Increíble que esto suceda. Expresión de preocupados productores mineros. La Ley 535 de Minería y Metalurgia que tardó más de tres años en su confección y aprobación, fue por fin promulgada el 28 de mayo del 2014, durante un acto que se cumplió en la ciudad minera de Oruro y encabezó el presidente en ejercicio Álvaro García Linera.
Varios discursos, muchas promesas, reconocimiento al sector productivo minero como el "principal generador de divisas" para el país, inclusive señalando que frente a la eventualidad del uso intensivo de los hidrocarburos, el futuro económico de Bolivia, estuvo y estará centrado en la explotación minera y su industrialización.
Se recordó la importancia del poder minero desde la época de la conquista, pasando por el periodo republicano, el uso de las divisas que generó la minería y que sirvieron para abrir el camino del desarrollo nacional, impulsando el crecimiento de otras latitudes del país, no precisamente mineras.
La nueva ley, se aseguró que sería el instrumento para reactivar un sector de suma importancia en el contexto económico nacional, por lo que con sus 234 artículos favorecería el crecimiento del sector, ampliando su radio de acción para crear miles de empleos seguros y un desarrollo sostenible de beneficio común.
Se mencionó que en los tres próximos meses a su promulgación se tendría lista su reglamentación para ejecutar la normativa minera y dinamizar el proceso de transformación de la administración de la minería y metalurgia, pero ha transcurrido un año y e reglamento todavía se hace esperar. Y no es solo esa etapa de ordenamiento de ciertos aspectos de la ley que falta, algo sumamente importante es aprobar la escala tributaria para la minería en general, la estatal, la privada y la cooperativizada.
Esa tarea se atribuye el Ministerio de Finanzas, donde se dice que una comisión está trabajando en adecuar la escala del pago de impuestos, tarea que por lo visto debe ser muy compleja, pues también ha pasado el año sin que pueda regularse este aspecto que determinará contribuciones impositivas igualitarias para todos los sectores y que abran el interés de industriales mineros del país e inversionistas externos para encarar proyectos de prospección y exploración, disposición de capitales para explotación de nuevos yacimientos y si las condiciones son favorables, posiblemente se avance hacia proyectos industriales.
Nadie explica nada sobre este delicado asunto, pero debido a la crisis que se origina en la caída de los precios internacionales, las autoridades se han visto obligadas a disponer medidas de emergencia o planes de contingencia, para evitar el colapso del sector minero estatal. Las cooperativas exigen un tipo de subvención a los precios bajos, pero tal posibilidad ha sido descartada en el ministerio de minería.
La Ley 535 está promulgada, pero no aplicada, merece atención especial, para que el importante rubro minero no siga avanzando?sin rumbo fijo.
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viernes, 29 de mayo de 2015
jueves, 29 de mayo de 2014
Promulgaron Ley de Minería
El presidente en ejercicio del Estado, Álvaro García, promulgó ayer la nueva Ley de Minería y Metalurgia en un acto masivo en las instalaciones de la Gobernación de Oruro, donde aseguró que la normativa “permitirá potenciar la minería estatal”.
La normativa establece en su Artículo 151 que todo contrato entre una empresa privada transnacional y nacional con una cooperativa minera solo será legal cuando cuente con el aval de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
“Hemos hecho una ley con olor a mina, atrás queda el olor aristocrático del perfume de Gonzalo Sánchez de Lozada. Hoy con el presidente Evo entran en la historia con sello de oro, (porque) es la primera ley minera hecha por los propios actores mineros”, dijo en su discurso a los cientos de cooperativistas presentes en el acto de promulgación.
En el acto estuvieron presentes los presidentes de Diputados y Senado, Marcelo Elío y Eugenio Rojas, respectivamente. García Linera afirmó que a diferencia de la anterior ley minera, la nueva norma fue elaborada junto a los trabajadores mineros.
“La Ley de Minería de 1997 que entregaba todos los recursos del Estado a los extranjeros, que marginaba al sistema cooperativo, hizo para que no haya minería estatal”, sostuvo.
La ley establece además que 1.500 nuevos contratos mineros deben ser revisados y aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional.
La normativa establece en su Artículo 151 que todo contrato entre una empresa privada transnacional y nacional con una cooperativa minera solo será legal cuando cuente con el aval de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
“Hemos hecho una ley con olor a mina, atrás queda el olor aristocrático del perfume de Gonzalo Sánchez de Lozada. Hoy con el presidente Evo entran en la historia con sello de oro, (porque) es la primera ley minera hecha por los propios actores mineros”, dijo en su discurso a los cientos de cooperativistas presentes en el acto de promulgación.
En el acto estuvieron presentes los presidentes de Diputados y Senado, Marcelo Elío y Eugenio Rojas, respectivamente. García Linera afirmó que a diferencia de la anterior ley minera, la nueva norma fue elaborada junto a los trabajadores mineros.
“La Ley de Minería de 1997 que entregaba todos los recursos del Estado a los extranjeros, que marginaba al sistema cooperativo, hizo para que no haya minería estatal”, sostuvo.
La ley establece además que 1.500 nuevos contratos mineros deben ser revisados y aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional.
viernes, 9 de mayo de 2014
Ley minera transita último espacio para su promulgación
Propiamente en el Día del Trabajo, coincidencia especial de homenaje a la fecha, se conoció la versión oficial sobre los acuerdos a que arribaron luego de prolongada negociación las autoridades de gobierno, los cooperativistas y entre ambos los regantes, consensuando algunas definiciones que deben incluirse en el proyecto de la nueva Ley Minera que transita el último espacio de su análisis por la Cámara de Senadores.
El problema se inició el 08 de abril, cundo se posesionó a un nuevo ministro de minería y éste ordenó el cierre (bajo precinto) de tres oficinas de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), donde se entendía estaban las pruebas sobre la firma de un centenar de contratos que complicaban a los cooperativistas por transgresión a disposiciones vigentes.
El dicho común mostró otra realidad, más fue el ruido que las nueces, porque en las primeras diligencias tras las movilizaciones de los cooperativistas defendiendo sus actividades resultó que 42 contratos fueron objeto de una auditoría, permitiendo a los firmantes de esos acuerdos mostrar que en la mayoría de los casos se trataba de operaciones de "riesgo compartido" y en otros casos contratos con definiciones porcentuales que establecían un beneficio del 96% para las operadoras transnacionales y del 4% restante se beneficiaban en partes iguales la Comibol y los cooperativistas.
El proceso de auditoría en los más de 40 contratos, finalmente estableció que existían fallas en sólo siete contratos, los que además fueron suscritos entre las gestiones de 1998 y 2005, es decir antes de la vigencia de la nueva CPE aprobada el 2009, por tanto su validez es natural y normal, aunque según la Procuraduría tres de los siete contratos se firmaron el 2006 y por lo mismo entrarían en conflicto. Por lo demás el asunto pasa a una fase especial de adecuación de textos de los artículos observados para su último análisis en la Cámara Alta.
En las últimas negociaciones y en base a la representación que plantearon los "regantes" en defensa del medio ambiente y denunciando algunas operaciones que ponen en peligro la salud de la población, se aprobó incorporar al proyecto de ley algunas recomendaciones y medidas precautorias en caso de que se advirtieran daños ambientales en operaciones mineras, las mismas que de acuerdo a la gravedad del caso inclusive podrán ser interrumpidas en tanto se subsanen las fallas existentes, por lo que se tomarán en cuenta obligaciones que cumplirán los empresarios mineros para desarrollar programas de cuidado de los recursos hídricos, mitigación del medio ambiente, especialmente en áreas compartidas con actividades agrícolas.
Los factores adversos y contradictorios con la CPE que se observaron en la Cámara de Diputados y que dieron lugar al entredicho con los cooperativistas, en función especialmente de los contratos irregulares, se subsanan en el futuro con enmiendas a los textos de los artículos 151, 132 y el 62.
El texto del art 151 reformado señala concretamente que los únicos contratos de asociación admisibles en el marco de la CPE son aquellos que se suscriban con el Estado a través de la Comibol. En el caso del art 132, se establece que la aprobación legislativa de nuevos contratos no deberá exceder de 90 días, aclarándose que si se pasa ese tiempo los contratos se dan por bien aprobados ante el silencio legislativo y finalmente el art 62 se refiere a una coordinación sobre el tiempo de vigencia de los contratos y su renegociación.
Así pasó el tiempo y por expresiones de los protagonistas de estos hechos las irregularidades que alteraron el ambiente no pasaron de un gran alboroto que finalmente se diluyó en varias reuniones, en las que primó el diálogo y por supuesto, según los analistas de la materia, predominó la buena intención de las partes y en principalmente del equipo oficial para no abrir una brecha con un sector altamente sensible en materia de apoyo político, como es el caso de los cooperativistas que al desatarse el problema anunciaron "una posible revisión del pacto con el gobierno".
En todo caso las aguas desbordadas vuelven a su cauce y en los niveles oficiales se menciona que la coyuntura sirvió principalmente para aplicar algunos cambios urgentes, el caso del Ministro de Minería por un lado y de algunas autoridades de la Comibol, por otro. Ambas circunstancias abrieron las puertas a ciertos ajustes de la cúpula administrativa de la minería nacional, actividad que necesita la implementación de una estrategia de acción que incorpore sobre todo elemento profesional especializado y de vasta experiencia para encarar la mentada y postergada "reactivación de la minería", como una necesidad para acome-
ter luego el proyecto de su
industrialización.
Entre los tres sub sectores de la minería nacional, el que sale fortalecido de veras es el cooperativista ya que además en las negociaciones con las autoridades logró un compromiso del Ministro de Minería y Metalurgia, (MMM) de gestionar un mayor apoyo financiero estatal para mejorar el acceso a créditos del Fondo de Financiamiento para la Minería (Fofim), lo que permitirá desarrollar importantes proyectos que plantearán los cooperativistas.
A propósito de este último anuncio, otro importante sector de la minería nacional es el de la "minería chica" que de manera permanente ha reclamado asistencia financiera para mejorar sus sistemas productivos, considerados importantes toda vez, que este sector da fuentes de empleo, tributa de manera regular, además de generar regalías, pero se halla desprotegido desde que hace años se liquido el Banco Minero de Bolivia. Una visión de amplitud en ejecutivos del MMM debería facilitar a los mineros chicos su acceso a los créditos específicos para impulsar la producción minera en el país.
El problema se inició el 08 de abril, cundo se posesionó a un nuevo ministro de minería y éste ordenó el cierre (bajo precinto) de tres oficinas de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), donde se entendía estaban las pruebas sobre la firma de un centenar de contratos que complicaban a los cooperativistas por transgresión a disposiciones vigentes.
El dicho común mostró otra realidad, más fue el ruido que las nueces, porque en las primeras diligencias tras las movilizaciones de los cooperativistas defendiendo sus actividades resultó que 42 contratos fueron objeto de una auditoría, permitiendo a los firmantes de esos acuerdos mostrar que en la mayoría de los casos se trataba de operaciones de "riesgo compartido" y en otros casos contratos con definiciones porcentuales que establecían un beneficio del 96% para las operadoras transnacionales y del 4% restante se beneficiaban en partes iguales la Comibol y los cooperativistas.
El proceso de auditoría en los más de 40 contratos, finalmente estableció que existían fallas en sólo siete contratos, los que además fueron suscritos entre las gestiones de 1998 y 2005, es decir antes de la vigencia de la nueva CPE aprobada el 2009, por tanto su validez es natural y normal, aunque según la Procuraduría tres de los siete contratos se firmaron el 2006 y por lo mismo entrarían en conflicto. Por lo demás el asunto pasa a una fase especial de adecuación de textos de los artículos observados para su último análisis en la Cámara Alta.
En las últimas negociaciones y en base a la representación que plantearon los "regantes" en defensa del medio ambiente y denunciando algunas operaciones que ponen en peligro la salud de la población, se aprobó incorporar al proyecto de ley algunas recomendaciones y medidas precautorias en caso de que se advirtieran daños ambientales en operaciones mineras, las mismas que de acuerdo a la gravedad del caso inclusive podrán ser interrumpidas en tanto se subsanen las fallas existentes, por lo que se tomarán en cuenta obligaciones que cumplirán los empresarios mineros para desarrollar programas de cuidado de los recursos hídricos, mitigación del medio ambiente, especialmente en áreas compartidas con actividades agrícolas.
Los factores adversos y contradictorios con la CPE que se observaron en la Cámara de Diputados y que dieron lugar al entredicho con los cooperativistas, en función especialmente de los contratos irregulares, se subsanan en el futuro con enmiendas a los textos de los artículos 151, 132 y el 62.
El texto del art 151 reformado señala concretamente que los únicos contratos de asociación admisibles en el marco de la CPE son aquellos que se suscriban con el Estado a través de la Comibol. En el caso del art 132, se establece que la aprobación legislativa de nuevos contratos no deberá exceder de 90 días, aclarándose que si se pasa ese tiempo los contratos se dan por bien aprobados ante el silencio legislativo y finalmente el art 62 se refiere a una coordinación sobre el tiempo de vigencia de los contratos y su renegociación.
Así pasó el tiempo y por expresiones de los protagonistas de estos hechos las irregularidades que alteraron el ambiente no pasaron de un gran alboroto que finalmente se diluyó en varias reuniones, en las que primó el diálogo y por supuesto, según los analistas de la materia, predominó la buena intención de las partes y en principalmente del equipo oficial para no abrir una brecha con un sector altamente sensible en materia de apoyo político, como es el caso de los cooperativistas que al desatarse el problema anunciaron "una posible revisión del pacto con el gobierno".
En todo caso las aguas desbordadas vuelven a su cauce y en los niveles oficiales se menciona que la coyuntura sirvió principalmente para aplicar algunos cambios urgentes, el caso del Ministro de Minería por un lado y de algunas autoridades de la Comibol, por otro. Ambas circunstancias abrieron las puertas a ciertos ajustes de la cúpula administrativa de la minería nacional, actividad que necesita la implementación de una estrategia de acción que incorpore sobre todo elemento profesional especializado y de vasta experiencia para encarar la mentada y postergada "reactivación de la minería", como una necesidad para acome-
ter luego el proyecto de su
industrialización.
Entre los tres sub sectores de la minería nacional, el que sale fortalecido de veras es el cooperativista ya que además en las negociaciones con las autoridades logró un compromiso del Ministro de Minería y Metalurgia, (MMM) de gestionar un mayor apoyo financiero estatal para mejorar el acceso a créditos del Fondo de Financiamiento para la Minería (Fofim), lo que permitirá desarrollar importantes proyectos que plantearán los cooperativistas.
A propósito de este último anuncio, otro importante sector de la minería nacional es el de la "minería chica" que de manera permanente ha reclamado asistencia financiera para mejorar sus sistemas productivos, considerados importantes toda vez, que este sector da fuentes de empleo, tributa de manera regular, además de generar regalías, pero se halla desprotegido desde que hace años se liquido el Banco Minero de Bolivia. Una visión de amplitud en ejecutivos del MMM debería facilitar a los mineros chicos su acceso a los créditos específicos para impulsar la producción minera en el país.
jueves, 8 de mayo de 2014
Senado aprueba en grande Ley de Minería
La Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización de la Cámara de Senadores aprobó en grande el proyecto de Ley de Minería y Metalurgia, informó su presidenta, Martha Poma. La sesión contó con la participación de tres técnicos del Ministerio de Minería.
“Se ha trabajado durante toda la anterior semana con el Ministerio de Minería y de Aguas, también con los hermanos mineros de la Federación de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin), y regantes, hay algunos detalles que debemos corregir, una vez terminado eso vamos a entrar a su tratamiento en detalle”, dijo.
Antes de la aprobación, el senador Eduardo Maldonado manifestaba su rechazo a la norma pues se trata del segundo recurso más importante del país, por lo que se debería velar por los intereses nacionales antes que los corporativos o partidarios.
“Yo espero que se imponga el criterio razonable y sobre todo anteponer el interés de la patria a cualquier consideración o consigna partidaria o política”, dijo.
“Se ha trabajado durante toda la anterior semana con el Ministerio de Minería y de Aguas, también con los hermanos mineros de la Federación de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin), y regantes, hay algunos detalles que debemos corregir, una vez terminado eso vamos a entrar a su tratamiento en detalle”, dijo.
Antes de la aprobación, el senador Eduardo Maldonado manifestaba su rechazo a la norma pues se trata del segundo recurso más importante del país, por lo que se debería velar por los intereses nacionales antes que los corporativos o partidarios.
“Yo espero que se imponga el criterio razonable y sobre todo anteponer el interés de la patria a cualquier consideración o consigna partidaria o política”, dijo.
lunes, 5 de mayo de 2014
Senado debatirá esta semana Ley de Minería
El pleno de la Cámara de Senadores debatirá esta semana el proyecto de Ley de Minería y Metalurgia tras los acuerdos logrados entre el Órgano Ejecutivo, Legislativo y la Federación Nacional de Cooperativa Mineras (Fencomin) informó el presidente de la Cámara Alta, Eugenio Rojas.
“Estamos trabajando junto a la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, que preside la senadora Martha Poma, yo creo que el trabajo será hasta el día miércoles o jueves y posteriormente estaría entrando a su tratamiento en el pleno del Senado”, indicó.
Al referirse, el tiempo de aprobación Rojas dijo: “Esperamos aprobarlo en su estación en grade hasta el jueves o viernes y la siguiente semana en detalle, también estamos acordando con la comisión de diputados más porque una vez que lo aprobemos la norma será devuelta a diputados como cámara de origen”.
Durante las semanas anteriores, cooperativistas y el Gobierno acordaron modificaciones al proyecto de Ley de Minería. La tarea se dio después de que mineros observaran el Artículo 151 del documento que prohíbe la firma de contratos entre empresas privadas y las cooperativas mineras.
El artículo consensuado tiene implicancias en otros aspectos, así como el análisis en la modificación de otros artículos observados como el 132 o el 61.
En el aspecto económico recomendó a las autoridades del Ministerio de Planificación y de Economía trabajar de manera conjunta con los cooperativistas en la posibilidad de brindar créditos para que los mineros inviertan en sus áreas de explotación.
“Estamos trabajando junto a la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, que preside la senadora Martha Poma, yo creo que el trabajo será hasta el día miércoles o jueves y posteriormente estaría entrando a su tratamiento en el pleno del Senado”, indicó.
Al referirse, el tiempo de aprobación Rojas dijo: “Esperamos aprobarlo en su estación en grade hasta el jueves o viernes y la siguiente semana en detalle, también estamos acordando con la comisión de diputados más porque una vez que lo aprobemos la norma será devuelta a diputados como cámara de origen”.
Durante las semanas anteriores, cooperativistas y el Gobierno acordaron modificaciones al proyecto de Ley de Minería. La tarea se dio después de que mineros observaran el Artículo 151 del documento que prohíbe la firma de contratos entre empresas privadas y las cooperativas mineras.
El artículo consensuado tiene implicancias en otros aspectos, así como el análisis en la modificación de otros artículos observados como el 132 o el 61.
En el aspecto económico recomendó a las autoridades del Ministerio de Planificación y de Economía trabajar de manera conjunta con los cooperativistas en la posibilidad de brindar créditos para que los mineros inviertan en sus áreas de explotación.
miércoles, 30 de abril de 2014
Gobierno envía al Senado acuerdos sobre ley minera
Los acuerdos a los que arribó el Gobierno con los mineros cooperativistas y regantes con relación al proyecto de Ley de Minería y Metalurgia fueron enviados hoy a la Cámara de Senadores para que sean debatidos y aprobados, informaron los ministros de Minería, César Navarro, y de Gobierno, Carlos Romero.
"Estos acuerdos han sido puestos en conocimiento del Gabinete de Ministros (este miércoles) y (los) vamos a enviar estos acuerdos a la Cámara de Senadores para que inmediatamente empiece a tratar esta importante ley para el país. Este es un acuerdo importante que nos permite respetar y elaborar toda norma en base a los principios constitucionales", dijo Navarro en conferencia de prensa.
El presidente Evo Morales y los dirigentes de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) se reunieron el pasado viernes en la Vicepresidencia y pusieron fin al conflicto que se desarrolló por varias semanas respecto a esta norma, después de que se presentaron los artículos que fueron acordados entre ambas partes.
En lo que se refiere al artículo 151, que prohibía a las cooperativas mineras asociarse con empresas privadas, el presidente Morales, explicó en ese momento que la nueva redacción prohíbe dicha posibilidad, en respeto a lo que establece la Constitución Política del Estado (CPE).
Romero enfatizó que los "únicos contratos de asociación admisibles en el marco de la Constitución Política del Estado son aquellos que los actores productivos mineros puedan suscribir con el Estado, a través de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), no reconociéndose ningún contrato privado".
El presidente de la Fencomin, Alejandro Santos, explicó el pasado lunes que con relación al artículo 132, los nuevos contratos mineros deberán ser aprobados en el plazo de 90 días por la Asamblea Legislativa Plurinacional y en caso de que no se cumpla ese tiempo se darán por aprobados.
Respecto a las observaciones que tenían los regantes sobre la ley, el ministro de Gobierno explicó que se acordó con este sector que "en caso de producirse daños ambientales, éstos deberán ser, en la medida de lo posible, reparados por el operador (minero)".
Navarro indicó que el Fondo Minero (Fomin) será la instancia que apoyará con créditos al sector minero para los proyectos que tenga que desarrollar, según el proyecto de ley que fue acordado entre los cooperativistas, mineros privados y el sector estatal.
"Hemos eliminado todos los escollos que impedían un adecuado tratamiento del proyecto de Ley Minera en el ámbito de la Asamblea Legislativa Plurinacional", apuntó Romero.
"Estos acuerdos han sido puestos en conocimiento del Gabinete de Ministros (este miércoles) y (los) vamos a enviar estos acuerdos a la Cámara de Senadores para que inmediatamente empiece a tratar esta importante ley para el país. Este es un acuerdo importante que nos permite respetar y elaborar toda norma en base a los principios constitucionales", dijo Navarro en conferencia de prensa.
El presidente Evo Morales y los dirigentes de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) se reunieron el pasado viernes en la Vicepresidencia y pusieron fin al conflicto que se desarrolló por varias semanas respecto a esta norma, después de que se presentaron los artículos que fueron acordados entre ambas partes.
En lo que se refiere al artículo 151, que prohibía a las cooperativas mineras asociarse con empresas privadas, el presidente Morales, explicó en ese momento que la nueva redacción prohíbe dicha posibilidad, en respeto a lo que establece la Constitución Política del Estado (CPE).
Romero enfatizó que los "únicos contratos de asociación admisibles en el marco de la Constitución Política del Estado son aquellos que los actores productivos mineros puedan suscribir con el Estado, a través de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), no reconociéndose ningún contrato privado".
El presidente de la Fencomin, Alejandro Santos, explicó el pasado lunes que con relación al artículo 132, los nuevos contratos mineros deberán ser aprobados en el plazo de 90 días por la Asamblea Legislativa Plurinacional y en caso de que no se cumpla ese tiempo se darán por aprobados.
Respecto a las observaciones que tenían los regantes sobre la ley, el ministro de Gobierno explicó que se acordó con este sector que "en caso de producirse daños ambientales, éstos deberán ser, en la medida de lo posible, reparados por el operador (minero)".
Navarro indicó que el Fondo Minero (Fomin) será la instancia que apoyará con créditos al sector minero para los proyectos que tenga que desarrollar, según el proyecto de ley que fue acordado entre los cooperativistas, mineros privados y el sector estatal.
"Hemos eliminado todos los escollos que impedían un adecuado tratamiento del proyecto de Ley Minera en el ámbito de la Asamblea Legislativa Plurinacional", apuntó Romero.
sábado, 26 de abril de 2014
Ley minera tiene vía libre para ser aprobada en la Asamblea
Los artículos 62, 132 y 151 del proyecto de Ley de Minería y Metalurgia nuevamente redactados, a los cuales ayer el presidente Evo Morales dio el visto bueno, reactivarán el tratamiento y aprobación de la norma en la Asamblea Legislativa, en suspenso desde el 31 de marzo.
El artículo 151 señala que ahora los cooperativistas mineros no podrán suscribir contratos de asociación con empresas privadas.
Una comisión técnica, conformada por los cooperativistas y el Gobierno, se reunirá hoy desde las 8:00 con los presidentes de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío, y de Senadores, Eugenio Rojas, para reajustar el artículo 151, vinculado con otros que también fueron observados por la Cámara Baja.
"Felizmente se resolvió un problema, el del artículo observado, el 151; la redacción fue muy sencilla y práctica. Para la comprensión de todo el pueblo boliviano (dispone que) las cooperativas no podrán suscribir contratos de asociación con empresas privadas, sean éstas nacionales o extranjeras. Con esto prácticamente se respeta la Constitución y está resuelta la preocupación del pueblo boliviano (...). Tenemos planes para enviar nuevamente a la Asamblea hasta el jueves de la próxima semana”, aseguró ayer el presidente Evo Morales.
Hizo esta afirmación luego del encuentro que sostuvo con los cooperativistas mineros, quienes le entregaron la nueva redacción del artículo 62, de continuidad de derechos, contratos y adecuación; del 132, de contratos sujetos a aprobación legislativa; y del 151. Además se incorporó una disposición transitoria.
"Ahora hay que trabajar en el artículo 151, que tiene implicancia en otros, y mañana (hoy) desde las 8:00 trabajarán el Gobierno y la Asamblea Legislativa para adecuarlo”, sostuvo.
Según el presidente la Fencomin, Alejandro Santos, lo más importante del artículo 62 es que se incorpora el derecho preconstituido; en el 132 se da un plazo de 90 días para que la Asamblea apruebe los contratos y en caso contrario se dará por automático el consentimiento para que las cooperativas inicien sus operaciones.
En el caso del 151, dijo que una vez que entre en vigencia la nueva Ley de Minería no habrá más contratos de asociación y los que se firmaron en años anteriores se adecuarán a la nueva norma.
"Mañana asistiremos a la comisión para incluir estos tres artículos y que ahora tienen el visto bueno del presidente Evo Morales. Damos punto final al conflicto entre Fencomin y el Gobierno”, declaró Santos.
A fines de marzo, la Cámara de Diputados observó al menos 25 artículos del proyecto de Ley de Minería, entre ellos el 62, el 132 y el 151, debido a que vulneraban la Constitución Política del Estado. Los cooperativistas rechazaron los cambios e iniciaron un bloqueo de caminos que dejó como saldo dos muertos.
Redacción anterior y actual del Art. 151
Anterior: El artículo 151 señalaba que los contratos administrativos mineros de la industria minera privada y cooperativa son los que "pueden suscribir en cualquier momento con otros actores productivos mineros privados o cooperativas, legalmente establecidos, para el cumplimiento en forma asociada de sus respectivas obligaciones”. Era lo que expresaba cuando se entregó el proyecto al presidente Evo Morales el 17 de marzo.
Actual: Ahora, el artículo 151, parágrafo I establece que "las cooperativas mineras no podrán suscribir contratos de asociación con empresas privadas, sean éstas nacionales o extranjeras”. El parágrafo II expresa que "en caso de avenirse a lo dispuesto en el artículo 306 y parágrafo III del artículo 351 de la Constitución Política, podrán constituir empresas mixtas con el Estado a través de Comibol y adecuarán su razón social (...)”.
Evo pide a 2 ministerios que trabajen en créditos para cooperativistas
El presidente Evo Morales pidió ayer a los ministerios de Economía y Planificación que trabajen en el financiamiento, mediante créditos, de las cooperativas mineras, para que puedan ejecutar sus proyectos. Los cooperativistas afirman que requieren hasta 70 millones de dólares.
"Un tema que surge es el económico, de inversión para las cooperativas. Voy a recomendar a los ministros de Planificación (Viviana Caro) y de Economía (Luis Arce) para que conjuntamente trabajen con los cooperativistas; algunos, como decían, necesitan créditos (...)”, afirmó.
El presidente de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas, Edmundo Polo, afirmó que las cooperativas por lo menos requieren de un financiamiento de entre 60 y 70 millones de dólares para encarar proyectos y que el Fondo de Financiamiento para la Minería (FOFIM), pese a ser una institución que aprueba préstamos para el sector, no tiene liquidez.
"Hemos aceptado que no haya contratos de asociación con empresas privadas, pero el Gobierno debe canalizar créditos y fuentes de financiamiento para poder pagar por cuenta propia nuestras operaciones y no estar pensando más en los privados”, explicó.
Polo mencionó que el FOFIM no dispone ni de 20 millones de dólares y por año sólo aprueba tres créditos por un monto máximo de 200 mil a 300 mil dólares.
Agregó que, en caso de que una cooperativa precise recursos económicos, debe presentar un proyecto a diseño final, en el que tiene que incluir la información de las reservas mineralógicas probables y probadas.
Además, el informe debe indicar cuánto de mineral prevé extraer por año.
Comisión se reunirá el lunes con los regantes
La comisión encargada de redactar los artículos 62, 132 y 151 del proyecto de Ley de Minería y Metalurgia se reunirá este lunes en el Ministerio de Minería con los representantes de los regantes, para escuchar sus observaciones, informaron ayer en el Gobierno.
"En el caso de las observaciones de los regantes, la siguiente semana se ofrecerá a ese sector una explicación porque una cosa es sentir lo que siente el pueblo y otra es ser influido por los ecologistas y fundamentalistas que siempre traerán enfrentamientos; sin embargo, las observaciones serán escuchadas”, afirmó ayer el presidente Evo Morales, luego de reunirse con los cooperativistas mineros, que le entregaron la nueva redacción de los tres artículos observados por la Cámara de Diputados.
El presidente de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas, Edmundo Polo, anticipó que el encuentro con los regantes será para ver los alcances que contiene el proyecto de Ley de Minería.
"Simplemente vamos a informarles, no se modificará ni debatirá”, agregó.
Los cooperativistas mineros participaron en la reunión de los regantes con autoridades del Gobierno, el jueves en Cochabamba, en la cual los regantes pidieron que no haya actividad minera hasta cinco kilómetros de los ríos, ni en los glaciares ni en áreas protegidas.
Según Polo, la prohibición en áreas que están cerca de los ríos liquidaría a unas 700 cooperativas auríferas y si se aplica lo de los glaciares se cerrarían las que explotan minerales tradicionales.
El artículo 151 señala que ahora los cooperativistas mineros no podrán suscribir contratos de asociación con empresas privadas.
Una comisión técnica, conformada por los cooperativistas y el Gobierno, se reunirá hoy desde las 8:00 con los presidentes de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío, y de Senadores, Eugenio Rojas, para reajustar el artículo 151, vinculado con otros que también fueron observados por la Cámara Baja.
"Felizmente se resolvió un problema, el del artículo observado, el 151; la redacción fue muy sencilla y práctica. Para la comprensión de todo el pueblo boliviano (dispone que) las cooperativas no podrán suscribir contratos de asociación con empresas privadas, sean éstas nacionales o extranjeras. Con esto prácticamente se respeta la Constitución y está resuelta la preocupación del pueblo boliviano (...). Tenemos planes para enviar nuevamente a la Asamblea hasta el jueves de la próxima semana”, aseguró ayer el presidente Evo Morales.
Hizo esta afirmación luego del encuentro que sostuvo con los cooperativistas mineros, quienes le entregaron la nueva redacción del artículo 62, de continuidad de derechos, contratos y adecuación; del 132, de contratos sujetos a aprobación legislativa; y del 151. Además se incorporó una disposición transitoria.
"Ahora hay que trabajar en el artículo 151, que tiene implicancia en otros, y mañana (hoy) desde las 8:00 trabajarán el Gobierno y la Asamblea Legislativa para adecuarlo”, sostuvo.
Según el presidente la Fencomin, Alejandro Santos, lo más importante del artículo 62 es que se incorpora el derecho preconstituido; en el 132 se da un plazo de 90 días para que la Asamblea apruebe los contratos y en caso contrario se dará por automático el consentimiento para que las cooperativas inicien sus operaciones.
En el caso del 151, dijo que una vez que entre en vigencia la nueva Ley de Minería no habrá más contratos de asociación y los que se firmaron en años anteriores se adecuarán a la nueva norma.
"Mañana asistiremos a la comisión para incluir estos tres artículos y que ahora tienen el visto bueno del presidente Evo Morales. Damos punto final al conflicto entre Fencomin y el Gobierno”, declaró Santos.
A fines de marzo, la Cámara de Diputados observó al menos 25 artículos del proyecto de Ley de Minería, entre ellos el 62, el 132 y el 151, debido a que vulneraban la Constitución Política del Estado. Los cooperativistas rechazaron los cambios e iniciaron un bloqueo de caminos que dejó como saldo dos muertos.
Redacción anterior y actual del Art. 151
Anterior: El artículo 151 señalaba que los contratos administrativos mineros de la industria minera privada y cooperativa son los que "pueden suscribir en cualquier momento con otros actores productivos mineros privados o cooperativas, legalmente establecidos, para el cumplimiento en forma asociada de sus respectivas obligaciones”. Era lo que expresaba cuando se entregó el proyecto al presidente Evo Morales el 17 de marzo.
Actual: Ahora, el artículo 151, parágrafo I establece que "las cooperativas mineras no podrán suscribir contratos de asociación con empresas privadas, sean éstas nacionales o extranjeras”. El parágrafo II expresa que "en caso de avenirse a lo dispuesto en el artículo 306 y parágrafo III del artículo 351 de la Constitución Política, podrán constituir empresas mixtas con el Estado a través de Comibol y adecuarán su razón social (...)”.
Evo pide a 2 ministerios que trabajen en créditos para cooperativistas
El presidente Evo Morales pidió ayer a los ministerios de Economía y Planificación que trabajen en el financiamiento, mediante créditos, de las cooperativas mineras, para que puedan ejecutar sus proyectos. Los cooperativistas afirman que requieren hasta 70 millones de dólares.
"Un tema que surge es el económico, de inversión para las cooperativas. Voy a recomendar a los ministros de Planificación (Viviana Caro) y de Economía (Luis Arce) para que conjuntamente trabajen con los cooperativistas; algunos, como decían, necesitan créditos (...)”, afirmó.
El presidente de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas, Edmundo Polo, afirmó que las cooperativas por lo menos requieren de un financiamiento de entre 60 y 70 millones de dólares para encarar proyectos y que el Fondo de Financiamiento para la Minería (FOFIM), pese a ser una institución que aprueba préstamos para el sector, no tiene liquidez.
"Hemos aceptado que no haya contratos de asociación con empresas privadas, pero el Gobierno debe canalizar créditos y fuentes de financiamiento para poder pagar por cuenta propia nuestras operaciones y no estar pensando más en los privados”, explicó.
Polo mencionó que el FOFIM no dispone ni de 20 millones de dólares y por año sólo aprueba tres créditos por un monto máximo de 200 mil a 300 mil dólares.
Agregó que, en caso de que una cooperativa precise recursos económicos, debe presentar un proyecto a diseño final, en el que tiene que incluir la información de las reservas mineralógicas probables y probadas.
Además, el informe debe indicar cuánto de mineral prevé extraer por año.
Comisión se reunirá el lunes con los regantes
La comisión encargada de redactar los artículos 62, 132 y 151 del proyecto de Ley de Minería y Metalurgia se reunirá este lunes en el Ministerio de Minería con los representantes de los regantes, para escuchar sus observaciones, informaron ayer en el Gobierno.
"En el caso de las observaciones de los regantes, la siguiente semana se ofrecerá a ese sector una explicación porque una cosa es sentir lo que siente el pueblo y otra es ser influido por los ecologistas y fundamentalistas que siempre traerán enfrentamientos; sin embargo, las observaciones serán escuchadas”, afirmó ayer el presidente Evo Morales, luego de reunirse con los cooperativistas mineros, que le entregaron la nueva redacción de los tres artículos observados por la Cámara de Diputados.
El presidente de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas, Edmundo Polo, anticipó que el encuentro con los regantes será para ver los alcances que contiene el proyecto de Ley de Minería.
"Simplemente vamos a informarles, no se modificará ni debatirá”, agregó.
Los cooperativistas mineros participaron en la reunión de los regantes con autoridades del Gobierno, el jueves en Cochabamba, en la cual los regantes pidieron que no haya actividad minera hasta cinco kilómetros de los ríos, ni en los glaciares ni en áreas protegidas.
Según Polo, la prohibición en áreas que están cerca de los ríos liquidaría a unas 700 cooperativas auríferas y si se aplica lo de los glaciares se cerrarían las que explotan minerales tradicionales.
viernes, 25 de abril de 2014
Ley minera en entredichos
Han transcurrido ya muchos días desde que empezaron las marchas y los bloqueos de los cooperativistas que afectaron en forma brutal las actividades cotidianas de todos los sectores de nuestro país. Felizmente se pudo lograr una tregua para que las partes pudieran encontrar una solución adecuada y mejor concertada entre el gobierno y los cooperativistas.
En este espacio transcurrido muchos fueron los que opinaron sobre el tema minero, inclusive aquellos que no tienen idea como funciona una cooperativa minera, los intereses políticos y económicos que en torno a ellos existen; además se ha puesto en evidencia que a través de las cooperativas muchos oportunistas inescrupulosos y avezados personajes se aprovechan de estas coyunturas.
Para empezar, sería conveniente explicar qué es y cómo funciona una cooperativa minera. Si algún ciudadano tramita y logra una concesión minera en un determinado lugar, realizando algunas prospecciones rudimentarias e intuitivas toma la decisión de formar una cooperativa minera en el marco de la normativa vigente con algunas ventajas comparativas consecuencia de su carácter de actividad no lucrativa, acto seguido se dotan de una instancia administrativa los que generalmente son los "manda más" y otra instancia de vigilantes de la marcha del proceso de producción siendo unos "tontos útiles" cómplices del consejo de administración.
Estas cooperativas así conformadas, tienen que entrar a un proceso de producción donde se distribuyen los parajes o frentes de laboreo de forma discrecional es decir, los dirigentes y los clanes familiares quedan con las mejores partes de la torta dura y rocosa, mientras que el 95 % de los cooperativistas trabajan en parajes marginales, insolubles y peligrosos. Por lo tanto no existe solidaridad entre ellos tal como opinan algunos aventureros que nunca vieron en su vida un socavón donde trabajan los cooperativistas, que parece un cementerio anticipado en su fatídica existencia, si desean ver gráficamente estas diferencias se puede comparar con una foto donde se muestre un dirigente a lado de un trabajador de base.
Porque los cooperativistas mineros son un sector poderoso como los han llamado algunos analistas, que inclusive pueden desestabilizar a un gobierno como el actual. Sin dar explicación coherente sobre este particular, lo que sucede es que los dirigentes cuando desean hacen prevalecer sus intereses personales (senadurías, diputaciones o ventajas del Gobierno) los convocan para marchar y hacer tronar dinamitas perjudicando a todo un pueblo, arrastrando a los engañados trabajadores de base que asisten a las concentraciones presionados por el temor de ser excluidos.
El dirigente y el trabajador humilde no tienen temor a la muerte porque en su cotidiano vivir están muy cerca de ella. Aquí quien sabe sea necesario aclarar algo que dijeron los dirigentes: "Evo así como te llevamos a la presidencia te podemos sacar de ella". Los cooperativistas por lo menos en los cuatro años de gobierno de nuestro presidente nunca estuvieron identificados con el proceso de cambio, por el contrario fueron oportunistas que lograron algunos curules en el parlamento nacional y sacaron toda clase de cooperaciones del gobierno referente a equipo y maquinaria.
Los dirigentes de los cooperativistas siempre fueron y ojalá hoy en día no lo sean palos blancos del MNR. (Los Villalobos, los Barrientos, Careaga y otros). En la época de Goni cuadricularon el país y se repartieron a su antojo. Acaso mina Bolívar no fue lo mejor que se llevó Goni aunque la empresa se llame Sinchi Wayra y todas las concesiones mineras del oriente boliviano donde existe una riqueza minera especialmente de metales pesados, incluido el oro y rocas semipreciosas.
Parece que hasta ahora simplemente se ha tocado algunos pequeños aspectos que tienen relación con el cooperativismo minero, sería conveniente recordar cuando el congreso nacional se reunía en Sucre fueron precisamente los cooperativistas desplazados desde Potosí para liquidar el congreso nacional por órdenes obviamente de quien heredo la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada.
Ahora están instaladas las mesas de trabajo y existen dos comisiones. Una que tiene que ver las auditorías de las alianzas que habrían realizado algunas cooperativas con personas o empresas privadas violentando la normativa vigente con la complicidad de algunos actores que estuvieron en la comisión que diseño el proyecto de ley tanto de los sectores que actuaron como la presencia de algunos técnicos del gobierno. El resultado tiene que ser la sanción para los infractores o poner a derecho si es que así fuera el caso con el visto bueno del ministerio de minería y metalurgia.
La otra comisión tiene que ser inflexible con el cumplimiento de la Constitución Política del Estado y las leyes conexas. Las cooperativas mineras tienen que reivindicarse ante la historia porque las potencialidades que tiene el país son enormes.
El Gobierno y los gobiernos que vengan ya no tienen que hacer lo que hicieron (dotarles de parajes marginales sin apoyo técnico, con tiempo de vida útil muy corto), sino que el cooperativismo requiere de otras zonas de trabajo que tienen que ser prospectadas y exploradas por Sergeotecmin con un financiamiento importante del gobierno producto de las regalías, los impuestos y todo lo que pueda aportar el sector minero metalúrgico, asistencia técnica, asistencia económica, asistencia social que requieran los cooperativistas. Las cooperativas por su parte trabajar de una manera coordinada con las autoridades del sector y nunca más se pongan al servicio de intereses que privatizaron y capitalizaron nuestras empresas.
Probablemente el título que le puse a este artículo, sea un poco exagerado, a lo que se refiere es que en la vida hay que ser agradecidos y en este caso los cooperativistas tienen que apoyar al gobierno porque está en la posición correcta de garantizar el bienestar de las futuras generaciones y eso solo se logra siendo dueños de nuestros recursos naturales renovables y no renovables.
(*) Ingeniero metalurgista
Exdiputado nacional
En este espacio transcurrido muchos fueron los que opinaron sobre el tema minero, inclusive aquellos que no tienen idea como funciona una cooperativa minera, los intereses políticos y económicos que en torno a ellos existen; además se ha puesto en evidencia que a través de las cooperativas muchos oportunistas inescrupulosos y avezados personajes se aprovechan de estas coyunturas.
Para empezar, sería conveniente explicar qué es y cómo funciona una cooperativa minera. Si algún ciudadano tramita y logra una concesión minera en un determinado lugar, realizando algunas prospecciones rudimentarias e intuitivas toma la decisión de formar una cooperativa minera en el marco de la normativa vigente con algunas ventajas comparativas consecuencia de su carácter de actividad no lucrativa, acto seguido se dotan de una instancia administrativa los que generalmente son los "manda más" y otra instancia de vigilantes de la marcha del proceso de producción siendo unos "tontos útiles" cómplices del consejo de administración.
Estas cooperativas así conformadas, tienen que entrar a un proceso de producción donde se distribuyen los parajes o frentes de laboreo de forma discrecional es decir, los dirigentes y los clanes familiares quedan con las mejores partes de la torta dura y rocosa, mientras que el 95 % de los cooperativistas trabajan en parajes marginales, insolubles y peligrosos. Por lo tanto no existe solidaridad entre ellos tal como opinan algunos aventureros que nunca vieron en su vida un socavón donde trabajan los cooperativistas, que parece un cementerio anticipado en su fatídica existencia, si desean ver gráficamente estas diferencias se puede comparar con una foto donde se muestre un dirigente a lado de un trabajador de base.
Porque los cooperativistas mineros son un sector poderoso como los han llamado algunos analistas, que inclusive pueden desestabilizar a un gobierno como el actual. Sin dar explicación coherente sobre este particular, lo que sucede es que los dirigentes cuando desean hacen prevalecer sus intereses personales (senadurías, diputaciones o ventajas del Gobierno) los convocan para marchar y hacer tronar dinamitas perjudicando a todo un pueblo, arrastrando a los engañados trabajadores de base que asisten a las concentraciones presionados por el temor de ser excluidos.
El dirigente y el trabajador humilde no tienen temor a la muerte porque en su cotidiano vivir están muy cerca de ella. Aquí quien sabe sea necesario aclarar algo que dijeron los dirigentes: "Evo así como te llevamos a la presidencia te podemos sacar de ella". Los cooperativistas por lo menos en los cuatro años de gobierno de nuestro presidente nunca estuvieron identificados con el proceso de cambio, por el contrario fueron oportunistas que lograron algunos curules en el parlamento nacional y sacaron toda clase de cooperaciones del gobierno referente a equipo y maquinaria.
Los dirigentes de los cooperativistas siempre fueron y ojalá hoy en día no lo sean palos blancos del MNR. (Los Villalobos, los Barrientos, Careaga y otros). En la época de Goni cuadricularon el país y se repartieron a su antojo. Acaso mina Bolívar no fue lo mejor que se llevó Goni aunque la empresa se llame Sinchi Wayra y todas las concesiones mineras del oriente boliviano donde existe una riqueza minera especialmente de metales pesados, incluido el oro y rocas semipreciosas.
Parece que hasta ahora simplemente se ha tocado algunos pequeños aspectos que tienen relación con el cooperativismo minero, sería conveniente recordar cuando el congreso nacional se reunía en Sucre fueron precisamente los cooperativistas desplazados desde Potosí para liquidar el congreso nacional por órdenes obviamente de quien heredo la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada.
Ahora están instaladas las mesas de trabajo y existen dos comisiones. Una que tiene que ver las auditorías de las alianzas que habrían realizado algunas cooperativas con personas o empresas privadas violentando la normativa vigente con la complicidad de algunos actores que estuvieron en la comisión que diseño el proyecto de ley tanto de los sectores que actuaron como la presencia de algunos técnicos del gobierno. El resultado tiene que ser la sanción para los infractores o poner a derecho si es que así fuera el caso con el visto bueno del ministerio de minería y metalurgia.
La otra comisión tiene que ser inflexible con el cumplimiento de la Constitución Política del Estado y las leyes conexas. Las cooperativas mineras tienen que reivindicarse ante la historia porque las potencialidades que tiene el país son enormes.
El Gobierno y los gobiernos que vengan ya no tienen que hacer lo que hicieron (dotarles de parajes marginales sin apoyo técnico, con tiempo de vida útil muy corto), sino que el cooperativismo requiere de otras zonas de trabajo que tienen que ser prospectadas y exploradas por Sergeotecmin con un financiamiento importante del gobierno producto de las regalías, los impuestos y todo lo que pueda aportar el sector minero metalúrgico, asistencia técnica, asistencia económica, asistencia social que requieran los cooperativistas. Las cooperativas por su parte trabajar de una manera coordinada con las autoridades del sector y nunca más se pongan al servicio de intereses que privatizaron y capitalizaron nuestras empresas.
Probablemente el título que le puse a este artículo, sea un poco exagerado, a lo que se refiere es que en la vida hay que ser agradecidos y en este caso los cooperativistas tienen que apoyar al gobierno porque está en la posición correcta de garantizar el bienestar de las futuras generaciones y eso solo se logra siendo dueños de nuestros recursos naturales renovables y no renovables.
(*) Ingeniero metalurgista
Exdiputado nacional
Proyecto de ley minera se discute hoy en Palacio
Los cooperativistas mineros se reunirán hoy viernes con el presidente de Bolivia, Evo Morales, para dar a conocer los consensos sobre la Ley de Minería, así lo informó Miguel Coñaja, presidente departamental de la Federación de Cooperativistas Mineros (Fencomin) La Paz.
Dijo que el encuentro comenzará a las 05.00 en la Vicepresidencia, reunión al que confirmaron su asistencia cooperativistas de otros departamentos.
“Ya tenemos la convocatoria del presidente (Morales) para reunirnos mañana (viernes), ahí le daremos a conocer todo lo que hemos acordado con los ministros de Minería y otras autoridades de Gobierno”, dijo el dirigente cooperativista.
Asimismo, Coñaja destacó la flexibilidad del sector para dar una solución al conflicto que ocasionaba el polémico Artículo 151 que obliga a toda cooperativa minera a suscribir contratos de arrendamiento con alguna empresa estatal, privada o trasnacional siempre y cuando tenga el aval de la Asamblea Legislativa.
El pasado 21 de abril se firmó un acta de entendimiento con el Ejecutivo, en cuyo documento se refrenda el consenso al que se llegó sobre los artículos 62, 132 y 151 del proyecto de ley minera.
Entre los consensos más importantes, remarcó que la futura norma del sector prohíbe la firma de contratos de asociación minera entre cooperativas y empresas privadas, nacionales o extranjeras.
En Cochabamba
una delegación de Fencomin se trasladó hasta la ciudad de Cochabamba para participar en el encuentro que iniciaron autoridades del Órgano Ejecutivo con el sector de regantes, en busca de consensos relacionados a artículos del proyecto de ley minera, referentes al medioambiente.
Dijo que el encuentro comenzará a las 05.00 en la Vicepresidencia, reunión al que confirmaron su asistencia cooperativistas de otros departamentos.
“Ya tenemos la convocatoria del presidente (Morales) para reunirnos mañana (viernes), ahí le daremos a conocer todo lo que hemos acordado con los ministros de Minería y otras autoridades de Gobierno”, dijo el dirigente cooperativista.
Asimismo, Coñaja destacó la flexibilidad del sector para dar una solución al conflicto que ocasionaba el polémico Artículo 151 que obliga a toda cooperativa minera a suscribir contratos de arrendamiento con alguna empresa estatal, privada o trasnacional siempre y cuando tenga el aval de la Asamblea Legislativa.
El pasado 21 de abril se firmó un acta de entendimiento con el Ejecutivo, en cuyo documento se refrenda el consenso al que se llegó sobre los artículos 62, 132 y 151 del proyecto de ley minera.
Entre los consensos más importantes, remarcó que la futura norma del sector prohíbe la firma de contratos de asociación minera entre cooperativas y empresas privadas, nacionales o extranjeras.
En Cochabamba
una delegación de Fencomin se trasladó hasta la ciudad de Cochabamba para participar en el encuentro que iniciaron autoridades del Órgano Ejecutivo con el sector de regantes, en busca de consensos relacionados a artículos del proyecto de ley minera, referentes al medioambiente.
martes, 15 de abril de 2014
Diálogo por ley minera se traba
La reunión de ayer entre mineros cooperativistas y representantes del Gobierno terminó sin consenso sobre el polémico artículo 151 del proyecto de nueva ley minera, observado porque autoriza la firma de contratos entre cooperativistas y empresarios.
Declararon un cuarto intermedio hasta esta tarde y de no haber avance los mineros esperarán la cita con el presidente Evo Morales.
Cerca de las 19:00 de anoche, se abrió un nuevo cuarto intermedio en las negociaciones y se acordó que se reanudarán a las 16:00 de hoy, en el Ministerio de Minería, informó a ANF el presidente de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco), Edmundo Polo. Además del artículo 151, el 62 que se refiere a la migración de contratos, también es motivo de disenso
“No hemos avanzado en nada en el artículo 151, casi en absolutamente nada porque las posiciones son diferentes y encontradas”, dijo Polo a ANF.
“Aquí hay una posición clara de ellos (el Gobierno) de poder desconocer derechos constituidos, porque aquí hay contratos que se han hecho antes de la Constitución Política del Estado (CPE) y eso que la propia Constitución le da el reconocimiento. Son posiciones encontradas y no hay puntos de convergencia”, sostuvo Polo.
Al salir del encuentro, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, explicó, que los cooperativistas mineros plantearon que “por excepción” se aprueben contratos de asociación con empresas privadas, pero con ratificación de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
“(Pero) el Gobierno Nacional ha ratificado su posición de que no se reconocen contratos con empresas privadas”, remarcó citado por ABI.
Según Romero, la única modalidad de asociación que podrá operar en el país es la suscrita entre operadores y la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol), “dando lugar a la constitución de empresas mixtas”.
Sin embargo, afirmó que se encontraron “puntos de acercamiento”, como el referido al artículo 132 del proyecto, donde se prevé que los nuevos contratos mineros serán aprobados en la ALP por “silencio legislativo”, cuando su tratamiento en el pleno exceda los 90 días.
Auditoría no inicia
Después de seis días del precintado a algunas oficinas de la Comibol, aún no se inició la auditoría para establecer el número de contratos que firmaron las cooperativas mineras con empresas privadas, reconoció ayer el presidente de esta institución, Marcelino Quispe.
“Todavía no se ha efectuado el inventario de los contratos que se tiene en la Comibol (y) en Sergeotecmin (Servicio Geológico Técnico Minero) y están en ese trabajo. Todavía no se ha iniciado”, dijo a ANF.
El ministro de Minería, Cesar Navarro, presidió la semana pasada el precintado de tres oficinas de la Comibol para que el Ministerio Público realice una auditoría interna que identifique el número de contratos firmados entre cooperativas y empresas y se verifique la legalidad y veracidad de los documentos.
Quispe evitó decir si los contratos suscritos entre las cooperativas mineras y las empresas son legales o ilegales hasta que concluyan las investigaciones. “Todos los contratos que no están respetando la Constitución Política del Estado (CPE) son contratos que están al margen de la ley”, dijo.
CITA CON REGANTES
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, y su equipo técnico llegaron ayer a esta ciudad para conocer las observaciones planteadas por los regantes a la proyectada ley minera, con el compromiso de que serán estudiadas y merecerán una respuesta puntual sobre su viabilidad el próximo jueves, cuando vuelvan a reunirse en la Gobernación.
Los regantes observan 15 artículos por ser inconstitucionales ya que se refieren al desvío del curso de las aguas y uso y dominio privado de las fuentes de agua, entre otros, dijo el dirigente Carlos Camacho.
Declararon un cuarto intermedio hasta esta tarde y de no haber avance los mineros esperarán la cita con el presidente Evo Morales.
Cerca de las 19:00 de anoche, se abrió un nuevo cuarto intermedio en las negociaciones y se acordó que se reanudarán a las 16:00 de hoy, en el Ministerio de Minería, informó a ANF el presidente de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco), Edmundo Polo. Además del artículo 151, el 62 que se refiere a la migración de contratos, también es motivo de disenso
“No hemos avanzado en nada en el artículo 151, casi en absolutamente nada porque las posiciones son diferentes y encontradas”, dijo Polo a ANF.
“Aquí hay una posición clara de ellos (el Gobierno) de poder desconocer derechos constituidos, porque aquí hay contratos que se han hecho antes de la Constitución Política del Estado (CPE) y eso que la propia Constitución le da el reconocimiento. Son posiciones encontradas y no hay puntos de convergencia”, sostuvo Polo.
Al salir del encuentro, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, explicó, que los cooperativistas mineros plantearon que “por excepción” se aprueben contratos de asociación con empresas privadas, pero con ratificación de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
“(Pero) el Gobierno Nacional ha ratificado su posición de que no se reconocen contratos con empresas privadas”, remarcó citado por ABI.
Según Romero, la única modalidad de asociación que podrá operar en el país es la suscrita entre operadores y la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol), “dando lugar a la constitución de empresas mixtas”.
Sin embargo, afirmó que se encontraron “puntos de acercamiento”, como el referido al artículo 132 del proyecto, donde se prevé que los nuevos contratos mineros serán aprobados en la ALP por “silencio legislativo”, cuando su tratamiento en el pleno exceda los 90 días.
Auditoría no inicia
Después de seis días del precintado a algunas oficinas de la Comibol, aún no se inició la auditoría para establecer el número de contratos que firmaron las cooperativas mineras con empresas privadas, reconoció ayer el presidente de esta institución, Marcelino Quispe.
“Todavía no se ha efectuado el inventario de los contratos que se tiene en la Comibol (y) en Sergeotecmin (Servicio Geológico Técnico Minero) y están en ese trabajo. Todavía no se ha iniciado”, dijo a ANF.
El ministro de Minería, Cesar Navarro, presidió la semana pasada el precintado de tres oficinas de la Comibol para que el Ministerio Público realice una auditoría interna que identifique el número de contratos firmados entre cooperativas y empresas y se verifique la legalidad y veracidad de los documentos.
Quispe evitó decir si los contratos suscritos entre las cooperativas mineras y las empresas son legales o ilegales hasta que concluyan las investigaciones. “Todos los contratos que no están respetando la Constitución Política del Estado (CPE) son contratos que están al margen de la ley”, dijo.
CITA CON REGANTES
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, y su equipo técnico llegaron ayer a esta ciudad para conocer las observaciones planteadas por los regantes a la proyectada ley minera, con el compromiso de que serán estudiadas y merecerán una respuesta puntual sobre su viabilidad el próximo jueves, cuando vuelvan a reunirse en la Gobernación.
Los regantes observan 15 artículos por ser inconstitucionales ya que se refieren al desvío del curso de las aguas y uso y dominio privado de las fuentes de agua, entre otros, dijo el dirigente Carlos Camacho.
martes, 8 de abril de 2014
Proyecto de Ley de Minería fija propiedad privada del agua
Organizaciones sociales y campesinas alertaron sobre la inconstitucionalidad de la propuesta de Ley Minera que reconoce la propiedad privada del agua y su uso en favor de actividades mineras, situación que afectará la producción agrícola, la soberanía alimentaria y la vida de toda la población según denunciaron representantes de la Federación de Regantes de Cochabamba.
El dirigente de ese sector Valentín García dijo que esta norma integra el término “agua de dominio privado”, que fue rechazado por una Guerra del Agua y posteriormente reforzado por la Constitución Política del Estado (CPE).
“En nuestro país no existe agua privada, no se puede privatizar ni negociar”, reprochó el representante.
Organizaciones sociales y campesinas alertaron sobre la inconstitucionalidad de la propuesta de Ley Minera que reconoce la propiedad privada del agua y su uso en favor de actividades mineras, situación que afectará la producción agrícola, la soberanía alimentaria y la vida de toda la población según denunciaron representantes de la Federación de Regantes de Cochabamba.
El dirigente de ese sector Valentín García dijo que esta norma integra el término “agua de dominio privado”, que fue rechazado por una Guerra del Agua y posteriormente reforzado por la Constitución Política del Estado (CPE).
“En nuestro país no existe agua privada, no se puede privatizar ni negociar”, reprochó el representante.
El inciso VII) del artículo 111 de la mencionada propuesta normativa dice que, “En la eventualidad de que no existiera acuerdo entre el titular de los derechos mineros y el o los titulares de derechos del agua del dominio privado para su uso por el titular minero, este último podrá presentar ante el Director Departamental o Regional competente, solicitud de autorización administrativa para el reconocimiento del derecho de uso”.
Asimismo, la norma le otorga a los mineros variar los cursos de agua a sola solicitud al Director Departamental o Regional competente.
El director de Cuencas del Departamento, Zenón Miranda, señaló que de no modificarse esta propuesta, la Ley Minera estaría vulnerando derechos y garantías de comunidades campesinas y de la población en general.
La CPE establece que los recursos hídricos, sean estos superficiales y subterráneos “no podrán ser objeto de apropiaciones privadas, y tanto ellos como sus servicios no serán concesionados”, dice el artículo 373.
Datos.
Constitución Política del Estado
El agua constituye un derecho fundamentalí́simo para la vida, en el marco de la soberanía del pueblo (Art. 373. Inciso II).
Proyecto Minero
Los operadores mineros que gozan de derechos legales de uso de aguas o de servicios de provisión de agua: 1) en zonas concesibles, ii) bajo jurisdicción municipal, o iii) bajo cualquier otro régimen legal, continuarán ejerciendo dichos derechos de acuerdo a normativa vigente. (Art. 111. Inciso a), II).
Los titulares de Autorizaciones Transitorias Especiales (ATE) de aguas -exconcesiones mineras de aguas- continuarán ejerciendo sus derechos, debiendo sin embargo, sujetarse a las normas de adecuación a Contrato Administrativo Minero previstos en la presente Ley cuando se demuestre que la exconcesión minera de aguas está destinada al servicio de una ATE, que a su vez, se sujeta al régimen de adecuación. (Art. 111. Inciso b), II). Para el uso de aguas de dominio privado o comunitario, el actor productivo minero deberá llegar a un acuerdo con el titular, y a falta de ello, cumplir con los trámites de autorización administrativa.
El inciso VII) del artículo 111 de la mencionada propuesta normativa dice que, “En la eventualidad de que no existiera acuerdo entre el titular de los derechos mineros y el o los titulares de derechos del agua del dominio privado para su uso por el titular minero, este último podrá presentar ante el Director Departamental o Regional competente, solicitud de autorización administrativa para el reconocimiento del derecho de uso”.
Asimismo, la norma le otorga a los mineros variar los cursos de agua a sola solicitud al Director Departamental o Regional competente.
El director de Cuencas del Departamento, Zenón Miranda, señaló que de no modificarse esta propuesta, la Ley Minera estaría vulnerando derechos y garantías de comunidades campesinas y de la población en general.
La CPE establece que los recursos hídricos, sean estos superficiales y subterráneos “no podrán ser objeto de apropiaciones privadas, y tanto ellos como sus servicios no serán concesionados”, dice el artículo 373.
Datos.
Constitución Política del Estado
El agua constituye un derecho fundamentalí́simo para la vida, en el marco de la soberanía del pueblo (Art. 373. Inciso II).
Proyecto Minero
Los operadores mineros que gozan de derechos legales de uso de aguas o de servicios de provisión de agua: 1) en zonas concesibles, ii) bajo jurisdicción municipal, o iii) bajo cualquier otro régimen legal, continuarán ejerciendo dichos derechos de acuerdo a normativa vigente. (Art. 111. Inciso a), II).
Los titulares de Autorizaciones Transitorias Especiales (ATE) de aguas -exconcesiones mineras de aguas- continuarán ejerciendo sus derechos, debiendo sin embargo, sujetarse a las normas de adecuación a Contrato Administrativo Minero previstos en la presente Ley cuando se demuestre que la exconcesión minera de aguas está destinada al servicio de una ATE, que a su vez, se sujeta al régimen de adecuación. (Art. 111. Inciso b), II). Para el uso de aguas de dominio privado o comunitario, el actor productivo minero deberá llegar a un acuerdo con el titular, y a falta de ello, cumplir con los trámites de autorización administrativa.
El dirigente de ese sector Valentín García dijo que esta norma integra el término “agua de dominio privado”, que fue rechazado por una Guerra del Agua y posteriormente reforzado por la Constitución Política del Estado (CPE).
“En nuestro país no existe agua privada, no se puede privatizar ni negociar”, reprochó el representante.
Organizaciones sociales y campesinas alertaron sobre la inconstitucionalidad de la propuesta de Ley Minera que reconoce la propiedad privada del agua y su uso en favor de actividades mineras, situación que afectará la producción agrícola, la soberanía alimentaria y la vida de toda la población según denunciaron representantes de la Federación de Regantes de Cochabamba.
El dirigente de ese sector Valentín García dijo que esta norma integra el término “agua de dominio privado”, que fue rechazado por una Guerra del Agua y posteriormente reforzado por la Constitución Política del Estado (CPE).
“En nuestro país no existe agua privada, no se puede privatizar ni negociar”, reprochó el representante.
El inciso VII) del artículo 111 de la mencionada propuesta normativa dice que, “En la eventualidad de que no existiera acuerdo entre el titular de los derechos mineros y el o los titulares de derechos del agua del dominio privado para su uso por el titular minero, este último podrá presentar ante el Director Departamental o Regional competente, solicitud de autorización administrativa para el reconocimiento del derecho de uso”.
Asimismo, la norma le otorga a los mineros variar los cursos de agua a sola solicitud al Director Departamental o Regional competente.
El director de Cuencas del Departamento, Zenón Miranda, señaló que de no modificarse esta propuesta, la Ley Minera estaría vulnerando derechos y garantías de comunidades campesinas y de la población en general.
La CPE establece que los recursos hídricos, sean estos superficiales y subterráneos “no podrán ser objeto de apropiaciones privadas, y tanto ellos como sus servicios no serán concesionados”, dice el artículo 373.
Datos.
Constitución Política del Estado
El agua constituye un derecho fundamentalí́simo para la vida, en el marco de la soberanía del pueblo (Art. 373. Inciso II).
Proyecto Minero
Los operadores mineros que gozan de derechos legales de uso de aguas o de servicios de provisión de agua: 1) en zonas concesibles, ii) bajo jurisdicción municipal, o iii) bajo cualquier otro régimen legal, continuarán ejerciendo dichos derechos de acuerdo a normativa vigente. (Art. 111. Inciso a), II).
Los titulares de Autorizaciones Transitorias Especiales (ATE) de aguas -exconcesiones mineras de aguas- continuarán ejerciendo sus derechos, debiendo sin embargo, sujetarse a las normas de adecuación a Contrato Administrativo Minero previstos en la presente Ley cuando se demuestre que la exconcesión minera de aguas está destinada al servicio de una ATE, que a su vez, se sujeta al régimen de adecuación. (Art. 111. Inciso b), II). Para el uso de aguas de dominio privado o comunitario, el actor productivo minero deberá llegar a un acuerdo con el titular, y a falta de ello, cumplir con los trámites de autorización administrativa.
El inciso VII) del artículo 111 de la mencionada propuesta normativa dice que, “En la eventualidad de que no existiera acuerdo entre el titular de los derechos mineros y el o los titulares de derechos del agua del dominio privado para su uso por el titular minero, este último podrá presentar ante el Director Departamental o Regional competente, solicitud de autorización administrativa para el reconocimiento del derecho de uso”.
Asimismo, la norma le otorga a los mineros variar los cursos de agua a sola solicitud al Director Departamental o Regional competente.
El director de Cuencas del Departamento, Zenón Miranda, señaló que de no modificarse esta propuesta, la Ley Minera estaría vulnerando derechos y garantías de comunidades campesinas y de la población en general.
La CPE establece que los recursos hídricos, sean estos superficiales y subterráneos “no podrán ser objeto de apropiaciones privadas, y tanto ellos como sus servicios no serán concesionados”, dice el artículo 373.
Datos.
Constitución Política del Estado
El agua constituye un derecho fundamentalí́simo para la vida, en el marco de la soberanía del pueblo (Art. 373. Inciso II).
Proyecto Minero
Los operadores mineros que gozan de derechos legales de uso de aguas o de servicios de provisión de agua: 1) en zonas concesibles, ii) bajo jurisdicción municipal, o iii) bajo cualquier otro régimen legal, continuarán ejerciendo dichos derechos de acuerdo a normativa vigente. (Art. 111. Inciso a), II).
Los titulares de Autorizaciones Transitorias Especiales (ATE) de aguas -exconcesiones mineras de aguas- continuarán ejerciendo sus derechos, debiendo sin embargo, sujetarse a las normas de adecuación a Contrato Administrativo Minero previstos en la presente Ley cuando se demuestre que la exconcesión minera de aguas está destinada al servicio de una ATE, que a su vez, se sujeta al régimen de adecuación. (Art. 111. Inciso b), II). Para el uso de aguas de dominio privado o comunitario, el actor productivo minero deberá llegar a un acuerdo con el titular, y a falta de ello, cumplir con los trámites de autorización administrativa.
domingo, 6 de abril de 2014
La ley minera que no debió ser modificada, ya sufrió 25 cambios
Por supuesto que no tiene que cambiarse nada, sino aprobarse lo que está concertado, lo que han acordado”.
Ése fue el pedido que hizo a la Asamblea Legislativa el presidente Evo Morales el 17 de marzo, cuando se presentó el proyecto de ley minera. En ese acto, Morales compartió la presentación con los representantes de los cooperativistas, los mineros privados y los sindicalizados.
No obstante, doce días después de esa ceremonia (el 29 de marzo) la Cámara de Diputados modificó 25 artículos del texto, lo que detonó un conflicto con los cooperativistas, cuyo saldo son: cinco días de bloqueos, cuatro muertos (dos mineros, y dos fallecidos a causa del corte de vías), y la suspensión del tratamiento de esa norma.
La presentación
En su discurso, el día de la presentación del proyecto, Morales sostuvo que la aprobación respectiva en el Legislativo no tardaría mucho, pues -aseguró- el Legislativo "siempre aprueba rápidamente” cuando se trata de normas consensuadas.
Precisamente el consenso que logró la redacción de ese proyecto entre los actores del sector minero -resultado, se dijo, de un trabajo que duró al menos tres años- fue algo en que Morales y el aparato medial del Estado pusieron énfasis. "Estoy muy feliz por el esfuerzo que hacemos para concertar nuestras leyes, eso queremos hacer en todas las normas, y que no nos impongan desde afuera ni desde arriba”, sostuvo entonces Morales.
Al día siguiente el diario estatal Cambio tituló: "El Presidente y los mineros consensúan proyecto de ley”. También la separata "Discurso presidencial”, que distribuye el Ministerio de Comunicación, encabezó: "Normativa minera se construye con consenso y trabajo”.
En el Legislativo
El lunes 24 de marzo, el sitio diputados.bo informó que el proyecto de ley "fue aprobado en grande y en detalle” en la Comisión de Economía Plural de la Cámara Baja, y se mencionó que se introdujeron "algunas modificaciones”, la mayoría "de forma”.
En ese reporte también se reproducen expresiones atribuídas al presidente de esa instancia, José Yucra, quien sostuvo que la Cámara de Diputados iba a darle celeridad al tratamiento del proyecto, atendiendo las recomendaciones de Morales.
El día de la presentación del texto, Morales se refirió a eventuales cambios que se podrían dar en la Asamblea, y aseguró: "Algunos compañeros parlamentarios, por cuestiones de figuración, quieren cambiar algo, nosotros también estaremos pendientes de la aprobación correspondiente”.
El Jefe de Estado agregó: "No vamos a tardar ni tres días. Hoy voy a enviar al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, al compañero Álvaro García Linera, pidiendo que hoy mismo derive a una de las cámaras”.
Los anuncios y los cambios
Pero la señal de eventuales modificaciones ocurrió el 28 de marzo, cuando el documento se trataba en el pleno de Diputados. Marcelo Elío, presidente de esa instancia, declaró que si bien el proyecto fue elaborado sobre la base de un consenso, se había identificado que, por ejemplo, el artículo 151 era contrario a la Constitución.
Ese punto, según la versión remitida al Legislativo por el Ejecutivo, permitía a los cooperativistas suscribir contratos de forma directa "con otros actores mineros privados o cooperativas” para la explotación de recursos.
Elío, entonces, dijo que la única instancia "que firma contratos de asociación es el Estado”, y un día después Diputados aprobó el texto con 25 modificaciones, y se lo remitió al Senado.
Esa misma jornada cuando se sancionó en la Cámara Baja el documento, el ministro de Minería, Mario Virreira, reconoció que se estaba "dando una potestad a las cooperativas que no corresponde”. Dos días después sobrevinieron los bloqueos, que duraron hasta el viernes pasado.
¿Vuelta a fojas cero?
Tras la violencia y la muerte de dos mineros, el Gobierno decidió suspender el tratamiento de la norma en el Senado. El ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana afirmó el martes que ese proceso quedaba en "fojas cero”. No obstante, al día siguiente el ministro de Gobierno Carlos Romero lo contradijo y afirmó que "hubo debilidad técnica, pero no significa que todo el trabajo que se hizo se descarta”.
La posición de los cooperativistas se hizo patente el 2 de abril en una solicitada en medios impresos, que titularon: "El ministro de Minería miente”.
En ella sostienen que los cooperativistas justificaron "legal, económica y socialmente” que ese proyecto se ampara en la Constitución.
Además, al finalizar, aseguran: "Así como estamos conscientes de que muchas de las medidas implementadas por el Proceso de Cambio tienen carácter irreversible, el crecimiento y fortalecimiento de las cooperativas mineras no la detiene nadie”.
Punto de vista
Diego Ayo
Sociólogo
Hay un lógico desgajamiento
El Gobierno cuando subió estableció un lazo marital no sólo con cooperativistas, sino con todo tipo de grupos fuertemente corporativos. Hay una estructuración corporativa del Estado, que tiene una lógica acumulativa. Si antes eran tres corporaciones las que succionaban del Estado, hoy son 20. Es un Estado que funciona de esa manera.
Entonces, lo que estamos viviendo hoy es el desencadenamiento lógico de lo que existió antes. Hoy son los cooperativistas, mañana son los cocaleros, si es que el Gobierno se atreve a sacar una ley con alguna cosa que les perjudique, o una ley de eliminación del escalafón del magisterio...
En el fondo, me parece que el Gobierno tuvo una reacción lógica. Pero una reacción después de lo que ha abierto. Es decir, han criado unas wawas malcriadas y claro cuando tienen 18 años ya se quieren subir a la cabeza, y es cuando el Gobierno los quiere frenar. No pues, ya lo fregó desde antes.
Punto de vista
roberto Laserna
Investigador
Era una alianza de tipo "rentista”
El bloque de poder se formó en base a argumentos, proyectos políticos, necesidades, demandas de tipo corporativo. Entonces, si esas demandas no se cumplen de inmediato la reacción del grupo es a distanciarse del bloque, del partido, del Gobierno.
Es decir la alianza del Gobierno con los cooperativistas es una alianza de tipo rentista, corporativista, que solamente funciona en la medida que las distintas partes pueden encontrar satisfacción a sus necesidades particulares.
Pero en la medida que empiezan a chocar los intereses unos con otros, o los intereses de ellos con los de la burocracia estatal, pues claro está que es difícil mantener esa alianza.
Por ello podemos decir que no hay una alianza política fundada en principios, valores ideológicos. Era una alianza circunstancial fundada en satisfacer intereses de grupo.
El Gobierno no ha calculado las expectativas y la resistencia de los cooperativistas.
Ése fue el pedido que hizo a la Asamblea Legislativa el presidente Evo Morales el 17 de marzo, cuando se presentó el proyecto de ley minera. En ese acto, Morales compartió la presentación con los representantes de los cooperativistas, los mineros privados y los sindicalizados.
No obstante, doce días después de esa ceremonia (el 29 de marzo) la Cámara de Diputados modificó 25 artículos del texto, lo que detonó un conflicto con los cooperativistas, cuyo saldo son: cinco días de bloqueos, cuatro muertos (dos mineros, y dos fallecidos a causa del corte de vías), y la suspensión del tratamiento de esa norma.
La presentación
En su discurso, el día de la presentación del proyecto, Morales sostuvo que la aprobación respectiva en el Legislativo no tardaría mucho, pues -aseguró- el Legislativo "siempre aprueba rápidamente” cuando se trata de normas consensuadas.
Precisamente el consenso que logró la redacción de ese proyecto entre los actores del sector minero -resultado, se dijo, de un trabajo que duró al menos tres años- fue algo en que Morales y el aparato medial del Estado pusieron énfasis. "Estoy muy feliz por el esfuerzo que hacemos para concertar nuestras leyes, eso queremos hacer en todas las normas, y que no nos impongan desde afuera ni desde arriba”, sostuvo entonces Morales.
Al día siguiente el diario estatal Cambio tituló: "El Presidente y los mineros consensúan proyecto de ley”. También la separata "Discurso presidencial”, que distribuye el Ministerio de Comunicación, encabezó: "Normativa minera se construye con consenso y trabajo”.
En el Legislativo
El lunes 24 de marzo, el sitio diputados.bo informó que el proyecto de ley "fue aprobado en grande y en detalle” en la Comisión de Economía Plural de la Cámara Baja, y se mencionó que se introdujeron "algunas modificaciones”, la mayoría "de forma”.
En ese reporte también se reproducen expresiones atribuídas al presidente de esa instancia, José Yucra, quien sostuvo que la Cámara de Diputados iba a darle celeridad al tratamiento del proyecto, atendiendo las recomendaciones de Morales.
El día de la presentación del texto, Morales se refirió a eventuales cambios que se podrían dar en la Asamblea, y aseguró: "Algunos compañeros parlamentarios, por cuestiones de figuración, quieren cambiar algo, nosotros también estaremos pendientes de la aprobación correspondiente”.
El Jefe de Estado agregó: "No vamos a tardar ni tres días. Hoy voy a enviar al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, al compañero Álvaro García Linera, pidiendo que hoy mismo derive a una de las cámaras”.
Los anuncios y los cambios
Pero la señal de eventuales modificaciones ocurrió el 28 de marzo, cuando el documento se trataba en el pleno de Diputados. Marcelo Elío, presidente de esa instancia, declaró que si bien el proyecto fue elaborado sobre la base de un consenso, se había identificado que, por ejemplo, el artículo 151 era contrario a la Constitución.
Ese punto, según la versión remitida al Legislativo por el Ejecutivo, permitía a los cooperativistas suscribir contratos de forma directa "con otros actores mineros privados o cooperativas” para la explotación de recursos.
Elío, entonces, dijo que la única instancia "que firma contratos de asociación es el Estado”, y un día después Diputados aprobó el texto con 25 modificaciones, y se lo remitió al Senado.
Esa misma jornada cuando se sancionó en la Cámara Baja el documento, el ministro de Minería, Mario Virreira, reconoció que se estaba "dando una potestad a las cooperativas que no corresponde”. Dos días después sobrevinieron los bloqueos, que duraron hasta el viernes pasado.
¿Vuelta a fojas cero?
Tras la violencia y la muerte de dos mineros, el Gobierno decidió suspender el tratamiento de la norma en el Senado. El ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana afirmó el martes que ese proceso quedaba en "fojas cero”. No obstante, al día siguiente el ministro de Gobierno Carlos Romero lo contradijo y afirmó que "hubo debilidad técnica, pero no significa que todo el trabajo que se hizo se descarta”.
La posición de los cooperativistas se hizo patente el 2 de abril en una solicitada en medios impresos, que titularon: "El ministro de Minería miente”.
En ella sostienen que los cooperativistas justificaron "legal, económica y socialmente” que ese proyecto se ampara en la Constitución.
Además, al finalizar, aseguran: "Así como estamos conscientes de que muchas de las medidas implementadas por el Proceso de Cambio tienen carácter irreversible, el crecimiento y fortalecimiento de las cooperativas mineras no la detiene nadie”.
Punto de vista
Diego Ayo
Sociólogo
Hay un lógico desgajamiento
El Gobierno cuando subió estableció un lazo marital no sólo con cooperativistas, sino con todo tipo de grupos fuertemente corporativos. Hay una estructuración corporativa del Estado, que tiene una lógica acumulativa. Si antes eran tres corporaciones las que succionaban del Estado, hoy son 20. Es un Estado que funciona de esa manera.
Entonces, lo que estamos viviendo hoy es el desencadenamiento lógico de lo que existió antes. Hoy son los cooperativistas, mañana son los cocaleros, si es que el Gobierno se atreve a sacar una ley con alguna cosa que les perjudique, o una ley de eliminación del escalafón del magisterio...
En el fondo, me parece que el Gobierno tuvo una reacción lógica. Pero una reacción después de lo que ha abierto. Es decir, han criado unas wawas malcriadas y claro cuando tienen 18 años ya se quieren subir a la cabeza, y es cuando el Gobierno los quiere frenar. No pues, ya lo fregó desde antes.
Punto de vista
roberto Laserna
Investigador
Era una alianza de tipo "rentista”
El bloque de poder se formó en base a argumentos, proyectos políticos, necesidades, demandas de tipo corporativo. Entonces, si esas demandas no se cumplen de inmediato la reacción del grupo es a distanciarse del bloque, del partido, del Gobierno.
Es decir la alianza del Gobierno con los cooperativistas es una alianza de tipo rentista, corporativista, que solamente funciona en la medida que las distintas partes pueden encontrar satisfacción a sus necesidades particulares.
Pero en la medida que empiezan a chocar los intereses unos con otros, o los intereses de ellos con los de la burocracia estatal, pues claro está que es difícil mantener esa alianza.
Por ello podemos decir que no hay una alianza política fundada en principios, valores ideológicos. Era una alianza circunstancial fundada en satisfacer intereses de grupo.
El Gobierno no ha calculado las expectativas y la resistencia de los cooperativistas.
Analistas ven que persiste la esencia “neoliberal” en ley minera
Un Código de Minería aprobado por un gobierno calificado de neoliberal por la administración de Evo Morales, continúa vigente con amplios beneficios para el sector cooperativista y que fueron ratificados en el cuestionado proyecto de Ley de Minería y Metalurgia que causó bloqueos de carretera, cuatro muertes y diálogos sin soluciones.
El 17 de marzo de 1997, el actual Código de Minería fue promulgado y entre sus puntos establece dar concesiones mineras a "personas individuales o colectivas, nacionales o extranjeras con derecho real y exclusivo de realizar por tiempo indefinido actividades de prospección, exploración, explotación, concentración, fundición, refinación y comercialización de todas las substancias minerales que se encuentren en ella”.
Esta norma, según el expresidente de Comibol, Héctor Córdova, en su Art. 21, se traduce en la otorgación de medidas "más favorables a las cooperativas, por autorizarlas a firmar contratos con quien sea”.
Dicho artículo dispone que "las sociedades cooperativas mineras podrán asociarse y suscribir contratos de cualquier naturaleza, incluidos contratos de riesgo compartido con la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) o con otras personas individuales o colectivas, nacionales o extranjeras, sin perder su naturaleza de entidades de interés social”.
Esta disposición fue ratificada en el proyecto de Ley de Minería y Metalurgia en su Art. 151, rechazado por el Legislativo y que en su primera redacción disponía de igual forma que "los titulares de licencias de prospección y exploración o de contratos administrativos mineros de la industria minera privada y cooperativa, pueden suscribir en cualquier momento contratos con otros actores productivos mineros privados o cooperativas, legalmente establecidos, para el cumplimiento en forma asociada de sus respectivas obligaciones”. Es decir, según Córdova, en nada cambió el proyecto de ley en comparación al Código de Minería. Al respecto, el director del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), Marco Gandarillas, aseguró que el proyecto de ley reafirma las "innumerables ventajas” concedidas al sector cooperativista dentro del Código de 1997.
"Entonces lo que se está haciendo es reconocer la legalidad de todos los contratos mineros que se firmaron desde el Código Minero firmado por (expresidente) Gonzalo Sánchez de Lozada; un cambio sustancial no existe, así que se consolida el régimen privatizador de los minerales”, enfatizó.
Para Córdova la vigente norma dispone otros beneficios económicos que no se modificaron con el actual proyecto, "como la liberación de la alícuota adicional al impuesto a las utilidades”.
El artículo modificado 102 del Código de Minería detalla que "la alícuota adicional no alcanza a las cooperativas mineras legalmente establecidas en el país, por considerarse unidades productivas de naturaleza social”.
"Las cooperativas son entidades lucrativas cuyo propósito es ganar para distribuir eso entre los socios; sin embargo, la ley los define como instituciones sociales, autogestionables de interés social y sin fines de lucro”, dijo Gandarillas.
Exportación en valores
En ese sentido, las exportaciones mineras en 2012 alcanzaron a 3.692 millones de dólares; sin embargo, las regalías para el país son 131 millones. Gandarillas establece que de ese total, 45,6% corresponde a la minería mediana (1.687 millones de dólares), 48,2% a las cooperativas (1.780 millones) y la minería estatal exportó 225 (6%).
Leyes que favorecen a cooperativistas mineros
Tras la promulgación del Código de Minería (1997), se aprobaron al menos 28 normas que favorecen a cooperativistas, incluyendo la Constitución Política del Estado (2010), según el expresidente de Comibol, Héctor Córdova. Entre los últimos se puede citar: el Decreto Supremo 27205 (2003) crea el Fondo Minero de Inversión (FOMIN) para la reactivación de la minería cooperativa, destinándose para ello tres millones de dólares. La Ley 3787 (2007) crea una alícuota adicional del 12,5% al Impuesto a la Utilidad de las Empresas (IUE), pero se ratifica que dicha alícuota "no alcanza a las cooperativas minerales legalmente establecidas en el país, por considerarse unidades productivas de naturaleza social”.
La Ley 186 (2011) dispone el régimen de "tasa cero en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para las ventas de minerales en su primera fase de comercialización”.
Punto de vista
MARIO VIRREIRA Ministro de Minería y Metalurgia
"Los recursos
son del Estado”
En relación con el tema de las cooperativas, este proyecto no les afecta en nada, más que en un pequeño porcentaje para cooperativas que tienen relación con empresas privadas, la propia Constitución los incorpora como actores mineros reconocidos junto con las empresas del Estado y las empresas privadas.
Decirles a los hermanos cooperativistas que de las 1.600 cooperativas tenemos sólo 20 casos de estos contratos que se tiene que aprobar. En los demás casos no tenemos ningún problema hasta ahora. La Constitución señala en el artículo 349 que los recursos son propiedad y dominio directo del pueblo boliviano. La administración de estos recursos naturales corresponde al Estado en función al interés colectivo.
Es este punto que tomamos en cuenta para señalar que el Estado es el único que puede otorgar derechos mineros a través de contratos o licencias para que esos actores mineros puedan cumplir directamente su tarea.
El 17 de marzo de 1997, el actual Código de Minería fue promulgado y entre sus puntos establece dar concesiones mineras a "personas individuales o colectivas, nacionales o extranjeras con derecho real y exclusivo de realizar por tiempo indefinido actividades de prospección, exploración, explotación, concentración, fundición, refinación y comercialización de todas las substancias minerales que se encuentren en ella”.
Esta norma, según el expresidente de Comibol, Héctor Córdova, en su Art. 21, se traduce en la otorgación de medidas "más favorables a las cooperativas, por autorizarlas a firmar contratos con quien sea”.
Dicho artículo dispone que "las sociedades cooperativas mineras podrán asociarse y suscribir contratos de cualquier naturaleza, incluidos contratos de riesgo compartido con la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) o con otras personas individuales o colectivas, nacionales o extranjeras, sin perder su naturaleza de entidades de interés social”.
Esta disposición fue ratificada en el proyecto de Ley de Minería y Metalurgia en su Art. 151, rechazado por el Legislativo y que en su primera redacción disponía de igual forma que "los titulares de licencias de prospección y exploración o de contratos administrativos mineros de la industria minera privada y cooperativa, pueden suscribir en cualquier momento contratos con otros actores productivos mineros privados o cooperativas, legalmente establecidos, para el cumplimiento en forma asociada de sus respectivas obligaciones”. Es decir, según Córdova, en nada cambió el proyecto de ley en comparación al Código de Minería. Al respecto, el director del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), Marco Gandarillas, aseguró que el proyecto de ley reafirma las "innumerables ventajas” concedidas al sector cooperativista dentro del Código de 1997.
"Entonces lo que se está haciendo es reconocer la legalidad de todos los contratos mineros que se firmaron desde el Código Minero firmado por (expresidente) Gonzalo Sánchez de Lozada; un cambio sustancial no existe, así que se consolida el régimen privatizador de los minerales”, enfatizó.
Para Córdova la vigente norma dispone otros beneficios económicos que no se modificaron con el actual proyecto, "como la liberación de la alícuota adicional al impuesto a las utilidades”.
El artículo modificado 102 del Código de Minería detalla que "la alícuota adicional no alcanza a las cooperativas mineras legalmente establecidas en el país, por considerarse unidades productivas de naturaleza social”.
"Las cooperativas son entidades lucrativas cuyo propósito es ganar para distribuir eso entre los socios; sin embargo, la ley los define como instituciones sociales, autogestionables de interés social y sin fines de lucro”, dijo Gandarillas.
Exportación en valores
En ese sentido, las exportaciones mineras en 2012 alcanzaron a 3.692 millones de dólares; sin embargo, las regalías para el país son 131 millones. Gandarillas establece que de ese total, 45,6% corresponde a la minería mediana (1.687 millones de dólares), 48,2% a las cooperativas (1.780 millones) y la minería estatal exportó 225 (6%).
Leyes que favorecen a cooperativistas mineros
Tras la promulgación del Código de Minería (1997), se aprobaron al menos 28 normas que favorecen a cooperativistas, incluyendo la Constitución Política del Estado (2010), según el expresidente de Comibol, Héctor Córdova. Entre los últimos se puede citar: el Decreto Supremo 27205 (2003) crea el Fondo Minero de Inversión (FOMIN) para la reactivación de la minería cooperativa, destinándose para ello tres millones de dólares. La Ley 3787 (2007) crea una alícuota adicional del 12,5% al Impuesto a la Utilidad de las Empresas (IUE), pero se ratifica que dicha alícuota "no alcanza a las cooperativas minerales legalmente establecidas en el país, por considerarse unidades productivas de naturaleza social”.
La Ley 186 (2011) dispone el régimen de "tasa cero en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para las ventas de minerales en su primera fase de comercialización”.
Punto de vista
MARIO VIRREIRA Ministro de Minería y Metalurgia
"Los recursos
son del Estado”
En relación con el tema de las cooperativas, este proyecto no les afecta en nada, más que en un pequeño porcentaje para cooperativas que tienen relación con empresas privadas, la propia Constitución los incorpora como actores mineros reconocidos junto con las empresas del Estado y las empresas privadas.
Decirles a los hermanos cooperativistas que de las 1.600 cooperativas tenemos sólo 20 casos de estos contratos que se tiene que aprobar. En los demás casos no tenemos ningún problema hasta ahora. La Constitución señala en el artículo 349 que los recursos son propiedad y dominio directo del pueblo boliviano. La administración de estos recursos naturales corresponde al Estado en función al interés colectivo.
Es este punto que tomamos en cuenta para señalar que el Estado es el único que puede otorgar derechos mineros a través de contratos o licencias para que esos actores mineros puedan cumplir directamente su tarea.
Conozca 10 aspectos de nueva ley minera
Cuatro muertos, decenas de heridos, seis departamentos bloqueados, escasez de carne y alimentos, diálogos sin toma de decisiones, un asesor presuntamente echado por el ministro de Minería y el cargo de él mismo en vilo son algunos de los hechos que ha dejado el proyecto de Ley de Minería y Metalurgia, una norma cuya elaboración duró al menos tres años y que ha vuelto a enfrentar a cooperativistas y asalariados.
El proyecto de ley fue entregado al presidente Evo Morales el lunes 17 de marzo por representantes de los empresarios, cooperativas y sindicatos mineros.
En la ocasión, la comitiva minera encomendó aprobar el documento sin cambios e, incluso, Morales destacó que la normativa fue trabajada por los cuatro sectores (incluyendo el Gobierno) y pidió a los congresistas que no hagan cambios.
Pero una semana después, los enfrentamientos, las muertes y los bloqueos motivaron al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, a decir que el proyecto de ley volvía a fojas cero; aunque luego fue contradicho por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien emprendió un difícil diálogo.
Pero, ¿qué establecen los 241 artículos de este conflictivo proyecto de ley que ha levantado tanta pólvora en las dos últimas semanas? ¿Cuáles son los intereses afectados? Más allá del discutido artículo 151, es necesario dilucidar algunas ideas sobre los cambios que surgirían con la aprobación de la nueva norma
1 ¿Qué regula el proyecto de Ley de Minería y a qué norma reemplaza?
Regula las actividades minero-metalúrgicas. Establece lineamientos para la otorgación, conservación y extinción de derechos mineros y para el desarrollo y continuidad de las actividades minero-metalúrgicas. Además, determina la nueva estructura institucional, los roles y las atribuciones del Estado y de los actores mineros.
Reemplaza a la Ley 1777 del Código de Minería, promulgado por Gonzalo Sánchez de Lozada en 1997, que regula el dominio de los minerales, de las concesiones y de los sujetos de derechos mineros y sus modificaciones y reglamentos, vigentes con anterioridad al proyecto de Ley de Minería.
2¿Qué ventajas daba la concesión? ¿Cómo se garantizaba su retención y cuánto duraba?
Las concesiones mineras, según el Código de Minería, podían ser otorgadas a individuos o colectivos, nacionales o extranjeros que las solicitasen. Eran un bien inmueble transferible y transmisible como herencia, es decir, podían ser hipotecadas para préstamos bancarios.
Si el titular pagaba las respectivas patentes tenía derecho de realizar en su concesión actividades de prospección, exploración, explotación, concentración, fundición, refinación y comercialización de todas las substancias minerales, incluidos los desmontes, por tiempo indefinido o dejar de hacerlo si quería.
3¿Qué tipo de contrato sustituirá a las concesiones y cuáles son sus características?
Las concesiones mineras, otorgadas en contrato de arrendamiento por la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) a las cooperativas, se adecuarán a Contratos Administrativo Minero, a suscribirse con la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).
En las concesiones a empresas, otorgadas en contratos de asociación o de riesgo compartido, seguirán vigentes hasta su vencimiento según sus términos. Asimismo, se abre la posibilidad de que durante su vigencia sean adecuadas a contratos de asociación minera.
4¿Quiénes pueden firmar un contrato administrativo?
Tanto a los grupos mineros nacionalizados como las otras Autorizaciones Transitorias Especiales (ATE) de Comibol, que incluyen a concesiones otorgadas a cooperativas, o sea, cualquier actor productivo minero debidamente constituido y registrado podrá solicitar derechos mineros en las áreas de libre disponibilidad determinadas de acuerdo con la presente ley, para Prospección y Exploración o para Explotación.
Quienes soliciten áreas deberán presentar su respectivo Plan de Trabajo y Presupuesto Financiero para Prospección y Exploración en tres meses
5¿Cuánto pagarán al Estado?
Los titulares de derechos mineros, pagarán patentes mineras de Prospección y Exploración (Bs 325 anuales por cuadrícula), prospección aérea (Bs 50.000 por cada licencia), explotación (Bs 400 anuales por cuadrícula hasta 30 cuadrículas , 500 bolivianos anuales por 31 a 40 cuadrículas, y más de Bs 600 por 41 cuadrículas en adelante).
La patente se pagará con un incremento del 100% si los derechos originales tengan más de cinco años de antigüedad.
Sin embargo, la determinación de las regalías no está dentro del nuevo proyecto de ley, puesto que será parte de otro cuerpo legal.
6¿Cuánto pagan las cooperativas al Estado y cuántas son?
Aparte del pago de patentes, las cooperativas no pagan impuestos y dejan regalías al Estado por un 2,5 % de sus ventas, mientras que las empresas mineras pagan un 8,5 %.
Además, las empresas pagan una alícuota adicional del 25% sobre las utilidades extraordinarias y un impuesto del 12,5% sobre el valor bruto de las remisiones de las empresas mineras a otros países.
Los constantes cambios en la legislación tributaria y fluctuaciones en el precio internacional de los minerales ocasionaron que el pago de impuestos varíe entre minerales y sectores en los últimos años.
7¿Por qué protestan las cooperativas mineras?
Las cooperativas exigen que el artículos 151 se apruebe tal como lo elaboraron. Con ello, los titulares de Licencias de Prospección y Exploración o de Contratos Administrativos Mineros de la industria privada y cooperativa, pueden suscribirse en cualquier momento con otros actores productivos mineros privados o cooperativas legalmente establecidos.
El Gobierno considera que eso va contra la Constitución Política del Estado, puesto que se corre el riesgo de que las cooperativas se asocien con transnacionales y sigan gozando de los beneficios de una cooperativa. En la actualidad, hay cooperativas con inversión de empresas privadas extranjeras.
Si se afirma que el consenso tardó tres años, ¿por qué siguen las protestas?
El consenso fue posible luego de tres años, según analistas, gracias a la ausencia de un capítulo referido al régimen tributario que, de acuerdo con el Gobierno, será incluido en una nueva reforma tributaria general.
La negativa del Gobierno a un artículo que favorecería y legalizaría las actuales inversiones de empresas privadas en las cooperativas despierta la furia de las cooperativas.
Por otro lado, el Gobierno se niega a aprobar un artículo que permitiría, según expertos, que el sector cooperativo llegue a tener mayores ganancias que el Estado y sus empresas estratégicas, varias de ellas dedicadas a la minería.
¿Cuál es la posición del Gobierno?
Luego de los enfrentamientos del lunes, que dejaron el resultado de dos mineros muertos y tres policías tomados como rehenes, el ministro de la Presidencia indicó que el proyecto de Ley de Minería volvía a fojas cero.
Sin embargo, el miércoles, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, lo contradijo e indicó que se debía consensuar las modificaciones al nuevo proyecto. El diálogo se trasladó a Oruro.
El jueves se supo que las desavenencias en medio del Ejecutivo cobraron el cargo de uno de los asesores del ministro de Minería, Mario Virreira, e incluso corre la versión de que los cooperativistas pidieron la renuncia de Virreira.
¿Cuáles son las posibles salidas del conflicto?
La salida al conflicto que exigen los mineros cooperativistas es que el proyecto de Ley de Minería sea aprobado sin modificaciones, mientras que la solución que proponen algunos sectores del Gobierno es que el documento quede anulado y se inicie una nueva redacción entre todos los actores.
Por otro lado, surgen voces que exigen que no sólo sean las empresas, el Gobierno, las cooperativas y los sindicatos quienes elaboren la nueva norma, sino también los pueblos indígenas originario campesinos que viven en áreas mineras.
Otro sector del Gobierno espera consensuar la norma.
El proyecto de ley fue entregado al presidente Evo Morales el lunes 17 de marzo por representantes de los empresarios, cooperativas y sindicatos mineros.
En la ocasión, la comitiva minera encomendó aprobar el documento sin cambios e, incluso, Morales destacó que la normativa fue trabajada por los cuatro sectores (incluyendo el Gobierno) y pidió a los congresistas que no hagan cambios.
Pero una semana después, los enfrentamientos, las muertes y los bloqueos motivaron al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, a decir que el proyecto de ley volvía a fojas cero; aunque luego fue contradicho por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien emprendió un difícil diálogo.
Pero, ¿qué establecen los 241 artículos de este conflictivo proyecto de ley que ha levantado tanta pólvora en las dos últimas semanas? ¿Cuáles son los intereses afectados? Más allá del discutido artículo 151, es necesario dilucidar algunas ideas sobre los cambios que surgirían con la aprobación de la nueva norma
1 ¿Qué regula el proyecto de Ley de Minería y a qué norma reemplaza?
Regula las actividades minero-metalúrgicas. Establece lineamientos para la otorgación, conservación y extinción de derechos mineros y para el desarrollo y continuidad de las actividades minero-metalúrgicas. Además, determina la nueva estructura institucional, los roles y las atribuciones del Estado y de los actores mineros.
Reemplaza a la Ley 1777 del Código de Minería, promulgado por Gonzalo Sánchez de Lozada en 1997, que regula el dominio de los minerales, de las concesiones y de los sujetos de derechos mineros y sus modificaciones y reglamentos, vigentes con anterioridad al proyecto de Ley de Minería.
2¿Qué ventajas daba la concesión? ¿Cómo se garantizaba su retención y cuánto duraba?
Las concesiones mineras, según el Código de Minería, podían ser otorgadas a individuos o colectivos, nacionales o extranjeros que las solicitasen. Eran un bien inmueble transferible y transmisible como herencia, es decir, podían ser hipotecadas para préstamos bancarios.
Si el titular pagaba las respectivas patentes tenía derecho de realizar en su concesión actividades de prospección, exploración, explotación, concentración, fundición, refinación y comercialización de todas las substancias minerales, incluidos los desmontes, por tiempo indefinido o dejar de hacerlo si quería.
3¿Qué tipo de contrato sustituirá a las concesiones y cuáles son sus características?
Las concesiones mineras, otorgadas en contrato de arrendamiento por la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) a las cooperativas, se adecuarán a Contratos Administrativo Minero, a suscribirse con la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).
En las concesiones a empresas, otorgadas en contratos de asociación o de riesgo compartido, seguirán vigentes hasta su vencimiento según sus términos. Asimismo, se abre la posibilidad de que durante su vigencia sean adecuadas a contratos de asociación minera.
4¿Quiénes pueden firmar un contrato administrativo?
Tanto a los grupos mineros nacionalizados como las otras Autorizaciones Transitorias Especiales (ATE) de Comibol, que incluyen a concesiones otorgadas a cooperativas, o sea, cualquier actor productivo minero debidamente constituido y registrado podrá solicitar derechos mineros en las áreas de libre disponibilidad determinadas de acuerdo con la presente ley, para Prospección y Exploración o para Explotación.
Quienes soliciten áreas deberán presentar su respectivo Plan de Trabajo y Presupuesto Financiero para Prospección y Exploración en tres meses
5¿Cuánto pagarán al Estado?
Los titulares de derechos mineros, pagarán patentes mineras de Prospección y Exploración (Bs 325 anuales por cuadrícula), prospección aérea (Bs 50.000 por cada licencia), explotación (Bs 400 anuales por cuadrícula hasta 30 cuadrículas , 500 bolivianos anuales por 31 a 40 cuadrículas, y más de Bs 600 por 41 cuadrículas en adelante).
La patente se pagará con un incremento del 100% si los derechos originales tengan más de cinco años de antigüedad.
Sin embargo, la determinación de las regalías no está dentro del nuevo proyecto de ley, puesto que será parte de otro cuerpo legal.
6¿Cuánto pagan las cooperativas al Estado y cuántas son?
Aparte del pago de patentes, las cooperativas no pagan impuestos y dejan regalías al Estado por un 2,5 % de sus ventas, mientras que las empresas mineras pagan un 8,5 %.
Además, las empresas pagan una alícuota adicional del 25% sobre las utilidades extraordinarias y un impuesto del 12,5% sobre el valor bruto de las remisiones de las empresas mineras a otros países.
Los constantes cambios en la legislación tributaria y fluctuaciones en el precio internacional de los minerales ocasionaron que el pago de impuestos varíe entre minerales y sectores en los últimos años.
7¿Por qué protestan las cooperativas mineras?
Las cooperativas exigen que el artículos 151 se apruebe tal como lo elaboraron. Con ello, los titulares de Licencias de Prospección y Exploración o de Contratos Administrativos Mineros de la industria privada y cooperativa, pueden suscribirse en cualquier momento con otros actores productivos mineros privados o cooperativas legalmente establecidos.
El Gobierno considera que eso va contra la Constitución Política del Estado, puesto que se corre el riesgo de que las cooperativas se asocien con transnacionales y sigan gozando de los beneficios de una cooperativa. En la actualidad, hay cooperativas con inversión de empresas privadas extranjeras.
Si se afirma que el consenso tardó tres años, ¿por qué siguen las protestas?
El consenso fue posible luego de tres años, según analistas, gracias a la ausencia de un capítulo referido al régimen tributario que, de acuerdo con el Gobierno, será incluido en una nueva reforma tributaria general.
La negativa del Gobierno a un artículo que favorecería y legalizaría las actuales inversiones de empresas privadas en las cooperativas despierta la furia de las cooperativas.
Por otro lado, el Gobierno se niega a aprobar un artículo que permitiría, según expertos, que el sector cooperativo llegue a tener mayores ganancias que el Estado y sus empresas estratégicas, varias de ellas dedicadas a la minería.
¿Cuál es la posición del Gobierno?
Luego de los enfrentamientos del lunes, que dejaron el resultado de dos mineros muertos y tres policías tomados como rehenes, el ministro de la Presidencia indicó que el proyecto de Ley de Minería volvía a fojas cero.
Sin embargo, el miércoles, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, lo contradijo e indicó que se debía consensuar las modificaciones al nuevo proyecto. El diálogo se trasladó a Oruro.
El jueves se supo que las desavenencias en medio del Ejecutivo cobraron el cargo de uno de los asesores del ministro de Minería, Mario Virreira, e incluso corre la versión de que los cooperativistas pidieron la renuncia de Virreira.
¿Cuáles son las posibles salidas del conflicto?
La salida al conflicto que exigen los mineros cooperativistas es que el proyecto de Ley de Minería sea aprobado sin modificaciones, mientras que la solución que proponen algunos sectores del Gobierno es que el documento quede anulado y se inicie una nueva redacción entre todos los actores.
Por otro lado, surgen voces que exigen que no sólo sean las empresas, el Gobierno, las cooperativas y los sindicatos quienes elaboren la nueva norma, sino también los pueblos indígenas originario campesinos que viven en áreas mineras.
Otro sector del Gobierno espera consensuar la norma.
viernes, 4 de abril de 2014
Terminante: La ley minera al congelador
Lo que sucedió días atrás es otro hecho lamentable en el sector minero, una movilización con víctimas fatales y gran cantidad de heridos graves y contusos que se movilizaron obedeciendo instrucciones de sus dirigentes, en rechazo a la ley minera que no fue aprobada como plantearon los mineros cooperativistas, discrepando además en la modificación del art. 151, que resulta la causa de la posición intransigente de los "asociados solidarios".
Si bien el documento fue aprobado en la Cámara Baja, no sucederá lo mismo en la Cámara Alta, donde se abrió el congelador para guardar el proyecto de la ley minera, en baja temperatura y en previsión de que no se dañe en ninguna circunstancia.
La decisión oficial dispone además que "deberán consensuarse" entre los representantes de los operadores mineros, el sector privado, los asalariados y las cooperativas, las posibles enmiendas que sean propuestas, lo que no sucedió en lo que atañe expresamente a la corrección que se hizo en el art. 151 que permitía a un solo sector minero realizar ampliación de contratos con empresas privadas nacionales o extranjeras, cuando en realidad esa potestad corresponde al Estado representado por autoridades sectoriales que deben homologar los contratos referidos a la explotación de los recursos naturales, que además son de propiedad de todos los bolivianos.
UNA FALLA
GARRAFAL
Los lamentables sucesos de los días pasados, se originaron en una posición que todavía defienden los cooperativistas mineros, queriendo justificar un derecho que les permitía extender sus contratos a terceras instancias, lo que hubiera puesto en peligro el uso correcto de nuestras riquezas.
Pero el tema más preocupante es que en tres años y más que transcurren en la dificultosa tarea de lograr acuerdos, consensuar criterios y seleccionar entre muchas las mejores sugerencias para fortalecer la ley… nadie se percató del doble sentido de un artículo, que entre más de 200, se mimetizó, aunque debe deducirse que los delegados cooperativistas, sabían perfectamente de la ventaja que buscaban con la vigencia de un párrafo, que sin embargo contradecía abiertamente el sentido de precautelar la riqueza boliviana, para beneficio general y no sólo de utilidad sectorial.
La pregunta es sencilla… ¿A quién se le escapó la responsabilidad de advertir del error existente? Posiblemente no se identifiquen personas, pero lo cierto es que existió irresponsabilidad en el manejo de los documentos y textos que se incluyeron en el anteproyecto de la ley minera.
Para los cooperativistas era un factor favorable a sus intenciones e intereses, pero lógicamente tales aspectos no podían superponerse al mandato de la CPE y su objeto de cuidar la riqueza natural, propiedad de los bolivianos.
Hay algo que aclarar y que no se menciona por alguna razón especial, es el hecho legal que rige en este momento con la Ley 1777 que no ha sido derogada y por lo mismo está vigente, según lo admiten los propios legisladores, inclusive con su especial característica de Código Minero y que en su art. 91 hace referencia expresa al punto que en el anteproyecto de tratamiento actual se consigna como Art. 151, por lo que sería bueno que los legisladores hagan una tarea comparativa analítica, para descubrir que entre el Código y el anteproyecto hay muchas cosas rescatables y otras que merecen ser radicalmente sustituidas.
De aquí adelante pueden haber muchas alternativas, pues según los cooperativistas hay que modificar buena parte del texto de la norma, para permitir cierta flexibilidad en las operaciones del (¿?) sector, aspecto que por supuesto abrirá un amplio debate para que también los otros sectores, el caso de la minería privada, mediana y chica que tienen algunas interesantes propuestas, lo mismo que el sector de los mineros asalariados y los profesionales y expertos en la materia definan líneas para mejorar las condiciones de la minería estatal.
SI SE VUELCA LA
TORTILLA
Todo este proceso aparentemente técnico – administrativo, según algunos observadores tiene también connotaciones socio-políticas, pues para el Gobierno es importante mantener buenas relaciones con el conglomerado de los cooperativistas, cuyo significativo número tendrá mucho efecto en materia electoral, situación que sin embargo puede tener otras connotaciones dadas las alternativas recientes que, según los analistas, han enfriado esas relaciones.
Si fallan los estrategas del partido oficialista y no logran recuperar la confianza de los mineros cooperativistas que además deberán respetar las normas del sistema solidario que exige igualdad, equidad y respeto entre socios, de acuerdo a las normas vigentes en materia cooperativa, situación que recalcaron algunos ministros, posiblemente tengan que pagar también más del uno por ciento de impuesto en función a los reclamos de mineros asalariados y los privados, que demandan de las autoridades del Ministerio de Finanzas, la elaboración de una ley de impuestos mineros, equitativa y de obligatoriedad igualitaria para tos sectores que exploten los recursos no renovables del país.
Si se vuelca la tortilla la proyección de votos puede sufrir una resta sustancial, de ahí que ahora se ha creado una situación de expectativa entre los también llamados "subsectores de la minería", donde hay nuevas expectativas para alcanzar otros objetivos que en el primer proyecto no se contemplaban y que ahora podrían incluirse, debido a la apertura que se dará – inexorablemente – para seguir tratando la aprobación de la ley minera.
De momento salta a la vista la incomodidad que sienten algunas autoridades del sector minero, tanto en el ministerio como en la Comibol, inclusive en áreas próximas a la cuestión productiva minera en las cuales flota un denso ambiente de dudas sobre responsabilidades no cumplidas, errores cometidos y admitidos y la urgencia de buscar soluciones, sin que rueden algunas cabezas.
Si bien el documento fue aprobado en la Cámara Baja, no sucederá lo mismo en la Cámara Alta, donde se abrió el congelador para guardar el proyecto de la ley minera, en baja temperatura y en previsión de que no se dañe en ninguna circunstancia.
La decisión oficial dispone además que "deberán consensuarse" entre los representantes de los operadores mineros, el sector privado, los asalariados y las cooperativas, las posibles enmiendas que sean propuestas, lo que no sucedió en lo que atañe expresamente a la corrección que se hizo en el art. 151 que permitía a un solo sector minero realizar ampliación de contratos con empresas privadas nacionales o extranjeras, cuando en realidad esa potestad corresponde al Estado representado por autoridades sectoriales que deben homologar los contratos referidos a la explotación de los recursos naturales, que además son de propiedad de todos los bolivianos.
UNA FALLA
GARRAFAL
Los lamentables sucesos de los días pasados, se originaron en una posición que todavía defienden los cooperativistas mineros, queriendo justificar un derecho que les permitía extender sus contratos a terceras instancias, lo que hubiera puesto en peligro el uso correcto de nuestras riquezas.
Pero el tema más preocupante es que en tres años y más que transcurren en la dificultosa tarea de lograr acuerdos, consensuar criterios y seleccionar entre muchas las mejores sugerencias para fortalecer la ley… nadie se percató del doble sentido de un artículo, que entre más de 200, se mimetizó, aunque debe deducirse que los delegados cooperativistas, sabían perfectamente de la ventaja que buscaban con la vigencia de un párrafo, que sin embargo contradecía abiertamente el sentido de precautelar la riqueza boliviana, para beneficio general y no sólo de utilidad sectorial.
La pregunta es sencilla… ¿A quién se le escapó la responsabilidad de advertir del error existente? Posiblemente no se identifiquen personas, pero lo cierto es que existió irresponsabilidad en el manejo de los documentos y textos que se incluyeron en el anteproyecto de la ley minera.
Para los cooperativistas era un factor favorable a sus intenciones e intereses, pero lógicamente tales aspectos no podían superponerse al mandato de la CPE y su objeto de cuidar la riqueza natural, propiedad de los bolivianos.
Hay algo que aclarar y que no se menciona por alguna razón especial, es el hecho legal que rige en este momento con la Ley 1777 que no ha sido derogada y por lo mismo está vigente, según lo admiten los propios legisladores, inclusive con su especial característica de Código Minero y que en su art. 91 hace referencia expresa al punto que en el anteproyecto de tratamiento actual se consigna como Art. 151, por lo que sería bueno que los legisladores hagan una tarea comparativa analítica, para descubrir que entre el Código y el anteproyecto hay muchas cosas rescatables y otras que merecen ser radicalmente sustituidas.
De aquí adelante pueden haber muchas alternativas, pues según los cooperativistas hay que modificar buena parte del texto de la norma, para permitir cierta flexibilidad en las operaciones del (¿?) sector, aspecto que por supuesto abrirá un amplio debate para que también los otros sectores, el caso de la minería privada, mediana y chica que tienen algunas interesantes propuestas, lo mismo que el sector de los mineros asalariados y los profesionales y expertos en la materia definan líneas para mejorar las condiciones de la minería estatal.
SI SE VUELCA LA
TORTILLA
Todo este proceso aparentemente técnico – administrativo, según algunos observadores tiene también connotaciones socio-políticas, pues para el Gobierno es importante mantener buenas relaciones con el conglomerado de los cooperativistas, cuyo significativo número tendrá mucho efecto en materia electoral, situación que sin embargo puede tener otras connotaciones dadas las alternativas recientes que, según los analistas, han enfriado esas relaciones.
Si fallan los estrategas del partido oficialista y no logran recuperar la confianza de los mineros cooperativistas que además deberán respetar las normas del sistema solidario que exige igualdad, equidad y respeto entre socios, de acuerdo a las normas vigentes en materia cooperativa, situación que recalcaron algunos ministros, posiblemente tengan que pagar también más del uno por ciento de impuesto en función a los reclamos de mineros asalariados y los privados, que demandan de las autoridades del Ministerio de Finanzas, la elaboración de una ley de impuestos mineros, equitativa y de obligatoriedad igualitaria para tos sectores que exploten los recursos no renovables del país.
Si se vuelca la tortilla la proyección de votos puede sufrir una resta sustancial, de ahí que ahora se ha creado una situación de expectativa entre los también llamados "subsectores de la minería", donde hay nuevas expectativas para alcanzar otros objetivos que en el primer proyecto no se contemplaban y que ahora podrían incluirse, debido a la apertura que se dará – inexorablemente – para seguir tratando la aprobación de la ley minera.
De momento salta a la vista la incomodidad que sienten algunas autoridades del sector minero, tanto en el ministerio como en la Comibol, inclusive en áreas próximas a la cuestión productiva minera en las cuales flota un denso ambiente de dudas sobre responsabilidades no cumplidas, errores cometidos y admitidos y la urgencia de buscar soluciones, sin que rueden algunas cabezas.
Diálogo Gobierno-cooperativas se centra en Art. 151 de la ley minera
El Gobierno y los cooperativistas mineros, finalmente, se sentaron en la mesa del diálogo en la Gobernación de Oruro. El conversatorio comenzó a las 22.45 de ayer bajo la modalidad de tiempo y materia, y se centraba básicamente en los cambios al artículo 151 de la Ley de Minería.
Los movilizados ingresaron al salón Idelfonso Murguía con la determinación de exigir la aprobación del proyecto consensuado con el Gobierno y sin modificaciones. En cambio, los ministros de Gobierno y de Minería, Carlos Romero y Mario Virreira, respectivamente, anunciaron, antes de participar en el encuentro, que no permitirán que la norma vaya en contra de la Constitución.
A las 02.40 de hoy, el ministro Romero informó a La Razón que la discusión se concentraba en el artículo 151 de la Ley de Minería. Los cooperativistas insistían en que ellos puedan firmar contratos con inversores transnacionales y el Gobierno en preservar el mandato constitucional que impide que las empresas extranjeras tengan tuición directa sobre los recursos naturales del país.
El artículo 151 que fue modificado decía: “Los titulares de licencias de prospección y exploración o de contratos administrativos mineros de la industria minera privada y cooperativa, pueden suscribir en cualquier momento contratos con otros actores productivos mineros privados o cooperativas, legalmente establecidos, para el cumplimiento en forma asociada de sus respectivas obligaciones”.
Pero el ministro Virreira advirtió que esa redacción contradecía el parágrafo II del artículo 351 de la Constitución, que dice que “el Estado podrá suscribir contratos de asociación de economía mixta con personas jurídicas, bolivianas o extranjeras para el aprovechamiento de los recursos naturales, debiendo asegurarse la reinversión de las utilidades económicas en el país”.
Los mineros llegaron a esta reunión después de solicitar varias postergaciones, desde el miércoles. Ayer, el encuentro debió realizarse a las 08.00 en la sede de gobierno, pero por una falta de coordinación se marcharon los trabajadores.
Luego, en la tarde, ellos se reunieron en un ampliado en Vinto, departamento de Oruro, en el que determinaron, según los cooperativistas que conversaron con La Razón, exigir al Gobierno la aprobación de la Ley de Minería que fue consensuada anteladamente y sin alteraciones.
También decidieron que, en caso de no prosperar las negociaciones, radicalizarán sus medidas de presión desde el lunes de la siguiente semana y para ello anunciaron que pedirán a la población que se abastezca. Para asistir al encuentro, los cuentapropistas ingresaron en un cuarto intermedio en su ampliado.
Los ministros Romero y Virreira, y el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, aguardaron a los mineros inicialmente a las 18.00, luego a las 20.00 y finalmente a las 22.00. Romero indicó a los medios de comunicación que no se puede hablar de propuestas del Gobierno de manera antelada y solo dejó establecido que cualquier convenio no puede ir sobre la Carta Magna.
Instalar el conversatorio fue difícil, dijo hoy en la madrugada Romero, ya que los mineros estaban “envalentonados” por los muertos y se tuvo que realizar una larga reflexión sobre la movilización. Después, el Gobierno ofreció apoyo y atención a los heridos a través del Ministerio de Salud. Entonces, el diálogo pasó a considerar el artículo 151 de la Ley de Minería.
Cambios que causan bloqueos
Cambios
El conflicto con los mineros se desató por la aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley de Minería con modificaciones realizadas con el argumento de que ésta contenía artículos inconstitucionales. Los cooperativistas que hacían vigilia en la Asamblea anunciaron el inicio de medidas de presión.
Demanda
Los movilizados exigen que la norma del área sea aprobada sin modificaciones, porque fue consensuada con el Gobierno. Con ella, los mineros podrían arrendar sus concesiones a empresas privadas y seguir tributando como cooperativas, con un régimen favorable.
Nueve carreteras continúan bloqueadas
ANF
El gerente de Conservación de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Andrés Cossío, confirmó ayer la existencia de nueve puntos de bloqueo protagonizados por los cooperativistas mineros a lo largo de la red fundamental.
Detalló que los cuentapropistas mantienen el corte de vías en los sectores de Vichuloma, Machacamarca, Huanuni, Machacamarquita (Oruro); Cruce Tarapaya, San Antonio, Cruce Quivi Quivi, Puna y Cotagaita (Potosí).
También se reportó el cierre de carreteras en el tramo Parotani-Suticollo (Cochabamba), Núcleo de Hoz-San Ramón-Puente Quiser (Santa Cruz).
“Ésa es la información que tenemos referente a los bloqueos que se han ejecutado por temas sociales. Se hizo una evaluación y por el momento no tenemos reportes de daños en la plataforma y capa asfáltica producto del uso de dinamita”, dijo. Asimismo, informó que existen otros siete tramos que presentan problemas por efecto de las inundaciones.
Por los fenómenos climatológicos están cerrados los tramos entre el puente Chevejecuré-San Ignacio-Santa Rosa-Macabi- Puente Yata y Riberalta-Guayaramerín en el Beni. En el departamento de Santa Cruz está intransitable el tramo del Yeso, y en Pando, Peña Amarilla-Naranjal.
Como efecto de la persistencia del cierre de carreteras, la Terminal de Buses de La Paz dejó de vender boletos hasta nuevo aviso de las autoridades de Tránsito. Una empresa lo hizo, pero tuvo que devolver el dinero a los viajeros. El corte de rutas en Cochabamba obligó a caminar hasta cuatro kilómetros a los que se quedaron varados.
jueves, 3 de abril de 2014
Coridup: Ley de Aguas debe aprobarse antes de Ley Minera
La Coordinadora en Defensa de la Cuenca del río Desaguadero y los lagos Uru Uru y Poopó" (Coridup) en reunión extraordinaria y con presencia de los directivos, pide exigir a las autoridades legislativas la aprobación del ante proyecto de Ley marco de Aguas para la vida, de manera previa a la nueva Ley Minera.
El presidente de Coridup, Félix Laime, manifestó que analizado el ante proyecto de Ley Minera, se establece que la realidad y las condiciones de vida de las comunidades afectadas por la contaminación minera, no encuentran la protección, ni el derecho a la vida saludable que el Estado debe garantizar a los pueblos indígenas, originarios campesinos, por el contrario anteponiendo la actividad minera como un recurso natural mercantilizado.
"El proyecto de ley de minería, que fue presentado el día 17 de marzo del presente año ante la Asamblea Legislativa, no fue consultado con todas las organizaciones sociales, sino que, solamente se ha consensuado entre el Gobierno y el sector minero cooperativista, en este sentido se ha violado el derecho fundamental a la consulta"
Manifestó que la Coridup exige que la socialización de este anteproyecto de ley minera se lleve a cabo en las comunidades afectadas y en todo el territorio nacional, considerando que los recursos naturales son de todos los bolivianos.
"Las comunidades afectadas por la contaminación se declaran en estado de emergencia a partir de la fecha, si en caso de que el proyecto de ley sea aprobado tal cual fue presentado, las comunidades afectadas tomaremos medidas de hecho porque atentan a nuestros derechos", aseveró.
Explicó que las cuatro subcuencas Desaguadero, San Juan de Sora Sora, Poopó y Cañadón Antequera son zonas donde se evidencia actividad minera metalúrgica.
"Muchas de estas comunidades que son parte de esta organización, son agro-mineras. A lo largo de estas comunidades existen alrededor de 300 minas, también inmensos sembradíos y pastizales. La situación ambiental en las últimas décadas se ha convertido insostenible, afectando la producción agropecuaria de las comunidades", aseveró Laime.
El presidente de Coridup, Félix Laime, manifestó que analizado el ante proyecto de Ley Minera, se establece que la realidad y las condiciones de vida de las comunidades afectadas por la contaminación minera, no encuentran la protección, ni el derecho a la vida saludable que el Estado debe garantizar a los pueblos indígenas, originarios campesinos, por el contrario anteponiendo la actividad minera como un recurso natural mercantilizado.
"El proyecto de ley de minería, que fue presentado el día 17 de marzo del presente año ante la Asamblea Legislativa, no fue consultado con todas las organizaciones sociales, sino que, solamente se ha consensuado entre el Gobierno y el sector minero cooperativista, en este sentido se ha violado el derecho fundamental a la consulta"
Manifestó que la Coridup exige que la socialización de este anteproyecto de ley minera se lleve a cabo en las comunidades afectadas y en todo el territorio nacional, considerando que los recursos naturales son de todos los bolivianos.
"Las comunidades afectadas por la contaminación se declaran en estado de emergencia a partir de la fecha, si en caso de que el proyecto de ley sea aprobado tal cual fue presentado, las comunidades afectadas tomaremos medidas de hecho porque atentan a nuestros derechos", aseveró.
Explicó que las cuatro subcuencas Desaguadero, San Juan de Sora Sora, Poopó y Cañadón Antequera son zonas donde se evidencia actividad minera metalúrgica.
"Muchas de estas comunidades que son parte de esta organización, son agro-mineras. A lo largo de estas comunidades existen alrededor de 300 minas, también inmensos sembradíos y pastizales. La situación ambiental en las últimas décadas se ha convertido insostenible, afectando la producción agropecuaria de las comunidades", aseveró Laime.
Ejecutivo vulneraría CPE al “anular” Ley de Minería que trata Legislativo
El Ejecutivo no puede anular una ley que se trata en el Legislativo y llevarla a fojas cero para volverla a construir ya que ese acto implicaría una violación a la Constitución Política del Estado (CPE), porque cada instancia estatal es independiente y tiene procedimientos establecidos en un reglamento, coincidieron asambleístas del oficialismo, la oposición y el precandidato Fernando Untoja; por lo tanto, la Ley de Minería debería continuar su tratamiento en la Asamblea Legislativa.
“Si la ley ha sido aprobada en la Cámara de Diputados y el Gobierno no puede venir y anularla así, al calor de la coyuntura, así sea el Órgano Ejecutivo y se crean dueños del poder, no pueden porque estarían violando la ley y no estarían respetando al Órgano Legislativo, entonces para qué están los diputados. Simplemente que el Gobierno elabore una reglamentación para los cooperativistas”, sugirió Untoja.
El artículo 12 de la CPE dice que “el Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos”.
“Los tres poderes son independientes y el no cumplir esta norma constitucional, es violar la CPE e incluso violar el propio reglamento de la Cámara de Diputados. Y también muestra del señor Quintana un desconocimiento absoluto de cómo funciona el Estado”, aseveró Untoja por el término errado de “fojas cero”.
OFICIALISMO Y OPOSICIÓN
El presidente de la Comisión de Economía Plural, José Yucra, afirmó que el proyecto de ley aprobado en grande y detalle en el pleno de diputados no puede ser reelaborado desde un inicio. “Mientras esté en la Cámara de Diputados y Senadores, no hay fojas cero. Cuando nosotros aprobamos un proyecto lo hacemos bajo un procedimiento legislativo”, señaló.
El manejo de una propuesta de ley es que el Órgano Ejecutivo o cualquier otra instancia manda un proyecto, el pleno de la Cámara de Diputados en su revisión y análisis tiene la facultad de modificarlo o no. Se aprueba en detalle y en grande y se envía a la Cámara revisora, que en este caso es el Senado, pero si se observa o modifica algún artículo, este proyecto de ley tiene que volver nuevamente a la Cámara de origen donde se aprueban o rechazan las modificaciones. “Ese es el procedimiento y en ese proceso no hay fojas cero”, sostuvo Yucra.
Por su lado, el jefe de la bancada de Convergencia Nacional (CN), Alex Orozco, afirmó que si el Gobierno consolida la intención de llevar a “fojas cero” la Ley de Minería se estaría incurriendo en la ilegalidad: “En el reglamento no existe la terminología de fojas cero, esta es una innovación no sé si de Juan Ramón Quintana o del presidente de la Cámara de Senadores”.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, anunció el martes que el Gobierno retiró del Senado el proyecto de Ley de Minería tras que se desataran una serie de protestas, bloqueos, enfrentamientos de los cooperativistas mineros con la Policía y que cobraron la vida de dos mineros con decenas de heridos. Todo por la aprobación de una propuesta con artículos contrarios a la CPE.
“Reconocemos que hemos cometido errores, que no se ha elaborado una parte de esta ley en las mejores condiciones (...) reconocemos que hay equívocos y tenemos que involucrarnos en un nuevo proyecto de ley con más fuerzas sociales, más participación y no solamente con sectores de la minería. Vamos a invitar en el momento que corresponda a todas las fuerzas sociales para trabajar en un gran acuerdo para elaborar la nueva ley de minería”, afirmó Quintana.
“Si la ley ha sido aprobada en la Cámara de Diputados y el Gobierno no puede venir y anularla así, al calor de la coyuntura, así sea el Órgano Ejecutivo y se crean dueños del poder, no pueden porque estarían violando la ley y no estarían respetando al Órgano Legislativo, entonces para qué están los diputados. Simplemente que el Gobierno elabore una reglamentación para los cooperativistas”, sugirió Untoja.
El artículo 12 de la CPE dice que “el Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos”.
“Los tres poderes son independientes y el no cumplir esta norma constitucional, es violar la CPE e incluso violar el propio reglamento de la Cámara de Diputados. Y también muestra del señor Quintana un desconocimiento absoluto de cómo funciona el Estado”, aseveró Untoja por el término errado de “fojas cero”.
OFICIALISMO Y OPOSICIÓN
El presidente de la Comisión de Economía Plural, José Yucra, afirmó que el proyecto de ley aprobado en grande y detalle en el pleno de diputados no puede ser reelaborado desde un inicio. “Mientras esté en la Cámara de Diputados y Senadores, no hay fojas cero. Cuando nosotros aprobamos un proyecto lo hacemos bajo un procedimiento legislativo”, señaló.
El manejo de una propuesta de ley es que el Órgano Ejecutivo o cualquier otra instancia manda un proyecto, el pleno de la Cámara de Diputados en su revisión y análisis tiene la facultad de modificarlo o no. Se aprueba en detalle y en grande y se envía a la Cámara revisora, que en este caso es el Senado, pero si se observa o modifica algún artículo, este proyecto de ley tiene que volver nuevamente a la Cámara de origen donde se aprueban o rechazan las modificaciones. “Ese es el procedimiento y en ese proceso no hay fojas cero”, sostuvo Yucra.
Por su lado, el jefe de la bancada de Convergencia Nacional (CN), Alex Orozco, afirmó que si el Gobierno consolida la intención de llevar a “fojas cero” la Ley de Minería se estaría incurriendo en la ilegalidad: “En el reglamento no existe la terminología de fojas cero, esta es una innovación no sé si de Juan Ramón Quintana o del presidente de la Cámara de Senadores”.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, anunció el martes que el Gobierno retiró del Senado el proyecto de Ley de Minería tras que se desataran una serie de protestas, bloqueos, enfrentamientos de los cooperativistas mineros con la Policía y que cobraron la vida de dos mineros con decenas de heridos. Todo por la aprobación de una propuesta con artículos contrarios a la CPE.
“Reconocemos que hemos cometido errores, que no se ha elaborado una parte de esta ley en las mejores condiciones (...) reconocemos que hay equívocos y tenemos que involucrarnos en un nuevo proyecto de ley con más fuerzas sociales, más participación y no solamente con sectores de la minería. Vamos a invitar en el momento que corresponda a todas las fuerzas sociales para trabajar en un gran acuerdo para elaborar la nueva ley de minería”, afirmó Quintana.
Romero dice que ley minera no va a fojas cero y contradice a Quintana
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, contradijo ayer al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, al descartar que el proyecto de Ley de Minería que se trataba en el Senado quede en fojas cero y precisó que sólo se suspendió su tratamiento.
"El Gobierno, previa coordinación con el Senado y tal como afirmó el ministro de la Presidencia, suspendió el tratamiento de la ley minera. Lamentablemente hubo desinformación y se interpretó que la gestión del Gobierno estaba dirigida a volver a fojas cero, y no es que queremos hacer borrón y cuenta nueva, sino simplemente la suspensión del tratamiento de la ley”, explicó Romero.
Sin embargo, el martes, Quintana anunció que "estamos en fojas cero porque el proyecto fue retirado. Vamos a trabajar en uno nuevo con la participación de otras fuerzas sociales y no sólo con los cooperativistas mineros, porque los minerales son de los 10 millones de bolivianos”.
Con respecto a la participación de otros actores sociales en la reelaboración de la norma, Romero explicó que la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) solicitó la presencia de movimientos sociales en el debate, pero que esto sólo se haría para dialogar sobre los artículos en discusión y no así sobre todo el proyecto.
El artículo 151 del proyecto de ley establecía en su primera versión la autorización para que las cooperativas mineras suscriban contratos de asociación y de manera directa con empresas privadas para la exploración y explotación de los minerales en el territorio nacional. Sin embargo, la Cámara de Diputados advirtió de que esto contraviene la CPE, ya que el Estado debe regular la participación de entes privados en este asunto.
En lo que sí coincidieron Romero y Quintana fue en que el Gobierno falló en la elaboración de la norma, al no tener en cuenta que había definiciones contrarias a la Constitución.
El ministro de Gobierno recalcó que el proyecto fue consensuado durante tres años. "Hubo debilidad técnica, pero no significa que todo el trabajo que se hizo se descarta, son los temas observados los que se tratarán”.
Recordó además que el supuesto acuerdo verbal entre el ministro Quintana y la dirigencia de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin), en el que si la Policía se replegaba se levantaría el bloqueo de caminos hasta el mediodía del martes, no fue cumplido por los mineros.
Romero añadió que el proyecto de ley no pondrá en riesgo las fuentes laborales de los cooperativistas mineros; al contrario, fortalecerá a este sector. "No estamos en contra de que ellos establezcan sociedades con entidades privadas, pero sí estamos en contra de que las cooperativas se conviertan en palos blancos para que las transnacionales se beneficien en los tributos y también en las ganancias”.
Diputados del MAS contra Quintana
Diputados del MAS afirmaron que cuando un proyecto de ley está en tratamiento en la Asamblea Legislativa, no se lo puede declarar en "fojas cero”, tal como lo determinó el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
"Mientras esté en la Cámara de Senadores no hay fojas cero, nosotros aprobamos un proyecto bajo un procedimiento legislativo, lo hemos modificado y se lo remitió a la cámara revisora, si ahí modifican algún artículo tiene que volver a la cámara de origen (de Diputados) y ahí nosotros aprobamos o rechazamos las modificaciones, ése es el procedimiento para debatir un proyecto”, explicó el presidente de la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados, José Yujra, según ERBOL.
El diputado Carlos Aparicio, también oficialista, coincidió en que no existe un procedimiento legislativo para volver a "fojas cero”, sólo se puede paralizar un proyecto de ley hasta que se pueda llegar a un consenso.
Piden velar por la constitucionalidad de una ley
El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Fidel Surco recordó ayer que es responsabilidad de los asambleístas nacionales velar por el cumplimiento de la Constitución Política del Estado (CPE), en alusión al rechazo de los cooperativistas mineros a las modificaciones que se establecieron en la Cámara de Diputados en la ley minera.
"Nosotros como asambleístas nacionales tenemos una gran responsabilidad y no podemos violar la ley, no se tenía que modificar ni un punto, ni una coma, pero cuando las leyes pasan a las comisiones correspondientes, ya sea a la Cámara de Diputados o al Senado, siempre se hacen comparaciones que no vayan en contra la Constitución”, indicó.
A solicitud del Órgano Ejecutivo -en su condición de proyectista- el Senado suspendió ayer el proyecto de Ley de Minería, para permitir la reelaboración de ese documento con todas las instancias de la sociedad y no simplemente con los actores de la actividad minera. En ese entendido, el legislador exhortó a los cooperativistas mineros llegar a un acuerdo sobre la redacción de una nueva Ley de Minería y Metalurgia. "Esperemos que los cooperativistas se pongan de nuestro lado, hay compañeros cooperativistas en la Cámara de Diputados y en el Senado, que fueron incluso expresidentes de Fencomin, que fueron parte de la construcción de este proyecto, entonces por ese lado los dirigentes debemos ver cómo flexibilizar a las bases en este momento, ver la situación y ver una solución”, agregó Surco. (ABI)
"El Gobierno, previa coordinación con el Senado y tal como afirmó el ministro de la Presidencia, suspendió el tratamiento de la ley minera. Lamentablemente hubo desinformación y se interpretó que la gestión del Gobierno estaba dirigida a volver a fojas cero, y no es que queremos hacer borrón y cuenta nueva, sino simplemente la suspensión del tratamiento de la ley”, explicó Romero.
Sin embargo, el martes, Quintana anunció que "estamos en fojas cero porque el proyecto fue retirado. Vamos a trabajar en uno nuevo con la participación de otras fuerzas sociales y no sólo con los cooperativistas mineros, porque los minerales son de los 10 millones de bolivianos”.
Con respecto a la participación de otros actores sociales en la reelaboración de la norma, Romero explicó que la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) solicitó la presencia de movimientos sociales en el debate, pero que esto sólo se haría para dialogar sobre los artículos en discusión y no así sobre todo el proyecto.
El artículo 151 del proyecto de ley establecía en su primera versión la autorización para que las cooperativas mineras suscriban contratos de asociación y de manera directa con empresas privadas para la exploración y explotación de los minerales en el territorio nacional. Sin embargo, la Cámara de Diputados advirtió de que esto contraviene la CPE, ya que el Estado debe regular la participación de entes privados en este asunto.
En lo que sí coincidieron Romero y Quintana fue en que el Gobierno falló en la elaboración de la norma, al no tener en cuenta que había definiciones contrarias a la Constitución.
El ministro de Gobierno recalcó que el proyecto fue consensuado durante tres años. "Hubo debilidad técnica, pero no significa que todo el trabajo que se hizo se descarta, son los temas observados los que se tratarán”.
Recordó además que el supuesto acuerdo verbal entre el ministro Quintana y la dirigencia de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin), en el que si la Policía se replegaba se levantaría el bloqueo de caminos hasta el mediodía del martes, no fue cumplido por los mineros.
Romero añadió que el proyecto de ley no pondrá en riesgo las fuentes laborales de los cooperativistas mineros; al contrario, fortalecerá a este sector. "No estamos en contra de que ellos establezcan sociedades con entidades privadas, pero sí estamos en contra de que las cooperativas se conviertan en palos blancos para que las transnacionales se beneficien en los tributos y también en las ganancias”.
Diputados del MAS contra Quintana
Diputados del MAS afirmaron que cuando un proyecto de ley está en tratamiento en la Asamblea Legislativa, no se lo puede declarar en "fojas cero”, tal como lo determinó el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
"Mientras esté en la Cámara de Senadores no hay fojas cero, nosotros aprobamos un proyecto bajo un procedimiento legislativo, lo hemos modificado y se lo remitió a la cámara revisora, si ahí modifican algún artículo tiene que volver a la cámara de origen (de Diputados) y ahí nosotros aprobamos o rechazamos las modificaciones, ése es el procedimiento para debatir un proyecto”, explicó el presidente de la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados, José Yujra, según ERBOL.
El diputado Carlos Aparicio, también oficialista, coincidió en que no existe un procedimiento legislativo para volver a "fojas cero”, sólo se puede paralizar un proyecto de ley hasta que se pueda llegar a un consenso.
Piden velar por la constitucionalidad de una ley
El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Fidel Surco recordó ayer que es responsabilidad de los asambleístas nacionales velar por el cumplimiento de la Constitución Política del Estado (CPE), en alusión al rechazo de los cooperativistas mineros a las modificaciones que se establecieron en la Cámara de Diputados en la ley minera.
"Nosotros como asambleístas nacionales tenemos una gran responsabilidad y no podemos violar la ley, no se tenía que modificar ni un punto, ni una coma, pero cuando las leyes pasan a las comisiones correspondientes, ya sea a la Cámara de Diputados o al Senado, siempre se hacen comparaciones que no vayan en contra la Constitución”, indicó.
A solicitud del Órgano Ejecutivo -en su condición de proyectista- el Senado suspendió ayer el proyecto de Ley de Minería, para permitir la reelaboración de ese documento con todas las instancias de la sociedad y no simplemente con los actores de la actividad minera. En ese entendido, el legislador exhortó a los cooperativistas mineros llegar a un acuerdo sobre la redacción de una nueva Ley de Minería y Metalurgia. "Esperemos que los cooperativistas se pongan de nuestro lado, hay compañeros cooperativistas en la Cámara de Diputados y en el Senado, que fueron incluso expresidentes de Fencomin, que fueron parte de la construcción de este proyecto, entonces por ese lado los dirigentes debemos ver cómo flexibilizar a las bases en este momento, ver la situación y ver una solución”, agregó Surco. (ABI)
miércoles, 2 de abril de 2014
Asamblea detecta 7 artículos en favor de los cooperativistas
La Asamblea Legislativa identificó que al menos siete artículos del proyecto de Ley de Minería y Metalurgia beneficiaban a los cooperativistas mineros y a las empresas privadas y por eso tuvo que realizar ajustes, informó ayer el presidente del Comité de Minería de la Cámara de Diputados, Jaime Medrano, del MAS.
Los artículos están referidos principalmente a los contratos de asociación que podían firmar las cooperativas con empresas privadas y la falta de aprobación de todos esos acuerdos mineros en la Asamblea Legislativa.
"Lo que se ha ido observando en la comisión es que a partir del artículo 62 (del proyecto de Ley de Minería) hemos ido observando que se favorecían no sólo a las cooperativas, sino al sector privado. Cuando se hizo la observación también se notó que habían otros artículos que tenían relación en convenio entre estas partes, tanto el sector privado como el cooperativo”, dijo el parlamentario.
Entre los artículos cuestionados están el 62, sobre la continuidad de derechos o asociación de contratos y adecuación. Con la modificación en la Cámara Baja el artículo ahora sólo hace referencia a la "Continuidad de derechos, contratos y adecuación”.
Vigencia de contratos
Medrano precisó que el anterior artículo está relacionado con el 148, sobre la "Participación estatal en las utilidades”, y el 196 o de "Vigencia de contratos entre actores productivos mineros privados y cooperativas”.
Al respecto, dijo que la propuesta de ley pretendía legalizar contratos que se suscribieron hace más de diez años e incluso en el Ministerio de Minería sostuvieron que la ley no es retroactiva.
"Afirmaron que lo único que puede hacer la ley es adecuarla a la nueva normativa para lo venidero. Pretender aprobar contratos que no se los conoce es un despropósito, por lo cual es necesario ver la magnitud de éstos. Son anticonstitucionales, porque no se cumplió la norma de aprobación parlamentaria, se reconocen normas extranjeras para la solución de controversias y no hay reinversión para la industrialización”, explicó sobre los artículos 62 y 148.
Otra de las observaciones está vinculada al artículo 130, de "Alcances de derechos preconstituidos”, y al 151 sobre la definición de "Contratos entre actores productivos de la industria minera privada y cooperativa”.
"El modelo de privatización imponía que los contratos de las cooperativas para hacer asociación con privados, que en general son transnacionales, deberían tener la aprobación de la Comibol. Al ser propietarios únicos de las áreas mineras, se podían asociar libremente. Es necesario puntualizar que las cooperativas, cuando obtienen el contrato, lo hacen en función de su carácter social, sin fines de lucro (...). En este caso las empresas privadas podían suscribir contratos con las cooperativas y no así con el Estado”, explicó.
Otros dos artículos que favorecían al sector privado eran el 132 y 133, que no establecían ninguna obligación de que los contratos fueran aprobados por la Asamblea Legislativa.
La Constitución Política del Estado expresa que una de las atribuciones del Legislativo es avalar convenios de interés público sobre recursos naturales y áreas estratégicas.
"Los cooperativistas dicen que la aprobación será burocrática y el Ministerio de Minería señala que se tendrá que aprobar más de 7.000 autorizaciones transitorias, pero todos los contratos tienen que pasar por la Asamblea”, remarcó Medrano.
El proyecto
Entrega El proyecto de Ley de Minería y Metalurgia fue entregado al presidente Evo Morales el 17 de marzo por los representantes de los tres operadores mineros (privados, estatales y cooperativistas) y el ministro de Minería, Mario Virreira. En esa fecha el Primer Mandatario pidió a la Asamblea Legislativa aprobar el proyecto sin "modificaciones”, debido a que fue consensuado.
Tratamiento Una vez que el proyecto de ley fue remitido a Diputados, en la Comisión de Economía Plural se hicieron las observaciones respectivas, pero no fueron consideradas, por lo que en el pleno de la Cámara de Diputados nuevamente se las volvió a debatir, informó ayer el diputado Jaime Medrano. El proyecto fue remitido al Senado con 25 modificaciones.
Piden que el proyecto de ley sea remitido al TCP
El presidente del Comité de Minería de la Cámara de Diputados, Jaime Medrano, del MAS, sugirió ayer que el proyecto de Ley de Minería y Metalurgia sea elevado en consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que emita un fallo sobre su legalidad.
"Esencialmente lo que se pide es que procedamos en apego a lo que dice la Constitución Política; en último caso, si hoy se favorece a los cooperativistas, mañana los asalariados estaremos en la calles y viceversa; además, las gobernaciones tendrán sus observaciones y lo que debemos hacer es llevar en consulta el proyecto de ley (de Minería y Metalurgia) al TCP”, propuso el legislador en declaraciones a la red ERBOL.
El pedido de Medrano surge ante las movilizaciones de los cooperativistas mineros, que rechazan la modificación de 25 artículos del proyecto normativo; la protesta se centra ante los cambios en el articulado 151 que se refiere a los contratos entre actores productivos de la industria minera privada y cooperativa.
"El artículo 151 mencionaba el nexo que iban a tener los cooperativistas mineros con las empresas privadas mediante un contrato de asociación, eso es inconstitucional, porque la única entidad que puede firmar contratos es el Estado”, precisó el legislador del partido oficialista.
Potosí recibió sólo $us 100 millones por regalías
El senador del Movimiento al Socialismo (MAS) Eduardo Maldonado informó que en 2013 el país exportó más de 3.000 millones de dólares de minerales, pero Potosí sólo recibió 100 millones de dólares en regalías.
Según el legislador, cada día del Cerro Rico se extraen 3.000 toneladas de minerales, pero la región se queda con muy poco de las ganancias.
"El año pasado se exportaron, en el país, 12.000 millones de dólares en soya, cuero, girasol, gas, minerales y otros; de esa cifra, 3.000 millones de dólares corresponden a ventas de minerales; el 70% de la producción minera exportada se genera en Potosí, pero ¿cuánto retorna? Sólo 100 millones de dólares en regalías”, precisó Maldonado en una entrevista con ERBOL.
Ayer se celebró el 469 aniversario de creación de esa ciudad minera. El alcalde René Joaquino, lanzó ayer a los empresarios, autoridades del gobierno y la gobernación, el desafío de encarar juntos el desarrollo urbano de la ciudad promoviendo el turismo
Las regalías mineras
Según datos del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom), en 2013 el departamento de Potosí recibió aproximadamente unos 638,6 millones de bolivianos por regalías mineras.
En 2012, sin embargo, la región potosina registró 737,3 millones de bolivianos.
El monto de las regalías bajó a causa de la caída del precio de los minerales.
Oruro percibió 124,8 millones de bolivianos, seguido por La Paz con 99 millones de bolivianos, y Santa Cruz con 39,7 millones de bolivianos.
Los artículos están referidos principalmente a los contratos de asociación que podían firmar las cooperativas con empresas privadas y la falta de aprobación de todos esos acuerdos mineros en la Asamblea Legislativa.
"Lo que se ha ido observando en la comisión es que a partir del artículo 62 (del proyecto de Ley de Minería) hemos ido observando que se favorecían no sólo a las cooperativas, sino al sector privado. Cuando se hizo la observación también se notó que habían otros artículos que tenían relación en convenio entre estas partes, tanto el sector privado como el cooperativo”, dijo el parlamentario.
Entre los artículos cuestionados están el 62, sobre la continuidad de derechos o asociación de contratos y adecuación. Con la modificación en la Cámara Baja el artículo ahora sólo hace referencia a la "Continuidad de derechos, contratos y adecuación”.
Vigencia de contratos
Medrano precisó que el anterior artículo está relacionado con el 148, sobre la "Participación estatal en las utilidades”, y el 196 o de "Vigencia de contratos entre actores productivos mineros privados y cooperativas”.
Al respecto, dijo que la propuesta de ley pretendía legalizar contratos que se suscribieron hace más de diez años e incluso en el Ministerio de Minería sostuvieron que la ley no es retroactiva.
"Afirmaron que lo único que puede hacer la ley es adecuarla a la nueva normativa para lo venidero. Pretender aprobar contratos que no se los conoce es un despropósito, por lo cual es necesario ver la magnitud de éstos. Son anticonstitucionales, porque no se cumplió la norma de aprobación parlamentaria, se reconocen normas extranjeras para la solución de controversias y no hay reinversión para la industrialización”, explicó sobre los artículos 62 y 148.
Otra de las observaciones está vinculada al artículo 130, de "Alcances de derechos preconstituidos”, y al 151 sobre la definición de "Contratos entre actores productivos de la industria minera privada y cooperativa”.
"El modelo de privatización imponía que los contratos de las cooperativas para hacer asociación con privados, que en general son transnacionales, deberían tener la aprobación de la Comibol. Al ser propietarios únicos de las áreas mineras, se podían asociar libremente. Es necesario puntualizar que las cooperativas, cuando obtienen el contrato, lo hacen en función de su carácter social, sin fines de lucro (...). En este caso las empresas privadas podían suscribir contratos con las cooperativas y no así con el Estado”, explicó.
Otros dos artículos que favorecían al sector privado eran el 132 y 133, que no establecían ninguna obligación de que los contratos fueran aprobados por la Asamblea Legislativa.
La Constitución Política del Estado expresa que una de las atribuciones del Legislativo es avalar convenios de interés público sobre recursos naturales y áreas estratégicas.
"Los cooperativistas dicen que la aprobación será burocrática y el Ministerio de Minería señala que se tendrá que aprobar más de 7.000 autorizaciones transitorias, pero todos los contratos tienen que pasar por la Asamblea”, remarcó Medrano.
El proyecto
Entrega El proyecto de Ley de Minería y Metalurgia fue entregado al presidente Evo Morales el 17 de marzo por los representantes de los tres operadores mineros (privados, estatales y cooperativistas) y el ministro de Minería, Mario Virreira. En esa fecha el Primer Mandatario pidió a la Asamblea Legislativa aprobar el proyecto sin "modificaciones”, debido a que fue consensuado.
Tratamiento Una vez que el proyecto de ley fue remitido a Diputados, en la Comisión de Economía Plural se hicieron las observaciones respectivas, pero no fueron consideradas, por lo que en el pleno de la Cámara de Diputados nuevamente se las volvió a debatir, informó ayer el diputado Jaime Medrano. El proyecto fue remitido al Senado con 25 modificaciones.
Piden que el proyecto de ley sea remitido al TCP
El presidente del Comité de Minería de la Cámara de Diputados, Jaime Medrano, del MAS, sugirió ayer que el proyecto de Ley de Minería y Metalurgia sea elevado en consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que emita un fallo sobre su legalidad.
"Esencialmente lo que se pide es que procedamos en apego a lo que dice la Constitución Política; en último caso, si hoy se favorece a los cooperativistas, mañana los asalariados estaremos en la calles y viceversa; además, las gobernaciones tendrán sus observaciones y lo que debemos hacer es llevar en consulta el proyecto de ley (de Minería y Metalurgia) al TCP”, propuso el legislador en declaraciones a la red ERBOL.
El pedido de Medrano surge ante las movilizaciones de los cooperativistas mineros, que rechazan la modificación de 25 artículos del proyecto normativo; la protesta se centra ante los cambios en el articulado 151 que se refiere a los contratos entre actores productivos de la industria minera privada y cooperativa.
"El artículo 151 mencionaba el nexo que iban a tener los cooperativistas mineros con las empresas privadas mediante un contrato de asociación, eso es inconstitucional, porque la única entidad que puede firmar contratos es el Estado”, precisó el legislador del partido oficialista.
Potosí recibió sólo $us 100 millones por regalías
El senador del Movimiento al Socialismo (MAS) Eduardo Maldonado informó que en 2013 el país exportó más de 3.000 millones de dólares de minerales, pero Potosí sólo recibió 100 millones de dólares en regalías.
Según el legislador, cada día del Cerro Rico se extraen 3.000 toneladas de minerales, pero la región se queda con muy poco de las ganancias.
"El año pasado se exportaron, en el país, 12.000 millones de dólares en soya, cuero, girasol, gas, minerales y otros; de esa cifra, 3.000 millones de dólares corresponden a ventas de minerales; el 70% de la producción minera exportada se genera en Potosí, pero ¿cuánto retorna? Sólo 100 millones de dólares en regalías”, precisó Maldonado en una entrevista con ERBOL.
Ayer se celebró el 469 aniversario de creación de esa ciudad minera. El alcalde René Joaquino, lanzó ayer a los empresarios, autoridades del gobierno y la gobernación, el desafío de encarar juntos el desarrollo urbano de la ciudad promoviendo el turismo
Las regalías mineras
Según datos del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom), en 2013 el departamento de Potosí recibió aproximadamente unos 638,6 millones de bolivianos por regalías mineras.
En 2012, sin embargo, la región potosina registró 737,3 millones de bolivianos.
El monto de las regalías bajó a causa de la caída del precio de los minerales.
Oruro percibió 124,8 millones de bolivianos, seguido por La Paz con 99 millones de bolivianos, y Santa Cruz con 39,7 millones de bolivianos.
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