viernes, 14 de julio de 2017
lunes, 10 de julio de 2017
Piden inconstitucionalidad de Ley de la Coca 2.000 socios de Adepcoca viajan a Sucre
Cerca de 2.000 socios de la Asociación Departamental de Productores de Hoja de Coca (Adepcoca) de los Yungas de La Paz partieron ayer en una caravana de buses rumbo a Sucre para pedir a los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Coca.
Según su máximo dirigente, Franklin Gutiérrez, la Ley 906 fomenta la producción de hoja de coca en áreas no tradicionales.
La comitiva partió de puertas de sus oficinas en la zona Villa Fátima y según el detalle de Gutiérrez salieron cerca de 50 buses llevando a otras 50 personas cada uno.
El arribo a Sucre está programado para las primeras horas de hoy, en cuyas calles realzarán una marcha pacífica para luego buscar reunirse con los magistrados, para explicar sus argumentos para el pedido de inconstitucionalidad de esa ley.
Señaló que los cocaleros de los Yungas paceños exigen que el Gobierno justifique el destino de las 19 mil toneladas de la hoja de coca que producirá cada año el trópico de Cochabamba en las 7.700 hectáreas otorgadas por esta nueva ley.
Según su máximo dirigente, Franklin Gutiérrez, la Ley 906 fomenta la producción de hoja de coca en áreas no tradicionales.
La comitiva partió de puertas de sus oficinas en la zona Villa Fátima y según el detalle de Gutiérrez salieron cerca de 50 buses llevando a otras 50 personas cada uno.
El arribo a Sucre está programado para las primeras horas de hoy, en cuyas calles realzarán una marcha pacífica para luego buscar reunirse con los magistrados, para explicar sus argumentos para el pedido de inconstitucionalidad de esa ley.
Señaló que los cocaleros de los Yungas paceños exigen que el Gobierno justifique el destino de las 19 mil toneladas de la hoja de coca que producirá cada año el trópico de Cochabamba en las 7.700 hectáreas otorgadas por esta nueva ley.
miércoles, 5 de julio de 2017
Sugieren renovar la vieja Ley General del Trabajo
La Ley General del Trabajo tiene 78 años y requiere ser actualizada, considerando además las abundantes normas laborales aprobadas. Éste es uno de los mandatos de la Cumbre de la Justicia, que se desarrolló en Sucre.
La abogada y docente universitaria Tatiana Párraga dijo a Cambio que después de esa cantidad de años de existencia es necesaria una actualización de las relaciones laborales “en vista de que se ha generado un gran número de disposiciones legales que fueron modificadas, complementadas y algunos artículos derogados”.
La especialista reconoció que se realizaron varias propuestas, pero lamentablemente no han quedado en nada. Ahora la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) sostuvo reuniones con el Gobierno para consensuar algunos artículos del anteproyecto.
“Se ha superado la flexibilización laboral que nos imponía el Decreto Supremo 21060 (aprobado en 1985 por el MNR)”, manifestó.
Socialización
Párraga indicó que el proyecto que elabora el Gobierno también será socializado con los empresarios, que como empleadores tienen participación en la relación laboral.
El Ministerio de Trabajo proyecta aprobar el nuevo Código del Trabajo, que se sumará a los Códigos Morales, este año, para que luego de ser consensuado vaya a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación.
“Será muy importante y esperamos que tenga una buena acogida. (Hay que) resaltar que se socializará a medida que se avance en su elaboración, demandará tiempo, es un tema delicado que involucra a los trabajadores”, aseveró Párraga.
La jurista añadió que “están en camino” de modificar la Ley General del Trabajo, que tiene abundantes decretos supremos, resoluciones ministeriales y administrativas.
martes, 4 de julio de 2017
Ocho de septiembre concluirá socialización de Ley de Coca
El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, indicó que hasta el 8 de septiembre deben concluir con la socialización de la Ley de la Hoja de Coca, por lo cual volverán a ingresar a las poblaciones de los Yungas de La Paz pese a la molestia y rechazo de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca).
“Tenemos que terminar la socialización de la Ley de Coca, según la norma contamos con seis meses que concluye el próximo 8 de septiembre. En una primera intención intervenimos con los viceministros y por otra parte con el equipo jurídico del Viceministerio de Coca”, explicó.
La autoridad sostuvo que continuarán ingresando a la región de Los Yungas para seguir con la socialización de la normativa, pese a que los productores de la hoja milenaria no están de acuerdo con esa normativa.
Adepcoca declaró el mes pasado “persona no grata” a César Cocarico, la autoridad tuvo problemas al ingresar a la localidad de Arapata el pasado 9 de junio.
FINANCIAMIENTO
Por otra parte, Cocarico se refirió al traslado masivo que realizarán los productores de coca hacia Sucre, la Capital del país, para protestar en puertas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por la demora en la respuesta al Recurso de Inconstitucionalidad que presentaron contra la Ley General de la Coca.
En este caso, indicó que es posible que haya “un político de derecha” que esté financiando el viaje de los productores, o que una organización no gubernamental esté detrás de estas protestas.
“Habrá que preguntarse de dónde sacan tanto dinero para contratar 100 buses, es increíble la capacidad económica que tiene Adepcoca, no quisiera pensar que están solventando algunas figuras políticas o están siendo financiados por algunas ONG del imperio eso sería muy grave”, señaló el ministro.
En una asamblea de Coripata (los Yungas) se determinó que la caravana se traslade el próximo 9 de julio desde Adepcoca, hasta la ciudad de Sucre, donde exigirán al tribunal emita un fallo que declare inconstitucional los artículos 16 y 18 de la Ley General de la Coca.
INCONSTITUCIONAL
Adepcoca observó los artículos 16 y 18 de la Ley General de la Coca porque reconoce la hoja del Chapare como originaria, cuando esa condición solamente tendría la producción de la zona de los Yungas considerada ancestral, motivo por el que presentaron el recurso de inconstitucionalidad.
Sin embargo, frente a esto Cocarico indicó que esta acción judicial no les preocupa porque están confiados que el tribunal falle a su favor.
“Tenemos que terminar la socialización de la Ley de Coca, según la norma contamos con seis meses que concluye el próximo 8 de septiembre. En una primera intención intervenimos con los viceministros y por otra parte con el equipo jurídico del Viceministerio de Coca”, explicó.
La autoridad sostuvo que continuarán ingresando a la región de Los Yungas para seguir con la socialización de la normativa, pese a que los productores de la hoja milenaria no están de acuerdo con esa normativa.
Adepcoca declaró el mes pasado “persona no grata” a César Cocarico, la autoridad tuvo problemas al ingresar a la localidad de Arapata el pasado 9 de junio.
FINANCIAMIENTO
Por otra parte, Cocarico se refirió al traslado masivo que realizarán los productores de coca hacia Sucre, la Capital del país, para protestar en puertas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por la demora en la respuesta al Recurso de Inconstitucionalidad que presentaron contra la Ley General de la Coca.
En este caso, indicó que es posible que haya “un político de derecha” que esté financiando el viaje de los productores, o que una organización no gubernamental esté detrás de estas protestas.
“Habrá que preguntarse de dónde sacan tanto dinero para contratar 100 buses, es increíble la capacidad económica que tiene Adepcoca, no quisiera pensar que están solventando algunas figuras políticas o están siendo financiados por algunas ONG del imperio eso sería muy grave”, señaló el ministro.
En una asamblea de Coripata (los Yungas) se determinó que la caravana se traslade el próximo 9 de julio desde Adepcoca, hasta la ciudad de Sucre, donde exigirán al tribunal emita un fallo que declare inconstitucional los artículos 16 y 18 de la Ley General de la Coca.
INCONSTITUCIONAL
Adepcoca observó los artículos 16 y 18 de la Ley General de la Coca porque reconoce la hoja del Chapare como originaria, cuando esa condición solamente tendría la producción de la zona de los Yungas considerada ancestral, motivo por el que presentaron el recurso de inconstitucionalidad.
Sin embargo, frente a esto Cocarico indicó que esta acción judicial no les preocupa porque están confiados que el tribunal falle a su favor.
lunes, 3 de julio de 2017
Proyecto de ley busca mayores poderes para Transparencia
Las Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción tendrán la potestad de requerir información de cualquier proceso de contratación en las entidades estatales y empresas públicas, a denuncia o de oficio, para identificar posibles hechos de corrupción, según establece el proyecto de ley que regula el funcionamiento de estas instancias.
El proyecto de Ley de Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción fue presentado por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional a la Asamblea Legislativa y actualmente fue aprobada en grande y toca su debate en detalle en la Cámara de Diputados.
El ministro de esta cartera, Héctor Arce, citado en un boletín de prensa, explicó al pleno de Diputados que esta nueva norma busca fortalecer el trabajo de las unidades de transparencia para luchar frontalmente la corrupción en todas las instancias estatales.
Destacó como aspecto fundamental de este proyecto de ley la función de denunciar los elementos sostenibles de hechos de corrupción en un proceso de contratación en curso, para que inmediatamente la máxima autoridad de esa dependencia instruya la suspensión inmediata del proceso de contratación.
En esencia, busca evitar y sancionar los hechos de corrupción incluso antes de que se consuma el daño económico al Estado.
El proyecto de Ley de Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción fue presentado por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional a la Asamblea Legislativa y actualmente fue aprobada en grande y toca su debate en detalle en la Cámara de Diputados.
El ministro de esta cartera, Héctor Arce, citado en un boletín de prensa, explicó al pleno de Diputados que esta nueva norma busca fortalecer el trabajo de las unidades de transparencia para luchar frontalmente la corrupción en todas las instancias estatales.
Destacó como aspecto fundamental de este proyecto de ley la función de denunciar los elementos sostenibles de hechos de corrupción en un proceso de contratación en curso, para que inmediatamente la máxima autoridad de esa dependencia instruya la suspensión inmediata del proceso de contratación.
En esencia, busca evitar y sancionar los hechos de corrupción incluso antes de que se consuma el daño económico al Estado.
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