La abrogación del Código del Sistema Penal será mediante una ley corta la misma que debe ser elaborada una vez el presidente, Evo Morales, envíe la solicitud mediante carta y las cámaras legislativas conformen las comisiones parlamentarias, informaron fuentes oficiales.
“(Será) una ley corta, que debe emitir la Asamblea (Legislativa)”, dijo el ministro de Justicia, Héctor Arce, quien también criticó el trabajo de la Asamblea Legislativa.
“Lamentablemente hubo una falla grandísima de la Asamblea, este Código surgió y se desarrolló en la Asamblea (y esa falla) fue de no socializar oportunamente este código. Esto ha generado que sectores minoritarios con intereses mezquinos y sectarios empezaran tergiversar la verdad sembrando una serie de mentiras y falsedades”, afirmó
PRIMERA TAREA
En tanto, el diputado oficialista, Javier Zabaleta, afirmó que la primera tarea del Legislativo para esta gestión será trabajar en una ley de abrogación del Código.
“Una vez que escuchemos el mensaje presidencial mañana (hoy); la primera tarea que tendremos será aprobar una Ley quitando del ordenamiento jurídico este Código del Sistema Penal o sea abrogando en su totalidad y a partir de eso rige el Código Penal anterior”, manifestó Zavaleta.
EL DIARIO consultó al constitucionalista, Carlos Alarcón sobre los pasos que implica materializar la abrogación de una Ley.
“Esto podía surgir del mismo presidente pero parece que no, porque mandará solo una nota al Legislativo, entonces la iniciativa tendrá que salir de la Cámara de Diputados o Senadores, de su bancada oficialista, es una ley muy sencilla la que deben emitir”, sostuvo Alarcón.
El contenido de dicha ley deberá ser breve ya que solo se tratará de un solo artículo y además que debe indicar su infectividad de dicha norma.
“Será una ley con un artículo único, abrogando todo el Código del Sistema Penal y estableciendo que se repone la vigencia de todas las leyes y códigos que han quedado abrogados en las disposiciones transitorias”, señaló Alarcón.
Asimismo describe el procedimiento que seguirán dentro de la Asamblea Legislativa, siendo que el tiempo podría ajustarse igual a lo que significó la derogación de los artículos 205 y 137, cuando instruyó el Presidente, según nuestro entrevistado.
“Es una nueva ley abrogatoria que nace en una Comisión del Legislativo, que probablemente sea la misma que hizo el Código, hacen un proyecto de Ley abrogatoria y la reposición de leyes y códigos; luego pasa a la otra Cámara y en ésta trata de igual forma y remiten al Órgano Ejecutivo para su promulgación”, indicó Carlos Alarcón, constitucionalista.
Cabe recordar que hoy se llevará a cabo los actos protocolares y conmemorativos que instauró el gobierno de Evo Morales al definir un Estado Plurinacional y justamente vísperas a este episodio, anunció la abrogación del Código del Sistema Penal, mediante una carta que remitirá a la Asamblea Legislativa.
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lunes, 22 de enero de 2018
domingo, 7 de enero de 2018
Código del Sistema Penal observado Hasta próxima semana serán derogados artículos 205 y 137
La abrogación definitiva de los artículos 137 y 205 del nuevo Código de Sistema Penal se efectivizará hasta la próxima semana, anunció ayer el presidente de la cámara de Senadores, José Alberto Gonzales. La autoridad explicó que para tal efecto debe redactarse una ley que sea aprobada por separado en Diputados y en el Senado.
El Presidente del Senado aclaró que la comisión de turno no tiene la potestad suficiente para derogar artículos y que su función se limita a sugerir al pleno de la asamblea para su tratamiento y aprobación.
“Esta resolución permite una convocatoria para ambas cámaras (Diputados y Senado) en el caso de diputados estarían siendo citados para el lunes en la tarde y el marte en la tarde estaría pasando a senado para su posterior sanción y eliminar ambos artículos”, explicó Gonzales.
La medida fue asumida después que el presidente Evo Morales pidió a la Asamblea Legislativa derogar los artículos 205 y 137, que provocaron el conflicto médico y amenazas de realizar el paro de transporte pesado, respectivamente. Además de la revisión de los artículos, 293 y 294, que también generaron la molestia de otros sectores sociales.
ABROGACIÓN
Por otra parte, la bancada de Unidad Demócrata (UD) presentó un proyecto de ley para la abrogación de la Ley 1005 del Código de Sistema Penal, puesto que existen varios artículos que también deben ser revisados, entre ellos el 245, 246, 109, los cuales no fueron tomados en cuenta por el presidente Evo Morales.
Con relación a esta solicitud, el diputado David Ramos, del Movimiento al Socialismo (MAS), rechazó esta propuesta y advirtió que la oposición pretende mantener la retardación de justicia, además de establecer sanciones contra fiscales y jueces que no asistan a las audiencias.
REVISIÓN
Gonzales señaló que en caso de que no exista un avance de modificación o la incorporación de otros escritos que sustituyan a los artículos 205 y 137, después de la vigencia del código, estará en validez los artículos 260 y 261 del actual Código Penal, respectivamente, por lo que no habrá un vacío jurídico.
El 260 (homicidio culposo) establece: “el que por culpa causare la muerte de una persona incurrirá en reclusión de seis meses a tres años”, este articulo sustituirá al 205 del Código de Sistema Penal.
En el caso del enunciado 137, que es observado por los transportistas, podría ser sustituido por el 261 (homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidentes de tránsito) del actual Código Penal.
“El que resulte culpable de la muerte o producción de lesiones graves o gravísimas de una o más personas ocasionadas con un medio de transporte motorizado, será sancionado con reclusión de uno a tres años (…), el caso se agravará de uno a cinco años de cárcel en caso que el conductor se halle en estado de ebriedad”.
El Presidente del Senado aclaró que la comisión de turno no tiene la potestad suficiente para derogar artículos y que su función se limita a sugerir al pleno de la asamblea para su tratamiento y aprobación.
“Esta resolución permite una convocatoria para ambas cámaras (Diputados y Senado) en el caso de diputados estarían siendo citados para el lunes en la tarde y el marte en la tarde estaría pasando a senado para su posterior sanción y eliminar ambos artículos”, explicó Gonzales.
La medida fue asumida después que el presidente Evo Morales pidió a la Asamblea Legislativa derogar los artículos 205 y 137, que provocaron el conflicto médico y amenazas de realizar el paro de transporte pesado, respectivamente. Además de la revisión de los artículos, 293 y 294, que también generaron la molestia de otros sectores sociales.
ABROGACIÓN
Por otra parte, la bancada de Unidad Demócrata (UD) presentó un proyecto de ley para la abrogación de la Ley 1005 del Código de Sistema Penal, puesto que existen varios artículos que también deben ser revisados, entre ellos el 245, 246, 109, los cuales no fueron tomados en cuenta por el presidente Evo Morales.
Con relación a esta solicitud, el diputado David Ramos, del Movimiento al Socialismo (MAS), rechazó esta propuesta y advirtió que la oposición pretende mantener la retardación de justicia, además de establecer sanciones contra fiscales y jueces que no asistan a las audiencias.
REVISIÓN
Gonzales señaló que en caso de que no exista un avance de modificación o la incorporación de otros escritos que sustituyan a los artículos 205 y 137, después de la vigencia del código, estará en validez los artículos 260 y 261 del actual Código Penal, respectivamente, por lo que no habrá un vacío jurídico.
El 260 (homicidio culposo) establece: “el que por culpa causare la muerte de una persona incurrirá en reclusión de seis meses a tres años”, este articulo sustituirá al 205 del Código de Sistema Penal.
En el caso del enunciado 137, que es observado por los transportistas, podría ser sustituido por el 261 (homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidentes de tránsito) del actual Código Penal.
“El que resulte culpable de la muerte o producción de lesiones graves o gravísimas de una o más personas ocasionadas con un medio de transporte motorizado, será sancionado con reclusión de uno a tres años (…), el caso se agravará de uno a cinco años de cárcel en caso que el conductor se halle en estado de ebriedad”.
Comisión Legislativa aprobó derogar artículos 205 y 137
La Comisión Especial de la Asamblea Legislativa aprobó el proyecto de ley para la derogación de los artículos 137 y 205 de la Ley 1005 del Código de Sistema Penal, además recomienda la revisión de los enunciados 293 y 294 de dicha norma. El oficialismo rechazó la abrogación total del Código.
Tras un debate de más de tres horas entre asambleístas de la oposición y el oficialismo sobre la abrogación total del Código, se determinó la emisión de esa resolución, que solo revisará los artículos mencionados anteriormente, mismos que fueron instruidos por el Presidente.
Este proyecto de ley será remitido al pleno de la cámara de Diputados para que sea evaluado. El tratamiento se realizará este lunes, cuando los parlamentarios retornen del receso anual, posteriormente pasará al Senado para su respectiva sanción.
Para su efecto se convocó a la 225ª sesión ordinaria de la cámara de Diputados para el lunes 8 de enero, donde se tratará este proyecto de ley que modifica el Código del Sistema Penal.
Además se aprobaron otros dos documentos, donde determina el tratamiento y análisis de los artículos 293 y 294.
Al respecto, el presidente de la cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, al concluir la sesión de la comisión indicó que se convocarán a los entes en conflicto para concertar una nueva redacción de los artículos cuestionados.
RECHAZO
La oposición presentó un proyecto de ley donde planteó la abrogación del texto completo del Código de Sistema Penal, tomando en cuenta el rechazo generalizado a la norma por parte de sectores sociales, empresarios y profesionales de diversas áreas.
El senador opositor Óscar Ortiz señaló que no era suficiente la derogación de solo dos artículos para la pacificación de los sectores en conflicto, la abrogación de la norma permitiría la concertación con estas organizaciones.
Sin embargo esta propuesta fue rechazada por los asambleístas la comisión, que está conformada por 17 diputados y 9 senadores, la mayoría de ellos del partido oficialista.
Además observaron que esta convocatoria no sea presidida por el presidente nato de la Asamblea Legislativa, Álvaro García, como se lo realiza frecuentemente cuando se trata una normativa en esta instancia.
Tras un debate de más de tres horas entre asambleístas de la oposición y el oficialismo sobre la abrogación total del Código, se determinó la emisión de esa resolución, que solo revisará los artículos mencionados anteriormente, mismos que fueron instruidos por el Presidente.
Este proyecto de ley será remitido al pleno de la cámara de Diputados para que sea evaluado. El tratamiento se realizará este lunes, cuando los parlamentarios retornen del receso anual, posteriormente pasará al Senado para su respectiva sanción.
Para su efecto se convocó a la 225ª sesión ordinaria de la cámara de Diputados para el lunes 8 de enero, donde se tratará este proyecto de ley que modifica el Código del Sistema Penal.
Además se aprobaron otros dos documentos, donde determina el tratamiento y análisis de los artículos 293 y 294.
Al respecto, el presidente de la cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, al concluir la sesión de la comisión indicó que se convocarán a los entes en conflicto para concertar una nueva redacción de los artículos cuestionados.
RECHAZO
La oposición presentó un proyecto de ley donde planteó la abrogación del texto completo del Código de Sistema Penal, tomando en cuenta el rechazo generalizado a la norma por parte de sectores sociales, empresarios y profesionales de diversas áreas.
El senador opositor Óscar Ortiz señaló que no era suficiente la derogación de solo dos artículos para la pacificación de los sectores en conflicto, la abrogación de la norma permitiría la concertación con estas organizaciones.
Sin embargo esta propuesta fue rechazada por los asambleístas la comisión, que está conformada por 17 diputados y 9 senadores, la mayoría de ellos del partido oficialista.
Además observaron que esta convocatoria no sea presidida por el presidente nato de la Asamblea Legislativa, Álvaro García, como se lo realiza frecuentemente cuando se trata una normativa en esta instancia.
viernes, 29 de diciembre de 2017
jueves, 27 de noviembre de 2014
Comisión de Justicia Plural Código Penal queda para próxima legislatura
El presidente de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, Juan Carlos Cejas Ugarte, manifestó que las modificaciones al código penal, entre algunas normas, son tareas pendientes que quedarán para la próxima gestión legislativa, sin embargo destacó que las autonomías departamentales y regionales, con aspectos importantes de la gestión 2010 -2014.
“Si bien en esta gestión se ha trabajado bastante en legislación y fiscalización, también está quedando trabajo pendiente, uno de los temas de gran importancia es de Código de Procedimiento Legal, que junto a otras disposiciones legales, por razones de tiempo, serán tratadas la siguiente legislatura”, manifestó Cejas.
Entre las normas importantes, que fueron tratadas en su gestión, Cejas nombra las leyes regionales y de autonomías, que aún tienen mucho trabajo por delante pero que van abriendo paso para una nueva forma de administración de las regiones abandonadas del país.
“Creo que no hay leyes importantes o no sobresalientes, todas, desde las nacionales hasta las regionales, tienen un gran valor para el desarrollo de los departamentos. Como potosino, hemos impulsado la transferencia de terrenos para el Segip, entidad que tendrá tres puntos estratégicos, Potosí capital, Tupiza y Villazón”, manifestó la autoridad.
Asimismo, rescata leyes para la otorgación de créditos productivos, normas de exploración de pozos petroleros y señaló que el trabajo en gestión marcó una diferencia, ya que por primera vez como comisión se sesionó fuera de sus oficinas.
“Hemos incursionado en la parte de gestión, hace dos semanas estuvimos sesionando en Tupiza, como comisión de justicia, lo que se ha convertido en un hecho histórico, que no se había dado nunca. Se transparentaron algunos hechos ilegales y ahora tenemos varias solicitudes que piden que nos apersonemos a otras localidades que, por el tiempo, no estamos seguros de alcanzar”, expresó Cejas
Cejas es uno de los diputados del partido oficialista, que el 21 de enero de 2015 acabará su gestión y no volverá al legislativo, dejando de lado su etapa de asambleísta para retornar a su despacho privado para continuar su carrera de abogado. En su lugar asumirá la representación potosina el diputado electo, por el partido oficialista, Víctor Borda.
“Luego del 21 de enero volveré a mi oficina, para con la experiencia adquirida, seguir trabajando por mi departamento”, finalizo el legislador.
“Si bien en esta gestión se ha trabajado bastante en legislación y fiscalización, también está quedando trabajo pendiente, uno de los temas de gran importancia es de Código de Procedimiento Legal, que junto a otras disposiciones legales, por razones de tiempo, serán tratadas la siguiente legislatura”, manifestó Cejas.
Entre las normas importantes, que fueron tratadas en su gestión, Cejas nombra las leyes regionales y de autonomías, que aún tienen mucho trabajo por delante pero que van abriendo paso para una nueva forma de administración de las regiones abandonadas del país.
“Creo que no hay leyes importantes o no sobresalientes, todas, desde las nacionales hasta las regionales, tienen un gran valor para el desarrollo de los departamentos. Como potosino, hemos impulsado la transferencia de terrenos para el Segip, entidad que tendrá tres puntos estratégicos, Potosí capital, Tupiza y Villazón”, manifestó la autoridad.
Asimismo, rescata leyes para la otorgación de créditos productivos, normas de exploración de pozos petroleros y señaló que el trabajo en gestión marcó una diferencia, ya que por primera vez como comisión se sesionó fuera de sus oficinas.
“Hemos incursionado en la parte de gestión, hace dos semanas estuvimos sesionando en Tupiza, como comisión de justicia, lo que se ha convertido en un hecho histórico, que no se había dado nunca. Se transparentaron algunos hechos ilegales y ahora tenemos varias solicitudes que piden que nos apersonemos a otras localidades que, por el tiempo, no estamos seguros de alcanzar”, expresó Cejas
Cejas es uno de los diputados del partido oficialista, que el 21 de enero de 2015 acabará su gestión y no volverá al legislativo, dejando de lado su etapa de asambleísta para retornar a su despacho privado para continuar su carrera de abogado. En su lugar asumirá la representación potosina el diputado electo, por el partido oficialista, Víctor Borda.
“Luego del 21 de enero volveré a mi oficina, para con la experiencia adquirida, seguir trabajando por mi departamento”, finalizo el legislador.
martes, 8 de abril de 2014
Jurista sostiene que el Código Penal tiene “grandes falencias”
El abogado Jorge Valda Daza sostiene que el Código Penal tiene "grandes falencias” y componentes que entre sí generan "confusión”, por lo que requiere ser sistematizado. Llegó a esa conclusión en la presentación de su libro Código Penal boliviano comentado.
"Se puede evidenciar que nuestra ley penal también tiene grandes falencias, tiene muchos elementos que superar, tiene demasiados componentes que entre sí generan confusión”, sostuvo Valda Daza.
El abogado aseguró que el Poder Legislativo al momento de "legislar en la vida penal”, no adoptó una tarea sistemática en las modificaciones que se hicieron en el texto de ese código.
Recordó que tras sufrir reformas y cambios desde 1972, el Código Penal tiene "una pluralidad de identidades sobre todo en cuanto a la concepción misma del delito”. Sin ir más lejos, sostuvo que en los últimos 12 meses, ese texto sufrió más de 50 modificaciones, a través de leyes tratadas en el Legislativo.
Valda manifestó que el Código Penal debe estar adecuado "a la realidad de la civilización que pretende normar” y aseguró que "nuestra colectividad permanentemente ha ido evolucionando en cuanto a la concepción de qué es lo que se quiere proteger y qué es lo que se quiere alcanzar a través de la ley penal”.
Por ello, afirmó que es necesario sistematizar el código, porque "a través de parches, modificaciones independientes, sin entender el contexto de lo que representa la normativa jurídico criminal en Bolivia, no estamos aportando a una solución eficaz”.
El trabajo
El texto Código Penal boliviano comentado se presentó el pasado jueves en la facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Valda subrayó que con este trabajo -que con esta última tiene tres ediciones- pretende "reivindicar la concepción de ciencia jurídico-penal”.
Este abogado manifestó que cuando el Código Penal se convierte en un mecanismo de presión, de extorsión o persecución "no está sirviendo al Estado”, sino que en realidad al ser instrumentalizado "para fines ajenos a la protección de la sociedad” beneficia "al poder”. "La ley penal es la representación del derecho que tiene el Estado de castigar conductas que se consideran prohibidas”, explicó.
Por su parte, Gustavo Camacho, docente de derecho penal de la UMSA, calificó a la obra como un "documento académico trascendente” y que debería ser de lectura oblitadoria de los estudiantes de Derecho.
Además el catedrático afirmó que el trabajo comparativo que realizó Valda "nos muestra las grandes deficiencias del ordenamiento jurídico penal y de la necesidad de grandes reformas”.
Julio Mallea, decano de la facultad de Derecho de esa misma casa de estudios, sostuvo que en los pocos años que lleva de catedrático en esa universidad, Valda "está haciendo un aporte importante a la investigación, a la docencia y a la formación de los nuevos abogados”.
Mallea felicitó a este jurista por el "aporte” que hizo a la academia con su trabajo, y aseguró que docentes como Valda permitirán a esa facultad "elevar el nivel académico para buscar la excelencia académica y también buscar la reacreditación internacional”.
En detalles
El texto El libro Código Penal boliviano comentado se presentó el pasado jueves en la facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés.
La tercera El texto elaborado por el abogado Jorge Valda lleva ya tres ediciones. El decano de la facultad de la UMSA, Julio Mallea, felicitó al autor y le dijo que como docente está haciendo un aporte a la investigación y a la formación de los nuevos abogados.
Sistematizar Valda sostiene que el Código Penal presenta varias "falencias”, elementos que generan confusión, por lo que es necesario sistematizarlo.
"Se puede evidenciar que nuestra ley penal también tiene grandes falencias, tiene muchos elementos que superar, tiene demasiados componentes que entre sí generan confusión”, sostuvo Valda Daza.
El abogado aseguró que el Poder Legislativo al momento de "legislar en la vida penal”, no adoptó una tarea sistemática en las modificaciones que se hicieron en el texto de ese código.
Recordó que tras sufrir reformas y cambios desde 1972, el Código Penal tiene "una pluralidad de identidades sobre todo en cuanto a la concepción misma del delito”. Sin ir más lejos, sostuvo que en los últimos 12 meses, ese texto sufrió más de 50 modificaciones, a través de leyes tratadas en el Legislativo.
Valda manifestó que el Código Penal debe estar adecuado "a la realidad de la civilización que pretende normar” y aseguró que "nuestra colectividad permanentemente ha ido evolucionando en cuanto a la concepción de qué es lo que se quiere proteger y qué es lo que se quiere alcanzar a través de la ley penal”.
Por ello, afirmó que es necesario sistematizar el código, porque "a través de parches, modificaciones independientes, sin entender el contexto de lo que representa la normativa jurídico criminal en Bolivia, no estamos aportando a una solución eficaz”.
El trabajo
El texto Código Penal boliviano comentado se presentó el pasado jueves en la facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Valda subrayó que con este trabajo -que con esta última tiene tres ediciones- pretende "reivindicar la concepción de ciencia jurídico-penal”.
Este abogado manifestó que cuando el Código Penal se convierte en un mecanismo de presión, de extorsión o persecución "no está sirviendo al Estado”, sino que en realidad al ser instrumentalizado "para fines ajenos a la protección de la sociedad” beneficia "al poder”. "La ley penal es la representación del derecho que tiene el Estado de castigar conductas que se consideran prohibidas”, explicó.
Por su parte, Gustavo Camacho, docente de derecho penal de la UMSA, calificó a la obra como un "documento académico trascendente” y que debería ser de lectura oblitadoria de los estudiantes de Derecho.
Además el catedrático afirmó que el trabajo comparativo que realizó Valda "nos muestra las grandes deficiencias del ordenamiento jurídico penal y de la necesidad de grandes reformas”.
Julio Mallea, decano de la facultad de Derecho de esa misma casa de estudios, sostuvo que en los pocos años que lleva de catedrático en esa universidad, Valda "está haciendo un aporte importante a la investigación, a la docencia y a la formación de los nuevos abogados”.
Mallea felicitó a este jurista por el "aporte” que hizo a la academia con su trabajo, y aseguró que docentes como Valda permitirán a esa facultad "elevar el nivel académico para buscar la excelencia académica y también buscar la reacreditación internacional”.
En detalles
El texto El libro Código Penal boliviano comentado se presentó el pasado jueves en la facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés.
La tercera El texto elaborado por el abogado Jorge Valda lleva ya tres ediciones. El decano de la facultad de la UMSA, Julio Mallea, felicitó al autor y le dijo que como docente está haciendo un aporte a la investigación y a la formación de los nuevos abogados.
Sistematizar Valda sostiene que el Código Penal presenta varias "falencias”, elementos que generan confusión, por lo que es necesario sistematizarlo.
lunes, 24 de febrero de 2014
Nuevo Código Penal posibilita pinchazos e incorpora vigilancia electrónica
El proyecto del nuevo Código Procesal Penal de Bolivia prevé la incorporación de la vigilancia electrónica para interceptar o registrar conversaciones o comunicaciones privadas, previa autorización de un juez para fines investigativos por delitos de corrupción, trata y tráfico de personas, tráfico ilícito de sustancias controladas, legitimación de ganancias ilícitas, terrorismo, financiamiento al terrorismo, contrabando o de grupos delictivos organizados
El proyecto fue redactado por autoridades del Ministerio de Justicia junto a representantes del Órgano Judicial. El documento ya se encuentra en la Asamblea Legislativa para su tratamiento
En consecuencia, con este nuevo Código se legaliza las escuchas telefónicas, incluso la intervención a los medios digitales como correos electrónicos y otros
La intervención telefónica ya se incorporó con la vigente Ley de Telecomunicaciones, pero de manera general. El nuevo proyecto legal precisa este tipo en intervención con detalles, procedimientos y alcances
El artículo 111 de la Ley de Telecomunicaciones, promulgada en agosto de 2011, establece que “en casos de peligro para la seguridad del Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastres, los operadores y proveedores de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación estarán obligados a cooperar y poner a disposición de las autoridades legítima y legalmente constituidas, de manera gratuita y oportuna, las redes y servicios, así como la emisión, transmisión y recepción de las telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación que les sean requeridas”
En tanto que el proyecto de Código Procesal Penal señala en su artículo 302, referido a la vigilancia electrónica, que “toda persona tiene derecho al secreto de las comunicaciones privadas en todas sus formas, salvo autorización judicial. Ni la autoridad pública ni persona u organismo alguno podrán interceptar o registrar conversaciones o comunicaciones privadas mediante instalación que las controle o centralice”
Se entiende por vigilancia electrónica a “la intercepción o incautación” de la correspondencia, los papeles privados, las conversaciones, comunicaciones o manifestaciones privadas contenidas en cualquier soporte físico, virtual u otras formas, mediante la utilización de cualquier medio tecnológico, con el fin de descubrir o identificar a los involucrados o aportar pruebas en procesos
De acuerdo al especialista en telecomunicaciones Adrián Gutiérrez, esto quiere decir que se permitirá la intervención de las llamadas en telefonía fija o celular, además de la intervención de medios digitales como correos electrónicos, a través de cualquier medio tecnológico
El artículo también señala que “el fiscal podrá solicitar al juez de instrucción autorice la vigilancia electrónica, fundamentando sobre los peligros y dificultades en la investigación de actividades u operaciones delictivas, e indicando las personas o lugares sobre los que dispondrá la medida, describiendo los medios o técnicas a utilizarse, así como su plazo de duración o ampliación”
Los servidores de la vigilancia serán designados directamente por los fiscales, bajo su control y supervisión. Los fiscales no podrán revelar sus actuaciones, salvo en el juicio oral
La medida precisa que existirá un solo registro, grabación o soporte físico. Su contenido, en acto privado, será objeto de análisis por el fiscal y el juez de instrucción, y lo que no sea pertinente al objeto de la investigación será destruido o se ordenará su eliminación o borrado de todo registro o base de datos. La información que se considere pertinente podrá ser utilizada por el Ministerio Público a los fines probatorios de procesos penales
Anteriormente, el viceministro de esa repartición Luis Cáceres anunció que se perfilaba una ley para escuchar grabaciones de sospechosos de narcotráfico, pero sin vulnerar los derechos humanos.
CONSULTA Según la legislación actual, es posible realizar este tipo de investigaciones, siempre y cuando haya una autorización judicial. Sin embargo, la Constitución Política del Estado afirma que ni la autoridad pública ni persona alguna pueden interceptar el teléfono o el correo electrónico, de acuerdo al abogado José Carrasco
Carrasco anunció que de aprobarse tal cual está en el proyecto de ley deberá ser analizado por el Tribunal Constitucional.
Se perfilan nuevas técnicas
Cuando los medios y las técnicas tradicionales de investigación no fueran suficientes, el fiscal solicitará al juez de instrucción autorice la aplicación de técnicas especiales de investigación para procesos delictivos específicos, según el artículo 299 del proyecto de Código Procesal Penal
Las técnicas especiales de investigación a las que puede apelar el fiscal con orden del juez son la investigación encubierta, entrega vigilada y la vigilancia electrónica
Los servidores públicos que ejecuten estas técnicas estarán eximidos de responsabilidad, salvo que en el curso de la investigación realicen actos distintos a los específicamente encomendados o con evidente exceso o desproporcionalidad, con relación a las necesidades o finalidades de la misma. No constarán en las actuaciones el nombre, domicilio, lugar de trabajo, profesión ni cualquier otro dato que permita identificarlos
“El trámite y la información obtenida, serán mantenidas en reserva, a cargo del fiscal, y se conservará fuera de las actuaciones”, especifica la medida legal.
Gobiernos realizan escuchas telefónicas, pero tales prácticas son mantenidas en secreto
Los gobiernos de turno han manejado como un elemento de seguridad del Estado el espionaje a sus eventuales rivales políticos, organizaciones sindicales y personas claves mediante las escuchas telefónicas y seguimiento del denominado aparato de Inteligencia, según apreciaciones de expertos y exautoridades
El Gobierno del presidente Evo Morales tampoco queda al margen de verse involucrado con estas prácticas
Anteriormente se denunciaron dos escuchas, una en el caso de los indígenas del TIPNIS, cuando aparentemente grabaron a la diputada opositora del Movimiento Sin Miedo (MSM) Marcela Revollo, además de los contactos entre dirigentes y la embajada de Estados Unidos
Sin embargo, la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, negó enfáticamente que el Gobierno esté en afanes de espiar, a través de escuchas telefónicas, a autoridades de otros órganos de poder u opositores
“Como Órgano Ejecutivo estamos tranquilos, no necesitamos este tipo de situaciones (escuchas), y no las vamos a hacer”, aseveró
Para el técnico en telecomunicaciones Adrián Gutiérrez, hay varias formas de intervenir teléfonos, con aparatos en los domicilios o desde las centrales telefónicas
Un exjefe policial comentó que es muy delicado hablar sobre estos temas porque se manejan con mucho celo informativo, en casos de riesgo de la seguridad del Estado
Dijo sin embargo que se acude a las escuchas para casos específicos.
A su vez, el abogado José Carrasco dijo que la estructura de poder de cualquier Gobierno puede tener acceso a las escuchas telefónicas, pero que el tema se maneja como un “secreto de Estado” que difícilmente se puede comprobar
El senador opositor Bernard Gutiérrez recordó que la Ley de Telecomunicaciones “legaliza las escuchas telefónicas” y expresó preocupación por la privacidad.
Las nuevas tecnologías facilitan el espionaje a las personas
Intervenir teléfonos de línea fija o celular “no es cosa de otro mundo” porque la tecnología facilita este tipo de espionaje, según el especialista en telecomunicaciones Adrián Gutiérrez
“La red de telefonía fija tiene tres fases, la red primaria, la red secundaria y la caja terminal, hasta el teléfono del usuario. En estas tres partes, como es algo físico, se puede ingresar en cualquiera de las etapas para los pinchazos”, dijo
Para este cometido es necesario saber los datos de la conexión, que es fundamentalmente el número para sacar un derivado
También se puede espiar en la central telefónica con mayor facilidad porque ahora todo está digitalizado
El experto explicó que en el sistema de telefonía móvil el espionaje es mucho más fácil porque se puede hacer desde la proveedora
Señaló que un proveedor de servicio puede clonar el chip de teléfono de la persona a la que se quiere escuchar
Además, dijo que se consiguen grabar los mensajes, pero para ello es necesario conocer el número de la persona a la que se quiere escuchar o espiar
Asimismo, Gutiérrez sostuvo que hay programas de software especializado, que tienen un costo de licencia de 300 dólares para hacer este tipo de espionajes, como Spy Phone
Puso como ejemplo que, si uno quiere espiar a su pareja puede “hackear” e ingresar mediante la red al número celular. “Cuando la pareja haga o reciba una llamada, con un ordenador o celular se podrá escuchar esa conversación”, afirmó
El experto igualmente dijo que otra forma de espionaje doméstico es a través de micrófonos direccionales que tengan “alta ganancia”, que permitan escuchar a 300 o 400 metros de distancia
También precisó que hay cámaras termográficas que permiten, a cierta temperatura, conocer cuántas personas están en una casa
Asimismo, está la vigilancia satelital, sobre todo cuando un teléfono móvil tiene activado el servicio de GPS.
El proyecto fue redactado por autoridades del Ministerio de Justicia junto a representantes del Órgano Judicial. El documento ya se encuentra en la Asamblea Legislativa para su tratamiento
En consecuencia, con este nuevo Código se legaliza las escuchas telefónicas, incluso la intervención a los medios digitales como correos electrónicos y otros
La intervención telefónica ya se incorporó con la vigente Ley de Telecomunicaciones, pero de manera general. El nuevo proyecto legal precisa este tipo en intervención con detalles, procedimientos y alcances
El artículo 111 de la Ley de Telecomunicaciones, promulgada en agosto de 2011, establece que “en casos de peligro para la seguridad del Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastres, los operadores y proveedores de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación estarán obligados a cooperar y poner a disposición de las autoridades legítima y legalmente constituidas, de manera gratuita y oportuna, las redes y servicios, así como la emisión, transmisión y recepción de las telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación que les sean requeridas”
En tanto que el proyecto de Código Procesal Penal señala en su artículo 302, referido a la vigilancia electrónica, que “toda persona tiene derecho al secreto de las comunicaciones privadas en todas sus formas, salvo autorización judicial. Ni la autoridad pública ni persona u organismo alguno podrán interceptar o registrar conversaciones o comunicaciones privadas mediante instalación que las controle o centralice”
Se entiende por vigilancia electrónica a “la intercepción o incautación” de la correspondencia, los papeles privados, las conversaciones, comunicaciones o manifestaciones privadas contenidas en cualquier soporte físico, virtual u otras formas, mediante la utilización de cualquier medio tecnológico, con el fin de descubrir o identificar a los involucrados o aportar pruebas en procesos
De acuerdo al especialista en telecomunicaciones Adrián Gutiérrez, esto quiere decir que se permitirá la intervención de las llamadas en telefonía fija o celular, además de la intervención de medios digitales como correos electrónicos, a través de cualquier medio tecnológico
El artículo también señala que “el fiscal podrá solicitar al juez de instrucción autorice la vigilancia electrónica, fundamentando sobre los peligros y dificultades en la investigación de actividades u operaciones delictivas, e indicando las personas o lugares sobre los que dispondrá la medida, describiendo los medios o técnicas a utilizarse, así como su plazo de duración o ampliación”
Los servidores de la vigilancia serán designados directamente por los fiscales, bajo su control y supervisión. Los fiscales no podrán revelar sus actuaciones, salvo en el juicio oral
La medida precisa que existirá un solo registro, grabación o soporte físico. Su contenido, en acto privado, será objeto de análisis por el fiscal y el juez de instrucción, y lo que no sea pertinente al objeto de la investigación será destruido o se ordenará su eliminación o borrado de todo registro o base de datos. La información que se considere pertinente podrá ser utilizada por el Ministerio Público a los fines probatorios de procesos penales
Anteriormente, el viceministro de esa repartición Luis Cáceres anunció que se perfilaba una ley para escuchar grabaciones de sospechosos de narcotráfico, pero sin vulnerar los derechos humanos.
CONSULTA Según la legislación actual, es posible realizar este tipo de investigaciones, siempre y cuando haya una autorización judicial. Sin embargo, la Constitución Política del Estado afirma que ni la autoridad pública ni persona alguna pueden interceptar el teléfono o el correo electrónico, de acuerdo al abogado José Carrasco
Carrasco anunció que de aprobarse tal cual está en el proyecto de ley deberá ser analizado por el Tribunal Constitucional.
Se perfilan nuevas técnicas
Cuando los medios y las técnicas tradicionales de investigación no fueran suficientes, el fiscal solicitará al juez de instrucción autorice la aplicación de técnicas especiales de investigación para procesos delictivos específicos, según el artículo 299 del proyecto de Código Procesal Penal
Las técnicas especiales de investigación a las que puede apelar el fiscal con orden del juez son la investigación encubierta, entrega vigilada y la vigilancia electrónica
Los servidores públicos que ejecuten estas técnicas estarán eximidos de responsabilidad, salvo que en el curso de la investigación realicen actos distintos a los específicamente encomendados o con evidente exceso o desproporcionalidad, con relación a las necesidades o finalidades de la misma. No constarán en las actuaciones el nombre, domicilio, lugar de trabajo, profesión ni cualquier otro dato que permita identificarlos
“El trámite y la información obtenida, serán mantenidas en reserva, a cargo del fiscal, y se conservará fuera de las actuaciones”, especifica la medida legal.
Gobiernos realizan escuchas telefónicas, pero tales prácticas son mantenidas en secreto
Los gobiernos de turno han manejado como un elemento de seguridad del Estado el espionaje a sus eventuales rivales políticos, organizaciones sindicales y personas claves mediante las escuchas telefónicas y seguimiento del denominado aparato de Inteligencia, según apreciaciones de expertos y exautoridades
El Gobierno del presidente Evo Morales tampoco queda al margen de verse involucrado con estas prácticas
Anteriormente se denunciaron dos escuchas, una en el caso de los indígenas del TIPNIS, cuando aparentemente grabaron a la diputada opositora del Movimiento Sin Miedo (MSM) Marcela Revollo, además de los contactos entre dirigentes y la embajada de Estados Unidos
Sin embargo, la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, negó enfáticamente que el Gobierno esté en afanes de espiar, a través de escuchas telefónicas, a autoridades de otros órganos de poder u opositores
“Como Órgano Ejecutivo estamos tranquilos, no necesitamos este tipo de situaciones (escuchas), y no las vamos a hacer”, aseveró
Para el técnico en telecomunicaciones Adrián Gutiérrez, hay varias formas de intervenir teléfonos, con aparatos en los domicilios o desde las centrales telefónicas
Un exjefe policial comentó que es muy delicado hablar sobre estos temas porque se manejan con mucho celo informativo, en casos de riesgo de la seguridad del Estado
Dijo sin embargo que se acude a las escuchas para casos específicos.
A su vez, el abogado José Carrasco dijo que la estructura de poder de cualquier Gobierno puede tener acceso a las escuchas telefónicas, pero que el tema se maneja como un “secreto de Estado” que difícilmente se puede comprobar
El senador opositor Bernard Gutiérrez recordó que la Ley de Telecomunicaciones “legaliza las escuchas telefónicas” y expresó preocupación por la privacidad.
Las nuevas tecnologías facilitan el espionaje a las personas
Intervenir teléfonos de línea fija o celular “no es cosa de otro mundo” porque la tecnología facilita este tipo de espionaje, según el especialista en telecomunicaciones Adrián Gutiérrez
“La red de telefonía fija tiene tres fases, la red primaria, la red secundaria y la caja terminal, hasta el teléfono del usuario. En estas tres partes, como es algo físico, se puede ingresar en cualquiera de las etapas para los pinchazos”, dijo
Para este cometido es necesario saber los datos de la conexión, que es fundamentalmente el número para sacar un derivado
También se puede espiar en la central telefónica con mayor facilidad porque ahora todo está digitalizado
El experto explicó que en el sistema de telefonía móvil el espionaje es mucho más fácil porque se puede hacer desde la proveedora
Señaló que un proveedor de servicio puede clonar el chip de teléfono de la persona a la que se quiere escuchar
Además, dijo que se consiguen grabar los mensajes, pero para ello es necesario conocer el número de la persona a la que se quiere escuchar o espiar
Asimismo, Gutiérrez sostuvo que hay programas de software especializado, que tienen un costo de licencia de 300 dólares para hacer este tipo de espionajes, como Spy Phone
Puso como ejemplo que, si uno quiere espiar a su pareja puede “hackear” e ingresar mediante la red al número celular. “Cuando la pareja haga o reciba una llamada, con un ordenador o celular se podrá escuchar esa conversación”, afirmó
El experto igualmente dijo que otra forma de espionaje doméstico es a través de micrófonos direccionales que tengan “alta ganancia”, que permitan escuchar a 300 o 400 metros de distancia
También precisó que hay cámaras termográficas que permiten, a cierta temperatura, conocer cuántas personas están en una casa
Asimismo, está la vigilancia satelital, sobre todo cuando un teléfono móvil tiene activado el servicio de GPS.
sábado, 22 de febrero de 2014
El proyecto de Código Penal diferencia delito de crimen
El proyecto de nuevo Código Penal, que preparan los órganos Ejecutivo y Legislativo, diferencia los crímenes de los delitos y de las faltas y contravenciones en la tipificación de las acciones antijurídicas, dijo el titular de la Comisión de Constitución de Diputados, Héctor Arce. Como crímenes se plasmarán acciones antijurídicas más graves como violaciones, asesinatos, homicidios, terrorismo y narcotráfico
martes, 19 de noviembre de 2013
PROYECTO DE LEY La detención preventiva desaparece del Código Penal
El nuevo Código de Procedimiento Penal perfila dos ejes de reforma. Que la detención preventiva deje de ser una regla en los procesos penales y se convierta en una excepción. Además, se debate la eliminación de los jueces ciudadanos para evitar la burocracia judicial y remplazarlos por jueces o tribunales de sentencia. Un exfiscal dijo que de aplicarse esta iniciativa sería un ‘retroceso’ para la justicia.
El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, explicó a EL DEBER que el nuevo Código Penal no pretende eliminar la detención preventiva; sin embargo, en este aspecto, dijo, se requiere modificaciones, como que deje de ser una regla en los dictámenes y pase a ser una excepción judicial.
“En casos graves, donde existe peligro, riesgo de fuga, y en los casos gravísimos, se debe mantener, pero la detención preventiva debe dejar de ser la regla y pasar a ser una excepción, y complementarse con un juicio rápido”, destacó Arce.
Desarrollo del código
El Código de Procedimiento Penal aún es elaborado por el Ministerio de Justicia. El diputado Arce estimó que esta normativa será aprobada en esta gestión legislativa, es decir, antes del 22 de enero de 2014.
En otro de los ejes de reforma está el debate de suprimir a los jueces ciudadanos. Arce explicó que este mecanismo es un buen sistema en la justicia penal; no obstante, dijo que en Bolivia no lograron cumplir sus objetivos, ya que existe un aparato burocrático extenso que inviabiliza, por ejemplo, la remuneración a estos operadores de justicia. Además, señaló que en el país no hay una cultura de servicio a la sociedad, ya que la mayoría de los magistrados ciudadanos se excusan y así dilatan los procesos.
“Más allá de las bondades que tiene el sistema como tal, lo cierto es que en Bolivia se demostró que es bastante impracticable, por lo tanto, será un tema de análisis si se mantienen o se los sustituye por jueces técnicos, de sentencia y tribunales de sentencia, que es una de las posibilidades”, remarcó Arce.
Críticas a la iniciativa
Sobre el tema, el exfiscal Milton Mendoza afirmó que el fracaso del sistema penal no se debe a los magistrados ciudadanos, sino a los procedimientos administrativos que se aplican. “Las notificaciones no funcionaron, no hay registros de domicilio, eso es lo que fracasó”, cuestionó.
La diputada Norma Piérola (CN) adelantó que no apoyará las modificaciones al Código Penal en la discusión en la Asamblea Legislativa
Detalles
Críticas a la ley 1970
Héctor Arce señaló que la Ley 1970, actual Código Penal, no cumplió con las expectativas de la sociedad boliviana, y por eso se planteó la reforma.
Virtudes del Código
Con el nuevo código se prevé agilizar los juicios y poner plazos a los objetivos por cumplir. Así se simplificará el proceso penal.
Coincide con Arce
La ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, coincide en remplazar a los jueces ciudadanos. No cumplieron objetivos, dijo.
Promulgan nuevo Código civil
Hoy, el presidente Evo Morales promulgará el nuevo Código Procesal Civil. El acto se de-sarrollará en Sucre, en un acto público del oficialismo
El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, explicó a EL DEBER que el nuevo Código Penal no pretende eliminar la detención preventiva; sin embargo, en este aspecto, dijo, se requiere modificaciones, como que deje de ser una regla en los dictámenes y pase a ser una excepción judicial.
“En casos graves, donde existe peligro, riesgo de fuga, y en los casos gravísimos, se debe mantener, pero la detención preventiva debe dejar de ser la regla y pasar a ser una excepción, y complementarse con un juicio rápido”, destacó Arce.
Desarrollo del código
El Código de Procedimiento Penal aún es elaborado por el Ministerio de Justicia. El diputado Arce estimó que esta normativa será aprobada en esta gestión legislativa, es decir, antes del 22 de enero de 2014.
En otro de los ejes de reforma está el debate de suprimir a los jueces ciudadanos. Arce explicó que este mecanismo es un buen sistema en la justicia penal; no obstante, dijo que en Bolivia no lograron cumplir sus objetivos, ya que existe un aparato burocrático extenso que inviabiliza, por ejemplo, la remuneración a estos operadores de justicia. Además, señaló que en el país no hay una cultura de servicio a la sociedad, ya que la mayoría de los magistrados ciudadanos se excusan y así dilatan los procesos.
“Más allá de las bondades que tiene el sistema como tal, lo cierto es que en Bolivia se demostró que es bastante impracticable, por lo tanto, será un tema de análisis si se mantienen o se los sustituye por jueces técnicos, de sentencia y tribunales de sentencia, que es una de las posibilidades”, remarcó Arce.
Críticas a la iniciativa
Sobre el tema, el exfiscal Milton Mendoza afirmó que el fracaso del sistema penal no se debe a los magistrados ciudadanos, sino a los procedimientos administrativos que se aplican. “Las notificaciones no funcionaron, no hay registros de domicilio, eso es lo que fracasó”, cuestionó.
La diputada Norma Piérola (CN) adelantó que no apoyará las modificaciones al Código Penal en la discusión en la Asamblea Legislativa
Detalles
Críticas a la ley 1970
Héctor Arce señaló que la Ley 1970, actual Código Penal, no cumplió con las expectativas de la sociedad boliviana, y por eso se planteó la reforma.
Virtudes del Código
Con el nuevo código se prevé agilizar los juicios y poner plazos a los objetivos por cumplir. Así se simplificará el proceso penal.
Coincide con Arce
La ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, coincide en remplazar a los jueces ciudadanos. No cumplieron objetivos, dijo.
Promulgan nuevo Código civil
Hoy, el presidente Evo Morales promulgará el nuevo Código Procesal Civil. El acto se de-sarrollará en Sucre, en un acto público del oficialismo
jueves, 14 de noviembre de 2013
Morales promulgará en Sucre el nuevo Código Procesal Civil
El presidente Evo Morales promulgará el nuevo Código Procesal Civil el próximo 19 de noviembre en un acto que se llevará adelante en la ciudad de Sucre, informó el presidente de la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Héctor Arce (MAS).
"La Ley del Código Procesal Civil será promulgada por el presidente Evo Morales en la ciudad de Sucre y se constituirá en el segundo código después del Código Procesal Constitucional, de la tercera era de codificación de leyes que vive el país", dijo Arce al canal estatal.
Entre las reformas que trae el nuevo Código Procesal Civil, está la oralidad en los juicios, utilización de la internet para notificaciones, nuevas potestades para el juez, etapa de conciliación obligatoria, sanciones a los abogados "chicaneros", entre otras.
"Todas estas reformas apuntan a que los procesos civiles duren de seis a nueve meses y no cinco, diez e incluso hasta 20 años y termine la lógica de vender ilusiones a los litigantes", aseguró el legislador.
El nuevo Código Procesal Civil posee 509 artículos y fue aprobado por la Asamblea Legislativa después de varios meses de socialización en todo el país, donde recogió aportes del Órgano Judicial, Colegios de Abogados, profesionales independientes y organizaciones sociales campesinas e indígenas.
Los nuevos códigos denominados "morales" ingresarán en plena vigencia el 6 de agosto de 2014, junto a otras normas judiciales que se trabajan en la Asamblea Legislativa.
sábado, 26 de octubre de 2013
Código Procesal Civil sufre 47 modificaciones y retorna a Diputados
La Cámara de Senadores aprobó el proyecto del nuevo Código Procesal Civil con 49 modificaciones de forma y de fondo, según informó el presidente de la comisión de Constitución del Senado, Adolfo Mendoza (MAS). Con estas modificaciones, el documento vuelve a Diputados para su tratamiento y posterior aprobación.
A lo largo de esta semana, el Senado abordó este proyecto que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y de acuerdo al senador cochabambino, las modificaciones que se realizaron tienen el objetivo de tener una norma más clara y ágil que dé celeridad a los procesos civiles.
“Se han realizado 47 modificaciones en el aspecto principal de la ley y dos modificaciones en las disposiciones. Varias de ellas son de forma, porque un Código tiene que estar impecable en términos de redacción y varias también son de contenido”, manifestó Mendoza a la ANF.
Entre las modificaciones más relevantes, el senador informó que se eliminó el proceso coactivo y ahora se habla de proceso ejecutivo referido al dinero. “Son figuras muy técnicas, muy precisas que en determinado momento quedaron descolgadas” señaló.
La primera vicepresidenta del Senado, Nélida Sifuentes (MAS), dijo que el proyecto de ley ya fue remitido a la Cámara Baja y espera que en el transcurso de la siguiente semana pueda ser tratado en el pleno para su posterior promulgación por el Ejecutivo.
El nuevo código pretende implementar nuevas figuras para dar mayor celeridad a los procesos civiles, como ser la notificación mediante e-mails.
El código de 509 artículos está basado en tres principios fundamentales: La oralidad, concentración e inmediación. Oralidad porque se reemplazará la cadena de escritos y memoriales por una lógica de justicia oral, pública y contradictoria.
El segundo elemento es la concentración, porque el proceso deberá concluir en una o dos audiencias, en lugar de tener que esperar años y años en su resolución. Por último, la inmediación, que señala que un juez tendrá que conocer el caso no sólo leyendo el expediente, sino intermediando entre las partes y posibilitando una solución conciliada con las mismas.
Se prevé que este código entre en plena vigencia a partir del 6 de agosto del 2014, antes habrá una etapa de adecuación. Asimismo, hasta finales de año se pretenden aprobar los nuevos Código Procesal Penal, Código Niño Niña Adolescente, Código Penal, Código Civil y la Ley del Notariado, completando el conjunto de códigos que regirán la nueva justicia boliviana.
A lo largo de esta semana, el Senado abordó este proyecto que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y de acuerdo al senador cochabambino, las modificaciones que se realizaron tienen el objetivo de tener una norma más clara y ágil que dé celeridad a los procesos civiles.
“Se han realizado 47 modificaciones en el aspecto principal de la ley y dos modificaciones en las disposiciones. Varias de ellas son de forma, porque un Código tiene que estar impecable en términos de redacción y varias también son de contenido”, manifestó Mendoza a la ANF.
Entre las modificaciones más relevantes, el senador informó que se eliminó el proceso coactivo y ahora se habla de proceso ejecutivo referido al dinero. “Son figuras muy técnicas, muy precisas que en determinado momento quedaron descolgadas” señaló.
La primera vicepresidenta del Senado, Nélida Sifuentes (MAS), dijo que el proyecto de ley ya fue remitido a la Cámara Baja y espera que en el transcurso de la siguiente semana pueda ser tratado en el pleno para su posterior promulgación por el Ejecutivo.
El nuevo código pretende implementar nuevas figuras para dar mayor celeridad a los procesos civiles, como ser la notificación mediante e-mails.
El código de 509 artículos está basado en tres principios fundamentales: La oralidad, concentración e inmediación. Oralidad porque se reemplazará la cadena de escritos y memoriales por una lógica de justicia oral, pública y contradictoria.
El segundo elemento es la concentración, porque el proceso deberá concluir en una o dos audiencias, en lugar de tener que esperar años y años en su resolución. Por último, la inmediación, que señala que un juez tendrá que conocer el caso no sólo leyendo el expediente, sino intermediando entre las partes y posibilitando una solución conciliada con las mismas.
Se prevé que este código entre en plena vigencia a partir del 6 de agosto del 2014, antes habrá una etapa de adecuación. Asimismo, hasta finales de año se pretenden aprobar los nuevos Código Procesal Penal, Código Niño Niña Adolescente, Código Penal, Código Civil y la Ley del Notariado, completando el conjunto de códigos que regirán la nueva justicia boliviana.
lunes, 2 de septiembre de 2013
El nuevo Código Penal fija cinco procedimientos para diversos delitos
El anteproyecto normativo es socializado en todas las ciudades del país.
El código fue elaborado por abogados y magistrados bolivianos.
Apunta a terminar con la chicana jurídica y la dilación de los procesos judiciales.
El nuevo Código de Procedimiento Penal plantea la aplicación de al menos cinco procedimientos para quienes incurrieron en delitos graves y leves, así como otras innovaciones, con la finalidad de terminar con la retardación judicial.
“Se han diseñado varios procedimientos, ya no vamos a permitir que el sistema procesal penal nos muestre un solo procedimiento y que tanto riñas y peleas, como asesinatos y violaciones, sean vistos con similar procedimiento. Ahora se están planteando cinco procedimientos”, dijo la ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, durante la explicación del anteproyecto a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, la semana pasada.
Explicó que se establece el procedimiento común para delitos graves, como asesinatos, terrorismo, violación y narcotráfico en determinados casos, así también se establece el procedimiento abreviado que se utilizará en todos los casos.Se habilitará el procedimiento para casos de flagrancia, el procedimiento inmediato que privilegiará aquellas investigaciones cortas que no durarán más de 30 días, y también se implementará un nuevo procedimiento para delitos menores con el fin de que sigan su curso en tiempos cortos y a través de los jueces de sentencia, sin el formalismo actual.
INNOVACIONES
Ayllón indicó que el nuevo sistema procesal penal acusatorio queda despojado de todo formalismo y ritualismo, con normas claras y precisas que no permitirán la argucia o chicana jurídica, a la que están acostumbrados la mayoría de los abogados.
La diferencia radica en que el sistema acusatorio se constituye en garantista, tanto para la víctima como para el imputado, situación que permitirá un equilibrio para que comience a funcionar la justicia restaurativa, que implica el reparar el daño ocasionado por la comisión de un delito.
Con el sistema de impugnaciones ya no se permitirá la burocracia ni se fomentará la chicana, ahora la apelación y el reclamo deben ser oportunos, hay preclusión de actos y termina con el recurso de apelación restringida, el uso del recurso de casación como mecanismo de dilación no será permitido.
La titular de Justicia agregó que se desarrollaron disposiciones transitorias y finales innovadoras para liquidar el sistema actual a través de disposiciones ágiles y viables con el actual Código de Procedimiento Penal y de esta forma alivianar la carga procesal y la retardación de justicia.
Ayllón recordó que la norma fue elaborada por la Comisión Codificadora que fue conformada en 2011 a sugerencia del presidente Evo Morales; la que está compuesta por abogados, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, vocales y jueces de los tribunales departamentales de justicia, además de técnicos del Ministerio y docentes universitarios.
“Este Código fue trabajado por bolivianos y para las bolivianas y bolivianos, va a responder sobre todo a las exigencias y necesidades que se están presentando en este momento tras el colapso del sistema procesal penal”, indicó.
El Código de Procedimiento Penal es parte del grupo de normas de los ‘códigos Morales’, que reemplazarán a los actuales códigos aprobados y puestos en vigencia durante la dictadura de Hugo Banzer Suárez.
Justicia restaurativa
Reparación del daño cometido
Incorpora la justicia restaurativa, que es el proceso en el que la víctima, el ofensor y cualquier miembro de la comunidad, cuando proceda, participan juntos y de forma activa en la resolución del conflicto y en la reparación del daño causado por el delito.
Reordenamiento
Organización judicial
La iniciativa legal establece un reordenamiento orgánico, de manera que los jueces de sentencia conocerán los procesos hasta 12 años, y los tribunales de sentencia que se conforman con jueces ciudadanos atenderán otros procesos.
Conciliación
para acortar procesos
Las partes en conflicto, sea la víctima o el imputado, en cualquier etapa del proceso, hasta antes de la ejecutoria de sentencia, promoverán la conciliación. Esto no procederá en casos que involucren al Estado, como delitos de corrupción, entre otros.
Procedimientos
nuevos y específicos
Desarrolla dos nuevos procedimientos para los casos de delitos pasibles de investigación concentrada y para delitos de menor gravedad, además del procedimiento establecido para los delitos de violencia contra la mujer.
Celeridad
Procesos breves
La resolución de las causas concluirá en los tribunales departamentales con el recurso de apelación restringida. Se establece un procedimiento expedito para el despacho de las impugnaciones, modulando las excepciones
El código fue elaborado por abogados y magistrados bolivianos.
Apunta a terminar con la chicana jurídica y la dilación de los procesos judiciales.
El nuevo Código de Procedimiento Penal plantea la aplicación de al menos cinco procedimientos para quienes incurrieron en delitos graves y leves, así como otras innovaciones, con la finalidad de terminar con la retardación judicial.
“Se han diseñado varios procedimientos, ya no vamos a permitir que el sistema procesal penal nos muestre un solo procedimiento y que tanto riñas y peleas, como asesinatos y violaciones, sean vistos con similar procedimiento. Ahora se están planteando cinco procedimientos”, dijo la ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, durante la explicación del anteproyecto a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, la semana pasada.
Explicó que se establece el procedimiento común para delitos graves, como asesinatos, terrorismo, violación y narcotráfico en determinados casos, así también se establece el procedimiento abreviado que se utilizará en todos los casos.Se habilitará el procedimiento para casos de flagrancia, el procedimiento inmediato que privilegiará aquellas investigaciones cortas que no durarán más de 30 días, y también se implementará un nuevo procedimiento para delitos menores con el fin de que sigan su curso en tiempos cortos y a través de los jueces de sentencia, sin el formalismo actual.
INNOVACIONES
Ayllón indicó que el nuevo sistema procesal penal acusatorio queda despojado de todo formalismo y ritualismo, con normas claras y precisas que no permitirán la argucia o chicana jurídica, a la que están acostumbrados la mayoría de los abogados.
La diferencia radica en que el sistema acusatorio se constituye en garantista, tanto para la víctima como para el imputado, situación que permitirá un equilibrio para que comience a funcionar la justicia restaurativa, que implica el reparar el daño ocasionado por la comisión de un delito.
Con el sistema de impugnaciones ya no se permitirá la burocracia ni se fomentará la chicana, ahora la apelación y el reclamo deben ser oportunos, hay preclusión de actos y termina con el recurso de apelación restringida, el uso del recurso de casación como mecanismo de dilación no será permitido.
La titular de Justicia agregó que se desarrollaron disposiciones transitorias y finales innovadoras para liquidar el sistema actual a través de disposiciones ágiles y viables con el actual Código de Procedimiento Penal y de esta forma alivianar la carga procesal y la retardación de justicia.
Ayllón recordó que la norma fue elaborada por la Comisión Codificadora que fue conformada en 2011 a sugerencia del presidente Evo Morales; la que está compuesta por abogados, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, vocales y jueces de los tribunales departamentales de justicia, además de técnicos del Ministerio y docentes universitarios.
“Este Código fue trabajado por bolivianos y para las bolivianas y bolivianos, va a responder sobre todo a las exigencias y necesidades que se están presentando en este momento tras el colapso del sistema procesal penal”, indicó.
El Código de Procedimiento Penal es parte del grupo de normas de los ‘códigos Morales’, que reemplazarán a los actuales códigos aprobados y puestos en vigencia durante la dictadura de Hugo Banzer Suárez.
Justicia restaurativa
Reparación del daño cometido
Incorpora la justicia restaurativa, que es el proceso en el que la víctima, el ofensor y cualquier miembro de la comunidad, cuando proceda, participan juntos y de forma activa en la resolución del conflicto y en la reparación del daño causado por el delito.
Reordenamiento
Organización judicial
La iniciativa legal establece un reordenamiento orgánico, de manera que los jueces de sentencia conocerán los procesos hasta 12 años, y los tribunales de sentencia que se conforman con jueces ciudadanos atenderán otros procesos.
Conciliación
para acortar procesos
Las partes en conflicto, sea la víctima o el imputado, en cualquier etapa del proceso, hasta antes de la ejecutoria de sentencia, promoverán la conciliación. Esto no procederá en casos que involucren al Estado, como delitos de corrupción, entre otros.
Procedimientos
nuevos y específicos
Desarrolla dos nuevos procedimientos para los casos de delitos pasibles de investigación concentrada y para delitos de menor gravedad, además del procedimiento establecido para los delitos de violencia contra la mujer.
Celeridad
Procesos breves
La resolución de las causas concluirá en los tribunales departamentales con el recurso de apelación restringida. Se establece un procedimiento expedito para el despacho de las impugnaciones, modulando las excepciones
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