LESIONES GRAVES Y GRAVÍSIMAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO).
I. El
que resultare culpable de la muerte o producción de lesiones graves o
gravísimas de una o más personas ocasionadas con un medio de transporte
motorizado, será sancionado con reclusión de uno (1) a tres (3) años. Si
el hecho se produjera estando el autor bajo la dependencia de alcohol o
estupefacientes, la pena será de reclusión de cinco (5) a ocho (8) años
y se impondrá al autor del hecho, inhabilitación para conducir de forma
definitiva.
II. En caso de reincidencia se aplicará el máximo de la pena prevista.
III.
Si la muerte o lesiones graves o gravísimas se produjeren como
consecuencia de una grave inobservancia de la Ley, el Código y el
Reglamento de Tránsito que establece los deberes de cuidado del
propietario, gerente o administrador de una empresa de transporte, éste
será sancionado con reclusión de uno (1) a dos (2) años.”
SEGUNDA. Inclúyase en el Código de Procedimiento Penal Ley N° 1970, de 25 de marzo de 1999 los siguientes artículos:
“Artículo 247. (CAUSALES DE REVOCACIÓN). Las medidas sustitutivas a la detención preventiva podrán ser revocadas por las siguientes causales:
Cuando el imputado incumpla cualesquiera de las obligaciones impuestas;
Cuando se compruebe que el imputado realiza actos preparatorios de fuga o de obstaculización en la averiguación de la verdad;
Cuando se inicie en contra del imputado un nuevo proceso penal por la comisión de otro delito.
La revocación dará lugar a la detención preventiva en los casos en que esta medida cautelar sea procedente.”
“Artículo 251. (APELACIÓN). La
resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares,
será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y
dos (72) horas.
Interpuesto
el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el
Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24)
horas.
El
Tribunal de Apelación resolverá, sin más trámite y en audiencia dentro
de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso
ulterior.”
“Artículo 235 bis. (PELIGRO DE REINCIDENCIA). También
se podrán aplicar medidas cautelares incluida la detención preventiva,
cuando el imputado haya sido condenado en Bolivia o en el extranjero por
sentencia ejecutoriada si no hubieran transcurrido desde el
cumplimiento de la condena un plazo de cinco (5) años.”
TERCERA. La
Dirección General de Migración, dependiente del Ministerio de Gobierno,
en coordinación con la Unidad Policial de Apoyo al Control Migratorio
(UPACOM), el Ministerio Público y la Policía Internacional (INTERPOL –
BOLIVIA), de manera permanente realizarán operativos de control
migratorio.
CUARTA. Las
entidades territoriales autónomas departamentales, coordinarán con la
Policía Boliviana, el control de registro de hoteles, moteles,
alojamientos, hostales y residenciales, con el objetivo de coadyuvar a
la seguridad ciudadana.
Remítase al Órgano Ejecutivo, para fines constitucionales.
Es
dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a
los trece días del mes de julio del año dos mil doce.
Fdo.
Lilly Gabriela Montaño Viaña, Yusser Rolando Villarroel Garviso, Mary
Medina Zabaleta, David Sánchez Heredia, Luis Alfaro Arias, Angel David
Cortéz Villegas.
Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de Bolivia.
Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los treinta y un días del mes de julio del año dos mil doce.
FDO. EVO MORALES AYMA, Juan Ramón Quintana Taborga, Carlos
Gustavo Romero Bonifaz, Rubén Aldo Saavedra Soto, Elba Viviana Caro
Hinojosa, Luis Alberto Arce Catacora, Arturo Vladimir Sanchez Escobar,
Cecilia Luisa Ayllon Quinteros, Juan Carlos Calvimontes Camargo, Roberto
Iván Aguilar Gómez, Claudia Stacy Peña Claros, Amanda Dávila Torres.
