Bolivia da pasos para tener una ley de acceso a la información pública

 Una senadora boliviana, junto a gremios de periodistas y organizaciones de la sociedad civil, impulsa un proyecto de ley para que el país deje de estar entre los pocos en Latinoamérica que no cuentan con una ley de acceso a la información pública y que ya pasó un primer filtro en la Cámara alta de Bolivia.

El proyecto de 'Ley de Acceso a la información y Documentación Pública' fue elaborado a instancias de la senadora Silvia Salame, disidente de la fuerza opositora Comunidad Ciudadana (CC), que recogió aportes de distintas entidades estatales y civiles para enriquecer el texto.

"Este proyecto de ley se ha trabajado con la sociedad civil, con asociaciones de la prensa, con organizaciones que trabajan en derechos humanos, con el Estado central", incluidas entidades como la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y el Viceministerio de Transparencia, dijo Salame a EFE.

La senadora, que fue magistrada del Tribunal Constitucional entre 2003 y 2009, sostuvo que "un país que se dice democrático no puede dejar de tener una ley que permita a los ciudadanos materializar otros derechos" y eso es lo que se busca con esta norma, que ahora debe ser debatida en la Cámara baja.

Antecedentes y base

Según Salame, el proyecto tiene por objeto desarrollar lo establecido en la Constitución boliviana sobre los derechos a ser informado y a la libertad de expresión.

"Hemos visto que Bolivia era uno de los pocos países de Latinoamérica que no tenía una ley específica sobre esta temática", indicó.

Esto quedó en evidencia en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en el caso por la desaparición forzada del diputado Juan Carlos Flores Bedregal durante la dictadura militar de Luis García Meza Tejada (1980-1981).

Salame mencionó que la CorteIDH sancionó a Bolivia "por precisamente no haber permitido que la familia" de Flores acceda a la información oficial sobre el lugar donde fueron enterrados sus restos.

En declaraciones a EFE, la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), Zulema Alanes, recordó que el citado fallo estableció "la obligación del Estado boliviano de aprobar una ley de acceso a la información", un antecedente que resultó "oportuno" para el debate del proyecto en el Senado.

La ANPB fue uno de los gremios periodísticos que participó en las consultas para elaborar el documento, un proceso que comenzó en 2022.

Alanes destacó que la base del proyecto fue la Ley Modelo Interamericana 2.0 sobre Acceso a la Información Pública de la Organización de Estados Americanos (OEA), que "recoge los avances normativos en la región".

La propuesta

El documento aprobado en el Senado establece que la norma se aplica "a todas las instituciones públicas" y entidades de los órganos del Estado, gobiernos subnacionales e indígenas, universidades públicas, la seguridad social y toda persona que reciba, administre o genere recursos o servicios públicos.

Entre otras disposiciones, fija un plazo de 15 días para que la entidad entregue la información solicitada.

También determina la creación de la Comisión de Acceso a la Información y Documentación Pública, que dependerá de la Defensoría del Pueblo y estará conformada por el defensor y otros cuatro integrantes "de reconocida experiencia, trayectoria, probidad, ética" y con conocimientos en la materia.

La comisión, que será 'ad honorem', se encargará de "garantizar el cumplimiento de la norma y eventualmente emitir sanciones a quienes obstaculicen el acceso a la información", explicó Alanes.

Según Salame, la norma también establece "excepciones" que deberán justificarse e incluso en algunos casos se requerirá una ley que disponga la "confidencialidad o la reserva de la información".

El texto señala que, por ejemplo, no se podrá invocar excepciones "en casos de violaciones de derechos humanos, delitos de lesa humanidad y/o corrupción" de instituciones o funcionarios públicos.

La senadora y la periodista destacaron que la norma beneficia no solamente al ejercicio periodístico, sino a todos los ciudadanos que verán garantizado "su derecho a tener acceso a documentos" o información.

Alanes consideró que esta ley "modificará la cultura ciudadana" al propiciar una participación "más activa" de la población en la fiscalización de la gestión pública que "no es una tarea solamente para los periodistas".

Decreto para otorgar el Bono Universal, ampliar el Bono Familia y Programa de Alivio Financiero para las Micro, Pequeño y Mediano, y el Plan de Emergencia de Apoyo al Empleo a las empresas legalmente constituidas.

LEY Nº 209 - Se aprueba la transferencia, a título gratuito, de un lote de terreno de 4.332,00 m2, de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, situado en el Equipamiento Terciario (E.T.13)

LEY Nº 209

LEY DE 15 DE DICIEMBRE DE 2011

EVO MORALES AYMA

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley:

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

DECRETA:

Artículo 1. De conformidad a lo establecido por el Artículo 158, atribución 13ª, del parágrafo I, de la Constitución Política del Estado, se aprueba la transferencia, a título gratuito, de un lote de terreno de 4.332,00 m2, de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, situado en el Equipamiento Terciario (E.T.13), Distrito Municipal Nº 4, zona Sud Oeste de la ciudad, inscrito en Derechos Reales de Santa Cruz, en fecha 10 de septiembre de 1985, bajo la Matrícula Computarizada Nº 7.01.1.99.0062861, cuyas colindancias son: Al Norte con 76 metros con la calle 39-C3; al Este con 117 metros con la calle Destacamento; al Sur hace un vértice, al Oeste con 142 metros con el 3er. Anillo externo, a favor de la Cruz Roja Boliviana – Filial Santa Cruz.

Artículo 2. La Cruz Roja Boliviana – Filial Santa Cruz, no podrá conceder a un tercero el uso del terreno, cederla en calidad de préstamo, hipotecaria o darle otra forma de uso, debiendo el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra fiscalizar y proceder a las salvaguardas correspondientes para este fin.

Remítase al Órgano Ejecutivo, para fines constitucionales.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los veinticuatro días del mes de noviembre de dos mil once años.

Fdo. René Oscar Martinez Callahuanca, Flora Aguilar Fernández, Zonia Guardia Melgar, Carmen García M., Agripina Ramírez Nava, Victor Hugo Zamora Castedo.

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de Bolivia.

Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los quince días del mes de diciembre de dos mil once años.

FDO. EVO MORALES AYMA, Carlos Romero Bonifaz, Nila Heredia Miranda, Claudia Stacy Peña Claros.

DECRETO SUPREMO N° 4011 - Incorporar al Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 en el Marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien, el tramo carretero “Villa Montes - La Vertiente - Palo Marcado”

DECRETO SUPREMO N° 4011
EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO:
Que el numeral 9 del Parágrafo II del Artículo 298 de la Constitución Política del Estado, determina que es competencia exclusiva del nivel central del Estado, la planificación, diseño, construcción, conservación y administración de carreteras de la Red Fundamental.
Que la Ley Nº 3507, de 27 de octubre de 2006, crea la Administradora Boliviana de Carreteras, encargada de la planificación y gestión de la Red Vial Fundamental; en el marco del fortalecimiento del proceso de descentralización.
Que el Artículo 6 de la Ley Nº 786, de 9 de marzo de 2016, establece que el Plan de Desarrollo Económico Social 2016-2020, en el Marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien, podrá ser ajustado por el Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado, mediante Decreto Supremo, por motivos debidamente justificados.
Que el Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 28946, de 25 de noviembre de 2006, que reglamenta parcialmente la Ley Nº 3507, dispone que la Administradora Boliviana de Carreteras – ABC tiene como misión institucional la integración nacional, mediante la planificación y la gestión de la Red Vial Fundamental, las cuales comprenden actividades de: planificación, administración, estudios y diseños, construcción, mantenimiento, conservación y operación de la Red Vial Fundamental y sus accesos, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y de la gestión pública nacional, con el fin de contribuir al logro de servicios de transporte terrestre eficientes, seguros y económicos.
Que el inciso v) del Artículo 5 del Decreto Supremo Nº 28946, señala que la ABC tiene entre sus atribuciones y funciones ejecutar obras en los caminos municipales de acceso a la Red Vial Fundamental que se declaren de prioridad nacional y/o de emergencia, a objeto de elevar el nivel de servicio de esas vías, como parte del desarrollo integral del país.
Que se ha identificado la necesidad de ejecutar el tramo carretero “Villa Montes - La Vertiente - Palo Marcado”, toda vez que el mismo permitirá mejorar las condiciones de seguridad vial, promover el comercio exterior mediante la vinculación carretera con la República del Paraguay, impulsar la actividad productiva, desarrollar el Departamento de Tarija e implementar un corredor de exportación e importación entre Bolivia, Argentina, Chile, Perú, Paraguay y Brasil entre otras, por lo que resulta necesaria su incorporación al Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 en el marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien y la correspondiente asignación de recursos.

  EN CONSEJOS DE MINISTROS,

DECRETA:
ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto:

1. Incorporar al Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 en el Marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien, el tramo carretero “Villa Montes - La Vertiente - Palo Marcado”;
2. Autorizar el financiamiento para la ejecución del tramo carretero “Villa Montes - La Vertiente - Palo Marcado”.

ARTÍCULO 2.- (INCORPORACIÓN). Se incorpora en el Cuadro 4 del numeral 2.4.1. “Transporte Carretero” del Pilar 2 del Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 en el Marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien, lo siguiente “VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO (45 KM)”.
ARTÍCULO 3.- (ASIGNACIÓN DE RECURSOS). Para la ejecución del tramo carretero “Villa Montes - La Vertiente - Palo Marcado”:

1. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a través del Tesoro General de la Nación – TGN, asignar a la Administradora Boliviana de Carreteras – ABC un monto de hasta Bs83.441.138,15.- (OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y OCHO 15/100 BOLIVIANOS);
2. La ABC deberá gestionar ante el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco - Villa Montes, el aporte local por Bs35.760.487,78.- (TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE 78/100 BOLIVIANOS).

Los señores Ministros de Estado en sus respectivos Despachos, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en la Casa Grande del Pueblo de la ciudad de La Paz, a los catorce días del mes de agosto del año dos mil diecinueve.

FDO. EVO MORALES AYMA, Diego Pary Rodríguez, Juan Ramón Quintana Taborga, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Javier Eduardo Zavaleta López, Mariana Prado Noya, Luis Alberto Arce Catacora, Luis Alberto Sánchez Fernández, Rafael Alarcón Orihuela, Nélida Sifuentes Cueto, Oscar Coca Antezana, Félix Cesar Navarro Miranda, Héctor Enrique Arce Zaconeta, Milton Gómez Mamani, Lilly Gabriela Montaño Viaña, Carlos Rene Ortuño Yañez, Roberto Iván Aguilar Gómez, Cesar Hugo Cocarico Yana, Wilma Alanoca Mamani, José Manuel Canelas Jaime, Tito Rolando Montaño Rivera.

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Ley del ‘perdonazo’ tributario entrará en vigencia el lunes

Desde el lunes 1 de octubre regirá la Ley de Regularización del Pago de Impuestos de Dominio Tributario Nacional, que condona en 100% los intereses y hasta el 95% las multas de personas naturales y jurídicas que tienen deudas con el fisco y la Aduana.

La norma, que fue promulgada ayer por el presidente Evo Morales en Santa Cruz, tendrá una vigencia de cinco meses (hasta el 28 de febrero de 2019) para que toda empresa, entidad o persona regularice y pague sus tributos.

Con la ley se prevé beneficiar a más de 80 mil contribuyentes que tienen obligaciones pendientes con el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y la Aduana Nacional, sin importar la antigüedad de la deuda. Además se espera recuperar alrededor de Bs 6.000 millones de la cartera en mora, que llega a Bs 29.900 millones.

Formas de pago

La ley establece tres formas de pago o plazos para acogerse a este beneficio. En el primero, si el contribuyente honra su deuda al contado hasta el 30 de noviembre de 2018, se le condonará el interés en 100% y se le reducirá la multa en 95%.

El segundo, que va del 1 diciembre de 2018 al 28 de febrero de 2019, será sin interés y menos el 90% de la multa.

El tercer punto precisa que los ciudadanos que no cuenten con el total del dinero se acogerán a un plan de pagos de hasta 5 años plazo, en el cual también se le perdonará el 100% del interés y el 80% de la multa.

El ministro de Economía, Mario Guillén, mencionó que la normativa regirá desde el lunes 1 de octubre y tendrá una vigencia de cinco meses, por lo que los contribuyentes pueden acercarse ante Impuestos y la Aduana para regularizar su situación financiera o acogerse al plan de pagos.

Por su parte, Morales detalló que el pago de impuestos ayuda a mejorar la economía del país y pidió a la población cuidarla, más ahora cuando Bolivia es un referente mundial en crecimiento económico. “Esta ley es un perdonazo tributario y por eso lo estamos promulgando”, dijo.

Adelantó que se analiza debatir el Código Tributario y llamó a que otros sectores se adscriban a cumplir sus obligaciones porque todo lo recaudado se traduce en obras para los bolivianos.

“Hay algunos sectores que no tributan y por eso vamos a debatir el Código, no para subir impuestos, sino para incorporar a otros rubros y mejorar el sistema”, añadió el Jefe de Estado.

Empresarios Destacan la norma

El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, destacó la norma y dijo que es un alivio, en especial para las micro y pequeñas empresas que por diversas razones no cumplieron oportunamente con sus obligaciones tributarias.

“Políticas como ésta ayudan a equilibrar los costos de operación, afectando lo menos posible al empleo y la inversión”, destacó.

Además aseveró que esto es una muestra más de la importancia de abrir, sostener y fortalecer espacios de consenso con el Estado para el progreso de Bolivia.

Diputados aprueban ley del 'perdonazo' y esperan su sanción en el Senado

Mario Guillén, ministro de Economía, presentó este jueves ante el seno de la Cámara de Diputados, la Ley de Regulación del pago de deudas y multas de dominio tributario, norma que brinda la posibilidad a los contribuyentes regularizar sus pagos y eliminar está deuda tributaria. Dijo que alcanza a todos los ilícitos tributarios en cualquier estado del proceso.

La autoridad explicó que aguardan la aprobación de esta norma para que los afectados empiecen a acogerse a esta ley con la condonación de las multas e intereses. La norma fue aprobada por la Cámara de Diputados y el proyecto fue enviado a la Cámara de Senadores para su revisión.
"Lo que estamos buscando con esta norma es bajar la mora tributaria que tenemos que es casi Bs 27.000 millones, y lo que estamos buscando es que aquellas personas que quieran regular su situación tributaria lo hagan para que puedan desarrollar sus actividades de manera normal", informó Guillén


El hombre fuerte de la economía boliviana reconoció que los contribuyentes se acogen al beneficio antes del 30 de noviembre, el proyecto de ley establece una rebaja del 95% al 100% de intereses. Pasada esta fecha se establece otra, hasta el 28 de febrero, con la rebaja del 90% del total de la mora.

"En caso de que los contribuyentes no cuenten con el efectivo, se establece facilidades de pago, como plazos con la condonación del 80% de la multa y el 100% de intereses", añadió.

Morales promulgó ley para castigar “juqueo”

El presidente Evo Morales promulgó anoche la Ley 1093 que incorpora en el Código Penal sanciones al hurto y robo de minerales, actividades conocidas como “juqueo”.

“A todos nos puede doler que el esfuerzo del minero sea como despreciado, fracasado por culpa del juqueo, aquí todos a aportar y organizados vamos a combatir el juqueo”, dijo, en el acto que se desarrolló en el auditorio de la Casa Grande del Pueblo.

Morales resaltó que con la promulgación de dicha ley y la presencia de los mineros también se inauguró ese ambiente, hecho que quedará en la memoria de los asistentes.

Señaló que todos están en la obligación de cumplir la norma en beneficio no solo de las empresas mineras estatales, que con el “juqueo” podían entrar en quiebra, sino del pueblo boliviano.

Según la ley, que incorpora cinco artículos al Código Penal, se sanciona el robo, hurto o receptación de mineral con la privación de libertad de entre uno a 10 años, dependiendo de las agravantes, entre quienes se contempla también a quienes compren y exporten minerales robados.

El robo de minerales por parte de los “jucus” (ladrones de minerales), genera una pérdida de al menos 24 millones de dólares al año, según declaraciones de abril de Guillermo Dalence, gerente la Empresa Minera Huanuni, al matutino La Patria.

La promulgación de la ley coincidió con la fecha de aprobación del Decreto Supremo 21060 en 1985 a cargo del exmandatario Víctor Paz Estenssoro, que según dijo Morales fue el inicio de la “subasta” del patrimonio boliviano.

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Presentan regulación para Ley de la Cueca

El proyecto de reglamentación de la Ley de la Cueca, presentado por la Fundación Cultural de la Cueca Boliviana, contempla que cada primer domingo de octubre las autoridades nacionales, departamentales y municipales organizaran actividades en conmemoración al Día de la Cueca.

El documento fue entregado a la Ministra de Culturas, Wilma Alanoca, por parte del artista Willy Claure en su condición de presidente de la Fundación Cultural de la Cueca Boliviana.

"Se necesita una reglamentación para que se cumpla. El documento indica dos cosas principales, habla sobre el día de la Cueca Boliviana, que se celebra el primer domingo de cada año y señala que se debe introducir la enseñan de la cueca en las unidades educativas pero no como asignatura", declaró Claure a EL DIARIO.

La Ley 764 que fue promulgada el 30 de noviembre de 2015 declara a la cueca boliviana como patrimonio cultural e inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, por la diversidad de sus expresiones musicales, poéticas, coreográficas y de indumentarias, para la salvaguarda de los valores culturales, tradicionales y populares que le otorgan identidad nacional.

Experto sugiere ley para definir qué información es pública

Paul Antonio Coca, experto en políticas públicas, señaló que el país debe aprobar una ley de acceso a la información que defina cuál se considera pública o privada, y qué entidades del Estado pueden compartir entre sí reportes institucionales.

Según el experto, la normativa que permita delimitar la información pública de la privada debe incorporar una cláusula donde se especifique y permita elegir a la población elegir si sus datos son, o no, públicos. Es decir, que ponga un límite al Estado respecto a qué tipo de información personal puede acceder.

“Se debe tomar en cuenta que las instituciones públicas tienen el poder de anejar esa información de manera discrecional, para esto es necesario la existencia de un marco normativo que le diga al Estado hasta dónde puede llegar con la información de los datos personales”, puntualizó el experto.

A su vez, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que permite al Servicio de Registro Cívico (Sereci) otorgar al Servicio General de Información Personal (Segip) información de certificados de nacimiento, defunción y estado civil registrados en la base de datos, además que la agencia estatal de tecnologías de la información será el ente que fiscalizará el intercambio de los datos.

Coca señaló que existe un conglomerado de información de la ciudadanía que está distribuido en diferentes entidades gubernamentales a los que el Gobierno puede tener un fácil acceso. Acceso que podría ser discrecional.

LEY DE INFORMACIÓN

Ante estas argumentaciones, el experto sugirió la aprobación de una ley de acceso a la información, que permita cuáles son de carácter público o privado, y a cuántos de estos puede acceder el Gobierno.

Durante 15 años se presentaron al menos cinco propuestas de proyectos de Ley de Acceso a la Información Pública ante el Legislativo y ninguno de estos prosperó.

Uno de ellos fue planteado por la a Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) en el 2016, el sociólogo Henry Oporto hizo público el Proyecto de Ley Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno; en el 2013, el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción propuso una norma similar.

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Modifican proyecto de ley de lucha contra el contrabando

La Cámara de Diputados y el Ejecutivo acordaron realizar algunas modificaciones al proyecto de ley para el Fortalecimiento de la Lucha Contra el Contrabando que faculta a las Fuerzas Armadas y la Policía puedan intervenir en estos ilícitos, la nueva norma plantea el endurecimiento de penas.

“Hemos acordado algunas modificaciones con el Ejecutivo, se tiene previsto que el jueves se trate en el pleno de la Cámara de Diputados”, explicó la titular de la Cámara Baja, Gabriela Montaño.

Montaño no quiso dar mayores detalles de las modificaciones en específico que se hicieron a la norma, sin embargo, enfatizó que los sectores involucrados están de acuerdo a que se refuercen los controles y sanciones contra el contrabando.

Esta norma se proyecta después de la muerte de dos militares de la Unidad de Control Aduanero (UCA), en la comunidad de Cahuana, Sabaya del departamento de Oruro, en manos de contrabandistas. La norma fue remitida por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa la semana pasada.

El Legislativo tiene previsto reunirse con gremiales, transportistas, Aduana Nacional y empresarios para socializar esta norma y escuchar las sugerencias de los sectores para reforzar la norma y evitar que se generen malos entendidos señaló el diputado del Movimiento al Socialismo, Freddy Vargas.

USO DE ARMAS

El artículo 6 del proyecto de ley faculta a las Fuerzas Armadas y a la Policía al uso y equipamiento de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados que sean proporcionales al riesgo de los operativos que se realizan para evitar el ingreso de contrabando.

La norma también establece que los funcionarios que participen de estos operativos de manera excepcional quedarán exentos de responsabilidad, en ejercicio de su cargo y en cumplimiento de funciones, hubieran afectado un bien jurídico.

SANCIONES

El proyecto de ley establece penas de ocho a 12 años de prisión, estas se endurecen hasta 15 años si detrás del delito hay una organización criminal, violencia o riesgo de la vida humana.

“Privación de libertad de ocho a 12 años, cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía decomisada sea superior a las 15.450 UFV (Unidad de Fomento a la Vivienda), establecido en la valoración y liquidación que haga la Administración Tributaria”, establece uno de los ajustes que se incluye en la disposición adicional primera del proyecto de ley al que accedió este medio.

En ese contexto, plantea la modificación del parágrafo I, III, IV y se incluye el parágrafo V al artículo 181 del Código Tributario del 2 de agosto de 2003.

El Código Tributario Boliviano vigente establece una condena de cinco a 10 años de cárcel para quien incurra en dicha falta. El límite mínimo en tributos omitidos es a partir de 200 mil UFV.

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Nueva ley apoya progreso paceño en cuatro pilares

El municipio de La Paz apoyará su desarrollo económico en al menos cuatro pilares: una agencia edil especialista en el tema, redes de inversionistas, incentivos tributarios y empresas mixtas, según una norma que comenzará a rendir en 2018.

Los lineamientos que promoverán la diversificación de la producción, la industria, el comercio y los servicios en la ciudad están contemplados en los nueve capítulos y 36 artículos que conforman el proyecto de Ley Municipal Autonómica para el Desarrollo Económico del Municipio de La Paz.

“La norma fue elaborada entre febrero y octubre de este año por el Consejo Ciudadano de Planificación para el Desarrollo Económico”, informó Sergio Siles, titular de esa entidad y secretario municipal de Desarrollo Económico.

BASES. La Agencia de Desarrollo Económico Local, compuesta por actores de la academia y de los rubros público y privado, estará a cargo de ejecutar la estrategia de desarrollo. “Será una instancia para ayudar a los inversores locales y extranjeros”, apuntó Marco Antonio Salinas, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y segundo a cargo en el Consejo Ciudadano, el cual aglutina a 67 entidades públicas y privadas.

El modelo de articulación, promoción y facilitación de programas y proyectos de fomento productivo que implementará esta agencia, indicó, es impulsado con características propias por otras urbes del mundo. “Así, cada ciudad compite por traer empresas de diferente índole a su municipio, dándoles ventajas impositivas o de trámites”, señaló.

Los incentivos tributarios y no tributarios, por su parte, estarán vinculados con la simplificación de trámites municipales y con descuentos o exenciones de impuestos municipales, de acuerdo con el proyecto de ley.

La reducción tributaria “estará en función de la inversión e impacto del proyecto”, aclaró Siles.

Se considerarán los gravámenes a inmuebles y vehículos, así como las patentes a cargo de la Alcaldía de La Paz, añadió Salinas. “Los impuestos sobre inmuebles, por ejemplo, son altísimos. Si podemos obtener rebajas en eso sería importante para atraer la inversión extranjera”, indicó.

Habrá alicientes para “el uso de suelos, construcción, supermercados y parqueos”, negocios a los que se dará prioridad “como gestión”, adelantó el Secretario Municipal de Desarrollo Económico.

La promoción de redes de inversionistas, a su vez, permitirá el establecimiento de sociedades permanentes con productores locales. Se buscará que de preferencia estas alianzas se hagan con emprendimientos que recibieron el respaldo de la Incubadora de Empresas del municipio y de las empresas privadas de la ciudad.

Espere…

“Presentaremos los modelos de negocios a grandes inversores que están dispuestos a invertir si creen que la idea es interesante”, precisó el presidente de la CNC.

Salinas, asimismo, consideró que la creación de empresas mixtas es “fundamental”, por lo que el empresariado privado “trabajará” en establecer alianzas que generen “ingresos tanto para el municipio como para el sector”. De momento, continuó, “hemos pensado en establecer una fábrica de luminarias y otra de losetas”.

La Ley Municipal Autonómica para el Desarrollo Económico del Municipio de La Paz —que también promoverá el acceso a productos financieros innovadores (capital de riesgo, factoring, fondos de garantía y fondos rotativos, entre otros) que posibiliten el financiamiento del capital de operaciones e inversiones a negocios con potencial de crecimiento rápido y sostenible— se aprobará en enero, proyectó Siles.

PASOS. “A partir de febrero trabajaríamos en la reglamentación para que la norma muestre sus primeros resultados en 2018”, aseveró.“Queremos resultados lo más antes posible”, expresó Salinas, quien confía en que el próximo año se podrá contar con la estrategia municipal para atraer inversión extranjera y las bases para crear “una o dos firmas mixtas”.

“Cualquier iniciativa que apoye al desarrollo de la industria es bienvenida, aunque no sabemos si (ese respaldo se) queda en la ley o se traduce en acciones concretas”, afirmó sobre la norma Ibo Blazicevic, presidente de la Cámara Departamental de Industrias de La Paz (Cadinpaz).

“Da pena cómo perdemos industrias por el nivel de conflictividad” de la urbe. “Además, no existen políticas de atracción de inversiones internacionales”, dijo el ejecutivo, quien propuso para el desarrollo del sector la creación de parques industriales y “periodos de gracia” para el pago de tributos “mientras las nuevas inversiones se asientan”

Rige ley que favorece a grupo con discapacidad

El presidente Evo Morales promulgó hoy la Ley de Inserción Laboral y Ayuda Económica, que establece un bono mensual de 250 bolivianos para ese grupo de la población e inserción laboral obligatoria en los sectores público y privado.

Durante su discurso, el primer mandatario señaló que "el bono que se otorga a las personas con discapacidad no se entrega en ningún país de América Latina y el Caribe" y reiteró que los beneficios sociales son producto del éxito de la nacionalización.



"Para que las alcaldías no gasten su plata en movilizarse contra el Evo he creado el bono para los discapacitados", aseveró Morales, recordando la movilización de las personas con discapacidad que tras una marcha arribó en abril de 2016 a la sede de Gobierno.

Desde 2018 entrará en vigencia el Bono Municipal, que será detallado con la reglamentación, sobre el cual algunas administraciones locales expresaron su rechazo por no contar, a su juicio, con recursos suficientes para esos desembolsos.



El sector público debe tener cuatro por ciento en su personal de personas con discapacidad y el sector privado el dos por ciento. Prevén que la norma beneficie a 46.062 personas con discapacidad grave y muy grave del país.

"Estamos viendo ahora como algunos quieren molestar, no quieren que este proceso siga, quieren que las nacionalizaciones fracasen, no quieren que Bolivia siga creciendo", dijo Morales respecto a quienes cuestionan que busque una nueva repostulación.

Villamontes Anuncian Ley Semoviente para evitar accidentes

Villamontes.- Por los constantes accidentes que provocan los animales (ganado vacuno) cuando atraviesan las carreteras; se elaboró la Ley Semoviente. Actualmente, la misma se encuentra en la Cámara de Diputados y espera hasta fines de octubre para la promulgación, según informó el presidente del Concejo Municipal de Villamontes, Gabriel Cayoja.

La Ley Semoviente es una norma nacional que prohíbe y sanciona la circulación de los animales (vacas, caballos, cabras y otros) en las carreteras de todo el país; porque han provocado varios accidentes de tránsito, incluso muertos. Los animales atraviesan la plataforma de lasvías sin control alguno.

Asimismo, mencionó que “una vez se promulgue la ley, se invitará a miembros de la Federación de Ganaderos del Chaco (Fegachaco) para trabajar con ellos y ver cómo se va a restringir la circulación del ganado, esto, con el fin de salvaguardar las vidas humanas”. “Es una norma nacional que afectará a las rutas troncales. La más peligrosa por el cruce de los animales es la Ruta 9, que va desde Santa Cruz, Villamontes y Yacuiba, que pasa hacia el Paraguay”, concluyó Cayoja.

Finalmente, Gabriel Cayoja manifestó: “Obliga a que los criadores tengan a su ganado encerrado y alejado de las carreteras. A partir de octubre trabajaremos con las distintas comisiones, con el sector del autotransporte”. (Red Aclo)