jueves, 4 de febrero de 2016

Cochabamba Desacuerdos frenan Ley de la Bicicleta

Las contradicciones que hay entre la propuesta de Ley Municipal de la Bicicleta y el Código Nacional de Tránsito frenan el avance de la normativa. El propósito es implementar espacios de circulación exclusiva que promuevan el uso de este medio de transporte. La iniciativa quedó paralizada hace seis meses en el Concejo Municipal, informaron ayer integrantes de la Masa Crítica en Cochabamba y el concejal Iván Tellería.

“Esos artículos (del Código de Tránsito) no deben ser válidos en el municipio, porque la idea de esta Ley es empujar el ciclismo urbano y no reducirlo con estos requisitos”, aseguró un participante del movimiento Masa Crítica, Martín Weiser.

El Código de Tránsito establece, entre algunos requisitos, que los ciclistas deben portar licencia de conducir, placa de circulación y carnet de propiedad de la bicicleta. Los requisitos fueron observados por el movimiento, porque coartan el uso de este medio de transporte.

Otro integrante del movimiento, Carlos Bellot, aseguró que esta situación ya fue resuelta con la respuesta a una carta enviada al Servicio Estatal de Autonomías que explicó que la nueva Constitución Política del Estado determina la capacidad de los gobiernos municipales para emitir leyes a cumplir en el marco de sus autonomías.

El concejal Iván Tellería aseveró que la Ley estaba aprobada en grande en el Concejo Municipal y sólo faltaba el detalle, pero el movimiento de Masa Crítica decidió retirar la propuesta, debido “a que no querían acogerse a las normas de tránsito”, que reconoció que son obsoletas.

Esta ley prevé en sus partes sobresalientes generar condiciones para que la población tenga espacios destinados a manejar las bicicletas con la apertura de parqueos y ciclovías; campañas de educación vial y fijar reglas de circulación con los derechos de los ciclistas.

La Alcaldía de Cercado firmó un convenio de cooperación interinstitucional con el movimiento Masa Crítica el 25 de julio del pasado año para la promulgación de esta normativa el 6 de septiembre de 2015, pero no se realizó.

“Las autoridades sólo piensan en el auto”, deploró Weiser, a tiempo de recordar que el pasado año Cochabamba se constituyó en la tercera ciudad más contaminada de Latinoamérica, siendo que el 95 por ciento de la contaminación del aire proviene del parque automotor. El movimiento pidió a la Alcaldía cumplir con el convenio firmado y aplicar la Ley propuesta.

Es un movimiento mundial

La Masa Crítica es un movimiento mundial de ciclistas, presente en Cochabamba, que promueve el uso de la bicicleta como medio de transporte rápido, económico, saludable y libre de generar cualquier tipo de contaminación.

Actualmente, el movimiento tiene 5 mil seguidores en su página de Facebook y un número fluctuante de personas que participan de las caravanas ciclísticas realizadas el último sábado de cada mes denominadas “masa mensual”.

Este año las caravanas están centradas en impulsar la promulgación de la Ley Municipal de la Bicicleta y siguen la campaña del incentivo del uso de la bicicleta planteada por una joven de 17 años “Enbiciate”. Esta iniciativa está presente en La Paz, Santa Cruz, Tarija, Cochabamba y Santa Cruz.

Ley prevé nuevos hábitos alimenticios

Consumo más saludable de los productos

La Ley 775 de Promoción de Alimentación Saludable fue promulgada el 8 de enero pasado y la ministra de Salud, Ariana Campero Nava, informó que se reglamentará el uso de la publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas y el etiquetado de los productos para informar al consumidor sobre los niveles de sodio, grasas trans, grasas saturadas y azúcar.

Si bien el Ministerio de Salud parece sensibilizado por el incremento de casos de problemas crónicos como la diabetes, la insuficiencia renal o los problemas cardíacos, su intención de revertir este avance requiere aún mucho trabajo para lograr que la promulgación de una ley contribuya a cambiar comportamientos y patrones culturales enraizados en la cultura boliviana.

Países como Estados Unidos cuentan con este tipo de reglamentaciones desde hace mucho porque sus índices de obesidad son alarmantes y su población está expuesta a muchas afecciones que en poco tiempo reducirán sus expectativas de vida dramáticamente. Sin embargo, estos índices siguen en aumento y la realidad muestra que hace falta más que ordenanzas para que las personas logren estilos de vida más saludables.

Bolivia es reconocida por su exquisita culinaria y cada región del país tiene su sello propio en la elaboración de platillos y en su forma de consumirlos. Será difícil cambiar desde arriba la forma de prepararlos y consumirlos; habrá que educar a la población sobre lo bueno y no bueno de estas prácticas culturales y habrá que hacerlo desde la escuela para que cualquier reglamentación tenga futuro y no quede como una etiqueta más en los productos nacionales.

La promulgación de esta ley es un buen inicio pero su reglamentación debería estar coordinada con el Ministerio de Educación para que éste incluya en la currícula de la educación formal contenidos que eduquen desde los primeros cursos sobre una nutrición saludable y sobre la prevención de la obesidad, la presión arterial elevada y las consecuencias de la falta de actividad física y ejercicio.

Y, una vez reglamentada, su aplicación requerirá además del apoyo de instancias como el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor para que controle lo que se expende en los colegios y promueva el consumo de alimentos saludables en los recreos. Por su parte, el Ministerio de Comunicación debería crear espacios regulares de difusión de mensajes para sensibilizar a la comunidad sobre un tema que interesa a todos: prevenir enfermedades.

Breves de la salud

Malos hábitos

Psicólogos de la Universidad de Bath, Inglaterra, sostienen que los acontecimientos importantes de nuestra vida, como la compra de una vivienda o el cambio de trabajo, tienen un papel clave en la eliminación de los malos hábitos, informa ´The Telegraph´.

Comida chatarra

El hábito del consumo de la comida denominada chatarra creció significativamente en las ciudades Latinoamericanas, según un informe reciente de una universidad en México.

Concejales aprobaron ley que sanciona “trameajes”

Concejo aprobó ayer la Ley Municipal Autonómica para el Servicio de Transporte de Pasajeros, el cual califica al “trameaje” como una falta gravísima y pasible a sanción económica, informó el legislador Fabián Siñani.

La ley, aprobada con los votos de los concejales de Soberanía y Libertad (Sol.bo) establece sanciones tanto para conductores como para operadores (sindicatos de transporte). Asimismo, las faltas están categorizadas como: leves, graves y gravísimas.

Entre las infracciones gravísimas se encuentran la modificación de la ruta asignada y los recorridos aprobados y autorizados, exceptuando casos de fuerza mayor o caso fortuito.

El incumplimiento del recorrido aprobado y autorizado, exceptuando casos de fuerza mayor o caso fortuito, además el fraccionar el recorrido aprobado y autorizado genera el cobro de la tarifa vigente, por tramos (trameaje). Negarse a llevar pasajeros, entre otros aspectos.

Las infracciones graves son para quienes no respeten los derechos de los usuarios, la capacidad del vehículo motorizado, utilizar los espacios públicos como mingitorios y otros.

Las infracciones leves son para quienes no exhiban las tarifas aprobadas por la autoridad municipal competente, también para quienes exhiban anuncios o letreros con contenido lascivo o discriminador, entre otros.

El concejal Siñani afirmó que también presentó al pleno del Concejo un documento para reglamentar la norma, en la cual sugiere la sanción con Bs 100 para los choferes que comentan las faltas gravísimas.

Recordó que la nueva ley aprobada por el Concejo Municipal es complementaria a la Ley Municipal de Transporte aprobada el año 2012.

“Hay una sanción de Bs 15 para las infracciones graves, 20 para las gravísimas, que es absolutamente insuficientes y que no está a la altura de las infracciones que cometen los transportistas”, declaró en conferencia de prensa el concejal Siñani.

miércoles, 3 de febrero de 2016

Anteproyecto prevé 20 días para acceder a la información pública



El anteproyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, entregado ayer por la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) al Senado, prevé un plazo máximo de 20 días hábiles para que todas las instituciones del Estado proporcionen datos requeridos con “dificultoso acceso”.

“(...) Las entidades públicas deberán proporcionar la información en el plazo máximo de 10 días hábiles. II. Si la información solicitada es compleja o de dificultoso acceso, fenecido el plazo se fijará uno adicional de 10 días (20 en total), mismo que le será comunicado al peticionario”, señala el artículo 9 del anteproyecto de ley.

El documento con 18 artículos fue enviado al presidente del Senado, José Alberto Gonzales, informó la presidenta de la APLP, Lupe Cajías. Agregó que la propuesta tiene base en la Ley Modelo de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Agregó que la persona individual o colectiva que pida información no necesita justificar razones porque simplemente estaría ejerciendo su derecho a solicitarla; y la entidad tiene el plazo de 10 días para resolverlo, y un máximo, pidiendo un plazo especial, de 20 días si es complejo.

“Si una persona no recibe la información, puede acudir al juez y aquí se plantea un trámite muy rápido para que el jurista resuelva a favor del peticionario”, explicó Cajías, tras indicar que este punto debe ser tratado en la Cumbre Judicial prevista para abril.

Derecho. La Constitución Política del Estado, en su artículo 21, señala como uno de los derechos el “acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva”. El 26 de enero, el Concejo Municipal de La Paz aprobó la Ley de Acceso a la Información Municipal, que establece suspensión de la función del servidor como sanción para quien incumpla la obligación de entregar los datos y la documentación de manera amplia y en tiempo oportuno.

La propuesta de la APLP no incluye una sanción a la institución ni a un funcionario en específico, sino deja que sea la ciudadanía la que evalúe; pero “entidad que no cumpla será aplazada en transparencia”, resaltó su presidenta. Añadió que el documento no necesita de una reglamentación.

Una vez aprobada la normativa, las instituciones públicas tendrán el plazo de un año para crear un portal de transparencia que incluya datos como la hoja de vida de sus funcionarios, la escala salarial, el Plan Operativo Anual y formas de contratación. La propuesta de ley será derivada a una comisión. Cajías recordó que hay un plazo de 15 días para su revisión. Según el presidente de la Comisión de Constitución, Milton Barón, no hay plazos para la aprobación.

Detalles sobre el Contenido

Pago

El solicitante deberá pagar solo el costo del material que origine la reproducción de la información requerida.

Oficial

Se propone el nombramiento de un oficial de información, quien será responsable de velar la entrega de datos y la actualización de éstos de forma permanente.

Formato

Si la institución tiene distintos formatos, el oficial asignado consultará al solicitante cuál de ellos prefiere.

Opiniones sobre la propuesta de la APLP

‘Analizaremos el contenido’: Rolando Villena, defensor del Pueblo

“El acceso a la información pública es un derecho fundamental para la democracia, la transparencia en la gestión estatal y para la rendición de cuentas. Analizaremos su contenido para saber el alcance, el enfoque y orientación, y el contexto en el que se aplica”.

‘Se le dará la mayor celeridad’: Milton Barón, Comisión de Constitución

“Me parece pertinente, de hecho los servidores públicos tenemos la obligación de informar a la ciudadanía; lo público es de todos y el acceso a la información, obviamente, debe ser irrestricto. Si llega a la Comisión de Constitución se dará la mayor celeridad”.

‘Que tenga mejor suerte’: Franz Chávez, Asociación Nacional de la Prensa

“La ANP espera que la iniciativa de la APLP tenga mejor suerte que el truncado proyecto del Ministerio de Transparencia, que adolecía de restricciones, las cuales terminaban por anular el propósito de facilitar el conocimiento ciudadano sobre el accionar de funcionarios”.

martes, 2 de febrero de 2016

APLP presenta proyecto de ley de acceso a información

La Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) presentará hoy ante la Asamblea Legislativa (ALP) el proyecto de ley sobre Acceso a la Información Pública, cuya característica es garantizar a la ciudadanía el derecho constitucional que le asiste de acceder a la información de instituciones públicas que deben transparentar su información con el principio de apertura y no de secretismo.

Este proyecto de ley tiene el respaldo logístico de la Fundación Konrad Adenauer, según informa el periódico digital Oxigeno.

El proyecto de ley, a entregarse a la Asamblea Legislativa, se elaboró desde el año pasado, con base en un primer anteproyecto de ley, que fue puesto a consideración de representantes de periodistas de todo el país, organismos de control social, expertos y otros, quienes aportaron con ideas y propuestas que fueron recogidas en el documento final.

La línea base del proyecto es el Modelo de Ley de Acceso a la Información que aprobó la Organización de Estados Americanos, después de la experiencia de la implementación de normativas en el continente, sus beneficios y los desafíos que enfrentaron.

El texto pasó el control de calidad constitucional y acorde con la normativa internacional y las convenciones internacionales contra la corrupción y por la transparencia, además de otros documentos que fueron suscritos por Bolivia en sus distintas etapas. Contó con el respaldo de la abogada Susana Peñaranda, quien como diputada fue la primera persona que impulsó una normativa para mejorar la transparencia pública y el control social en 2001.

Esta iniciativa de la APLP se enmarca en el objetivo primordial institucional de lograr garantizar la libertad de prensa, expresión e información que asiste constitucionalmente a los bolivianos y bolivianas dentro de un estado democrático.

El Acceso a la Información Pública es una de las mejores herramientas para prevenir la corrupción y fortalecer la democracia.

lunes, 1 de febrero de 2016

NUEVA LEY DEL DEPORTE Montaño: "tenemos que beneficiar al deporte no las entidades"

El ministro de deportes, Tito Montaño, manifestó que ya se tiene todo listo para promulgar la nueva Ley del Deporte, que según explicó está centrada en beneficiar al deporte nacional, y no así a las entidades como las asambleas departamentales y municipales que observaron esta nueva ley.

"Tenemos que privilegiar el deporte no las entidades que conforman asambleas y que el único fin que tienen son cotear el deporte y las decisiones con respecto al desenvolvimiento de los deportistas y también a lo que concierne todo el sistema deportivo nacional", manifestó Montaño.

Aportando a este concepto, afirmó que en esta nueva ley no se toman en cuenta a las asambleas municipales y departamentales, sin embargo señaló que cada departamento y municipio deberá elaborar su propia ley del deporte, obviamente basándose en la ley nacional donde tendrá la tuición de mantener o descartar a las asambleas.

"Tenemos que privilegiar principalmente al trabajo del deportista y eso es lo que ha hecho que en la Ley Nacional del Deporte no se consideran lo que son las asambleas departamentales pero es tuición también tanto de la gobernación como de la alcaldía que en su propia ley quieran incorporar o no a las asambleas", explicó.

Ante esta situación, el presidente de la Asamblea Municipal del Deporte, Pedro Valda, en entrevista con LA PATRIA, señaló que esta nueva ley es una imposición ya que nunca se tuvo sociabilización con la participación de las entidades deportivas, de esta manera dijo que esta ley estaría "matando" al deporte asociado.

"Lamentablemente el estado con esta norma lo único que está haciendo es anular el sistema de fiscalización que tenían los ciudadanos bolivianos a través de las entidades deportivas, no quiere control social el Estado con esta nueva ley del deporte, es una ley centralista porque a través del Ministerio de Deportes se está centralizando el reconocimiento desde un club hasta una asociación departamental o una federación", manifestó Valda.

Asimismo dijo que una vez que se apruebe la nueva ley del deporte, cumpliendo la ley dijo que disolverán la Asamblea Municipal del Deporte, pese que según explicó el ministro será tuición de cada municipio y departamento que sigan constituidas estas entidades.

"En el marco de la ley de autonomías, en el caso de esta entidad como la asamblea municipal hemos planteado dentro la elaboración de las cartas orgánicas que se reconozca a una entidad que aglutine a las asociaciones, y esto es paradójico porque la Constitución Política del Estado, da el derecho de ser representado, pero en la ley del deporte vulneran este derecho, ahora los gobiernos municipales o departamentales teniendo la ley del deporte que van querer que se creen instituciones que van a fiscalizar será un poco difícil", afirmó.

Cabe destacar que con esta nueva ley del deporte una vez que se ponga en vigencia, se suprimirá a Ley del Deporte 2770 que hasta la fecha está en vigencia.

martes, 26 de enero de 2016

Villena presenta proyecto de ley del Defensor y propone revisión extraordinaria de condenas ejecutoriadas



La Defensoría del Pueblo planteó la incorporación en la economía jurídica del recurso de Revisión Extraordinaria de Sentencias Condenatorias Ejecutoriadas cuando se presuma violación de derechos humanos en un proyecto de ley para adecuar a la institución al nuevo marco jurídico “garantizando su independencia, autonomía y sostenibilidad”.

El defensor del Pueblo, Rolando Villena, entregó la propuesta de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional y explicó que la iniciativa “responde a la urgencia de definir las competencias, organización, atribuciones y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo frente a los nuevos desafíos y necesidades que deberá enfrentar la institución en el plazo inmediato”.

La iniciativa establece que el Defensor es y debe ser una persona independiente de los partidos políticos y de cualquier otro grupo o interés, además debe tener legitimidad pública y amplio reconocimiento por la defensa de los derechos humanos

En la propuesta, de 66 artículos y tres disposiciones transitorias divididas en cuatro capítulos, se establecen 23 atribuciones, entre ellas, proponer y formular políticas públicas y políticas de Estado con enfoque de derechos humanos; plantear el recurso de Revisión Extraordinaria de Sentencias Condenatorias Ejecutoriadas cuando se presuma violación de derechos humanos.

También detalla ampliar funciones a la actividad administrativa de los órganos del Estado, instituciones públicas centralizadas, descentralizadas, autónomas, autárquicas y desconcentradas, entidades territoriales autónomas y las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos; tiene competencia sobre empresas públicas, empresas mixtas, cooperativas y empresas privadas que presten servicios públicos.

“El Proyecto de Ley obedece a la necesidad de adecuar la actual Ley 1818 a los nuevos preceptos establecidos en la Constitución Política del Estado en relación a los derechos humanos y, principalmente, a los principios del Estado Plurinacional. Asimismo, responde a la urgencia de definir las competencias, organización, atribuciones y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo frente a los nuevos desafíos y necesidades que deberá enfrentar la institución en el plazo inmediato”, explicó Villena.

En la carta dirigida al titular de la Cámara de Senadores, Alberto Gonzales, solicitó una reunión a la brevedad posible para explicar en mayor detalle los alcances de la propuesta.

La Ley 1818 del Defensor del Pueblo, que actualmente rige la labor de la institución, fue promulgada en 1997 por el extinto presidente Hugo Banzer y su contenido se basó en el sistema del Ombudsman europeo, modelo que se implementó en varios países de América.

Villena explicó que existen atribuciones específicas de la Defensoría del Pueblo contempladas en las nuevas leyes del Estado Plurinacional que no se encuentran en la Ley 1818 y que debido a los vacios existentes, algunas instituciones asumen funciones y responsabilidades que le competen a la institución defensorial.

Indicó además, entre otros aspectos, que es importante que ámbitos como la despatriarcalización, la descolonización, la autonomía y el pluralismo jurídico, ejes de construcción del Estado Plurinacional, estén incorporados en la Ley para que deje de existir esa brecha entre la nueva visión de derechos humanos y la planificación y acción defensorial.

Paralelamente comenzará un proceso de socialización para informar sobre el contenido del Proyecto de Ley a diversas instituciones y organizaciones de la sociedad civil organizada y recibir aportes a la propuesta legal.

De acuerdo con la propuesta, la Defensoría del Pueblo debe mantenerse como una institución independiente de los órganos del Estado y tener autonomía funcional y de gestión en el ejercicio de sus funciones. No recibir instrucciones de ninguna autoridad, institución u organización de cualquier índole; asimismo, es una entidad con autonomía funcional, financiera y administrativa en el marco de ley.