La ministra de Lucha Contra el Narcotráfico y Lucha Contra la Corrupción, Nardy Suxo, explicó que se pretende introducir un acápite especial en el proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, donde se establezcan las fuentes de reserva por temas de seguridad de Estado. La Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) rechaza esa posibilidad porque se continúa en la perspectiva de vulnerar derechos cívicos como la libertad de información.
Durante la III Cumbre Plurinacional de Transparencia “Derecho al acceso a la información”, la autoridad explicó que se estudia la posibilidad de especificar las restricciones informativas para no afectar las fuentes informativas en el proyecto que es trabajando en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.
“Se nos ha hecho ver que podríamos tener un capítulo específico de definiciones para saber exactamente qué se entiende por seguridad de Estado, para temas concretos, estamos trabajando en ello y nos parece una observación atendible y muy importante que la tenemos que incluir en el proyecto de ley”, manifestó a los medios de prensa.
Suxo pidió a las organizaciones de la prensa a “ponerse de acuerdo” porque existirían criterios dispares sobre estas disposiciones, aunque resaltó que se respetará el derecho a la reserva informativa, estipulada en la Ley de Imprenta.
“Lo que quiero resaltar es que los periodistas y las periodistas tienen sus fuentes de información y usan fuentes de información y esas fuentes siempre las van a tener”, agregó la autoridad.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Antonio Vargas, rechazó las afirmaciones de Suxo, aclarando que en ningún momento se validó el anteproyecto, ni tampoco mediante la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (Csutpb). Ratificó la postura de la entidad de los periodistas, sobre defender los derechos de los trabajadores de la información así como de la población en general para acceder a la información de la administración estatal.
“La Confederación en una asamblea en Montero rechazó el proyecto y en la comisión se denunció que esa ley no cumple con las normas internacionales de acceso a la información y tampoco la Constitución Política del Estado (CPE). La APLP no se opone sino que quiere enriquecer esta norma para que precisamente, no se vulnere la CPE”, manifestó.
Vargas, sin embargo, deploró que el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) insista en generar regulaciones que sólo apuntan a restringir el derecho constitucional de los bolivianos a acceder a la información de las entidades gubernamentales. El manejo discrecional de la información con un ente que regule qué se puede y qué no se puede conocer públicamente sería la principal observación a una ley que más bien tiene características restrictivas a la transparencia informativa.
El proyecto de Ley de Transparencia trabajado desde 2010 en esa cartera de Estado llegó a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados donde se plantearon ocho restricciones informativas en el artículo 42 y se abría una gama de restricciones para tuición de la Policía nacional, Fuerzas Armadas, Órganos del Estado y Procuraduría en el artículo 43.
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viernes, 4 de octubre de 2013
Nueva ley Buscan definir qué es información
La ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardy Suxo, afirmó que se trabaja en incorporar un capítulo en el proyecto de Ley de Acceso a la Información para determinar qué información será considerada como reservada. Ayer y hoy se realiza la III Cumbre de Unidades de Transparencia sobre la temática de acceso a la información, con el objetivo de socializar este proyecto que se encuentra en debate al interior de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, que ya aprobó el documento en su estación en grande. "Podríamos tener un capítulo específico de definiciones sobre qué se entiende por seguridad del Estado por ser temas muy concretos y estamos trabajando en ello. Nos parece una observación atendible y muy importante que tenemos que incluirla en el proyecto de ley", manifestó Suxo. Actualmente, el artículo 43 señala que los cuatro órganos del Estado, junto a la Procuraduría General, las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana podrán clasificar la información como reservada.
martes, 3 de septiembre de 2013
Trabajadores de la prensa marcharán en rechazo a Ley de Acceso a la Información
La Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB) anunció que el próximo miércoles se movilizará en todo el país en rechazo al proyecto de ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública por considerarla atentatoria a la libertad de información.
Una resolución de esta organización sindical, recoge las consideraciones de su último Congreso donde se analizó la norma y se concluyó que “limita el derecho de acceso a la información y además busca “uniformizar” la información desde esferas del Gobierno.
“Instruir a todas las federaciones de la prensa de los diferentes departamentos del país a organizar y participar de manera disciplinada en la movilización nacional en rechazo al proyecto de ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el día miércoles 4 de septiembre a partir de las 10:00 de la mañana de manera simultánea en todo el país”, señala el documento.
Los trabajadores de la prensa consideran que se apoyará a una ley que facilité el acceso a la información porque esta iniciativa la han promovido durante los últimos 10 años. Sin embargo, sostienen que el actual proyecto no tiene ese espíritu porque ni siquiera establece sanciones a servidores públicos que no entregue información.
“Exigimos a la proyectista y a las autoridades del Congreso Nacional abrir un verdadero espacio de debate en el que participen todos los sectores involucrados, dejando en claro que el proyecto de ley transgrede varios artículos establecidos en la Constitución Política del Estado (CPE)”, acota la resolución.
Una resolución de esta organización sindical, recoge las consideraciones de su último Congreso donde se analizó la norma y se concluyó que “limita el derecho de acceso a la información y además busca “uniformizar” la información desde esferas del Gobierno.
“Instruir a todas las federaciones de la prensa de los diferentes departamentos del país a organizar y participar de manera disciplinada en la movilización nacional en rechazo al proyecto de ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el día miércoles 4 de septiembre a partir de las 10:00 de la mañana de manera simultánea en todo el país”, señala el documento.
Los trabajadores de la prensa consideran que se apoyará a una ley que facilité el acceso a la información porque esta iniciativa la han promovido durante los últimos 10 años. Sin embargo, sostienen que el actual proyecto no tiene ese espíritu porque ni siquiera establece sanciones a servidores públicos que no entregue información.
“Exigimos a la proyectista y a las autoridades del Congreso Nacional abrir un verdadero espacio de debate en el que participen todos los sectores involucrados, dejando en claro que el proyecto de ley transgrede varios artículos establecidos en la Constitución Política del Estado (CPE)”, acota la resolución.
martes, 27 de agosto de 2013
Rechazan Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
El Congreso Ordinario de la Confederación Sindical de la Prensa de Bolivia (Cstpb) ratificó su rechazo al proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y anunció una movilización del sector a nivel nacional para el 4 de septiembrel.
En el encuentro, realizado desde el 23 al 25 de agosto, en la ciudad de Cochabamba, para la modificación del estatuto orgánico del ente matriz, se observó que a pesar de las propuestas planteadas en anteriores proyectos de ley presentadas al Gobierno, las mismas o no fueron tomadas en cuenta, por lo que se aprobaron políticas sin consenso.
En ese sentido, se observa que el proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública “pretende limitar el acceso a la información y responde a una finalidad electoral, la misma que no sólo corre el riesgo de judicializar la labor de prensa, sino que busca limitar dicha labor, abandonando uno de los principales pilares del trabajo periodístico como es la investigación, la denuncia e incluso la interpelación a las autoridades de turno a nivel local o nacional de acuerdo a la demanda social”.
El Comité Ejecutivo de la Cstpb, así como sus federaciones, se comprometieron en realizar movilizaciones a nivel nacional el próximo 4 de septiembre, donde se llegará a denunciar los propósitos de la actual corriente política que busca regular la actividad periodística.
En el encuentro, realizado desde el 23 al 25 de agosto, en la ciudad de Cochabamba, para la modificación del estatuto orgánico del ente matriz, se observó que a pesar de las propuestas planteadas en anteriores proyectos de ley presentadas al Gobierno, las mismas o no fueron tomadas en cuenta, por lo que se aprobaron políticas sin consenso.
En ese sentido, se observa que el proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública “pretende limitar el acceso a la información y responde a una finalidad electoral, la misma que no sólo corre el riesgo de judicializar la labor de prensa, sino que busca limitar dicha labor, abandonando uno de los principales pilares del trabajo periodístico como es la investigación, la denuncia e incluso la interpelación a las autoridades de turno a nivel local o nacional de acuerdo a la demanda social”.
El Comité Ejecutivo de la Cstpb, así como sus federaciones, se comprometieron en realizar movilizaciones a nivel nacional el próximo 4 de septiembre, donde se llegará a denunciar los propósitos de la actual corriente política que busca regular la actividad periodística.
sábado, 24 de agosto de 2013
Ley de acceso a la información Periodistas defienden 'Ley de Imprenta'
Los periodistas de Cochabamba, a través de sus organizaciones sindicales, proclaman la plena vigencia de la Ley de Imprenta, por lo que asumen su defensa de cualquier intento de vulneración de sus alcances, que estén plasmados en el proyecto de Ley de Acceso a la información que impulsa el Gobierno.
Los sindicatos de la prensa de Cercado, Quillacollo y Punata, por separado, afirmaron que dicha norma aprobada en 1925, pese al tiempo transcurrido, está en plena vigencia y prevé que los jurados de imprenta son las instancias donde deben ventilarse los procesos por presuntos delitos de imprenta.
Señaló que la Ley de Imprenta es el único instrumento válido para hacer prevalecer presuntos delitos de prensa infringidos por los periodistas en el ejercicio de sus funciones. /ANF.
Los sindicatos de la prensa de Cercado, Quillacollo y Punata, por separado, afirmaron que dicha norma aprobada en 1925, pese al tiempo transcurrido, está en plena vigencia y prevé que los jurados de imprenta son las instancias donde deben ventilarse los procesos por presuntos delitos de imprenta.
Señaló que la Ley de Imprenta es el único instrumento válido para hacer prevalecer presuntos delitos de prensa infringidos por los periodistas en el ejercicio de sus funciones. /ANF.
miércoles, 21 de agosto de 2013
Opositores envían a Tribunal Constitucional observaciones a Ley de Acceso a la Información
Los diputados de Unidad Nacional (UN), Jaime Navarro y Elizabeth Reyes, ayer enviaron al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) el proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para analizar la constitucionalidad o no de los artículos 42 y 43, luego de que la presidenta de esta instancia, Betty Tejada, negara la canalización de la consulta, a través del vicepresidente Álvaro García.
El 15 de agosto, ambos diputados solicitaron a través de una misiva al presidente de la Asamblea Legislativa presentar la normativa ante el TCP, para saber la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los dos artículos cuestionados. “Sin embargo la Presidenta de la Cámara de Diputados se pronunció señalando que los legisladores de UN pueden realizar la consulta sin necesidad de ese proceso”, según Navarro.
Para el diputado, las decisiones de Tejada no corresponden a lo establecido en la Constitución Política del Estado (CPE) y el Código Procesal Constitucional, ya que la competencia de realizar una consulta al TCP solamente es del Presidente del Estado o el Presidente de la Asamblea Legislativa.
El artículo 112, del Código Procesal Constitucional, indica que los legitimados para realizar consultas sobre la constitucionalidad de proyectos de ley son “la presidenta o el presidente del Estado Plurinacional; la presidenta o el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, tratándose de proyectos de ley que estén en consideración de algunas de las cámaras, por dos tercios de los miembros presentes”.
“Este es un hecho preocupante por dos razones: primero que la Presidenta de la Cámara de Diputados nos muestra que no conoce la Constitución y el Código Procesal, hecho tremendamente grave y segundo porque nos están mostrando que no hay decisión política en la bancada del MAS, en Diputados , para que el proyecto de Ley de Transparencia sea debidamente socializado y corregido para evitar estas inconstitucionalidades que hoy nos están observando”, apuntó Navarro.
Asimismo para su colega diputada, Reyes, la bancada del MAS “se ha lavado las manos”, con la intensión de restringir la información, “recuerde el país que cuando necesitaban la re postulación de don Evo Morales les faltaron manos para hacer de manera inmediata la consulta, cuando se trata de no vulnerar el derecho a la información resulta que ni la Cámara de Diputados ni de Senadores hace absolutamente nada, eso nos deja claro que el MAS tiene decidido restringir la información”, agregó.
La legisladora remarcó que ante la falta de aplicación del procedimiento correspondiente para realizar la consulta, esperarán el pronunciamiento del TCP, para exigir a las presidentas del legislativo aprobar la presentación como establece la normativa.
Por otra parte, el diputado del MAS, Juan Carlos Cejas, señaló que “la consulta sobre el proyecto de ley de información que realiza UN no vulnera el Código Procesal Constitucional porque es un derecho de la ciudadanía establecido en la Constitución”.
“Como todos los ciudadanos tienen el derecho de hacer una consulta al tribunal Constitucional no necesariamente se necesita solicitar al presidente (García), creemos que no se tienen que hacer tanta polémica en el sentido que la Constitución es para todos los bolivianos, sin diferenciar los niveles de los cargos”, señaló.
El 15 de agosto, ambos diputados solicitaron a través de una misiva al presidente de la Asamblea Legislativa presentar la normativa ante el TCP, para saber la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los dos artículos cuestionados. “Sin embargo la Presidenta de la Cámara de Diputados se pronunció señalando que los legisladores de UN pueden realizar la consulta sin necesidad de ese proceso”, según Navarro.
Para el diputado, las decisiones de Tejada no corresponden a lo establecido en la Constitución Política del Estado (CPE) y el Código Procesal Constitucional, ya que la competencia de realizar una consulta al TCP solamente es del Presidente del Estado o el Presidente de la Asamblea Legislativa.
El artículo 112, del Código Procesal Constitucional, indica que los legitimados para realizar consultas sobre la constitucionalidad de proyectos de ley son “la presidenta o el presidente del Estado Plurinacional; la presidenta o el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, tratándose de proyectos de ley que estén en consideración de algunas de las cámaras, por dos tercios de los miembros presentes”.
“Este es un hecho preocupante por dos razones: primero que la Presidenta de la Cámara de Diputados nos muestra que no conoce la Constitución y el Código Procesal, hecho tremendamente grave y segundo porque nos están mostrando que no hay decisión política en la bancada del MAS, en Diputados , para que el proyecto de Ley de Transparencia sea debidamente socializado y corregido para evitar estas inconstitucionalidades que hoy nos están observando”, apuntó Navarro.
Asimismo para su colega diputada, Reyes, la bancada del MAS “se ha lavado las manos”, con la intensión de restringir la información, “recuerde el país que cuando necesitaban la re postulación de don Evo Morales les faltaron manos para hacer de manera inmediata la consulta, cuando se trata de no vulnerar el derecho a la información resulta que ni la Cámara de Diputados ni de Senadores hace absolutamente nada, eso nos deja claro que el MAS tiene decidido restringir la información”, agregó.
La legisladora remarcó que ante la falta de aplicación del procedimiento correspondiente para realizar la consulta, esperarán el pronunciamiento del TCP, para exigir a las presidentas del legislativo aprobar la presentación como establece la normativa.
Por otra parte, el diputado del MAS, Juan Carlos Cejas, señaló que “la consulta sobre el proyecto de ley de información que realiza UN no vulnera el Código Procesal Constitucional porque es un derecho de la ciudadanía establecido en la Constitución”.
“Como todos los ciudadanos tienen el derecho de hacer una consulta al tribunal Constitucional no necesariamente se necesita solicitar al presidente (García), creemos que no se tienen que hacer tanta polémica en el sentido que la Constitución es para todos los bolivianos, sin diferenciar los niveles de los cargos”, señaló.
miércoles, 14 de agosto de 2013
Siete entidades observaron artículo 42 en Ley de Acceso a la Información Pública
Durante la primera audiencia pública para la modificación del artículo 42 del Proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, desarrollada ayer en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, siete entidades presentaron sus propuestas.
Los representantes de los sectores que aglutinan al gremio periodístico califican a la normativa de “altamente restrictiva” para el trabajo de los medios de comunicación.
La Asociación Nacional de La Prensa (ANP), la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), la Fundación Construir , la Fundación Unir, la Defensoría de Pueblo, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y el Semanario Aquí realizaron sus observaciones de manera verbal y por escrito ante los miembros de la Comisión, a la cabeza del presidente de esa instancia Héctor Arce.
Durante el debate, los representes expresaron su posición sobre la normativa que entró en polémica en las últimas semanas, debido a que en su artículo 42 estipula 12 excepciones que restringen el acceso a la información, además del artículo 43 en el que se menciona que los cuatro órganos del estado, añadiéndose la procuraduría general de Estado, las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, tendrán la facultad de clasificar la información como reservada a través de un instrumento normativo.
ANP
La ANP observó como potencialmente negativos para el libre acceso a la información pública, los artículos 42 y 43 que crean excepciones en diferentes áreas de competencia gubernamental, y otorgan atribuciones a funcionarios jerárquicos de instituciones públicas para calificar nuevas categorías de datos como reservados.
En lugar de esos artículos, sugirió fusionarlos en uno solo según el cual “las excepciones deben referirse a información secreta y reservada o confidencial del Estado Plurinacional, referidas exclusivamente a temas de seguridad interior y exterior del Estado, y que se definirán mediante ley expresa, debidamente justificada”.
“Un texto de esa naturaleza permitiría satisfacer el requisito fundamental de garantizar la necesidad de efectiva transparencia informativa con miras al control social de la administración del Estado, que estipula la Constitución, así como la demanda ciudadana de lucha contra la corrupción”, anota la propuesta de la organización que representa a veinte medios impresos del país.
En el transcurso de la reunión, la ANP reiteró su apoyo al proyecto de ley por “su indudable contribución al libre ejercicio ciudadano de su derecho a la información como fundamento básico para ejercer sus derechos de libre expresión y opinión”.
APLP
Por su parte, la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), a través de su Presidente de Directorio, Antonio Vargas, propuso disminuir a sólo dos las excepciones, incluir sanciones contra quienes se nieguen a brindar datos y crear una Ley de Archivos.
“Se ha observado que la Ley de Acceso a la Información Pública debe ir al mismo tiempo que una Ley de Archivos, y de la misma manera la gran latitud de algunos términos como el bien común deben estar absolutamente bien precisadas en la norma para evitar interpretaciones caprichosas de parte de los servidores públicos. Las restricciones deben ser minimizadas y llevadas a un plano en el que solamente existan en caso de que realmente se ponga en peligro la integridad de nuestro país”, manifestó Vargas.
FUNDACIÓN UNIR
A su turno, el representante de la Fundación UNIR, Erick Torrico, consideró que las excepciones establecidas deben ser tratadas, analizadas y debatidas con mucho detalle, puesto que considera que el acceso a la información es un derecho constitucional que debe ser respetado.
“Todas las informaciones que manejan las entidades públicas debieran ser clasificables en los tipos que deben establecerse de una vez en esta Ley”, señaló.
APB
Según señaló Ronald Grebbe, miembro de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), “hay dos propuestas, una que hacía el Semanario Aquí, que se deben retirar todas las excepciones, y hay otra en el sentido de que tienen que ser excepciones mínimas, una o dos, como secretos de Estado, que tiene que ver con la situación del país frente a países vecinos; estos son secretos que se deben mantener pero por un tiempo limitado. Hay países que establecen 10 años para secretos de Estado, hay otros que plantean 20 años”.
REBECA DELGADO (MAS) “DEBE ADECUARSE A LA CONSTITUCIÓN”
“El artículo 21 inciso cuarto, de la Constitución Política del Estado, dice que tiene que generarse información transparente para promover el control social, pero con doce restricciones desaparece el control social”.
NORMA PIÉROLA (CN) “CAMUFLADAMENTE RESTRINGE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN”
“Debe modificarse porque se trata de un Proyecto de Ley que supuestamente busca trasparentar la información, sin embargo camufladamente restringe la información y sobre todo la libertad de expresión”.
RODOLFO CALLE (MAS) “SE PUEDE MODIFICAR EN BASE A LA CONSTITUCIÓN”
“Los aportes de las organizaciones de la prensa y de la sociedad civil si son coherentes con la Constitución y con las normas, entonces sí se van a modificar y hay que hacerlo lo mejor posible para que favorezca a la población boliviana”.
FABIÁN YAKSIC (MSM) “ARTÍCULOS 42 Y 43 CAMBIAN EL SENTIDO AL PROYECTO”
“Los Proyectos de Ley que últimamente está impulsando el Gobierno, en este caso los artículos 42 y 43 de la Ley de Acceso a la Información le cambian totalmente el sentido y el espíritu de este proyecto de ley como sucede con muchos otros, como el caso de la Ley Marco de Autonomías”.
EXCEPCIONES
En el artículo 42 se señala como excepciones al acceso a la información las siguientes: aquella que ponga en riesgo la seguridad del Estado; las referidas acciones estratégicas sobre recursos naturales, a la salud, intimidad o privacidad de las personas; la que ponga en peligro la vida, integridad y seguridad de las personas; las protegidas por el secreto profesional, reserva de fuente en materia de prensa, la obtenida de sujetos pasivos por las administraciones tributarias, la que implique riesgo a la estabilidad del país, información estratégica a nivel de competitividad comercial, información respecto a estudios de impacto ambiental, la que se encuentra en proceso hasta tenerla concluida, otras determinadas por Ley o Decreto Supremo.
Los representantes de los sectores que aglutinan al gremio periodístico califican a la normativa de “altamente restrictiva” para el trabajo de los medios de comunicación.
La Asociación Nacional de La Prensa (ANP), la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), la Fundación Construir , la Fundación Unir, la Defensoría de Pueblo, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y el Semanario Aquí realizaron sus observaciones de manera verbal y por escrito ante los miembros de la Comisión, a la cabeza del presidente de esa instancia Héctor Arce.
Durante el debate, los representes expresaron su posición sobre la normativa que entró en polémica en las últimas semanas, debido a que en su artículo 42 estipula 12 excepciones que restringen el acceso a la información, además del artículo 43 en el que se menciona que los cuatro órganos del estado, añadiéndose la procuraduría general de Estado, las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, tendrán la facultad de clasificar la información como reservada a través de un instrumento normativo.
ANP
La ANP observó como potencialmente negativos para el libre acceso a la información pública, los artículos 42 y 43 que crean excepciones en diferentes áreas de competencia gubernamental, y otorgan atribuciones a funcionarios jerárquicos de instituciones públicas para calificar nuevas categorías de datos como reservados.
En lugar de esos artículos, sugirió fusionarlos en uno solo según el cual “las excepciones deben referirse a información secreta y reservada o confidencial del Estado Plurinacional, referidas exclusivamente a temas de seguridad interior y exterior del Estado, y que se definirán mediante ley expresa, debidamente justificada”.
“Un texto de esa naturaleza permitiría satisfacer el requisito fundamental de garantizar la necesidad de efectiva transparencia informativa con miras al control social de la administración del Estado, que estipula la Constitución, así como la demanda ciudadana de lucha contra la corrupción”, anota la propuesta de la organización que representa a veinte medios impresos del país.
En el transcurso de la reunión, la ANP reiteró su apoyo al proyecto de ley por “su indudable contribución al libre ejercicio ciudadano de su derecho a la información como fundamento básico para ejercer sus derechos de libre expresión y opinión”.
APLP
Por su parte, la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), a través de su Presidente de Directorio, Antonio Vargas, propuso disminuir a sólo dos las excepciones, incluir sanciones contra quienes se nieguen a brindar datos y crear una Ley de Archivos.
“Se ha observado que la Ley de Acceso a la Información Pública debe ir al mismo tiempo que una Ley de Archivos, y de la misma manera la gran latitud de algunos términos como el bien común deben estar absolutamente bien precisadas en la norma para evitar interpretaciones caprichosas de parte de los servidores públicos. Las restricciones deben ser minimizadas y llevadas a un plano en el que solamente existan en caso de que realmente se ponga en peligro la integridad de nuestro país”, manifestó Vargas.
FUNDACIÓN UNIR
A su turno, el representante de la Fundación UNIR, Erick Torrico, consideró que las excepciones establecidas deben ser tratadas, analizadas y debatidas con mucho detalle, puesto que considera que el acceso a la información es un derecho constitucional que debe ser respetado.
“Todas las informaciones que manejan las entidades públicas debieran ser clasificables en los tipos que deben establecerse de una vez en esta Ley”, señaló.
APB
Según señaló Ronald Grebbe, miembro de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), “hay dos propuestas, una que hacía el Semanario Aquí, que se deben retirar todas las excepciones, y hay otra en el sentido de que tienen que ser excepciones mínimas, una o dos, como secretos de Estado, que tiene que ver con la situación del país frente a países vecinos; estos son secretos que se deben mantener pero por un tiempo limitado. Hay países que establecen 10 años para secretos de Estado, hay otros que plantean 20 años”.
REBECA DELGADO (MAS) “DEBE ADECUARSE A LA CONSTITUCIÓN”
“El artículo 21 inciso cuarto, de la Constitución Política del Estado, dice que tiene que generarse información transparente para promover el control social, pero con doce restricciones desaparece el control social”.
NORMA PIÉROLA (CN) “CAMUFLADAMENTE RESTRINGE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN”
“Debe modificarse porque se trata de un Proyecto de Ley que supuestamente busca trasparentar la información, sin embargo camufladamente restringe la información y sobre todo la libertad de expresión”.
RODOLFO CALLE (MAS) “SE PUEDE MODIFICAR EN BASE A LA CONSTITUCIÓN”
“Los aportes de las organizaciones de la prensa y de la sociedad civil si son coherentes con la Constitución y con las normas, entonces sí se van a modificar y hay que hacerlo lo mejor posible para que favorezca a la población boliviana”.
FABIÁN YAKSIC (MSM) “ARTÍCULOS 42 Y 43 CAMBIAN EL SENTIDO AL PROYECTO”
“Los Proyectos de Ley que últimamente está impulsando el Gobierno, en este caso los artículos 42 y 43 de la Ley de Acceso a la Información le cambian totalmente el sentido y el espíritu de este proyecto de ley como sucede con muchos otros, como el caso de la Ley Marco de Autonomías”.
EXCEPCIONES
En el artículo 42 se señala como excepciones al acceso a la información las siguientes: aquella que ponga en riesgo la seguridad del Estado; las referidas acciones estratégicas sobre recursos naturales, a la salud, intimidad o privacidad de las personas; la que ponga en peligro la vida, integridad y seguridad de las personas; las protegidas por el secreto profesional, reserva de fuente en materia de prensa, la obtenida de sujetos pasivos por las administraciones tributarias, la que implique riesgo a la estabilidad del país, información estratégica a nivel de competitividad comercial, información respecto a estudios de impacto ambiental, la que se encuentra en proceso hasta tenerla concluida, otras determinadas por Ley o Decreto Supremo.
martes, 13 de agosto de 2013
Inicia debate 'Ley de acceso a Información'
La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados hoy inicia el debate sobre el proyecto de "Ley de Transparencia y Acceso a la Información".
Han confirmado su presencia siete instituciones que están involucradas con el tema.
A partir de las 9:30, la Defensoría del Pueblo, la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), la Fundación Unir, la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz (FTPLP), la Fundación Construir y el semanario Aquí se harán presentes en esta Comisión para plantear sus observaciones a este proyecto de ley.
El presidente de esta comisión, Héctor Arce (MAS), señaló que se recibirán las observaciones por parte de las organizaciones que mostraron preocupación por este proyecto de ley, que tiene el objetivo, señaló, de garantizar el acceso a la información a la población. /ANF.
Han confirmado su presencia siete instituciones que están involucradas con el tema.
A partir de las 9:30, la Defensoría del Pueblo, la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), la Fundación Unir, la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz (FTPLP), la Fundación Construir y el semanario Aquí se harán presentes en esta Comisión para plantear sus observaciones a este proyecto de ley.
El presidente de esta comisión, Héctor Arce (MAS), señaló que se recibirán las observaciones por parte de las organizaciones que mostraron preocupación por este proyecto de ley, que tiene el objetivo, señaló, de garantizar el acceso a la información a la población. /ANF.
lunes, 12 de agosto de 2013
Recogerán iniciativas para la Ley de Acceso a la Informacion Pública
El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, informó que el martes se realizará una audiencia pública para recoger sugerencias en la elaboración de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En declaraciones al programa El pueblo es noticia de la red Patria Nueva, Arce mencionó: “Hemos convocado a los sectores que han manifestado opiniones sobre la ley, esta audiencia será el día martes a las 09.30; recibiremos sugerencias”.aportes. Las instituciones que enviaron sugerencias son la Asociación de Periodistas de La Paz, la Federación de Trabajadores de la Prensa, el Defensor del Pueblo; y las fundaciones UNIR y Construir, detalló Arce.
El legislador añadió que entre las observaciones al texto principalmente están las excepciones.
“Con relación a las excepciones, hay informaciones que deben ser restringidas, deben ser declaradas como reservadas. En el artículo 42 tenemos 12 excepciones, y en otros países son más”, justificó Arce.
Según el legislador masista, la futura ley deberá servir para transparentar el manejo de la institucionalidad pública del Estado.
jueves, 8 de agosto de 2013
Restricciones en nueva ley de Acceso a la Información se reduce de 12 a 8
El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Héctor Arce aseguró este jueves que se está actuando con ´la mayor lealtad y transparencia´ en torno al tratamiento del proyecto de ley de Acceso a la Información Pública y por ello en el marco de ´amplia voluntad´ se discutirán las modificaciones que fueran necesarias al documento, tales como el artículo 42 de la ley, que en 12 incisos califica la información reservada.
´Nosotros técnicamente hemos hecho una propuesta conjuntamente los técnicos de la Comisión de Constitución y el Ministerio de Transparencia de reducir esos 12 incisos a 8 incisos pero obviamente nos interesa antes que nada conocer las opiniones de los sectores de la sociedad civil´, señaló.
Arce, informó el jueves que instalarán una audiencia pública el martes próximo para enriquecer el proyecto de ley
´Cumpliendo lo que habíamos anunciado la semana pasada, se ha invitado a todas las instituciones para aportar en el proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se los ha invitado a una audiencia pública en la que escucharemos las ponencias de todos los sectores y las partes interesadas para el martes 13 de agosto a las 09h30 en la Cámara de Diputados´, precisó.
El legislador indicó que hasta la fecha varias instituciones hicieron conocer su predisposición de aportar en la construcción de una ley que favorezca a toda la población.
´Estas instituciones son la Asociación de Periodistas de La Paz, la organización ciudadana Frente a Frente, el Defensor del Pueblo, que hizo llegar una carta con bastante fundamentación y aportes al proyecto de Ley, la Fundación Construir, el Semanario Aquí, la Fundación Unir y también hemos recibido una comunicación telefónica de la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz´, apuntó.
Arce afirmó que la convocatoria para participar en la audiencia pública y realizar sugerencias y observaciones al proyecto de ley está abierta.
´Vamos a construir de la manera más amplia y colectiva, es nuestro compromiso y el compromiso de la Ministra de Transparencia (Nardi Suxo) construir una Ley que es fundamental para la sociedad boliviana y que nos sirva a todos y que no genere susceptibilidades de ninguna naturaleza´, dijo.
´Nosotros técnicamente hemos hecho una propuesta conjuntamente los técnicos de la Comisión de Constitución y el Ministerio de Transparencia de reducir esos 12 incisos a 8 incisos pero obviamente nos interesa antes que nada conocer las opiniones de los sectores de la sociedad civil´, señaló.
Arce, informó el jueves que instalarán una audiencia pública el martes próximo para enriquecer el proyecto de ley
´Cumpliendo lo que habíamos anunciado la semana pasada, se ha invitado a todas las instituciones para aportar en el proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se los ha invitado a una audiencia pública en la que escucharemos las ponencias de todos los sectores y las partes interesadas para el martes 13 de agosto a las 09h30 en la Cámara de Diputados´, precisó.
El legislador indicó que hasta la fecha varias instituciones hicieron conocer su predisposición de aportar en la construcción de una ley que favorezca a toda la población.
´Estas instituciones son la Asociación de Periodistas de La Paz, la organización ciudadana Frente a Frente, el Defensor del Pueblo, que hizo llegar una carta con bastante fundamentación y aportes al proyecto de Ley, la Fundación Construir, el Semanario Aquí, la Fundación Unir y también hemos recibido una comunicación telefónica de la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz´, apuntó.
Arce afirmó que la convocatoria para participar en la audiencia pública y realizar sugerencias y observaciones al proyecto de ley está abierta.
´Vamos a construir de la manera más amplia y colectiva, es nuestro compromiso y el compromiso de la Ministra de Transparencia (Nardi Suxo) construir una Ley que es fundamental para la sociedad boliviana y que nos sirva a todos y que no genere susceptibilidades de ninguna naturaleza´, dijo.
Defensor cuestiona proyecto de Ley de Acceso a la Información
Los artículos 42 y 43 del proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública fueron puestos en tela de juicio del defensor del pueblo, Rolando Villena, por considerarlos atentatorios a la libertad de expresión y porque vulneran la Constitución.
En comunicado de prensa, el Defensor hace notar que los incisos b y j del artículo 42 de la pretendida Ley conducen a que temas referidos a recursos naturales y estudios de impacto ambiental queden al margen del acceso a la información por cuanto “con la normativa se excedería los límites previstos en los instrumentos internacionales sobre esta materia”.
También hizo notar que existen contravenciones a los artículos 28 y 29 de la Ley 1818 porque se desconoce la naturaleza del trabajo de la Defensoría del Pueblo, que prevé la reserva y confidencialidad de sus investigaciones, en los casos en los que pueda constituir un peligro a la integridad, seguridad, interés superior, estabilidad laboral de los peticionarios y otras razones que deban ser analizadas y determinadas.
La ministra de Transparencia, Nardi Suxo, aseguró que “el proyecto de Ley no está cerrado a algunos ajustes”. Asimismo, en el ámbito gubernamental se reconoce que “existe la necesidad de aclarar la redacción del proyecto”.
En comunicado de prensa, el Defensor hace notar que los incisos b y j del artículo 42 de la pretendida Ley conducen a que temas referidos a recursos naturales y estudios de impacto ambiental queden al margen del acceso a la información por cuanto “con la normativa se excedería los límites previstos en los instrumentos internacionales sobre esta materia”.
También hizo notar que existen contravenciones a los artículos 28 y 29 de la Ley 1818 porque se desconoce la naturaleza del trabajo de la Defensoría del Pueblo, que prevé la reserva y confidencialidad de sus investigaciones, en los casos en los que pueda constituir un peligro a la integridad, seguridad, interés superior, estabilidad laboral de los peticionarios y otras razones que deban ser analizadas y determinadas.
La ministra de Transparencia, Nardi Suxo, aseguró que “el proyecto de Ley no está cerrado a algunos ajustes”. Asimismo, en el ámbito gubernamental se reconoce que “existe la necesidad de aclarar la redacción del proyecto”.
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