viernes, 27 de abril de 2018
martes, 24 de abril de 2018
Presentan regulación para Ley de la Cueca
El proyecto de reglamentación de la Ley de la Cueca, presentado por la Fundación Cultural de la Cueca Boliviana, contempla que cada primer domingo de octubre las autoridades nacionales, departamentales y municipales organizaran actividades en conmemoración al Día de la Cueca.
El documento fue entregado a la Ministra de Culturas, Wilma Alanoca, por parte del artista Willy Claure en su condición de presidente de la Fundación Cultural de la Cueca Boliviana.
"Se necesita una reglamentación para que se cumpla. El documento indica dos cosas principales, habla sobre el día de la Cueca Boliviana, que se celebra el primer domingo de cada año y señala que se debe introducir la enseñan de la cueca en las unidades educativas pero no como asignatura", declaró Claure a EL DIARIO.
La Ley 764 que fue promulgada el 30 de noviembre de 2015 declara a la cueca boliviana como patrimonio cultural e inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, por la diversidad de sus expresiones musicales, poéticas, coreográficas y de indumentarias, para la salvaguarda de los valores culturales, tradicionales y populares que le otorgan identidad nacional.
El documento fue entregado a la Ministra de Culturas, Wilma Alanoca, por parte del artista Willy Claure en su condición de presidente de la Fundación Cultural de la Cueca Boliviana.
"Se necesita una reglamentación para que se cumpla. El documento indica dos cosas principales, habla sobre el día de la Cueca Boliviana, que se celebra el primer domingo de cada año y señala que se debe introducir la enseñan de la cueca en las unidades educativas pero no como asignatura", declaró Claure a EL DIARIO.
La Ley 764 que fue promulgada el 30 de noviembre de 2015 declara a la cueca boliviana como patrimonio cultural e inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, por la diversidad de sus expresiones musicales, poéticas, coreográficas y de indumentarias, para la salvaguarda de los valores culturales, tradicionales y populares que le otorgan identidad nacional.
miércoles, 18 de abril de 2018
ALP aprobó decretos de amnistía e indulto
La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó ayer por unanimidad los decretos presidenciales 3519 y 3529 de amnistía e indulto parcial o total por razones humanitarias para beneficiar a más de 2.700 reclusos.
La amnistía beneficiará a reos preventivos por delitos con penas menores o igual a cinco años o cuya pena más grave sea menor a ocho años, reclusos con discapacidad grave o enfermedad terminal, mayores de 65 años, mujeres embarazadas con 20 semanas de gestación o quienes tengan bajo su guarda o custodia a menores de seis años.
Accederán al indulto parcial los reos con sentencia condenatoria ejecutoriada antes de la publicación del decreto presidencial; con la reducción de una tercera parte de la pena quienes padecen discapacidad grave o enfermedad terminal o incurable.
Se beneficiarán con una cuarta parte de la reducción de la pena los menores de 28 años y mayores de 58, madres al cuidado de uno o varios hijos; y con la reducción de dos años los no reincidentes con condenas igual o mayor a seis años. El indulto total alcanzará a varones presos de 58 años y a mujeres de 55 que hayan cumplido una cuarta parte de su condena o estén al cuidado de sus hijos, embarazadas de 20 semanas, a las personas con discapacidad grave, enfermedad terminal o incurable y los no reincidentes.
La titular de Diputados, Gabriela Montaño, criticó la doble moral de los opositores que hoy cuestionan el hacinamiento carcelario cuando fueron ellos los que propiciaron la abrogación del nuevo Código del Sistema Penal.
sábado, 14 de abril de 2018
jueves, 12 de abril de 2018
lunes, 9 de abril de 2018
Experto sugiere ley para definir qué información es pública
Paul Antonio Coca, experto en políticas públicas, señaló que el país debe aprobar una ley de acceso a la información que defina cuál se considera pública o privada, y qué entidades del Estado pueden compartir entre sí reportes institucionales.
Según el experto, la normativa que permita delimitar la información pública de la privada debe incorporar una cláusula donde se especifique y permita elegir a la población elegir si sus datos son, o no, públicos. Es decir, que ponga un límite al Estado respecto a qué tipo de información personal puede acceder.
“Se debe tomar en cuenta que las instituciones públicas tienen el poder de anejar esa información de manera discrecional, para esto es necesario la existencia de un marco normativo que le diga al Estado hasta dónde puede llegar con la información de los datos personales”, puntualizó el experto.
A su vez, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que permite al Servicio de Registro Cívico (Sereci) otorgar al Servicio General de Información Personal (Segip) información de certificados de nacimiento, defunción y estado civil registrados en la base de datos, además que la agencia estatal de tecnologías de la información será el ente que fiscalizará el intercambio de los datos.
Coca señaló que existe un conglomerado de información de la ciudadanía que está distribuido en diferentes entidades gubernamentales a los que el Gobierno puede tener un fácil acceso. Acceso que podría ser discrecional.
LEY DE INFORMACIÓN
Ante estas argumentaciones, el experto sugirió la aprobación de una ley de acceso a la información, que permita cuáles son de carácter público o privado, y a cuántos de estos puede acceder el Gobierno.
Durante 15 años se presentaron al menos cinco propuestas de proyectos de Ley de Acceso a la Información Pública ante el Legislativo y ninguno de estos prosperó.
Uno de ellos fue planteado por la a Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) en el 2016, el sociólogo Henry Oporto hizo público el Proyecto de Ley Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno; en el 2013, el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción propuso una norma similar.
Según el experto, la normativa que permita delimitar la información pública de la privada debe incorporar una cláusula donde se especifique y permita elegir a la población elegir si sus datos son, o no, públicos. Es decir, que ponga un límite al Estado respecto a qué tipo de información personal puede acceder.
“Se debe tomar en cuenta que las instituciones públicas tienen el poder de anejar esa información de manera discrecional, para esto es necesario la existencia de un marco normativo que le diga al Estado hasta dónde puede llegar con la información de los datos personales”, puntualizó el experto.
A su vez, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que permite al Servicio de Registro Cívico (Sereci) otorgar al Servicio General de Información Personal (Segip) información de certificados de nacimiento, defunción y estado civil registrados en la base de datos, además que la agencia estatal de tecnologías de la información será el ente que fiscalizará el intercambio de los datos.
Coca señaló que existe un conglomerado de información de la ciudadanía que está distribuido en diferentes entidades gubernamentales a los que el Gobierno puede tener un fácil acceso. Acceso que podría ser discrecional.
LEY DE INFORMACIÓN
Ante estas argumentaciones, el experto sugirió la aprobación de una ley de acceso a la información, que permita cuáles son de carácter público o privado, y a cuántos de estos puede acceder el Gobierno.
Durante 15 años se presentaron al menos cinco propuestas de proyectos de Ley de Acceso a la Información Pública ante el Legislativo y ninguno de estos prosperó.
Uno de ellos fue planteado por la a Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) en el 2016, el sociólogo Henry Oporto hizo público el Proyecto de Ley Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno; en el 2013, el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción propuso una norma similar.
martes, 3 de abril de 2018
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