lunes, 22 de septiembre de 2014

Se busca socializar Ley Nacional de Juventudes con estudiantes

La organización Jóvenes por Oruro, a través de conferencias magistrales y charlas busca socializar a los estudiantes la Ley Nacional de Juventudes, para que de esta forma puedan ejercer sus derechos y conocer cuáles son sus obligaciones.

El presidente de dicha organización, Dennis Vallejos manifestó que se pretende que los estudiantes de los diferentes establecimientos educativos puedan participar en la socialización de esta ley, donde se trate los diferentes artículos que tiene la norma.

Mencionó que en recientes días brindó una conferencia magistral a estudiantes de la pre y promoción del colegio Donato Vásquez, explicó que los temas que se fueron abordando se refieren a los artículos sobre participación social, los derechos de los jóvenes, y se enfatizó en el tema de obligaciones.

Señaló que es necesario que los estudiantes conozcan esta normativa, para que puedan ejercer sus derechos, pero también sepan cuáles son sus obligaciones, ponderó que existe el interés de los estudiantes en involucrarse en esta normativa, por ejemplo en la conferencia participaron algo más de 200 estudiantes, para esta actividad se contó con el apoyo de la Dirección de Igualdad de Oportunidades (DIO) del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO).

Sostuvo que el propósito es que este tipo de conferencias se realice en las diferentes unidades educativas, tomando en cuenta que Oruro en próximos días contará con una ley municipal de la juventud que será remitida al Concejo Municipal para su aprobación, para que los jóvenes defiendan sus posiciones, es vital que se empoderen de esta norma.

Aseveró que a la fecha se tiene programado realizar una charla sobre la Ley de Juventudes en dos colegios de la zona periurbana, además se conversó con centros de estudiantes de diversos establecimientos para ir socializando esta norma.

Mencionó que conocer el alcance de la norma permitirá que sea como una herramienta para tener mayor madurez política y ciudadana, además ser responsable con el medio en el que se vive.

domingo, 21 de septiembre de 2014

Indígenas temen que Ley del notario los deje sin tierra

Los pueblos indígenas del oriente y la Amazonía temen que el Gobierno tenga una estrategia para quitarles tierras y que la nueva Ley del Notariado sea una de las armas que usaría para este fin. La denuncia fue hecha por el presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Adolfo Chávez, un asesor legal de la institución, el candidato por el Partido Verde, Fernando Vargas, además de la magistrada del Tribunal Constitucional, Soraida Chánez, hoy suspendida de sus funciones. De hecho, el mismo presidente y candidato por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales Ayma, dejó claro que se viene un debate sobre las tierras indígenas en el país.

Chávez consideró que el hecho de que los notarios ya no sean elegidos por las cortes de justicia junto con el Consejo de la Magistratura, sino por el Ministerio de Justicia, como señala la nueva ley 483, dará luz verde al atropello del Poder Ejecutivo no solo en las comunidades indígenas, sino también en propiedades privadas.

“La Ley del Notariado va camino a que ningún ciudadano pueda tener dos o más propiedades, y que las tierras indígenas sean parceladas”, insistió.

Chávez teme que grupos como los cocaleros se mimeticen con los verdaderos indígenas y los convenzan para que, a sola firma de un notario, un puñado de familias creen una nueva comunidad indígena con su propio territorio, donde podrán cultivar coca. Todo esto en el marco del artículo 35 de la nueva ley que señala que el notario podrá otorgar la personalidad jurídica de una comunidad, de forma gratuita y a pedido de autoridades indígenas.

“Diplomáticamente el Gobierno va a perforar los territorios indígenas y a las propiedades privadas”, enfatizó.

El candidato a la Presidencia por el Partido de Bolivia y presidente de la subcentral del Territorio Indígena Parque Isiboro Sécure (Tipnis), Fernando Vargas, recordó que el artículo 2 de la Constitución reconoce automáticamente la existencia de naciones y pueblos indígenas, y su dominio ancestral sobre sus territorios, por lo que no se justifica la intervención de un notario elegido por el Gobierno.

Vargas consideró que esta ley apunta a ser usada para crear dirigencias paralelas en comunidades indígenas, favoreciendo su creación, cuando en el fondo serán una forma camuflada de desconocer las estructuras orgánicas de los pueblos indígenas y dotar de territorio a otros pobladores afines al Gobierno. “Esta ley no solo es anticonstitucional, sino que promoverá la destrucción de los parques nacionales y territorios indígenas como el Tipnis”, advirtió.

Adicionalmente, de acuerdo al artículo 37, el notario podrá ‘certificar’ los usos y costumbres. “Existe el peligro de que si un notario no da fe pública de una práctica en una comunidad, no se la consideraría como uso y costumbre”, advirtió el abogado Guido Melgar. También observó el hecho de que los notarios puedan abrir un libro especial para registrar la personalidad jurídica de las comunidades, cuando la Constitución no exige la personalidad jurídica.

La Cidob tratará este tema en una asamblea consultiva a escala nacional, cuya fecha todavía está por definirse.

El control total

La magistrada procesada por suspender la aplicación de la Ley del Notariado, Soraida Chánez, lamentó que esta norma sea sinónimo de intervención de la jurisdicción ordinaria sobre la jurisdicción indígena originaria. “A partir de esta ley, la jurisdicción indígena podría protocolizar documentos ante los notarios, cuando en sus costumbres y su visión ancestral no existen notarios. Darles esa competencia es inmiscuirse en la jurisdicción indígena”, dijo.

Según Chánez, el objetivo final del Gobierno es tener el control total de los actos privados, documentos y titulaciones privadas no solo de los indígenas, sino de todos los bolivianos.

“Es inconstitucional (la ley) y malintencionada, es una intromisión en la justicia ordinaria. Muchas leyes han salido para tener el control de todo el actuar de las personas”, lamentó.

El Gobierno lo niega

El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Lucio Marca, aclaró que en ninguna parte de la ley 483 del Notariado apunta a entorpecer la institucionalidad de los pueblos indígenas. “Ellos tienen su propia institucionalidad, en base a sus usos y costumbres, ese es el marco constitucional que se respeta; la ley del Notariado en ningún momento va a entorpecer eso, el notario solo es depositario de todos los actos y hechos jurídicos que los ciudadanos van a suscribir”, aseguró.

Según explicó, la creación de una comunidad será un acto voluntario de los dirigentes indígenas y no una acción arbitraria de los notarios. “Hay un principio básico de autonomía, el notario tendrá que consultar a los dirigentes antes de otorgar una personalidad jurídica, él no decide”, puntualizó.

La ley se promulgó en enero, pero falta la reglamentación

sábado, 20 de septiembre de 2014

Un proyecto de ley plantea que las FFAA sean autosostenibles

El senador y excomandante general del Ejército, Marcelo Antezana, presentó un proyecto de ley para que las Fuerzas Armadas (FFAA) sean autosostenibles a partir de su participación en la cadena productiva de recursos no renovables.
"Siempre hubo reclamos de otros sectores porque las Fuerzas Armadas consumen buena parte del presupuesto general, por eso nace la idea de un autosostenimiento para que participen con socios estratégicos en toda la cadena productiva de recursos naturales no renovables, menos hidrocarburíferos”, explicó el jefe militar retirado.
El proyecto fue presentado hace varios meses para su revisión en la Cámara Baja, pero no se tomó en cuenta "tal vez porque fue presentado por la oposición”, sostuvo Antezana.
En el documento se indica que las FFAA participen en contratos aprobados por ley con socios estratégicos, quienes aportarán tecnología y capital para la exploración de los recursos naturales (especialmente mineros), además de encargarse de la administración de la sociedad.
Las FFAA proporcionarán seguridad y personal para la explotación, y su participación en cada una de las fases de la cadena productiva determinará el porcentaje de sus ganancias, entre las de otros actores.
Así, la institución castrense dejará de depender total o parcialmente de los recursos que anualmente recibe del Tesoro General de la Nación (este año se presupuestaron 165 millones de bolivianos para sostener a la tropa), los cuales se destinarán a educación y salud.
Es probable que se necesite hacer una reforma parcial de la Constitución, aunque Antezana se respalda en el artículo 244 que señala: "las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental (...) participar en el desarrollo integral del país”.

La participación de la institución castrense en el desarrollo económico del país no es nueva. Ya el 10 de noviembre de 1972 se creó Cofadena, que precisamente tiene socios españoles.

Un servicio militar voluntario
El proyecto de autosostenibilidad de las Fuerzas Armadas está ligado al cambio del servicio militar obligatorio al voluntario.
La meta es reducir el personal de las FFAA, para profesionalizarlo y mejorar su rendimiento y productividad.
Sobre la base del proyecto, se eliminará el bono socorro de 80 bolivianos que mensualmente reciben los soldados y se pagará un salario mínimo nacional que actualmente está fijado en 1.440 bolivianos.

sábado, 13 de septiembre de 2014

Ley 026 prohíbe usar gestión pública en campaña

La gestión pública o la entrega de obras que sea utilizada por una organización políticas como parte de su campaña proselitista es considerada como una falta electoral de acuerdo a la Ley 026 por lo que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) recordó a todos los candidatos evitar estos actos.

La presidenta del TSE, Wilma Velasco, indicó que el artículo 119 de la Ley del Régimen Electoral “señala que a partir de hoy día (ayer) están prohibidas la utilización de imágenes de entrega de obras en sus spots. Es una prohibición señalada en la Ley”.

La organización política que incurra en esta falta electoral el TSE como primera medida ordenará la suspensión de dicho material propagandístico. “Posteriormente aplicaremos la multa correspondiente calculando la tarifa más alta registrada por los medios de comunicación”.

Según la Ley 026, no se pueden utilizar imágenes de entrega de obras públicas, bienes, servicios o proyectos. Asimismo, no se pueden usar colores ni símbolos patrios ni se puede ofrecer prebendas o dinero que esté dirigida a provocar la abstención electoral. Prohíbe que la propaganda electoral sea anónima, que atente contra la sensibilidad pública, que atente contra la honra, dignidad y/o privacidad de las candidatas o candidatos y de la población en general, tampoco puede promover a la violencia, discriminación y la intolerancia.

Inician reglamento de Ley Juventudes

La III Asamblea Municipal de Juventudes empezó a trabajar ayer en la reglamentación de la Ley de Juventudes . Más de 1.000 estudiantes de colegios y de universidades participaron en la primera sesión del evento.
"Hoy (ayer) empezó oficialmente (el trabajo de) la reglamentación; luego que el alcalde, el 1 de septiembre promulgará la Ley Municipal de Juventud”, dijo el delegado de juventudes de la Alcaldía, Óscar Sogliano.
La reunión fue en coliseo Catacora, situado la zona Norte. El trabajo del reglamento se concluirá en 20 encuentros juveniles en los distintos macrodistritos, que analizarán temas de seguridad, empleo, salud y educación.
Se prevé que el documento de la reglamentación esté finalizada para enero o febrero del próximo año. Sogliano destacó que uno de los avances es el programa de Mi Primer Empleo, que da trabajo a los jóvenes.
Recordó que la ley prevé un carnet juvenil para dar referencia -en transporte, teatro y espacios de arte y de deporte- a la población. Anticipó que en el tema de seguridad ciudadana, los jóvenes trabajarán en brigadas y voluntariado, y recibirán capacitación en tecnologías.

jueves, 11 de septiembre de 2014

Morales promulga ley que permite la reducción de edad de jubilación por trabajos insalubres

El presidente Evo Morales promulgó hoy la Ley 573, que establece la reducción de la edad de jubilación por trabajos insalubres, que solo en el sector de la minería se prevé que beneficiará potencialmente a 3,652 trabajadores.

"Un pequeño aporte para este sector insalubre para esos hombres y mujeres sacrificados entiendo perfectamente en minas, industrias debe ser muy sacrificado", dijo.

El ministro de Economía, Luis Arce, manifestó que la norma alcanza a trabajadores de ladrilleras, cementeras, elementos tóxicos y gases, además de la minería, entre otros.

Indicó que se realizará un estudio técnico-científico que definirá los años de reducción para la jubilación de un trabajador que desarrolla su actividad en condiciones insalubres.

Morales, destacó el cumplimiento de la Asamblea Legislativa, que aprobó la norma rápidamente, luego que el 6 de agosto se presentó el proyecto de ley, junto con la propuesta del aguinaldo para beneficiarios de la Renta Dignidad, que ya fue promulgada.

Reflexionó, en la oportunidad, sobre la importancia de "cuidar" la economía para invertir en proyectos que beneficien a los bolivianos y no para "privatizar" y aseguró que el aparato productivo fue reactivado, por lo que ahora se apunta a su potenciamiento.

viernes, 5 de septiembre de 2014

Aguardan que se promulgue ley de reducción de edad



Después de que el 19 de agosto el Senado sancionó sin cambios el proyecto de Ley de Reducción de Edad por Trabajos Insalubres, solo se aguarda la promulgación de la norma por parte del presidente Evo Morales.

El senador Andrés Villca, miembro de la Comisión de Autonomías Departamentales de la Cámara Alta, informó ayer que la ley sancionada fue remitida al Órgano Ejecutivo para su pronta promulgación. Dicha norma reducirá la edad de jubilación del sector minero y otros que laboran con riesgo para su salud.

“Se sancionó sin modificaciones el proyecto de ley”, sostuvo. La normativa establece que los trabajadores mineros beneficiarios deberán contar con un estudio técnico del sector, que se realice por una comisión técnica que determine el riesgo de la actividad para la salud.

Este estudio técnico para la declaratoria de trabajo análogo deberá ser realizado por el Instituto Nacional de Salud Ocupacional (Inso), el Instituto Nacional de Seguros de Salud (Inases) y el Departamento Nacional de Medicina del Trabajo de la Caja Nacional de Salud (CNS).

Para otros sectores que trabajan en condiciones insalubres, se establece que deberán contar con un estudio técnico que contemple la reducción de la esperanza de vida respecto al tiempo de exposición a esas condiciones.