martes, 7 de julio de 2015

Video La Asamblea Legislativa aprobó el decreto presidencial de indulto

Ley 348: Autoridades incumplen reglamento

A casi nueve meses de la aprobación reglamento de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (348), la Coordinadora de la Mujer reportó que las autoridades departamentales y municipales no se esfuerzan por dar cumplimiento a las disposiciones para evitar maltratos y desenlaces fatales.

Entre enero y junio de este año, se registraron 47 feminicidios según el defensor del Pueblo, Rolando Villena. Entretanto, datos de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), a nivel nacional señala que durante el primer trimestre de este 2015 se registraron 6.773 denuncias por violencia hacia mujeres.

La secretaria ejecutiva de la Coordinadora, Mónica Novillo, identificó como los departamentos con mayor incidencia de feminicidios a Cochabamba y Santa Cruz, sin dejar de lado el peligro que corren las mujeres en todo el país, tomando en cuenta que la violencia hacia la mujer surge, incluso en los noviazgos de jóvenes y adolescentes.

“El Estado debe garantizar, proteger la vida de la mujeres. Si es verdad que se están tomando acciones pero que todavía son insuficientes. Las instancias llamadas por ley a atender los casos de violencia, como gobiernos departamentales deben orientar los recursos necesarios tanto para servicios de atención y construcción de infraestructura pero además deben garantizar que funcionen adecuadamente, con el personal necesario y capacitado, tareas con las que se está incumpliendo”, puntualizó.

Según la representante, la mayor parte de mujeres víctimas de feminicidios recurrieron a instancias de atención especializada en estos casos pero no fueron atendidas adecuadamente. “Es importante que el personal pueda identificar situaciones de riesgo en el que están las mujeres”.

PUNTOS DE VISTA

Revisar la norma con el objetivo de endurecer las penas es una de las soluciones que plantean algunas de las asambleístas del Legislativo Nacional, ante las alarmantes cifras de feminicidios, develadas en los últimos días por la Defensoría del Pueblo.

La diputada cruceña por Unidad Demócrata (UD), Rosmery Sandoval, consideró que las muertes de mujeres en el país tienden a incrementarse de no hallar soluciones oportunas. Para la autoridad lo principal es endurecer las penas previa revisión de la normativa vigente.

Dijo que el temor que las mujeres maltratadas sienten a momento de denunciar a sus conyugues influye en el alza de las cifras de feminicidios.

“Los datos de la Defensoría hablan de 47 casos, yo no creo que sean sólo 47 casos, cuántos más que no conocemos habrán a nivel nacional”, sostuvo a tiempo de asegurar que la inversión de recursos en programas de prevención que llegue tanto a colegios como universidades debe ser parte de la ardua tarea de erradicar la violencia contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes en general.

A decir de la diputada, Sandoval las estrategias por la defensa de las mujeres no avanzaron más, pese a la ardua labor que desarrollan los denominados Servicios legales y psicosociales para la mujer, dependientes de los gobiernos municipales.

“Hemos dado más fuerza, por ejemplo, con todo respeto, a una ley de animales, sin haber resuelto antes una lucha feraz en defensa de la mujeres. Entonces. Debemos intervenir todos, es un tema pendiente de nosotros como autoridades pero también de las instituciones en busca de respuestas oportunas. El tema está en el endurecimiento de las penas pero no basta, las mujeres víctimas de violencia deben atreverse y denunciar”, concluyó.

TAREAS CONCRETAS

Al respecto, el defensor del Pueblo, Rollando Villena, lamentó el “desinterés del Gobierno central” en relación a las preocupantes cifras que existen sobre la violencia contra las mujeres y niñas.

Dichas declaraciones surgen luego de que el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro promulgara la ley municipal 192015 que declaró “estado de alerta contra toda forma de violencia hacia las mujeres”. La norma instruye la realización de acciones de prevención y promoción para luchar contra la violencia en esa región del país.

Esta decisión tiende a imitarse en los diferentes municipios del país, como parte de las tareas en contra de la violencia contra las mujeres.

ANTECEDENTES

En octubre de 2014, el Gobierno aprobó el reglamento de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, de acuerdo al mismo, el 30% de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), destinados a la Seguridad Ciudadana, será invertido en la construcción de casas de acogida destinadas a mujeres víctimas de violencia. Otro 10% irá al fortalecimiento de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv).

viernes, 3 de julio de 2015

Se sanciona ajustes a ley de supraestatales

El Pleno de la Cámara de Diputados sancionó ayer la “Ley de Elección Directa de Representantes ante Organismos Parlamentarios Supraestatales”, con las modificaciones remitidas por el Senado.
Las reformas aprobadas por el Senado, en consenso con los parlamentarios supraestatales, incorpora en el artículo 18 de la ley un inciso, que establece que esas autoridades gozan de inviolabilidad personal, tanto en el territorio nacional como en el extranjero durante el tiempo de su mandato, en el marco de la Constitución Política del Estado (CPE).
También se incorporó al artículo 30 un parágrafo cuarto, que establece su participación en las brigadas parlamentarias con derecho a voz y no a voto.
La norma sancionada por unanimidad precisa la dependencia administrativa y financiera de la representación parlamentaria internacional con la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

jueves, 2 de julio de 2015

Defensor pide inconstitucionalidad de dos artículos del decreto 2195

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, presentó un recurso de inconstitucionalidad en contra de los artículos 4 y 6 del Decreto Supremo 2195, porque considera que vulneran el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, a la facultad de aplicar normas propias, administrados por sus estructuras de representación y a la definición de su desarrollo de acuerdo a sus criterios culturales y principios de convivencia armónica con la naturaleza.

“Analizamos el Decreto desde la perspectiva de las normas nacionales y los principios internacionales de derechos humanos y consideramos que existen vulneraciones muy graves a estos derechos y por eso hemos pedido al Tribunal competente que declare inconstitucionales esos artículos”, indicó.

El recurso presentado el 29 de junio ante el Tribunal Constitucional es una nota informativa de la institución defensora. La Acción de Inconstitucionalidad Abstracta incluye una serie de argumentos contra los artículos 4 y 6 del cuestionado decreto, especialmente contra las medidas que disponen que un acuerdo entre la empresa de explotación y el pueblo indígena, será el que determine cómo se invertirá la compensación, además les da plazos perentorios a las comunidades para que se pongan de acuerdo sobre la distribución de la compensación y establece que actividades y proyectos sociales o productivos podrán ser ejecutados por pueblos indígenas o por entidades públicas o privadas.

viernes, 26 de junio de 2015

Video ¿Cómo beneficia al país la nueva Ley de Conciliación?

Descarga Ley 708 de Conciliación y Arbitraje

Ley de Conciliación y Arbitraje

5 claves para conocer la nueva Ley de Arbitraje y Conciliación

El presidente Evo Morales promulgó este jueves la Ley 708 de Conciliación y Arbitraje, aquí te mostramos cuáles son las cinco claves para entender esta importante normativa que establece medios alternativos para la resolver disputas comerciales.

1.- Garantizar la seguridad jurídica

La Ley tiene el objetivo de garantizar seguridad jurídica a los inversionistas, que ahora cuentan con una regulación que les permitirá recurrir a los mecanismos de conciliación y arbitraje en caso de que consideren que existe algún tipo de incumplimiento contractual o extracontractual.

El presidente Morales, después de firmar la norma, dijo que con esta Ley ningún sector empresarial podrá "quejarse" de que no hay garantías ni seguridad jurídica en el país.

Por su parte, Fernando Cáceres, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, señaló que con este instrumento legal se facilitarán los trámites para las exportaciones, pero además se fomentará y dará mayor respaldo y seguridad jurídica para quienes quieran invertir en el país, ya sean empresarios nacionales o extranjeros.

2. Confidencialidad

La Ley indica también que las actuaciones y resultados de la conciliación y el arbitraje estarán sujetos de manera obligatoria a la confidencialidad, salvo acuerdo de partes, orden judicial fundamentada o requerimiento de autoridad legalmente facultada.

La confidencialidad será levantada si compromete intereses del Estado, dictando además que toda información sea entregada a la Procuraduría General del Estado.

3. Solución extrajudicial

La norma da paso a la conciliación fuera de los juzgados como un medio alternativo a la justicia ordinaria, y está basada en la voluntad de las partes en conflicto.

El acta de conciliación tendrá efecto de cosa juzgada y se recurrirá al auxilio judicial como último recurso, solo en caso de incumplimiento.

Los Centros de Conciliación y de Arbitraje autorizados deben adecuar sus reglamentos en un plazo de 45 días y las autoridades del área regulada que hacen conciliación entre usuarios o consumidores y las entidades reguladas lo harán en base a sus normativas y procedimientos.

4. Protección de inversiones

Esta ley garantiza las inversiones que se realicen en Bolivia, extranjeras, nacionales o mixtas. Si existe alguna disputa o controversia que surja de ellas se aplicarán las leyes nacionales y será procesada bajo jurisdicción nacional.

La conciliación y arbitraje tendrá como sede el territorio boliviano, sin embargo se podrán celebrar audiencias y otras diligencias en el extranjero.

A propósito de este punto, en el acto de promulgación, Ronald Nostas, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia aseguró que esta norma "va a permitir que la inversión privada siga confiando y apostando por el país", lo que, a la larga, se traducirá en crecimiento económico.

Este criterio es compartido por el presidente del Senado, José Alberto Gonzales. "Ahora sí que tenemos condiciones claramente establecidas porque eso reclamaba el inversor de exterior: 'queremos reglas claras, queremos tener seguridad jurídica', es lo que está haciendo esta norma sin apartarse de la Constitución", dijo.

5.- Excepciones

Con esta Ley el país definió con exactitud cuáles son las materias en las que no se puede plantear un arbitraje o buscar la conciliación, la mayoría de ellas tiene que ver con áreas económicas que tienen presencia estatal.

Las materias excluidas son: recursos naturales; títulos otorgados sobre reservas fiscales; temas de interés público y de administración del Estado; tributos y regalías; contratos administrativos; acceso a los servicios públicos; licencias, registros y autorizaciones sobre recursos naturales; cuestiones que afecten el orden público; cuestiones sobre las que haya recaído una resolución judicial, firme, definitiva, salvo los aspectos derivados de su ejecución.

También quedan excluidas cuestiones que versen sobre el Estado civil y la capacidad de las personas; cuestiones referidas a bienes o derechos de incapaces sin previa autorización judicial; cuestiones a las funciones del Estado; y temas que no sean objeto de transacción y cualquier otra determinada por la Constitución o la ley.

Además establece tres exclusiones expresas que no serán regidas por la ley: en materia laboral y seguridad social, a los acuerdos comerciales y de integración entre Estados, así como a contratos de financiamiento externo que el Estado suscribe con organizaciones u organismos internacionales.