La Ley Municipal 092 de Control de la Propaganda Electoral fue aprobada por segunda vez, el pasado jueves por el Concejo Municipal, tras las observaciones que hizo el legislativo edil, este último espera puedan remitirlo a su despacho a la brevedad y tras su revisión se realizará la respectiva promulgación del documento, en el cual establece sanciones a infractores desde 2.000 hasta 20.000 bolivianos.
El pasado jueves, el Concejo Municipal de La Paz aprobó la Ley 092 con las respectivas modificaciones que se suscitaron tras las observaciones que realizó el ejecutivo edil, esta norma pretende disminuir o evitar el daño que causan las campañas electorales en bienes tanto públicos como privados, de la misma forma establece sanciones a los infractores.
La norma todavía no fue promulgada siendo que el alcalde de La Paz, Luis Revilla, dijo que aún no la habían remitido para su respectiva revisión; sin embargo, aseguró que una vez realice aquella función, entonces el documento será decretado para su respectiva aplicación.
“Entiendo que el Concejo Municipal aprobó la Ley con las respectivas modificaciones que habíamos pedido, pero no hemos recibido todavía la ley, apenas la recibamos la vamos a promulgar”, expresó la autoridad.
El documento aprobado por el Concejo Municipal de La Paz indica que la propaganda electoral puede ser difundida por cualquier medio disponible, por las organizaciones que intervienen en un proceso electoral; sin embargo, por principio no debe afectar otros derechos, es decir, debe evitar dañar el nombre, la imagen, el honor y el patrimonio de las personas, sean estas naturales o jurídicas.
Entre la reglamentación de la difusión de propaganda electoral establecida por el Órgano Electoral Plurinacional no se prevé mecanismos de protección y reparación de daños a bienes y espacios públicos como privados, por lo que la regulación de este aspecto es tarea del Gobierno Autónomo Municipal que entre otras tiene la competencia de regular la publicidad y propaganda urbana, en este caso la propaganda electoral en espacios de su jurisdicción, de modo que esta no afecte a los bienes públicos ni cause daños a propiedad privada, sostiene el documento.
Agrega también que los procesos electorales realizados en el pasado efectuaron de manera notable la imagen del municipio, ya que además del excesivo pintado de paredes, se vio el uso y abuso de altoparlantes que difundían las propuestas de las organizaciones políticas, sin considerar que muchas veces, además del daño a la imagen, afectan la salud y la seguridad de las personas, además de atentar contra el resguardo de la preservación del medio ambiente, la estética y arquitectura del entorno urbano.
La necesidad de regular la difusión de propaganda electoral se funda en que debe existir un mecanismo que permita asegurar la integridad de los bienes públicos, sean estos nacionales, departamentales o municipales y que en caso que sufran daños o se vean afectados, estos sean repuestos hasta su estado original, cuya erogación económica sea cubierta por la misma organización causante del daño. En esta medida, las limitaciones a la difusión de propaganda sonora en inmediaciones de centros de salud y educación deben ser necesariamente incluidas, siendo que la tranquilidad, el reposo y la calma son necesarios para poder llevar adelante un proceso educativo o un tratamiento para recuperar la salud, señala el documento justificativo a la Ley.
sábado, 30 de agosto de 2014
miércoles, 27 de agosto de 2014
El Gobierno celebra la plena vigencia de la Ley del Notariado
El Gobierno celebró ayer la plena vigencia de la Ley del Notariado después de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) notificó al Ministerio de Justicia que la demanda de inconstitucionalidad en contra de la norma, presentado por el diputado Juan Luis Gantier, quedó sin efecto.
La ministra del área, Sandra Gutiérrez, aplaudió la decisión de los magistrados del Tribunal Constitucional "por el análisis jurídico y normativo que realizaron basándose en la Constitución Política del Estado” para dejar sin efecto las observaciones planteadas por el legislador, lo que dejó en evidencia que la demanda fue "meramente política”, registra la agencia ABI.
"La Resolución del Tribunal Constitucional establece que los artículos planteados como inconstitucionales son totalmente constitucionales y aquí se puede establecer que la ley 483 fue elaborada en apego a la Constitución, e intereses mezquinos del diputado llevaron a plantear esta acción política”, dijo.
La ministra de Justicia dijo que la suspensión de la aplicación de la Ley del Notariado vulneró, no solamente los derechos de los bolivianos, sino la ejecución de artículos, la aprobación del Reglamento y el nombramiento del directorio, entre otros aspectos.
Gutiérrez negó que en el fallo del Tribunal Constitucional "hubo injerencia ni mucho menos presión del Ejecutivo” o de otras autoridades, "porque no trabajan bajo esos principios”.
Dejó establecido que al dejar sin efecto la demanda contra la Ley del Notariado no suspende el juicio de responsabilidades en contra de las magistradas del Tribunal Constitucional, Ligia Velásquez y Soraida Chánez, acusadas por incumplimiento de deberes y otros delitos.
No obstante, el abogado de Chánez, Eduardo León, advirtió que "la gente en particular tiene que saber que desde el día de hoy toda trasferencia de bienes, reconocimientos de firmas, contratos o negociaciones jurídicas que realizan ante un notario de fe pública va a ser controlado por el Ministerio de Justicia”.
El jurista también advirtió que el Ministerio de Justicia "va concentrar todos los actos de los notarios de fe pública, violando la independencia de poderes porque se supone que los notarios de fe dependen o dependían del Consejo de la Magistratura”.
Notarios piden capacitación para aplicar la nueva norma
El presidente del Colegio Departamental de Notarios de La Paz, Marcelo Baldivia, dijo que este sector está de acuerdo con la Ley del Notariado y que necesitan cursos de capacitación para aplicar la ley vigente del Notariado. También, afirmó que no hubo problemas cuando la norma quedó sin efecto gracias a un auto constitucional.
"Si se declaró constitucional la Ley del Notariado, nosotros acataremos lo que tenga que ser; como ya está vigente la ley 843, esperaremos una comunicación oficial del Consejo de Notariado Plurinacional para ver cómo se aplicará”, aseveró el notario.
La autoridad indicó que no fueron notificados sobre la sentencia, pero que están dispuestos a aplicar la norma. Además, resaltó el hecho de que la nueva ley otorga otras funciones a los notarios de fe pública, por lo que se precisa de cursos de capacitación que se presume, otorgará el Ministerio de Justica.
Dijo que la ley 843 se estaba aplicando en la medida que se podía y cuando habían vacíos legales en los trámites se aplicaba la anterior ley de 1858.
La ministra del área, Sandra Gutiérrez, aplaudió la decisión de los magistrados del Tribunal Constitucional "por el análisis jurídico y normativo que realizaron basándose en la Constitución Política del Estado” para dejar sin efecto las observaciones planteadas por el legislador, lo que dejó en evidencia que la demanda fue "meramente política”, registra la agencia ABI.
"La Resolución del Tribunal Constitucional establece que los artículos planteados como inconstitucionales son totalmente constitucionales y aquí se puede establecer que la ley 483 fue elaborada en apego a la Constitución, e intereses mezquinos del diputado llevaron a plantear esta acción política”, dijo.
La ministra de Justicia dijo que la suspensión de la aplicación de la Ley del Notariado vulneró, no solamente los derechos de los bolivianos, sino la ejecución de artículos, la aprobación del Reglamento y el nombramiento del directorio, entre otros aspectos.
Gutiérrez negó que en el fallo del Tribunal Constitucional "hubo injerencia ni mucho menos presión del Ejecutivo” o de otras autoridades, "porque no trabajan bajo esos principios”.
Dejó establecido que al dejar sin efecto la demanda contra la Ley del Notariado no suspende el juicio de responsabilidades en contra de las magistradas del Tribunal Constitucional, Ligia Velásquez y Soraida Chánez, acusadas por incumplimiento de deberes y otros delitos.
No obstante, el abogado de Chánez, Eduardo León, advirtió que "la gente en particular tiene que saber que desde el día de hoy toda trasferencia de bienes, reconocimientos de firmas, contratos o negociaciones jurídicas que realizan ante un notario de fe pública va a ser controlado por el Ministerio de Justicia”.
El jurista también advirtió que el Ministerio de Justicia "va concentrar todos los actos de los notarios de fe pública, violando la independencia de poderes porque se supone que los notarios de fe dependen o dependían del Consejo de la Magistratura”.
Notarios piden capacitación para aplicar la nueva norma
El presidente del Colegio Departamental de Notarios de La Paz, Marcelo Baldivia, dijo que este sector está de acuerdo con la Ley del Notariado y que necesitan cursos de capacitación para aplicar la ley vigente del Notariado. También, afirmó que no hubo problemas cuando la norma quedó sin efecto gracias a un auto constitucional.
"Si se declaró constitucional la Ley del Notariado, nosotros acataremos lo que tenga que ser; como ya está vigente la ley 843, esperaremos una comunicación oficial del Consejo de Notariado Plurinacional para ver cómo se aplicará”, aseveró el notario.
La autoridad indicó que no fueron notificados sobre la sentencia, pero que están dispuestos a aplicar la norma. Además, resaltó el hecho de que la nueva ley otorga otras funciones a los notarios de fe pública, por lo que se precisa de cursos de capacitación que se presume, otorgará el Ministerio de Justica.
Dijo que la ley 843 se estaba aplicando en la medida que se podía y cuando habían vacíos legales en los trámites se aplicaba la anterior ley de 1858.
Evo promulga ley que establece pago de aguinaldo a beneficiarios de la Renta Dignidad
El presidente Evo Morales promulgó hoy la Ley 562 que establece el pago de aguinaldo a los beneficiarios de la Renta Dignidad, que en el país superan las 800.000 personas. En tanto, jubilados de todo el país se movilizan en demanda por el pago de un bono de 3.000 bolivianos.
"Evidentemente no es mucho pero para la gente pobre es algo de yapita 250 bolivianos al año (...) Este pequeño aporte y decirles que generando más divisas vamos a seguir atendiendo a sectores más abandonados, en este caso hermanas y hermanos que no se jubilaron en la vida", dijo.
En el acto que se desarrolló en Palacio de Gobierno, el ministro de Economía, Luis Arce, aseguró que los recursos económicos para el pago de ese beneficio y ahora para el aguinaldo están "garantizados" porque dicha renta se basa en la mejora de la producción hidrocarburífera.
Morales expresó su deseo de seguir elevando el monto de la Renta Dignidad, que en la actualidad es de 200 bolivianos para los jubilados y de 250 bolivianos para aquellos que no reciben una renta mensual; sin embargo, manifestó que eso sólo será posible en la medida en que se garantice el crecimiento económico, informó ABI.
Según las imágenes de ATB, jubilados procedieron a bloquear calles del centro paceño, pese a que su dirigencia determinó días atrás ingresar en cuarto intermedio en sus medidas de presión hasta el miércoles 3 de septiembre.
"Las bases rechazaron el informe de comité ejecutivo y resolvieron el bloqueo de las mil esquinas (...). Estas medidas son iniciales. Posteriormente habrán otras medidas más drásticas", afirmó Gregorio Anze, dirigente de la Confederación de Rentistas y Jubilados de Bolivia.
Anze afirmó que son "grandes" las necesidades de los jubilados y que necesitan el pago del bono de 3.000 bolivianos y la cancelación del segundo aguinaldo instaurado por el Gobierno el año pasado.
El ministro Arce sostiene que las dos demandas de los jubilados representarían para el Estado una erogación adicional de 92 millones de dólares, de los cuales 50 millones representarían el bono al jubilado de Bs. 3.000 y el resto al doble aguinaldo.
"Evidentemente no es mucho pero para la gente pobre es algo de yapita 250 bolivianos al año (...) Este pequeño aporte y decirles que generando más divisas vamos a seguir atendiendo a sectores más abandonados, en este caso hermanas y hermanos que no se jubilaron en la vida", dijo.
En el acto que se desarrolló en Palacio de Gobierno, el ministro de Economía, Luis Arce, aseguró que los recursos económicos para el pago de ese beneficio y ahora para el aguinaldo están "garantizados" porque dicha renta se basa en la mejora de la producción hidrocarburífera.
Morales expresó su deseo de seguir elevando el monto de la Renta Dignidad, que en la actualidad es de 200 bolivianos para los jubilados y de 250 bolivianos para aquellos que no reciben una renta mensual; sin embargo, manifestó que eso sólo será posible en la medida en que se garantice el crecimiento económico, informó ABI.
Según las imágenes de ATB, jubilados procedieron a bloquear calles del centro paceño, pese a que su dirigencia determinó días atrás ingresar en cuarto intermedio en sus medidas de presión hasta el miércoles 3 de septiembre.
"Las bases rechazaron el informe de comité ejecutivo y resolvieron el bloqueo de las mil esquinas (...). Estas medidas son iniciales. Posteriormente habrán otras medidas más drásticas", afirmó Gregorio Anze, dirigente de la Confederación de Rentistas y Jubilados de Bolivia.
Anze afirmó que son "grandes" las necesidades de los jubilados y que necesitan el pago del bono de 3.000 bolivianos y la cancelación del segundo aguinaldo instaurado por el Gobierno el año pasado.
El ministro Arce sostiene que las dos demandas de los jubilados representarían para el Estado una erogación adicional de 92 millones de dólares, de los cuales 50 millones representarían el bono al jubilado de Bs. 3.000 y el resto al doble aguinaldo.
lunes, 25 de agosto de 2014
Ley General de Salud será la base para establecer responsabilidades
La Ley General de Salud que será elaborada entre los legisladores y los sectores de profesionales involucrados, debe explicar claramente las condiciones, los protocolos, esquemas y todo el funcionamiento que debe ejercerse para que en base a ello se pueda establecer responsabilidades, según la posición de la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes).
El secretario ejecutivo de la Fesirmes, Bernardino Orgaz Miranda, y el secretario general, Alberto Del Villar Salazar se reunieron con sus afiliados para analizar los 20 anteproyectos de ley que se presentaron a la Cámara de Diputados, concluyendo que ninguno "tiene pies ni cabeza".
Del Villar señaló que no están de acuerdo en hablar de una mala praxis o negligencia, sin tener una ley que diga qué se debe hacer en las condiciones que trabajan.
"La ciencia médica es una ciencia de medios y no de resultados, no podemos garantizar resultados, eso hace que tengamos que tener una Ley General de Salud que especifique todo, que hable del medicamento, de los exámenes auxiliares, que hable de los protocolos para trasplantes y otros, que incluya responsabilidades, y la responsabilidad no sólo es la profesional; sino también hay responsabilidad ejecutiva, hay responsabilidad de la familia", indicó el médico.
Se informó que no existen plazos para la elaboración de esta ley, porque deben trabajar primero en un diagnóstico situacional.
DENUNCIAS
Del Villar no supo indicar cuántas denuncias existen sobre presunta negligencia mala praxis médica en el país, sin embargo aseguró que Bolivia está dentro los parámetros que "debe existir en cualquier parte del mundo", aunque refirió que en el país no existen estadísticas.
"No tenemos estadísticas en Bolivia, en primer lugar porque muchos de los casos están siguiendo su curso regular, hay médicos que están siendo sancionados, que están firmando cada lunes en la Fiscalía por sanciones inclusive de menos de tres años, existen ya, lo que falta quizás es hacer una ley general de salud, y en base a esa ley ver de quién es la responsabilidad, porque muy fácilmente se habla de mala praxis y no se habla de cómo funciona la salud, cómo son las condiciones", enfatizó.
Por su parte, Orgaz se refirió a los medios de comunicación asegurando que hablan de supuestas negligencias médicas sin haberse comprobado nada, "creo que para presentar eso deben estar seguros de que hubo un proceso legal para decir lo que ha pasado. Hemos venido a dar las charlas para que vean que los anteproyectos que se han presentado, estudiados previamente, no necesitamos salir a la prensa, somos médicos que razonamos y damos nuestro parecer, son 20 anteproyectos que no tiene pies ni cabeza, entonces lo que nosotros hemos pedido es que hagamos una ley general de salud donde involucre todo ese marco, que englobe trasplantes, medicamentos y otros", reiteró el secretario ejecutivo.
El secretario ejecutivo de la Fesirmes, Bernardino Orgaz Miranda, y el secretario general, Alberto Del Villar Salazar se reunieron con sus afiliados para analizar los 20 anteproyectos de ley que se presentaron a la Cámara de Diputados, concluyendo que ninguno "tiene pies ni cabeza".
Del Villar señaló que no están de acuerdo en hablar de una mala praxis o negligencia, sin tener una ley que diga qué se debe hacer en las condiciones que trabajan.
"La ciencia médica es una ciencia de medios y no de resultados, no podemos garantizar resultados, eso hace que tengamos que tener una Ley General de Salud que especifique todo, que hable del medicamento, de los exámenes auxiliares, que hable de los protocolos para trasplantes y otros, que incluya responsabilidades, y la responsabilidad no sólo es la profesional; sino también hay responsabilidad ejecutiva, hay responsabilidad de la familia", indicó el médico.
Se informó que no existen plazos para la elaboración de esta ley, porque deben trabajar primero en un diagnóstico situacional.
DENUNCIAS
Del Villar no supo indicar cuántas denuncias existen sobre presunta negligencia mala praxis médica en el país, sin embargo aseguró que Bolivia está dentro los parámetros que "debe existir en cualquier parte del mundo", aunque refirió que en el país no existen estadísticas.
"No tenemos estadísticas en Bolivia, en primer lugar porque muchos de los casos están siguiendo su curso regular, hay médicos que están siendo sancionados, que están firmando cada lunes en la Fiscalía por sanciones inclusive de menos de tres años, existen ya, lo que falta quizás es hacer una ley general de salud, y en base a esa ley ver de quién es la responsabilidad, porque muy fácilmente se habla de mala praxis y no se habla de cómo funciona la salud, cómo son las condiciones", enfatizó.
Por su parte, Orgaz se refirió a los medios de comunicación asegurando que hablan de supuestas negligencias médicas sin haberse comprobado nada, "creo que para presentar eso deben estar seguros de que hubo un proceso legal para decir lo que ha pasado. Hemos venido a dar las charlas para que vean que los anteproyectos que se han presentado, estudiados previamente, no necesitamos salir a la prensa, somos médicos que razonamos y damos nuestro parecer, son 20 anteproyectos que no tiene pies ni cabeza, entonces lo que nosotros hemos pedido es que hagamos una ley general de salud donde involucre todo ese marco, que englobe trasplantes, medicamentos y otros", reiteró el secretario ejecutivo.
jueves, 21 de agosto de 2014
Sancionan ley que exime a beneméritos pago de luz, agua y gas
La Cámara de Diputados sancionó ayer el Proyecto de Ley 017/2014 que exenciona (exime) a los beneméritos de la Patria, de manera personalísima y vitalicia, el 100 por ciento del pago de los servicios básicos, como energía eléctrica, gas domiciliario y agua potable. La ley será remitida al Ejecutivo para su promulgación.
Esta ley promoverá y garantizará los derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado para este sector poblacional que merece una vejez digna, con calidad y calidez humana, gratitud y respeto por parte de las instituciones públicas y de la población en general, según un comunicado de la Dirección de Informaciones y Prensa de la Cámara de Diputados.
La norma dispone que el Órgano Ejecutivo, mediante decreto supremo, reglamente la ley en el plazo de 60 días a partir de su promulgación.
Según el presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, David Quispe, son beneméritos de la Patria todos los bolivianos que habiendo concurrido a la campaña del Chaco prestaron servicios como combatientes en las líneas de fuego y dentro de las operaciones.
Los choferes, ayudantes mecánicos, enfermeras de guerra y sanitarios quedan comprendidos en el reconocimiento honorífico.
Esta ley promoverá y garantizará los derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado para este sector poblacional que merece una vejez digna, con calidad y calidez humana, gratitud y respeto por parte de las instituciones públicas y de la población en general, según un comunicado de la Dirección de Informaciones y Prensa de la Cámara de Diputados.
La norma dispone que el Órgano Ejecutivo, mediante decreto supremo, reglamente la ley en el plazo de 60 días a partir de su promulgación.
Según el presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, David Quispe, son beneméritos de la Patria todos los bolivianos que habiendo concurrido a la campaña del Chaco prestaron servicios como combatientes en las líneas de fuego y dentro de las operaciones.
Los choferes, ayudantes mecánicos, enfermeras de guerra y sanitarios quedan comprendidos en el reconocimiento honorífico.
Sancionan ley en beneficio de beneméritos
La Cámara de Diputados sancionó anoche una ley que exonera a los 199 beneméritos de la patria que viven en todo el país con el 100% del pago de los servicios básicos, como energía eléctrica, gas domiciliario y agua potable.
Se hizo conocer que la ley, que pasó del Senado a la Cámara Baja para su revisión, fue remitida al Órgano Ejecutivo para que en los próximos 10 días el presidente Evo Morales la promulgue y beneficie a este sector, ‘de manera personalísima y vitalicia’.
“Con esta ley se beneficiarán los beneméritos, que, según la documentación que tiene el ex- Servicio Nacional del Sistema de Reparto (ex Senasir), aún viven 199, de las 400.000 personas que fueron a la guerra en su momento. Hubiera sido importante que esta norma haya sido aplicada mucho antes”, manifestó el presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, David Quispe.
Un plazo de dos meses
La norma dispone que el Órgano Ejecutivo, mediante decreto supremo, reglamente la ley en el plazo de 60 días, a partir de su promulgación.
La Constitución establece desde el 2008 que el Estado tiene la obligación de adoptar políticas para la protección, atención, recreación, descanso y ocupación social de los adultos mayores
Se hizo conocer que la ley, que pasó del Senado a la Cámara Baja para su revisión, fue remitida al Órgano Ejecutivo para que en los próximos 10 días el presidente Evo Morales la promulgue y beneficie a este sector, ‘de manera personalísima y vitalicia’.
“Con esta ley se beneficiarán los beneméritos, que, según la documentación que tiene el ex- Servicio Nacional del Sistema de Reparto (ex Senasir), aún viven 199, de las 400.000 personas que fueron a la guerra en su momento. Hubiera sido importante que esta norma haya sido aplicada mucho antes”, manifestó el presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, David Quispe.
Un plazo de dos meses
La norma dispone que el Órgano Ejecutivo, mediante decreto supremo, reglamente la ley en el plazo de 60 días, a partir de su promulgación.
La Constitución establece desde el 2008 que el Estado tiene la obligación de adoptar políticas para la protección, atención, recreación, descanso y ocupación social de los adultos mayores
lunes, 18 de agosto de 2014
Ley establece seis medidas contra retardación de justicia
La eliminación de jueces ciudadanos y de las vacaciones colectivas, además de la contratación eventual de jueces y personal de apoyo son tres de las seis medidas que incluye el proyecto de Ley de Descongestión y Efectivización del Sistema Procesal Penal, normativa con la que se pretende eliminar la retardación de justicia, informó el presidente de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, Juan Carlos Cejas.
“La propuesta es una respuesta a las estadísticas respecto de la tardanza en la mayoría de los procesos en materia penal”, afirmó el legislador al señalar que las otras medidas incluyen plazos perentorios para que los fiscales realicen la imputación y concluyan con las investigaciones, además de la extinción del proceso si no se cumplen con los plazos.
El legislador potosino explicó que el objetivo de la norma “es implementar procedimientos para agilizar los juicios penales, evitar la retardación de justicia y otorgar una justicia pronta y efectiva”. Actualmente, el proyecto se encuentra en la Cámara de Senadores para su revisión.
Plazos procesales
El proyecto normativo plantea que se conmine a los fiscales para que en el plazo de cinco días emitan una resolución preliminar sobre las investigaciones y 15 días para la resolución conclusiva, conforme al artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, para que de esta forma se dé celeridad a cada uno de los procesos investigativos a cargo del fiscal.
También determina —por única vez— la conversión de acciones judiciales transcurridos tres meses con la notificación a la víctima o querellante. Cejas explicó que en el caso de que el fiscal asignado a una investigación se hiciera vencer con el plazo de conminatoria para que presente resolución conclusiva, y si transcurrido este plazo la víctima o querellante no solicita la conversión, el juez, de oficio, podrá declarar la extinción de la acción.
Se establece que en todas las causas con resolución de imputación que se encuentran con vencimiento de plazos a la promulgación de la futura ley los jueces podrán conminar por única vez para que los fiscales asignados al caso presenten requerimiento conclusivo en 30 días, caso contrario el juez notificará a la víctima o querellante para que en el mismo plazo presente acusación particular; si no lo hacen, el caso será extinguido.
Fin a la vacación colectiva
El artículo 9 del proyecto normativo señala las modificaciones al Código de Procedimiento Penal y la Ley del Órgano Judicial, donde se incluye la eliminación de la vacación colectiva para jueces, vocales y funcionarios; a partir de la promulgación las vacaciones de los operadores de justicia serán individuales.
“Las vacaciones colectivas que de alguna manera paraliza al Órgano Judicial pese a que se quedan jueces de turno que no precisamente atienden todas las causas, motivo por el cual se propone vacaciones individuales”, argumentó Cejas.
Otra de las medidas que se aplicará es la contratación eventual de jueces en materia penal y personal de apoyo jurídico por el lapso de ocho meses, período en el que se pretende descongestionar los juicios penales.
“La propuesta es una respuesta a las estadísticas respecto de la tardanza en la mayoría de los procesos en materia penal”, afirmó el legislador al señalar que las otras medidas incluyen plazos perentorios para que los fiscales realicen la imputación y concluyan con las investigaciones, además de la extinción del proceso si no se cumplen con los plazos.
El legislador potosino explicó que el objetivo de la norma “es implementar procedimientos para agilizar los juicios penales, evitar la retardación de justicia y otorgar una justicia pronta y efectiva”. Actualmente, el proyecto se encuentra en la Cámara de Senadores para su revisión.
Plazos procesales
El proyecto normativo plantea que se conmine a los fiscales para que en el plazo de cinco días emitan una resolución preliminar sobre las investigaciones y 15 días para la resolución conclusiva, conforme al artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, para que de esta forma se dé celeridad a cada uno de los procesos investigativos a cargo del fiscal.
También determina —por única vez— la conversión de acciones judiciales transcurridos tres meses con la notificación a la víctima o querellante. Cejas explicó que en el caso de que el fiscal asignado a una investigación se hiciera vencer con el plazo de conminatoria para que presente resolución conclusiva, y si transcurrido este plazo la víctima o querellante no solicita la conversión, el juez, de oficio, podrá declarar la extinción de la acción.
Se establece que en todas las causas con resolución de imputación que se encuentran con vencimiento de plazos a la promulgación de la futura ley los jueces podrán conminar por única vez para que los fiscales asignados al caso presenten requerimiento conclusivo en 30 días, caso contrario el juez notificará a la víctima o querellante para que en el mismo plazo presente acusación particular; si no lo hacen, el caso será extinguido.
Fin a la vacación colectiva
El artículo 9 del proyecto normativo señala las modificaciones al Código de Procedimiento Penal y la Ley del Órgano Judicial, donde se incluye la eliminación de la vacación colectiva para jueces, vocales y funcionarios; a partir de la promulgación las vacaciones de los operadores de justicia serán individuales.
“Las vacaciones colectivas que de alguna manera paraliza al Órgano Judicial pese a que se quedan jueces de turno que no precisamente atienden todas las causas, motivo por el cual se propone vacaciones individuales”, argumentó Cejas.
Otra de las medidas que se aplicará es la contratación eventual de jueces en materia penal y personal de apoyo jurídico por el lapso de ocho meses, período en el que se pretende descongestionar los juicios penales.
viernes, 15 de agosto de 2014
Senado sanciona ley del aguinaldo para la vejez
La Cámara de Senadores sancionó ayer la ley que dispone el pago del aguinaldo a los beneficiarios de la Renta Dignidad y a los jubilados de la seguridad social. Los primeros percibirán Bs 250 adicionales y los segundos, Bs 200. La normativa pasó al Ejecutivo para que sea promulgada.
El proyecto elaborado por el Ejecutivo y entregado por el mismo presidente Evo Morales a la Asamblea Legislativa otorga ahora un pago número 13 a los beneficiarios de la Renta Dignidad. La normativa sancionada ayer modifica el artículo 5 de la Ley 3791, referido al “Monto de la renta universal de vejez y de los gastos funerales”.
En este marco, se determinó un incremento de Bs 250 al pago anual de la renta para: “Todos los bolivianos residentes en el país mayores de 60 (sesenta) años, que no perciban una renta en el Sistema de Seguridad Social de Largo Plazo o una remuneración contemplada en el Presupuesto General de la Nación (es decir considerados en el sistema de pensiones)”, este tipo de beneficiaros están señalados en la Ley 3791.
Según la explicación que realizó el ministro de Economía, Luis Arce, el miércoles en la Cámara de Diputados, este sector de “no rentistas” llega a “más de 700.000 personas”, por lo que ahora cada uno recibirá, con el aguinaldo, un total anual de Bs 3.250 de renta.
La autoridad señaló también que para “los bolivianos que perciban una renta del Sistema de Seguridad Social (rentistas)” el total anual de renta que percibirán será de Bs 2600, es decir un pago adicional de Bs 200. “(Son) alrededor de 117.000 personas que conforman (este sector), los beneficiarios son rentistas y también se han de beneficiar con este pago número 13”, acotó Arce.
El ministro Arce explicó que el incremento del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) —por el cual el 30% de lo que perciben las gobernaciones y municipios se destina a este bono y los dividendos de las empresas capitalizadas, “muchas de ellas nacionalizadas”— “hace sostenible este pago”.
Según la proyección económica para este año, se tiene Bs 3.721 millones que van al Fondo de la Renta Universal de Vejez de la Renta Dignidad y el total del dinero que se pagará a todos los beneficiarios, incluido el aguinaldo, será de Bs 3.034 millones.
Este beneficio para la tercera edad fue anunciado por el mandatario Evo Morales durante su discurso del 6 de agosto por el aniversario patrio. El miércoles, la Cámara Baja aprobó esta normativa y luego de 24 horas el Senado la sancionó. “Es una ley muy importante, por eso es la prioridad”, señaló la senadora Sandra Soriano. “El pago de este aguinaldo se cancelará desde esta gestión”, acotó.
Alcances de la norma sancionada
Normativa
La ley que sancionó ayer el Senado determina que se pagará Bs 250 más a las personas mayores de 60 años que no sean rentistas. Este sector en el país supera las 700.000 personas. Además, los que sí están considerados en el sistema de pensiones (más de 117.000) también recibirán un aguinaldo de Bs 200. La ley sancionada será promulgada por el Ejecutivo y el pago corre desde esta gestión.
jueves, 14 de agosto de 2014
Anteproyecto de Ley del Artista es difundido
El anteproyecto de Ley del Artista empezó a ser socializado en La Paz, en ambientes de la Vicepresidencia.
El evento contó con la participación de diputados y artistas de varios sectores, que pudieron conocer los lineamientos de este plan de la nueva normativa.
Víctor Laura Apaza, asesor jurídico de Sobodaycom, explicó que el proyecto ha sido pensado para todos los artistas de las distintas especialidades en el país, y que lo que se requiere es la socialización del texto en toda Bolivia para generar una construcción común de esta ley.
El objetivo de la ley es regular, garantizar y proteger los derechos de los artistas bolivianos, en su condición de trabajadores culturales.
La normativa considera artistas a todas aquellas personas que, asumiendo tal condición, con las particularidades de su quehacer artístico, sus oficios o áreas de trabajo, laboren directamente y de manera continua en la creación, ejecución e interpretación artística, en el desarrollo de alguna manifestación cultural y disciplinas artísticas o en la producción de bienes y servicios artísticos tangibles e intangibles, remunerados o no.
Con estas definiciones, se propone al artista como sujeto indispensable para alcanzar los fines esenciales del Estado y de la sociedad, y considerar a los artistas en el extranjero como diplomáticos culturales.
Se propone también que todos los medios de comunicación estatales y privados difundan y promocionen las manifestaciones de los creadores nacionales. También se plantea la creación de un Fondo Plurinacional para la Difusión Artística, la creación de espacios culturales, el acceso a títulos profesionales artísticos, a un régimen laboral especial, una reglamentación especial para la seguridad social y otras medidas.
El evento contó con la participación de diputados y artistas de varios sectores, que pudieron conocer los lineamientos de este plan de la nueva normativa.
Víctor Laura Apaza, asesor jurídico de Sobodaycom, explicó que el proyecto ha sido pensado para todos los artistas de las distintas especialidades en el país, y que lo que se requiere es la socialización del texto en toda Bolivia para generar una construcción común de esta ley.
El objetivo de la ley es regular, garantizar y proteger los derechos de los artistas bolivianos, en su condición de trabajadores culturales.
La normativa considera artistas a todas aquellas personas que, asumiendo tal condición, con las particularidades de su quehacer artístico, sus oficios o áreas de trabajo, laboren directamente y de manera continua en la creación, ejecución e interpretación artística, en el desarrollo de alguna manifestación cultural y disciplinas artísticas o en la producción de bienes y servicios artísticos tangibles e intangibles, remunerados o no.
Con estas definiciones, se propone al artista como sujeto indispensable para alcanzar los fines esenciales del Estado y de la sociedad, y considerar a los artistas en el extranjero como diplomáticos culturales.
Se propone también que todos los medios de comunicación estatales y privados difundan y promocionen las manifestaciones de los creadores nacionales. También se plantea la creación de un Fondo Plurinacional para la Difusión Artística, la creación de espacios culturales, el acceso a títulos profesionales artísticos, a un régimen laboral especial, una reglamentación especial para la seguridad social y otras medidas.
lunes, 11 de agosto de 2014
Gobierno promulga ley de seguro de vida para trabajadores de la prensa
El Gobierno promulgó y puso en vigencia las modificaciones de la ley de seguro de vida para los trabajadores de la prensa que, entre otros aspectos, ajustó el porcentaje de aportes y estableció que los medios de comunicación, públicos y privados, aportarán para el pago del seguro con 1% de sus ingresos reales y efectivos, es decir tras la deducción del cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
El presidente Evo Morales promulgó el 1 de agosto la norma que modificó la ley 315 de Seguro Privado de Vida e Invalidez Permanente por Accidentes, Enfermedades en General u Otras Causas, para las Trabajadoras y los Trabajadores de la Prensa de Bolivia "Hermanos Peñasco Layme", de 10 de diciembre de 2012.
El artículo 6 de la norma modificatoria establece que los medios de comunicación estatales y privados, escritos, radiales, televisivos y digitales, aportarán con el 1% de sus ingresos reales y efectivos. Los productores independientes, como los medios de comunicación de pueblos indígena originario campesino, interculturales, afrobolivianos y de sectores sociales, con el 0,25%.
“Se entiende por ingreso real y efectivo, para los efectos de esta Ley, los ingresos por ventas deducido el Impuesto al Valor Agregado-IVA pagado, luego de compensado el crédito fiscal correspondiente, como también el Impuesto a las Transacciones-IT pagado, luego de compensado el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas-IUE”, refiere el parágrafo II del artículo 6.
La Ley 315, aprobada en 2012, señalaba que las empresas debían aportar el 1% de sus ingresos brutos. El Tribunal Constitucional Plurinacional emitió una sentencia, en marzo de este año, y declaró inconstitucional ese artículo y determinó incluir al Estado en el aporte para el seguro, que lleva el nombre de dos comunicadores asesinados cuando se dirigían a su fuente de trabajo en El Alto.
Senado aprobó 73 leyes de enero a julio de 2014
La Cámara de Senadores aprobó hasta julio de 2014 73 leyes y ejecutó el 49 por ciento de su presupuesto asignado para esta gestión, cumpliendo las metas programadas para este año, dijo el presidente de esa instancia legislativa, Eugenio Rojas, durante la rendición publica de cuentas de media gestión.
“Son 73 leyes hasta el 1 de agosto, que aprobamos y todas fueron promulgadas…el 49 por ciento del presupuesto es la mitad de 69 millones, casi son 34 millones de bolivianos, recursos que son para salarios de los funcionarios, son pequeñas compras que se realizaron, no manejamos más presupuesto”, dijo el legislador.
Para el senador paceño, los legisladores pueden decir “misión cumplida” toda vez que se superó de gran manera los objetivos previsto por la Asamblea Legislativa Plurinacional.
“Son 73 leyes hasta el 1 de agosto, que aprobamos y todas fueron promulgadas…el 49 por ciento del presupuesto es la mitad de 69 millones, casi son 34 millones de bolivianos, recursos que son para salarios de los funcionarios, son pequeñas compras que se realizaron, no manejamos más presupuesto”, dijo el legislador.
Para el senador paceño, los legisladores pueden decir “misión cumplida” toda vez que se superó de gran manera los objetivos previsto por la Asamblea Legislativa Plurinacional.
domingo, 10 de agosto de 2014
SE DESPENALIZA EL DERECHO A LA HUELGA
Los procesos contra los trabajadores de Punto Blanco y Millma se deben resolver en instancias laborales, ambas adeudan más de cinco meses de salarios.
La Fiscalía General del Estado instruyó la aplicación de la Ley 316, que despenaliza el derecho a la huelga y protege el fuero sindical en materia penal. Una de las primeras medidas es, que el conflicto que los trabajadores de la empresa Punto Blanco mantienen con los propietarios, se resuelva en instancias laborales.
Algunos trabajadores de la empresa textil decidieron ocupar una de sus instalaciones para exigir que se les pague los cinco meses de salario que les adeudan y que se deposite a las administradoras de Fondos de Pensiones la deuda que tienen para su jubilación. Los ejecutivos de la empresa, al igual que hicieron los de la textil Millma, en vez de mantener el conflicto en instancias laborales, procesaron a los trabajadores ante instancias judiciales.
UN INSTRUCTIVO NECESARIO. Un instructivo de la Fiscalía obliga a aplicar la Ley 316, en la perspectiva de eliminar el veto que había para sancionar con reclusión a trabajadores que hubiesen protestado contra el presunto abuso patronal.
Guerrero dijo que los fiscales departamentales, los fiscales de materia y el personal del Ministerio Público deben tener presente el Código Penal, en relación al procesamiento de casos por la comisión de los delitos de sabotaje, lock-out, huelgas y paros ilegales, tipificados en los artículos 232 y 234 de dicho Código. Dijo que los funcionarios deben respetar la ley, el fuero sindical y las acciones que determinan los trabajadores y que el derecho penal se debe aplicar "como última instancia y si hay ciertos temas que deben ser resueltos por otras instancias tienen que pasar a la jurisdicción o el ámbito que le corresponde". Dijo que los funcionarios deberán aplicar las modificaciones al Código Penal.
20 trabajadores que habían ocupado la fábrica Millma fueron detenidos y encarcelados en 2012.
ABUSOS SIN CONTROL
Algunos empresarios decidieron desconocer la norma, al igual que algunos funcionarios judiciales, por lo que muchos dirigentes y trabajadores fueron procesados por la vía penal.
DERECHO A LA PROTESTA
> Están exentos de "responsabilidad penal la dirigenta y el dirigente sindical o la trabajadora y trabajador que dentro de un conflicto laboral y en el ejercicio del derecho a la huelga, ingrese pacíficamente a establecimientos industriales, agrícolas o mineros, en defensa de los intereses laborales o conquistas sociales".
La Fiscalía General del Estado instruyó la aplicación de la Ley 316, que despenaliza el derecho a la huelga y protege el fuero sindical en materia penal. Una de las primeras medidas es, que el conflicto que los trabajadores de la empresa Punto Blanco mantienen con los propietarios, se resuelva en instancias laborales.
Algunos trabajadores de la empresa textil decidieron ocupar una de sus instalaciones para exigir que se les pague los cinco meses de salario que les adeudan y que se deposite a las administradoras de Fondos de Pensiones la deuda que tienen para su jubilación. Los ejecutivos de la empresa, al igual que hicieron los de la textil Millma, en vez de mantener el conflicto en instancias laborales, procesaron a los trabajadores ante instancias judiciales.
UN INSTRUCTIVO NECESARIO. Un instructivo de la Fiscalía obliga a aplicar la Ley 316, en la perspectiva de eliminar el veto que había para sancionar con reclusión a trabajadores que hubiesen protestado contra el presunto abuso patronal.
Guerrero dijo que los fiscales departamentales, los fiscales de materia y el personal del Ministerio Público deben tener presente el Código Penal, en relación al procesamiento de casos por la comisión de los delitos de sabotaje, lock-out, huelgas y paros ilegales, tipificados en los artículos 232 y 234 de dicho Código. Dijo que los funcionarios deben respetar la ley, el fuero sindical y las acciones que determinan los trabajadores y que el derecho penal se debe aplicar "como última instancia y si hay ciertos temas que deben ser resueltos por otras instancias tienen que pasar a la jurisdicción o el ámbito que le corresponde". Dijo que los funcionarios deberán aplicar las modificaciones al Código Penal.
20 trabajadores que habían ocupado la fábrica Millma fueron detenidos y encarcelados en 2012.
ABUSOS SIN CONTROL
Algunos empresarios decidieron desconocer la norma, al igual que algunos funcionarios judiciales, por lo que muchos dirigentes y trabajadores fueron procesados por la vía penal.
DERECHO A LA PROTESTA
> Están exentos de "responsabilidad penal la dirigenta y el dirigente sindical o la trabajadora y trabajador que dentro de un conflicto laboral y en el ejercicio del derecho a la huelga, ingrese pacíficamente a establecimientos industriales, agrícolas o mineros, en defensa de los intereses laborales o conquistas sociales".
miércoles, 6 de agosto de 2014
Justicia hace prevalecer Ley de Imprenta
Luego de declarar admisible el recurso de dos periodistas del diario La Razón, demandados por la Procuraduría General del Estado para que revelen sus fuentes informativas sobre el tema marítimo, la justicia ordinaria decidió remitir al Tribunal de Imprenta los obrados para que sean procesados por esta normativa, como lo establece la Constitución.
La información la suministró el demandante, el procurador, Héctor Arce, al conocer la disposición del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, asegurando que se someterá a la Ley de Imprenta de 1925.
“La Sala Penal Tercera declara admisible los recursos interpuestos por (el periodista) Ricardo Aguilar y (la directora del diario) Claudia Benavente... y declara probada la excepción de incompetencia del juez octavo en Instrucción en lo Penal. Se dispone la remisión de todos los antecedentes ante el Tribunal de Imprenta”, dice la resolución 148/2014 de dicha sala.
Sin embargo, en el despacho de Virginia Janeth Crespo Ibáñez, presidenta de la sala tercera, hasta el mediodía solo una disposición estaba admitida y se esperaba la segunda.
En mayo, Héctor Arce solicitó al Ministerio Público el inicio de una investigación para exigir que se revele la fuente informativa que divulgó información reservada en el tema marítimo, que se publicó en el diario paceño el 13 de abril.
El procurador reconoció y valoró ayer el principio fundamental de la vida democrática, a la “más absoluta libertad de prensa” y al respeto de la reserva del derecho de fuente, pero insistió en conocer la fuente de la supuesta infidencia. De tal modo, señaló que “estamos llevando adelante investigaciones a través de los órganos internos”.
Benavente, directora del diario aludido, dijo a EL DEBER que recibía “con mucha satisfacción” la decisión de la sala Tercera porque “es una muestra de que se instaló el sentido común, de justicia, de respeto a la Ley de Imprenta, los derechos constitucionales, a la fe en el periodismo” y agradeció las muestras de apoyo.
A través de un comunicado, la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) valoró la “meditada medida” porque se ajusta al curso que deben seguir los procesos contra periodistas por presuntas faltas por la Ley de Imprenta.
El secretario ejecutivo de la entidad periodística, Juan León, manifestó a este medio que hubiera sido un precedente nefasto para la libertad de prensa en nuestro país acatar el fallo del juez de la justicia ordinaria, que obligaba a Benavente y a Aguilar a revelar su fuente, por encima de la norma constitucional
La información la suministró el demandante, el procurador, Héctor Arce, al conocer la disposición del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, asegurando que se someterá a la Ley de Imprenta de 1925.
“La Sala Penal Tercera declara admisible los recursos interpuestos por (el periodista) Ricardo Aguilar y (la directora del diario) Claudia Benavente... y declara probada la excepción de incompetencia del juez octavo en Instrucción en lo Penal. Se dispone la remisión de todos los antecedentes ante el Tribunal de Imprenta”, dice la resolución 148/2014 de dicha sala.
Sin embargo, en el despacho de Virginia Janeth Crespo Ibáñez, presidenta de la sala tercera, hasta el mediodía solo una disposición estaba admitida y se esperaba la segunda.
En mayo, Héctor Arce solicitó al Ministerio Público el inicio de una investigación para exigir que se revele la fuente informativa que divulgó información reservada en el tema marítimo, que se publicó en el diario paceño el 13 de abril.
El procurador reconoció y valoró ayer el principio fundamental de la vida democrática, a la “más absoluta libertad de prensa” y al respeto de la reserva del derecho de fuente, pero insistió en conocer la fuente de la supuesta infidencia. De tal modo, señaló que “estamos llevando adelante investigaciones a través de los órganos internos”.
Benavente, directora del diario aludido, dijo a EL DEBER que recibía “con mucha satisfacción” la decisión de la sala Tercera porque “es una muestra de que se instaló el sentido común, de justicia, de respeto a la Ley de Imprenta, los derechos constitucionales, a la fe en el periodismo” y agradeció las muestras de apoyo.
A través de un comunicado, la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) valoró la “meditada medida” porque se ajusta al curso que deben seguir los procesos contra periodistas por presuntas faltas por la Ley de Imprenta.
El secretario ejecutivo de la entidad periodística, Juan León, manifestó a este medio que hubiera sido un precedente nefasto para la libertad de prensa en nuestro país acatar el fallo del juez de la justicia ordinaria, que obligaba a Benavente y a Aguilar a revelar su fuente, por encima de la norma constitucional
martes, 5 de agosto de 2014
Observan riesgos en la Ley del Notariado
La Ley del Notariado convierte la fe pública en un “botín político” porque establece que la designación de notarios es por tiempo indefinido; además, al depender del Ministerio de Justicia, arriesga la seguridad jurídica: el Gobierno tendría acceso a documentos sobre acciones civiles, coincidieron ayer la exmagistrada del Tribunal Constitucional (TCP), Silvia Salame y la diputada Rebeca Delgado.
Delgado agregó que esta ley aún no tiene reglamento ni presupuesto, por lo que la suspensión de dos magistradas por detener la aplicación es una excusa del Gobierno para intervenir el TCP. El procurador Héctor Arce dijo que es una norma que “simplifica” procedimientos.
La diputada disidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rebeca Delgado, coincidió con las observaciones que tiene Silvia Salame, también presidenta del Colegio de Abogados de Chuquisaca, quien presentó el recurso de inconstitucional contra la Ley del Notariado ante el TCP en febrero pasado.
El Artículo 15 de esta normativa -por ahora está suspendida- dice que la designación del notario es de forma indefinida y que sólo puede cesar en sus funciones por muerte, evaluación de desempeño negativo, destitución por proceso disciplinario, renuncia o por sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal.
“Se vuelve indefinida la notaria, en un país donde sabemos la calidad de notarios que tenemos y, por otro lado, en un país donde dependería de un órgano político, es decir, que la notaría sería un botín político”, dijo Salame.
Delgado aseguró que esto es lo más “preocupante” porque todo servidor público tiene un periodo de funciones definido, y de la forma que plantea la norma “todo el mundo va a querer ser notario”.
Defensa
En tanto, el procurador Héctor Arce aseguró que con la Ley del Notariado el ciudadano no tendrá que litigar por meses o años en los procesos voluntarios, sino que esos casos serían resueltos en el día. “Muchos trámites que no tendrían que ser judiciales acaban siendo judiciales, la lógica de la ley del notariado era sacar todo eso del ámbito judicial y volcar al ámbito notarial”.
Salame responde que “no porque esté colapsado el sistema judicial se va a quitar la seguridad jurídica de los ciudadanos”.
Además, la CPE “señala claramente quiénes tienen la atribución de administrar justicia, entre ellos no está el Órgano Ejecutivo y ellos al pretender llevar las notarías al Órgano Ejecutivo están proponiendo el divorcio notarial como si fuera un simple contrato”.
En criterio de Arce, que ocupó la presidencia de la Cámara de Diputados cuando se trató la normativa, indicó que la Ley del Notariado contiene procedimientos modernos, pero además genera independencia para los notarios y trasparencia para la función notarial.
Recursos
La diputada Delgado aseguró que otro tema que se observó es el de los recursos económicos, “los notarios de fe pública generan muchos recursos y siempre todo mundo quiere ser notario. Aquí se ha puesto en la ley que de los dineros netos por concepto de recursos propios específicos de la dirección serán transferidos en un 30 por ciento al Ministerio de Justicia. Estamos hablando de dinero”.
Aseguró también que la Ley del Notariado indica que los procedimientos voluntarios que con la antigua ley eran gratuitos con esta nueva norma el ciudadano tendrán que pagar por ese trámite.
El Artículo 1 de las Disposiciones Finales indica que las fuentes de financiamiento de la Dirección del Notariado Plurinacional serán provenientes de sus recursos propios específicos como “la alícuota de aranceles de la vía voluntaria notarial”.
Excusa contra magistradas
La diputada disidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rebeca Delgado, aseguró que la suspensión de la aplicabilidad de la Ley del Notariado sólo fue una excusa para procesar a las dos magistradas del Tribunal Constitucional (TCP) porque hasta la fecha esta normativa no tiene reglamentos y tampoco un presupuesto asignado para que entre en vigencia.
“En las mismas disposiciones transitorias (…) establece un plazo de 90 días para que se haga el reglamento. Eso dice la disposición VI. Eso se ha sacado en enero, es decir, que están en pleno plazo, esto no estaba en vigencia, no se había hecho su reglamento. Entonces la Ley del Notario en realidad como tantas leyes no se conoce, no tiene presupuesto, no tiene reglamento”, dijo la diputada Delgado.
Hasta la fecha, no se designó un prepuesto específico para la aplicación de la Ley del Notariado, puesto que la normativa establece la creación de una Dirección Nacional y sus dependencias en cada departamento, instancias que todavía no existen.
JUICIO A MAGISTRADAS
El presidente de la Cámara de Senadores, Eugenio Rojas, informó ayer que esa instancia iniciará, después de las fiestas patrias, el juicio a las magistradas suspendidas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Soraida Chanez y Ligia Velásquez, por tres delitos vinculados a la suspensión de la vigencia de la Ley del Notariado. “Todavía no podemos comentar cuál es el procedimiento, no organizamos nada todavía, estamos viendo cómo viajamos a Sucre y trabajando en otras leyes”.
¿Cómo califica esta noticia?
Delgado agregó que esta ley aún no tiene reglamento ni presupuesto, por lo que la suspensión de dos magistradas por detener la aplicación es una excusa del Gobierno para intervenir el TCP. El procurador Héctor Arce dijo que es una norma que “simplifica” procedimientos.
La diputada disidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rebeca Delgado, coincidió con las observaciones que tiene Silvia Salame, también presidenta del Colegio de Abogados de Chuquisaca, quien presentó el recurso de inconstitucional contra la Ley del Notariado ante el TCP en febrero pasado.
El Artículo 15 de esta normativa -por ahora está suspendida- dice que la designación del notario es de forma indefinida y que sólo puede cesar en sus funciones por muerte, evaluación de desempeño negativo, destitución por proceso disciplinario, renuncia o por sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal.
“Se vuelve indefinida la notaria, en un país donde sabemos la calidad de notarios que tenemos y, por otro lado, en un país donde dependería de un órgano político, es decir, que la notaría sería un botín político”, dijo Salame.
Delgado aseguró que esto es lo más “preocupante” porque todo servidor público tiene un periodo de funciones definido, y de la forma que plantea la norma “todo el mundo va a querer ser notario”.
Defensa
En tanto, el procurador Héctor Arce aseguró que con la Ley del Notariado el ciudadano no tendrá que litigar por meses o años en los procesos voluntarios, sino que esos casos serían resueltos en el día. “Muchos trámites que no tendrían que ser judiciales acaban siendo judiciales, la lógica de la ley del notariado era sacar todo eso del ámbito judicial y volcar al ámbito notarial”.
Salame responde que “no porque esté colapsado el sistema judicial se va a quitar la seguridad jurídica de los ciudadanos”.
Además, la CPE “señala claramente quiénes tienen la atribución de administrar justicia, entre ellos no está el Órgano Ejecutivo y ellos al pretender llevar las notarías al Órgano Ejecutivo están proponiendo el divorcio notarial como si fuera un simple contrato”.
En criterio de Arce, que ocupó la presidencia de la Cámara de Diputados cuando se trató la normativa, indicó que la Ley del Notariado contiene procedimientos modernos, pero además genera independencia para los notarios y trasparencia para la función notarial.
Recursos
La diputada Delgado aseguró que otro tema que se observó es el de los recursos económicos, “los notarios de fe pública generan muchos recursos y siempre todo mundo quiere ser notario. Aquí se ha puesto en la ley que de los dineros netos por concepto de recursos propios específicos de la dirección serán transferidos en un 30 por ciento al Ministerio de Justicia. Estamos hablando de dinero”.
Aseguró también que la Ley del Notariado indica que los procedimientos voluntarios que con la antigua ley eran gratuitos con esta nueva norma el ciudadano tendrán que pagar por ese trámite.
El Artículo 1 de las Disposiciones Finales indica que las fuentes de financiamiento de la Dirección del Notariado Plurinacional serán provenientes de sus recursos propios específicos como “la alícuota de aranceles de la vía voluntaria notarial”.
Excusa contra magistradas
La diputada disidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rebeca Delgado, aseguró que la suspensión de la aplicabilidad de la Ley del Notariado sólo fue una excusa para procesar a las dos magistradas del Tribunal Constitucional (TCP) porque hasta la fecha esta normativa no tiene reglamentos y tampoco un presupuesto asignado para que entre en vigencia.
“En las mismas disposiciones transitorias (…) establece un plazo de 90 días para que se haga el reglamento. Eso dice la disposición VI. Eso se ha sacado en enero, es decir, que están en pleno plazo, esto no estaba en vigencia, no se había hecho su reglamento. Entonces la Ley del Notario en realidad como tantas leyes no se conoce, no tiene presupuesto, no tiene reglamento”, dijo la diputada Delgado.
Hasta la fecha, no se designó un prepuesto específico para la aplicación de la Ley del Notariado, puesto que la normativa establece la creación de una Dirección Nacional y sus dependencias en cada departamento, instancias que todavía no existen.
JUICIO A MAGISTRADAS
El presidente de la Cámara de Senadores, Eugenio Rojas, informó ayer que esa instancia iniciará, después de las fiestas patrias, el juicio a las magistradas suspendidas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Soraida Chanez y Ligia Velásquez, por tres delitos vinculados a la suspensión de la vigencia de la Ley del Notariado. “Todavía no podemos comentar cuál es el procedimiento, no organizamos nada todavía, estamos viendo cómo viajamos a Sucre y trabajando en otras leyes”.
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lunes, 4 de agosto de 2014
Preparan proyecto de ley para importación de ropa usada
El diputado orureño Ever Moya prepara, junto a comercializadores e importadores de ropa a medio uso, un proyecto de ley que permita la internación regulada de la llamada ropa "americana" para presentarla en los próximos días ante la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Actualmente la importación de la ropa a medio uso está prohibida por el Decreto Supremo Nº 28761 del año 2006, una norma que según el diputado Moya, no ha funcionado, pues el mercado de este tipo de ropa, ha crecido en un porcentaje considerable; tampoco la norma ha servido para impulsar el desarrollo de la industria interna.
"Analizando tanto el tema económico, como el tema social, hay mucha gente que no goza, no tiene un buen sueldo y no le alcanza para comprar ropa nueva, entonces recurre a esta ropa (a medio uso) por necesidad, entonces acude a estos mercados para comprar", indicó Moya.
El mencionado proyecto de ley tendría entre sus principales puntos, la regulación de la importación de ropa a medio uso, restringiendo algunas prendas como las íntimas, calcetines y otros de acuerdo a un estudio. Asimismo se normaría la otorgación de registro y certificado correspondiente por parte del ministerio de salud.
RECURSO
Al margen de este proyecto de ley que probablemente sea entregado en esta semana, el diputado Ever Moya alista un recurso de inconstitucionalidad contra el mencionado decreto que establece la prohibición de la internación al país de la ropa usada.
"Este jueves vamos a estar en Sucre para presentar este recurso de inconstitucionalidad, porque creemos que prohibir, restringir la venta de la ropa americana con un simple decreto no puede ser, debe hacerse mediante una ley nacional, por tanto creemos que esto no corresponde" aseveró.
Moya además considera que si el Gobierno tiene alguna alternativa laboral para los más de 260 mil comerciantes de ropa usada, no habría mayor problema en dejar de lado este rubro. Pero mientras tanto, concluyó el diputado, no se puede dejar a tanta gente sin una fuente de ingresos.
Actualmente la importación de la ropa a medio uso está prohibida por el Decreto Supremo Nº 28761 del año 2006, una norma que según el diputado Moya, no ha funcionado, pues el mercado de este tipo de ropa, ha crecido en un porcentaje considerable; tampoco la norma ha servido para impulsar el desarrollo de la industria interna.
"Analizando tanto el tema económico, como el tema social, hay mucha gente que no goza, no tiene un buen sueldo y no le alcanza para comprar ropa nueva, entonces recurre a esta ropa (a medio uso) por necesidad, entonces acude a estos mercados para comprar", indicó Moya.
El mencionado proyecto de ley tendría entre sus principales puntos, la regulación de la importación de ropa a medio uso, restringiendo algunas prendas como las íntimas, calcetines y otros de acuerdo a un estudio. Asimismo se normaría la otorgación de registro y certificado correspondiente por parte del ministerio de salud.
RECURSO
Al margen de este proyecto de ley que probablemente sea entregado en esta semana, el diputado Ever Moya alista un recurso de inconstitucionalidad contra el mencionado decreto que establece la prohibición de la internación al país de la ropa usada.
"Este jueves vamos a estar en Sucre para presentar este recurso de inconstitucionalidad, porque creemos que prohibir, restringir la venta de la ropa americana con un simple decreto no puede ser, debe hacerse mediante una ley nacional, por tanto creemos que esto no corresponde" aseveró.
Moya además considera que si el Gobierno tiene alguna alternativa laboral para los más de 260 mil comerciantes de ropa usada, no habría mayor problema en dejar de lado este rubro. Pero mientras tanto, concluyó el diputado, no se puede dejar a tanta gente sin una fuente de ingresos.
domingo, 3 de agosto de 2014
Desde el MAS piden al Legislativo congelar el tratamiento de 6 leyes
Aunque no es una posición unánime, desde el Movimiento Al Socialismo (MAS) se sugirió evitar el tratamiento de al menos seis leyes, durante la etapa electoral, por ser consideradas como “delicadas” ya que corren el riesgo de politizarse en este periodo.
Entre esos proyectos normativos está la Ley del Régimen de la Coca, de Hidrocarburos, del Banco Central de Bolivia (BCB), de la Contraloría, de Organizaciones Políticas y el Código del Trabajo.
En criterio de Javier Zabaleta, exvicepresidente de la Cámara Baja —hoy postulante por el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) a la diputación uninominal circunscripción 6 de La Paz—, la mayoría de esas propuestas legislativas tienden a politizarse y a contaminarse con las actividades proselitistas previstas para las elecciones del 12 de octubre.
La propuesta, que es compartida por otros candidatos oficialistas, aún no fue considerada en las reuniones de coordinación de la bancada del MAS con el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera.
“Veo que lo más oportuno es esperar a que los nuevos legisladores (en 2015) las traten y las aprueben para no generar ruidos innecesarios”, sostuvo el candidato. Zabaleta agregó que esas propuestas están aún en calidad de anteproyectos —la mayoría—, otros en redacción y el resto, “en ideas”.
Según el calendario electoral, el periodo de campaña en actos públicos inició el 15 de julio y terminará 72 horas antes de la jornada de los comicios, y las cinco organizaciones políticas inscritas buscarán conquistar votos.
En tanto, el exlegislador Jaime Navarro, ahora postulante a diputado por la alianza Unidad Demócrata (UD), dijo que al oficialismo “no le conviene” aprobar la Ley de Organizaciones Políticas que implicaría una restricción en el uso de los medios de comunicación para los eventos preelectorales.
Sin embargo, cuestionó que la norma haya sido postergada debido a que en el debate del proyecto se hubiera incluido la reposición de la financiación a partidos políticos durante la campaña.
Este beneficio fue eliminado durante el primer gobierno de Evo Morales, el 21 de agosto de 2008, a través de la Ley 3925.
Osney Martínez, diputado opositor y exjefe de bancada de Convergencia Nacional (CN), dijo que otra norma que podría sufrir una alto grado de politización es la de la coca. “Son leyes que pueden generar polémica y ser usadas por algunos partidos y se perjudique el tema electoral. El mandatario Morales ya anunció que la Ley de la Coca será tratada en la próxima legislatura, pero ya habló de una legalización del cato de coca como una oferta electoral y crea una falsa esperanza en ese sector, eso debe preocuparnos”, explicó.
En cuanto a los códigos, Martínez dijo que debería pararse su tratamiento. “No hay condiciones políticas adecuadas, porque los debates no serán técnico-jurídicos, sino políticos con afanes proselitistas en favor de un partido”.
El MAS tiene dos tercios de representantes en la Asamblea y la capacidad de manejar la agenda legislativa. El presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío (MAS), consideró que el tratamiento de las leyes se debe ejecutar con la participación de los sectores que resulten involucrados en las futuras normativas.
“Los códigos vamos a terminarlos de tratar como el de Familia, en cuyo análisis ya se trabajó bastante. (Las leyes) se las discute con distintos sectores, desde los más populares hasta los empresariales”, sostuvo tras anunciar que unas 150 leyes se aprobarían hasta fin de año. No precisó si los seis proyectos figuran en la agenda.
‘Deben neutralizarse leyes proselitistas’
En criterio de la analista María Teresa Zegada, durante el segundo semestre de la gestión legislativa se deberá “neutralizar” el tratamiento de las leyes con fines proselitistas.
“En la mayor parte de los casos se fue sancionando leyes de aprobaciones de presupuestos para obras, infraestructura, viviendas, que deberían neutralizarse en su tratamiento mientras dure el periodo electoral para evitar la contaminación política”, dijo la especialista.
No obstante, agregó que hay otro grupo de proyectos normativos, cuyo debate “no debe detenerse” porque son necesarias y urgentes para resolver temas críticos y legales de carácter administrativo y regulatorio.
“Si se aprueban leyes de caminos, escuelas u hospitales que vayan a beneficiar a cierto sector de la población, puede ser que fácilmente sean usados por ciertos candidatos a nombre del MAS, que tiene los dos tercios, no se debe contaminar la gestión pública con las campañas electorales, ojalá haya madurez al respecto”.
Estudio: Legislativo impulsó obras que ayudarían al MAS
Luis Mealla
Según un estudio de los analistas María Teresa Zegada y Jorge Komadina, en siete años de gestión de la Asamblea Legislativa —controlada por los dos tercios del MAS— se aprobaron 1.136 leyes, de las cuales más del 51% (584) están referidas a la financiación de obras de infraestructura.
Los dos expertos creen que estas normativas pueden ser usadas en el periodo de campaña electoral para favorecer a los candidatos del frente oficialista en virtud de sus actividades proselitistas, rumbo a las elecciones generales del 12 de octubre.
Zegada explicó que ese análisis fue publicado en el libro El espejo de la sociedad (2014), en el que se hace un detalle de la labor legislativa entre 2006, cuando el presidente Evo Morales juró a la primera magistratura, y fines de 2012, ya durante un nuevo mandato constitucional. (Ver la infografía adjunta).
“Del total de esas normas, un grupo mayoritario (584) se refiere a leyes de gestión pública —obras y proyectos— y las menos (552) se refieren a temas administrativos y regulatorios. Esto refleja que sí pueden ser usadas políticamente si es que son acompañadas por discursos proselitistas en favor del MAS”, señaló la politóloga.
Explicó que las temáticas referidas a caminos, infraestructura, asfalto y riego, entre otros, son proclives a ser usadas por los candidatos, sobre todo, en las regiones que fueron las beneficiarias con esos programas económicos.Para la analista, en la coyuntura electoral, tampoco está exenta del uso que se pueda hacer de la labor legislativa. “Solo el MAS es visible en la
Asamblea Legislativa, la oposición se dividió y desaparecerá en el debate”.
El presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío, negó que se hayan priorizado algunas leyes con relación a otras, además que descartó que desde el Legislativo esté alineado con las estrategias de campaña proselitista.
“Esta Asamblea es histórica, es la que ha sentado las bases del proceso de cambio con una nueva institucionalidad, sin dedicarse a hacer campaña política y dando equilibrio al tratamiento de todas las leyes sin dar preferencia a temáticas y ni a sectores”, manifestó.
Se prevé aprobar diez normas importantes
La Cámara Baja busca aprobar hasta fin de año al menos 150 leyes, de las cuales diez son consideradas de “importancia” en temas estructurales y de beneficio social.
El presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío, recordó que hay un buen avance en cuanto a la aprobación de los proyectos normativos, tal es el caso de la Ley de Minería y Metalurgia, a la que calificó de “muy conflictiva”, por los intereses que había de diferentes sectores.
“Por eso fue una promulgación histórica, con mineros de distintos sectores; también está el Código Niño, Niña, Adolescente, que ha demandado bastante trabajo. A éstas se sumarán otras de igual significativa, como el Código de Familia, y en total serán unas diez leyes importantes con las que cerraremos la gestión”, explicó.
Elío agregó que al margen de esa labor, también se trabaja en otras como reformulación de presupuestos, los códigos Morales, y la de Resolución de Controversias y Arbitraje para resolver conflictos referidos a inversión internacional.
El Legislativo se vio afectado por 31 renuncias de asambleístas, quienes se repostularán en las elecciones. Este hecho afectó la labor legislativa, por lo que el receso de medio año tuvo que posponerse.
www.gacetamunicipalsucre.gob.bo Normas municipales de Sucre se difunden mediante portal digital
Las leyes municipales, ordenanzas, resoluciones, reglamentos y otras normas que rigen en el municipio de Sucre ahora están más accesibles a los vecinos gracias a un portal digital.
Hasta hace poco, para conocer el contenido de una normativa, los vecinos debían revisar de manera física la Gaceta y Archivo Municipal, que no siempre estaba a la mano; en cambio, ahora está a disposición visitando el portal www.gacetamunicipalsucre.gob.bo donde están registradas 16.112 normas, entre vigentes, derogadas, abrogadas y no emitidas.
“Tenemos un portal web que está a disposición de toda la población de Sucre que requiera conocer nuestras normas. En el pasado había muchas ordenanzas que eran de desconocimiento de la población, pero ahora se está haciendo un trabajo de coordinación para tener todas las normas vigentes y aquellas que ya fueron derogadas”, informó el asesor de la Comisión Autonómica y Legislativa del Concejo Municipal, Pablo Arízaga.
Hasta hace poco, para conocer el contenido de una normativa, los vecinos debían revisar de manera física la Gaceta y Archivo Municipal, que no siempre estaba a la mano; en cambio, ahora está a disposición visitando el portal www.gacetamunicipalsucre.gob.bo donde están registradas 16.112 normas, entre vigentes, derogadas, abrogadas y no emitidas.
“Tenemos un portal web que está a disposición de toda la población de Sucre que requiera conocer nuestras normas. En el pasado había muchas ordenanzas que eran de desconocimiento de la población, pero ahora se está haciendo un trabajo de coordinación para tener todas las normas vigentes y aquellas que ya fueron derogadas”, informó el asesor de la Comisión Autonómica y Legislativa del Concejo Municipal, Pablo Arízaga.
sábado, 2 de agosto de 2014
Una ley y rampas para beneficiar a las personas con discapacidad
Dentro de los trabajos que lleva adelante la Alcaldía, de nivelación y cambio de piso en 13 manzanas del casco viejo de la ciudad, se han construido rampas para el paso de personas con capacidades diferentes. En el Concejo recientemente aprobó una ley para este sector de la población que autoriza el uso del espacio público como parte de su inclusión laboral.
A la Federación Cruceña de Personas con Discapacidad (Fecrupdi) estas iniciativas no la convence, pues asegura que el gobierno municipal en ningún momento les consultó ni respondió tres pedidos que le hicieron al organismo deliberante para una audiencia pública.
Rampas
En el proyecto de remodelación y cambio de pisos en el centro de la ciudad se tiene previsto construir 52 rampas para personas con capacidades diferentes, las cuales tienen la pendiente desde el alto del cordón de la vereda, de 17,5 centímetros, según las especificaciones técnicas que se utilizan a escala internacional. Los desniveles están contemplados en las dos fases del cambio de piso de 13 manzanas del centro, cuyo costo es de Bs 7.509.752.
“De acuerdo con lo previsto, las baldosas son antideslizantes y tienen una inclinación del 10%, el ancho de acceso es de 1,20 metros”, refirió Jery Méndez, director del Centro de Patrimonio Histórico, encargado de llevar adelante la iniciativa.
“Se decidió construir las pendientes en el centro, que es la parte de la ciudad que más disfrutan los peatones, además se les da preferencia a las personas con capacidades diferentes”, agregó la secretaria municipal de Planificación, Sandra Velarde.
“Al fin han pensado en facilitar el tránsito de una acera a otra”, expresó Rosa María Pachuri, que tiene un familiar con discapacidad
Desniveles
Según la gente de Fecrupdi, las 52 rampas en el centro deberían multiplicarse, en especial para ingresar a la plaza principal.
Norma beneficiosa
Las personas con capacidades diferentes podrán usar el espacio público de 1,30 por 1,30 m para ganarse la vida.
A la Federación Cruceña de Personas con Discapacidad (Fecrupdi) estas iniciativas no la convence, pues asegura que el gobierno municipal en ningún momento les consultó ni respondió tres pedidos que le hicieron al organismo deliberante para una audiencia pública.
Rampas
En el proyecto de remodelación y cambio de pisos en el centro de la ciudad se tiene previsto construir 52 rampas para personas con capacidades diferentes, las cuales tienen la pendiente desde el alto del cordón de la vereda, de 17,5 centímetros, según las especificaciones técnicas que se utilizan a escala internacional. Los desniveles están contemplados en las dos fases del cambio de piso de 13 manzanas del centro, cuyo costo es de Bs 7.509.752.
“De acuerdo con lo previsto, las baldosas son antideslizantes y tienen una inclinación del 10%, el ancho de acceso es de 1,20 metros”, refirió Jery Méndez, director del Centro de Patrimonio Histórico, encargado de llevar adelante la iniciativa.
“Se decidió construir las pendientes en el centro, que es la parte de la ciudad que más disfrutan los peatones, además se les da preferencia a las personas con capacidades diferentes”, agregó la secretaria municipal de Planificación, Sandra Velarde.
“Al fin han pensado en facilitar el tránsito de una acera a otra”, expresó Rosa María Pachuri, que tiene un familiar con discapacidad
Desniveles
Según la gente de Fecrupdi, las 52 rampas en el centro deberían multiplicarse, en especial para ingresar a la plaza principal.
Norma beneficiosa
Las personas con capacidades diferentes podrán usar el espacio público de 1,30 por 1,30 m para ganarse la vida.
viernes, 1 de agosto de 2014
Constitucionalistas: la ley del Notariado viola la Carta Magna
Expertos constitucionalistas afirmaron que la Ley del Notariado contradice al menos tres artículos de la Constitución Política del Estado y que el Gobierno pretende legalizar estos "vicios jurídicos” teniendo el "dominio” del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
El constitucionalista William Bascopé explicó que la Ley del Notariado, cuya aplicación fue suspendida por los magistrados del TCP Gualberto Cusi, Ligia Velásquez y Soraida Chánez, viola la independencia de los cuatro poderes del Estado.
"La Ley del Notariado señala que el Ministerio de Justicia designará a los notarios de Fe Pública. Eso sería una usurpación de funciones y violación a la independencia del Órgano Judicial”, explicó Bascopé, quien aclaró que el artículo 12 de la Constitución señala que la organización del Estado está fundamentada en la independencia.
Por su parte, el constitucionalista Carlos Börth dijo que dentro de las atribuciones de los directores departamentales del Notariado –que establece la Ley del Notariado– figura la administración de un archivo de todas las escrituras que emitieron los notarios y que estará en poder del Ministerio de Justicia.
"¿Ustedes quieren que sus contratos estén a disposición del Ministerio de Gobierno? Porque estando (el archivo) en el Ministerio de Justicia, al Ministerio de Gobierno sólo le bastará enviar a sus funcionarios para que tengan acceso a la documentación”, dijo Börth, y advirtió que la confidencialidad y la seguridad jurídica habrán desaparecido.
En la misma línea, el jurista orureño Iver Pereira señaló que mediante la Ley del Notariado se quiere otorgar a los notarios labores que son de competencia de jueces, como ser la definición de herencias, juicios de divorcio y otros trámites.
En ese marco, los expertos coincidieron en que la Cámara de Diputados aprobó un juicio contra las magistradas para tener "dominio” del Tribunal Constitucional y así garantizar que la Ley del Notariado sea declarado constitucional.
"Sin estas magistradas, el TCP dirá que estos artículos de la Ley del Notariado son constitucionales. Con este antecedente, no creo que exista otro magistrado que se atreva a discutir las leyes del MAS”, advirtió Börth, quien dijo que el magistrado relator de este caso es Ruddy Flores, el que fue presidente del TCP, y al que se acusa de ser afín al MAS.
Por su lado, Pereira señaló que "las magistradas emitieron la resolución en estricto apego a las leyes. El Gobierno lo que quiere es meter miedo a las autoridades judiciales para que nadie contradiga ni observe las leyes”.
Asimismo, Carlos Börth y William Bascopé afirmaron que las magistradas sí cometieron un error al haber suspendido toda la norma, pero que esa falla era subsanable, por lo que no ameritaba que sean suspendidas, mucho menos enjuiciadas.
El procurador exige explicaciones
El procurador general del Estado, Héctor Arce, pidió a los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Ligia Velásquez, Zoraida Chánez y Gualberto Cusi que justifiquen las razones que tuvieron para suspender la aplicación de la Ley del Notariado.
"Quisiéramos escuchar una explicación coherente de lo que se les interpela jurídicamente. Las señoras magistradas se han acogido al derecho al silencio, no han dicho absolutamente nada en la declaración ante la Asamblea Legislativa”, lamentó.
Arce consideró que las autoridades del más alto tribunal de justicia del país tienen la responsabilidad de explicar sus actos y "no pueden, como un vulgar delincuente, acogerse al silencio”.
Asimismo, señaló que las magistradas tampoco pueden eludir la acción de la justicia por medio de chicanas o acciones de inconstitucionalidad.
"Deben tener la dignidad de ir y explicar ante la Cámara Alta cuál fue el fundamento y las razones de haber cometido semejante felonía jurídica”, manifestó Arce. (ABI)
El constitucionalista William Bascopé explicó que la Ley del Notariado, cuya aplicación fue suspendida por los magistrados del TCP Gualberto Cusi, Ligia Velásquez y Soraida Chánez, viola la independencia de los cuatro poderes del Estado.
"La Ley del Notariado señala que el Ministerio de Justicia designará a los notarios de Fe Pública. Eso sería una usurpación de funciones y violación a la independencia del Órgano Judicial”, explicó Bascopé, quien aclaró que el artículo 12 de la Constitución señala que la organización del Estado está fundamentada en la independencia.
Por su parte, el constitucionalista Carlos Börth dijo que dentro de las atribuciones de los directores departamentales del Notariado –que establece la Ley del Notariado– figura la administración de un archivo de todas las escrituras que emitieron los notarios y que estará en poder del Ministerio de Justicia.
"¿Ustedes quieren que sus contratos estén a disposición del Ministerio de Gobierno? Porque estando (el archivo) en el Ministerio de Justicia, al Ministerio de Gobierno sólo le bastará enviar a sus funcionarios para que tengan acceso a la documentación”, dijo Börth, y advirtió que la confidencialidad y la seguridad jurídica habrán desaparecido.
En la misma línea, el jurista orureño Iver Pereira señaló que mediante la Ley del Notariado se quiere otorgar a los notarios labores que son de competencia de jueces, como ser la definición de herencias, juicios de divorcio y otros trámites.
En ese marco, los expertos coincidieron en que la Cámara de Diputados aprobó un juicio contra las magistradas para tener "dominio” del Tribunal Constitucional y así garantizar que la Ley del Notariado sea declarado constitucional.
"Sin estas magistradas, el TCP dirá que estos artículos de la Ley del Notariado son constitucionales. Con este antecedente, no creo que exista otro magistrado que se atreva a discutir las leyes del MAS”, advirtió Börth, quien dijo que el magistrado relator de este caso es Ruddy Flores, el que fue presidente del TCP, y al que se acusa de ser afín al MAS.
Por su lado, Pereira señaló que "las magistradas emitieron la resolución en estricto apego a las leyes. El Gobierno lo que quiere es meter miedo a las autoridades judiciales para que nadie contradiga ni observe las leyes”.
Asimismo, Carlos Börth y William Bascopé afirmaron que las magistradas sí cometieron un error al haber suspendido toda la norma, pero que esa falla era subsanable, por lo que no ameritaba que sean suspendidas, mucho menos enjuiciadas.
El procurador exige explicaciones
El procurador general del Estado, Héctor Arce, pidió a los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Ligia Velásquez, Zoraida Chánez y Gualberto Cusi que justifiquen las razones que tuvieron para suspender la aplicación de la Ley del Notariado.
"Quisiéramos escuchar una explicación coherente de lo que se les interpela jurídicamente. Las señoras magistradas se han acogido al derecho al silencio, no han dicho absolutamente nada en la declaración ante la Asamblea Legislativa”, lamentó.
Arce consideró que las autoridades del más alto tribunal de justicia del país tienen la responsabilidad de explicar sus actos y "no pueden, como un vulgar delincuente, acogerse al silencio”.
Asimismo, señaló que las magistradas tampoco pueden eludir la acción de la justicia por medio de chicanas o acciones de inconstitucionalidad.
"Deben tener la dignidad de ir y explicar ante la Cámara Alta cuál fue el fundamento y las razones de haber cometido semejante felonía jurídica”, manifestó Arce. (ABI)
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