sábado, 26 de julio de 2014

Ley de defensa animal plantea tipificar 8 delitos en el Código



La zoofilia (acto sexual con animales), tráfico, biocidio (matanza injustificada), apropiación indebida, incumplimiento a las normas de faena, homicidio, lesión y tortura contra cualquier especie son los ocho delitos que plantea un proyecto de ley.

María Chuca, diputada oficialista y proyectista de la Ley General de Defensa para los Animales, explicó que el propósito de la norma, tratada actualmente en la Cámara de Diputados, es determinar los mecanismos de defensa de las especies del país, establecer sus derechos y modificar el Código Penal para la inclusión de delitos.

En la disposición adicional (delitos cometidos contra animales y provocados por animales) del proyecto de ley se tipifica ocho tipos de delitos. “El primero es la zoofilia, que está referido a castigar con tres a cinco años de cárcel al que tuviese relación carnal con un animal o le introdujere objetos con fines libidinosos”, indicó la legisladora.

La apropiación indebida y el tráfico ilegal de animales domésticos será sancionado con uno a tres años de reclusión, y el biocidio animal, con tres a cinco años. “El proyecto establece sanciones para el que incurriere u ordene matar a un animal con ensañamiento, a consecuencia de tortura, intervención quirúrgica o tratamiento innecesario”, acotó.

Al respecto, la presidenta de Animales SOS, Susana del Carpio, mencionó en una anterior oportunidad que impugnará la norma debido a que no está de acuerdo con este punto. “Por ejemplo, si yo tengo dos perras longevas y me voy un día al exterior, sé que nadie las cuidará como yo. No las voy a exponer a que sufran, prefiero hacerlas dormir. Pero esa ley no contempla estas situaciones”.

El presidente de Qanasa Animales, Paulo Poma, cuestionó a Del Carpio al mencionar que la norma fue elaborada por más de 20 organizaciones defensoras de animales. “La señora participó en la redacción y nunca objetó. Sí pidió que se sancione y se prohíba el abandono de perros y gatos, pero eso es tuición de las municipalidades”.

Entre otros delitos, la norma plantea castigar la tenencia y tráfico ilegal de animales con cuatro a seis años de prisión; dos a cuatro años para el incumplimiento de normas vigentes de faena en animales de consumo. Las faltas de homicidio y lesión culposa (cuando fuere causado por ataque de un animal) tendrán sentencia de seis meses a seis años, y la tortura, de tres a cinco años.

miércoles, 23 de julio de 2014

Nuevo proyecto de ley del cine causa molestias

La Comisión de Trabajo de la Ley del Cine recibió, en días pasados, un anteproyecto de ley, de parte del Ministerio de Culturas, como respuesta al documento que elaboró en octubre del año pasado para regular las actividades del cine y audiovisual boliviano.
Tras recibir el documento, miembros del gremio del cine utilizaron las redes sociales para manifestar su molestia ante el anteproyecto elaborado por el Ministerio, alegando que excluyen temas centrales.
A través de una página en Facebook, Victoria Guerrero, miembro de la comisión que elaboró el proyecto de ley enviado al Ministerio, dio a conocer los temas que considera fueron obviados en el anteproyecto.
Entre las principales cuestiones que habrían sido excluidas por el Ministerio, se leen las siguientes: "No se define que el presupuesto del TGN anual asignado al Conacine debe pasar al IPCAB para su funcionamiento”; "se habla de la regulación del espacio audiovisual superficialmente”; "no existe el reconocimiento ni fomento al cine y audiovisual indígena”, entre otras. También resaltaron algunos puntos favorables en el anteproyecto, la Comisión de Trabajo de la Ley de Cine, convoca al gremio de cineastas a comentar y analizar los elementos que deben ser incluidos en la ley. Se espera que en los siguientes días se confirme una reunión entre los miembros de la comisión y el Ministerio de Culturas.

martes, 22 de julio de 2014

Parlamento recibe ley contra mala praxis en salud

La diputada por Cochabamba, Navidad Choque, informó que el proyecto de ley de mala praxis en salud ya ingresó a la Comisión de Salud de la Asamblea Plurinacional para su análisis. Por lo que, en los siguientes días se prevé que los colegios médicos y otras instancias del área serán convocadas al Parlamento.

Choque expresó que se trata de una normativa integral que no sólo aborda la mala práctica médica; sino todos los aspectos que intervienen en el cuidado de la salud como la administración, gestión y atención.

La diputada informó que el objetivo es detectar las fallas que existen en el sistema de salud y que derivan en la muerte de pacientes por presunta negligencia médica. Explicó que se tiene que saber qué ocurre desde la atención de un paciente hasta la gestión de recursos.

Manifestó que en este momento, el país cuenta con recursos económicos y no puede ser que las personas mueran porque faltan materiales, personal o infraestructura. Agregó que tampoco se puede admitir que los servicios contraten profesionales poco calificados.

Lamentó las declaraciones que realizó el presidente del Colegio Médico de Cochabamba, Aníbal Cruz. El mismo dijo la semana pasada, que durante su trabajo en el hospital México de Sacaba cometió negligencia médica, porque la norma dice que debía ingresar al quirófano con dos cirujanos, pero, al no contar con el mencionado personal tuvo que operar solo por años.

Negligencia

Al margen del proyecto de ley presentado, la Brigada de Asambleístas de Cochabamba ha solicitado que el Ministerio de Salud conforme una comisión de peritos “idónea e imparcial” para investigar las denuncias de presunta mala práxis médica. El pedido se enmarca en el artículo 39 de la Constitución Política del Estado.

La disposición establece que el Estado se encargará de “vigilar” la atención en el servicio de salud público y privado.

Casos de presunta negligencia médica

La Brigada de Asambleístas de Cochabamba considera que es una tarea ineludible aclarar la muerte de la profesora, Juana Condori, que murió con una gasa en el estómago, luego ser operada de la vesícula en la Caja Nacional de Salud.

También está la muerte de los trillizos y su madre, Mercedes Torres, en el mismo hospital. A ello se suma, una denuncia reciente contra el Seguro Social Universitario por no haber atendido a una estudiante de medicina afectada con el síndrome de Stevens Jhonson.

domingo, 20 de julio de 2014

Recursos naturales quedarán fuera de la Ley de Conciliación

La propiedad de los recursos naturales y los tributos no podrán someterse a la Ley de Conciliación y Arbitraje. Por tanto, esas temáticas quedarán sometidas exclusivamente a la jurisdicción ordinaria, establece el anteproyecto de Ley de Conciliación y Arbitraje, que se encuentra en etapa de socialización.

La norma señala que las controversias se someterán a procesos ordinarios y no a arbitrajes cuando se trate de la propiedad de los recursos naturales, de los títulos otorgados sobre reservas fiscales, de los tributos y regalías por parte de empresas privadas, bolivianas o extranjeras.

Además, están fuera de la Ley de Conciliación y Arbitraje cuando la disputa se refiera a los bienes del patrimonio del Estado y de las entidades públicas; los bienes y servicios públicos de salud, las licencias, registros y autorizaciones sobre recursos hídricos en todos sus estados, superficiales y subterráneos y los derechos disponibles que afecten al orden público.

La norma también excluye a las cuestiones sobre las que haya recaído una resolución judicial firme y definitiva, salvo los aspectos derivados de su ejecución, las cuestiones que traten sobre el estado civil y la capacidad de las personas. Tampoco podrá aplicarse la Ley de Conciliación y Arbitraje en “las cuestiones referidas a bienes o derechos de incapaces, sin previa autorización judicial; las cuestiones concernientes a las funciones del Estado; las cuestiones que no sean objeto de transacción y cualquier otra determinada por leyes especiales”, según la normativa propuesta.

SUSPENSIÓN DE CONFIDENCIALIDAD El proyecto de Ley de Conciliación y Arbitraje suspende la confidencialidad a fin de proteger los intereses de Bolivia como atribución que le otorga la Carta Magna a la Procuraduría General del Estado (PGE).

El exprocurador Héctor Arce dijo que esta atribución está establecida en la Carta Magna y servirá para proteger al Estado, siempre y cuando sea necesario en el trámite de una conciliación o arbitraje.

“Toda la información conocida y producida en un trámite de conciliación o de arbitraje es confidencial y no tiene ningún valor probatorio, pero que servirá para tomar previsiones para la Procuraduría que se encarga de defender los intereses del Estado”, afirmó, al referirse a la disposición legal.

El artículo 6 del anteproyecto indica que “las actuaciones de la conciliación y el arbitraje estarán sujetas de manera obligatoria a la confidencialidad, salvo acuerdo de partes, orden judicial fundamentada o requerimiento de autoridad legalmente facultada”. Excepcionalmente, según la propuesta legal, la reserva se levantará cuando estén comprometidos los intereses del Estado, existan indicios de comisión delictiva o de una situación que ponga en riesgo a la población. Cuando estén comprometidos los intereses del Estado la información será entregada solo a la Procuraduría General del Estado.

IMPORTANTE A su vez el vicepresidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, destacó como importante la norma para el sector empresarial productivo, y mucho más para el Estado, al que “particularmente le interesa proteger, promover y procurar inversiones no solo nacionales, sino también extranjeras”.

“Es el momento de iniciar este trabajo conjunto para fortalecer el sistema de solución de controversias que se ha desarrollado en nuestro país desde la promulgación de la Ley 1770 que, en muchos casos, ha sido piloteado por el propio sector privado, a través de diversidad de Centros de Conciliación y Arbitraje de nuestras cámaras empresariales”, dijo.

EMERGENCIA El proyecto de ley incorpora la figura de “Árbitro de Emergencia” cuando las partes en controversia requieran actuaciones inmediatas del mismo con el fin de efectivizar el cumplimiento de las obligaciones, desarrollándose para el efecto un procedimiento específico.

También se añade la posibilidad de aplicar medidas cautelares previas o durante el proceso de arbitraje, dejando su ejecución directamente al Tribunal Arbitral o, en caso de imposibilidad, al auxilio judicial.

Arce explicó que otra innovación es que se incluye la “declaración de imparcialidad e independencia de los árbitros”, con el fin de que el proceso del arbitraje no tenga injerencias ni favoritismos con ninguna de las partes.

Por otra parte, se incorpora la excusa y recusación de árbitros y peritos, a diferencia de la norma vigente que solo contempla la recusación de árbitros”, agregó.

A su vez el viceministro de justicia, Gabriel Machicado, explicó que la práctica ha demostrado que los peritos y sus dictámenes periciales suelen ser, en determinados casos, decisivos en el proceso arbitral, razón por la que se debe garantizar la imparcialidad de estos sujetos arbitrales así como de la información que generen para el proceso.

Apuntes.



Alternativa

La Ley de Arbitraje y Conciliación es el mecanismo alternativo de resolución de controversias en materia de inversiones nacionales y extranjeras.

-Todo arbitraje en materia de inversiones se resolverá en derecho. No se conciliará propiedad de recursos naturales.

Ley boliviana

-Toda controversia emergente de una inversión nacional o extranjera estará sometida a la jurisdicción del Estado Plurinacional de Bolivia, a sus leyes y a sus autoridades y especialmente a la presente ley.

-La ley aplicable al fondo de la controversia será la Constitución Política del Estado, las leyes y reglamentos del ordenamiento jurídico boliviano.

Tratados

-Los tratados concernientes a inversiones extranjeras que sean negociados y suscritos por el Estado Plurinacional de Bolivia podrán aplicar las disposiciones de la presente ley en lo relativo a los mecanismos de solución de controversias.



Un artículo es innecesario

La especialista en arbitraje internacional, Karen Longaric, explicó que la confidencialidad se levantará cuando estén comprometidos los intereses del Estado y la información será entregada solo a la Procuraduría del Estado para que precautele acciones destinadas a evitar perjuicios para el país.

Aclaró que el arbitraje está basado en el principio de la confidencialidad, por ello el proceso arbitral y sus resultados solo pueden publicarse con el acuerdo de las partes contendoras.

Sobre levantar la confidencialidad, explicó que la parte contraria deberá señalar su conformidad y recién se podrá publicitar los actuados arbitrales, salvo que el arbitraje se hubiese concertado desde un inicio bajo las reglas de transparencia de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.

“La norma es innecesaria cuando dice que la información del arbitraje será dada solo por la Procuraduría, pues ésta representa al Estado en los procesos arbitrales y conoce los mismos”, afirmó.

Régimen especial para las controversias entre el Estado y las empresas nacionales y extranjeras

Los contratos suscritos entre el Estado boliviano y firmas privadas, nacionales o extranjeras, en los rubros de hidrocarburos, minería y energía deberán resolverse mediante un régimen especial de controversias que regirá bajo las leyes bolivianas, según el proyecto de Ley de Conciliación y Arbitraje.

El viceministro de Justicia, Gabriel Machicado, explicó que la norma establece principalmente la solución de arbitrajes en el marco de la normativa boliviana, pero que se muestran también casos especiales en otras instancias.

“Se está legislando una norma especializada que permita a los inversores extranjeros resolver sus controversias por la vía del arbitraje, aplicando reglamentos nacionales y los que así conviene a los efectos de proteger los intereses del Estado”, manifestó.

El artículo 121 de esta medida legal dispone que “los contratos del Estado boliviano con empresas privadas, nacionales o extranjeras a través de entidades públicas, cooperativas o comunitarias para la exploración, explotación, industrialización, transporte y venta de los recursos naturales estratégicos”, como los rubros de hidrocarburos, minería y energía, se sujetarán a un régimen especial de controversias que rige bajo la jurisdicción y las leyes bolivianas.

Machicado explicó que también funcionarán con ese régimen los contratos de asociación del Estado con personas jurídicas para el aprovechamiento de recursos naturales y los que otorguen derechos de uso.

Asimismo, aquellos firmados por la petrolera YPFB para prestar servicios y aquellos en que intervengan las asociaciones o sociedades de economía mixta conformadas por la estatal para la ejecución de actividades de la cadena productiva hidrocarburífera.

Están además incluidos los relacionados a la exploración y explotación de hidrocarburos que tengan autorización de la Asamblea Legislativa.

El Viceministro aclaró que figuran en este acápite de la norma los contratos mineros del Estado con personas individuales y colectivas, previo cumplimiento de las normas para la entrega de derechos mineros en la cadena productiva y aquellos contratos para el desarrollo de la cadena productiva energética, a través de firmas públicas, mixtas, instituciones sin fines de lucro, cooperativas y empresas privadas.

El texto del proyecto de ley indica que “las partes involucradas estarán sometidas a la jurisdicción y las leyes bolivianas” y se regirán bajo reglas como que el Arbitraje o la Conciliación deberán resolverse según la Constitución Política del Estado (CPE), las leyes y el resto de la normativa boliviana. Las partes se sujetarán a la jurisdicción ordinaria del país y el arbitraje tendrá como sede el territorio boliviano.

Corte de Arbitraje de La Haya nombra al tercer árbitro

El anteproyecto de Ley de Conciliación y Arbitraje propone que la designación del tercer árbitro esté a cargo del Secretario de la Corte de Arbitraje de La Haya.

Además, considera que el Tribunal Arbitral utilice el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) e instruye que cada parte nombrará un árbitro.

“Cada parte nombrará un árbitro. El tercer árbitro será designado por el Secretario de la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) con sede en el Reino de los Países Bajos - La Haya, de las ternas de árbitros que presenten las partes, escogidos de las listas de árbitros de esta misma institución”, dispone el parágrafo IV del artículo 127 referido a Características Especiales.

Para el viceministro de Justicia, Gabriel Machicado, con esta medida se está resguardando la equidad e igualdad de condiciones, a fin de evitar la incertidumbre de parte de los inversionistas o también por el Estado.

El mismo artículo señala que el tribunal arbitral empleará el reglamento de la CNUDMI sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados, en el marco de un tratado.

“Cualquier medida cautelar deberá ser tramitada por las partes ante el juez o tribunal competente de la jurisdicción ordinaria”, agregó.

El proyecto de ley establece la posibilidad de que las partes, de común acuerdo, puedan suspender el arbitraje por el tiempo que consideren necesario.

“El tribunal arbitral deberá dictar el laudo arbitral en un plazo de 180 días calendario, computables a partir de la última actuación procesal, el mismo que podrá ser prorrogado una sola vez por un plazo similar”, dice la norma.

Sin embargo, Machicado aclaró que la ley aplicable al fondo de la controversia será la Constitución Política y otras leyes bolivianas.



viernes, 18 de julio de 2014

Los infanticidas purgarán 30 años de prisión según el nuevo Código



El nuevo Código Niño, Niña y Adolescente, promulgado ayer en el Palacio de Gobierno, instituye la pena de 30 años de cárcel sin derecho a indulto para quien cometa infanticidio violento. Además, incorpora 12 nuevos derechos para los menores.

“Anteriormente, el infanticidio estaba mal definido y la sanción era leve; en esta ley se sanciona con 30 años de cárcel sin derecho a indulto. No puede haber acoso en los colegios ni escuelas; el llamado bullyng (también) está sancionado”, dijo el presidente en ejercicio del Estado, Álvaro García Linera, luego de promulgar la norma.

El exasambleísta e impulsor del Código Niño desde 2012 Javier Zavaleta indicó que si bien en el país existe un régimen preciso sobre delitos contra la niñez y adolescencia, faltaba la sanción al infanticidio. “En la norma se visibiliza de forma concreta la gravedad de lo que es quitar la vida a un niño, a diferencia de lo que es a un adulto. Además, dará al juez el instrumento para dar su fallo”.

El presidente de la Cámara de Senadores, Eugenio Rojas, precisó que el castigo es para quien mate a una niña o a un niño, desde su nacimiento hasta sus 12 años, “cuando el hecho se haya producido en situación de vulnerabilidad del menor o cuando haya sido víctima de violencia física, psicológica o sexual, con anterioridad a la muerte”.

Con la participación de organizaciones de niños y adolescentes, además de entidades que trabajan con el sector, García Linera promulgó el nuevo Código, que permite el trabajo por cuenta propia a partir de los diez años. Zavaleta también se refirió a la inclusión en la norma de 12 derechos para niños y adolescentes, que no estaban establecidos en el Código de 1999.

Si se incumple eso, también habrá pena de cárcel. “Los nuevos derechos que incluye el Código para favorecer al niño, niña y adolescente se refieren a que se le debe dar un nivel de vida adecuado, a la atención médica de emergencia, a ejercer su salud sexual y reproductiva, al buen trato familiar”, detalló el exlegislador.

También están los derechos al acceso a un ambiente sano, al agua y saneamiento con calidad, a opinar, a participar, al derecho de petición, a la integridad personal, al buen trato y ser protegido contra la violencia sexual. Cuando una persona tenga pena ejecutoriada por delitos sexuales o violencia contra niños, estará impedida de tener contacto con cualquier grupo de menores, “no podrá acercarse ni siquiera a un parque infantil”, dijo Zavaleta.

Otros aspectos

Imputabilidad

La norma disminuye de 16 a 14 años la edad para la imputabilidad penal; los adolescentes que cometan delitos tendrán un trato diferenciado de los adultos.

Trabajo

El Código establece cuatro condiciones para el trabajo infantil: la decisión voluntaria del menor, la autorización de padres y/o tutores, el registro en las defensorías municipales de la niñez y en el Ministerio de Trabajo, que certifican la condición de pobreza.

Adolescentes

En el caso de trabajadores por cuenta ajena, los adolescentes no podrán ganar un sueldo inferior al mínimo nacional; además, firmarán un contrato de trabajo y contarán con todos los beneficios.

Adopciones

En el sistema de adopción se dará apoyo al padre o madre que adopte a un menor un permiso laboral de dos meses para que se dedique al niño; también se establece la inamovilidad laboral durante dos años.

Para García, norma refleja realidad boliviana

El presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, consideró que si se promulgaba una ley en correspondencia con los convenios internacionales (como con la OIT), la norma no se iba a cumplir porque la realidad boliviana tiene otras características y otras necesidades.

“Acabamos de promulgar una ley que ha costado elaborarla porque había un conjunto de convenios internacionales que el Estado ha firmado, referidos a los derechos de los niños, pero existe una realidad boliviana”, afirmó.

Los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establecen la edad mínima para trabajar desde los 14 años y hacen excepciones desde los 12 en países en vías de desarrollo. La anterior semana, la entidad internacional anunció que investigará a Bolivia por esta nueva ley.

El representante de los niños y adolescentes trabajadores de Unastbo, Eddy Román, criticó la política de la OIT porque, en su criterio, impuso a los países latinoamericanos la edad mínima para el trabajo infantil y su erradicación. “Bajo esta forma de pensar de la OIT se impuso a los países la idea del trabajo infantil a los 14 años y que se lo erradique, sin tomar en cuenta la realidad de cada país. La OIT lanza una ley para que los países la cumplan, pero la realidad es que menores de diez años estamos presentes aquí”.

El presidente de la Cámara de Senadores, Eugenio Rojas, explicó que Bolivia no está incumpliendo los convenios internacionales. Consideró que la norma es eventual para que disminuya el trabajo infantil debido a que hasta 2025 se aplicarán políticas de Estado que erradicarán las condiciones que causan el trabajo infantil.

Actores de la firma del código

Tenemos una buena ley: Álvaro García, presidente en ejercicio

“Tenemos una buena ley que protege al niño, niña y adolescente; que articula los sistemas dispersos del Estado y los convierte en sujetos participantes de sus derechos”.

No erradicar el trabajo infantil: Eddy Román, adolescente de la Unatsbo

“La Unatsbo lo dice a voz en cuello ‘no a la erradicación del trabajo infantil’ y lo hace desde hace más de cuatro años. Es la lucha constante, y creemos que seguirá todavía”.

Un código debatido y consensuado: Eugenio Rojas, presidente del Senado

“El nuevo Código Niña, Niño y Adolescente fue debatido, consensuado y elaborado con los niños, niñas y adolescentes y los sectores involucrados a nivel nacional e internacional”.

Código de Familias permite filiación paterna o materna



El Código de Familias fue aprobado ayer en la Cámara de Diputados. Esta norma garantiza como un derecho la filiación paternal o maternal para los hijos. También establece deberes en caso de ruptura del matrimonio.

La norma admite tres tipos de filiación para garantizar el derecho a la identidad de los hijos, explicó el presidente de la Cámara Baja, Marcelo Elío. Destacó que la primera es por voluntad. En este caso, los progenitores aseguran la paternidad o maternidad de sus hijos otorgándoles la identidad.

El segundo es por indicación. En él, la madre o el padre podrán realizar el registro de sus hijos cuando el otro progenitor no lo haga voluntariamente. Y finalmente, se tiene la filiación judicial, por la cual una persona mayor de edad que no cuente con filiación podrá requerirla a la autoridad judicial. En los dos últimos casos, la anotación podrá ser impugnada a través de una pericia biológica (prueba de sangre).

La ley también señala los deberes de los cónyuges en caso de una ruptura del matrimonio. Para este efecto se establecen “formas diplomáticas” para divorciarse. “Solo es necesario presentar una causal de que no hay un proyecto de vida en común”, señaló la autoridad.

También explicó que la normativa regula la asistencia familiar, que la fija en 20% de un salario básico nacional (Bs 1.440). Ése es el monto que se cancelará como beneficio por cada hijo o hija. La norma pasó a Senadores para ser sancionada.

miércoles, 16 de julio de 2014

Asamblea Departamental entregó leyes productivas para La Paz

En el marco de la Sesión de Honor de la Asamblea Legislativa Departamental realizada ayer, tres leyes productivas fueron entregadas al ejecutivo departamental, en dicho acto se puso sobre mesa la necesidad de potenciar la agricultura y el crecimiento de las ciudades intermedias junto a las promesas de conclusión y puesta en marcha de proyectos importantes para el desarrollo del departamento.

“Necesitamos pensar en políticas orientadas a la seguridad de la ciudadanía paceña para evitar la migración (…) De la misma forma es necesario pensar en obras dirigidas al desarrollo del área urbana y sólo podremos hacerlo teniendo una mirada amplia e integral para todo el departamento de La Paz”, expresó el presidente de la Asamblea Departamental de La Paz, Nelson Guarachi.

PRODUCCIÓN

En este sentido, las leyes entregadas al ejecutivo departamental, toman en cuenta el fomento a la producción agrícola, con el fin de garantizar la soberanía alimentaria, a través de la tecnificación de la agricultura y la ganadería, para lo que se pone un marco legal para la compra de 100 tractores que podrán ser adquiridos por las familias productoras por medio de un crédito al alcance de sus economía.

La máxima autoridad departamental manifestó que se debe trabajar en la soberanía alimentaria y ampliar la frontera productiva, para dejar de importar de otros departamentos o del exterior productos que se producen en La Paz.

PLAN VIAL

La tercera ley tiene que ver con la aprobación de un decreto departamental que dé prioridad a la construcción de la autopista elevada de tres pisos, para La Paz y El Alto, este proyecto, iniciativa del padre Overmayer, pretendería aliviar el caos vehicular y la sobrepoblación de vehículos que colapsan las calles y avenidas principales de diferentes zonas de ambas urbes.

Sin embargo, estas nuevas alternativas de transporte no pueden quedarse en la urbe, ya que son muchas las poblaciones de diferentes provincias que al momento no cuentan con vías de comunicación, lo que dificulta su desarrollo, razón por la que se ha pensado en rehabilitar otros medios de transporte.

Desde la Gobernación, se ha propuesto el debatir sobre la rehabilitación del sistema ferroviario, que en la actualidad es uno de los medios más seguros, baratos y eficaces para la comercialización de productos y que engranaría bastante con un plan integral de vertebración caminera.

MIGRACIÓN

Una de las principales preocupaciones para el departamento es la migración de los paceños del área rural a la ciudad y a otros departamentos o países, que ha generado pérdidas económicas y obstaculizado el desarrollo del departamento. Para el presidente de esta instancia, Dante Escobar, este movimiento se debe a la falta de oportunidades y condiciones con las que se cuenta para establecerse y asegurar un futuro.

En este contexto, las autoridades departamentales manifestaron que es necesario el apoyar el crecimiento y modernización de las ciudades intermedias, para que estas sean la oportunidad que los habitantes buscan para establecerse.

“Debemos potenciar la educación, la salud y la producción en estas ciudades intermedias, como Caranavi, Apolo, Ixiamas, Patacamaya y Charaña, que son las ciudades del futuro”, manifestó Guarachi.

INDUSTRIALIZACIÓN

En los últimos años se ha trabajado en la industrialización del departamento ingresando tres proyectos grandes, que deberán ser el puntal de la producción nacional. Entre las que se encuentra la planta de cítricos de Caranavi, la Planta de Bimate (coca y estevia) y el Ingenio de San Buenaventura.

En una anterior entrevista, la asambleísta Claudia Bravo manifestó que estos son proyectos no planificados no solo por las observaciones que estos tienen en su implementación, tanto en estado de maquinarias como en fechas de entrega y adendas, sino por el hecho que no se ha pensado en un apoyo integral de la región en la que funcionan.

DATOS

- El 16 de Julio de 1809 Pedro Domingo Murillo y otros líderes se levantaron en armas contra el imperio Español e instauró el primer gobierno libre de Hispanoamérica, formando la Junta Tuitiva el 22 de julio de 1809 que fue disuelta por los realistas y Pedro Domingo Murillo fue ahorcado en la Plaza de los Españoles junto a sus colaboradores el 29 de enero de 1810.

- El departamento de La Paz fue creado por Decreto Supremo del 23 de enero de 1826 junto con los departamentos de Chuquisaca, Potosí, Santa Cruz y Cochabamba durante el gobierno de Antonio José de Sucre.

- En la actualidad, La Paz es capital del departamento, Sede del Gobierno boliviano y de los órganos Legislativos y Ejecutivos. Según los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2012 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) el departamento de La Paz cuenta con 2.741.554 habitantes y es la primera ciudad más poblada del país.