sábado, 25 de febrero de 2017

Senado sanciona ley para 22.000 hectáreas de coca

La Cámara de Senadores sancionó ayer la Ley General de la Coca, con la cual Bolivia se convierte en país productor legal de 22.000 hectáreas de cultivo de coca, en las regiones de los Yungas (La Paz) y el Chapare (Cochabamba).

El documento, que fue objetado por los parlamentarios opositores y que al mismo tiempo da fin a la Ley 1008 (del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, vigente desde 1988), fue remitido al Órgano Ejecutivo para que el presidente Evo Morales la promulgue en las próximas horas.

La nueva norma autoriza la producción de la hoja de 14.300 hectáreas para de La Paz y 7.700 hectáreas entre las provincias del Trópico.

Según el artículo 16 de la Ley General de la Coca las zonas autorizadas, en La Paz, para producción de la hoja son:

“Provincias Nor Yungas, Sud Yungas e Inquisivi. En la zona de producción originaria y ancestral, bajo registro y catastro, están las provincias Pedro Domingo Murillo, Ildefonso de las Muñecas y Franz Tamayo. La zona de producción, bajo registro y catastro, está en parte de las provincias Caranavi, Bautista Saavedra y Larecaja (Poroma y Santa Rosa de Mapiri) y parte del Municipio de La Asunta de la Provincia Sud Yungas”, señala textualmente el documento.

Mientras que en el departamento de Cochabamba, las zonas autorizadas de producción, bajo registro y catastro, son: Chapare, Carrasco y Tiraque.

El uso de la coca está autorizado para el acullicu, pijcheo, coqueo o boleo; para tradiciones rituales, medicinales, alimenticios, investigativos e industriales.

UNIÓN EUROPEA

De acuerdo con los monitoreos de la Naciones Unidas, Bolivia tiene en la actualidad 20.200 hectáreas de cultivos de coca, principalmente, en los Yungas y Chapare; en tanto, un estudio financiado por la Unión Europea, en 2013, estableció que la demanda legal solamente requiere como máximo unas 14.700 hectáreas cultivadas.

JUSTIFICACIÓN DEL GOBIERNO

El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, señaló que la hoja fue estigmatizada por muchos años, por ello fue importante que el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras sustente los pilares más importantes de la cultura boliviana, como es la producción de la coca.

“Lo más importante ha sido desatanizar a la hoja de coca, descriminalizarla, despenalizarla, liberarla. Estamos hablando de una Hoja Sagrada que no merecía ser estigmatizada de la forma en que se lo estaba haciendo, desde la Ley 1008”, dijo finalizada la sesión.

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, quien asistió al hemiciclo del Senado, explicó que la antigua Ley 1008 era anticonstitucional, mientras que el contenido de la actual norma se basa fundamentalmente en la revalorización, producción e industrialización de hoja de coca.

“Nosotros tenemos proyecciones de consumo, de acuerdo a lo que tenemos hoy por hoy necesitaríamos producir ya no solamente 20 mil toneladas, requerimos producir cerca de 25 mil toneladas, tal vez sea necesario incrementar las zonas de producción, ya que el estudio de Conapi sólo toma en cuenta el acullicu, no toma en cuenta la posibilidad de investigación, no toma en cuenta la posibilidad de industrialización”, afirmó Cocarico.

Explicó también que en el país existen sólo dos mercados legales: el de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), en la zona de Villa Fátima, de la ciudad de La Paz, y el mercado de Sacaba, en Cochabamba.

PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN

El ministro Cocarico explicó que de los mercados legales, la comercialización sólo podrá ser realizada por comerciantes minoristas o los mismos productores, a los que se denomina “productores a detalle”.

Estos comerciantes deben tener permisos, que son emitidos por la Dirección de Comercialización e Industrialización de la Hoja de Coca (Digicoin). Con el permiso podrá retirarse la producción del mercado legal para trasladar al lugar de consumo.

El proceso se realizará de la siguiente manera: El comerciante deberá pagar una tasa a dicha institución, depositar el monto establecido en el Banco y, mediante una hoja de ruta que será asignada por Digicoin, podrá recogerse la producción y sólo después proceder a la trasportación de esta.

La forma de control para la transportación cuenta con varios puntos de inspección: La compra que se transporta del mercado legal, debe pasar por los lugares de registro establecidos. El comerciante minorista puede llevar hasta diez taques, un productor comerciante puede un máximo de ocho taques. En los lugares donde ambos tienen sus puestos de venta, ésta sólo puede realizarse con la venta por detalle al consumidor.

La norma establece que es el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, el encargado en regular, autorizar, acreditar y fiscalizar la circulación, transporte y comercialización de la hoja de coca, a través de licencias o autorizaciones.

DISCONFORMIDAD

El senador opositor Yerko Núñez cuestionó que no se tengan estudios por parte del Gobierno respecto al tema, por lo cual señaló que la nueva norma tiene fines políticos, lo cual pondría en riesgo la vida e imagen de los bolivianos ante la mirada internacional.

“Nosotros necesitamos un estudio para poder aprobar una ley, claramente se nota las intenciones políticas del Gobierno, se quiere legalizar 7.700 hectáreas en el Chapare, que más del 90 por ciento va para fines ilícitos”, sostuvo Nuñez.

Por su parte, el diputado de Unidad Demócrata (UD), Wilson Santamaría, también manifestó su rechazo a la nueva norma, alegando que el incremento es injustificado.

“Nosotros respaldamos que la hoja de Coca es milenaria, ancestral, tradicional y patrimonio del pueblo boliviano, pero rechazamos el incremento injustificado, hemos subido casi el cien por cien, sin un estudio demostrado que argumente la necesidad de incrementar para el acullicu, bajo el crecimiento poblacional y el avance demográfico”, declaró a EL DIARIO.

En ese sentido, observó que la mayoría oficialista de la Asamblea Legislativa aprobará con rapidez la Ley de la Coca.

Desde el oficialismo, la diputada Juana Quispe aseguró que si existen los controles necesarios que garantizan que la hoja sagrada no es desviada al narcotráfico.

viernes, 24 de febrero de 2017

Ley 1008 a punto de desaparecer Diputados aprobó Ley de Coca que amplía a 22 mil hectáreas

La Cámara de Diputados aprobó ayer, en grande y en detalle el proyecto de Ley General de la Coca, el cual establece 22 mil hectáreas de extensión del cultivo de la hoja milenaria en los departamentos de La Paz y Cochabamba.

HOY EL SENADO INICIA SU TRATAMIENTO

“Con la aprobación de la ley general de la coca que delimita con precisión los cultivos de la hoja coca legal en el país, la Lay 1008 quedará plenamente eliminada, tras casi 29 años de vigencia, tiempo durante el cual, a nombre de ella, los gobiernos neoliberales perpetuaron hechos violentos a título de la lucha contra el narcotráfico”, afirmó la presidenta Diputados, Gabriela Montaño.

Se establecieron 22 mil hectáreas de extensión para el cultivo de la hoja de coca, luego de las negociaciones con los distintos representantes cocaleros, se acordó en la extensión a 14.300 hectáreas para el sector de los Yungas, y 7.700 hectáreas para el Chapare.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, explicó al pleno de la Cámara de Diputados, que objetivo del proyecto es “no permitir que la hoja sea ultrajada”, para que nunca más se intente desaparecerla.

“La ley general de la coca, en el Artículo 1, establece que tiene el objeto de normar la revalorización, producción, circulación, transporte, comercialización, consumo e industrialización de la coca en su estado natural, considerando que la hoja, en su estado natural, no es estupefaciente”, manifestó.

Asimismo, el Ministro de Desarrollo Rural recordó que en la Ley 1008 se establecen tres zonas de cultivo de coca: las tradicionales, las de transición y las zonas ilícitas, pero que con el Proyecto se delimita dos zonas: las autorizadas y las no autorizadas.

En el departamento de La Paz, las zonas autorizadas son las de producción ancestral en las provincias Nor Yungas, Sud Yungas e Inquisivi, y de producción ancestral bajo registro y catastro en las provincias Caranavi, Pedro Domingo Murillo, Idelfonso de las Muñecas, Franz Tamayo y parte del municipio de La Asunta.

Añadió que en el departamento de Cochabamba, las zonas autorizadas están ubicadas en parte de las provincias Chapare, Carrasco y Tiraque.

En ese marco, la presidenta Montaño aclaró que las 22.000 hectáreas que se autoriza en el Proyecto generarán 30.900 toneladas métricas de coca, de las cuales se consumirían en el país en 2017, por usos y costumbres, 24.785 toneladas métricas, en tanto que el resto iría a la investigación, industrialización y a la exportación.

sábado, 18 de febrero de 2017

Ley de Coca moviliza a productores de Yungas

Por la protesta de los cocaleros paceños, la Plaza Murillo nuevamente está cercada, impidiendo el ingreso a transeúntes.

Los movilizados esperan que este fin de semana sean recibidos por el presidente Evo Morales.

Los productores de la hoja de coca de los Yungas paceños marcharon ayer, desde oficinas de la Asociación departamental de Productores de Coca (Adepcoca) –en la zona de Villa Fátima- hasta inmediaciones del principal centro político del país, plaza Murillo, exigiendo la ampliación de cultivo legal de su producción, como se autorizó en el Chapare.

El proyecto de ley de la hoja de coca no fue aún tratado por el pleno de la Asamblea Legislativa, pero sí ha sido considerado y aprobado por la Comisión de Tierra y Territorio de la Cámara de Diputados.

MOVILIZACIÓN

Los productores de la hoja de coca de Yungas llegaron visiblemente molestos hasta la sede de Gobierno, para expresar su rechazo al tratamiento de un proyecto de ley que amplía el cultivo legal de producción en el Chapare y no así en el norte paceño.

Antes que llegaran hasta la Plaza Murillo, un contingente policial cercó el centro político del país, para evitar que los manifestantes ingresen hasta el lugar. Asimismo, los funcionarios que requerían llegar hasta aquel centro debían hacerlo presentando sus credenciales, el resto de la población no podía hacerlo.

Los productores yungueños aseveraron que los asambleístas por el Movimiento al Socialismo (MAS) los traicionaron, porque el proyecto de ley de la hoja de coca no beneficia a todos los sectores, sino solamente al Chapare, de donde es el presidente Evo Morales recibe apoyo para su tercera reelección en el 2019.

Al respecto, el dirigente de Adepcoca, Franklin Gutiérrez, dijo que su sector rechaza el proyecto del Ley, porque sólo legaliza 13 mil hectáreas de coca para el departamento de La Paz, mientras que permite al trópico de Cochabamba 7 mil hectáreas de sembradíos, más de lo que ahora posee.

La molestia fue mayor cuando se enteraron que la mañana del jueves la comisión Tierra y Territorio de la Cámara de Diputados, trató el documento para aprobar los aspectos técnicos.

“Trataron un documento que no fue consensuado con el sector de los Yungas paceños y en esa comisión lo aprobaron en grande, eso quiere decir que lo pasarán a plenaria y, como siempre acostumbran, todos van a alzar la mano y querrán aprobar una ley que el Gobierno presentó”, declaró el representante de Adepcoca.

ESTÁ PENDIENTE

En tanto, el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzáles, aclaró que la Asamblea Legislativa no considerará el viernes ni el fin de semana el proyecto de ley de la hoja de coca. Asimismo, indicó que por el momento se encuentra pendiente una reunión entre el presidente Morales y los dirigentes cocaleros.

Afirmó que la Comisión parlamentaria solo aprobó un “informe que luego pasará al pleno, donde están todos los diputados y se aprueba en primera instancia, luego pasará a la Cámara de Senadores”.

Por su parte, la diputada Romina Pérez pidió a los productores de hoja de coca dejar de realizar movilizaciones.

En tanto, la diputada de Unidad Demócrata (UD) Griselda Muñoz, a tiempo de expresar su rechazo a la aprobación del proyecto de ley de coca, manifestó que la finalidad del proyecto es mantener la relación del Gobierno del MAS con los productores del Chapare.

DATOS DE UNODC

De acuerdo a un reporte de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en los Yungas de La Paz los cultivos de coca redujeron de 14.200 a 14.000 hectáreas, y en el Trópico de Cochabamba, de 6.100 a 6.000 hectáreas, es decir, 200 y 100 hectáreas menos, respectivamente entre 2014 y 2015. Ambas regiones representan el 99% de la superficie de cultivos de coca. En las provincias del Norte de La Paz se detectó un incremento de 130 a 150 hectáreas.

miércoles, 15 de febrero de 2017

Cinco artículos Plantean inconstitucionalidad a ley de identidad de género 807

La Defensoría del Pueblo y los movimientos sociales (Lgtbi) presentaron ayer 5 observaciones de inconstitucionalidad a la Ley 807, mismas que fueron entregadas al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

La Adjunta para Vigencia y Ejercicio de los DDHH de la Defensoría del Pueblo, Tamara Nuñez del Prado, señaló que el Tribunal Constitucional aceptó la demanda de acción de Inconstitucional Abstracta en Contra de la Ley 807, la cual fue presentada por Horacio Poppe, Maida Paz Callau y Julio Grover Huanca, en conjunto con la plataforma por la Vida y la Familia.

Tal demanda –según explica– tendría puntos contradictorios y no llegaría a argumentos contundentes, lo cual presentarían como antecedentes los derechos de los niños y niñas, y alegatos respecto a la unión entre personas del mismo sexo, aspecto señalado como inconstitucional.

La Defensoría del Pueblo y los movimientos sociales Lgtbi plantean las siguientes observaciones: La normativa nacional que favorece la vigencia y ejercicio de los derechos humanos de la población Lgtbi, siendo que la Ley 807 defiende los derechos humanos de la población nombrada; existe la normativa Internacional que fundamenta la necesidad de asegurar los derechos humanos de las poblaciones Lgtbi, a la cual el Estado Plurinacional se ha suscrito;

Indicó que dejar sin efecto los artículos demandados de la Ley 807, resultaría un retroceso significativo para el país, expresó. En la Conferencia, se pidió que se disponga la inconstitucionalidad de los siguientes artículos de la Ley 807 de la identidad de género.

Al mismo tiempo, la Adjunta para Vigencia y Ejercicio de los DDHH de la Defensoría del Pueblo manifestó que los puntos de petición son los siguientes: artículos 1,3 en su numeral 4,7,8,9 en cuanto a la frase dato de sexo y su definición inserta en esas disposiciones por ser incompatibles con los artículos 9 numeral 2 y 14 apartado I, III, IV de la CPE.

Artículo 10 (confidencialidad) Ley 807 es incompatible con el Art. 66 de la CPE que reconoce el derecho a la reproducción sexual de las personas, por otro lado el Art. 11 numeral II Ley 807 vulnera los artículos 63 y 64, que reconocen el matrimonio y uniones libres estables, entre hombre y mujer bajo conceptos distintos en la Ley 807.

domingo, 22 de enero de 2017

Decreto dispone uso de papel reciclado en oficinas públicas

El Decreto Supremo 3013, aprobado el 7 de diciembre pasado, establece que todas las entidades públicas del nivel central de gobierno deben emplear papel reciclado en todas las actividades que requieran ese material. Dispone además que las gobernaciones y municipios promuevan y prioricen esa práctica.

Según la parte considerativa de la norma, “el papel y cartón constituyen hasta un 90 por ciento de los residuos generados en las oficinas del sector público, las cuales se constituyen en los principales demandantes de papel, por lo que es necesario adoptar una política responsable en el consumo y reciclaje en el sector público, a través de la producción de papel reciclado con precios accesibles y competitivos, evitando la deforestación de nuestros bosques, ahorrando energía, sustituyendo las importaciones y fortaleciendo la industria nacional”.

En ese sentido, el decreto tiene por objeto regular el uso del papel reciclado en las entidades públicas del país, las cuales, en el caso del nivel central del Estado, “deberán introducir el papel reciclado en todas las actividades que impliquen el uso de papel”, se lee en la norma.

En cuanto a las entidades territoriales autónomas, municipios y gobernaciones, se establece que, en el marco de sus competencias, podrán promover y priorizar el uso de papel reciclado.



CERTIFICACIÓN Además, ese papel debe contar con el certificado del Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA), mediante el cual se garantice que el material adquirido es ecológico y libre de cloro.

Según el decreto, los sobres, carpetas, cajas, embalajes y otros papeles considerados especiales “deberán contener fibra reciclada en la medida de sus disponibilidad en el mercado nacional”. La norma exceptúa del uso de papel reciclado a las publicaciones o documentos que requieran otro tipo de papel.

Finalmente, el decreto contiene disposiciones relativas a buenas prácticas en el uso del papel en la administración pública. Señala que los servidores públicos “deben hacer buen uso del papel asignado para su trabajo” y que las diferentes dependencias del gobierno central “promoverán la reducción del uso de papel y su aprovechamiento máximo, así como el reciclaje de residuos de papel y cartón para su reincorporación al ciclo productivo”.



RESIDUOS De acuerdo con información del Ministerio de Medio Ambiente y Agua a diciembre de 2015, se calcula que en Bolivia se generan cada día alrededor de 5.170 toneladas de residuos, lo cual representa aproximadamente 1,9 millones de toneladas cada año. De esos desechos, el 55,2 por ciento son residuos orgánicos, el 22,1 por ciento son reciclables y el 22,7 por ciento son basura, es decir que no puede ser aprovechados.

Según ese despacho, aunque cerca del 80 por ciento del total de los residuos podría ser aprovechado mediante formas diferentes de tratamiento, generando beneficios para el medio ambiente y la economía del país, ello ocurre actualmente solo con el 4 por ciento.

En octubre de 2015, se promulgó en el país la Ley de Gestión Integral de Residuos, cuya reglamentación es coordinada entre el Ejecutivo y los gobiernos subnacionales.




viernes, 20 de enero de 2017

Analizan proyecto de ley de empleo para discapacitados

El Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto se reunió ayer con representantes de las personas con discapacidad del país en Cochabamba para analizar un proyecto de ley que propone la inserción laboral de este grupo poblacional en los sectores público y privado, además de la creación de un bono municipal.

De acuerdo a la propuesta normativa, el 4 por ciento del personal de instituciones públicas deberá estar conformado por personas con discapacidad, o bien sus padres, madres, cónyuges o tutores. Mientras que las entidades privadas mínimamente deberán tener a un 2 por ciento de este grupo de personas en sus filas.

El proyecto de ley también sugiere la creación de un bono municipal de 250 bolivianos para personas que tengan discapacidad grave y muy grave. Estos recursos serían financiados con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), Coparticipación Tributaria y otros.

El Defensor manifestó que este proyecto reivindicará los derechos postergados de esta población en situación de vulnerabilidad.

Al finalizar la reunión, los representantes de las personas con discapacidad anunciaron que la propuesta de ley será analizada y validada en un taller nacional de ese sector, donde se espera la presencia del Defensor.

martes, 17 de enero de 2017

En 2016, Diputados aprobó más de 100 proyectos de ley

La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, presentó ayer en Santa Cruz su Rendición de Cuentas correspondiente a la gestión 2016 dónde destacó que en su gestión se aprobaron 109 proyectos de ley de los 389 presentados durante la legislatura 2016-2017.

“Quiero destacar la labor que realizaron las 12 comisiones que en última instancia, deriva en el pleno de la Cámara encargada de analizar, aprobar o rechazar proyectos de ley provenientes de diferentes instancias como son los órganos del Estado”, explicó.

Montaño remarcó la participación de las mujeres en el Parlamento con más de 50 por ciento, siendo Bolivia el segundo país del mundo con esa política.

Enfatizó que un 28 por ciento de diputados sean menores de 35 años, “lo que permitirá construir del presente y el futuro del país”.

Asimismo, dijo que el trabajo fue con plena transparencia y honestidad fundamentado en la constante interrelación con los sectores sociales que participaron de forma masiva en el evento llevado adelante por la Cámara de Diputados.

Montaño detalló que las leyes aprobadas se enmarcaron en las áreas económica, hidrocarburífera, recursos naturales, social, contratos de crédito, y acuerdos además de tratados internacionales.

Explicó que la Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado es una norma clave que establece lineamientos generales de planificación para todos los niveles del Gobierno.

“No hay Estado serio y fuerte si no se planifica con miradas similares; cada región, municipio, tendrá sus especificidades, pero tiene que tener lineamientos generales de una planificación estratégica”, recalcó.

En el rubro de hidrocarburos, subrayó la aprobación no sólo de contratos petroleros, sino, y sobre todo, de proyectos de ley para convertir al país en productor de energía eléctrica, para no depender exclusivamente de la renta por la exportación hidrocarburífera.

En lo social puso especial énfasis en la Ley de Identidad de Género que permite el cambio de nombre, imagen y sexo en las cédulas de identidad de personas transexuales y transgénero.

En esa línea, Montaño remarcó la Ley de seguridad Ciudadana, que establece procedimientos ágiles para que los gobiernos subnacionales inviertan mayores recursos en seguridad ciudadana.