martes, 3 de mayo de 2016

¿Qué ley tendrá el deporte?



El proyecto de la nueva Ley Nacional del Deporte está en manos del presidente Evo Morales, solo falta que éste promulgue la nueva norma. Ocurrirá en cualquier momento. Las cámaras de Diputados y Senadores ya hicieron su trabajo aprobando en grande y en detalle, sin cambios de fondo, solo de forma.

“Corremos el riesgo de que nos caigan sanciones”, advierte el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Rolando López. Como él, una parte de la dirigencia futbolera no está de acuerdo con lo que dice el proyecto, al considerar que da pie a una injerencia gubernamental, lo que la FIFA jamás acepta.

“No sé de dónde tienen la idea de que el fútbol profesional va a ser fiscalizado. En ninguna parte de la ley dice que el Ministerio de Deportes va a fiscalizar al fútbol. Va a hacer una supervisión de las actividades deportivas, porque el ministerio es el ente rector, entonces creo que hay una diferencia muy radical en lo que es fiscalización y supervisión de las actividades deportivas”, responde el ministro de Deportes, Tito Montaño.

La nueva ley habla de transparencia: “Es el acceso a toda información sobre la gestión y administración de las entidades deportivas para el seguimiento y control del manejo honesto de los recursos públicos y privados que son destinados para el desarrollo del deporte”.

En otras palabras, los dirigentes tienen que rendir cuentas de todo: no solo del apoyo gubernamental sino del privado. Si un empresario decide ponerle dinero a una disciplina, hay que informar cómo se lo ha invertido o gastado.

Las federaciones deben “cumplir las disposiciones de la autoridad competente del deporte referidas a la gestión financiera y administrativa transparente de todos los recursos, beneficios, subvenciones, donaciones y otros similares que perciban”, se lee en el proyecto.

“Lo más preocupante de las muchas observaciones que se le hacen al proyecto de la Ley del Deporte es que a las entidades como las federaciones deportivas, asociaciones municipales y departamentales, es decir a todas las que conforman el sistema deportivo, las convierte en entidades públicas o un mix de privados y públicos al mismo tiempo; obviándose su carácter privado, su autonomía de gestión, en la que manejan sus propios recursos, todo para que el Ministerio de Deportes tenga el control y supervisión total. Entonces en eso se ve una injerencia indirecta”, según Alfonso Palomeque, dirigente de amplia experiencia en el tiro deportivo y miembro de la Asamblea del Deporte Paceño.

Con esta ley, si se la promulga, todo tiene que pasar por el Ministerio de Deportes, por ejemplo para participaciones internacionales. No se puede dejar nada al azar.

Además, las federaciones “deberán presentar sus estados financieros auditados y toda la información pertinente a su gestión financiera, técnica y administrativa que será requerida por la autoridad competente del deporte”, que no es otra que el Ministerio de Deportes.

De acuerdo con el proyecto, al Comité Olímpico Boliviano (COB) se le reconoce que sea una entidad de “derecho privado”, “con autonomía de gestión” y que esté regido “por los principios de los del Comité Olímpico Internacional, las normas contenidas en la Carta Olímpica, su normativa interna y el ordenamiento jurídico boliviano”, pero parte con que se trata de una entidad del “sistema deportivo plurinacional”.

“En el caso del COB hay una injerencia directa porque ya no podrá hacer su planificación con autonomía y se tendrá que consultar todo al Ministerio”, agrega Palomeque.

El fútbol pidió que quede escrito que se rige por la FIFA y la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Sin embargo, las federaciones nacionales están metidas en la misma bolsa.

“Las Federaciones Deportivas Nacionales son entidades privadas, con personalidad jurídica ‘propia’, sin fines de lucro, constituyen entidades de interés público y social, cuyo ámbito de actuación comprende el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia”, reza el proyecto en cuanto a la definición y naturaleza de éstas.

Además, “al cumplir una función de interés público y social” las federaciones “deberán presentar anualmente sus estados financieros auditados y toda la información pertinente a su gestión financiera, técnica y administrativa, que sea requerida por la autoridad competente de deporte; sin perjuicio de ello, deberán informar a dicha autoridad sobre el manejo de los recursos públicos y privados destinados al desarrollo del deporte nacional, así como de todos los beneficios obtenidos a sus asociados, miembros o integrantes”.

La ley “es el resultado de un trabajo que se ha hecho durante dos años, nos va a permitir organizar el sistema deportivo nacional y, de esa manera, esperar que en el futuro podamos conseguir mejores resultados”, agrega el ministro Montaño, un exfutbolista.

Limita a los dirigentes a solo 8 años de gestión

Ramiro Siles

Ligueros. Dirigentes del fútbol profesional, de los clubes de la Liga, están en la mira. Foto: APG

Según el proyecto, un dirigente deportivo no puede ejercer más de ocho años de manera consecutiva: cuatro por primera vez y otros cuatro por segunda en caso de ser reelegido.

La norma es igual para todos: cada gestión debe durar cuatro años, ni más ni menos.

En las federaciones deportivas hay dirigentes que están mucho más tiempo, más de 10. En el caso del fútbol, Carlos Chávez fue reelecto por segundo mandato, o sea para extender a 12 años de manera consecutiva su gestión. El dirigente está detenido preventivamente en el penal de Palmasola (Santa Cruz) investigado por supuestos actos de corrupción.

De acuerdo con el proyecto y con respecto al periodo de funciones, “las y los dirigentes deportivos en el ámbito nacional ejercerán el cargo para el cual fueron electas y electos por un periodo no mayor a cuatro (4) años, pudiendo postularse consecutivamente por única vez por un periodo similar”.

Asimismo, “las y los dirigentes deportivos nacionales que habiendo concluido el periodo de sus funciones, no entregasen la información financiera, documentación, bienes y acciones institucionales a la respectiva entidad deportiva, o se prorroguen indebidamente en el cargo, quedarán inhabilitadas o inhabilitados para postularse nuevamente al cargo de dirigentes deportivos nacionales”.

Entre sus obligaciones, los dirigentes deberán informar “a la autoridad competente sobre la obtención de bienes y recursos destinados al deporte, así como el tratamiento y resultados” de su administración.

También están obligados a “presentar a la entidad que representan de manera anual, un registro de bienes de la institución y los estados financieros debidamente auditados”.

Sector profesional es obligado a registrarse

Ramiro Siles

El deporte profesional no podrá funcionar en el país si sus entidades no están debidamente registradas ante el Ministerio de Deportes, dice el proyecto.

En Bolivia, el profesionalismo está representado sobre todo por el fútbol, la Federación Boliviana (FBF), la Liga y sus clubes.

“El deporte profesional en el ámbito nacional comprende las actividades que son remuneradas e implican una relación laboral, y lo desarrollan solo aquellas organizaciones deportivas y clubes legalmente constituidos y registrados en el Ministerio de Deportes”, según el artículo referido.

Entre las varias obligaciones está la que “las ligas profesionales deberán contar con personalidad jurídica y registrarse en el Ministerio de Deportes”.

Actualmente, la Liga depende de la Federación, no son entidades por separado. A escala internacional, es la FBF la que representa al fútbol boliviano.

Lo mismo pasa con los clubes. Su relación es con la Liga. Para jugar un torneo internacional, la que inscribe es la FBF.

Ahora los clubes se verán obligados a “inscribirse en el Registro Único Nacional” que estará a cargo del Ministerio de Deportes, “a fin de habilitarse para el desarrollo de sus actividades”.

Además, “registrar ante la federación deportiva respectiva, los contratos celebrados con las y los deportistas inscritos”.

Si bien en esta parte el proyecto no dice que deben rendir cuentas ante “la autoridad”, ésta obliga a las federaciones a presentar toda la documentación requerida.

Hoy, los clubes en su mayoría tienen problemas para sostenerse. Para la nueva ley, “con el fin de garantizar su sostenibilidad financiera, los clubes profesionales deberán establecer ante la instancia determinada por su reglamento, sus niveles de patrimonio líquido, de endeudamiento y su presupuesto anual de funcionamiento para la siguiente gestión fiscal, debiendo garantizar el cumplimiento de todas sus obligaciones legales”.

‘Atenta’ contra el interés privado

Rafael Sempértegui

El proyecto “atenta” contra el interés privado, según Alfonso Palomeque, del tiro deportivo y miembro de la Asamblea del Deporte Paceño.

“La Constitución Política del Estado garantiza una libre asociación lícita de los ciudadanos de acuerdo con sus intereses. Una ley no debe atentar el interés privado, como puede ser la de un club de cualquier deporte, que es cierto luego participa de una asociación municipal”.

Pone como ejemplo que “un club de básquetbol o fútbol son privados y se mueven con sus recursos. Hay dos actores, privados y públicos, ambos quieren trabajar por el deporte, necesitan regulaciones, pero no una sola porque los recursos que manejan son distintos”.

Palomeque agrega que “la Liga Boliviana del Básquetbol es una iniciativa privada, con esfuerzo de los dirigentes del baloncesto que organizan un torneo de esas características y hacen deporte de alto nivel, invirtiendo sus recursos; entonces, no puede ser absorbido por lo público, porque sus recursos son privados”.

En ese sentido, considera que la inversión privada “tiene que merecer otro trato, similar situación sería la de los clubes y entidades deportivas que hacen deportes”.

‘El fútbol no acepta injerencias’, dice la FBF

Jorge Asturizaga

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) no está de acuerdo con que el rubro profesional esté contemplado en la ley, además pide que tome en cuenta que se rige por normas internacionales de la FIFA y la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

“En las normas de la FIFA dice que el fútbol no acepta injerencia de terceros y terceros son las entidades de los Estados (como en Bolivia el Ministerio de Deportes). Son 209 asociadas a la FIFA y de ellas 207 no tienen problemas con sus respectivos gobiernos. Nosotros no tendríamos por qué enfrentarnos con una estructura supra que es la FIFA”, sostiene Rolando López, presidente de la FBF.

En el estatuto de la FIFA y en el de la Conmebol “están las sanciones y el de la FBF también replica. Eso no quiere decir encubrimiento ni mucho menos. Las disposiciones de FIFA son muy fuertes en el tema económico. Hay una confusión cuando se habla de corrupción en la FIFA, tiene que ver por los sobornos en contratos, por lo demás todas las áreas remiten sus estados financieros sin esconder nada”.

lunes, 2 de mayo de 2016

sancionan ley del derecho propietario

Con la finalidad de otorgar seguridad jurídica y legalidad a los actos de la administración pública, garantizando el derecho fundamental a una vivienda digna de los bolivianos, la Cámara de Diputados sancionó el jueves 28 las modificaciones a la Ley 247 de Regularización del Derecho Propietario sobre Bienes Inmuebles Urbanos destinados a Vivienda.
Básicamente se precisan algunos términos de la Ley 247, los mismos que en su aplicación eran confusos, y amplía los plazos para que los gobiernos municipales concluyan sus trámites de delimitación de radios urbanos o áreas urbanas.
Precisamente, uno de los factores que impide la plena aplicación de la Ley 247 es que los procedimientos técnicos y administrativos para la delimitación de las manchas urbanas de los municipios no fueron efectivamente ejecutados dentro del plazo otorgado, dificultando la regularización del derecho propietario.

domingo, 1 de mayo de 2016

Cochabamba pionera en ley de “economía del cuidado”

Cochabamba es el único municipio de Bolivia y Latinoamérica en contar con una ley municipal de “economía del cuidado”, aprobada en marzo de 2015 y que a la fecha se encuentra en proceso de reglamentación, informó la integrante de la Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública (Ciudadanía) y coordinadora del proyecto Corresponsabilidad en el Trabajo del Cuidado, Jacqueline Garrido Cortés.

Explicó que el “trabajo del cuidado” son todas las actividades cotidianas conocidas como “labores de casa o del hogar” que permiten el “mantenimiento de la vida”. Ésta provee de abrigo material y emocional a los miembros de una familia. Consiste en lavar, planchar, cocinar, limpiar la casa, cuidar a los hijos, ancianos, enfermos y personas con discapacidad. “Lamentablemente, este trabajo no ha sido valorizado en su verdadera dimensión”, señaló.

Sin embargo, aclaró que existen dos tipos de cuidado, el remunerado, ejecutado por las enfermeras, médicos, maestros y trabajadoras del hogar, entre algunos y no remunerado realizado tradicionalmente por las mujeres al interior de los hogares.



Más datos

Una encuesta realizada por Ciudadanía con apoyo de Conexión en 2014 reveló que las mujeres invierten casi el doble de horas (5,78) al día en las tareas del cuidado que los hombres (3,28).

El panorama es más crítico para las mujeres de los valles y la zona andina que dedican 8,3 horas al día frente a los hombres que sólo invierten 4,3 y 3,6, respectivamente. En la misma línea, las mujeres de la región metropolitana destinan 4,7 horas al cuidado y los hombres 2,8.

A pesar de ello, tanto hombres (67,05) como mujeres (72,31) están de acuerdo con la corresponsabilidad igualitaria en el trabajo de cuidado, según Ciudadanía.



Vulneración

Para Garrido, la dedicación al trabajo del cuidado no remunerado impactó en el ejercicio de los derechos de las mujeres. Éstas dejan de estudiar, no participan en la política ni organizaciones sociales, dejan de trabajar o lo hacen en condiciones desventajosas frente a los hombres e incluso no descansan. Esto incrementa los niveles de desigualdad y deteriora la salud de la mujer. En consecuencia los grupos vulnerables que dependen del cuidado de la mujer como niños, personas con discapacidad y adultos mayores también “sufren” la deficiencia de cuidado.

Por su parte, los hombres también se ven impedidos de brindar cariño y cuidado a su familia, debido al esquema patriarcal y machista que prima en la sociedad, en la que a ellos se les asigna la tarea de mantener y proveer de seguridad económica y a la mujer de atender a la familia. “Esta idea de aprender a ser mujer y ser hombre es la que impide que la corresponsabilidad con el trabajo de cuidado sea una cuestión de hombres y de mujeres”, resaltó Garrido.



Ley

La Ley Municipal 00090/2015 denominada “Economía del Cuidado Solidario” fue proyectada hace un año por la exconcejal municipal María Isabel Caero. La norma catalogada por Garrido como “absolutamente innovadora”, busca que el trabajo de cuidado sea asumido por el Estado, los hombres y las mujeres en “corresponsabilidad”. Además, incide en “revalorizar el trabajo del cuidado no remunerado” que realizan las mujeres.

La integrante de Ciudadanía, la ley es un aporte “determinante” para la equidad de género y la igualdad de oportunidades.



Red

Para ello plantea la creación de una “red” de servicios del cuidado. Entre ellos los centros integrales de cuidado infantil (guarderías) en los distritos, mercados, unidades educativas en especial las nocturnas y para los hijos de trabajadores municipales. Además de centros de terapia ocupacional y recreación para adultos mayores y personas con discapacidad.

La norma también contempla la programas de sensibilización para que las mujeres y hombres sean corresponsables del trabajo del cuidado. Con esta red se busca la “autonomía” social, económica y política de las mujeres.

“No sólo es tener calles y puentes. Es también servicios y la Ley de Economía del Cuidado Solidario justamente da la posibilidad de crear una red de servicios que no tiene ningún municipio hasta este momento”, enfatizó.


El cuidado y protección de la vida

Garrido definió a la economía del cuidado como el sector económico de un país donde se producen “bienes de servicio del cuidado”. Añadió que al igual que la economía productiva es un pilar fundamental. Así, se constituye en un “nuevo enfoque de la economía” que valora el trabajo de cuidado para “mantener la vida”. Surgió como un aporte de las feministas para contribuir a la equidad de género y a la igualdad de oportunidades.

La Constitución Política del Estado (CPE) reconoce en varios artículos el valor económico del trabajo del hogar, además garantiza la protección de las familias como “núcleo fundamental” de la sociedad y establece que se deben adoptar políticas públicas para la protección, atención, recreación y descanso de los sectores vulnerables.

El artículo 338 señala: “El Estado reconoce el valor económico del trabajo del hogar como fuente de riqueza y deberá cuantificarse en las cuentas públicas.


Constitución y trabajo en el hogar

La CPE reconoce la corresponsabilidad del trabajo de cuidado a través de los siguientes artículos:

Artículo 64: I: “Los cónyuges o convivientes tienen el deber de atender, en igualdad de condiciones y mediante el esfuerzo común, el mantenimiento y responsabilidad del hogar, la educación y formación integral de las hijas e hijos mientras sean menores o tengan alguna discapacidad”. II: El Estado protegerá y asistirá a quienes sean responsables de las familias en el ejercicio de sus obligaciones.

Artículo 62: El Estado reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad y garantiza las condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral.

Artículo 68: I: El Estado adoptará políticas públicas para la protección, atención, recreación, descanso y ocupación social de las personas adultas mayores, de acuerdo con sus capacidades y posibilidades. Según Garrido el Estado sólo debe cumplir los artículos expuestos para hacer realidad la corresponsabilidad en el trabajo del cuidado.



LEY MUNICIPAL DE ECONOMÍA DEL CUIDADO

La Ley municipal 0090/2015 fue aprobada el 18 de marzo de 2015. Cuenta con cuatro capítulos, 11 artículos, una disposición transitoria y una disposición abrogatoria. Fue proyectada por la exconcejal María Isabel Caero.

PLANES: La norma establece que los planes de desarrollo municipal deben incluir la valorización del trabajo del cuidado.

PROGRAMAS: La ley plantea que los Programas Anuales Operativos deben contener proyectos de infraestructura y de desarrollo social para mejorar las condiciones del trabajo del cuidado.

PROYECTOS: Propone la construcción de centros de cuidado infantil en los barrios, Distritos, centros educativos con prioridad en los nocturnos y para los hijos de los trabajadores municipales. Además, el mejoramiento de los centros en los mercados y la alimentación y nutrición a niños y niñas menores de seis años.



ESTAR “A TONO” CON INFORME DE DESARROLLO

De implementarse la Ley Municipal 00090/2015 de “Economía del Cuidado Solidario”, el municipio estará a “tono” con el Informe de Desarrollo Humano del PNUD de 2015, que enfatiza que no basta el desarrollo económico para superar la pobreza y desigualdad, sino que el Estado debe promover políticas que permitan la inclusión de sectores excluidos. Asimismo, que la instancia nacional debe crear programas de equidad de género.

A ello se suma que los municipios y el Gobierno central descuidan o invierten pocos recursos económicos en desarrollo humano. “Cochabamba es de los municipios que ha invertido muy poco en desarrollo humano y equidad de género”, comentó. “Es decir, desarrollo económico no es sinónimo de eliminación de pobreza. Este tipo de exclusiones y desigualdades entre hombres y mujeres tienen que ser superadas para que logremos un desarrollo humano sostenible”, comentó.



SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y PRESUPUESTO

La Ley Municipal 0090/2015 también proyecta la capacitación y difusión de la economía del cuidado. Además, la implementación de presupuesto para materializar la ley.

CAPACITACIÓN: Otorga a la Alcaldía de Cochabamba la tarea de desarrollar actividades de sensibilización y capacitación sobre el trabajo y la economía del cuidado.

DIFUSIÓN: Establece que la Alcaldía implemente una estrategia de comunicación y una campaña mediática sobre la importancia de la corresponsabilidad entre mujeres, hombre, gobierno municipal y sociedad para el trabajo y la economía del cuidado.

PROGRAMAS: Según la norma, la Alcaldía debe abrir programas presupuestarios de gasto público para materializar los objetivos de la ley.

Conozca los siete decretos promulgados, entre ellos el incremento salarial

El presidente Evo Morales promulgó hoy siete decretos, entre ellos, el incremento salarial para esta temporada, en una ceremonia que se realizó en Palacio de Gobierno, que dio inicio a la celebración del Día Internacional al del Trabajo.

1.- Según fuentes oficiales, el primer decreto establece el incremento salarial a la remuneración mensual de las servidoras y los servidores y servidoras públicos del nivel central del Estado Plurinacional y establece la escala salarial para las máximas autoridades del Órgano Ejecutivo del nivel Central del Estado Plurinacional; el incremento salarial a la remuneración mensual de las servidoras y los servidores públicos de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Electoral, Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, Instituciones de Control, de Defensa de la Sociedad y de Defensa del Estado, entidades Desconcentradas, descentralizadas y Autárquicas.

Esa norma establece que en el marco de la política de austeridad, se excluye del incremento salarial a las máximas autoridades del Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado Plurinacional, aplicándose solamente el incremento de hasta el seis por ciento (6%), para los servidores públicos que tienen un haber básico menor a 15.000 bolivianos.

Asimismo, determina que el incremento Salarial en el sector privado, será acordado entre los sectores patronal y laboral, sobre la base del seis por ciento (6%), mismo que se aplicará a todas las modalidades de contratos de trabajo asalariado.

2.- Otro de los decretos establece que el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, a través del Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones, otorgará autorizaciones previas, para la importación de productos.

3.- Otra norma abroga el Decreto Supremo 1359 de 26 de septiembre de 2012 que prohíbe la tenencia y/o uso de bombas, materias explosivas, inflamables, asfixiantes, tóxicas u otros materiales relacionados, en manifestaciones y movilizaciones sociales, y deja sin efecto esa disposición a fin de garantizar los derechos a la asociación y libertad de expresión mediante manifestaciones públicas, así como ejercer el derecho a organizarse en sindicatos de las y los trabajadores.

4.- Otra norma establece modificaciones al Decreto Supremo 0181, de 28 de junio de 2009, relativo a las normas básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios El nuevo Decreto Supremo inserta modificaciones a las Normas Básicas de Administración de Bienes y Servicios regulada mediante el D.S. 0181 de 28 de junio de 2009, estableciendo márgenes de preferencia en la modalidad "Apoyo Nacional a la Producción y Empleo" (ANPE); así como en la modalidad "Licitación Pública"; las cuales incentivan la producción y comercialización de bienes nacionales.

5.- Otra norma promulgada por el presidente Evo Morales, otorga autorizaciones previas, en Sustitución del Permiso de Importación de Alimentos y Bebidas Esa norma otorga, por parte del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), en el marco del sistema de control sanitario para la protección del consumidor, autorizaciones previas en sustitución del permiso de importación, para la importación de alimentos y bebidas, en un plazo de hasta 30 días hábiles a partir de la fecha de recepción de la solicitud.

6.- Otro decreto regula el traslado de feriados nacionales con el fin de promover el turismo como actividad económica estratégica. Considerando el feriado con suspensión de actividades políticas y privadas, los días lunes posteriores a los feriados que correspondan a los días domingos, con excepción de los días lunes y martes de Carnaval, Viernes Santo, Corpus Christi y 2 de noviembre (Día de Todos los Difuntos), no son trasladables.

7.- Finalmente se establece que el monto determinado para el Salario Mínimo Nacional en los sectores público y privado será de 1.805 bolivianos, que representa un incremento del nueve por ciento (9%) con relación al establecido para la gestión 2015, cuya aplicación tendrá efecto retroactivo al 1 de enero de 2016.

La falta de reglamento impide la aplicación de tres leyes

La ausencia de reglamentos para unas tres leyes frena su aplicabilidad en Cochabamba. Se trata de las leyes nacionales: Ley 700 para la Defensa de los Animales Contra Actos de Crueldad y Maltratos y la Ley de Seguridad Ciudadana. Además de la ley municipal de Regulación de Propiedades que se Encuentran en el Perímetro Circundante al Botadero de K´ara K´ara.

Por instrucción de la Ley O26 de Ordenamiento Jurídico y Procedimiento Legislativo Municipal, el Ejecutivo -alcalde y su equipo- tiene tuición de reglamentar leyes municipales y nacionales.

No obstante, a la fecha hay por lo menos cuatro leyes que aún no fueron reglamentadas, según el concejal de la partido Unidos por Cochabamba (Único), Edwin Jiménez.

Una de las consecuencias de esta ausencia de reglamentos es que la aplicabilidad de esas leyes está limitada.

El director de Desarrollo Legislativo y Seguimiento de la Alcaldía de Cercado, Martín Ugarte aclaró que, aunque una ley no tenga reglamento, rige en el departamento pero con ciertas limitaciones.

“Rigen, pero no están operativizadas”, añadió por su lado un abogado de Asesoría General del municipio, José Mérida.

COMPLETAS A este tipo de leyes se suman otras que, a pesar de tener reglamento, aún no se operativizan porque implica un procedimiento previo.

Por ejemplo, el reglamento de la Ley de Prohibición de Uso de Celulares y Equipos Análogos en Vehículos Motorizados establece que un conductor no debe portar dispositivos mientras conduce, salió en noviembre pero aún no se aplica debido a que establece una serie de requisitos. Uno de ellos es la firma de un convenio entre el municipio y el Comando Departamental de la Policía. Su aplicación, en el mejor de la casos está prevista en el lapso de un mes estimó el jefe de Movilidad Urbana, Ever Rojas.

De momento, según el concejal Jiménez, el Organismo Operativo de Tránsito y la guardia municipal realiza operativos de prevención en puntos estratégicos de la ciudad.

No obstante, cuando encuentran un infractor no lo pueden sancionar porque aún no hay boletas de infracción para este tipo de casos.

Las leyes restantes: Ley 700 para la Defensa de los Animales Contra Actos de Crueldad y Maltratos, Ley 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y Ley municipal de Regulación de Propiedades que se Encuentran en el Perímetro Circundante al Botadero de K´ara K´ara también están postergadas desde su promulgación.

Por ejemplo, la Ley 700 data de junio de 2015; la Ley 264 de julio de 2012 y la última de la anterior gestión de Edwin Castellanos.

Al margen de elaborar reglamentos para leyes municipales y nacionales, la Alcaldía de Cercado prevé actualizar ciertos decretos reglamentarios, según el secretario general de la Alcaldía de Cercado, Ricardo Pol.

Sin citar qué reglamentos, Pol dijo que hay muchos que “quedaron obsoletos” porque datan de hace varias años.

A su criterio, urge actualizarlos porque el contexto evoluciona.

Señaló además que los reglamentos de las leyes de Prohibición de Uso de Celulares y Equipos Análogos en Vehículos Motorizados y de la Plaza de Armas 14 de Septiembre se emitieron en tiempo récord.

sábado, 30 de abril de 2016

Cocaleros alistan nueva ley para la hoja de coca



Los productores de coca de Yungas (La Paz) y del trópico de Cochabamba preparan una nueva ley de la coca, que deberá ser debatida en los próximos meses por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

En declaraciones a la red Erbol, Leonardo Loza, dirigente de las seis federaciones del trópico de Cochabamba, indicó que se está trabajando en la propuesta desde principios de año.

“El siguiente mes vamos a buscar una reunión con nuestros hermanos de los Yungas de La Paz para intentar consensuar. Estamos seguros que nuestros hermanos de los Yungas vienen de la misma lucha y han defendido la misma causa. Ni bien concluyamos con los hermanos cocaleros de los Yungas, vamos a presentar a la Asamblea Legislativa”, afirmó.

Actualmente, la producción de coca está regido por la Ley 1.008, aprobada el 18 de julio de 1988. Denominada Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, establecía el límite máximo de producción en 12.000 hectáreas y consideraba que la coca de Chapare debería ser erradica.

Esa determinación fue complementada en 2004 por un decreto firmado por Carlos Mesa, que permitió a los cocaleros de Chapare sembrar un cato (superficie de 1.600 metros cuadrados) por afiliado.

La nueva Constitución reconoce a la coca como patrimonio y el Gobierno de Evo Morales logró la despenalización del acuchillico por la convención de Ginebra.

Sólo el 10% de los trabajadores de la prensa conocen la Ley 315

A cuatro años de su promulgación, la Ley 315 de Seguro Privado de Vida e Invalidez Permanente por Accidentes, Enfermedades en General u otras Causas para las Trabajadoras y los Trabajadores de la Prensa “Hermanos Peñasco Layme” no se aplica, porque sólo el 10 por ciento de los beneficiarios conoce el contenido de la normativa y esto impide exigir su cumplimiento.

Según el asesor legal del Comité de Justicia Plural de la Cámara de Senadores, Álvaro Durán, la norma entró en plena vigencia a partir de agosto del 2014, sin embargo no fue aplicada hasta la fecha, porque los trabajadores de la prensa no revisaron la misma y desconocen su contenido.

“Estoy seguro que del 100 por ciento de los trabajadores y los futuros periodistas sólo el 10 por ciento conoce la existencia de la norma, esto provoca que no se exija el cumplimiento y aplicabilidad de la misma”, dijo Durán.

Explicó que para que la ley sea aplicada se debe conformar el Consejo Directivo que se encargará de la dirección y control del Fondo de Financiamiento del Seguro Privado de Vida.

La nueva legislación señala que los medios de comunicación privados y del Estado deben contribuir con el 1 por ciento del ingreso real y efectivo, mientras las productoras independientes que incluyen a pueblos indígenas y comunidades afrobolivianas, y el sector social comunitario aportarán solamente con el 0,25 por ciento.

Ausencia

El Comité de Justicia Plural de la Cámara de Senadores inició con la socialización de esta normativa. Sin embargo, en este evento que fue organizado por el senador Efraín Chambi, la comitiva no participó, además, la mayor parte de los participantes eran estudiantes.