El Proyecto de Ley que declara de prioridad nacional la creación de la plataforma tecnológica de servicios y almacenamiento de datos denominada “Nube Soberana-Sumaq Waqaychay”, en el marco de la soberanía científica y tecnológica con identidad propia del Estado Plurinacional de Bolivia fue aprobado en el Senado y pasó a Diputados para su revisión.
La norma fue propuesta por la senadora Nélida Sifuentes Cueto, que destacó la importancia que Bolivia tenga su nube con identidad propia y se dé un nuevo paso para avanzar en la soberanía tecnológica, iniciada desde la Constitución Política, la Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación y la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025.
Los ministerios que implementaran la nube Sumaq Waqaychay serán; Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Economía y Finanzas y Planificación del Desarrollo.
Paralelamente, la Universidad Andina Simón Bolívar, a través de programas de maestrías, capacitará a profesionales en software libre y en septiembre empezará postgrado en gobierno electrónico.
“Bolivia está avanzando en la innovación, donde los protagonistas son los niños de áreas rurales y urbanas, además de jóvenes universitarios, que crean aplicaciones como brazos robóticos y otras”, destacó Sifuentes.
El procedimiento legislativo señala que una vez revisado por Diputados, de haber modificaciones vuelve al Senado caso contrario será promulgado.
lunes, 31 de agosto de 2015
sábado, 29 de agosto de 2015
Ley de Cultura es debatida
El proyecto de la Ley Marco de Culturas empezó a ser socializada, en primera instancia, en Cochabamba. "Ya hemos empezado una primera socialización con TeleArtes y se está convocando a diferentes instancias. Creemos que hay un montón de agrupaciones a quiénes vamos a tocar la puerta y estamos haciendo un cronograma de socialización", dijo el director de Promoción Cultural, Andrés Mallo.
El funcionario señaló que se realizarán reuniones paralelas entre gestores, artistas para consensuar el proyecto de Ley. De esa forma esperan agilizar su tratamiento y ajustar su calendario, en cuánto la Asamblea Legislativa, los convoque al respecto.
Consultado sobre una “fusión” entre la Ley de Cultural con Promoción Cultural, señaló que se está dando ese énfasis para que las actividades culturales que se realicen en el país se requiere de su promoción. Además manifestó que este proyecto se enmarca en la Ley de Autonomías para que no se transgredan competencias. Sin embargo, manifestó que serán los Consejos Culturales de las Gobernaciones, quiénes tienen que lograr un criterio común para oficializar ante el Ministerio de Culturas. El titular de ese despacho, Marko Machicao, dijo la pasada semana en un Seminario en la Asamblea Legislativa que presentará una Ley Marco con 25 artículos, 9 capítulos y 2 disposiciones transitorias. Además habló de estandarizar la currícula educativa para la inclusión del tema cultural. Y posesionar la llamada cuenta satélite que se refiere a contar con un registro económico sobre las actividades de los artistas y gestores. Adelantó un seguro para artistas, que será incluida en la Ley de ese sector.
El funcionario señaló que se realizarán reuniones paralelas entre gestores, artistas para consensuar el proyecto de Ley. De esa forma esperan agilizar su tratamiento y ajustar su calendario, en cuánto la Asamblea Legislativa, los convoque al respecto.
Consultado sobre una “fusión” entre la Ley de Cultural con Promoción Cultural, señaló que se está dando ese énfasis para que las actividades culturales que se realicen en el país se requiere de su promoción. Además manifestó que este proyecto se enmarca en la Ley de Autonomías para que no se transgredan competencias. Sin embargo, manifestó que serán los Consejos Culturales de las Gobernaciones, quiénes tienen que lograr un criterio común para oficializar ante el Ministerio de Culturas. El titular de ese despacho, Marko Machicao, dijo la pasada semana en un Seminario en la Asamblea Legislativa que presentará una Ley Marco con 25 artículos, 9 capítulos y 2 disposiciones transitorias. Además habló de estandarizar la currícula educativa para la inclusión del tema cultural. Y posesionar la llamada cuenta satélite que se refiere a contar con un registro económico sobre las actividades de los artistas y gestores. Adelantó un seguro para artistas, que será incluida en la Ley de ese sector.
viernes, 28 de agosto de 2015
Legislativo prevé modificaciones a Ley de Acuerdos Intergubernativos
DIPUTADA GABRIELA MONTAÑO.
Se prevé una responsabilidad compartida y de mayor coordinación entre el Gobierno nacional y los gobiernos departamentales y municipales en cuanto al aporte de recursos para distintos proyectos.
La presienta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, informó que en la reunión del jueves, entre el presidente Evo Morales y los jefes de bancada del MAS, se determinó el tratamiento de las modificaciones a la Ley de Acuerdos Intergubernativos, que permitirá que el Gobierno nacional y los gobiernos departamentales y municipales tengan una responsabilidad compartida y de mayor coordinación para aportar recursos en distintos proyectos.
Los acuerdos y convenios intergubernativos son aquellos suscritos entre gobiernos autónomos y estos con el nivel central del Estado, destinados al ejercicio coordinado de sus competencias y la implementación conjunta de planes, programas o proyectos en el marco de las competencias exclusivas, concurrentes y compartidas.
La norma fue remitida por la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, en enero de 2014 y su proyectista fue el entonces, senador paceño, Eugenio Rojas. La norma establece que los acuerdos o convenios intergubernativos serán vinculantes y de cumplimiento obligatorio para las partes.
Actualmente, la ley consta de once artículos una disposición transitoria y una disposición final.
CUMBRE AGROPECUARIA
Asimismo, Montaño informó que tres de los seis proyectos emanados de la Cumbre Agropecuaria serán tramitados en los próximos días por la Cámara de Diputados, tras un acuerdo con las organizaciones campesinas e interculturales y como parte de la agenda legislativa para los próximos meses.
Entre estos proyectos de ley están: la modificación al plazo de la verificación de la Función Económica Social (FES) de dos a cinco años; la segunda, sobre la ampliación de la superficie de desmonte permitida y autorizada para pequeños productores y comunidades de cinco a 20 hectáreas; y la tercera relacionada con la Ley 337 de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques ampliada a 18 meses más, generando beneficios para el agro.
PLANTA NUCLEAR
Enfatizó que otro de los temas analizados en la reunión con el Jefe de Estado fue el referido a la expropiación de terrenos para la construcción del Centro de Investigación Nuclear, lo que generará la posibilidad de tener insumos médicos para el tratamiento de enfermedades como el cáncer.
Entretanto, los vecinos de Mallasilla se declararon en emergencia y convocaron a todos los paceños a movilizarse contra la construcción del Centro de Investigación por considerarla un riesgo para la zona y su población.
miércoles, 26 de agosto de 2015
La Paz Continúa en estudio fase técnica de la Ley Municipal de Turismo
Las 10 Mesas Técnicas previstas por la Agencia Municipal para el Desarrollo Turístico La Paz Maravillosa concluyeron entre sus principales acuerdos, elaborar la Ley Municipal de Turismo junto a su respectiva reglamentación. Durante todo el proceso participaron representantes de los tres niveles del Estado: municipal, departamental y nacional.
“Se llegaron a acuerdos y consensos que permitirán desarrollar el turismo, como eje dinamizador de la economía del municipio y del departamento” explicó la directora de la Agencia Municipal, Patricia Grossman. Asimismo, señaló que se cumplieron con los objetivos previstos al haber logrado acuerdos y consensos sobre temas técnicos, líneas estratégicas y políticas públicas desde diferentes instancias del gobierno central como de la Gobernación y el propio Gobierno Municipal.
Las temáticas que trataron las mesas técnicas fueron: seguridad para los turistas, certificación y capacitación para los servicios turísticos, servicios y productos turísticos, cultura ciudadana y cultura turística, incentivos y fomento a la inversión privada, turismo de base comunitaria, infraestructura turística, patrimonio, marca La Paz maravillosa y la estrategia metropolitana.
Entre otras de las principales conclusiones, está establecer una marca de destino turístico basado en el concepto de La Paz Maravillosa que pueda ser fomentada y promocionada a nivel nacional e internacional por los tres niveles del Estado.
Asimismo, implementar y fortalecer los Consejos Departamental y Municipal de Turismo para mejorar la coordinación y la gestión turística a nivel intergubernamental. Y establecer alianzas público y privadas para generar nuevas inversiones y modelos de gestión conjuntos para diversificar la oferta turística de La Paz.
Otro de los acuerdos, fue desarrollar un portafolio de proyectos turísticos de gran envergadura para ofertar estas oportunidades de inversión y que sean de interés a capitales privados (nacionales o extranjeros) interesados en asentar sus operaciones en La Paz.
La instalación de las Mesas Técnicas arrancó el 13 de agosto con la temática de Turismo de Base Comunitaria, de ahí se continuó con el resto de las mesas.
Bajo el propósito de lograr acuerdos iniciales para la construcción de una Estrategia Metropolitana para el desarrollo turístico del departamento de La Paz, la Mesa Técnica preparatoria, contó con la participación de ocho regiones entre las que se encuentran, El Alto, Viacha, Tiahuanacu, San Buenaventura, Coroico, La Paz y otras.
Entre los participantes, se aceptó adherirse a la marca La Paz Maravillosa para potenciar el turismo de la región a nivel nacional. Asimismo, se realizaron pre acuerdos intermunicipales, compromisos de redes y circuitos conjuntos que permitirán el fortalecimiento turístico de la región.
“Los acuerdos y consensos ya logrados son de vital importancia para llegar a la Cumbre y contar con la participación de 14 municipios correspondientes a la región metropolitana, además de aquellos que cuentan con vocación turística” explicó Grossman.
“Se llegaron a acuerdos y consensos que permitirán desarrollar el turismo, como eje dinamizador de la economía del municipio y del departamento” explicó la directora de la Agencia Municipal, Patricia Grossman. Asimismo, señaló que se cumplieron con los objetivos previstos al haber logrado acuerdos y consensos sobre temas técnicos, líneas estratégicas y políticas públicas desde diferentes instancias del gobierno central como de la Gobernación y el propio Gobierno Municipal.
Las temáticas que trataron las mesas técnicas fueron: seguridad para los turistas, certificación y capacitación para los servicios turísticos, servicios y productos turísticos, cultura ciudadana y cultura turística, incentivos y fomento a la inversión privada, turismo de base comunitaria, infraestructura turística, patrimonio, marca La Paz maravillosa y la estrategia metropolitana.
Entre otras de las principales conclusiones, está establecer una marca de destino turístico basado en el concepto de La Paz Maravillosa que pueda ser fomentada y promocionada a nivel nacional e internacional por los tres niveles del Estado.
Asimismo, implementar y fortalecer los Consejos Departamental y Municipal de Turismo para mejorar la coordinación y la gestión turística a nivel intergubernamental. Y establecer alianzas público y privadas para generar nuevas inversiones y modelos de gestión conjuntos para diversificar la oferta turística de La Paz.
Otro de los acuerdos, fue desarrollar un portafolio de proyectos turísticos de gran envergadura para ofertar estas oportunidades de inversión y que sean de interés a capitales privados (nacionales o extranjeros) interesados en asentar sus operaciones en La Paz.
La instalación de las Mesas Técnicas arrancó el 13 de agosto con la temática de Turismo de Base Comunitaria, de ahí se continuó con el resto de las mesas.
Bajo el propósito de lograr acuerdos iniciales para la construcción de una Estrategia Metropolitana para el desarrollo turístico del departamento de La Paz, la Mesa Técnica preparatoria, contó con la participación de ocho regiones entre las que se encuentran, El Alto, Viacha, Tiahuanacu, San Buenaventura, Coroico, La Paz y otras.
Entre los participantes, se aceptó adherirse a la marca La Paz Maravillosa para potenciar el turismo de la región a nivel nacional. Asimismo, se realizaron pre acuerdos intermunicipales, compromisos de redes y circuitos conjuntos que permitirán el fortalecimiento turístico de la región.
“Los acuerdos y consensos ya logrados son de vital importancia para llegar a la Cumbre y contar con la participación de 14 municipios correspondientes a la región metropolitana, además de aquellos que cuentan con vocación turística” explicó Grossman.
martes, 25 de agosto de 2015
Experto halla 2 desaciertos en la Ley de Arbitraje
La nueva Ley de Conciliación y Arbitraje contiene dos desaciertos, la primera es que prohíbe arbitrar en contratos administrativos con el Estado y "fuerza” a que la sede de las controversias sea Bolivia, según el experto Andrés Moreno del estudio Jurídico Moreno Baldivieso.
"La prohibición de arbitrar en contratos administrativos con el Estado, a mi criterio, es el primer gran desacierto que tiene la norma (...). Esto va ser un óbice muy grande al momento que los inversionistas extranjeros quieran constituir una inversión en el país. Si no se tiene acceso a un mecanismo de arbitraje ecuánime cuando la contraparte es el Estado, ¿qué garantía habrá?”, cuestionó Moreno durante una charla dirigida a empresarios y organizada por la Cámara Americana de Comercio (Amcham).
Aseguró que esta prohibición afectará directamente al sector minero porque la Ley de Minería elimina el régimen concesional y habrá una migración a contratos administrativos con el Estado. Toda nueva inversión privada extranjera no podrá acceder a un proceso arbitral en el exterior, una que las controversias se resolverán en tribunales bolivianos.
Moreno explicó que es muy importante la sede del arbitraje, por lo que la ley hace una diferencia entre arbitraje nacional e internacional. El primero es cuando la controversia se realice en Bolivia con las leyes nacionales y la segunda es fuera del país.
Cuando están involucrados dos Estados, ambas partes pueden pactar la sede del proceso, pero hay varios artículos que fuerzan que el lugar de la controversia sea Bolivia.
"El arbitraje con los inversionistas extranjeros dice que la sede tiene que ser Bolivia (...). Este es el segundo gran óbice, el de obligar a los inversionistas extranjeros a arbitrar en Bolivia”, afirmó el experto.
"La prohibición de arbitrar en contratos administrativos con el Estado, a mi criterio, es el primer gran desacierto que tiene la norma (...). Esto va ser un óbice muy grande al momento que los inversionistas extranjeros quieran constituir una inversión en el país. Si no se tiene acceso a un mecanismo de arbitraje ecuánime cuando la contraparte es el Estado, ¿qué garantía habrá?”, cuestionó Moreno durante una charla dirigida a empresarios y organizada por la Cámara Americana de Comercio (Amcham).
Aseguró que esta prohibición afectará directamente al sector minero porque la Ley de Minería elimina el régimen concesional y habrá una migración a contratos administrativos con el Estado. Toda nueva inversión privada extranjera no podrá acceder a un proceso arbitral en el exterior, una que las controversias se resolverán en tribunales bolivianos.
Moreno explicó que es muy importante la sede del arbitraje, por lo que la ley hace una diferencia entre arbitraje nacional e internacional. El primero es cuando la controversia se realice en Bolivia con las leyes nacionales y la segunda es fuera del país.
Cuando están involucrados dos Estados, ambas partes pueden pactar la sede del proceso, pero hay varios artículos que fuerzan que el lugar de la controversia sea Bolivia.
"El arbitraje con los inversionistas extranjeros dice que la sede tiene que ser Bolivia (...). Este es el segundo gran óbice, el de obligar a los inversionistas extranjeros a arbitrar en Bolivia”, afirmó el experto.
Control a venta de ropa usada Demandan que DS 27876 sea elevado a rango de ley
Productores textileros demandan que el Decreto Supremo 27876 sea elevado al rango de ley con la finalidad de lograr mejores resultados en el control de internación de prendería usada e importación de ropa china, coreana y del Brasil.
Las empresas que proveen materia prima y accesorios también fueron convocadas y participaron de la movilización realizada por las Mypes, ante la reducción de estos productos por parte de los talleres, factor que afecta a toda la cadena productiva, porque se deja de producir la misma cantidad que hace cinco años, observó Germán Tarqui, productor nacional.
Tarqui, al igual que muchos propietarios de empresas productivas identificados como los chomperos (textileros de chompas), dan cuenta que en pasados meses se solicitó al Gobierno central la aplicación del cinturón de seguridad a la producción nacional, con la finalidad de que el mencionado DS 27876, después de nueve años, pueda ser elevado a rango de ley, ante la negligencia de entidades como las gobernaciones y municipios que deben regular la venta de la producción de prendas usadas y de importación extranjera.
En Lima-Perú, si bien la internacional de prendas Chinas y Coreanas afectan a la producción nacional, en este país la política de realizar campañas en beneficio de sus productores, esto a diferencia de Bolivia, donde incluso, sectores como la Policía y sus mandos superiores prefirieron implicarse en hechos irregulares adquiriendo telas y producción de baja calidad, antes de realizar una compra por ley a las Mypes bolivianas para la elaboración de sus uniformes, explicó el representante.
“En China incluso la venta de productos confeccionados, cuando se pide menor de 15.000 prendas, llegan a ofertar sus propios saldos (sobras) para confeccionarlas a un bajo nivel, regular o menor, con costos por debajo del mercado con la finalidad de acomodar sus saldos y no quedarse con nada. Mientras que en otros países el cinturón de seguridad permite que instituciones públicas deban realizar contrataciones y consumo de productores nacionales”, remarcó.
MERCADO
De acuerdo con un informe dado a conocer por parte del Ministerio de Economía y Finanzas a la dirigencia de las mypes, supuestamente en el 80% del mercado nacional se ofrece producción china y coreana, 10 a 15% peruana y brasilera, dejando el restante 5% a la producción nacional.
Si bien Fundaempresa dio a conocer que cerca de 56.000 empresas fueron cerradas en un año, Tarqui da cuenta que de las empresas existentes cerca de 70.000 están destinadas más a servicios, reduciendo la posibilidad de que nuevas empresas productivas se animen a registrarse legalmente ante la serie de obligaciones, no sólo impositivas sino laborales, que estas deban cumplir, bajo el mismo tratamiento que las empresas grandes, observó el entrevistado.
En el caso de la prendería usada que continúa saturando el mercado, sobre todo en la Feria 16 de Julio de esta urbe, Tarqui manifestó que todo corresponde al contrabando ante la existencia de normas que finalmente lleguen a ser controladas sin resultados favorables a las Mypes.
“La gestión de los ministros y de las autoridades como la Aduana continúa siendo débil porque hasta la fecha no trabajan en políticas que representen a un cinturón de seguridad en beneficio de la producción nacional, aspecto que pone en riesgo la producción y convierte al país sólo en un consumidor de saldos de países de mayor producción como es China”, indicó.
Los productores como Tarqui observan que antes el mercado nacional estaba atendido, en un 80%, por producción nacional, aspecto que permitió la creación de nuevos rubros, mientras que en la actualidad, a más de 11 años, su sector va desapareciendo, sobre todo cuando a nivel de Estado se le otorga las mismas obligaciones que empresas grandes.
Las empresas que proveen materia prima y accesorios también fueron convocadas y participaron de la movilización realizada por las Mypes, ante la reducción de estos productos por parte de los talleres, factor que afecta a toda la cadena productiva, porque se deja de producir la misma cantidad que hace cinco años, observó Germán Tarqui, productor nacional.
Tarqui, al igual que muchos propietarios de empresas productivas identificados como los chomperos (textileros de chompas), dan cuenta que en pasados meses se solicitó al Gobierno central la aplicación del cinturón de seguridad a la producción nacional, con la finalidad de que el mencionado DS 27876, después de nueve años, pueda ser elevado a rango de ley, ante la negligencia de entidades como las gobernaciones y municipios que deben regular la venta de la producción de prendas usadas y de importación extranjera.
En Lima-Perú, si bien la internacional de prendas Chinas y Coreanas afectan a la producción nacional, en este país la política de realizar campañas en beneficio de sus productores, esto a diferencia de Bolivia, donde incluso, sectores como la Policía y sus mandos superiores prefirieron implicarse en hechos irregulares adquiriendo telas y producción de baja calidad, antes de realizar una compra por ley a las Mypes bolivianas para la elaboración de sus uniformes, explicó el representante.
“En China incluso la venta de productos confeccionados, cuando se pide menor de 15.000 prendas, llegan a ofertar sus propios saldos (sobras) para confeccionarlas a un bajo nivel, regular o menor, con costos por debajo del mercado con la finalidad de acomodar sus saldos y no quedarse con nada. Mientras que en otros países el cinturón de seguridad permite que instituciones públicas deban realizar contrataciones y consumo de productores nacionales”, remarcó.
MERCADO
De acuerdo con un informe dado a conocer por parte del Ministerio de Economía y Finanzas a la dirigencia de las mypes, supuestamente en el 80% del mercado nacional se ofrece producción china y coreana, 10 a 15% peruana y brasilera, dejando el restante 5% a la producción nacional.
Si bien Fundaempresa dio a conocer que cerca de 56.000 empresas fueron cerradas en un año, Tarqui da cuenta que de las empresas existentes cerca de 70.000 están destinadas más a servicios, reduciendo la posibilidad de que nuevas empresas productivas se animen a registrarse legalmente ante la serie de obligaciones, no sólo impositivas sino laborales, que estas deban cumplir, bajo el mismo tratamiento que las empresas grandes, observó el entrevistado.
En el caso de la prendería usada que continúa saturando el mercado, sobre todo en la Feria 16 de Julio de esta urbe, Tarqui manifestó que todo corresponde al contrabando ante la existencia de normas que finalmente lleguen a ser controladas sin resultados favorables a las Mypes.
“La gestión de los ministros y de las autoridades como la Aduana continúa siendo débil porque hasta la fecha no trabajan en políticas que representen a un cinturón de seguridad en beneficio de la producción nacional, aspecto que pone en riesgo la producción y convierte al país sólo en un consumidor de saldos de países de mayor producción como es China”, indicó.
Los productores como Tarqui observan que antes el mercado nacional estaba atendido, en un 80%, por producción nacional, aspecto que permitió la creación de nuevos rubros, mientras que en la actualidad, a más de 11 años, su sector va desapareciendo, sobre todo cuando a nivel de Estado se le otorga las mismas obligaciones que empresas grandes.
lunes, 24 de agosto de 2015
viernes, 21 de agosto de 2015
Presentan proyecto de Ley de Culturas
Ayer en el Ministerio de Culturas se presentó el proyecto de la Ley de Culturas, que fusionará la ley marco de culturas con la ley de promoción cultural.
El proyecto que cuenta con 25 artículos, 9 capítulos y 2 disposiciones generales plantea aplicar las artes en la curricula educativa, protección a los artistas además del fomento cultural a partir de la promoción de la creación cultural para realizar industrias culturales.
El ministro de Culturas, Marko Machicao, hizo la presentación del proyecto de ley que será presentado a la Cámara Legislativa en las próximas semanas. El proyecto que data desde hace tres años, inició con sus primeras reuniones con gestores culturales y autoridades en 2014; en la actualidad se ultiman detalles para esta ley que servirá para la Gobernación y alcaldías y de esta forma hacer un trabajo conjunto a nivel nacional
“El objetivo es establecer bases fundamentales para el desarrollo de la cultura y de esta forma generar el fomento y promoción de difusión esta demás a través de concejos culturales .
La ley engloba, además, mecanismos para propuestas originarias, para preservar y difundir estas culturas y tradiciones y de esta forma fortalecer y proteger estas identidades.
Asimismo, la autoridad refirió que la ley será aplicada en la curricula educativa para la formación de artes, para lo cual se trabajará conjuntamente con el Ministerio de Educación.
El proyecto respaldará y protegerá a los artistas para que estos tengan condiciones y beneficios.
Asimismo, se contará con un Registro Cultural Plurinacional para que el artista no pague impuestos indebidos, además de institucionalizar sus artes no en una credencial sino en el carnet donde garantice que la persona es artista y se vea su actividad como un trabajo
Esta ley será aplicada en todas las expresiones artísticas culturales alcanzando sus aspectos tanto en individuos como colectivos y a todas las instituciones públicas y privadas que se dedican a la actividad artística cultural.
Refirió que este proyecto será presentado en las próximas semanas luego de sostener reuniones con gestores culturales y otras instituciones para la aprobación de lo planteado en el proyecto.
El proyecto que cuenta con 25 artículos, 9 capítulos y 2 disposiciones generales plantea aplicar las artes en la curricula educativa, protección a los artistas además del fomento cultural a partir de la promoción de la creación cultural para realizar industrias culturales.
El ministro de Culturas, Marko Machicao, hizo la presentación del proyecto de ley que será presentado a la Cámara Legislativa en las próximas semanas. El proyecto que data desde hace tres años, inició con sus primeras reuniones con gestores culturales y autoridades en 2014; en la actualidad se ultiman detalles para esta ley que servirá para la Gobernación y alcaldías y de esta forma hacer un trabajo conjunto a nivel nacional
“El objetivo es establecer bases fundamentales para el desarrollo de la cultura y de esta forma generar el fomento y promoción de difusión esta demás a través de concejos culturales .
La ley engloba, además, mecanismos para propuestas originarias, para preservar y difundir estas culturas y tradiciones y de esta forma fortalecer y proteger estas identidades.
Asimismo, la autoridad refirió que la ley será aplicada en la curricula educativa para la formación de artes, para lo cual se trabajará conjuntamente con el Ministerio de Educación.
El proyecto respaldará y protegerá a los artistas para que estos tengan condiciones y beneficios.
Asimismo, se contará con un Registro Cultural Plurinacional para que el artista no pague impuestos indebidos, además de institucionalizar sus artes no en una credencial sino en el carnet donde garantice que la persona es artista y se vea su actividad como un trabajo
Esta ley será aplicada en todas las expresiones artísticas culturales alcanzando sus aspectos tanto en individuos como colectivos y a todas las instituciones públicas y privadas que se dedican a la actividad artística cultural.
Refirió que este proyecto será presentado en las próximas semanas luego de sostener reuniones con gestores culturales y otras instituciones para la aprobación de lo planteado en el proyecto.
lunes, 17 de agosto de 2015
Defensor tilda de "inconstitucional" la Ley 351 que afecta a ONG
El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, tildó de "inconstitucional" la Ley 351 de Otorgación de Personalidades Jurídicas, debido a que vulnera el derecho a la libre asociación para conformar Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Pidió que ésta pueda ser revisada en profundidad en el Tribunal Constitucional Plurinacional, instancia a la que presentó, en 2013, un recurso de inconstitucionalidad en contra de la norma.
"Nosotros en su momento hemos sido oportunos para decir que es inconstitucional, hemos pedido que se revisen este tipo de medidas que no hacen otra cosa que poner en serio riesgo la democracia en nuestro país", manifestó Villena.
El recurso de inconstitucionalidad, presentado en junio de 2013, va en contra dos artículos de la Ley 351 y del Decreto Supremo 1597. Ambas normas facultan al gobierno a disolver una ONG o fundación sin argumentar razones y sin autorización judicial. Además, para reconocerlas, obligan a que éstas adapten sus estatutos y objetivos a los planes gubernamentales de desarrollo. La ley también establece que los activos de estas entidades serían tomadas por el Estado "35 días después" de anunciada su disolución
A juicio del Defensor, las ONG han jugado un papel importante en Bolivia y en la región latinoamericana en lo que se refiere a la articulación de la sociedad y el Estado. "El derecho a la libre asociación para conformar la ONG es constitucional, por lo tanto esta ley tiene que ser revisada en profundidad para que haya coherencia entre lo que dice el texto constitucional y las normas que se han venido estableciendo", expresó
Con la finalidad de evitar mayor incertidumbre en el caso, Villena pidió al Tribunal Constitucional dar una respuesta al recurso presentado hace dos años, de no ser así, señaló, se estarían dando señales poco alentadoras para la democracia.
En 2013, además del recurso, la Defensoría también envió la solicitud de "amicus curiae" para que terceras partes emitan criterio sobre el tema en particular antes de que el Tribunal emita su fallo. En esa línea, el pasado 5 de agosto, la organización Human Rights Watch advirtió que la ley boliviana sobre ONG "atenta contra el derecho de la libertad de asociación"
El objeto de la Ley 351 es la otorgación y registro de personalidad jurídica a organizaciones sociales, ONG, fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro que desarrollen actividades en el territorio
"Nosotros en su momento hemos sido oportunos para decir que es inconstitucional, hemos pedido que se revisen este tipo de medidas que no hacen otra cosa que poner en serio riesgo la democracia en nuestro país", manifestó Villena.
El recurso de inconstitucionalidad, presentado en junio de 2013, va en contra dos artículos de la Ley 351 y del Decreto Supremo 1597. Ambas normas facultan al gobierno a disolver una ONG o fundación sin argumentar razones y sin autorización judicial. Además, para reconocerlas, obligan a que éstas adapten sus estatutos y objetivos a los planes gubernamentales de desarrollo. La ley también establece que los activos de estas entidades serían tomadas por el Estado "35 días después" de anunciada su disolución
A juicio del Defensor, las ONG han jugado un papel importante en Bolivia y en la región latinoamericana en lo que se refiere a la articulación de la sociedad y el Estado. "El derecho a la libre asociación para conformar la ONG es constitucional, por lo tanto esta ley tiene que ser revisada en profundidad para que haya coherencia entre lo que dice el texto constitucional y las normas que se han venido estableciendo", expresó
Con la finalidad de evitar mayor incertidumbre en el caso, Villena pidió al Tribunal Constitucional dar una respuesta al recurso presentado hace dos años, de no ser así, señaló, se estarían dando señales poco alentadoras para la democracia.
En 2013, además del recurso, la Defensoría también envió la solicitud de "amicus curiae" para que terceras partes emitan criterio sobre el tema en particular antes de que el Tribunal emita su fallo. En esa línea, el pasado 5 de agosto, la organización Human Rights Watch advirtió que la ley boliviana sobre ONG "atenta contra el derecho de la libertad de asociación"
El objeto de la Ley 351 es la otorgación y registro de personalidad jurídica a organizaciones sociales, ONG, fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro que desarrollen actividades en el territorio
domingo, 16 de agosto de 2015
Encuentro para aplicación de Ley 348 “Por una Vida Libre de Violencia”
El Ministerio de Justicia, a través del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, desarrolló el Primer Encuentro Regional con gobernaciones y municipios para la aplicación de la Ley 348 “Por una Vida Libre de Violencia”, en la que participaron autoridades de gobernaciones y municipios de La Paz, Oruro y Potosí.
“Estamos enfocándonos en el tema de presupuesto. El reglamento de la Ley General 348 para Garantizar una Vida Libre de Violencia a las Mujeres establece que los gobiernos autónomos deben ejecutar el 30 % de los recursos de seguridad ciudadana”, resaltó el viceministro de Igualdad de Oportunidades, Juan Antonio Pérez.
Indicó, además, que para este año la ley establece la implementación de las casas de acogida de los gobiernos departamentales autónomos, y por parte de los gobiernos municipales, el fortalecimiento del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM). “Implementaremos la ejecución que es un mandato de la Ley 348 y su Reglamento” que la mayoría de las gobernaciones lo harán y que invertirán parte de su presupuesto según la normativa vigente.
Conforme a la corresponsabilidad “tanto a nivel central, departamental y municipal para consensuar un trabajo efectivo”, la normativa establece un encuentro que se efectuará el lunes 24 de este mes en la ciudad de Cochabamba, y que concluirá con un evento nacional en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra el próximo 28 de agosto.
La ministra de Justicia, Virginia Velasco, tras su alocución, destacó la amplia participación de las autoridades departamentales y municipales con sus equipos técnicos.
El Ministerio de Justicia, como ente rector de la misma, tiene como responsabilidad coordinar y vigilar la efectiva aplicación y cumplimiento de la ley.
JUECES CONCILIADORES
“El Gobierno nacional determinó que los jueces de conciliación designados en julio pasado, no ejercerán todavía sus funciones debido a que la Ley 232 posterga la fecha de vigencia de los ‘códigos Morales’ emanados de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), hasta el 6 febrero del próximo año”, enfatizó la autoridad.
Dijo que los conciliadores analizarán la disposición de las organizaciones no gubernamentales, porque así lo dice la ley. “La normativa entrará en vigencia el 6 de febrero y, después por supuesto, seguirá el análisis para que haya una suspensión, y después de febrero, ya se pueda ver”, declaró.
La mañana de ayer se reunió en la Asamblea Legislativa Plurinacional una comisión de alto nivel conformada por los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores, además del procurador Héctor Arce y autoridades del Órgano Judicial y Consejo de la Magistratura, en la que se consideró la situación de los conciliadores y los códigos Procesal, Civil y Familia (códigos Morales).
El 13 de julio fueron designados 153 jueces conciliadores con la misión de evitar que los procesos de asistencia familiar, deudas y herencias, entre otros, lleguen al sistema judicial y se resuelvan con el diálogo de partes.
EL PAGO
Otro de los argumentos expuestos por Velasco es que la ley aún no está reglamentada, por lo que “no hay uno de (juzgado de) conciliación que tenga una sala especializada donde se tiene un juez conciliador, un secretario, un auxiliar oficial”, según la ANF.
El presidente del Consejo de la Magistratura, Freddy Sanabria, manifestó el jueves que los jueces en cuestión no podrán cobrar sus honorarios hasta que entre en vigencia la norma, a pesar de que aquellos funcionarios ya fueron designados y capacitados para ejercer funciones como conciliadores desde el 7 de agosto.
La vocera de los profesionales, Nelly Ramírez, afirmó que como alternativa a este problema sus colegas piden que se les reasigne funciones en la socialización de las normas hasta que entren en vigencia el 6 de febrero. En julio, el Consejo de la Magistratura nombró a los 157 conciliadores; 37 para La Paz, 30 para Cochabamba, 41 para Santa Cruz, 11 para Potosí, seis para Beni, dos para Pando y a diez para Chuquisaca, Oruro y Tarija.
Sobre la aplicación de los códigos Civil y Familia, Velasco sostuvo que estas normas deben ser socializadas en todas las instancias judiciales y, principalmente, ante la sociedad. Esos documentos también entrarán en vigencia a partir de febrero de 2016.
“No se ha podido socializar y lo vamos a hacer, y cada uno (de los funcionarios) ya tenemos la tarea conjunta, en coordinación con el Órgano Judicial, con la Asamblea (Legislativa) y el Ministerio de Justicia”, manifestó. En esa línea, el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, indicó que la socialización de los ‘códigos Morales’ tropezó con varios problemas. “No fue ideal ni suficiente; la población prácticamente no estaba en conocimiento de este nuevo Código Civil, en fin, una serie de falencias que en estos seis meses se pretende enmendar”.
DIFUSIÓN DE LA NORMA
La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, informó que la capacitación de los funcionarios de la administración de justicia en el ámbito civil, será parte de los cursos de formación a los jueces.
“Estamos enfocándonos en el tema de presupuesto. El reglamento de la Ley General 348 para Garantizar una Vida Libre de Violencia a las Mujeres establece que los gobiernos autónomos deben ejecutar el 30 % de los recursos de seguridad ciudadana”, resaltó el viceministro de Igualdad de Oportunidades, Juan Antonio Pérez.
Indicó, además, que para este año la ley establece la implementación de las casas de acogida de los gobiernos departamentales autónomos, y por parte de los gobiernos municipales, el fortalecimiento del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM). “Implementaremos la ejecución que es un mandato de la Ley 348 y su Reglamento” que la mayoría de las gobernaciones lo harán y que invertirán parte de su presupuesto según la normativa vigente.
Conforme a la corresponsabilidad “tanto a nivel central, departamental y municipal para consensuar un trabajo efectivo”, la normativa establece un encuentro que se efectuará el lunes 24 de este mes en la ciudad de Cochabamba, y que concluirá con un evento nacional en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra el próximo 28 de agosto.
La ministra de Justicia, Virginia Velasco, tras su alocución, destacó la amplia participación de las autoridades departamentales y municipales con sus equipos técnicos.
El Ministerio de Justicia, como ente rector de la misma, tiene como responsabilidad coordinar y vigilar la efectiva aplicación y cumplimiento de la ley.
JUECES CONCILIADORES
“El Gobierno nacional determinó que los jueces de conciliación designados en julio pasado, no ejercerán todavía sus funciones debido a que la Ley 232 posterga la fecha de vigencia de los ‘códigos Morales’ emanados de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), hasta el 6 febrero del próximo año”, enfatizó la autoridad.
Dijo que los conciliadores analizarán la disposición de las organizaciones no gubernamentales, porque así lo dice la ley. “La normativa entrará en vigencia el 6 de febrero y, después por supuesto, seguirá el análisis para que haya una suspensión, y después de febrero, ya se pueda ver”, declaró.
La mañana de ayer se reunió en la Asamblea Legislativa Plurinacional una comisión de alto nivel conformada por los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores, además del procurador Héctor Arce y autoridades del Órgano Judicial y Consejo de la Magistratura, en la que se consideró la situación de los conciliadores y los códigos Procesal, Civil y Familia (códigos Morales).
El 13 de julio fueron designados 153 jueces conciliadores con la misión de evitar que los procesos de asistencia familiar, deudas y herencias, entre otros, lleguen al sistema judicial y se resuelvan con el diálogo de partes.
EL PAGO
Otro de los argumentos expuestos por Velasco es que la ley aún no está reglamentada, por lo que “no hay uno de (juzgado de) conciliación que tenga una sala especializada donde se tiene un juez conciliador, un secretario, un auxiliar oficial”, según la ANF.
El presidente del Consejo de la Magistratura, Freddy Sanabria, manifestó el jueves que los jueces en cuestión no podrán cobrar sus honorarios hasta que entre en vigencia la norma, a pesar de que aquellos funcionarios ya fueron designados y capacitados para ejercer funciones como conciliadores desde el 7 de agosto.
La vocera de los profesionales, Nelly Ramírez, afirmó que como alternativa a este problema sus colegas piden que se les reasigne funciones en la socialización de las normas hasta que entren en vigencia el 6 de febrero. En julio, el Consejo de la Magistratura nombró a los 157 conciliadores; 37 para La Paz, 30 para Cochabamba, 41 para Santa Cruz, 11 para Potosí, seis para Beni, dos para Pando y a diez para Chuquisaca, Oruro y Tarija.
Sobre la aplicación de los códigos Civil y Familia, Velasco sostuvo que estas normas deben ser socializadas en todas las instancias judiciales y, principalmente, ante la sociedad. Esos documentos también entrarán en vigencia a partir de febrero de 2016.
“No se ha podido socializar y lo vamos a hacer, y cada uno (de los funcionarios) ya tenemos la tarea conjunta, en coordinación con el Órgano Judicial, con la Asamblea (Legislativa) y el Ministerio de Justicia”, manifestó. En esa línea, el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, indicó que la socialización de los ‘códigos Morales’ tropezó con varios problemas. “No fue ideal ni suficiente; la población prácticamente no estaba en conocimiento de este nuevo Código Civil, en fin, una serie de falencias que en estos seis meses se pretende enmendar”.
DIFUSIÓN DE LA NORMA
La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, informó que la capacitación de los funcionarios de la administración de justicia en el ámbito civil, será parte de los cursos de formación a los jueces.
ONG's exigen nueva ley que no afecte sus derechos
Las organizaciones no gubernamentales (ONG’s), asociadas en la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas), demandaron ayer al gobierno de Evo Morales la aprobación de una nueva ley “única y clara”, que no afecte su derecho a la libre expresión y a la asociación.
"Planteamos al Gobierno que hayan reglas claras, que haya una norma única que pueda establecer nuestra acción, sin afectar los derechos de asociación y expresión, que haya un entorno propicio en el cual se cumplan estos compromisos de derechos de protección, de los derechos humanos en general y en particular la de asociación y de expresión", señaló la directora ejecutiva de Unitas, Susana Eróstegui, en declaraciones a la red Erbol.
Estas afirmaciones surgen después de que en pasados días el vicepresidente Álvaro García Linera acusó a algunas organizaciones no gubernamentales de hacer política e incluso amenazó con expulsarlas del país. Según Eróstegui, la idea ahora no es confrontarse con el Ejecutivo, “pero hay que defenderse cuando a uno le señalan de cuestiones que afectan sus derechos, porque aquí no se defiende a instituciones en particular, se defiende los principios de nuestra sociedad”.
"Es por eso que se está planteando hacer una nueva ley de ONG’s, pero en el marco de que sería específica solamente para estas organizaciones no gubernamentales, la norma que está vigente actualmente es la Ley 351, que ha sido analizada por distintas instancias jurídicas y el mismo Defensor del Pueblo presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, argumentando que esta norma está en contra de la libertad de asociación y además poniendo en situación de indefensión a las organizaciones no gubernamentales, fundaciones sin fines de lucro e incluso organizaciones sociales", remarcó.
INCONSTITUCIONAL. El recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 351 fue presentado bajo dos argumentos. El primero cuestiona la intención que esa norma tiene de "subordinar o alinear toda la acción de las ONG’s, fundaciones y entidades sin fines de lucro, además de organizaciones sociales, al plan nacional del Gobierno". La segunda observación es que cualquier instancia puede denunciar a una organización y el propio Órgano Ejecutivo es quien le puede revocar su personería jurídica.
"Entonces en ese segundo punto no habría el debido proceso para que se investigue a la organización denunciada para luego sancionarla, por tanto, se está afectando gravemente a los derechos de las instituciones y esa es la norma que está vigente, esperamos que más bien se la revise y ojalá se cree una norma única y clara con participación de los actores directores", agregó.
2 organizaciones no gubernamentales fueron observadas por el Gobierno, Cedib y Cedla.
"Planteamos al Gobierno que hayan reglas claras, que haya una norma única que pueda establecer nuestra acción, sin afectar los derechos de asociación y expresión, que haya un entorno propicio en el cual se cumplan estos compromisos de derechos de protección, de los derechos humanos en general y en particular la de asociación y de expresión", señaló la directora ejecutiva de Unitas, Susana Eróstegui, en declaraciones a la red Erbol.
Estas afirmaciones surgen después de que en pasados días el vicepresidente Álvaro García Linera acusó a algunas organizaciones no gubernamentales de hacer política e incluso amenazó con expulsarlas del país. Según Eróstegui, la idea ahora no es confrontarse con el Ejecutivo, “pero hay que defenderse cuando a uno le señalan de cuestiones que afectan sus derechos, porque aquí no se defiende a instituciones en particular, se defiende los principios de nuestra sociedad”.
"Es por eso que se está planteando hacer una nueva ley de ONG’s, pero en el marco de que sería específica solamente para estas organizaciones no gubernamentales, la norma que está vigente actualmente es la Ley 351, que ha sido analizada por distintas instancias jurídicas y el mismo Defensor del Pueblo presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, argumentando que esta norma está en contra de la libertad de asociación y además poniendo en situación de indefensión a las organizaciones no gubernamentales, fundaciones sin fines de lucro e incluso organizaciones sociales", remarcó.
INCONSTITUCIONAL. El recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 351 fue presentado bajo dos argumentos. El primero cuestiona la intención que esa norma tiene de "subordinar o alinear toda la acción de las ONG’s, fundaciones y entidades sin fines de lucro, además de organizaciones sociales, al plan nacional del Gobierno". La segunda observación es que cualquier instancia puede denunciar a una organización y el propio Órgano Ejecutivo es quien le puede revocar su personería jurídica.
"Entonces en ese segundo punto no habría el debido proceso para que se investigue a la organización denunciada para luego sancionarla, por tanto, se está afectando gravemente a los derechos de las instituciones y esa es la norma que está vigente, esperamos que más bien se la revise y ojalá se cree una norma única y clara con participación de los actores directores", agregó.
2 organizaciones no gubernamentales fueron observadas por el Gobierno, Cedib y Cedla.
sábado, 15 de agosto de 2015
Código Civil y su implementación están en vigencia desde el día 6
LA LEY 439 O CÓDIGO CIVIL.
A partir del 6 de este mes entraron en vigencia el nuevo Código Procesal Civil y la Ley de su Implementación, en cumplimiento de las disposiciones transitorias y adicionales de dicho cuerpo de leyes. Empero, se otorgó plazo de seis meses para que los operadores de la justicia tomen pleno conocimiento de los contenidos de la Ley de Implementación, en especial, por su volumen, que es bastante extenso y exhaustivo en su temática.
Tanto el Código y su Implementación fueron aprobados mediante la Ley No. 439, en fecha 19 de noviembre de 2013. Sin duda, sorprende que, pese a que han transcurrido casi dos años, desde entonces, el sistema judicial del país esté actuando con tanta demora para ponerlas en aplicación.
Aunque, existe ya la posibilidad de iniciar procesos sobre la base de esos instrumentos legales, al menos en situaciones que sean de urgencia para los litigantes.
Ambos instrumentos legales tienen mucha más importancia que el Código Penal, puesto que las disposiciones civiles atañen al conjunto de la población, en tanto que lo penal tiene que ver exclusivamente con delitos mayores. En cambio, la justicia civil abarca todos los campos de la vida social y comercial.
El Código Procesal Civil instituye la normatividad pertinente, en tanto que la Ley de Implementación prevé la forma de aplicarla, tanto en su nueva estructuración y en el funcionamiento de los juzgados, como en las especificaciones pormenorizadas que deben observarse para llevar adelante los procesos civiles.
Otro capítulo trascendental que abarca la Ley de Implementación es el referido a la legislación sobre la familia, en todos sus aspectos, incluyendo los divorcios, que en la actualidad se han tornado en las causas más frecuentes en el sistema judicial.
JUSTIFICACIÓN
La nueva norma judicial, en lo que concierne a su justificación, expresa que “la complejidad de las relaciones sociales que se presentan en el Estado Plurinacional, generan una creciente demanda del servicio de justicia, lo que ha provocado un crecimiento de conflictos y problemas individuales y colectivos, que se judicializan en el ámbito ordinario, que saturan a los juzgados y tribunales, denominada sobrecarga procesal, es decir, que el número de causas ingresadas y tramitadas al sistema judicial, supera la capacidad de atención de los administradores de justicia”.
Se anota también que la Ley 025 del Órgano Judicial, promulgada el 4 de junio de 2010, establece una nueva estructura para el sistema, aumenta el número de vocales de los tribunales departamentales de Justicia, instituye los juzgados públicos e incorpora a los conciliadores, como parte del personal de apoyo judicial.
APLICACIÓN DE LA LEY 439
Con la vigencia plena de la Ley 439 Código Procesal Civil debe aplicarse la nueva estructura judicial, que son los nuevos juzgados públicos en materia civil y comercial.
Su disposición transitoria tercera reordena y asigna equivalencia, entre los juzgados de instrucción civil y juzgados de partido en materia civil y comercial, inicialmente, en tanto no se aprueben otros códigos.
Se dispone también que el reordenamiento y la asignación de equivalencia, a los nuevos juzgados públicos debe realizarse en todos los juzgados en materia civil y comercial, pero también en los juzgados de instrucción mixtos y de partido mixtos, que son competentes para conocer, tramitar y resolver causas en materia civil y comercial.
JUZGADOS PÚBLICOS DEPARTAMENTALES
La parte más voluminosa de la Ley de Implementación del Nuevo Código Procesal está destinada a la creación y ordenamiento de los juzgados públicos de cada uno de los nueve departamentos del país. En cada caso se tiene un capítulo titulado Asignación de Equivalencia y Nueva Denominación de Juzgados Públicos, los que casi en su generalidad tienen previsiones específicas sobre las características geográficas y judiciales de cada uno de ellos.
jueves, 13 de agosto de 2015
Legislativo priorizará leyes medioambientales
El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda informó que en el trabajo de la Asamblea Legislativa, se priorizará la materialización de la Cumbre Agroambiental en el tema de las leyes y las modificaciones al Código Penal y Procedimiento penal, que por efectos de la cumbre se van a modificar sustancialmente estas normas.
Borda señaló que aún llegan sugerencias de reformas a estos Códigos y que su análisis se encuentra en la Comisión de Justicia Plural de diputados.
Borda señaló que aún llegan sugerencias de reformas a estos Códigos y que su análisis se encuentra en la Comisión de Justicia Plural de diputados.
miércoles, 12 de agosto de 2015
Borda plantea una ley para fiscalizar y sancionar a ONG
Tras la advertencia del Gobierno de expulsar a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que se entrometan en asuntos de Estado, el diputado Víctor Borda anunció la elaboración de una ley para fiscalizar y sancionar a entidades que no cumplan con sus tareas específicas.
En su condición de vicepresidente de la Cámara de Diputados, el legislador del Movimiento Al Socialismo (MAS) adelantó que en las próximas semanas iniciará la elaboración del proyecto, en coordinación con ministerios de Estado encargados de regular las políticas de cooperación internacional. Para el diputado, la nueva ley deberá establecer “la naturaleza jurídica de las ONG, la finalidad que tienen esas organizaciones y la transparencia en el manejo de sus recursos”.
“Hay ONG que dicen defender el medio ambiente pero sus recursos los desvían a otros fines (...). Tiene que haber sanciones y responsabilidades individuales” a quienes manejan esas entidades, enfatizó Borda, quien remarcó la necesidad de fiscalización permanente del dinero que manejan.
Norma. El lunes, el vicepresidente Álvaro García Linera cuestionó la labor de cuatro organizaciones: las fundaciones Milenio y Tierra, además del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) y del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), a las que acusó de hacer política partidista. “Si (alguna ONG) se entromete, se va afuera”, sentenció.
Para la autoridad, hay ONG que se basan en una “política transnacional imperial” que en el pasado buscaban controlar la natalidad en los países de Sudamérica y ahora perfilan una “supuesta protección a la naturaleza”.
Basado en una petición de informe, el diputado Borda detalló que de las 2.228 ONG que operan en el país, solo 291 tienen su registro de funcionamiento vigente y que el resto no tiene documento actualizado.En ese entendido, aclaró que el objetivo es “controlar” a las organizaciones que no develan los objetivos de su presencia en el país. “De todas esas entidades no se sabe cuántas han contribuido a mejorar las condiciones económicas de la población o han gestionado proyectos fundamentales”.
Sin embargo, ésta no sería la primera ley que busca controlar las actividades de organizaciones y fundaciones sin fines de lucro. En marzo de 2013 fue promulgada la Ley 351 de Otorgación de Personalidades Jurídicas, cuyo objetivo es regular las funciones de esas entidades y hacer transparentes sus operaciones para evitar irregularidades, y también incluye la revocatoria de permisos a las que incumplan los objetivos para los que fueron creados.
Borda señaló que la nueva ley no será complementaria, sino específica, porque la ley vigente no incorpora control. “Ahora se buscan medidas coercitivas más efectivas (...) incorporando sanciones para que las ONG no se deslicen de sus objetivos y finalidades. Hay que saber cuánto tienen y en qué están invirtiendo”, insistió el diputado. Ante la alusión de García Linera, las ONG Cedib y CEDLA negaron las acusaciones y afirmaron que no recurren a auspicios partidarios, son apolíticas y practican el pluralismo. Tierra dijo que no tiene financiamiento externo.
La relación con las ONG
Medida
La relación Gobierno-ONG no es la mejor. En 2013 fue echada IBIS “por injerencia y acciones de división”. Ese mismo año expulsó a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) por similares acusaciones.
martes, 11 de agosto de 2015
Difunden ley que protege a los menores
El código Niña, Niño, Adolescente, que protege a este sector de la sociedad, se difundió a las autoridades subnacionales del departamento de Beni, informó la presidenta de la Red Parlamentaria por la Niñez y Adolescencia, Máxima Apaza.
“Lo que se busca es que las nuevas autoridades subnacionales puedan empoderarse de este código con la finalidad de ponerlo en práctica para enfrentar las denuncias de violación y maltrato a las niñas, niños y adolescentes”, sostuvo.
Apaza señaló que ninguna de las autoridades debe quedar al margen, razón por la cual los asambleístas departamentales y nacionales deben hacer un seguimiento para que la justicia actúe de inmediato en los casos denunciados.
La senadora no está de acuerdo con que los niños y adolescentes “duerman con su agresor”, para lo cual se realizaron talleres de concienciación en Tarija y ahora en Trinidad.
Asimismo, Apaza hizo un llamado a cuidar a este amplio sector de la sociedad porque es el presente y futuro de la patria. (Trinidad - Cambio y Corresponsal)
“Lo que se busca es que las nuevas autoridades subnacionales puedan empoderarse de este código con la finalidad de ponerlo en práctica para enfrentar las denuncias de violación y maltrato a las niñas, niños y adolescentes”, sostuvo.
Apaza señaló que ninguna de las autoridades debe quedar al margen, razón por la cual los asambleístas departamentales y nacionales deben hacer un seguimiento para que la justicia actúe de inmediato en los casos denunciados.
La senadora no está de acuerdo con que los niños y adolescentes “duerman con su agresor”, para lo cual se realizaron talleres de concienciación en Tarija y ahora en Trinidad.
Asimismo, Apaza hizo un llamado a cuidar a este amplio sector de la sociedad porque es el presente y futuro de la patria. (Trinidad - Cambio y Corresponsal)
Envían Anteproyecto de Ley a Ministerio
La redacción final del Anteproyecto de la Ley del Deporte (materializado por iniciativa del Ministerio de Deportes) fue enviada al Ministerio de la Presidencia, en las últimas horas.
Los trámites para su aprobación se iniciaron ya en el Órgano Ejecutivo, antes de ser propuesto ante la Asamblea Legislativa del Estado Plurinacional de Bolivia, de acuerdo al Ministerio de Deportes.
El documento ha sido elaborado contemplando indicaciones tanto de las entidades públicas como privadas.
Para continuar con el proceso de socialización, los titulares de los entes federativos se citarán hoy en el salón de reuniones del Ministerio.
El documento oficial ha sido expuesto de forma abierta en la página del Ministerio, por lo que todos los deportistas y dirigentes pueden acceder fácilmente al escrito en su versión online.
Los trámites para su aprobación se iniciaron ya en el Órgano Ejecutivo, antes de ser propuesto ante la Asamblea Legislativa del Estado Plurinacional de Bolivia, de acuerdo al Ministerio de Deportes.
El documento ha sido elaborado contemplando indicaciones tanto de las entidades públicas como privadas.
Para continuar con el proceso de socialización, los titulares de los entes federativos se citarán hoy en el salón de reuniones del Ministerio.
El documento oficial ha sido expuesto de forma abierta en la página del Ministerio, por lo que todos los deportistas y dirigentes pueden acceder fácilmente al escrito en su versión online.
lunes, 10 de agosto de 2015
Proyecto de ley de coca listo para septiembre
El vicepresidente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Leonardo Loza, informó que entregarán en septiembre a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) su propuesta de proyecto Ley de Coca.
“Vamos a tener un último Ampliado este fin de agosto y luego nosotros vamos a tener reuniones semanales con nuestro compañeros de La Paz y para septiembre vamos a presentar al Parlamento nacional (el documento)”, declaró.
El dirigente cocalero contó que su propuesta gira en torno al sistema de comercialización, producción e industrialización, entre otros aspectos, de la hoja milenaria.
Dijo que en conjunto con los cocaleros de La Paz se planteará pagar un impuesto de cinco bolivianos y se determinará en un reglamento la forma y periodo
“Vamos a tener un último Ampliado este fin de agosto y luego nosotros vamos a tener reuniones semanales con nuestro compañeros de La Paz y para septiembre vamos a presentar al Parlamento nacional (el documento)”, declaró.
El dirigente cocalero contó que su propuesta gira en torno al sistema de comercialización, producción e industrialización, entre otros aspectos, de la hoja milenaria.
Dijo que en conjunto con los cocaleros de La Paz se planteará pagar un impuesto de cinco bolivianos y se determinará en un reglamento la forma y periodo
viernes, 7 de agosto de 2015
Decreto otorga subsidio de Bs 1.200 a embarazadas
Durante la novena sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) desde donde brindó su informe a la nación el presidente Evo Morales, en ocasión del 6 de Agosto, Día de la Patria, anunció la aprobación de un decreto supremo que posibilitará un subsidio universal de prelactancia, destinado a mujeres embarazadas. El beneficio se traducirá en el pago de 300 bolivianos por cuatro meses.
"Hay que pensar en los sectores más abandonados, más desprotegidos. Hemos debatido bastante una nueva política social llamada prelactancia para las embarazadas”, dijo.
Añadió que las asalariadas reciben un subsidio de lactancia prenatal en productos por el valor de un salario mínimo nacional (equivalente a 1.656 bolivianos), entonces solo se beneficiaban 46 mil mujeres", indicó.
Durante una histórica sesión por los 190 años de la independencia de Bolivia celebrada en el departamento de Beni, el Primer Mandatario dijo que el subsidio de carácter prenatal estará destinado a todas las mujeres embarazadas, sin excepción.
MADRES SOLTERAS Morales también aprovechó de llamar la atención de las y los ministros por el aumento de madres adolescentes. "Hemos visto con mucha preocupación que en los últimos tiempos. No sé qué está pasando; adolescentes niñas de colegio, abandonadas, regañadas, aisladas. Por eso con los ministros y ministras hay que hacer algo con las mamás solteras", aseveró.
El subsidio de lactancia actualmente consiste en varios productos de alto contenido nutricional, tanto para la madre como para el hijo en gestación. Durante los últimos años, a la canasta de leche, yogur, mantequilla, queso fundido y saborizantes vitamínicos, se incrementaron productos nacionales de diferentes regiones del país, como la almendra, quinua, palmitos, lenteja, avena, cereales, entre otros.
CARRETERAS El presidente Morales anunció que promulgó la ley que autoriza el crédito por 600 millones de dólares para la construcción de la carretera que unirá las poblaciones estratégicas de Riberalta y Rurrenabaque, dos de las ciudades más importantes del Beni.
Morales elogió al ministro de Planificación, René Orellana, por el logro de los créditos internacionales para la construcción de la carretera.
También anunció que el Gobierno nacional invertirá 8.228 millones de dólares en la construcción de carreteras en el país hasta 2020.
Adelantó que esa inversión contempla la construcción de un corredor bioceánico de 894 kilómetros y de un corredor norte-sur, oeste-norte de 1.931 kilómetros.
En el tema de transporte férreo, el Mandatario, adelantó que hasta 2020 el Gobierno invertirá 1.290 millones de dólares, para dotar de líneas férreas en Cochabamba y Santa Cruz y un tren comercial de Motacucito a Puerto Busch.
MÁS VIVIENDAS El Jefe de Estado, en el informe al país, manifestó que entre las gestiones 2006 y 2015 se construyeron y entregaron 70.446 viviendas sociales en todo el territorio nacional, con una inversión de 3.208 millones de bolivianos.
Criticó a las personas que teniendo una casa propia se inscriben al programa de vivienda social del Gobierno con el objetivo de aumentar su patrimonio y alquilar o dar en anticrético la nueva adquisición.
"El programa de vivienda social es para la gente que no tiene casa. Cuando me enteré de gente que alquila además caro, era capaz de sacarlos", fustigó.
Solo es un paliativo que no soluciona el tema de fondo
Mateo Bautista
Sacerdote
La implementación de un subsidio universal para las mujeres embarazadas solo es un paliativo que no soluciona problemas de fondo.
Se necesita la asignación de una mayor cantidad de ítems y mejora de su infraestructura.
El subsidio puede servir de ayuda, pero no es más que un paliativo porque el requerimiento de la salud es mayor por la atención que deben recibir las madres embarazadas y sus hijos.
Puede que tengamos las mejores ambulancias, pero de qué sirven si no hay chofer ni combustible, en este caso se requiere una atención integral, porque lo que necesitamos son especialistas.
Destaco del discurso del Mandatario que haya reconocido que hay escasez de ítems para el sector y reiteró que la única manera de solucionar esa falencia es mejorando el presupuesto para la salud.
"Hay que pensar en los sectores más abandonados, más desprotegidos. Hemos debatido bastante una nueva política social llamada prelactancia para las embarazadas”, dijo.
Añadió que las asalariadas reciben un subsidio de lactancia prenatal en productos por el valor de un salario mínimo nacional (equivalente a 1.656 bolivianos), entonces solo se beneficiaban 46 mil mujeres", indicó.
Durante una histórica sesión por los 190 años de la independencia de Bolivia celebrada en el departamento de Beni, el Primer Mandatario dijo que el subsidio de carácter prenatal estará destinado a todas las mujeres embarazadas, sin excepción.
MADRES SOLTERAS Morales también aprovechó de llamar la atención de las y los ministros por el aumento de madres adolescentes. "Hemos visto con mucha preocupación que en los últimos tiempos. No sé qué está pasando; adolescentes niñas de colegio, abandonadas, regañadas, aisladas. Por eso con los ministros y ministras hay que hacer algo con las mamás solteras", aseveró.
El subsidio de lactancia actualmente consiste en varios productos de alto contenido nutricional, tanto para la madre como para el hijo en gestación. Durante los últimos años, a la canasta de leche, yogur, mantequilla, queso fundido y saborizantes vitamínicos, se incrementaron productos nacionales de diferentes regiones del país, como la almendra, quinua, palmitos, lenteja, avena, cereales, entre otros.
CARRETERAS El presidente Morales anunció que promulgó la ley que autoriza el crédito por 600 millones de dólares para la construcción de la carretera que unirá las poblaciones estratégicas de Riberalta y Rurrenabaque, dos de las ciudades más importantes del Beni.
Morales elogió al ministro de Planificación, René Orellana, por el logro de los créditos internacionales para la construcción de la carretera.
También anunció que el Gobierno nacional invertirá 8.228 millones de dólares en la construcción de carreteras en el país hasta 2020.
Adelantó que esa inversión contempla la construcción de un corredor bioceánico de 894 kilómetros y de un corredor norte-sur, oeste-norte de 1.931 kilómetros.
En el tema de transporte férreo, el Mandatario, adelantó que hasta 2020 el Gobierno invertirá 1.290 millones de dólares, para dotar de líneas férreas en Cochabamba y Santa Cruz y un tren comercial de Motacucito a Puerto Busch.
MÁS VIVIENDAS El Jefe de Estado, en el informe al país, manifestó que entre las gestiones 2006 y 2015 se construyeron y entregaron 70.446 viviendas sociales en todo el territorio nacional, con una inversión de 3.208 millones de bolivianos.
Criticó a las personas que teniendo una casa propia se inscriben al programa de vivienda social del Gobierno con el objetivo de aumentar su patrimonio y alquilar o dar en anticrético la nueva adquisición.
"El programa de vivienda social es para la gente que no tiene casa. Cuando me enteré de gente que alquila además caro, era capaz de sacarlos", fustigó.
Solo es un paliativo que no soluciona el tema de fondo
Mateo Bautista
Sacerdote
La implementación de un subsidio universal para las mujeres embarazadas solo es un paliativo que no soluciona problemas de fondo.
Se necesita la asignación de una mayor cantidad de ítems y mejora de su infraestructura.
El subsidio puede servir de ayuda, pero no es más que un paliativo porque el requerimiento de la salud es mayor por la atención que deben recibir las madres embarazadas y sus hijos.
Puede que tengamos las mejores ambulancias, pero de qué sirven si no hay chofer ni combustible, en este caso se requiere una atención integral, porque lo que necesitamos son especialistas.
Destaco del discurso del Mandatario que haya reconocido que hay escasez de ítems para el sector y reiteró que la única manera de solucionar esa falencia es mejorando el presupuesto para la salud.
jueves, 6 de agosto de 2015
Observan ley boliviana sobre las ONG
La organización Human Rights Watch, en una nota de prensa desde Washington (EEUU) dijo ayer que la ley boliviana sobre ONG “atenta contra el derecho de la libertad de asociación”, en el marco del pedido de inconstitucionalidad de esa ley presentado por la Defensoría del Pueblo de Bolivia.
“Las restricciones que impone Bolivia al trabajo de las organizaciones no gubernamentales atentan contra el derecho de los defensoresde derechos humanos a la libertad de asociación”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
La institución entregó su opinión como parte de la demanda de inconstitucionalidad de la Ley 351 y del Decreto 1597, que regulan las actividades de las ONG, presentada por la Defensoría.
Con anterioridad, dentro de ese mismo proceso, el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (NNUU), Maina Kiai, emitió un informe en el que afirmó que esa ley y el decreto reglamentario “injustificadamente restringe el derecho de asociación según normas, estándares y principios internacionales”.
Fue ahora el turno de Human Rights Watch, una de las más prestigiosas entidades internacionales de defensa de los derechos humanos.
Vivanco agregó que “el modo en que la ley y el decreto de Bolivia sobre organizaciones no gubernamentales han sido redactados permite que se tomen decisiones arbitrarias, basadas en motivaciones políticas, que vulneran el derecho a la libertad de asociación”
Opinó que “Bolivia debería derogar inmediatamente estas restricciones para asegurar que los defensores de derechos humanos puedan llevar adelante su trabajo libremente, lo cual es fundamental en toda sociedad democrática”. En junio de 2013, el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, presentó un recurso de inconstitucionalidad a dos artículos de la Ley 351 y del Decreto Supremo 1597 y envió la solicitud de “amicus curiae” para que terceras partes emitan criterio sobre el tema en particular antes de que el Tribunal emita su fallo.
La ley y el decreto mencionados facultan al Gobierno a disolver una ONG o fundación sin argumentar razones y sin autorización judicial. Además, para reconocerlas, obligan a que éstas adapten sus estatutos y objetivos a los planes gubernamentales de desarrollo.
“Las restricciones que impone Bolivia al trabajo de las organizaciones no gubernamentales atentan contra el derecho de los defensoresde derechos humanos a la libertad de asociación”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
La institución entregó su opinión como parte de la demanda de inconstitucionalidad de la Ley 351 y del Decreto 1597, que regulan las actividades de las ONG, presentada por la Defensoría.
Con anterioridad, dentro de ese mismo proceso, el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (NNUU), Maina Kiai, emitió un informe en el que afirmó que esa ley y el decreto reglamentario “injustificadamente restringe el derecho de asociación según normas, estándares y principios internacionales”.
Fue ahora el turno de Human Rights Watch, una de las más prestigiosas entidades internacionales de defensa de los derechos humanos.
Vivanco agregó que “el modo en que la ley y el decreto de Bolivia sobre organizaciones no gubernamentales han sido redactados permite que se tomen decisiones arbitrarias, basadas en motivaciones políticas, que vulneran el derecho a la libertad de asociación”
Opinó que “Bolivia debería derogar inmediatamente estas restricciones para asegurar que los defensores de derechos humanos puedan llevar adelante su trabajo libremente, lo cual es fundamental en toda sociedad democrática”. En junio de 2013, el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, presentó un recurso de inconstitucionalidad a dos artículos de la Ley 351 y del Decreto Supremo 1597 y envió la solicitud de “amicus curiae” para que terceras partes emitan criterio sobre el tema en particular antes de que el Tribunal emita su fallo.
La ley y el decreto mencionados facultan al Gobierno a disolver una ONG o fundación sin argumentar razones y sin autorización judicial. Además, para reconocerlas, obligan a que éstas adapten sus estatutos y objetivos a los planes gubernamentales de desarrollo.
En el Chapare contradicen a los Yungas Buscan aprobar Ley de la Coca
El vicepresidente de la Coordinadora de las Federaciones de Cocaleros del trópico de Cochabamba, Leonardo Loza, aseguró que se va a garantizar la aprobación de la Ley General de la Hoja de Coca en diciembre de este año.
"Nosotros tuvimos anoche una reunión con nuestro hermano Presidente. Se va a garantizar la aprobación de la Ley General de la Hoja de Coca este año 2015, en el mes de diciembre a través de nuestra Asamblea Nacional", señaló el dirigente.
En desacuerdo. Los cocaleros pretendían que esta norma se apruebe este agosto, sin embargo, el presidente de Asociación Departamental de Productores de Hoja de Coca (Adepcoca), Ernesto Cordero, afirmó en julio que la Ley recién se sancionaría el próximo año.
Loza manifestó que “no sabe de dónde salió esa versión”, y aseguró que esta gestión la norma estará aprobada.
Ambos dirigentes hicieron sus respectivos anuncios basados en reuniones con el presidente Evo Morales.
Propuesta. El dirigente del trópico de Cochabamba reiteró que su propuesta consiste en que la nueva ley permita el cultivo de 20.000 hectáreas de coca en Bolivia, de las cuales 7.000 hectáreas serían para su región.
La actual Ley 1.008 solo permite 12.000 hectáreas y el estudio de consumo de la hoja, realizado con financiamiento de la Unión Europea, dice que en el país se necesita 14.705 hectáreas para cubrir la demanda tradicional.
Asimismo, la Coordinadora pretende que el Gobierno central, las gobernaciones y los municipios sean parte de la producción, comercialización e industrialización de la coca, según Loza.
"Nosotros tuvimos anoche una reunión con nuestro hermano Presidente. Se va a garantizar la aprobación de la Ley General de la Hoja de Coca este año 2015, en el mes de diciembre a través de nuestra Asamblea Nacional", señaló el dirigente.
En desacuerdo. Los cocaleros pretendían que esta norma se apruebe este agosto, sin embargo, el presidente de Asociación Departamental de Productores de Hoja de Coca (Adepcoca), Ernesto Cordero, afirmó en julio que la Ley recién se sancionaría el próximo año.
Loza manifestó que “no sabe de dónde salió esa versión”, y aseguró que esta gestión la norma estará aprobada.
Ambos dirigentes hicieron sus respectivos anuncios basados en reuniones con el presidente Evo Morales.
Propuesta. El dirigente del trópico de Cochabamba reiteró que su propuesta consiste en que la nueva ley permita el cultivo de 20.000 hectáreas de coca en Bolivia, de las cuales 7.000 hectáreas serían para su región.
La actual Ley 1.008 solo permite 12.000 hectáreas y el estudio de consumo de la hoja, realizado con financiamiento de la Unión Europea, dice que en el país se necesita 14.705 hectáreas para cubrir la demanda tradicional.
Asimismo, la Coordinadora pretende que el Gobierno central, las gobernaciones y los municipios sean parte de la producción, comercialización e industrialización de la coca, según Loza.
miércoles, 5 de agosto de 2015
La Ley 708 de Conciliación y Arbitraje ‘no puede hacer milagros por sí sola’
Andrés Cerisola. El Socio Director de Ferrere, una de las firmas más importantes de servicios contables y consultoría de Sudamérica, llegó a La Paz para participar del evento “La Nueva Ley de Arbitraje en Bolivia en el contexto general de las inversiones”, organizado por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. El experto internacional realiza una evaluación sobre el contenido de la norma y sus limitaciones, las cuales pueden afectar la recepción de inversión extranjera al país.
— ¿Cuál es su evaluación inicial sobre la Ley de Conciliación y Arbitraje promulgada por el Gobierno el 25 de junio?
— Esta norma abre una nueva etapa en Bolivia, pero no puede hacer milagros por sí sola. Los factores que determinan el acceso a la inversión extranjera son muchos, lo importante es —dentro del respeto a las normas de cada país— que los inversores tengan la convicción de que si existe una disputa habrá un proceso justo, equilibrado, transparente y desarrollado en un entorno institucional previsible.
Cuando un país no les puede ofrecer a los inversores la tranquilidad de que en caso de una disputa tendrán un tercero imparcial que actuará sin prejuicios y tratando de aplicar de buena fe el derecho, y que además entienda los temas que está tratando, la inversión se retrae. Por otro lado, las leyes no pueden separarse del contexto en el cual se crean y están insertas.
Una buena ley de inversión no va a generar inversión si la economía es un desastre, pero Bolivia en la última década ha tenido una política que a nivel macroeconómico ha sido extremadamente prudente y exitosa; de ahí vienen las tasas de crecimiento en torno al 5% que existen hoy y que se proyectan hacia adelante inclusive en un momento en que el crecimiento económico de la mayoría de los países latinoamericanos está sufriendo el impacto de fenómenos mundiales y regionales como la desaceleración de China, la caída de los precios de los commodities y la situación muy difícil que están viviendo en Europa, Brasil y Argentina.
Bolivia sigue proyectando crecimiento y eso le permite ser un destino atractivo para la inversión y el financiamiento del extranjero. Ahora, en este entorno económico que es comparativamente favorable, es muy importante generar un entorno para que pueda haber un arbitraje previsible y transparente, para completar ese paquete que termine de decidir al inversor a ingresar (a Bolivia). No nos olvidemos, además, que en el ámbito internacional la economía de Estados Unidos se está recuperando y eso va a llevar nuevamente hacia ese país los capitales que estuvieron en los mercados emergentes en los últimos años.
Entonces, hay que tener una buena propuesta para traer esa menor inversión que va a mantenerse en los países emergentes (...). Bolivia ganará mucho si hay ambientes institucionales que le den tranquilidad a las partes respecto de cómo se resolverían eventuales disputas; eso crea valor y el valor crea oportunidades, empleos, industrias y riqueza en la sociedad (...). Antes de esta ley, los arbitrajes eran muy difíciles de constituir y de ejecutar, y era difícil que tuvieran éxito en su función de balancear los intereses del Estado y de los inversores con un criterio de justicia. Desde el punto de vista de la inversión la ley (1770) era mejor, pero no funcionaba. Ahora, desde el punto de vista abstracto y general, vamos a probar un esquema menos confiable.
— Sin tomar en cuenta el marco institucional que está a cargo de su implementación, ¿el contenido de la ley de arbitraje boliviana es más efectivo y eficiente que las normas similares de países de la región?
— Tiene muchas cosas buenas y creo que va a funcionar bien, tal vez mejor que en otros países de Sudamérica, pero tiene unas pocas, pero importantes limitaciones.
— ¿Qué aspectos no están claros en la nueva norma?
— El artículo 4 de la ley (que excluye 13 asuntos de la conciliación y el arbitraje) no tiene la precisión que uno desearía, porque establece como no arbitrables una serie de temas que son definidos en forma bastante genérica. Y así como éste existen otros artículos (...). El otro tema muy sensible es el arbitraje de inversión. La ley boliviana establece un esquema muy rígido, más limitado a Bolivia y la ley boliviana, y ahí uno puede mirar el vaso medio lleno o medio vacío.
— ¿Cumplirá esta norma con el objetivo de atraer inversiones?
— Primero habrá que ver en la práctica si el poder político no interfiere en los procesos judiciales; segundo, si estos procesos pueden desarrollarse con normalidad; y tercero, si los laudos que emerjan de esos procesos luego son respetados por las dos partes en la forma que corresponde (...). En aquellos aspectos donde haya incertidumbre la inversión se va a retraer, en otros aspectos menos sensibles a temas políticos probablemente esta ley puede florecer (...). Tendremos que ver cómo funciona (el proceso) en la práctica.
— ¿Cómo puede afectar una eventual situación de incertidumbre en la ley a la calidad del financiamiento externo que recibe el país y sus empresas?
— Los bancos internacionales se manejan bajo leyes que tienen soluciones para todos los temas importantes. Si la ley boliviana se llega a aplicar de una forma en la cual algunos financiamientos no se pudieran establecer con un arbitraje externo y con una ley reconocida en el ámbito internacional, eso podría ser un importante disuasivo para que los bancos extranjeros y algunas agencias multilaterales de crédito puedan habilitar financiamiento en Bolivia.
— ¿Una posible falta de experiencia de las cortes bolivianas en casos de este tipo puede desalentar la llegada de inversión extranjera al país?
— Un mayor número de casos de arbitraje que se den en Bolivia puede ser bueno para generar una cultura de arbitraje, pero al mismo tiempo pondrá una gran tensión sobre cortes que no tienen una tradición de manejar estos temas y que de golpe van a tener que empezar a resolver temas muy delicados, muy técnicos y que en el ámbito internacional tienen soluciones ya establecidas y consensuadas (...). En muchos países, las cámaras de arbitraje realizan procesos muy exitosos de formación de jueces, habrá que ver si eso ocurre acá. Muchos jueces nunca tuvieron que intervenir en un arbitraje, así que muchas cosas que son evidentes en jurisdicciones donde hay muchos arbitrajes pueden ser nuevas para ellos.
Por lo tanto, pueden tomar —no por mala voluntad, sino por falta de experiencia— decisiones que destruyen el arbitraje como instrumento y que al final tendrán efectos muy negativos (...). La ley le da a los centros de arbitraje una autonomía que no es común en otros países de América Latina, así que en la medida en que establezcan procedimientos que sean de buena calidad y predecibles, y cumplan los plazos extremadamente ambiciosos que tiene, la ley funcionará (...). En la medida en que se puedan constituir procesos previsibles, imparciales y sin interferencias se va a ir construyendo la confianza que atraerá a los nuevos inversores, lo malo de esto es que es un camino que lleva más tiempo.
Perfil
Nombre: Andrés Cerisola
Profesión: Abogado
Cargo: Socio Director de Ferrere
Especialista en análisis y diseño de estrategias
Se graduó como abogado en la Universidad de la República (Uruguay), tiene una maestría en Derecho en Harvard y estudió regulación europea en la Université Libre de Bruxelles. Es autor de varios libros, docente y representante de empresas y organizaciones académicas. Es experto en casos que requieren análisis exhaustivo y diseño de estrategias, ya sean disputas u operaciones complejas, en especial cuando debe estructurarse un proyecto o influye en éste la regulación estatal. Participa en negociaciones, litigios y arbitrajes en Uruguay y en otros países. Dirige también equipos de trabajo en operaciones de inversión extranjera, infraestructura, telecomunicaciones y energía.
— ¿Cuál es su evaluación inicial sobre la Ley de Conciliación y Arbitraje promulgada por el Gobierno el 25 de junio?
— Esta norma abre una nueva etapa en Bolivia, pero no puede hacer milagros por sí sola. Los factores que determinan el acceso a la inversión extranjera son muchos, lo importante es —dentro del respeto a las normas de cada país— que los inversores tengan la convicción de que si existe una disputa habrá un proceso justo, equilibrado, transparente y desarrollado en un entorno institucional previsible.
Cuando un país no les puede ofrecer a los inversores la tranquilidad de que en caso de una disputa tendrán un tercero imparcial que actuará sin prejuicios y tratando de aplicar de buena fe el derecho, y que además entienda los temas que está tratando, la inversión se retrae. Por otro lado, las leyes no pueden separarse del contexto en el cual se crean y están insertas.
Una buena ley de inversión no va a generar inversión si la economía es un desastre, pero Bolivia en la última década ha tenido una política que a nivel macroeconómico ha sido extremadamente prudente y exitosa; de ahí vienen las tasas de crecimiento en torno al 5% que existen hoy y que se proyectan hacia adelante inclusive en un momento en que el crecimiento económico de la mayoría de los países latinoamericanos está sufriendo el impacto de fenómenos mundiales y regionales como la desaceleración de China, la caída de los precios de los commodities y la situación muy difícil que están viviendo en Europa, Brasil y Argentina.
Bolivia sigue proyectando crecimiento y eso le permite ser un destino atractivo para la inversión y el financiamiento del extranjero. Ahora, en este entorno económico que es comparativamente favorable, es muy importante generar un entorno para que pueda haber un arbitraje previsible y transparente, para completar ese paquete que termine de decidir al inversor a ingresar (a Bolivia). No nos olvidemos, además, que en el ámbito internacional la economía de Estados Unidos se está recuperando y eso va a llevar nuevamente hacia ese país los capitales que estuvieron en los mercados emergentes en los últimos años.
Entonces, hay que tener una buena propuesta para traer esa menor inversión que va a mantenerse en los países emergentes (...). Bolivia ganará mucho si hay ambientes institucionales que le den tranquilidad a las partes respecto de cómo se resolverían eventuales disputas; eso crea valor y el valor crea oportunidades, empleos, industrias y riqueza en la sociedad (...). Antes de esta ley, los arbitrajes eran muy difíciles de constituir y de ejecutar, y era difícil que tuvieran éxito en su función de balancear los intereses del Estado y de los inversores con un criterio de justicia. Desde el punto de vista de la inversión la ley (1770) era mejor, pero no funcionaba. Ahora, desde el punto de vista abstracto y general, vamos a probar un esquema menos confiable.
— Sin tomar en cuenta el marco institucional que está a cargo de su implementación, ¿el contenido de la ley de arbitraje boliviana es más efectivo y eficiente que las normas similares de países de la región?
— Tiene muchas cosas buenas y creo que va a funcionar bien, tal vez mejor que en otros países de Sudamérica, pero tiene unas pocas, pero importantes limitaciones.
— ¿Qué aspectos no están claros en la nueva norma?
— El artículo 4 de la ley (que excluye 13 asuntos de la conciliación y el arbitraje) no tiene la precisión que uno desearía, porque establece como no arbitrables una serie de temas que son definidos en forma bastante genérica. Y así como éste existen otros artículos (...). El otro tema muy sensible es el arbitraje de inversión. La ley boliviana establece un esquema muy rígido, más limitado a Bolivia y la ley boliviana, y ahí uno puede mirar el vaso medio lleno o medio vacío.
— ¿Cumplirá esta norma con el objetivo de atraer inversiones?
— Primero habrá que ver en la práctica si el poder político no interfiere en los procesos judiciales; segundo, si estos procesos pueden desarrollarse con normalidad; y tercero, si los laudos que emerjan de esos procesos luego son respetados por las dos partes en la forma que corresponde (...). En aquellos aspectos donde haya incertidumbre la inversión se va a retraer, en otros aspectos menos sensibles a temas políticos probablemente esta ley puede florecer (...). Tendremos que ver cómo funciona (el proceso) en la práctica.
— ¿Cómo puede afectar una eventual situación de incertidumbre en la ley a la calidad del financiamiento externo que recibe el país y sus empresas?
— Los bancos internacionales se manejan bajo leyes que tienen soluciones para todos los temas importantes. Si la ley boliviana se llega a aplicar de una forma en la cual algunos financiamientos no se pudieran establecer con un arbitraje externo y con una ley reconocida en el ámbito internacional, eso podría ser un importante disuasivo para que los bancos extranjeros y algunas agencias multilaterales de crédito puedan habilitar financiamiento en Bolivia.
— ¿Una posible falta de experiencia de las cortes bolivianas en casos de este tipo puede desalentar la llegada de inversión extranjera al país?
— Un mayor número de casos de arbitraje que se den en Bolivia puede ser bueno para generar una cultura de arbitraje, pero al mismo tiempo pondrá una gran tensión sobre cortes que no tienen una tradición de manejar estos temas y que de golpe van a tener que empezar a resolver temas muy delicados, muy técnicos y que en el ámbito internacional tienen soluciones ya establecidas y consensuadas (...). En muchos países, las cámaras de arbitraje realizan procesos muy exitosos de formación de jueces, habrá que ver si eso ocurre acá. Muchos jueces nunca tuvieron que intervenir en un arbitraje, así que muchas cosas que son evidentes en jurisdicciones donde hay muchos arbitrajes pueden ser nuevas para ellos.
Por lo tanto, pueden tomar —no por mala voluntad, sino por falta de experiencia— decisiones que destruyen el arbitraje como instrumento y que al final tendrán efectos muy negativos (...). La ley le da a los centros de arbitraje una autonomía que no es común en otros países de América Latina, así que en la medida en que establezcan procedimientos que sean de buena calidad y predecibles, y cumplan los plazos extremadamente ambiciosos que tiene, la ley funcionará (...). En la medida en que se puedan constituir procesos previsibles, imparciales y sin interferencias se va a ir construyendo la confianza que atraerá a los nuevos inversores, lo malo de esto es que es un camino que lleva más tiempo.
Perfil
Nombre: Andrés Cerisola
Profesión: Abogado
Cargo: Socio Director de Ferrere
Especialista en análisis y diseño de estrategias
Se graduó como abogado en la Universidad de la República (Uruguay), tiene una maestría en Derecho en Harvard y estudió regulación europea en la Université Libre de Bruxelles. Es autor de varios libros, docente y representante de empresas y organizaciones académicas. Es experto en casos que requieren análisis exhaustivo y diseño de estrategias, ya sean disputas u operaciones complejas, en especial cuando debe estructurarse un proyecto o influye en éste la regulación estatal. Participa en negociaciones, litigios y arbitrajes en Uruguay y en otros países. Dirige también equipos de trabajo en operaciones de inversión extranjera, infraestructura, telecomunicaciones y energía.
martes, 4 de agosto de 2015
Diputados aprobó 57 leyes en seis meses
Durante los primeros seis meses de este 2015, la Cámara de Diputados aprobó 57 leyes, de ellas siete fueron sancionadas en esa instancia legislativa.
“Son 57 leyes las que se procesaron y aprobaron en la Cámara de Diputados y más de 140 leyes que se están procesando en las diferentes comisiones; no todos estos proyectos de ley o iniciativas legislativas terminan en una ley”, indicó la presidenta de la Cámara Baja, Gabriela Montaño, en una conferencia de prensa.
Agregó que “el informe que nosotros vamos a presentar (hoy) no tiene que ver sólo con un número de leyes, sino con el impacto que tiene cada una de ellas sobre la vida de la gente, eso es lo más importante”.
Hoy, la rendición pública de cuentas inicial que presentarán las autoridades de la Cámara Baja contendrá el detalle de las leyes promulgadas, sancionadas, aprobadas y en tratamiento, además del informe de la gestión administrativa.
“Se va dar a conocer las actividades programadas en el área legislativa, administrativa de la Cámara de Diputados, estamos a media gestión y mostraremos todas las actividades realizadas y los avances de la agenda proyectada”, informó la directora de Transparencia de la Cámara, Nataly Torres.
La invitación es para las nueve de la mañana en el salón auditorio del Palacio de Comunicaciones La Paz, donde se conocerá el detalle de las actividades legislativas.
Además de los dos informes -legislativo y administrativo- la rendición de cuentas también servirá para conocer el detalle de la construcción del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Con relación al trabajo que se desarrollará durante los siguientes meses, Montaño precisó que se tiene previsto priorizar la aprobación de las seis leyes emergentes de la Cumbre Agropecuaria, además del Código Integral Penal.
“El tema de transparencia se fue afianzando en los últimos años, principalmente en la Cámara de Diputados, que es la única entidad estatal que tiene una dirección en este ámbito, porque las demás entidades estatales solo cuentan con unidades de transparencia”, puntualizó Torres.
“Son 57 leyes las que se procesaron y aprobaron en la Cámara de Diputados y más de 140 leyes que se están procesando en las diferentes comisiones; no todos estos proyectos de ley o iniciativas legislativas terminan en una ley”, indicó la presidenta de la Cámara Baja, Gabriela Montaño, en una conferencia de prensa.
Agregó que “el informe que nosotros vamos a presentar (hoy) no tiene que ver sólo con un número de leyes, sino con el impacto que tiene cada una de ellas sobre la vida de la gente, eso es lo más importante”.
Hoy, la rendición pública de cuentas inicial que presentarán las autoridades de la Cámara Baja contendrá el detalle de las leyes promulgadas, sancionadas, aprobadas y en tratamiento, además del informe de la gestión administrativa.
“Se va dar a conocer las actividades programadas en el área legislativa, administrativa de la Cámara de Diputados, estamos a media gestión y mostraremos todas las actividades realizadas y los avances de la agenda proyectada”, informó la directora de Transparencia de la Cámara, Nataly Torres.
La invitación es para las nueve de la mañana en el salón auditorio del Palacio de Comunicaciones La Paz, donde se conocerá el detalle de las actividades legislativas.
Además de los dos informes -legislativo y administrativo- la rendición de cuentas también servirá para conocer el detalle de la construcción del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Con relación al trabajo que se desarrollará durante los siguientes meses, Montaño precisó que se tiene previsto priorizar la aprobación de las seis leyes emergentes de la Cumbre Agropecuaria, además del Código Integral Penal.
“El tema de transparencia se fue afianzando en los últimos años, principalmente en la Cámara de Diputados, que es la única entidad estatal que tiene una dirección en este ámbito, porque las demás entidades estatales solo cuentan con unidades de transparencia”, puntualizó Torres.
Código Civil entrará en vigencia en febrero de 2016
La Asamblea Legislativa trabajará en una norma que posponga la aplicación del Código Procesal Civil, la misma que debía ser puesta en ejecución desde el jueves 6 de agosto, sin embargo, esta y dos normas más entrarán en vigencia a partir del 6 de febrero de 2016. El Legislativo argumenta que la ley no se socializó en el Ministerio Público.
El presidente de la Comisión de Justicia Plural, senador Efraín Chambi, informó ayer que el Legislativo aprobará la nueva “Ley Modificatoria de Vigencias Plenas”, para la postergación de vigencia del nuevo Código Procesal Civil, el Código de Familia y el Código de Proceso Familiar. La vigencia de las tres normas será pospuesta por seis meses.
“La puesta en vigencia del Código Procesal Civil y el Código de Familia están siendo nuevamente postergados por temas estrictamente de implementación que son del Órgano Judicial, lamentamos mucho la postergación ya que la población boliviana espera su aplicación junto con los Códigos Morales. La nueva Ley Modificatoria de Vigencias Plenas, así se va a llamar; la vamos a aprobar entre hoy y mañana donde establece el aplazamiento de vigencia de esos códigos hasta el mes de febrero del siguiente año”, afirmó Chambi.
Es la segunda vez que el Legislativo aplaza la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Civil, que debía empezar a aplicarse desde este 6 de agosto. “El Órgano Judicial tenía todos estos años para poder implementarlo, lamentamos mucho que hayan tenido dificultades y otra vez tengamos que postergarlo por un tiempo más”, mencionó.
El presidente de la Comisión de Justicia Plural, senador Efraín Chambi, informó ayer que el Legislativo aprobará la nueva “Ley Modificatoria de Vigencias Plenas”, para la postergación de vigencia del nuevo Código Procesal Civil, el Código de Familia y el Código de Proceso Familiar. La vigencia de las tres normas será pospuesta por seis meses.
“La puesta en vigencia del Código Procesal Civil y el Código de Familia están siendo nuevamente postergados por temas estrictamente de implementación que son del Órgano Judicial, lamentamos mucho la postergación ya que la población boliviana espera su aplicación junto con los Códigos Morales. La nueva Ley Modificatoria de Vigencias Plenas, así se va a llamar; la vamos a aprobar entre hoy y mañana donde establece el aplazamiento de vigencia de esos códigos hasta el mes de febrero del siguiente año”, afirmó Chambi.
Es la segunda vez que el Legislativo aplaza la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Civil, que debía empezar a aplicarse desde este 6 de agosto. “El Órgano Judicial tenía todos estos años para poder implementarlo, lamentamos mucho que hayan tenido dificultades y otra vez tengamos que postergarlo por un tiempo más”, mencionó.
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