jueves, 17 de noviembre de 2016

Una ley en Santa Cruz combatirá el 'bullying'



El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Percy Fernández, envió al Concejo Municipal para su consideración un programa y proyecto de ley de prevención contra el acoso escolar (bullying).

Esta norma busca responder a las numerosas situaciones de acoso escolar que se presentan en las unidades educativas. Muchos de estos casos incluso han sido de conocimiento del Concejo Municipal, donde padres de familia han acudido a pedir que tomen acciones al respecto.

La documentación enviada ayer por el Alcalde al Concejo Municipal, fueron derivadas a las comisiones de Constitución, y de la Niñez, Adolescencia, Género y Asuntos Generacionales.

lunes, 14 de noviembre de 2016

Obsolescencia de la Ley 1178 ante el nuevo orden jurídico



Diseñada como un modelo de gestión pública dirigida a fortalecer la democracia y alcanzar la modernización en la organización administrativa del sector público, el 20 de julio de 1990 entra en vigencia la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales, convirtiéndose en un referente a nivel internacional para el adecuado manejo de los recursos públicos, al articular en un enfoque sistémico la planificación, la ejecución y el control. Esa normativa, en su momento, logró sus objetivos.

Empero, con la promulgación de la Constitución Política del Estado el 7 de febrero de 2009 y la aplicación del Modelo Económico Social Comunitario Productivo, surge un nuevo orden jurídico que marca el inicio del detrimento de esa ley, mal llamada SAFCO. Esto porque se modifica la estructura del Estado, que profundiza la descentralización administrativa en el marco de un régimen autonómico en proceso de consolidación, incorporando en algunos casos mecanismos dinamizadores en las contrataciones y administración de bienes de la gestión empresarial pública en un entorno diferente al previsto en la Ley 1178 —captación y uso de recursos económicos—, y poniendo límites al ejercicio del control gubernamental en cuanto a la determinación de indicios de responsabilidad por la función pública.

Por otra parte, los cambios en la referida norma legal, que ponen fin al ciclo de vida de la Ley 1178, se circunscriben en la forma de definición de las estrategias y políticas gubernamentales —nuevo sistema de planificación y de inversión pública—, que repercute en los alcances y procedimientos de la planificación a corto plazo y la ejecución del gasto público, principalmente los referidos al subsistema de contrataciones estatales. Sin dejar de lado que este proceso de obsolescencia se inicia al radicalizar el régimen de responsabilidad por la función pública como política de prevención, de transparencia, y política de lucha frontal contra la corrupción al aplicar reformas normativas y organizacionales.

Por ejemplo, en materia penal, con la incorporación de nuevos tipos penales y el aumento de la pena en los existentes, punitivizando inclusive infracciones administrativas en delitos, cuando no lo son, y en materia civil al establecer la imprescriptibilidad para las deudas por daño económico al Estado; situación violatoria a los derechos fundamentales de las personas porque nadie debe verse sometido a la posibilidad de una persecución indefinida y que no exista en su determinación un estudio de su origen —culpa o dolo—, ni considere el principio de la materialidad —análisis de costo/beneficio— para su recuperación.

Asimismo, la adopción de nuevas actividades por el órgano de control gubernamental al momento de determinar indicios de responsabilidad por la función pública elaborando informes circunstanciados, como un elemento alternativo que rompe el objeto y procedimientos de la auditoría, como herramienta que permite a la organización la aplicación de medidas retroalimentadoras para asegurar su adecuado funcionamiento, a partir del control financiero y de gestión y no como un instrumento sancionador.

El ciclo de vida de la Ley 1178 ha concluido y resulta imperante implementar una norma regulatoria para la administración financiera y el control, ambas compatibilizadas con el nuevo orden jurídico; una ley en la que se contemple de manera clara la diversidad institucional existente, procedimientos que fortalezcan la institucionalidad contando con recursos humanos calificados y probos —talento humano con capacidad profesional— y que permitan un verdadero ejercicio del control gubernamental, a partir de la aplicación de medidas preventivas orientadas a la concientización y al mejoramiento continuo y no a la sanción como medida ejemplificadora, sino más bien correctiva.

sábado, 22 de octubre de 2016

Reclaman que proyecto de ley sobre acceso a la información no prospere

A la fecha, Bolivia carece de una Ley de Acceso a la Información Pública, situación similar se presenta en Argentina, Venezuela y Costa Rica. Sin embargo, en el país se han planteado por lo menos cinco proyectos de ley que no fueron considerados o no llegaron a buen puerto.

En 2015, en un encuentro propiciado por la Organización de Estados Americanos (OEA) en La Paz, se instó al país contar con una norma que permita a los ciudadanos a conocer la gestión pública y evitar la reserva de información en la administración o función pública.

Uno de los últimos intentos en llevar adelante la consideración de este instrumento legal fue el planteado, el pasado 11 de abril, por las diputadas Jimena Costa, Fernanda San Martín de Unidad Demócrata (UD) y Jhovana Jordán del Partido Demócrata Cristiana (PDC) ante la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) pero que su trámite no prospera porque, al parecer, duerme el sueño de los justos en una de las comisiones.

El documento presentado, que consta de 34 artículos y dos disposiciones transitorias, establece una serie definiciones y especificaciones mínimas sobre la información mínima que deben difundir o entregar las entidades estatales, por lo menos 20, entre las que destacan revelar “el contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado la entidad pública y afecte al público como también sus fundamentos e interpretación de las mismas”.

Asimismo, se pide que se informe sobre “la relación de los convenios suscritos mencionando las partes, el objeto, el plazo de duración y las modificaciones realizadas”, entre otros aspectos que se contempla en el proyecto.

Por otro lado, debemos destacar que se plantea cinco excepciones para acceder a la información: cuando se trate de temas de “seguridad nacional, políticas de relaciones exteriores, seguridad pública, las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control, y protección de carácter personal”.

Bajo este concepto, el derecho a la información es una de las principales garantías constitucionales de los ciudadanos. Éste permite supervisar y controlar la gestión pública, evita la corrupción y promueve la rendición de cuentas de las autoridades y servidores públicos.

El proyecto propuesto por las diputadas de oposición plantea la creación de la “Comisión de Acceso a la información y Documentos Públicos” que tiene como finalidad el promover el acceso a la información y documentos públicos, la transparencia y publicidad de la información pública, fiscalizar el cumplimiento de la normativa sobre acceso a la información pública y promover la transparencia en las entidades públicas.



OTRAS INICIATIVAS LEGALES

De acuerdo a datos, el 2 de febrero de este año, la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) presentó a la presidencia de la Cámara de Senadores el “Proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública”; el 11 de abril, la bancada de oposición en la Asamblea Legislativa Plurinacional también planteó el proyecto de “Ley de Acceso a la Información y Documentos Públicos”. El sociólogo Henry Oporto publicó una tercera propuesta, el proyecto de “Ley Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno”.

A mediados de 2013, el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción difundió la versión del proyecto de “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, de 47 artículos. Pero, en diciembre de 2006, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos había presentado un proyecto similar, pero con la particularidad de que sólo contenía 27 artículos.

domingo, 16 de octubre de 2016

Rosamary Cuarite: Discapacitados esperarán ley hasta enero de 2017

Las personas con discapacidad se dieron una pausa en sus movilizaciones, con el objetivo de preparar nuevas estrategias, pero también están a la espera de la respuesta respecto al proyecto de ley que fija la nueva renta del sector. Y en enero de 2017 fenece el plazo para que las autoridades nacionales se pronuncien, cuya decisión determinará asumir o no medidas de presión, pero también buscarán firmas de apoyo de la población.

El contexto de las acciones a asumir y la propuesta del sector la dio Rosamary Cuarite, líder de la caravana de personas con discapacidad de Cochabamba, que presentó documentos sobre los atropellos y la propuesta que realizaron al Gobierno a la Convención de Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, en el mes de septiembre. La misma recibió el apoyo de los miembros de la convención.

PERFIL

Carismática y segura de sí misma, y muy emotiva cuando habla de las personas con discapacidad, Cuarite asegura: “La lucha no ha terminado, ya que el pedido no solo es para las personas con discapacidad de ahora, sino para las personas que vienen después, y no tengan que enfrentar las dificultades que ahora nosotros encaramos”.

Cuarite está postrada en silla de ruedas provocado por la meningitis, que afectó su movilidad, pero esto no le impide ser osada y afrontar con responsabilidad la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, hasta el punto que fue la primera en colgarse de los puentes en Cochabamba y La Paz.

Tiene los cabellos blancos y fue muy expresiva cuando relató su participación en la convención, que por cierto fue una sorpresa para las autoridades del Gobierno, que no esperaban a la representante del sector en la Convención.

VIAJE

El viaje hacia Ginebra fue una oportunidad para hacer conocer al mundo lo que pasa en Bolivia con las personas con discapacidad, y para lograr su objetivo hizo un trabajo de hormiga para obtener sus documentos y llegar a la Convención y hacer conocer la voz de sus compañeros y las penurias que pasaron durante los días de conflicto.

“La renta es un derecho de Bs 500 mensual, y los miembros de la convención apoyaron la propuesta y solicitaron a los representantes del Gobierno que se reúnan con nosotros, pero no quisieron”, cuenta Cuarite. Explicó que con la actual renta que perciben de parte del Gobierno, no es suficiente, además cuestiona que el sector reciba menos recursos a comparación de otros, ya que su renta anual llega a más de 2.000 bolivianos y en algunos casos la suma alcanza a 3.000.

Los compañeros mueren por falta de medicamentos, dijo en un tono de tristeza y mostró su impotencia por no poder hacer aún nada por ellos, a pesar de la consulta gratuita, la misma no es suficiente.

Y en materia de educación, la situación no es de las mejores, ya que los establecimientos educativos no están, en algunos casos, cerca de las personas con discapacidad, y no asisten por falta de recursos para trasladarse al lugar. Relató que la distancia de algunos miembros de la asociación, en el departamento de Cochabamba, provoca la erogación de recursos económicos, que las familias no lo tienen, ya que la distancia obliga a contratar taxis a un costo de Bs 30.

Por ejemplo, nombró a la zona de Villa Pagador, donde vive Cuarite, y dijo que para venir hasta la ciudad, se tiene que tomar un taxi y hasta la plaza principal el costo del mismo alcanza a Bs 30.

“Sin embargo, los representantes del Gobierno relataban toda una fantasía a los miembros de la Convención, yo solo atiné a agarrarme la cabeza, y ver con qué facilidad explicaban fantasías y la accesibilidad que tenían las personas con discapacidad cuya descripción está alejada de la realidad”, dijo.

En relación a la salud, “señalaron que teníamos medicamentos en todo el territorio nacional, y qué en educación, ésta llegaba hasta el último rincón del país; una realidad sólo en la cabeza de las autoridades nacionales”, cuestionó.

INFORMAN

“También informamos sobre las declaraciones de algunos ministros de Estado, que en pleno conflicto, indicaron que las personas con discapacidad no aportan nada, y un poco más nos trata como animales.Pero la realidad es otra, sí aportamos, de diferente manera. Las madres y las personas con discapacidad trabajan en sus pequeños negocios”, dijo.

DIRIGENTE

“La dirigente es de la zona del Chapare y conoce a Evo Morales, ya que asistían a sus reuniones en la región, cuando tenían concentraciones. Tomó la palabra del Presidente, que en una oportunidad indicó que hay que ser perseverante para lograr el objetivo y ahora le toma la palabra la dirigente. Cuenta que sus papás son del lugar. Pensaban que el conflicto iba a durar menos, ya que recibirían atención de parte del presidente Morales, pero la realidad fue otra, la indiferencia y la soberbia pudo más que la humildad y el diálogo”, sostuvo.

LEY

Explicó que los 42 puntos que se jactó el Gobierno están dentro de la ley, pero que en la mayoría de los casos no se cumplen y los miembros de la caravana no firmaron, a excepción de los traidores, que sí lo hicieron.

Y en el caso de centros de rehabilitación dijo que son “elefantes blancos”, claro está con algunas excepciones. Finalmente, Cuarite asegura, con esa seguridad que la caracteriza, que no pertenece a un partido político y que la única política que tiene es ayudar a sus afiliados, las personas con discapacidad; no teme a qué le investiguen, ya que no tiene “nada que ocultar”.

martes, 11 de octubre de 2016

Presentan reglamento para Ley Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres

El Ministerio de Justicia y Autonomías presentaron oficialmente el Decreto Supremo Reglamentario de la Ley Nº 243 Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres que establece mecanismos de prevención, atención y sanción contra actos individuales y colectivos de acoso y/o violencia política hacia las mujeres.

“Este decreto supremo reglamentará la prevención, sanción y atención de las mujeres víctimas de acoso y violencia política, de nuestras mujeres autoridades. Determinará una sanción administrativa que será aplicada en la Fiscalía y dentro de cada municipio. Bolivia es el primer país que tiene una ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres”, dijo la ministra de Justicia, Virginia Velasco, al momento de presentar oficialmente la normativa.

El Decreto Supremo Reglamentario se desarrolló en coordinación entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Autonomías, el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) y el Comité Impulsor de la Agenda Política y Legislativa que aglutina a todas las organizaciones representativas de mujeres.

Al respecto, el ministro de Autonomías, Hugo Siles, indicó que han desarrollado “una normativa y legislación innovadora, que de forma directa protege contra toda forma de violencia, acoso político, contra las mujeres autoridades, contra las mujeres que ejercen un cargo electivo”

Decreto

El Decreto Supremo Reglamentario tiene 3 capítulos, 20 artículos, 3 disposiciones adicionales y una disposición única.

Las Entidades Territoriales Autónomas Indígena Originarias Campesinas, en el marco de su jurisdicción y competencia, deberán incorporar medidas para la prevención, atención y sanción del acoso y violencia política hacia las mujeres indígenas originarias campesinas.

En 2017 prevén presentar proyecto de ley de partidos

El proyecto de Ley de Organizaciones Políticas, el que está en mesa de debate, deberá ser terminado en el 2017, año en que se espera que la Asamblea Legislativa pueda tratar la propuesta y aprobarla en grande y detalle, informó la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Katia Uriona.

Explicó que el Órgano Electoral empezó a trabajar en una propuesta de construcción colectiva del proyecto de Ley de Organizaciones Políticas, para ello se convocarán a todos los representantes departamentales, nacionales, actores del sistema político (los partidos que tienen registro a nivel nacional y los partidos que agrupaciones que tienen registros en los departamentos), además a las representaciones de las autoridades indígenas campesinas.

“En el marco de esa ley se discutirán todos los temas que hacen también a la necesaria democratización de las organizaciones políticas sociales para poder presentar una propuesta y el proyecto a la asamblea constituyente. Esperemos entrar en diálogo también con este poder del estado para poder tener hasta el próximo año una propuesta de Organizaciones políticas que es imprescindible también para el fortalecimiento de nuestra democracia en este sentido”, dijo Uriona.

De acuerdo con la explicación de la autoridad electoral, el proyecto abordará varios ejes temáticos que harán su estructura, su forma organizativa todo con miras a la democratización.

“Se tratará la forma de definición de candidaturas, el tema de recursos todos estos temas son constitutivos de una ley de organizaciones políticas”, indicó.

Se trata de un proceso que se encuentra en el diseño para iniciar esta consulta a nivel nacional.

Por su parte, el vicepresidente del TSE, Antonio Costas, sostuvo que es importante que se cuenta con esta normativa que permitirá que los partidos políticos puedan regirse.

“El mismo Órgano Electoral va proponer una nueva Ley de las Organizaciones Políticas que reflote el rol de ellos, que esté acorde a toda esta innovación que está ocurriendo a esta nueva participación que está ocurriendo”, dijo Costas.

En la elaboración del proyecto se tomará en cuenta la equidad de género y la promoción de líderes jóvenes serán otros temas que se pretende incluir en el proyecto.

martes, 4 de octubre de 2016

Legislativo considerará el 2017 dos leyes sectoriales

El presidente del Senado, José González, anunció ayer que la Asamblea Legislativa pondrá en agenda el próximo año la aprobación de nuevas leyes de Electricidad e Hidrocarburos.

FUNDACIÓN JUBILEO

Por su parte, el analista en temas de energía, Raúl Velásquez, señaló que la decisión de aprobar nuevas disposiciones normativas para el área de energía, es imperioso y necesario, pues ambas se hallan “desfasadas de la Constitución Política del Estado”.

“No existe, por el momento, ningún proyecto en curso. El próximo año seguramente tendrá que ingresar en agenda el tratamiento de nuevas leyes para electricidad e hidrocarburos”, declaró a EL DIARIO, la máxima autoridad de la Cámara Alta.

La necesidad de una ley de electricidad e hidrocarburos se hace imperiosa, en vista de que el Gobierno tiene planes con proyección estratégica, de convertir al país en el centro energético de la región.

“Si, por supuesto, hay necesidad, pero el próximo año se verán los temas”, aseguró Gonzales, ante preguntas periodísticas.

Similar criterio vertió el experto petrolero Boris Gómez, quien es Secretario Departamental de Energía e Hidrocarburos de la Gobernación de Tarija.

MINISTRO

El ministro del sector, Luis Alberto Sánchez, anunció las nuevas leyes, durante el Congreso de Gas y Petróleo que tuvo lugar en julio pasado, en Santa Cruz. En esa ocasión, Sánchez dijo ante el auditorio del Congreso que un avance en la nueva ley de Hidrocarburos sería la incursión de tareas de exploración y explotación petrolera, como ocurre al presente, en las reservas naturales del país.

ADECUACIÓN

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, anunció el año pasado la aprobación de una nueva ley de hidrocarburos que tenga por principio respetar los alcances de la Constitución Política del Estado (CPE). La ley de Hidrocarburos vigente fue aprobada en 2005 y debe ser adaptada –en su opinión– a la Constitución promulgada por el presidente Evo Morales en febrero de 2009.

DECRETO

En medio está el decreto de nacionalización de 1 de Mayo de 2006, que delegó a YPFB el control de toda la cadena productiva de gas y petróleo, en consonancia con lo dispuesto por la Carta Magna.

Sucede lo mismo con la Ley de Electricidad que fue aprobada en 1994 y desde entonces no fue modificada y rige, legalmente el desempeño de la industria en el Estado.

Ante la creciente demanda de energía –reportada sobre todo en la última década– y la falta de inversiones en el sector eléctrico, urge la elaboración de una nueva Ley de Hidrocarburos y Ley de Electricidad, señaló también el analista en asuntos de energía de la Fundación Jubileo.

“Ambas leyes se hallan desfasadas de la constitución y creo que se necesitan nuevas leyes”, afirmó el experto.

Desde su perspectiva, entre ambos instrumentos se podrá promover el ingreso de capitales externos para la exploración de nuevos yacimientos de gas para subir la producción, realizar una nueva certificación de reservas y consecuente promover una construcción e instalación de nuevos proyectos termoeléctricos.