sábado, 23 de julio de 2016

Diputado plantea cambio y mejoras a la ley forestal



Frente a la subida del precio de la materia prima para los carpinteros, al igual que otros aspectos como el contrabando y la forma de remate de madera que realiza la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT), el diputado Alex Mamani del Movimiento al Socialismo (MAS), junto con una comisión de carpinteros, propondrán ante instancias nacionales la modificación de la Ley Forestal Nº 1700.

Mamani informó que sostuvo una reunión con los carpinteros del barrio Simón Bolívar, quienes expresaron su preocupación por los precios de la madera, razón por la cual, muchos abandonaron este rubro en búsqueda de nuevas fuentes laborales. “La madera, en 2015 estaba a unos 180 a 200 bolivianos, ahora está llegando a 250 o 280 bolivianos”, agregó.
Asimismo, informó que la modificación de la normativa contemplará un trato más justo para los carpinteros, para que éstos accedan a la compra de la madera decomisada a un precio económico y no sólo los particulares o comercializadoras que ni siquiera pertenecen al rubro, como hace unas semanas se dio a conocer.
Otra de las propuestas hará referencia a la exportación, es así que solicitarán que antes de vender la madera al exterior del país, primero se priorice la cobertura para el mercado interno.

Cierre de empresas
Según Mamani, debido a las condiciones de este oficio, muchos carpinteros abandonaron el rubro y optaron por diferentes actividades, “algunos se dedicaron al comercio o trabajan de taxistas”. Y esta situación afecta al país, puesto que quienes se dedicaban a esa área dejan de tributar al Estado y a su vez, con el cierre de sus pequeñas o medianas empresas, disminuyen las fuentes laborales.

Reunión
En este marco, se prevé una reunión en La Paz, el próximo viernes 29 de julio entre el diputado Alex Mamani, carpinteros de diferentes departamentos, y los responsables del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y del Ministerio de Desarrollo Productivo del Gobierno Nacional.

jueves, 21 de julio de 2016

Proyecto de ley laboral propone generar empleo

La generación de empleo y mejoras a las condiciones laborales son algunas de las reformas propuestas en el proyecto de ley denominado precisamente Ley General del Trabajo y el Empleo, cuyo primer borrador fue presentado ayer, en esta ciudad, a empresarios y académicos.



Entre sus observaciones, los representantes de la Federación de Entidades Privadas Empresariales de Cochabamba (FEPC) reiteraron la necesidad de que la normativa incluya la participación de obreros, empleadores y Estado.

Ley General del Trabajo y el Empleo es el nombre del proyecto de ley elaborado por la denominada “Mesa Laboral”, que reúne a especialistas, académicos y abogados laboristas que trabajan hace casi tres años para modernizar la ley laboral actual, que data de hace más de 70 años.

Richard Villca, uno de sus miembros, explicó que la generación de empleo es “clave” y precisa la participación del Estado para incentivar la contratación de nuevos trabajadores.

Puesto que el empleo no puede estar separado de la capacitación, señaló Villca, tiene que haber una política de incentivos de parte del empresariado y el Estado tiene que dar las condiciones.

Entre otras reformas, la propuesta mantiene la jornada laboral de ocho horas, pero que tanto hombres como mujeres trabajen 44 horas, pues la diferenciación que se hace actualmente (40 horas para mujeres y 48 para hombres), sumada a que no pueden trabajar de noche y tienen descansos pre y posnatales son “insostenibles y están ocasionando menor empleo para mujeres. “Es el efecto perverso de una norma proteccionista”, apuntó Villca.

Otro planteamiento es la racionalización del bono de antigüedad y estandarizar la vacación a 20 días, tanto para el novato que inicia su primer empleo como para aquel empleado que tenga 30 años de antigüedad. La razón es que, por ejemplo, una vacación de 40 días puede llegar a ser insostenible para el empleador y generar despidos. Esta diferenciación y otras, como la falta de empleo para jóvenes, son algunas de las brechas que el proyecto de ley busca equiparar.

El laboralista Gonzalo Crespo añadió que propone además que los trabajadores tengan derecho a la huelga si el empleador no paga los aportes a la seguridad social de corto y largo plazo o si se retrasa en el pago de sueldos por 15 días, entre otros temas.

El presidente de la FEPC, Federico Diez de Medina, destacó que el documento incluya la participación y responsabilidad del Estado debido a que, en el actual contexto, problemas como el contrabando, cuyo control es competencia estatal, ocasionan despidos y competencia desleal a la industria nacional.

También hizo notar que hay decretos y leyes que dan preferencia al producto nacional pero el Estado no los hace cumplir.

Por su parte, el director ejecutivo de la FEPC, Alberto Arze, destacó que percibe “un justo equilibrio” entre mantener la estructura tradicional para no generar desequilibrio y medidas progresistas, como el incentivo tributario a las empresas por la capacitación de recursos humanos.

Sin embargo, observó el artículo que deja en manos del Estado la fijación del incremento salarial, cuando la política salarial debe responder al tripartismo y a criterios lógicos y económicos.

En el conversatorio, auspiciado por la Fundación de Apoyo al Parlamento y a la Participaciñon Ciudadana (Fundappac) y la Fundación Konrad Adenauer, Villca destacó la necesidad de recoger una extensa normativa laboral dispersa para actualizar la ley laboral, algo que además permitirá “blindarla” para evitar vulnerar la jerarquía normativa.

Esta iniciativa será presentada ante la comisión a cargo en la Asamblea Legislativa, luego de ser socializada. Villca insistió en que es un documento perfectible y revisable.

miércoles, 20 de julio de 2016

Proyecto de ley busca prohibir venta de cigarrillos al por menor

El director de la Sección Tabaco del Ministerios de Salud, Willy Alanoca, adelantó ayer que el proyecto de ley contra el tabaco buscará eliminar la venta por raleo y la de las cajetillas de 10 unidades, como una de una medida de carácter sanitario.

Apuntó que el Ministerio de Salud, sobre la base de estudios que ha realizado sobre contaminación ambiental en lugares cerrados y evaluando las estrategias de la industria tabacalera, elaboró un proyecto de ley, rescatando la experiencia nacional e internacional.

“Esperemos socializar con los otros ministerios y recibir apoyo; por ejemplo, este proyecto de Ley elimina la venta de cajetillas de cigarrillos de 10 unidades y por unidad; sin embargo, debe ser socializado y esperemos que hasta fin de año este proceso pueda ser presentado al órgano legislativo”, dijo.

Señaló que Bolivia no es un país productor de tabaco, pero reporta altos índices de consumo, lo que significa un problema de salud pública. El 25% de la población boliviana consume tabaco, los departamentos que reportan mayor consumo son: La Paz, 33%, Sucre, 32%, Oruro, 30% y Santa Cruz, 25%.

Según la “Radiografía del Tabaquismo”, en Bolivia 12 personas mueren diariamente a causa de la exposición al humo o consumo del tabaco.

Alanoca aseguró que el Ministerio de Salud coordina una agenda interinstitucional con la Misión del Convenio Marco para el Control del Tabaco, con el objetivo de analizar y evaluar los avances que tiene el país, frente al consumo del tabaco.

“Se ha preparado una agenda con varios sectores del país para abordar el tema del tabaco y posteriormente elaborar un Plan de Acción, para reducir su consumo en Bolivia y proteger a la exposición del humo de tabaco ajeno, como una de las medidas más efectivas que deben priorizarse”, manifestó.

lunes, 18 de julio de 2016

La Ley del Servidor Público anulará contratos en línea

El anuncio oficial del Gobierno de abrogar el Estatuto del Funcionario Público y reemplazar por una Ley del Servidor Público, según Elmo Pérez, secretario general de la Central Obrera Boliviana (COB), entre muchos aspectos todavía a ser considerados a favor los trabajadores, eliminará los “contratos en línea”.

Según el ejecutivo de la COB, dicha figura laboral que se impuso en los últimos 15 años, en muchas entidades privadas y sobre todo públicas del Gobierno central, las gobernaciones y municipios del país, fue aplicado como mecanismo de contratación de los servicios personales y profesionales vulnerando los preceptos de la Ley General del Trabajo.

"El objetivo es ese: debe desaparecer esa distorsión de ley laboral con la figura de contratos en línea. Entonces eso debe cambiar, dado que los contratos en línea han vulnerado el derecho de los trabajadores donde no se les reconoce aguinaldos, vacaciones, bajas médicas, tienen que facturar y lo peor que hacen las tareas propias de una persona que tiene contrato bajo el parámetro de la Ley General del Trabajo", señaló.

Por su parte, Bruno Rojas, investigador laboral del Cedla (Centro de Estudios Para el Desarrollo Laboral y Agrario), observó que “es tramposa” la propuesta del Gobierno en sentido de abrogar el Estatuto para simplemente reemplazar por una Ley de Servidor Público. "Entonces, se mantendría esencialmente el espíritu del estatuto actual que significa anular los derechos colectivos, el derecho a la protesta, el derecho al reclamo y el derecho al ejercicio de las libertades individuales. Lo ideal es volver dentro el marco de la Ley General del Trabajo como lo fue antes de 1985", manifestó.

Necesaria delimitación. Según el experto Rojas, el Estatuto del Funcionario Público en vigencia es parte de un largo proceso del nuevo modelo de reforma estructural implementado a partir 1985, cuya norma se aplicó en 1999. "El Estatuto responde a tres objetivos: primero el hecho de negar el concepto de trabajador relacionándolo a simple funcionario administrativo; segundo responde a anular los derechos colectivos (organización, protesta y sindicalización); y tercero responde a recomendaciones de organismos internacionales", precisó.

Sin embargo, Pérez señaló que la nueva norma en su elaboración ameritará un consenso pormenorizado, dado que implicará precisar la figura del “servidor público” en función a las instancias públicas ya definidas en el que deben ser aplicados.

"Hay que identificar, aclarar y establecer de quiénes deben ser entendidos como servidores públicos. Por ejemplo, que no pueden ser entendidos como servidores públicos aquellas personas que trabajan en las empresas descentralizadas del Estado, en los sectores de salud municipales, eso se debe delimitar", argumentó.

No obstante, adelantó que necesariamente los servidores públicos deben ser entendidos a aquellos que están vinculados a cargos bajo nombramientos políticos y puestos laborales, también bajo esa misma figura.

"Ya hay un borrador de esta ley y yo creo que con el trabajo de la COB podríamos tener una ley satisfactoria para los funcionarios públicos, que ahora pasarían a denominarse servidores públicos”, sostuvo el pasado domingo Álvaro García Linera, vicepresidente del Estado. Al respecto, las instancias gubernamentales respondieron a El Día, que dicho borrador es objeto de tratamiento por un equipo técnico del Gobierno. La COB estima que la norma estará lista en los próximos 15 días.

Marco de negociación. El ministro de Educación, Roberto Aguilar, informó la pasada semana que el diálogo con la Central Obrera Boliviana (COB) no ha concluido por lo que los trabajadores plantearon resolver el tema del régimen laboral y la recontratación de los 180 extrabajadores de Enatex. Y por su parte, el Gobierno planteó que no es posible recontratar a los 180 trabajadores al azar "como lo están queriendo plantear porque hay un debate que eran 286 como planteaban los fabriles o los 180 como planteaba la COB", complementó.

Alcances
La negociación entre COB-Gobierno se basa en nuevas normativas

Compromiso. Un decreto se refiere a que toda empresa que estuviera trabajando en el contexto del Estado y que permaneciera en el marco laboral continuará, ninguna migrará ni se transformará en entidad diferente. En cambio, el otro decreto supremo es referido a los alcances de la cobertura de protección a los trabajadores en el ámbito público y privado para que no se aplique el decreto 2765 (cierre de Enatex).

Ley laboral. Según la COB, en el ámbito del pliego petitorio, en esta negociación también se habló de aprobar la nueva Ley General del Trabajo hasta fin de año.

Analizan incluir ley de acoso callejero en el código penal



El acoso en las calles es una práctica que se vive día a día desde hace muchos años, no sólo en Bolivia sino en diferentes partes del mundo. Es por ello que actualmente en la mesa técnica de la Asamblea Legislativa donde se trata la “Reforma del Sistema Penal Boliviano”, analiza la propuesta denominada Ley de Acoso Sexual Callejero.

Esta normativa tiene la finalidad de sancionar a las personas que realicen actos como piropos ofensivos, tocamientos, entre otros.
El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Lino Cárdenas, manifestó que la propuesta de Ley fue presentada por una diputada de la oposición, Shirley Franco. Posteriormente pasó a la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados. Allí se hizo un análisis de la materia y vieron pertinente remitirlo a la mesa técnica.
Cárdenas informó que este anteproyecto de ley está orientado a modificar un artículo del código penal, exactamente el 323. Sin embargo, lo que correspondería hacer es trabajar una reforma estructural en su totalidad y no aprobarla como una ley suelta o añadida al Código Penal. Pero la decisión final la tendrá la mesa técnica, quienes luego de terminar su análisis determinarán su viabilidad total, parcial o no viabilidad.
La propuesta tuvo muchas repercusiones y causó polémica en el ámbito nacional, y a su vez, también tuvo el apoyo y respaldo de organizaciones femeninas.
Pero, según Cárdenas, se debe considerar este anteproyecto dentro de todo un sistema estructural penal ya que, actualmente, muchas de las figuras legales están plasmadas en otras disposiciones legales, tales como el Código Penal Boliviano, así como en la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (Ley 348).

Plazos
Cárdenas expresó que no existen plazos específicos para la aprobación de la ley. Pero aclaró que se tiene previsto que en octubre de esta gestión entre en vigencia el nuevo sistema penal boliviano. Porque en agosto será tratada por las comisiones tanto de senadores como diputados, luego pasará al pleno de diputados y senadores. Entonces, allí se podrá conocer si se implementó o no la propuesta de ley de acoso sexual callejero.

¿Qué se sancionará en la Ley de Acoso?

El anteproyecto de Ley contra el Acoso Callejero pretende sancionar comportamientos como los comentarios obscenos, los tocamientos, la filmación del cuerpo de la mujer sin su consentimiento o el exhibicionismo en público ya que “Se trata de un conjunto de conductas con connotación sexual, llevadas a cabo contra una persona sin su consentimiento”, dijo en su momento, la diputada Shirley Franco.
Asimismo, detalló que las agresiones pueden ser verbales (comentarios) o no verbales (jadeos, gestos), captación de material audiovisual, abordaje, exhibicionismo, masturbación, persecución o contacto corporal, por ejemplo, agarrones o roces.
Se pretende que existan sanciones económicas desde 500 bolivianos hasta un arresto por 8 horas de la persona implicada, dependiendo de la gravedad de la acción.
En la campaña denominada “Cartas de Mujeres Bolivia” realizada en el 2014 y 2015 se recogieron 17.000 testimonios de mujeres que hacen referencia a este tipo de acoso sexual callejero en los nueve departamentos del país.
A su vez, según datos de la Defensoría del Pueblo y de las ONG de mujeres, Bolivia cerró 2015 con 93 casos de feminicidios y respecto a los procesos, más de 26.000 denuncias de violencia doméstica. Estos datos sitúan al país en los primeros puestos de Latinoamérica.

viernes, 8 de julio de 2016

Tezanos presenta propuesta para Ley de Defensoría del Pueblo

El defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, presentó ante la Asamblea Legislativa Plurinacional una nueva propuesta para trabajar el proyecto de ley de la Defensoría del Pueblo, documento que ya se encuentra en esta instancia para su análisis, debate y consenso.

La autoridad informó que se tuvo un intercambio de criterios con asambleístas que trabajan en el tema a fin de definir las directrices de discusión bajo los contenidos de la Constitución Política del Estado, que señala las nuevas atribuciones para la entidad defensorial.

VIOLENCIA

Por otra parte, Tezanos Pinto, tras reunirse con representantes de las Víctimas de Violencia Política de los Gobiernos Inconstitucionales y Usurpadores de la Voluntad Popular, presentó a la Asamblea Legislativa Plurinacional, el proyecto de ley para la creación de la Comisión de la Verdad, Memoria, Justicia y Reparación para esclarecer las graves violaciones de derechos humanos: persecución político-sindical, prisión, detenciones arbitrarias, lesiones e incapacidades calificadas, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, violencia sexual, exilio, destierro, residenciamiento político, muerte por violencia política y todo hecho de violencia acontecido del 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre de 1982.

martes, 5 de julio de 2016

Tribunal declara que Ley 351 permite cerrar ONG

“La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional (…) resuelve Declarar: la constitucionalidad de los arts. 7.II de la Ley de Otorgación de Personalidades Jurídicas, en la frase ‘…organizaciones no gubernamentales y fundaciones…’ y su numeral 1 en la expresión: ‘La contribución al desarrollo económico y social’; y, el art. 19 inc. g) en su integridad del DS 1597 de 5 de junio de 2013”, se lee en el fallo del TCP, citó la agencia de noticias ANF.

La resolución concluye que “no se advierte desconocimiento, vulneración y menos lesión a los principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa, resultando por ello (las normas en cuestión) son constitucionales”.

INCONSTITUCIONAL

En agosto de 2015, el exdefensor del Pueblo, Rolando Villena, tildó de “inconstitucional” la Ley 351 debido a que vulnera el derecho a la libre asociación para conformar Organizaciones No Gubernamentales.

Pidió que esta pueda ser revisada en profundidad en el Tribunal Constitucional Plurinacional, instancia a la que presentó, en 2013, un recurso de inconstitucionalidad en contra de la norma.

El recurso presentado, en junio de 2013, va en contra dos artículos de la Ley 351 y del Decreto Supremo 1597. Ambas normas facultan al gobierno a disolver una ONG o fundación sin argumentar razones y sin autorización judicial.

Además, para reconocerlas obligan a que estas adapten sus estatutos y objetivos a los planes gubernamentales de desarrollo. La ley también establece que los activos de estas entidades serían tomadas por el Estado “35 días después” de anunciada su disolución.

El director del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib), Marco Gandarillas, expresó su preocupación por el fallo en su cuenta de Facebook.

“Hablamos de la libertad de asociación. Sin este derecho simplemente no existe la democracia”, manifestó. Sugirió que ahora lo que queda es elevar el recurso a una instancia internacional.

El objetivo de la Ley 351 es la otorgación y registro de personalidad jurídica a organizaciones sociales, ONG, fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro que desarrollen actividades en el territorio nacional.

En junio de 2015, el presidente Evo Morales advirtió, en un evento público, que se expulsará del país a cualquier ONG o fundación que intente perjudicar la exploración de hidrocarburos.

ADVERTENCIA

En agosto de 2015, el vicepresidente Álvaro García advirtió al menos a cuatro ONG –Milenio, Cedib, Tierra y Cedla– con expulsarlas del país si interfieren en la actividad política del país.

Además, las acusó de recibir financiamiento del extranjero, defender intereses foráneos y difundir datos erróneos.

“Esa es la política de esas ONG y ese discurso de fondo lo defienden con mentiras, con datos erróneos, hacen política. Entonces, por supuesto que nosotros también decimos: señores de la ONG usted no tiene derecho a entrometerse en asuntos políticos en nuestro país, si se entromete se va afuera”, aseguró García.

Dos meses antes, el presidente Morales también amenazó con expulsar de Bolivia a cualquier ONG o fundación que intente perjudicar la exploración de hidrocarburos. “Quiero decirles que cualquier ONG o fundación que perjudique la exploración de los recursos naturales se va a ir de Bolivia, compañeras y compañeros. No necesitamos instituciones del extranjero que vengan del exterior, que vengan a perjudicarnos”, afirmó en ese entonces el Jefe de Estado.