viernes, 30 de marzo de 2018
miércoles, 28 de marzo de 2018
Comisión de notables Proyecto de Ley General de Salud tendrá cuatro pilares
Un modelo de financiamiento que garantice el acceso a la salud, un modelo de gestión, una carrera sanitaria y el Instituto de Conciliación y Arbitraje serán los cuatro pilares fundamentales que formarán parte del proyecto de Ley General de Salud, elaborada por la “Comisión de notables”.
Uno de los representantes de la Comisión, el exministro de Salud, Guillermo Cuentas, explicó que el primer pilar en la elaboración de la nueva norma será el Modelo de Financiamiento, que funcionará a través de dos mecanismos: El fondo contributivo (aportes de los asegurados para garantizar el funcionamiento de las cajas de salud) y el fondo no contributivo (basado en impuestos), para financiar el servicios de salud en favor de la población que no tiene acceso a la seguridad social.
El segundo pilar tiene que ver con el Modelo de Gestión, en que deberá determinarse que cada nivel (municipal o departamental) garantice los diferentes modelos de atención en el país.
“El primer nivel debe mantenerse en la atención familiar, para el segundo y tercer nivel debe crearse un modelo de atención de medicina, basada en la evidencia, además de garantizar los recursos humanos, infraestructura y equipamiento”, manifestó.
Cuentas afirmó que el tercer pilar será garantizar a la población la calidad de las autoridades del ámbito clínico y administrativo a través de la meritocracia de una Carrera Sanitaria del personal de salud, que en función de méritos académicos permita a los profesionales en salud desarrollar sus capacidades plenas para trabajar en el sistema de salud.
El último de los pilares será la creación del Instituto Nacional de Conciliación y Arbitraje, destinado a tratar los casos de negligencia médica y mala praxis en el sistema de salud. Por este medio, la población podrá denunciar estos estos casos.
En tanto, el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Erwin Viruez, sostuvo que el proyecto de ley ofrecerá un sistema de salud que cumpla con los preceptos de gratuidad, universalidad y atención con calidad y calidez.
“Existe una población boliviana desprotegida de los servicios de salud, mucha gente acude a servicios médicos extranjeros, por lo que el sistema de salud de Bolivia debe fortalecerse, porque lamentablemente está en crisis”, manifestó.
Salud crítica
A decir de Cuentas, la situación de la salud del país es “crítica”, entre las falencias que se tiene es el déficit de médicos y especialistas.
Explicó que, según las normas internacionales, se plantea que deben existir 2,5 médicos por cada mil habitantes. En el país, el promedio de médicos con ítems en el sector público y de la seguridad social alcanza apenas a un médico por cada mil habitantes.
En cuanto a la Caja Nacional de Salud (CNS) señaló que se cuenta con 0,9 médicos por cada mil asegurados. Afirmó que si hablamos de especialistas el drama es aún mayor, cuando la norma internacional indica que debería tenerse 20 oncólogos por cada millón de habitantes.
En ese marco, el exministro precisó que Bolivia debería tener por lo menos 280 oncólogos, sin embargo, sólo cuenta con 88 en todo el país. “Cualquiera de las especialidades tiene déficits referentes a los estándares internacionales”, “lo que demuestra que el país se encuentra por debajo del promedio mínimo internacional de profesionales”, remarcó.
El exministro de Salud aseguró también que las únicas especialidades que se encuentran apuntó de alcanzar los estándares internacionales en el país son Pediatría, Ginecología y Medicina Interna.
Uno de los representantes de la Comisión, el exministro de Salud, Guillermo Cuentas, explicó que el primer pilar en la elaboración de la nueva norma será el Modelo de Financiamiento, que funcionará a través de dos mecanismos: El fondo contributivo (aportes de los asegurados para garantizar el funcionamiento de las cajas de salud) y el fondo no contributivo (basado en impuestos), para financiar el servicios de salud en favor de la población que no tiene acceso a la seguridad social.
El segundo pilar tiene que ver con el Modelo de Gestión, en que deberá determinarse que cada nivel (municipal o departamental) garantice los diferentes modelos de atención en el país.
“El primer nivel debe mantenerse en la atención familiar, para el segundo y tercer nivel debe crearse un modelo de atención de medicina, basada en la evidencia, además de garantizar los recursos humanos, infraestructura y equipamiento”, manifestó.
Cuentas afirmó que el tercer pilar será garantizar a la población la calidad de las autoridades del ámbito clínico y administrativo a través de la meritocracia de una Carrera Sanitaria del personal de salud, que en función de méritos académicos permita a los profesionales en salud desarrollar sus capacidades plenas para trabajar en el sistema de salud.
El último de los pilares será la creación del Instituto Nacional de Conciliación y Arbitraje, destinado a tratar los casos de negligencia médica y mala praxis en el sistema de salud. Por este medio, la población podrá denunciar estos estos casos.
En tanto, el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Erwin Viruez, sostuvo que el proyecto de ley ofrecerá un sistema de salud que cumpla con los preceptos de gratuidad, universalidad y atención con calidad y calidez.
“Existe una población boliviana desprotegida de los servicios de salud, mucha gente acude a servicios médicos extranjeros, por lo que el sistema de salud de Bolivia debe fortalecerse, porque lamentablemente está en crisis”, manifestó.
Salud crítica
A decir de Cuentas, la situación de la salud del país es “crítica”, entre las falencias que se tiene es el déficit de médicos y especialistas.
Explicó que, según las normas internacionales, se plantea que deben existir 2,5 médicos por cada mil habitantes. En el país, el promedio de médicos con ítems en el sector público y de la seguridad social alcanza apenas a un médico por cada mil habitantes.
En cuanto a la Caja Nacional de Salud (CNS) señaló que se cuenta con 0,9 médicos por cada mil asegurados. Afirmó que si hablamos de especialistas el drama es aún mayor, cuando la norma internacional indica que debería tenerse 20 oncólogos por cada millón de habitantes.
En ese marco, el exministro precisó que Bolivia debería tener por lo menos 280 oncólogos, sin embargo, sólo cuenta con 88 en todo el país. “Cualquiera de las especialidades tiene déficits referentes a los estándares internacionales”, “lo que demuestra que el país se encuentra por debajo del promedio mínimo internacional de profesionales”, remarcó.
El exministro de Salud aseguró también que las únicas especialidades que se encuentran apuntó de alcanzar los estándares internacionales en el país son Pediatría, Ginecología y Medicina Interna.
Modifican proyecto de ley de lucha contra el contrabando
La Cámara de Diputados y el Ejecutivo acordaron realizar algunas modificaciones al proyecto de ley para el Fortalecimiento de la Lucha Contra el Contrabando que faculta a las Fuerzas Armadas y la Policía puedan intervenir en estos ilícitos, la nueva norma plantea el endurecimiento de penas.
“Hemos acordado algunas modificaciones con el Ejecutivo, se tiene previsto que el jueves se trate en el pleno de la Cámara de Diputados”, explicó la titular de la Cámara Baja, Gabriela Montaño.
Montaño no quiso dar mayores detalles de las modificaciones en específico que se hicieron a la norma, sin embargo, enfatizó que los sectores involucrados están de acuerdo a que se refuercen los controles y sanciones contra el contrabando.
Esta norma se proyecta después de la muerte de dos militares de la Unidad de Control Aduanero (UCA), en la comunidad de Cahuana, Sabaya del departamento de Oruro, en manos de contrabandistas. La norma fue remitida por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa la semana pasada.
El Legislativo tiene previsto reunirse con gremiales, transportistas, Aduana Nacional y empresarios para socializar esta norma y escuchar las sugerencias de los sectores para reforzar la norma y evitar que se generen malos entendidos señaló el diputado del Movimiento al Socialismo, Freddy Vargas.
USO DE ARMAS
El artículo 6 del proyecto de ley faculta a las Fuerzas Armadas y a la Policía al uso y equipamiento de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados que sean proporcionales al riesgo de los operativos que se realizan para evitar el ingreso de contrabando.
La norma también establece que los funcionarios que participen de estos operativos de manera excepcional quedarán exentos de responsabilidad, en ejercicio de su cargo y en cumplimiento de funciones, hubieran afectado un bien jurídico.
SANCIONES
El proyecto de ley establece penas de ocho a 12 años de prisión, estas se endurecen hasta 15 años si detrás del delito hay una organización criminal, violencia o riesgo de la vida humana.
“Privación de libertad de ocho a 12 años, cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía decomisada sea superior a las 15.450 UFV (Unidad de Fomento a la Vivienda), establecido en la valoración y liquidación que haga la Administración Tributaria”, establece uno de los ajustes que se incluye en la disposición adicional primera del proyecto de ley al que accedió este medio.
En ese contexto, plantea la modificación del parágrafo I, III, IV y se incluye el parágrafo V al artículo 181 del Código Tributario del 2 de agosto de 2003.
El Código Tributario Boliviano vigente establece una condena de cinco a 10 años de cárcel para quien incurra en dicha falta. El límite mínimo en tributos omitidos es a partir de 200 mil UFV.
“Hemos acordado algunas modificaciones con el Ejecutivo, se tiene previsto que el jueves se trate en el pleno de la Cámara de Diputados”, explicó la titular de la Cámara Baja, Gabriela Montaño.
Montaño no quiso dar mayores detalles de las modificaciones en específico que se hicieron a la norma, sin embargo, enfatizó que los sectores involucrados están de acuerdo a que se refuercen los controles y sanciones contra el contrabando.
Esta norma se proyecta después de la muerte de dos militares de la Unidad de Control Aduanero (UCA), en la comunidad de Cahuana, Sabaya del departamento de Oruro, en manos de contrabandistas. La norma fue remitida por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa la semana pasada.
El Legislativo tiene previsto reunirse con gremiales, transportistas, Aduana Nacional y empresarios para socializar esta norma y escuchar las sugerencias de los sectores para reforzar la norma y evitar que se generen malos entendidos señaló el diputado del Movimiento al Socialismo, Freddy Vargas.
USO DE ARMAS
El artículo 6 del proyecto de ley faculta a las Fuerzas Armadas y a la Policía al uso y equipamiento de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados que sean proporcionales al riesgo de los operativos que se realizan para evitar el ingreso de contrabando.
La norma también establece que los funcionarios que participen de estos operativos de manera excepcional quedarán exentos de responsabilidad, en ejercicio de su cargo y en cumplimiento de funciones, hubieran afectado un bien jurídico.
SANCIONES
El proyecto de ley establece penas de ocho a 12 años de prisión, estas se endurecen hasta 15 años si detrás del delito hay una organización criminal, violencia o riesgo de la vida humana.
“Privación de libertad de ocho a 12 años, cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía decomisada sea superior a las 15.450 UFV (Unidad de Fomento a la Vivienda), establecido en la valoración y liquidación que haga la Administración Tributaria”, establece uno de los ajustes que se incluye en la disposición adicional primera del proyecto de ley al que accedió este medio.
En ese contexto, plantea la modificación del parágrafo I, III, IV y se incluye el parágrafo V al artículo 181 del Código Tributario del 2 de agosto de 2003.
El Código Tributario Boliviano vigente establece una condena de cinco a 10 años de cárcel para quien incurra en dicha falta. El límite mínimo en tributos omitidos es a partir de 200 mil UFV.
martes, 27 de marzo de 2018
Proyecto de ley de lucha contra el contrabando ingresó a Diputados
La presidente de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, confirmó ayer la recepción del proyecto de ley de lucha contra el contrabando, el mismo será tratado con algunos sectores involucrados y luego pasará a una Comisión y posteriormente al pleno camaral.
“Llegó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley y el día de mañana tenemos algunas reuniones con algunos sectores. Posteriormente se procederá y continuará su tratamiento en Comisión y luego en el pleno de Cámara. Creemos que todo esto será esta semana”, informó Montaño.
Dentro de las reuniones programadas se tiene previsto un encuentro con un sector de los empresarios que están ligados a los despachantes de Aduana.
“Vamos escucharlos pero aún no han hecho llegar nada por escrito, sobre sus preocupaciones, esto sobre el caso de empresarios del área de despachantes de aduana; pero los escucharemos y luego tendremos la apertura para ir avanzando”, manifestó Montaño.
Destacó los alcances de la propuesta: “Se endurecen las penas a los delitos que están vinculados al contrabando, y se permite que las fuerzas del orden, que acompañan el trabajo contra el contrabando, puedan tener en igualdad de condiciones los mecanismos para hacer su trabajo y luchar eficientemente contra el contrabando, pero también protegerse”, afirmó Gabriela Montaño.
El 12 de marzo, el presidente Evo Morales anunció que se había elaborado una propuesta de ley para luchar contra el contrabando preservando la vida de funcionarios tras el asesinato de dos militares en manos de contrabandistas.
“Llegó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley y el día de mañana tenemos algunas reuniones con algunos sectores. Posteriormente se procederá y continuará su tratamiento en Comisión y luego en el pleno de Cámara. Creemos que todo esto será esta semana”, informó Montaño.
Dentro de las reuniones programadas se tiene previsto un encuentro con un sector de los empresarios que están ligados a los despachantes de Aduana.
“Vamos escucharlos pero aún no han hecho llegar nada por escrito, sobre sus preocupaciones, esto sobre el caso de empresarios del área de despachantes de aduana; pero los escucharemos y luego tendremos la apertura para ir avanzando”, manifestó Montaño.
Destacó los alcances de la propuesta: “Se endurecen las penas a los delitos que están vinculados al contrabando, y se permite que las fuerzas del orden, que acompañan el trabajo contra el contrabando, puedan tener en igualdad de condiciones los mecanismos para hacer su trabajo y luchar eficientemente contra el contrabando, pero también protegerse”, afirmó Gabriela Montaño.
El 12 de marzo, el presidente Evo Morales anunció que se había elaborado una propuesta de ley para luchar contra el contrabando preservando la vida de funcionarios tras el asesinato de dos militares en manos de contrabandistas.
jueves, 1 de marzo de 2018
Gobierno Electrónico Tres órganos del Estado coordinan modificar leyes
Los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Ministro de Gobierno y los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados se reunieron ayer para coordinar las modificaciones en las normas que permiten el intercambio de datos entre el Servicio de Registro Civil y el Servicio General de Identificación Personal a través del “gobierno electrónico”.
“La población requiere servicios más ágiles que utilicen las tecnologías de la información y de comunicación y que hagamos realidad un gobierno electrónico, que permita a la población hacer sus trámites de manera ágil y obtener certificaciones (…) rápidas, lo que dependerá de los ajustes que tenga que hacerse a la normativa”, explicó la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño.
Los mecanismos a los cuales la Presidenta de Diputados hace referencia tienen que ver con los servicios de instituciones públicas, por ejemplo, con la entrega oportuna de información sobre ciudadanos, la atención cotidiana de trámites e información y la obtención de certificaciones.
PROYECTO
El pasado 14 de diciembre se remitió al Legislativo el proyecto de Ley 436, que “Incorpora el artículo 79 BIS a la Ley 018 de 16 de junio de 2010 del Órgano Electoral Plurinacional”, el cual establece que el Servicio de Registro Cívico (Sereci) deberá otorgar al Servicio General de Identificación Personal (Segip) un acceso irrestricto de consulta en línea y tiempo real a los datos de nacimiento, estado civil y de defunción de las personas naturales registradas en su base de datos.
En esa oportunidad, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, confirmó que se ha trabajado en la norma señalada y que esa cartera de Estado fue la que presentó al Legislativo, para su futuro tratamiento.
Montaño explicó que es necesario implementar este tipo de mecanismos de coordinación, entre las instituciones que permitan mejorar la calidad de los servicios y ofrecer dispositivos que hagan realidad el gobierno electrónico.
El Estado aplica estrategia para avanzar en el Gobierno electrónico, con la coordinación de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic), que fue creada por decreto supremo 2514, el 9 de septiembre de 2015.
En ese entendido, la Agetic podrá acceder a la información del registro cívico, debiendo coordinarse servicios de interoperabilidad con el Sereci, bajo criterios de seguridad de la información y únicamente para fines públicos de protección de los derechos ciudadanos.
GOBIERNO ELECTRÓNICO
El plan del Gobierno electrónico tiene como objetivo “modernizar y transparentar la gestión pública” y cuenta con tres ejes estratégicos: gobierno soberano, gobierno eficiente y gobierno abierto y participativo.
Mientras, el segundo plan tiene como objetivo el “desarrollo de software libre y estándares abiertos en las entidades públicas” y cuenta con tres ejes estratégicos: soberanía tecnológica, descolonización del conocimiento tecnológico y gestión de cambio.
“La población requiere servicios más ágiles que utilicen las tecnologías de la información y de comunicación y que hagamos realidad un gobierno electrónico, que permita a la población hacer sus trámites de manera ágil y obtener certificaciones (…) rápidas, lo que dependerá de los ajustes que tenga que hacerse a la normativa”, explicó la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño.
Los mecanismos a los cuales la Presidenta de Diputados hace referencia tienen que ver con los servicios de instituciones públicas, por ejemplo, con la entrega oportuna de información sobre ciudadanos, la atención cotidiana de trámites e información y la obtención de certificaciones.
PROYECTO
El pasado 14 de diciembre se remitió al Legislativo el proyecto de Ley 436, que “Incorpora el artículo 79 BIS a la Ley 018 de 16 de junio de 2010 del Órgano Electoral Plurinacional”, el cual establece que el Servicio de Registro Cívico (Sereci) deberá otorgar al Servicio General de Identificación Personal (Segip) un acceso irrestricto de consulta en línea y tiempo real a los datos de nacimiento, estado civil y de defunción de las personas naturales registradas en su base de datos.
En esa oportunidad, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, confirmó que se ha trabajado en la norma señalada y que esa cartera de Estado fue la que presentó al Legislativo, para su futuro tratamiento.
Montaño explicó que es necesario implementar este tipo de mecanismos de coordinación, entre las instituciones que permitan mejorar la calidad de los servicios y ofrecer dispositivos que hagan realidad el gobierno electrónico.
El Estado aplica estrategia para avanzar en el Gobierno electrónico, con la coordinación de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic), que fue creada por decreto supremo 2514, el 9 de septiembre de 2015.
En ese entendido, la Agetic podrá acceder a la información del registro cívico, debiendo coordinarse servicios de interoperabilidad con el Sereci, bajo criterios de seguridad de la información y únicamente para fines públicos de protección de los derechos ciudadanos.
GOBIERNO ELECTRÓNICO
El plan del Gobierno electrónico tiene como objetivo “modernizar y transparentar la gestión pública” y cuenta con tres ejes estratégicos: gobierno soberano, gobierno eficiente y gobierno abierto y participativo.
Mientras, el segundo plan tiene como objetivo el “desarrollo de software libre y estándares abiertos en las entidades públicas” y cuenta con tres ejes estratégicos: soberanía tecnológica, descolonización del conocimiento tecnológico y gestión de cambio.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)