En el primer trimestre de trabajo de la nueva gestión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) carecen las leyes sustanciales en beneficio del país.
Los parlamentarios de oposición consideran que la bancada oficialista del Movimiento Al Socialismo (MAS) estaría enfocando su trabajo en aprobaciones de normas en beneficio particulares y no generales.
Trabajos. El diputado del MAS Edgar Montaño indicó que durante estos tres meses se aprobaron cerca de 50 leyes, con las que se ha beneficiado a gran parte de la población. "Hemos dado prioridad al reservorio de gas. Se está trabajando a un ritmo acelerado, estamos en un plan estratégico en tema de energía de recursos renovables y no nos estamos olvidando tampoco en el tema alimenticio u otros", manifestó Montaño.
Indicó que entre estos trabajos están expropiaciones de terrenos y también exploración y explotación de reservorios energéticos en Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija.
Observaciones. En tanto los parlamentarios Norma Piérola y Luis Felipe Dorado del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y el Movimiento Demócrata Social (MDS), respectivamente, coincidieron por separado en asegurar que no existen leyes que beneficien al país. "Seguimos con flojera legislativa, no se ha aprobado una sola ley que beneficie a todos, no se ha modificado ningún código", manifestó Piérola.
Dorado señaló que las leyes aprobadas solo benefician a instituciones determinadas o se tratan de distinciones o reconocimientos.
Piérola menciona que inclusive se aprobó una ley de apoyo a la gestión del presidente de Venezuela Nicolás Maduro. "Solo se aprueban leyes conyunturales, como oposición hemos presentado leyes pero no se toman en cuenta", precisó el diputado Dorado
jueves, 30 de abril de 2015
Entrará en vigencia el certificado de antecedentes por Ley 348
El consejo de la Magistratura y el ministerio de Justicia firmaron un acuerdo de cooperación para que desde fines de mayo entre en vigencia el certificado de antecedentes en delitos que se encuentren contemplados en la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia. Según la norma, poseer este certificado será requisito para optar a cargos públicos.
"Con el fin de coadyuvar en la administración de la justicia y en cumplimiento a la Ley 348 contra la violencia hacia la mujer, el Consejo de la Magistratura habilitará al Ministerio de Justicia para la emisión de certificados que demuestren que la persona no ha cometido un delito de violencia contra la mujer o cualquier otro miembro de su familia", puntualizó Freddy Sanabria, presidente del Consejo de la Magistratura, al indicar que la entrega del documento será de manera rápida, confiable y oportuna.
El miércoles en Santa Cruz, Sanabria y la ministra de justicia, Virginia Velasco, oficializaron la firma del convenio.
DENUNCIAS La ministra de Justicia instó a las mujeres bolivianas a "denunciar sin miedo y no callar maltratos ni abusos, para vivir libres de violencia".
Con la implementación del Sistema Integral Plurinacional, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en razón de Género (SIPPASE), el Ministerio de Justicia podrá solicitar de manera electrónica cualquier antecedente penal relacionado a delitos cometidos en el marco de la Ley 348.
Aprueban Ley de la Bicicleta y buscan peatonalizar vías
El Concejo Municipal de Cochabamba aprobó al Ley de la Bicicleta que establece su uso no solo para la práctica deportiva, sino cotidianamente en la ciudad.
La presidenta del Concejo, Beatriz Zegarra, explicó que el objetivo es que los pobladores asuman el uso de la bicicleta para poder trasladarse a sus centros educativos y fuentes laborales, en un impulso de mejorar la calidad de vida y disminuir la contaminación ambiental.
Zegarra detalló que la norma establece que haya señalización, microrrutas para ciclistas y que sean espacios incluso compartidos con el transporte masivo.
La ciclovía también será una ruta a rehabilitar, acotó la autoridad, para tener acceso a otros sectores.
La Presidenta del Concejo explicó que será Movilidad Urbana de la Alcaldía la que trabajará en estos aspectos.
Se debe considerar, además, espacios para el estacionamiento en bancos y otras zonas. Destacó la existencia del Parqueo Municipal con áreas exclusivas para bicicletas.
Añadió que también se dio la Declaratoria de Patrimonio al uso de la Bicicleta por los beneficios para la población.
La promulgación de la Ley está en manos del Ejecutivo.
La presidenta del Concejo, Beatriz Zegarra, explicó que el objetivo es que los pobladores asuman el uso de la bicicleta para poder trasladarse a sus centros educativos y fuentes laborales, en un impulso de mejorar la calidad de vida y disminuir la contaminación ambiental.
Zegarra detalló que la norma establece que haya señalización, microrrutas para ciclistas y que sean espacios incluso compartidos con el transporte masivo.
La ciclovía también será una ruta a rehabilitar, acotó la autoridad, para tener acceso a otros sectores.
La Presidenta del Concejo explicó que será Movilidad Urbana de la Alcaldía la que trabajará en estos aspectos.
Se debe considerar, además, espacios para el estacionamiento en bancos y otras zonas. Destacó la existencia del Parqueo Municipal con áreas exclusivas para bicicletas.
Añadió que también se dio la Declaratoria de Patrimonio al uso de la Bicicleta por los beneficios para la población.
La promulgación de la Ley está en manos del Ejecutivo.
Chuquisaca Presentan proyecto de Ley Departamental de Culturas
El Consejo Departamental de Culturas entregó el proyecto de “Ley departamental de culturas” a la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Chuquisaca, propuesta que busca crear un “fondo de fomento” para las actividades culturales en la región.
“Esta ley propone la creación de un fondo de fomento, que pueda elevar el nivel cultural de la región, para convertir a Sucre en un centro cultural y turístico. Queremos darle valor agregado a los artistas y, con este fondo, queremos que su trabajo no sea temporal, sino permanente con la creación de proyectos”, fundamentó el presidente del Consejo, Humberto Mancilla.
La propuesta fue recibida por el presidente interino de la Asamblea, Diego Guevara, que comprometió su análisis en la comisión respectiva.
“Esta ley propone la creación de un fondo de fomento, que pueda elevar el nivel cultural de la región, para convertir a Sucre en un centro cultural y turístico. Queremos darle valor agregado a los artistas y, con este fondo, queremos que su trabajo no sea temporal, sino permanente con la creación de proyectos”, fundamentó el presidente del Consejo, Humberto Mancilla.
La propuesta fue recibida por el presidente interino de la Asamblea, Diego Guevara, que comprometió su análisis en la comisión respectiva.
Propuesta de ley regularía publicidad sobre alimentos
La jefa de la unidad de alimentación y nutrición del Ministerio de Salud, Evelin Cerruto Gutiérrez, informó que como principal meta este año “se quiere evitar la propaganda engañosa, debido a que la difusión no debe ser condicionada con términos de obligación a su consumo o porque el producto otorgará un nivel de vida diferente”, dijo.
Cerruto informó que la Encuesta Nacional de Salud (ENSA), que realizó el Ministerio de Salud en 2013, refleja que un 45 por ciento de las mujeres tenía sobrepeso, asimismo la misma encuesta que se realizó el año 2008 tuvo como resultado un incremento de un 50 por ciento, y este año se prevé que los índices sean elevados, hasta en un 60 por ciento, sobre todo en la parte del oriente boliviano.
PUBLICIDAD ENGAÑOSA
En la sociedad actual, gran parte de la publicidad anuncia comida en todas sus formas y promete cosas tan poco posibles como que cierto alimento te dará la felicidad o asegura que ciertos alimentos son completamente saludables cuando eso no es del todo cierto. A eso se llama publicidad engañosa y la misma se puede apreciar en la vida cotidiana.
A criterio de la responsable de alimentación y nutrición la publicidad engañosa es uno de los principales factores que conllevan a tener una alimentación inadecuada dentro de la sociedad actual.
Ciertos productos se publicitan afirmando que son beneficiosos para la salud, existen marcas que aseguran que el tomar sus productos es bueno por el tipo de vitaminas que aumenta las defensas, sin embargo no mencionan el hecho de que tomarlos todos los días crea dependencia, ya que el cuerpo al ver que recibe una cantidad suficiente de vitaminas o defensas del exterior “se acostumbra a ello y deja de crearlos por sí mismo”.
Por otro lado, en el caso de los niños para adquirir su producto, alegan que es la gran cantidad de calcio para que los huesos estén sanos y fuertes o ayudan al crecimiento. “Sin embargo, todos los niños crecen, tomen ese producto o no”. Es cierto que contiene una gran cantidad de calcio, lo cual es bueno para los niños en época de crecimiento, pero este proceso está definido en el material genético del ser humano, aunque la alimentación influye, no lo es todo.
Por lo tanto, “al identificar uno de los indicadores el Ministerio de Salud, a través de la Unidad de Alimentación y Nutrición, ha elaborado un proyecto de ley para promover una alimentación saludable con la finalidad de prevenir enfermedades prevalentes”, dijo Cerruto.
La propuesta aglutinaría a todos los niveles del Estado, con la finalidad de elaborar y concretar una normativa específica que pueda controlar los indicadores que obligan a la sociedad a tener una alimentación sana.
“Lo que queremos es prohibir que se expongan publicidades engañosas. Como por ejemplo, toma una gaseosa y encuentra la felicidad en tus hijos o familia”, explicó.
ETIQUETADO ROJO, AMARILLO Y VERDE
Otro de los aspectos que se considerarán para incluir en la propuesta será el etiquetado en todos los alimentos que se comercialicen en Bolivia:
Aquellos alimentos que tengan una etiqueta establecida por el Ministerio de Salud color rojo serán los de mayor peligro, aquellos que contienen grandes cantidades de azúcar, sal o grasa.
Los amarillos estarán dentro de los niveles adecuados pero serán igualmente peligrosos. Y las etiquetas verdes serán aquellos que garantizarán que un alimento sea sano y nutritivo para el consumo.
El Ministerio de Salud elaboró la propuesta, la misma será debatida y analizada con los actores sociales para su construcción final y futura oficialización de la norma. “La construcción será hasta fin de año y se verá normar una sanción previo análisis de equipo”, dijo. El próximo mes será consensuada y se prevé contar con la norma hasta fin de año.
Cerruto informó que la Encuesta Nacional de Salud (ENSA), que realizó el Ministerio de Salud en 2013, refleja que un 45 por ciento de las mujeres tenía sobrepeso, asimismo la misma encuesta que se realizó el año 2008 tuvo como resultado un incremento de un 50 por ciento, y este año se prevé que los índices sean elevados, hasta en un 60 por ciento, sobre todo en la parte del oriente boliviano.
PUBLICIDAD ENGAÑOSA
En la sociedad actual, gran parte de la publicidad anuncia comida en todas sus formas y promete cosas tan poco posibles como que cierto alimento te dará la felicidad o asegura que ciertos alimentos son completamente saludables cuando eso no es del todo cierto. A eso se llama publicidad engañosa y la misma se puede apreciar en la vida cotidiana.
A criterio de la responsable de alimentación y nutrición la publicidad engañosa es uno de los principales factores que conllevan a tener una alimentación inadecuada dentro de la sociedad actual.
Ciertos productos se publicitan afirmando que son beneficiosos para la salud, existen marcas que aseguran que el tomar sus productos es bueno por el tipo de vitaminas que aumenta las defensas, sin embargo no mencionan el hecho de que tomarlos todos los días crea dependencia, ya que el cuerpo al ver que recibe una cantidad suficiente de vitaminas o defensas del exterior “se acostumbra a ello y deja de crearlos por sí mismo”.
Por otro lado, en el caso de los niños para adquirir su producto, alegan que es la gran cantidad de calcio para que los huesos estén sanos y fuertes o ayudan al crecimiento. “Sin embargo, todos los niños crecen, tomen ese producto o no”. Es cierto que contiene una gran cantidad de calcio, lo cual es bueno para los niños en época de crecimiento, pero este proceso está definido en el material genético del ser humano, aunque la alimentación influye, no lo es todo.
Por lo tanto, “al identificar uno de los indicadores el Ministerio de Salud, a través de la Unidad de Alimentación y Nutrición, ha elaborado un proyecto de ley para promover una alimentación saludable con la finalidad de prevenir enfermedades prevalentes”, dijo Cerruto.
La propuesta aglutinaría a todos los niveles del Estado, con la finalidad de elaborar y concretar una normativa específica que pueda controlar los indicadores que obligan a la sociedad a tener una alimentación sana.
“Lo que queremos es prohibir que se expongan publicidades engañosas. Como por ejemplo, toma una gaseosa y encuentra la felicidad en tus hijos o familia”, explicó.
ETIQUETADO ROJO, AMARILLO Y VERDE
Otro de los aspectos que se considerarán para incluir en la propuesta será el etiquetado en todos los alimentos que se comercialicen en Bolivia:
Aquellos alimentos que tengan una etiqueta establecida por el Ministerio de Salud color rojo serán los de mayor peligro, aquellos que contienen grandes cantidades de azúcar, sal o grasa.
Los amarillos estarán dentro de los niveles adecuados pero serán igualmente peligrosos. Y las etiquetas verdes serán aquellos que garantizarán que un alimento sea sano y nutritivo para el consumo.
El Ministerio de Salud elaboró la propuesta, la misma será debatida y analizada con los actores sociales para su construcción final y futura oficialización de la norma. “La construcción será hasta fin de año y se verá normar una sanción previo análisis de equipo”, dijo. El próximo mes será consensuada y se prevé contar con la norma hasta fin de año.
miércoles, 29 de abril de 2015
Ley laboral será actualizada a la nueva realidad
La nueva Ley General del Trabajo que se encuentra en la fase de discusión y análisis entre la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) y el Gobierno, será adecuada a las nuevas formas de trabajo que fueron surgiendo con el paso de los años y que deben ser normadas.
Según el viceministro de Coordinación con los Movimiento Sociales, Alfredo Rada, la construcción de la nueva norma es una demanda muy importante de los trabajadores, que está siendo trabajada para ser remitida a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
“Es cierto que nuestra ley, pese a que sus raíces vienen de 1938, después de la Guerra del Chaco, es una de las más avanzadas en América Latina. Esto también se consolidó con la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado (CPE), en la que también se incluyó una parte de los derechos de los trabajadores”, dijo.
En ese marco, el viceministro Rada indicó que lo que se va hacer es actualizar la antigua ley laboral, considerando que hay nuevas formas de trabajo que han surgido en estos años.
“Por ejemplo tenemos lo que es el trabajo agrícola, no es el que realizan los campesinos, que es un trabajo cuentapropista, sino estamos hablando de los obreros agrícolas, que son contratados por empresas agropecuarias”, manifestó.
La autoridad agregó que por lo tanto el trabajo rural y asalariado del campo debe ser considerado, al igual que el trabajo informal
“Como sabemos, en la etapa del neoliberalismo una de las características fue la informalización de las relaciones laborales. Entonces, ese es un tema que nosotros queremos superar, esa es una herencia que nos dejó el neoliberalismo”, señaló.
Para Rada, esas son nuevas realidades del trabajo que van a ser consideradas en la futura ley laboral. “Estamos avanzando en un trabajo conjunto con la COB, por lo que esperamos que en las siguientes semanas pueda haber un anteproyecto de ley que sea remitido a la ALP.
Según el viceministro de Coordinación con los Movimiento Sociales, Alfredo Rada, la construcción de la nueva norma es una demanda muy importante de los trabajadores, que está siendo trabajada para ser remitida a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
“Es cierto que nuestra ley, pese a que sus raíces vienen de 1938, después de la Guerra del Chaco, es una de las más avanzadas en América Latina. Esto también se consolidó con la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado (CPE), en la que también se incluyó una parte de los derechos de los trabajadores”, dijo.
En ese marco, el viceministro Rada indicó que lo que se va hacer es actualizar la antigua ley laboral, considerando que hay nuevas formas de trabajo que han surgido en estos años.
“Por ejemplo tenemos lo que es el trabajo agrícola, no es el que realizan los campesinos, que es un trabajo cuentapropista, sino estamos hablando de los obreros agrícolas, que son contratados por empresas agropecuarias”, manifestó.
La autoridad agregó que por lo tanto el trabajo rural y asalariado del campo debe ser considerado, al igual que el trabajo informal
“Como sabemos, en la etapa del neoliberalismo una de las características fue la informalización de las relaciones laborales. Entonces, ese es un tema que nosotros queremos superar, esa es una herencia que nos dejó el neoliberalismo”, señaló.
Para Rada, esas son nuevas realidades del trabajo que van a ser consideradas en la futura ley laboral. “Estamos avanzando en un trabajo conjunto con la COB, por lo que esperamos que en las siguientes semanas pueda haber un anteproyecto de ley que sea remitido a la ALP.
martes, 28 de abril de 2015
Gobierno abre opción para cambiar el Decreto Supremo 2295
La viceministra de Política Tributaria, Susana Ríos, remarcó ayer que el proceso de nacionalización en frontera es un "total éxito" porque permitió despachar, solo por Desaguadero, alrededor de 60 camiones en menos de tres días, pero abrió la posibilidad de modificar la norma en base a las demandas que plantea el sector del transporte pesado, que se opone a su implementación.
Opinión. "La medida ha sido un total éxito, porque se ha podido cumplir con el plazo que establece el Decreto Supremo 2295. En ningún momento nos hemos cerrado, más bien consideramos que esta es una medida muy progresiva y en el momento en que esto haya que mejorarlo, por supuesto estamos abiertos a mejorarlo", remarcó Ríos. También destacó que otros 60 camiones fueron despachados en menos de tres días por Tambo Quemado./ABI
Opinión. "La medida ha sido un total éxito, porque se ha podido cumplir con el plazo que establece el Decreto Supremo 2295. En ningún momento nos hemos cerrado, más bien consideramos que esta es una medida muy progresiva y en el momento en que esto haya que mejorarlo, por supuesto estamos abiertos a mejorarlo", remarcó Ríos. También destacó que otros 60 camiones fueron despachados en menos de tres días por Tambo Quemado./ABI
lunes, 27 de abril de 2015
Maestros ratifican fracaso de Ley 070
La Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de Oruro (Fdteuo) sostiene que hasta el momento la aplicación de la Ley 070 Avelino Siñani–Elizardo Pérez está fracasando. "La improvisaciones durante todo este año han dado lugar a la devaluación de la educación", señaló su principal dirigente, Grover Chambi.
Temas como el recorte de la carga horaria, sistema de evaluación, reestructuración de maestros con especialidad, asignaturas técnicas, el Programa de Formación Complementaria (Profocom) y falta de condiciones técnico pedagógicas continúan siendo cuestionados por el magisterio.
"Si bien han querido aplicar a rajatabla la Ley 070, desde el año pasado, esta norma es incoherente y no corresponde al contexto real de la educación; vemos nomás que, como habíamos advertido, está fracasando", señaló.
Argumentó que no es suficiente hablar en teoría, de ciencia, tecnología y áreas técnicas, cuando en esta coyuntura no existen las condiciones adecuadas de infraestructura ni de personal.
"Maestros de secundaria de las asignaturas de técnica vocacional ya no dictan labores ni manualidades, ahora deben hablar de seguridad industrial, contabilidad, pero estos colegas no están capacitados así que aprenden juntamente con los alumnos", afirmó.
Según el secretario ejecutivo, la aplicación del plan de estudios ha reducido las horas en asignaturas de química y física y ha generado que varios profesores resulten dictando otras especialidades, por no perjudicar su carga horaria. Para el dirigente, todos estos aspectos dan lugar la flexibilidad laboral y devaluación de la calidad de educación.
"Al final, cuando pase esta coyuntura indigenista los que más perderán son los estudiantes porque la educación continuará en crisis", enfatizó.
Temas como el recorte de la carga horaria, sistema de evaluación, reestructuración de maestros con especialidad, asignaturas técnicas, el Programa de Formación Complementaria (Profocom) y falta de condiciones técnico pedagógicas continúan siendo cuestionados por el magisterio.
"Si bien han querido aplicar a rajatabla la Ley 070, desde el año pasado, esta norma es incoherente y no corresponde al contexto real de la educación; vemos nomás que, como habíamos advertido, está fracasando", señaló.
Argumentó que no es suficiente hablar en teoría, de ciencia, tecnología y áreas técnicas, cuando en esta coyuntura no existen las condiciones adecuadas de infraestructura ni de personal.
"Maestros de secundaria de las asignaturas de técnica vocacional ya no dictan labores ni manualidades, ahora deben hablar de seguridad industrial, contabilidad, pero estos colegas no están capacitados así que aprenden juntamente con los alumnos", afirmó.
Según el secretario ejecutivo, la aplicación del plan de estudios ha reducido las horas en asignaturas de química y física y ha generado que varios profesores resulten dictando otras especialidades, por no perjudicar su carga horaria. Para el dirigente, todos estos aspectos dan lugar la flexibilidad laboral y devaluación de la calidad de educación.
"Al final, cuando pase esta coyuntura indigenista los que más perderán son los estudiantes porque la educación continuará en crisis", enfatizó.
domingo, 26 de abril de 2015
Aprobación de ley Wasiy se hace esperar hasta el jueves
El proyecto de ley Wasiy, de saneamiento y regularización de planos de construcción, tendrá que aguardar hasta el jueves de la próxima semana para ser aprobado en detalle y revisión en el Concejo Municipal, debido a varios factores que impidieron hacerlo durante las últimas dos semanas.
Se aguardaba que en esta semana ya pudiera tratarse por detalle y revisión este proyecto de ley, toda vez que su aprobación en grande se hizo el pasado jueves 16 de abril, pero se tendrá que aguardar hasta la semana que viene.
El proyecto de ley, permitirá a los propietarios de inmuebles que no tengan el plano de construcción aprobado, puedan regularizar esta situación, pero esto no es aplicable para quienes no tengan el derecho propietario o cuyas viviendas vulneren las normas de edificación, para evitar que avasalladores se aprovechen de ésta.
ANTECEDENTES
El proyecto de ley Wasiy, que reemplaza al Programa de Regularización de Planos de Construcción (Proplan) que fue instaurado por decreto y fue observado por algunos temas legales; fue derivado al Concejo en la primera semana de marzo, tras ser trabajado y consensuado con juntas vecinales, además de colegios de profesionales.
A pesar de ello, el Concejo y la Comisión Técnica y de Infraestructura, decidieron volver a socializar el proyecto, generando algunos cambios en consenso con varias instituciones. Tras esta labor se presentó ante el pleno del ente legislativo donde recién el 16 de abril se logró aprobar en grande, dejando pendiente el tratamiento a detalle y revisión por algunas observaciones hechas por los concejales.
El pasado martes debía aprobarse, pero la ausencia con permiso de algunos concejales, sumado a la abstención de otros, no permitió que se lo haga; este jueves pasado tampoco pudo hacérselo.
Debería tratarse este tema el martes que viene, pero algunos de los concejales viajarán a un encuentro de gobiernos municipales en Pando, por lo que se posterga hasta el jueves 30 de abril.
Se aguardaba que en esta semana ya pudiera tratarse por detalle y revisión este proyecto de ley, toda vez que su aprobación en grande se hizo el pasado jueves 16 de abril, pero se tendrá que aguardar hasta la semana que viene.
El proyecto de ley, permitirá a los propietarios de inmuebles que no tengan el plano de construcción aprobado, puedan regularizar esta situación, pero esto no es aplicable para quienes no tengan el derecho propietario o cuyas viviendas vulneren las normas de edificación, para evitar que avasalladores se aprovechen de ésta.
ANTECEDENTES
El proyecto de ley Wasiy, que reemplaza al Programa de Regularización de Planos de Construcción (Proplan) que fue instaurado por decreto y fue observado por algunos temas legales; fue derivado al Concejo en la primera semana de marzo, tras ser trabajado y consensuado con juntas vecinales, además de colegios de profesionales.
A pesar de ello, el Concejo y la Comisión Técnica y de Infraestructura, decidieron volver a socializar el proyecto, generando algunos cambios en consenso con varias instituciones. Tras esta labor se presentó ante el pleno del ente legislativo donde recién el 16 de abril se logró aprobar en grande, dejando pendiente el tratamiento a detalle y revisión por algunas observaciones hechas por los concejales.
El pasado martes debía aprobarse, pero la ausencia con permiso de algunos concejales, sumado a la abstención de otros, no permitió que se lo haga; este jueves pasado tampoco pudo hacérselo.
Debería tratarse este tema el martes que viene, pero algunos de los concejales viajarán a un encuentro de gobiernos municipales en Pando, por lo que se posterga hasta el jueves 30 de abril.
Menores de edad en riesgo Infringen Ley de Trata y Tráfico
La Guardia Municipal y la Policía, realizaron un operativo sorpresa, en la calle Tiquina de la ciudad de La Paz, donde decomisaron 864 videos pornográficos, de los cuales 58 eran de menores de edad. Los materiales se expendían de forma indiscriminada, vulnerando el artículo 34 de la Ley Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas, informó a EL DIARIO el Mayor Miguel Zambrana.
“El personal policial con ayuda de la Guardia Municipal ha podido detectar la presencia y la venta de material de pornográfico se han decomisado alrededor de 864 discos, pero al momento de realizar la clasificación se ha podido determinar que entre estos discos también existía pornografía infantil y eso nos llama la atención”, declaró Zambrana.
La compra o venta de material pornográfico es un grave delito penal sancionado con la cárcel, en el que muchos comerciantes inescrupulosos incurren, en flagrante desacato a las normas establecidas en el país.
La Ley Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas sanciona este tipo de hechos, en su artículo 34 señala que quien compre, arriende o venda material pornográfico, donde se exhiba imágenes de niños, niñas y adolescentes, será sancionado con pena privativa de libertad de cinco (5) a ocho (8) años.
Por ese motivo, Zambrana dijo que el lunes se iniciará las denuncias correspondientes, puesto que los cds decomisados fueron de ocho puestos. La Guardia Municipal fungirá como testigos porque conocen los lugares de dónde se decomisaron los materiales.
“Entonces el personal del departamento legal de la Guardia Municipal conjuntamente con la Intendencia vamos a realizar obviamente las acciones que corresponde y van a presentar la denuncia donde corresponde y seguramente ya el fiscal y personal asignado a la Felcc determinarán cuales son las acciones y notificaciones”, sostuvo.
VENTA
Zambrana explicó que la venta de aquel material, que daña la mene de los menores, estaban expuestos en lugares visibles, por lo cual fue mucho más fácil dar con los que cometieron el delito. Añadió que quienes comprar aquel material también son culpables del delito.
DEFENSORÍA DE PUEBLO
Según un material impreso, sobre Trata y Tráfico, documento de la Defensoría del Pueblo, los actos de personas que procuren, obliguen, faciliten o induzcan por cualquier medio, por si o tercera persona a otra, el cual no dé su consentimiento a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines lascivos, con el objeto de video grabarlos, fotografiarlos, filmarlos, exhibirlos o describirlos, a través de anuncios impresos, transmisión de archivos de datos en red pública o de comunicaciones, sistemas informáticos, electrónicos o similares, serán sancionadas, con pena privativa de libertad.
Igual sanción será impuesta cuando el autor o participe reproduzca o almacene, distribuya o venda material pornográfico.
La pena privativa de libertad será agravada en un tercio cuando: La víctima sea niño, niña o adolescente o persona con discapacidad. La autora o el autor sean cónyuge, conviviente, padre, madre o la persona que ejerza algún tipo de autoridad o responsabilidad legal sobre la víctima. La autora o el autor mantengan una relación laboral, de parentesco consanguíneo o de afinidad con la víctima. La víctima sea una mujer embarazada, señala el documento.
TRATA DE PERSONAS ES:
- Captar, transportar, trasladar, acoger o recibir personas con amenazas o con el uso de la fuerza u otras formas de coacción.
- Raptar con engaños, fraudes.
- Es abusar del poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación.
- El tráfico de niños es una de las formas de trata de personas. El tráfico de niños es una de las violaciones más graves de los derechos humanos en el mundo de hoy y aparece en todos los países. Cada año, cientos de miles de niños son pasados de contrabando a través de fronteras y vendidos como si fueran objetos y no sujetos de derecho.
“El personal policial con ayuda de la Guardia Municipal ha podido detectar la presencia y la venta de material de pornográfico se han decomisado alrededor de 864 discos, pero al momento de realizar la clasificación se ha podido determinar que entre estos discos también existía pornografía infantil y eso nos llama la atención”, declaró Zambrana.
La compra o venta de material pornográfico es un grave delito penal sancionado con la cárcel, en el que muchos comerciantes inescrupulosos incurren, en flagrante desacato a las normas establecidas en el país.
La Ley Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas sanciona este tipo de hechos, en su artículo 34 señala que quien compre, arriende o venda material pornográfico, donde se exhiba imágenes de niños, niñas y adolescentes, será sancionado con pena privativa de libertad de cinco (5) a ocho (8) años.
Por ese motivo, Zambrana dijo que el lunes se iniciará las denuncias correspondientes, puesto que los cds decomisados fueron de ocho puestos. La Guardia Municipal fungirá como testigos porque conocen los lugares de dónde se decomisaron los materiales.
“Entonces el personal del departamento legal de la Guardia Municipal conjuntamente con la Intendencia vamos a realizar obviamente las acciones que corresponde y van a presentar la denuncia donde corresponde y seguramente ya el fiscal y personal asignado a la Felcc determinarán cuales son las acciones y notificaciones”, sostuvo.
VENTA
Zambrana explicó que la venta de aquel material, que daña la mene de los menores, estaban expuestos en lugares visibles, por lo cual fue mucho más fácil dar con los que cometieron el delito. Añadió que quienes comprar aquel material también son culpables del delito.
DEFENSORÍA DE PUEBLO
Según un material impreso, sobre Trata y Tráfico, documento de la Defensoría del Pueblo, los actos de personas que procuren, obliguen, faciliten o induzcan por cualquier medio, por si o tercera persona a otra, el cual no dé su consentimiento a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines lascivos, con el objeto de video grabarlos, fotografiarlos, filmarlos, exhibirlos o describirlos, a través de anuncios impresos, transmisión de archivos de datos en red pública o de comunicaciones, sistemas informáticos, electrónicos o similares, serán sancionadas, con pena privativa de libertad.
Igual sanción será impuesta cuando el autor o participe reproduzca o almacene, distribuya o venda material pornográfico.
La pena privativa de libertad será agravada en un tercio cuando: La víctima sea niño, niña o adolescente o persona con discapacidad. La autora o el autor sean cónyuge, conviviente, padre, madre o la persona que ejerza algún tipo de autoridad o responsabilidad legal sobre la víctima. La autora o el autor mantengan una relación laboral, de parentesco consanguíneo o de afinidad con la víctima. La víctima sea una mujer embarazada, señala el documento.
TRATA DE PERSONAS ES:
- Captar, transportar, trasladar, acoger o recibir personas con amenazas o con el uso de la fuerza u otras formas de coacción.
- Raptar con engaños, fraudes.
- Es abusar del poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación.
- El tráfico de niños es una de las formas de trata de personas. El tráfico de niños es una de las violaciones más graves de los derechos humanos en el mundo de hoy y aparece en todos los países. Cada año, cientos de miles de niños son pasados de contrabando a través de fronteras y vendidos como si fueran objetos y no sujetos de derecho.
sábado, 25 de abril de 2015
Privados exigen derogatoria del decreto 2295
El comercio, importadores y transportistas de Santa Cruz demandaron este jueves la derogatoria del decreto 2295, que busca la nacionalización de mercaderías en frontera en 24 horas, al no existir condiciones de infraestructura para su aplicación, señaló el dirigente del sector, Osvaldo Condori. A ello se suma el incremento de costos para los operadores porque deben trasladarse a la frontera para desaduanizar y donde deben pernoctar en muchos casos. El Diario se comunicó con la Aduana y la entidad recaudadora dijo que la ANB solamente ejecuta el referido decreto, “por lo que corresponde al Ministerio de Economía brindar alguna opinión o su posición frente al anuncio de medidas. De nuestra parte simplemente hacemos cumplir la norma”, dijo un escueto reporte de la oficina de Comunicación.
BUROCRACIA
“Es muy burocrática la Aduana, pedimos que se derogue el decreto 2295, no hay comodidad para nacionalizar en frontera, además la fiscalización se incrementa de un 100 a un 200 por ciento; si antes pagaba por mercadería 100 mil bolivianos, ahora pago el triple”, manifestó el dirigente a la cadena Gigavisión.
EN PARO
Decenas de camiones del transporte pesado están parados en la fronteras de Tambo Quemado y Desaguadero. Sus conductores protestan contra el decreto aprobado el 18 de marzo de 2015. Esta norma establece que la nacionalización de sus mercaderías se debe realizar en la frontera y ya no en los recintos de destino como era hasta ahora.
Hasta hace unos días si una mercadería se importaba al país, la nacionalización se realizaba en el lugar de destino ya sea Cochabamba, La Paz, Oruro o Santa Cruz. Con la norma esto cambia y el trámite es en frontera.
TRANSPORTE
El principal dirigente del Transporte Pesado, Fidel Bautista, aseguró que esta disposición les perjudica porque las largas filas que se generan ocasionan que sus vehículos se conviertan en una especie de depósitos ambulantes.
“Hay un decreto que han sacado el (Gobierno) el 2295, eso significa que las mercancías hay que nacionalizar en la frontera de Tambo Quemado sobre camión, eso perjudica de alguna manera al sector, porque no estamos para seguir poniendo nuestros camiones como depósitos ambulantes y eso es por qué no estamos de acuerdo con esa medida obligatoria”, indicó el dirigente. El transportista también aclaró que los vehículos están parados porque “no sabe qué hacer, al igual que los trabajadores (de la Aduana)”, manifestó.
El pasado mes, el Gobierno aprobó el decreto que regula el proceso de nacionalización, en frontera, de mercaderías de fácil reconocimiento y homogéneas, en un máximo de 24 horas.
COSTOS
Además, según Bautista, el importador no tiene las condiciones para ir hasta Tambo Quemado. Sostuvo que la frontera no se tiene la infraestructura necesaria para realizar estos trámites. “Falta de bancos, agencia de despachantes de aduana, la incomodidad, la infraestructura de Tambo (Quemado) no está adecuado para nacionalizar tanta mercancía”, sostuvo.
El dirigente también aclaró que los vehículos están parados porque “no sabe qué hacer, al igual que los trabajadores (de la Aduana)”, manifestó.
BLOQUEO
Importadores de Santa Cruz instalaron la mañana de este viernes un bloqueo entre el Quinto y Sexto Anillo de la capital oriental, en afueras de las oficinas de Aduana, exigiendo la derogación del decreto 2295, reportó radio Alternativa de la Red Erbol. El dirigente, Ubaldo Condori, señaló que en su organización tiene 2.000 afiliados. Afirmó que mantendrá el bloqueo hasta que alguna autoridad se apersone a dialogar.
BUROCRACIA
“Es muy burocrática la Aduana, pedimos que se derogue el decreto 2295, no hay comodidad para nacionalizar en frontera, además la fiscalización se incrementa de un 100 a un 200 por ciento; si antes pagaba por mercadería 100 mil bolivianos, ahora pago el triple”, manifestó el dirigente a la cadena Gigavisión.
EN PARO
Decenas de camiones del transporte pesado están parados en la fronteras de Tambo Quemado y Desaguadero. Sus conductores protestan contra el decreto aprobado el 18 de marzo de 2015. Esta norma establece que la nacionalización de sus mercaderías se debe realizar en la frontera y ya no en los recintos de destino como era hasta ahora.
Hasta hace unos días si una mercadería se importaba al país, la nacionalización se realizaba en el lugar de destino ya sea Cochabamba, La Paz, Oruro o Santa Cruz. Con la norma esto cambia y el trámite es en frontera.
TRANSPORTE
El principal dirigente del Transporte Pesado, Fidel Bautista, aseguró que esta disposición les perjudica porque las largas filas que se generan ocasionan que sus vehículos se conviertan en una especie de depósitos ambulantes.
“Hay un decreto que han sacado el (Gobierno) el 2295, eso significa que las mercancías hay que nacionalizar en la frontera de Tambo Quemado sobre camión, eso perjudica de alguna manera al sector, porque no estamos para seguir poniendo nuestros camiones como depósitos ambulantes y eso es por qué no estamos de acuerdo con esa medida obligatoria”, indicó el dirigente. El transportista también aclaró que los vehículos están parados porque “no sabe qué hacer, al igual que los trabajadores (de la Aduana)”, manifestó.
El pasado mes, el Gobierno aprobó el decreto que regula el proceso de nacionalización, en frontera, de mercaderías de fácil reconocimiento y homogéneas, en un máximo de 24 horas.
COSTOS
Además, según Bautista, el importador no tiene las condiciones para ir hasta Tambo Quemado. Sostuvo que la frontera no se tiene la infraestructura necesaria para realizar estos trámites. “Falta de bancos, agencia de despachantes de aduana, la incomodidad, la infraestructura de Tambo (Quemado) no está adecuado para nacionalizar tanta mercancía”, sostuvo.
El dirigente también aclaró que los vehículos están parados porque “no sabe qué hacer, al igual que los trabajadores (de la Aduana)”, manifestó.
BLOQUEO
Importadores de Santa Cruz instalaron la mañana de este viernes un bloqueo entre el Quinto y Sexto Anillo de la capital oriental, en afueras de las oficinas de Aduana, exigiendo la derogación del decreto 2295, reportó radio Alternativa de la Red Erbol. El dirigente, Ubaldo Condori, señaló que en su organización tiene 2.000 afiliados. Afirmó que mantendrá el bloqueo hasta que alguna autoridad se apersone a dialogar.
Decretos ¿personalizados?
El presidente del Senado, José Alberto Gonzales, dijo que el Decreto Supremo 29308 “fue pensado en otro tipo de personas, muy diferentes a la exministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro”.
Con este sui géneris enfoque, el Decreto Supremo 29308, que prohíbe por dos años consecutivos postularse a cualquier cargo externo a ministros y viceministros, quedaría reducido a simple “decreto personalizado”, vulnerando sus propios principios de carácter legal y general.
Cuando se aplica cualquier decreto, como el famoso 21060 por ejemplo, las partes involucradas estaban obligadas a cumplirlo al pie de la letra y ningún funcionario sea del Ejecutivo o del Parlamento de la época en que fue dictado, lo habría interpretado fuera de la norma legal, otorgándole incluso cierta capacidad de discernimiento entre un individuo y otro, como sugieren las declaraciones del actual presidente del Senado.
A continuación, la interpretación especial del Decreto 29308 por el presidente del Senado del Estado Plurinacional, registrada y difundida por ANF.
VERSIÓN ANF
El presidente del Senado, José Alberto ‘Gringo’ Gonzales, aseguró que el Decreto Supremo 29308 que prohíbe a ministros y viceministros, prestar servicios en las agencias de cooperación, organismos multilaterales, gobiernos extranjeros y organismos no gubernamentales, hasta dos años después de dejar la función pública, fue pensado en otro tipo de personas, muy diferentes a la exministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro.
“El decreto evidentemente pensaba quizás en otro tipo de gente, muy distinta a lo que podría ser Viviana Caro”, declaró la máxima autoridad del Senado a entrevista a la red RTP.
Ante la polémica que generó el decreto vigente aprobado en octubre de 2007, y lo que podría significar en la carrera de la exministra Caro, quien fue designada como representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la república del Perú, el Presidente del Senado anunció una solución al tema en las próximas horas.
“Esperemos en las próximas horas que esto se vaya a clarificar; ojalá para el beneficio de ella (Caro) y para el país, para que ella pueda continuar su carrera profesional. Ella es una destacadísima profesional, ojalá pueda continuar y proyectarse a nivel internacional”, manifestó así su voluntad (ANF).
DECRETO VIGENTE
Entretanto, el ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce Catacora reiteró la vigencia del Decreto Supremo 29308 que prohíbe a exautoridades asumir cargos en organismos internacionales. La norma legal vigente, impide la contratación, en este caso, de Viviana Caro en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Con este sui géneris enfoque, el Decreto Supremo 29308, que prohíbe por dos años consecutivos postularse a cualquier cargo externo a ministros y viceministros, quedaría reducido a simple “decreto personalizado”, vulnerando sus propios principios de carácter legal y general.
Cuando se aplica cualquier decreto, como el famoso 21060 por ejemplo, las partes involucradas estaban obligadas a cumplirlo al pie de la letra y ningún funcionario sea del Ejecutivo o del Parlamento de la época en que fue dictado, lo habría interpretado fuera de la norma legal, otorgándole incluso cierta capacidad de discernimiento entre un individuo y otro, como sugieren las declaraciones del actual presidente del Senado.
A continuación, la interpretación especial del Decreto 29308 por el presidente del Senado del Estado Plurinacional, registrada y difundida por ANF.
VERSIÓN ANF
El presidente del Senado, José Alberto ‘Gringo’ Gonzales, aseguró que el Decreto Supremo 29308 que prohíbe a ministros y viceministros, prestar servicios en las agencias de cooperación, organismos multilaterales, gobiernos extranjeros y organismos no gubernamentales, hasta dos años después de dejar la función pública, fue pensado en otro tipo de personas, muy diferentes a la exministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro.
“El decreto evidentemente pensaba quizás en otro tipo de gente, muy distinta a lo que podría ser Viviana Caro”, declaró la máxima autoridad del Senado a entrevista a la red RTP.
Ante la polémica que generó el decreto vigente aprobado en octubre de 2007, y lo que podría significar en la carrera de la exministra Caro, quien fue designada como representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la república del Perú, el Presidente del Senado anunció una solución al tema en las próximas horas.
“Esperemos en las próximas horas que esto se vaya a clarificar; ojalá para el beneficio de ella (Caro) y para el país, para que ella pueda continuar su carrera profesional. Ella es una destacadísima profesional, ojalá pueda continuar y proyectarse a nivel internacional”, manifestó así su voluntad (ANF).
DECRETO VIGENTE
Entretanto, el ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce Catacora reiteró la vigencia del Decreto Supremo 29308 que prohíbe a exautoridades asumir cargos en organismos internacionales. La norma legal vigente, impide la contratación, en este caso, de Viviana Caro en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
viernes, 24 de abril de 2015
Nueva ley impone multas de Bs 1.000 hasta 102 mil por daños al consumidor
Multas desde 1.000 hasta más de 100 mil bolivianos por atentar contra las medidas de inocuidad, higiene y calidad en elaboración de alimentos y prestación de servicios están establecidas en el reglamento de la nueva ley de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor.
Según el viceministro de Defensa a los Derechos del Usuario y del Consumidor, Dante Justiniano, quien ayer estuvo en esta ciudad para socializar el reglamento, explicó que la sanción se aplicará en proporción al daño. El principio de proporcionalidad se refiere a cuan grave es el daño y si afectó a una persona, a un grupo de individuos o a la sociedad en su conjunto.
Las faltas más graves por un lado, son la producción de alimentos que no cuenten con las medidas de seguridad y de calidad, y por otro, las prácticas abusivas y comerciales como inducir y engañar al usuario.
“Hemos recibido reclamos donde gente inescrupulosa, a partir de llamadas a celulares, ofrecen dádivas y premios, los conducen a los lugares de atención y los inducen a adquirir productos y servicios sin otorgar los premios”, dijo Justiniano.
El alcance de la reglamentación comprende las relaciones entre los proveedores de productos y servicios, pero también entre consumidores y usuarios.
El pasado 23 de marzo se aprobó el reglamento específico a la Ley 453 de Derechos del Usuario y del Consumidor, mediante el Decreto Supremo 2130.
Según el viceministro de Defensa a los Derechos del Usuario y del Consumidor, Dante Justiniano, quien ayer estuvo en esta ciudad para socializar el reglamento, explicó que la sanción se aplicará en proporción al daño. El principio de proporcionalidad se refiere a cuan grave es el daño y si afectó a una persona, a un grupo de individuos o a la sociedad en su conjunto.
Las faltas más graves por un lado, son la producción de alimentos que no cuenten con las medidas de seguridad y de calidad, y por otro, las prácticas abusivas y comerciales como inducir y engañar al usuario.
“Hemos recibido reclamos donde gente inescrupulosa, a partir de llamadas a celulares, ofrecen dádivas y premios, los conducen a los lugares de atención y los inducen a adquirir productos y servicios sin otorgar los premios”, dijo Justiniano.
El alcance de la reglamentación comprende las relaciones entre los proveedores de productos y servicios, pero también entre consumidores y usuarios.
El pasado 23 de marzo se aprobó el reglamento específico a la Ley 453 de Derechos del Usuario y del Consumidor, mediante el Decreto Supremo 2130.
Leyes y decretos refrendarán acuerdos de Cumbre Agraria
Tras los consensos a los que se llegó en la Cumbre Agropecuaria Sembrando Bolivia, de los cuales destacan: la ampliación de verificación de la Función Económica Social (FES) de la tierra de dos a cinco años, la profundización del precio justo, mayor producción de alimentos, inversión y riego, entre otros, el Gobierno anunció que estos serán elevados a rango de leyes y decretos.
La ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, informó que los resultados a los que se llegaron en el evento que congregó a todo el sector productivo será incluido en un plan nacional.
“Nosotros tenemos ya una tarea, un plan de Gobierno, un mandato de la Cumbre nacional, de los cuales, muchas de estas propuestas que tenemos van a llegar a ser decretos y otras leyes”, señaló.
Achacollo indicó que luego de un intenso debate entre los productores y el Gobierno se acordó ampliar la FES de la tierra de dos a cinco años con el propósito de garantizar el incremento en la producción de alimentos.
“Se ha ampliado de dos años a cinco años, ha sido uno de los puntos más debatidos en la mesa uno. Presentaron la solicud las organizaciones campesinas, agropecuarias de la amazonía, el Chaco y otros”, manifestó la autoridad en conferencia de prensa.
Infraestructura
Por otra parte, indicó que en infraestructura y riego se acordó que el Gobierno sea el encargado de garantizar caminos, silos, entre otros.
“Cuando hablamos de la infraestructura tenemos el tema de camino, aeropuertos, silos que es lo que se planteó desde los sectores, las organizaciones, se acordó que ese papel será asumido por el Estado”, señaló.
En tanto, indicó que se logró importantes consensos que garantizan recursos para implementar sistemas de riego con moderna tecnología en beneficio de los productores.
Por otra parte, Achacollo explicó que la determinación del apoyo estatal en la búsqueda de mercados para la exportación de los excedentes, asegurando el abastecimiento del mercado interno, fue otro de los acuerdos de la Cumbre.
“Hoy tenemos Bolivia libre de fiebre aftosa, que nos permite ampliar la frontera agrícola y la pecuaria y el compromiso del Estado es buscar el mercado internacional”, dijo.
El presidente del colegio de agrónomos de Bolivia, Víctor Ralde, destacó los consensos de la Cumbre indicando que el desafío es tener mayor participación en el Producto Interno Bruto (PIB) del sector agropecuario y buscar mercados para exportar.
La ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, informó que los resultados a los que se llegaron en el evento que congregó a todo el sector productivo será incluido en un plan nacional.
“Nosotros tenemos ya una tarea, un plan de Gobierno, un mandato de la Cumbre nacional, de los cuales, muchas de estas propuestas que tenemos van a llegar a ser decretos y otras leyes”, señaló.
Achacollo indicó que luego de un intenso debate entre los productores y el Gobierno se acordó ampliar la FES de la tierra de dos a cinco años con el propósito de garantizar el incremento en la producción de alimentos.
“Se ha ampliado de dos años a cinco años, ha sido uno de los puntos más debatidos en la mesa uno. Presentaron la solicud las organizaciones campesinas, agropecuarias de la amazonía, el Chaco y otros”, manifestó la autoridad en conferencia de prensa.
Infraestructura
Por otra parte, indicó que en infraestructura y riego se acordó que el Gobierno sea el encargado de garantizar caminos, silos, entre otros.
“Cuando hablamos de la infraestructura tenemos el tema de camino, aeropuertos, silos que es lo que se planteó desde los sectores, las organizaciones, se acordó que ese papel será asumido por el Estado”, señaló.
En tanto, indicó que se logró importantes consensos que garantizan recursos para implementar sistemas de riego con moderna tecnología en beneficio de los productores.
Por otra parte, Achacollo explicó que la determinación del apoyo estatal en la búsqueda de mercados para la exportación de los excedentes, asegurando el abastecimiento del mercado interno, fue otro de los acuerdos de la Cumbre.
“Hoy tenemos Bolivia libre de fiebre aftosa, que nos permite ampliar la frontera agrícola y la pecuaria y el compromiso del Estado es buscar el mercado internacional”, dijo.
El presidente del colegio de agrónomos de Bolivia, Víctor Ralde, destacó los consensos de la Cumbre indicando que el desafío es tener mayor participación en el Producto Interno Bruto (PIB) del sector agropecuario y buscar mercados para exportar.
jueves, 23 de abril de 2015
Arce ratifica decreto 29308 y exministra Caro no puede trabajar en el BID
El Ministro de Economìa y Finanzas, Luis Arce Catacora, ratificó, en una entrevista con Cadena A, que el Decreto Supremo 29308 está plenamente vigente y que fue aprobado en 2007 con el objetivo de impedir que los funcionarios públicos en Bolivia usen sus cargos dentro del Estado como un "trampolín" para obtener empleos espectables dentro de los organismos multilaterales. La norma prohíbe de manera expresa e inequívoca que ministros y viceministros presten "sus servicios en las agencias de cooperación, organismos multilaterales, gobiernos extranjeros y organismos no gubernamentales hasta dos años después de dejar la función pública".
La exministra Viviana Caro dejó de ser la titular de Planificación para el Desarrollo en enero de este año y ha sido nombrada representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ante la República del Perú. Arce dijo en el programa "Levántate Bolivia" de Cadena A que el decreto "está vigente", aunque al no ser él abogado, no podría opinar con propiedad acerca de si su excolega en el gabinete puede o no trabajar en el BID tres meses después de haber dejado el cargo de ministra. El Decreto 29308 fue aprobado el 10 de octubre de 2007 y se refiere, entre otros temas, a la necesidad de registrar las donaciones que llegan de la cooperación internacional a fin de que sean destinadas a objetivos fijados previamente por el Estado.
Bajo el título "Incompatibilidades", el artículo 20 de dicho decreto señala textualmente: "los ministros y viceministros están impedidos de prestar servicios en las agencias de cooperación, organismos multilaterales, gobiernos extranjeros y organismos no gubernamentales, hasta dos años después de dejar la función pública, sea como empleados directos o como consultores".
El objetivo de la norma es impedir que se den lo que comúnmente se llama "puerta giratoria", es decir, que una persona ingrese como agente estatal y salga como actor multilateral. Una "puerta giratoria" genera un dilema ético y desde octubre de 2007, en Bolivia, un problema legal, dada la prohibición. En otros países también se sanciona, por ejemplo, que un ministro de hidrocarburos termine trabajando después en una compañía petrolera tras haber celebrado, como autoridad, contratos con empresas.
Arce Catacora explico que el gobierno aprobó el decreto el 2007 debido a que muchos ministros, especialmente de gobiernos neoliberales, obtenían puestos espectables en organismos internacionales. "Usaban su cargo en el gobierno como trampolín, y ya no velaban por los intereses del país, sino de los organismos. Vimos que no queremos seguir así, con funcionarios que piensen mas en un organismo que en velar por el Estado", señaló.
La exministra Viviana Caro dejó de ser la titular de Planificación para el Desarrollo en enero de este año y ha sido nombrada representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ante la República del Perú. Arce dijo en el programa "Levántate Bolivia" de Cadena A que el decreto "está vigente", aunque al no ser él abogado, no podría opinar con propiedad acerca de si su excolega en el gabinete puede o no trabajar en el BID tres meses después de haber dejado el cargo de ministra. El Decreto 29308 fue aprobado el 10 de octubre de 2007 y se refiere, entre otros temas, a la necesidad de registrar las donaciones que llegan de la cooperación internacional a fin de que sean destinadas a objetivos fijados previamente por el Estado.
Bajo el título "Incompatibilidades", el artículo 20 de dicho decreto señala textualmente: "los ministros y viceministros están impedidos de prestar servicios en las agencias de cooperación, organismos multilaterales, gobiernos extranjeros y organismos no gubernamentales, hasta dos años después de dejar la función pública, sea como empleados directos o como consultores".
El objetivo de la norma es impedir que se den lo que comúnmente se llama "puerta giratoria", es decir, que una persona ingrese como agente estatal y salga como actor multilateral. Una "puerta giratoria" genera un dilema ético y desde octubre de 2007, en Bolivia, un problema legal, dada la prohibición. En otros países también se sanciona, por ejemplo, que un ministro de hidrocarburos termine trabajando después en una compañía petrolera tras haber celebrado, como autoridad, contratos con empresas.
Arce Catacora explico que el gobierno aprobó el decreto el 2007 debido a que muchos ministros, especialmente de gobiernos neoliberales, obtenían puestos espectables en organismos internacionales. "Usaban su cargo en el gobierno como trampolín, y ya no velaban por los intereses del país, sino de los organismos. Vimos que no queremos seguir así, con funcionarios que piensen mas en un organismo que en velar por el Estado", señaló.
Socializarán leyes en “U” de siglo XX
Las leyes Marco de Autonomías, de Gobiernos Municipales y del Control Social, serán socializadas, este 24 de abril, en la Universidad Nacional de Siglo XX, norte de Potosí.
La senadora Adela Cusi, representante de esa región, convocó a alcaldes, concejales, asambleístas departamentales y población en general a ser participes del evento, que se realizará en la población de Llallagua, para que las nuevas autoridades conozcan sus funciones y atribuciones, establecidas en estas normas nacionales.
La senadora Adela Cusi, representante de esa región, convocó a alcaldes, concejales, asambleístas departamentales y población en general a ser participes del evento, que se realizará en la población de Llallagua, para que las nuevas autoridades conozcan sus funciones y atribuciones, establecidas en estas normas nacionales.
Proyecto de ley de protección animal ALP plantea tipificar 5 delitos penales
El proyecto de ley de defensa de los animales plantea modificar el Código Penal para introducir nuevos artículos que identificarán cinco tipos de delitos en contra de los animales y será una base para que los municipios elaboren sus propias normas de protección.
Sin embargo, la contradicción persiste porque al mismo tiempo que se habla de respeto a todo ser viviente en base a la filosofía del “vivir bien” y en armonía con la naturaleza también se habla de mantener los rituales y las tradiciones indígenas de sacrificar animales como llamas, ovejas y otros en nombre de la Pachamama.
Esta semana se inició el tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional del proyecto de ley de defensa de los animales que son sometidos a abusos, maltratos y torturas ocasionadas por personas sin que, hasta el momento, éstas tengan un castigo penal.
Una de las proyectistas, la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Sonia Brito, informó que esta propuesta normativa pasó a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados donde analizarán la propuesta.
Uno de los puntos más destacados en este proyecto es la modificación del Código de Procedimiento Penal donde se pretende incluir cinco “nuevos” delitos para castigar el maltrato contra los animales de cualquier especie.
“El primer delito es tenencia, manejo, tráfico ilegal de animales, el segundo delito es violencia contra los animales, el tercer tipo de delito es biocidio animal, el cuarto delito es la zoofilia y el quinto robo de animales”, explicó la Legisladora.
Brito puntualizó que se pretende hacer una ley marco en base a la cual los gobiernos autónomos municipales puedan elaborar normas específicas que protejan a los animales domésticos o mascotas.
La Constitución Política del Estado (CPE) en el artículo 302 que se refiere a las competencias exclusivas para los municipios como gobiernos autónomos manda a “preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y recursos naturales, fauna silvestre y animales domésticos”.
En base a esa norma el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió una sentencia constitucional, la número 2055 el 2012 que excluye a la ALP de elaborar normas en favor de la protección de animales y delegando a los municipios esta potestad.
Es decir que la regulación para la tenencia de mascotas, comercialización, campañas de esterilización, vacunación, actividades irregulares donde se utilice a los animales domésticos para fines de lucro como peleas de perros, gallos y otros estará a cargo exclusivo de los municipios de deberán normar y sancionar delitos empleando el Código Penal.
CONTRADICCIONES
Sin embargo, en la propuesta de ley no se aclara cómo será el tratamiento en cuanto a los usos y costumbres que aún tienen algunos pueblos indígenas, campesinos y festividades religiosas que sacrifican a los animales como parte de sus ritos y costumbres en honor a la Madre Tierra o Pachamama.
Los campesinos piden que se respeten sus costumbres. “Las organizaciones indígenas nos han pedido que se haga una socialización, una discusión de esta temática para que no afecte los usos y costumbres, para que no afecte la forma de vida en el trato de animales”, indicó Brito.
Para la legisladora existe un “prejuicio al decir que los usos y costumbres son dañinos contra los animales, de ninguna manera, creemos más bien que el vivir bien va justamente en la línea de la armonía, de la madre tierra con el hombre, de la naturaleza con el hombre y de los seres vivos sintientes”, pero aseguró también que “mediante este proyecto de ley se reconoce a los animales como seres vivos que sienten”.
Este proyecto es tratado en la Comisión de Constitución y socializado con distintos grupos de la sociedad boliviana.
Sin embargo, la contradicción persiste porque al mismo tiempo que se habla de respeto a todo ser viviente en base a la filosofía del “vivir bien” y en armonía con la naturaleza también se habla de mantener los rituales y las tradiciones indígenas de sacrificar animales como llamas, ovejas y otros en nombre de la Pachamama.
Esta semana se inició el tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional del proyecto de ley de defensa de los animales que son sometidos a abusos, maltratos y torturas ocasionadas por personas sin que, hasta el momento, éstas tengan un castigo penal.
Una de las proyectistas, la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Sonia Brito, informó que esta propuesta normativa pasó a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados donde analizarán la propuesta.
Uno de los puntos más destacados en este proyecto es la modificación del Código de Procedimiento Penal donde se pretende incluir cinco “nuevos” delitos para castigar el maltrato contra los animales de cualquier especie.
“El primer delito es tenencia, manejo, tráfico ilegal de animales, el segundo delito es violencia contra los animales, el tercer tipo de delito es biocidio animal, el cuarto delito es la zoofilia y el quinto robo de animales”, explicó la Legisladora.
Brito puntualizó que se pretende hacer una ley marco en base a la cual los gobiernos autónomos municipales puedan elaborar normas específicas que protejan a los animales domésticos o mascotas.
La Constitución Política del Estado (CPE) en el artículo 302 que se refiere a las competencias exclusivas para los municipios como gobiernos autónomos manda a “preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y recursos naturales, fauna silvestre y animales domésticos”.
En base a esa norma el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió una sentencia constitucional, la número 2055 el 2012 que excluye a la ALP de elaborar normas en favor de la protección de animales y delegando a los municipios esta potestad.
Es decir que la regulación para la tenencia de mascotas, comercialización, campañas de esterilización, vacunación, actividades irregulares donde se utilice a los animales domésticos para fines de lucro como peleas de perros, gallos y otros estará a cargo exclusivo de los municipios de deberán normar y sancionar delitos empleando el Código Penal.
CONTRADICCIONES
Sin embargo, en la propuesta de ley no se aclara cómo será el tratamiento en cuanto a los usos y costumbres que aún tienen algunos pueblos indígenas, campesinos y festividades religiosas que sacrifican a los animales como parte de sus ritos y costumbres en honor a la Madre Tierra o Pachamama.
Los campesinos piden que se respeten sus costumbres. “Las organizaciones indígenas nos han pedido que se haga una socialización, una discusión de esta temática para que no afecte los usos y costumbres, para que no afecte la forma de vida en el trato de animales”, indicó Brito.
Para la legisladora existe un “prejuicio al decir que los usos y costumbres son dañinos contra los animales, de ninguna manera, creemos más bien que el vivir bien va justamente en la línea de la armonía, de la madre tierra con el hombre, de la naturaleza con el hombre y de los seres vivos sintientes”, pero aseguró también que “mediante este proyecto de ley se reconoce a los animales como seres vivos que sienten”.
Este proyecto es tratado en la Comisión de Constitución y socializado con distintos grupos de la sociedad boliviana.
miércoles, 22 de abril de 2015
Ley de protección a los animales incluye 5 delitos
El proyecto de ley marco para proteger a los animales fue remitido ayer por Diputados a la Comisión Constitucional para su revisión. El documento incorpora cinco tipos de delitos al artículo 223 del Código Penal y la creación de un Consejo Nacional.
“A las 16.40 fue presentada la ley por la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño. El documento fue derivado a la Comisión Constitucional”, informó ayer la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Sonia Brito, del Comité de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades.
Lo que corresponde ahora es el proceso de socialización y de revisión de la Ley general de reconocimiento y defensa de los derechos de los animales, explicó Brito, quien señaló que las sugerencias de los defensores de animales aún se podrán recibir.
Según la otra proyectista y diputada oficialista Mireya Montaño, el proyecto de ley es “sencillo y explicativo, se adecua y se aplica a los gobiernos subnacionales”. La norma contiene 15 artículos y prevé la creación del Consejo Nacional de Protección Animal, conformado por los ministerios de Educación, Comunicación y Medio Ambiente y Agua, además de asociaciones defensoras de animales, manifestó Montaño.
Se plantea un contenido mínimo en el currículo educativo para incorporar temas relacionados con la protección de los animales. En otro artículo se incluye a los medios de comunicación como actores de información sobre la defensa de animales.
La diputada Brito precisó que la norma incluye las sanciones penales a cinco delitos: Tenencia, manejo y tráfico ilegal de animales; la violencia contra los animales; el biocidio animal; la zoofilia y el robo de animales. Aclaró que estos tipos de delitos serán incluidos en el artículo 223 del Código Penal (Destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional).
Objeción. No obstante, la representante del Animales SOS, Susana Carpio, observó que la zoofilia no debiera ser castigada con cárcel, pues según estudios quien la practica es una persona con problemas psicológicos. Al respecto, la diputada Montaño sostuvo que si una persona sufre de problemas psicológicos o psiquiátricos debería estar en un centro, lo que no ocurre con la gente que practica zoofilia.
“Si fue capaz de cometer zoofilia puede ser capaz de una violación contra un niño, por lo que merece sanción”, sentenció. Montaño adelantó que la ley propone la elaboración de un protocolo para la sanción de los delitos. “El Ministerio Público en coordinación con el órgano judicial tendrán que elaborarlo”, dijo.
La ley prevé sanción de privación de libertad a los agresores de los animales de tres a seis años, según el tipo de delito. Promulgada la norma, en 90 días se elaborará la reglamentación y los gobiernos municipales deberán elaborar sus respectivas leyes de protección de animales.
viernes, 17 de abril de 2015
Capacitan a funcionarios municipales en Ley 1178
Los funcionarios de la Alcaldía de El Alto son capacitados sobre los alcances de la Ley 1178, de Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, para mejorar su desenvolvimiento laboral, informó el responsable de la Unidad de Capacitación de Personal, Norberto Ajpi.
“La capacitación está a cargo de profesionales avalados por la Contraloría General de Estado que están transmitiendo información muy valiosa para que los servidores públicos fortalezcan sus funciones en la administración pública”, explicó el funcionario.
Según las declaraciones de Ajpi este es el cuarto año en el que se organiza el curso de capacitación que es propiciado por la administración municipal de El Alto, tiempo en el que se habrían formado cerca de 300 funcionarios.
“La capacitación está a cargo de profesionales avalados por la Contraloría General de Estado que están transmitiendo información muy valiosa para que los servidores públicos fortalezcan sus funciones en la administración pública”, explicó el funcionario.
Según las declaraciones de Ajpi este es el cuarto año en el que se organiza el curso de capacitación que es propiciado por la administración municipal de El Alto, tiempo en el que se habrían formado cerca de 300 funcionarios.
martes, 14 de abril de 2015
jueves, 9 de abril de 2015
Chuquisaca Mesas analizarán la Ley Departamental de Culturas
Gestores y actores culturales de Sucre y Chuquisaca Norte analizarán en mesas de trabajo el proyecto de Ley Departamental de Culturas. El propósito es enriquecer la norma para su posterior aprobación en instancias de la Asamblea Legislativa Departamental.
En conferencia de prensa, el presidente de la comisión de Desarrollo Humano y Social de la Asamblea, Cristian Sanabria, explicó que el proceso de construcción de la Ley demandó cuatro meses de trabajo junto al Consejo Departamental de Culturas y la Secretaría del ramo de la misma Gobernación.
“En este taller vamos a presentar la propuesta final del proyecto de ley que creemos que es importante porque la cultura ha sido desvalorada durante mucho tiempo”, expresó Sanabria.
Para el análisis de la propuesta todos los gestores y actores culturales de la ciudad están llamados a participar del taller y las mesas de trabajo que empezarán a las 9:00, en el Salón de Convenciones de la Gobernación.
En conferencia de prensa, el presidente de la comisión de Desarrollo Humano y Social de la Asamblea, Cristian Sanabria, explicó que el proceso de construcción de la Ley demandó cuatro meses de trabajo junto al Consejo Departamental de Culturas y la Secretaría del ramo de la misma Gobernación.
“En este taller vamos a presentar la propuesta final del proyecto de ley que creemos que es importante porque la cultura ha sido desvalorada durante mucho tiempo”, expresó Sanabria.
Para el análisis de la propuesta todos los gestores y actores culturales de la ciudad están llamados a participar del taller y las mesas de trabajo que empezarán a las 9:00, en el Salón de Convenciones de la Gobernación.
martes, 7 de abril de 2015
Preparan ley complementaria para garantizar referendo
La Asamblea Legislativa Departamental de La Paz alista una norma que permita garantizar los 19 millones de bolivianos que se requieren para la realización del referendo autonómico, toda vez que, hasta la fecha, la Gobernación de La Paz no transfirió tales recursos al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que convoque a este proceso.
Debido a la no transferencia del dinero de parte de las gobernaciones de La Paz, Cochabamba, Potosí y Oruro; el TSE convocó el pasado 1 de abril a referendo autonómico sólo en el departamento de Chuquisaca y los pueblos indígenas de Totora Marka (Oruro) y Charagua (Santa Cruz), a cumplirse el próximo 12 de julio.
El presidente de la Asamblea Legislativa de La Paz, Nelson Guarachi, mencionó que hace dos semanas se aprobó una ley departamental para la transferencia de los 19 millones al TSE, no obstante el Ejecutivo paceño informó que no cuenta con esos recursos, por ello este lunes se convocó a rendir un informe oral al gobernador César Cocarico y se decidió elaborar una ley complementaria que permita buscar fuentes alternativas de financiamiento para llevar adelante el referendo.
“Se va a autorizar hacer un ajuste presupuestario de las regalías mineras y también buscar otras fuentes de financiamiento (…) para garantizar el referendo autonómico para el 12 de julio”, informó Guarachi a la ANF, respecto al contenido de la ley complementaria que todavía está siendo tratada por la comisión de economía y finanzas del legislativo.
De acuerdo con Guarachi, la Asamblea paceña tiene hasta el jueves para transferir los recursos al TSE y, de ese modo, pueda participar de la consulta el próximo 12 de julio. “El jueves hay sala plena (del TSE) para convocar al 12 de julio, si no alcanzamos hasta el jueves, se pone en riesgo el referendo autonómico de La Paz”, precisó.
Sin embargo, el vocal del TSE, Ramiro Paredes, indicó que no existe un plazo para que las restantes gobernaciones puedan transferir recursos para los referendos autonómicos, dado que éstos se pueden desarrollar el 12 de julio u otra fecha, conforme a la asignación del dinero correspondiente.
“En la medida que vayan haciendo las transferencias (de recursos), nosotros estamos en la obligación de lanzar las convocatorias. No hay plazos fatales, porque es un derecho establecido en la Constitución”, explicó Paredes en entrevista con la ANF.
No obstante, para aquellos departamentos que quieran participar del proceso del 12 de julio, los recursos deben ser transferidos hasta el día en que se desarrolle la primera actividad del calendario electoral, el cual se desconoce porque el calendario todavía no ha sido publicado. El plazo para la publicación de éste fenece el próximo sábado.
Los departamentos de La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Potosí y Oruro deben someterse a referendos autonómicos tras la aprobación de sus estatutos por parte de las Asambleas Legislativas y su revisión en el Tribunal Constitucional. De momento, Pando y Tarija tienen vigentes sus estatutos, en cambio Beni y Santa Cruz se encuentran retrasados porque aún los adecuan a la Constitución. Los últimos cuatro departamentos ya aprobaron sus estatutos en 2008, cuando la autonomía no se encontraba constitucionalizada.
Debido a la no transferencia del dinero de parte de las gobernaciones de La Paz, Cochabamba, Potosí y Oruro; el TSE convocó el pasado 1 de abril a referendo autonómico sólo en el departamento de Chuquisaca y los pueblos indígenas de Totora Marka (Oruro) y Charagua (Santa Cruz), a cumplirse el próximo 12 de julio.
El presidente de la Asamblea Legislativa de La Paz, Nelson Guarachi, mencionó que hace dos semanas se aprobó una ley departamental para la transferencia de los 19 millones al TSE, no obstante el Ejecutivo paceño informó que no cuenta con esos recursos, por ello este lunes se convocó a rendir un informe oral al gobernador César Cocarico y se decidió elaborar una ley complementaria que permita buscar fuentes alternativas de financiamiento para llevar adelante el referendo.
“Se va a autorizar hacer un ajuste presupuestario de las regalías mineras y también buscar otras fuentes de financiamiento (…) para garantizar el referendo autonómico para el 12 de julio”, informó Guarachi a la ANF, respecto al contenido de la ley complementaria que todavía está siendo tratada por la comisión de economía y finanzas del legislativo.
De acuerdo con Guarachi, la Asamblea paceña tiene hasta el jueves para transferir los recursos al TSE y, de ese modo, pueda participar de la consulta el próximo 12 de julio. “El jueves hay sala plena (del TSE) para convocar al 12 de julio, si no alcanzamos hasta el jueves, se pone en riesgo el referendo autonómico de La Paz”, precisó.
Sin embargo, el vocal del TSE, Ramiro Paredes, indicó que no existe un plazo para que las restantes gobernaciones puedan transferir recursos para los referendos autonómicos, dado que éstos se pueden desarrollar el 12 de julio u otra fecha, conforme a la asignación del dinero correspondiente.
“En la medida que vayan haciendo las transferencias (de recursos), nosotros estamos en la obligación de lanzar las convocatorias. No hay plazos fatales, porque es un derecho establecido en la Constitución”, explicó Paredes en entrevista con la ANF.
No obstante, para aquellos departamentos que quieran participar del proceso del 12 de julio, los recursos deben ser transferidos hasta el día en que se desarrolle la primera actividad del calendario electoral, el cual se desconoce porque el calendario todavía no ha sido publicado. El plazo para la publicación de éste fenece el próximo sábado.
Los departamentos de La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Potosí y Oruro deben someterse a referendos autonómicos tras la aprobación de sus estatutos por parte de las Asambleas Legislativas y su revisión en el Tribunal Constitucional. De momento, Pando y Tarija tienen vigentes sus estatutos, en cambio Beni y Santa Cruz se encuentran retrasados porque aún los adecuan a la Constitución. Los últimos cuatro departamentos ya aprobaron sus estatutos en 2008, cuando la autonomía no se encontraba constitucionalizada.
lunes, 6 de abril de 2015
Proponen ley para crear el Defensor del Paciente
Ante la cantidad de reclamos y denuncias por la vulneración de los derechos de los pacientes y la falta de una instancia específica que pueda velar, proteger y hacer cumplir la normas de salud es que se hace urgente la creación de la Oficina del Defensor del Paciente en el departamento y ciudad de Oruro, expresó el exasambleísta, José Luis Toco.
Dijo que a través de una ley debe crearse esta instancia para preservar el derecho a la salud de todos los ciudadanos, además de proporcionar información y transparencia a todo proceso médico, desde el ingreso del paciente al centro de salud, con el objetivo de que se pueda garantizar calidez en la atención al paciente, generando un clima de respeto e informar a todos sobre sus derechos.
Asimismo, se encargaría de registrar reclamos de pacientes o familiares por temas como malos tratos, falta de atención médica, falta de información sobre el estado de salud del usuario, coacción de cualquier naturaleza ejercida sobre el paciente o su entorno y otros.
Además de orientar e informar sobre trámites administrativos y consultas; canalizar gestiones interinstitucionales para el tratamiento de casos especiales que requieran atención inmediata o especializada; derivar a las instancias competentes los reclamos o denuncias que ameriten otro tratamiento y remitir información a la instancia correspondiente sobre los datos registrados en el servicio y elaborar informes mensuales sobre el trabajo desarrollado.
"Lo ideal es que el paciente debe estar informado del por qué le prescriben un medicamento o que le expliquen los tratamientos que determina un médico. La falta de información hace que las personas actúen de forma apresurada y en muchos de los casos, salgan más perjudicados que beneficiados", manifestó Toco.
Señaló que uno de los primeros pasos es que las historias clínicas de los pacientes sean sistematizadas en una base de datos única del hospital en una primera fase, para ampliarla a una red nacional, porque es importante, ya que indica qué padece o a qué tratamiento fue sometido, lo que facilita que un médico haga un diagnóstico rápido y certero y evite repetir análisis o tratamientos.
ANTECEDENTES
Afirmó que desde la gestión 2012 se puso en marcha 14 oficinas del Defensor del Paciente en diferentes departamentos del país, en Oruro en el Hospital General "San Juan de Dios", desde el Defensor del Pueblo, pero que han transcurrido dos años y nadie conoce del trabajo y los resultados obtenidos hasta la fecha, peor cuando debería ser la instancia que haga conocer la precaria infraestructura y atención de los pacientes en el actual Hospital General.
MUNICIPIO
Desde el Municipio de manera institucional se debe implementar la figura del Defensor del Paciente para mejorar la atención en todos los centros de salud del municipio, donde el Defensor del Paciente debe ser un funcionario elegido por concurso de méritos, y su misión específica debe ser fiscalizar que en los centros de salud los pacientes reciban un trato de calidad por parte del personal administrativo, médico y de enfermería.
"El Defensor del Paciente no debe ser un funcionario de escritorio, sino que tendrá que estar moviéndose permanentemente por todos los centros de salud cumpliendo el rol que le corresponde.
A nivel legislativo una ley municipal sería una iniciativa para dar inicio y nacimiento al Defensor del Paciente que definitivamente hace mucha falta en nuestra ciudad y departamento con las funciones y atribuciones específicas que garanticen la atención en el momento oportuno", refirió la exautoridad.
Dijo que a través de una ley debe crearse esta instancia para preservar el derecho a la salud de todos los ciudadanos, además de proporcionar información y transparencia a todo proceso médico, desde el ingreso del paciente al centro de salud, con el objetivo de que se pueda garantizar calidez en la atención al paciente, generando un clima de respeto e informar a todos sobre sus derechos.
Asimismo, se encargaría de registrar reclamos de pacientes o familiares por temas como malos tratos, falta de atención médica, falta de información sobre el estado de salud del usuario, coacción de cualquier naturaleza ejercida sobre el paciente o su entorno y otros.
Además de orientar e informar sobre trámites administrativos y consultas; canalizar gestiones interinstitucionales para el tratamiento de casos especiales que requieran atención inmediata o especializada; derivar a las instancias competentes los reclamos o denuncias que ameriten otro tratamiento y remitir información a la instancia correspondiente sobre los datos registrados en el servicio y elaborar informes mensuales sobre el trabajo desarrollado.
"Lo ideal es que el paciente debe estar informado del por qué le prescriben un medicamento o que le expliquen los tratamientos que determina un médico. La falta de información hace que las personas actúen de forma apresurada y en muchos de los casos, salgan más perjudicados que beneficiados", manifestó Toco.
Señaló que uno de los primeros pasos es que las historias clínicas de los pacientes sean sistematizadas en una base de datos única del hospital en una primera fase, para ampliarla a una red nacional, porque es importante, ya que indica qué padece o a qué tratamiento fue sometido, lo que facilita que un médico haga un diagnóstico rápido y certero y evite repetir análisis o tratamientos.
ANTECEDENTES
Afirmó que desde la gestión 2012 se puso en marcha 14 oficinas del Defensor del Paciente en diferentes departamentos del país, en Oruro en el Hospital General "San Juan de Dios", desde el Defensor del Pueblo, pero que han transcurrido dos años y nadie conoce del trabajo y los resultados obtenidos hasta la fecha, peor cuando debería ser la instancia que haga conocer la precaria infraestructura y atención de los pacientes en el actual Hospital General.
MUNICIPIO
Desde el Municipio de manera institucional se debe implementar la figura del Defensor del Paciente para mejorar la atención en todos los centros de salud del municipio, donde el Defensor del Paciente debe ser un funcionario elegido por concurso de méritos, y su misión específica debe ser fiscalizar que en los centros de salud los pacientes reciban un trato de calidad por parte del personal administrativo, médico y de enfermería.
"El Defensor del Paciente no debe ser un funcionario de escritorio, sino que tendrá que estar moviéndose permanentemente por todos los centros de salud cumpliendo el rol que le corresponde.
A nivel legislativo una ley municipal sería una iniciativa para dar inicio y nacimiento al Defensor del Paciente que definitivamente hace mucha falta en nuestra ciudad y departamento con las funciones y atribuciones específicas que garanticen la atención en el momento oportuno", refirió la exautoridad.
Ley Alexander quedó rezagada
LA MUERTE DEL BEBÉ ALEXANDER MOTIVÓ A QUE LOS HOGARES SEAN FISCALIZADOS A PARTIR DE UNA NORMA QUE DUERME EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA.
La exsenadora por la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la anterior gestión, Silvia Alarcón Heredia, expresó su extrañeza porque en la actual legislatura no repusieron el tratamiento de la “Ley Alexander” que tenía como objetivo el fiscalizar las casas de acogida en los nueve departamentos del país.
Según Heredia, el proyecto de esta normativa se la empezó a elaborar luego del “nefasto” hecho de muerte que fue víctima el bebé Alexander ocurrido el 13 de noviembre de 2014.
La senadora Alarcón recordó que el trabajo se inició en el mes de diciembre de 2014, pasado un mes de lo ocurrido con el bebé Alexander que en principio tenía la tarea de hacer un seguimiento y obtener información.
“Lo primero que se hizo, dentro mis actividades, fue solicitar minutas de comunicación (4 de diciembre de 2014) que se presentó a cada Gobernación para precautelar los derechos de los menores y los adolescentes que viven en los hogares”, relató a EL DIARIO.
Asimismo, dijo que la idea también era que se instalen cámaras de seguridad en las distintas casas de acogida que se encuentran en las terminales terrestres de cada capital para vigilar la atención que reciben los menores.
Alarcón recordó que cuando se empezó con la elaboración de dicho proyecto se debía contar con informes de las gobernaciones de los nueve departamentos, “eso era para tener bases sólidas sobre qué temas específicos teníamos que ahondar más”.
De la misma manera, se solicitó informes al Defensor del Pueblo, la exministra de Justicia, así como del Consejo de la Magistratura al igual que al Fiscal General del Estado. “Pero lamentablemente por el tiempo que teníamos tan corto y próximos a culminar nuestra gestión, algunos ya no tuvieron la oportunidad de presentar los informes correspondientes para argumentar este proyecto”, afirmó.
La exsenadora dijo que en el tiempo que estuvieron elaborando la idea, sólo cuatro gobernaciones hicieron llegar sus informes. “Las gobernaciones que cumplieron a medias fueron Potosí, Chuquisaca, Tarija y Pando”, las otras gobernaciones no argumentaron “nada” a pesar del tiempo que tenían para elaborar sus informes.
Alarcón dijo que en principio era conocer cuántos hogares de acogida existen en el territorio nacional, cuál es el estado en el que se encuentran, cuál es el personal con el que cuentan y sus antecedentes.
“Ahora estoy en la tarea de que se reponga esta ley, porque es necesario fiscalizar y regular las casas y hogares de acogida del país, porque tenemos en la Constitución Política del Estado que es un deber de las autoridades, precautelar estos derechos y evitar todo tipo de violencia que se podría generar en estos centros y luchar contra la trata y tráfico de personas”, afirmó.
PROYECTO DE LEY
La normativa tenía el denominativo de “Ley de Fiscalización al Funcionamiento de Hogares de Niños y Adolescentes”, tenía como objeto regular en el ámbito nacional el funcionamiento de los hogares de Niñas, Niños, y Adolescentes, para que organismos administrativos de protección estén facultados para la supervisión y el monitoreo de todas las instituciones públicas y privadas que los albergan y puedan contar con la mayor información institucional, así como la efectiva fiscalización por parte de autoridades de los diferentes Órganos del Estado.
Este proyecto constaba de ocho artículos, entre los cuales se hacía referencia a la cualidad de los hogares, las condiciones mínimas de atención, el personal mínimo que debía contar, la supervisión, el consejo nacional de fiscalización, el presupuesto y los informes.
viernes, 3 de abril de 2015
Proyectan una nueva Ley de propiedad industrial
A LA ALP
Después de esta fase de difusión que abarcará todos los Departamentos del país, presentarán el proyecto de Ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional, dentro de un mes.
El proyecto de Ley de Propiedad Industrial e Infracciones, que acaba de ingresar a su etapa de difusión, podría ser remitido en un mes a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su tratamiento y aprobación. Este trabajo es impulsado por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), el Programa de Apoyo a la Promoción del Crecimiento y la Diversificación de las Exportaciones (PROEX) y la firma Rigoberto Paredes y Asociados.
Rigoberto Paredes, quien se encarga de la revisión de la norma, inició el proceso de difusión en Sucre donde expuso los detalles del proyecto y destacó que esta norma generará un cambio trascendental en el funcionamiento y la administración de derechos intelectuales y es una inyección de seguridad jurídica para el desempeño empresarial.
El experto recordó que Bolivia se encuentra en un “desamparo” legislativo y normativo, ya que su política legal de propiedad intelectual, sustentada en una ley de 1916 y una norma de 1918, es bastante “primitiva”.
“Esas normas prácticamente están en desuso porque no son compatibles con los tratados internacionales que suscribió el país, como la decisión 486” sobre el nuevo Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), remarcó.
Enfatizó que para mejorar en importaciones y exportaciones, avanzar en cualquier sector de la industria es determinante que haya una nueva Ley de propiedad industrial en Bolivia, con reglas claras que inyecten seguridad jurídica a todas las inversiones.
Dijo que la carencia de una regulación de propiedad intelectual deja a Bolivia al margen del ingreso de empresas, tecnologías, industrias, invenciones porque una condición básica de cualquier inversor o creador de tecnología para ingresar a cualquier país es que se le brinde seguridad jurídica.
Después de esta fase de difusión que abarcará todos los Departamentos del país, presentarán el proyecto de Ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional, dentro de un mes.
El proyecto de Ley de Propiedad Industrial e Infracciones, que acaba de ingresar a su etapa de difusión, podría ser remitido en un mes a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su tratamiento y aprobación. Este trabajo es impulsado por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), el Programa de Apoyo a la Promoción del Crecimiento y la Diversificación de las Exportaciones (PROEX) y la firma Rigoberto Paredes y Asociados.
Rigoberto Paredes, quien se encarga de la revisión de la norma, inició el proceso de difusión en Sucre donde expuso los detalles del proyecto y destacó que esta norma generará un cambio trascendental en el funcionamiento y la administración de derechos intelectuales y es una inyección de seguridad jurídica para el desempeño empresarial.
El experto recordó que Bolivia se encuentra en un “desamparo” legislativo y normativo, ya que su política legal de propiedad intelectual, sustentada en una ley de 1916 y una norma de 1918, es bastante “primitiva”.
“Esas normas prácticamente están en desuso porque no son compatibles con los tratados internacionales que suscribió el país, como la decisión 486” sobre el nuevo Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), remarcó.
Enfatizó que para mejorar en importaciones y exportaciones, avanzar en cualquier sector de la industria es determinante que haya una nueva Ley de propiedad industrial en Bolivia, con reglas claras que inyecten seguridad jurídica a todas las inversiones.
Dijo que la carencia de una regulación de propiedad intelectual deja a Bolivia al margen del ingreso de empresas, tecnologías, industrias, invenciones porque una condición básica de cualquier inversor o creador de tecnología para ingresar a cualquier país es que se le brinde seguridad jurídica.
miércoles, 1 de abril de 2015
Aprueban "Ley Seca" para Semana Santa
"Ley Seca" desde el jueves a las cero horas hasta las 24:00 del sábado. Esto dicta la norma que fue aprobada en el Concejo Municipal la mañana de ayer y que será promulgada hoy por el alcalde Juan José Ramírez, para evitar que existan excesos durante los días de Semana Santa.
La ley municipal fue aprobada luego de conocerse el informe por mayoría de la Comisión de Desarrollo Humano, que sugería dar curso a la norma. Ocho concejales votaron a favor de esta medida.
"La presente Ley Municipal tiene por objeto declarar Ley Seca en el municipio de Oruro por 72 horas, a partir de las cero horas del jueves santo hasta las 24 horas del sábado santo del mes de abril de todos los años, con motivo de honrar los días de Semana Santa y garantizar el ejercicio y la libertad de culto y fe cristiana", señala el primer artículo de la normativa.
Con esta ley municipal, no será necesario que como se hacía antes, se tenga que aprobar cada año una ordenanza similar, sino que ésta tiene validez permanente, o hasta que se emita otra norma que la abrogue.
La ley aprobada además contempla que todos los locales de expendio y consumo de bebidas alcohólicas, como discotecas, bares, chicherías, pubs, cafés y otros, no funcionen durante estas 72 horas.
PELÍCULAS
Al margen de la "Ley Seca", esta norma determina en su artículo 4, que durante los días de Semana Santa, se deben exhibir películas con cierto contenido y temática.
"Las salas cinematográficas y canales de televisión de la ciudad, deben exhibir necesariamente los días jueves, viernes y sábado películas de alto contenido moral y relacionado con Semana Santa", indica dicho artículo.
Se aguarda que la ley municipal sea promulgada hoy para que las unidades correspondientes de la Municipalidad, hagan cumplir con lo estipulado.
La ley municipal fue aprobada luego de conocerse el informe por mayoría de la Comisión de Desarrollo Humano, que sugería dar curso a la norma. Ocho concejales votaron a favor de esta medida.
"La presente Ley Municipal tiene por objeto declarar Ley Seca en el municipio de Oruro por 72 horas, a partir de las cero horas del jueves santo hasta las 24 horas del sábado santo del mes de abril de todos los años, con motivo de honrar los días de Semana Santa y garantizar el ejercicio y la libertad de culto y fe cristiana", señala el primer artículo de la normativa.
Con esta ley municipal, no será necesario que como se hacía antes, se tenga que aprobar cada año una ordenanza similar, sino que ésta tiene validez permanente, o hasta que se emita otra norma que la abrogue.
La ley aprobada además contempla que todos los locales de expendio y consumo de bebidas alcohólicas, como discotecas, bares, chicherías, pubs, cafés y otros, no funcionen durante estas 72 horas.
PELÍCULAS
Al margen de la "Ley Seca", esta norma determina en su artículo 4, que durante los días de Semana Santa, se deben exhibir películas con cierto contenido y temática.
"Las salas cinematográficas y canales de televisión de la ciudad, deben exhibir necesariamente los días jueves, viernes y sábado películas de alto contenido moral y relacionado con Semana Santa", indica dicho artículo.
Se aguarda que la ley municipal sea promulgada hoy para que las unidades correspondientes de la Municipalidad, hagan cumplir con lo estipulado.
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