La ministra de Culturas y Turismo, Wilma Alanoca, confirmó que recibió alrededor de cuatro proyectos para redactar el anteproyecto de la Ley del Artista. Las propuestas llegaron de distintos grupos, incluido uno de Santa Cruz.
Aclaró que “no hay ningún cobro adicional. La Ley 2206 y el decreto supremo siguen vigentes, por lo tanto, los artistas siguen eximidos de los impuestos”, dijo.
La declaración la hizo en respuesta a un sector de intérpretes de música electrónica y otros que marchó ayer en contra del pago impositivo.
“Ayer (lunes) de manera disciplinada y comprometida, la Asociación de Artistas en Variedades entregó una propuesta de ley. Santa Cruz nos envió otra y dos grupos más que se movilizaron”, dijo la autoridad.
Alanoca explicó que se tratarán diversos aspectos en el marco de lo que será la Cumbre de Culturas, que se presentará el 28 de abril.
“Todo se debe valorar en la mesa. Los artistas quieren y buscan su dignidad, y nosotros, como Estado, debemos cumplir, así como queremos que ellos cumplan con el Estado con respeto y las reglas claras. La convocatoria es amplia, por favor hagan llegar sus propuestas. Encontré muchas coincidencias entre Santa Cruz y La Paz, acá lo que nos mueve es contar con una ley del artista, tenemos que establecer una nueva que establezca derechos y obligaciones”, dijo.
Norma vigente
La Ley 2206, promulgada por Banzer, exime del pago de Impuestos al Valor Agregado (IVA) y Transacciones (IT) a las actividades de producción, presentación y difusión de eventos, teatro, danza, música nacional, pintura, escultura y cine que sean producidos por artistas bolivianos.
miércoles, 26 de abril de 2017
martes, 25 de abril de 2017
Ley electoral modificada prevé mayor control de los medios
En la fase estrictamente relacionada al proceso electoral de magistrados a cargo del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), la Ley de Régimen Electoral modificado, si algo nuevo incorpora, son las medidas restrictivas a la tarea de los medios de comunicación.
25 de Abril de 2017
Bajo el rótulo de sanción a los medios, señala el artículo 84 modificado del Régimen Electoral, que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) “mediante resolución fundamentada sancionará a medio de comunicación que incumpla el régimen especial de prohibiciones establecidas”. En ese orden, precisa que los medios de comunicación que difundan mensajes de campaña y propaganda, orientados a solicitar el voto por una postulación o grupo de postulaciones o mensajes orientados de manera explícita a favorecer o perjudicar a una postulación o grupo de postulantes, serán sancionados.
25 de Abril de 2017
Bajo el rótulo de sanción a los medios, señala el artículo 84 modificado del Régimen Electoral, que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) “mediante resolución fundamentada sancionará a medio de comunicación que incumpla el régimen especial de prohibiciones establecidas”. En ese orden, precisa que los medios de comunicación que difundan mensajes de campaña y propaganda, orientados a solicitar el voto por una postulación o grupo de postulaciones o mensajes orientados de manera explícita a favorecer o perjudicar a una postulación o grupo de postulantes, serán sancionados.
martes, 18 de abril de 2017
Código de Familia obliga a hijos a dar asistencia a sus padres y establece sanción con cárcel
El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lino Cárdenas, dijo este martes que el Código de Familia, vigente en el país, obliga a los hijos a dar una asistencia económica a sus padres, en ciertas circunstancias, y establece una sanción de seis meses de cárcel al incumplimiento.
"Al igual que los hijos pueden pedir asistencia, de la misma forma los padres que se encuentran en situación de necesidad, que no puedan valerse por sí mismos o sean mayores de 65 años, pueden solicitar mediante un juez que se le pase una asistencia familiar, que tiene que ser en proporción a sus necesidades y a quien puede darle esa asistencia", indicó a los periodistas.
Manifestó que en caso de no cumplirse con dicha norma, la sanción será la privación de libertad de la persona por un máximo de seis meses, extremo que puede ser cambiado, pues en el país no existe cárcel por ese tiempo.
"Ahí puede hacer un compromiso de pago que deberá cumplirse en un plazo de tres meses, de lo contrario puede volver a la cárcel", agregó.
Cárdenas explicó que esa disposición se encuentra en el artículo 33 que habla sobre los deberes de los hijos y en el inciso d) del Código de Familia, promulgada en 2014, que indica que los hijos deben "prestar asistencia a su madre, padre o ambos, y ascendientes, cuando se hallen en situación de necesidad y no estén en posibilidades de procurarse los medios propios de subsistencia".
Mencionó que para obtener dicha asistencia se debe seguir un procedimiento, es decir, presentar una demanda ante el juez de familia, para que luego esa autoridad notifique en cinco días y en 10 días cite a audiencia, para que ahí se defina el monto económico de la asistencia que se entregará.
El legislador recordó que según la norma el monto de dicha asistencia no será menor al 20% del salario mínimo.
"Entonces es importante que se conozca sobre esto porque sólo se han conocido pocos casos de la asistencia a padres, en el caso de Cochabamba, Tarija y Santa Cruz, donde vimos que hay voluntad, pero antes de ir a un juez se puede acudir a la Defensoría del Adulto Mayor de su municipio para que lo ayuden y si no funciona este mecanismo recién acudir a un juez", manifestó.
Añadió que lo importante es que la población conozca el tema e indicó que existen situaciones críticas, en las que hay padres que son ultrajados o despojados de sus inmuebles y no son atendidos por sus hijos, por lo que esas personas creen que no tienen a alguien que los ampare. (18/04/2017)
lunes, 17 de abril de 2017
Cocaleros proyectan demandar la Ley de la Coca por inconstitucional
Los cocaleros de la zona subtropical de los Yungas, en el departamento de La Paz, informaron este lunes de que quieren denunciar ante el Tribunal Constitucional la nueva ley de coca, promulgada el mes pasado, que amplía la superficie legal de cultivos en Bolivia de 12.000 a 22.000 hectáreas.
Representantes de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca) explicaron a los medios que quieren presentar un recurso de inconstitucionalidad parcial contra dos de los artículos de la ley porque irían en contra de la Constitución, que protege la "coca originaria y ancestral".
La nueva Ley General de la Coca, promulgada el 8 de marzo por el presidente Evo Morales, sustituye a la denominada 1008, que regulaba desde 1988 la producción de la hoja de coca y las políticas de lucha contra el narcotráfico.
La antigua ley establecía un límite máximo de 12.000 hectáreas de plantaciones legales que solo podían cultivarse en los Yungas.
La nueva norma autoriza hasta 7.700 hectáreas de cultivo en el Chapare (Cochabamba, centro), considerada una zona no tradicional, y 14.300 en el departamento de La Paz.
Los cocaleros de los Yungas se manifestaron desde un primer momento en contra de que se amplíen las hectáreas de cultivo en la zona del Chapare, y exigieron con protestas que no se aprobase la norma, aunque sólo consiguieron que se ampliasen en 2.300 hectáreas los cultivos en su zona.
Gran parte de la producción de coca de la zona del Chapare, según informes internacionales, no pasa por mercados legales, por eso parlamentarios opositores ya llevaron al Constitucional una demanda, el pasado 10 de abril, contra la producción de la planta en "zonas no tradicionales".
Adepcoca y la oposición coinciden en algunos de los artículos cuestionados, que son los que dividen las zonas de cultivo de la planta en Bolivia y que, según el asesor legal de la asociación de cocaleros, Froilán Tola, "no tiene sustento constitucional ni amparo de la Constitución".
"Estamos solicitando que se suspenda la aplicación de la ley 906, Ley General de la Coca", dijo Tola a los medios.
El presidente de Adepcoca, Franklin Rojas, señaló que espera que la demanda llegue esta semana a Sucre, capital constitucional de Bolivia y sede del órgano Judicial, pero antes tienen que firmarla los representantes de los Yungas en el Parlamento, que son los legitimados para presentar este tipo de instrumentos legales.
"Estamos convocando a nuestro diputado y a nuestra senadora para que se hagan presentes en esta semana y puedan firmar esta demanda que vamos a presentar al Tribunal Constitucional", explicó Rojas.
Además de la demanda de inconstitucionalidad, Adepcoca ha presentado dos solicitudes a los representantes de la Unión Europea en Bolivia para preguntar sobre los recursos que la institución destina en el país andino para la lucha contra el narcotráfico y la ayuda en proyectos productivos.
Rojas indicó que en su sector están "un poco molestos" porque no les han convocado para ninguna reunión aún y no pueden "seguir esperando porque se está queriendo mediante una ley expandir más coca en zonas excedentarias".
"Estamos pidiendo el informe económico que ha destinado a Bolivia porque con ese dinero debían luchar contra el narcotráfico y no contribuir a la expansión de la hoja de coca", criticó el presidente de Adepcoca.
Representantes de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca) explicaron a los medios que quieren presentar un recurso de inconstitucionalidad parcial contra dos de los artículos de la ley porque irían en contra de la Constitución, que protege la "coca originaria y ancestral".
La nueva Ley General de la Coca, promulgada el 8 de marzo por el presidente Evo Morales, sustituye a la denominada 1008, que regulaba desde 1988 la producción de la hoja de coca y las políticas de lucha contra el narcotráfico.
La antigua ley establecía un límite máximo de 12.000 hectáreas de plantaciones legales que solo podían cultivarse en los Yungas.
La nueva norma autoriza hasta 7.700 hectáreas de cultivo en el Chapare (Cochabamba, centro), considerada una zona no tradicional, y 14.300 en el departamento de La Paz.
Los cocaleros de los Yungas se manifestaron desde un primer momento en contra de que se amplíen las hectáreas de cultivo en la zona del Chapare, y exigieron con protestas que no se aprobase la norma, aunque sólo consiguieron que se ampliasen en 2.300 hectáreas los cultivos en su zona.
Gran parte de la producción de coca de la zona del Chapare, según informes internacionales, no pasa por mercados legales, por eso parlamentarios opositores ya llevaron al Constitucional una demanda, el pasado 10 de abril, contra la producción de la planta en "zonas no tradicionales".
Adepcoca y la oposición coinciden en algunos de los artículos cuestionados, que son los que dividen las zonas de cultivo de la planta en Bolivia y que, según el asesor legal de la asociación de cocaleros, Froilán Tola, "no tiene sustento constitucional ni amparo de la Constitución".
"Estamos solicitando que se suspenda la aplicación de la ley 906, Ley General de la Coca", dijo Tola a los medios.
El presidente de Adepcoca, Franklin Rojas, señaló que espera que la demanda llegue esta semana a Sucre, capital constitucional de Bolivia y sede del órgano Judicial, pero antes tienen que firmarla los representantes de los Yungas en el Parlamento, que son los legitimados para presentar este tipo de instrumentos legales.
"Estamos convocando a nuestro diputado y a nuestra senadora para que se hagan presentes en esta semana y puedan firmar esta demanda que vamos a presentar al Tribunal Constitucional", explicó Rojas.
Además de la demanda de inconstitucionalidad, Adepcoca ha presentado dos solicitudes a los representantes de la Unión Europea en Bolivia para preguntar sobre los recursos que la institución destina en el país andino para la lucha contra el narcotráfico y la ayuda en proyectos productivos.
Rojas indicó que en su sector están "un poco molestos" porque no les han convocado para ninguna reunión aún y no pueden "seguir esperando porque se está queriendo mediante una ley expandir más coca en zonas excedentarias".
"Estamos pidiendo el informe económico que ha destinado a Bolivia porque con ese dinero debían luchar contra el narcotráfico y no contribuir a la expansión de la hoja de coca", criticó el presidente de Adepcoca.
jueves, 13 de abril de 2017
miércoles, 12 de abril de 2017
Ley de Minería 535 Reguladora envió contratos para aprobación legislativa
El director de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Erik Ariñez, informó ayer que se enviaron 76 nuevos contratos administrativos mineros a la Asamblea Legislativa Plurinacional, para que sean aprobados mediante ley.
Según el Director de la AJAM, los nuevos contratos establecen la explotación de nuevas áreas mineras en distintas regiones del país, por parte de empresas privadas y cooperativas, en el marco de la nueva Ley de Minería 535.
EXMINISTRO
Al respecto, el exministro de minería Dionisio Garzón señaló que la reversión de concesiones mineras no cumple actualmente sus objetivos, debido a que si bien son áreas o parajes recuperados, en los hechos continúan abandonados por el Estado, sin que puedan cumplir su función productiva.
ÁREAS SIN PRODUCCIÓN
Dijo que por esa consideración, el Gobierno debe aplicar políticas de desarrollo y dotarlas de actividad. En los últimos cuatro años, el Estado estableció que más de 317 mil hectáreas de concesiones improductivas podrían ser objeto de reversión, de acuerdo con el informe del viceministro de Política Minera, Gualberto Hochkofler.
ASAMBLEA LEGISLATIVA
“En relación con los contratos administrativos mineros, para llevar adelante nuevos proyectos mineros, estamos tratando de que estos se suscriban de manera más dinámica, al momento ya tenemos muchos contratos mineros remitidos a la Asamblea Legislativa, ahí seguirán su curso y serán aprobados mediante una ley. Más o menos tenemos remitidos 76 contratos mineros a la Asamblea”, dijo a los periodistas.
Ariñez explicó que a finales del año pasado se aprobó ya un primer contrato administrativo minero, a favor de la Empresa de Cementos de Bolivia.
ADECUACIÓN
Por otra parte, dijo que la AJAM también lleva adelante el proceso de adecuación de antiguos contratos mineros a la nueva Ley 535, es decir las concesiones establecidas en leyes anteriores, como el Código de Minería 177.
“Todos los actores productivos mineros, vale decir las empresas estatales y empresas privadas o cooperativas, están entrando a la adecuación”, agregó.
COMIBOL
En torno al tema, el presidente de la Corporación Minera de Bolivia, José Pimentel, expresó sus dudas sobre la adecuación a la normativa vigente de concesiones en poder de cooperativas.
Bajo la anterior ley, varias cooperativas suscribieron contratos sobre la base de las concesiones obtenidas con empresas privadas. La adecuación tiene el propósito de regularizar la situación legal, en el marco de la nueva ley vigente.
MINEROS CHICOS
La Cámara Nacional de Minería, que acoge a los mineros chicos del país, manifestó también su preocupación sobre la adecuación de sus entidades afiliadas a la nueva ley sectorial. “Corren plazos que el sector chico no podrá cumplir”, dijo Pimentel. Añadió que para seguir ese proceso deberán presentar no solamente proyectos de exploración y explotación, sino otros documentos que los cooperativistas estarían impedidos de asumir, por su complejidad técnica y los costos del caso.
Según el Director de la AJAM, los nuevos contratos establecen la explotación de nuevas áreas mineras en distintas regiones del país, por parte de empresas privadas y cooperativas, en el marco de la nueva Ley de Minería 535.
EXMINISTRO
Al respecto, el exministro de minería Dionisio Garzón señaló que la reversión de concesiones mineras no cumple actualmente sus objetivos, debido a que si bien son áreas o parajes recuperados, en los hechos continúan abandonados por el Estado, sin que puedan cumplir su función productiva.
ÁREAS SIN PRODUCCIÓN
Dijo que por esa consideración, el Gobierno debe aplicar políticas de desarrollo y dotarlas de actividad. En los últimos cuatro años, el Estado estableció que más de 317 mil hectáreas de concesiones improductivas podrían ser objeto de reversión, de acuerdo con el informe del viceministro de Política Minera, Gualberto Hochkofler.
ASAMBLEA LEGISLATIVA
“En relación con los contratos administrativos mineros, para llevar adelante nuevos proyectos mineros, estamos tratando de que estos se suscriban de manera más dinámica, al momento ya tenemos muchos contratos mineros remitidos a la Asamblea Legislativa, ahí seguirán su curso y serán aprobados mediante una ley. Más o menos tenemos remitidos 76 contratos mineros a la Asamblea”, dijo a los periodistas.
Ariñez explicó que a finales del año pasado se aprobó ya un primer contrato administrativo minero, a favor de la Empresa de Cementos de Bolivia.
ADECUACIÓN
Por otra parte, dijo que la AJAM también lleva adelante el proceso de adecuación de antiguos contratos mineros a la nueva Ley 535, es decir las concesiones establecidas en leyes anteriores, como el Código de Minería 177.
“Todos los actores productivos mineros, vale decir las empresas estatales y empresas privadas o cooperativas, están entrando a la adecuación”, agregó.
COMIBOL
En torno al tema, el presidente de la Corporación Minera de Bolivia, José Pimentel, expresó sus dudas sobre la adecuación a la normativa vigente de concesiones en poder de cooperativas.
Bajo la anterior ley, varias cooperativas suscribieron contratos sobre la base de las concesiones obtenidas con empresas privadas. La adecuación tiene el propósito de regularizar la situación legal, en el marco de la nueva ley vigente.
MINEROS CHICOS
La Cámara Nacional de Minería, que acoge a los mineros chicos del país, manifestó también su preocupación sobre la adecuación de sus entidades afiliadas a la nueva ley sectorial. “Corren plazos que el sector chico no podrá cumplir”, dijo Pimentel. Añadió que para seguir ese proceso deberán presentar no solamente proyectos de exploración y explotación, sino otros documentos que los cooperativistas estarían impedidos de asumir, por su complejidad técnica y los costos del caso.
miércoles, 5 de abril de 2017
Gobierno impulsará una ley del cine
La ministra de Culturas, Wilma Alanoca, anunció ayer que impulsará el análisis y debate del anteproyecto de la Ley del Cine y de la Cumbre de Culturas como prioridades en el mes de abril.
“Esta semana tenemos mucha tarea, el tema de la Ley del Cine y la Cumbre de Culturas, son dos temas que vamos a trabajar durante este mes”, dijo en entrevista con el ‘El pueblo es noticia’.
Recordó que el anteproyecto de la Ley del Cine se encuentra en la Asamblea Legislativa Plurinacional, mientras la Cumbre de Culturas está en la etapa de organización.
El proyecto de la Ley del Cine fue entregado a la Asamblea Legislativa en diciembre de 2016 y prevé entre otros aspectos sustituir a Conacine y registrar las obras nacionales y extranjeras para su distribución en el país, otorgar licencias de filmación, gestionar la producción y coproducción, y proteger los derechos de los autores de los filmes.
“Esta semana tenemos mucha tarea, el tema de la Ley del Cine y la Cumbre de Culturas, son dos temas que vamos a trabajar durante este mes”, dijo en entrevista con el ‘El pueblo es noticia’.
Recordó que el anteproyecto de la Ley del Cine se encuentra en la Asamblea Legislativa Plurinacional, mientras la Cumbre de Culturas está en la etapa de organización.
El proyecto de la Ley del Cine fue entregado a la Asamblea Legislativa en diciembre de 2016 y prevé entre otros aspectos sustituir a Conacine y registrar las obras nacionales y extranjeras para su distribución en el país, otorgar licencias de filmación, gestionar la producción y coproducción, y proteger los derechos de los autores de los filmes.
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