Ley Alexander quedó rezagada

LA MUERTE DEL BEBÉ ALEXANDER MOTIVÓ A QUE LOS HOGARES SEAN FISCALIZADOS A PARTIR DE UNA NORMA QUE DUERME EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA.

La exsenadora por la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la anterior gestión, Silvia Alarcón Heredia, expresó su extrañeza porque en la actual legislatura no repusieron el tratamiento de la “Ley Alexander” que tenía como objetivo el fiscalizar las casas de acogida en los nueve departamentos del país.

Según Heredia, el proyecto de esta normativa se la empezó a elaborar luego del “nefasto” hecho de muerte que fue víctima el bebé Alexander ocurrido el 13 de noviembre de 2014.

La senadora Alarcón recordó que el trabajo se inició en el mes de diciembre de 2014, pasado un mes de lo ocurrido con el bebé Alexander que en principio tenía la tarea de hacer un seguimiento y obtener información.

“Lo primero que se hizo, dentro mis actividades, fue solicitar minutas de comunicación (4 de diciembre de 2014) que se presentó a cada Gobernación para precautelar los derechos de los menores y los adolescentes que viven en los hogares”, relató a EL DIARIO.

Asimismo, dijo que la idea también era que se instalen cámaras de seguridad en las distintas casas de acogida que se encuentran en las terminales terrestres de cada capital para vigilar la atención que reciben los menores.

Alarcón recordó que cuando se empezó con la elaboración de dicho proyecto se debía contar con informes de las gobernaciones de los nueve departamentos, “eso era para tener bases sólidas sobre qué temas específicos teníamos que ahondar más”.

De la misma manera, se solicitó informes al Defensor del Pueblo, la exministra de Justicia, así como del Consejo de la Magistratura al igual que al Fiscal General del Estado. “Pero lamentablemente por el tiempo que teníamos tan corto y próximos a culminar nuestra gestión, algunos ya no tuvieron la oportunidad de presentar los informes correspondientes para argumentar este proyecto”, afirmó.

La exsenadora dijo que en el tiempo que estuvieron elaborando la idea, sólo cuatro gobernaciones hicieron llegar sus informes. “Las gobernaciones que cumplieron a medias fueron Potosí, Chuquisaca, Tarija y Pando”, las otras gobernaciones no argumentaron “nada” a pesar del tiempo que tenían para elaborar sus informes.

Alarcón dijo que en principio era conocer cuántos hogares de acogida existen en el territorio nacional, cuál es el estado en el que se encuentran, cuál es el personal con el que cuentan y sus antecedentes.

“Ahora estoy en la tarea de que se reponga esta ley, porque es necesario fiscalizar y regular las casas y hogares de acogida del país, porque tenemos en la Constitución Política del Estado que es un deber de las autoridades, precautelar estos derechos y evitar todo tipo de violencia que se podría generar en estos centros y luchar contra la trata y tráfico de personas”, afirmó.

PROYECTO DE LEY

La normativa tenía el denominativo de “Ley de Fiscalización al Funcionamiento de Hogares de Niños y Adolescentes”, tenía como objeto regular en el ámbito nacional el funcionamiento de los hogares de Niñas, Niños, y Adolescentes, para que organismos administrativos de protección estén facultados para la supervisión y el monitoreo de todas las instituciones públicas y privadas que los albergan y puedan contar con la mayor información institucional, así como la efectiva fiscalización por parte de autoridades de los diferentes Órganos del Estado.

Este proyecto constaba de ocho artículos, entre los cuales se hacía referencia a la cualidad de los hogares, las condiciones mínimas de atención, el personal mínimo que debía contar, la supervisión, el consejo nacional de fiscalización, el presupuesto y los informes.