Los acuerdos a los que arribó el Gobierno con los mineros cooperativistas y regantes con relación al proyecto de Ley de Minería y Metalurgia fueron enviados hoy a la Cámara de Senadores para que sean debatidos y aprobados, informaron los ministros de Minería, César Navarro, y de Gobierno, Carlos Romero.
"Estos acuerdos han sido puestos en conocimiento del Gabinete de Ministros (este miércoles) y (los) vamos a enviar estos acuerdos a la Cámara de Senadores para que inmediatamente empiece a tratar esta importante ley para el país. Este es un acuerdo importante que nos permite respetar y elaborar toda norma en base a los principios constitucionales", dijo Navarro en conferencia de prensa.
El presidente Evo Morales y los dirigentes de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) se reunieron el pasado viernes en la Vicepresidencia y pusieron fin al conflicto que se desarrolló por varias semanas respecto a esta norma, después de que se presentaron los artículos que fueron acordados entre ambas partes.
En lo que se refiere al artículo 151, que prohibía a las cooperativas mineras asociarse con empresas privadas, el presidente Morales, explicó en ese momento que la nueva redacción prohíbe dicha posibilidad, en respeto a lo que establece la Constitución Política del Estado (CPE).
Romero enfatizó que los "únicos contratos de asociación admisibles en el marco de la Constitución Política del Estado son aquellos que los actores productivos mineros puedan suscribir con el Estado, a través de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), no reconociéndose ningún contrato privado".
El presidente de la Fencomin, Alejandro Santos, explicó el pasado lunes que con relación al artículo 132, los nuevos contratos mineros deberán ser aprobados en el plazo de 90 días por la Asamblea Legislativa Plurinacional y en caso de que no se cumpla ese tiempo se darán por aprobados.
Respecto a las observaciones que tenían los regantes sobre la ley, el ministro de Gobierno explicó que se acordó con este sector que "en caso de producirse daños ambientales, éstos deberán ser, en la medida de lo posible, reparados por el operador (minero)".
Navarro indicó que el Fondo Minero (Fomin) será la instancia que apoyará con créditos al sector minero para los proyectos que tenga que desarrollar, según el proyecto de ley que fue acordado entre los cooperativistas, mineros privados y el sector estatal.
"Hemos eliminado todos los escollos que impedían un adecuado tratamiento del proyecto de Ley Minera en el ámbito de la Asamblea Legislativa Plurinacional", apuntó Romero.
miércoles, 30 de abril de 2014
Un proyecto de ley sugiere crear guardia conformada por civiles
El proyecto de modificación de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA), presentado por los militares de baja graduación, sugiere la creación de la Guardia del Estado Plurinacional de Bolivia conformada por civiles. El Gobierno afirmó que esa propuesta va en contra de la Constitución Política del Estado (CPE).
El documento presentado modifica el capítulo 10 de la LOFA, sobre la conformación de la institución castrense.
"Se crea la Guardia del Estado Plurinacional de Bolivia que estará conformada por las ciudadanas y ciudadanos bolivianos voluntarios. Para ser miembro de la Guardia no existe límite de edad, pudiendo tener acceso a todos los bolivianos y bolivianas, conforme a reglamento”, señala el inciso 2 del proyecto.
En respuesta a esta propuesta, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, afirmó ayer que la CPE no reconoce una Guardia en las Fuerzas Armadas. "Eso significaría organizar una fuerza paramilitar”, dijo.
Explicó que el planteamiento de los uniformados de bajo rango sólo tiene el ánimo de que desaparezcan los grados de suboficiales y sargentos y éstos sean incorporados en la nueva categoría de oficiales técnicos. "Han equivocado el camino, han equivocado las fórmulas para resolver los temas pendientes como la discriminación (...) Quieren hacer desaparecer la jerarquía, dónde no hay jerarquía”, cuestionó la autoridad del Gobierno.
Entre las principales funciones de la Guardia del Estado, según el proyecto de ley, están la de "colaborar con los servicios de protección civil en los casos de grave riesgo, catástrofe, desastres naturales y calamidad pública; velar por el mantenimiento, seguridad y la protección del medio ambiente y la Madre Tierra; cooperar con la seguridad ciudadana; formar y difundir el pensamiento patriótico en las diferentes unidades educativas del país; y preparar y organizar al pueblo para la defensa integral con el propósito de coadyuvar a la independencia, soberanía e integridad del espacio geográfico del Estado”.
Punto de vista
Yolanda herrera presidenta de la APDHB
"Hay que analizar en profundidad”
Hay que revisar la esencia de la propuesta. Para nosotros el ámbito militar en un marco de un Estado que se ha declarado pacifista, constructor de una cultura de paz, creemos que ni siquiera ameritaría tener un grupo tan grande de militares. Entonces es mucho peor seguir generando guardias. Parecería que va en contra del sentido del espíritu que la Constitución Política del Estado ha dado. Considero que de ninguna forma debería establecerse como una alternativa que obviamente va a requerir un mayor presupuesto y tendrían que estar muy claros los roles y todo lo que se ha propuesto. Hemos leído el documento y varios de los aspectos atentan contra la Constitución y no se adecúan a las políticas de la lucha contra la discriminación y el racismo, pero en este ámbito me parece que ya la Guardia civil es generar más peso al Estado boliviano, pero hay que analizar en profundidad el proyecto.
Testimonios
Porfirio Quispe Dirigente campesino, provincia Loayza
"Me duele la
baja de mi hijo”
Mi hijo estudió en Beni, el gasto que he tenido es mucho, en total debí gastar como 12.000 dólares para que estudie y que le discriminen así, me duele mucho, me duele la baja de mi hijo. Como campesino tuve que vender mis tierras, mi esposa vendió verduras que cultivamos, hicimos un gran sacrificio. Lo peor es que el sueldo que recibía no alcanzaba para nada. Él tiene su mujer y dos hijos y es mentira que el salario que ganan es de 5.000 bolivianos, ganan 3.000 y con los descuentos es mucho menor. Cada fin de mes tengo que ayudar a mi hijo con los gastos de su familia.
Carlos Choque Mamani Trabajador minero jubilado
"Mi hijo no
es un sirviente”
A mi hijo le dieron de baja y como padres estamos tristes. Más de cuatro años hemos tenido que sacrificarnos para que mi hijo pueda estudiar. Él estudió en la Escuela de Cóndores en Sanandita. Lo único que quería él era que se respeten sus derechos, por eso marchó. No entiendo cómo este Gobierno y estos gamonales (jefes) militares son tan insensibles y no pueden escuchar a su pueblo. Mi hijo no es un sirviente de generales, merece respeto, pero yo, como padre, no me rendiré. Estoy viejo, pero puedo defender a mi hijo y a sus compañeros (llora).
El documento presentado modifica el capítulo 10 de la LOFA, sobre la conformación de la institución castrense.
"Se crea la Guardia del Estado Plurinacional de Bolivia que estará conformada por las ciudadanas y ciudadanos bolivianos voluntarios. Para ser miembro de la Guardia no existe límite de edad, pudiendo tener acceso a todos los bolivianos y bolivianas, conforme a reglamento”, señala el inciso 2 del proyecto.
En respuesta a esta propuesta, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, afirmó ayer que la CPE no reconoce una Guardia en las Fuerzas Armadas. "Eso significaría organizar una fuerza paramilitar”, dijo.
Explicó que el planteamiento de los uniformados de bajo rango sólo tiene el ánimo de que desaparezcan los grados de suboficiales y sargentos y éstos sean incorporados en la nueva categoría de oficiales técnicos. "Han equivocado el camino, han equivocado las fórmulas para resolver los temas pendientes como la discriminación (...) Quieren hacer desaparecer la jerarquía, dónde no hay jerarquía”, cuestionó la autoridad del Gobierno.
Entre las principales funciones de la Guardia del Estado, según el proyecto de ley, están la de "colaborar con los servicios de protección civil en los casos de grave riesgo, catástrofe, desastres naturales y calamidad pública; velar por el mantenimiento, seguridad y la protección del medio ambiente y la Madre Tierra; cooperar con la seguridad ciudadana; formar y difundir el pensamiento patriótico en las diferentes unidades educativas del país; y preparar y organizar al pueblo para la defensa integral con el propósito de coadyuvar a la independencia, soberanía e integridad del espacio geográfico del Estado”.
Punto de vista
Yolanda herrera presidenta de la APDHB
"Hay que analizar en profundidad”
Hay que revisar la esencia de la propuesta. Para nosotros el ámbito militar en un marco de un Estado que se ha declarado pacifista, constructor de una cultura de paz, creemos que ni siquiera ameritaría tener un grupo tan grande de militares. Entonces es mucho peor seguir generando guardias. Parecería que va en contra del sentido del espíritu que la Constitución Política del Estado ha dado. Considero que de ninguna forma debería establecerse como una alternativa que obviamente va a requerir un mayor presupuesto y tendrían que estar muy claros los roles y todo lo que se ha propuesto. Hemos leído el documento y varios de los aspectos atentan contra la Constitución y no se adecúan a las políticas de la lucha contra la discriminación y el racismo, pero en este ámbito me parece que ya la Guardia civil es generar más peso al Estado boliviano, pero hay que analizar en profundidad el proyecto.
Testimonios
Porfirio Quispe Dirigente campesino, provincia Loayza
"Me duele la
baja de mi hijo”
Mi hijo estudió en Beni, el gasto que he tenido es mucho, en total debí gastar como 12.000 dólares para que estudie y que le discriminen así, me duele mucho, me duele la baja de mi hijo. Como campesino tuve que vender mis tierras, mi esposa vendió verduras que cultivamos, hicimos un gran sacrificio. Lo peor es que el sueldo que recibía no alcanzaba para nada. Él tiene su mujer y dos hijos y es mentira que el salario que ganan es de 5.000 bolivianos, ganan 3.000 y con los descuentos es mucho menor. Cada fin de mes tengo que ayudar a mi hijo con los gastos de su familia.
Carlos Choque Mamani Trabajador minero jubilado
"Mi hijo no
es un sirviente”
A mi hijo le dieron de baja y como padres estamos tristes. Más de cuatro años hemos tenido que sacrificarnos para que mi hijo pueda estudiar. Él estudió en la Escuela de Cóndores en Sanandita. Lo único que quería él era que se respeten sus derechos, por eso marchó. No entiendo cómo este Gobierno y estos gamonales (jefes) militares son tan insensibles y no pueden escuchar a su pueblo. Mi hijo no es un sirviente de generales, merece respeto, pero yo, como padre, no me rendiré. Estoy viejo, pero puedo defender a mi hijo y a sus compañeros (llora).
lunes, 28 de abril de 2014
La ley “Anti Cossío” ya circula por las Cámaras parlamentarias
Tal como anunció el presidente de la Cámara de Senadores, Eugenio Rojas, el 15 de abril en Tarija, la Ley Corta presentada por los parlamentarios tarijeños Zenobia Gutiérrez y Félix Bolívar ya se encuentra en la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores. La Ley pretende regular el interinato de Lino Condori, garantizando la conclusión del mismo.
Hasta la fecha, el senador Bolívar y otros prominentes actores del oficialismo habían defendido la intencionalidad de la Ley, sin embargo, no se había mostrado a la prensa. Cabe recordar que el Tribunal Constitucional eliminó del ordenamiento jurídico hace 18 meses los artículos por los que se suspendió al Gobernador electo Mario Cossío, pero que sin embargo, la Asamblea ha obviado el tema sin atender ni analizar el pedido de restitución.
Ley Anti Cossío
La Ley, calificada como “Anti Cossío” por los parlamentarios nacionales de oposición y las asambleístas de Camino al Cambio María Lourdes Vaca y Sara Cuevas, tiene un único punto en el que otorga la competencia de solucionar el conflicto al Gobierno Nacional y aludiendo al mandato constitucional en sus artículos 286 y 297, solicita que “las Máximas Autoridades Ejecutivas de los Gobiernos Autónomos Departamentales que fueron designados con normativa cuando se presumía su constitucionalidad y ante la ausencia temporal del titular, su periodo de mandato se deberá circunscribir a finalizar el de la autoridad que reemplaza”.
Según los analistas consultados, la Ley de por sí tiene la peculiaridad de pretender regular una situación con posterioridad, pero señalan especialmente al preámbulo. En la misma, Bolívar y Gutiérrez alegan que “Toda competencia que no esté incluida en esta Constitución será atribuida al nivel central del Estado, que podrá transferirla o delegarla por Ley”, a pesar de que la Ley Marco de Autonomías ya trasladó la competencia de suspender autoridades electas.
Por otro lado, también el preámbulo redunda en la cualidad de “cosa juzgada” que el oficialismo arroga a este tema. “La sentencia que declare la inconstitucionalidad de una norma del ordenamiento jurídico, no dará lugar a la revisión de sentencias que tengan calidad de cosa juzgada, ni a la revisión de los actos realizados con la norma cuando se presumía constitucionalidad”. Situación de por sí controvertida, ya que podría tener implicaciones serias en otras normativas de índole económico creando jurisprudencia contradictoria. Al mismo tiempo, los asambleístas opositores advirtieron un reconocimiento de dolo, al intentar blindar por ley una situación anómala.
Pendiente en la Asamblea
El tratamiento de la restitución de Mario Cossío es todavía un asunto pendiente en la Asamblea legislativa Departamental, ya que aunque el presidente del Legislativo, Fortunato Llanos, cumplió con el apremio judicial de responder a los demandantes sobre el tema de la restitución, el mismo no es de consenso de la Directiva. El vocal Milton Varas señaló que incluiría este punto en las próximas sesiones.
Hasta la fecha, el senador Bolívar y otros prominentes actores del oficialismo habían defendido la intencionalidad de la Ley, sin embargo, no se había mostrado a la prensa. Cabe recordar que el Tribunal Constitucional eliminó del ordenamiento jurídico hace 18 meses los artículos por los que se suspendió al Gobernador electo Mario Cossío, pero que sin embargo, la Asamblea ha obviado el tema sin atender ni analizar el pedido de restitución.
Ley Anti Cossío
La Ley, calificada como “Anti Cossío” por los parlamentarios nacionales de oposición y las asambleístas de Camino al Cambio María Lourdes Vaca y Sara Cuevas, tiene un único punto en el que otorga la competencia de solucionar el conflicto al Gobierno Nacional y aludiendo al mandato constitucional en sus artículos 286 y 297, solicita que “las Máximas Autoridades Ejecutivas de los Gobiernos Autónomos Departamentales que fueron designados con normativa cuando se presumía su constitucionalidad y ante la ausencia temporal del titular, su periodo de mandato se deberá circunscribir a finalizar el de la autoridad que reemplaza”.
Según los analistas consultados, la Ley de por sí tiene la peculiaridad de pretender regular una situación con posterioridad, pero señalan especialmente al preámbulo. En la misma, Bolívar y Gutiérrez alegan que “Toda competencia que no esté incluida en esta Constitución será atribuida al nivel central del Estado, que podrá transferirla o delegarla por Ley”, a pesar de que la Ley Marco de Autonomías ya trasladó la competencia de suspender autoridades electas.
Por otro lado, también el preámbulo redunda en la cualidad de “cosa juzgada” que el oficialismo arroga a este tema. “La sentencia que declare la inconstitucionalidad de una norma del ordenamiento jurídico, no dará lugar a la revisión de sentencias que tengan calidad de cosa juzgada, ni a la revisión de los actos realizados con la norma cuando se presumía constitucionalidad”. Situación de por sí controvertida, ya que podría tener implicaciones serias en otras normativas de índole económico creando jurisprudencia contradictoria. Al mismo tiempo, los asambleístas opositores advirtieron un reconocimiento de dolo, al intentar blindar por ley una situación anómala.
Pendiente en la Asamblea
El tratamiento de la restitución de Mario Cossío es todavía un asunto pendiente en la Asamblea legislativa Departamental, ya que aunque el presidente del Legislativo, Fortunato Llanos, cumplió con el apremio judicial de responder a los demandantes sobre el tema de la restitución, el mismo no es de consenso de la Directiva. El vocal Milton Varas señaló que incluiría este punto en las próximas sesiones.
domingo, 27 de abril de 2014
Se incumple la Ley 348 sobre el control de la publicidad sexista
Mientras los medios audiovisuales persisten en la difusión de publicidad sexista, todavía no hay un reglamento que establezca un ente regulador para el control de ese extremo sancionado por la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, del 8 de marzo de 2013.
“Si continuamos emitiendo este tipo de mensajes, en los que las mujeres son vistas simplemente como objetos sexuales, fomentamos una cultura machista y una sociedad patriarcal”, cuestionó la representante del Defensor del Pueblo en La Paz, Teófila Guarachi, y mencionó que identificó contenidos sexistas en publicidad de lencería, helados e incluso en gigantografías.
El artículo 14 de la Ley 348, en el parágrafo 5, indica que “se adopta rán medidas específicas en el ámbito de la comunicación para deconstruir los estereotipos sexistas y roles asignados socialmente a las mujeres, promoviendo la autorregulación de los medios en cuanto a la publicidad que emiten, el uso irrespetuoso y comercial de la imagen de las mujeres”.
No obstante, la norma aún carece de un reglamento para su aplicación y hasta que la misma no establezca un ente regulador, “la violencia mediática continuará”, resaltó Guarachi.
El director general de Estudios y Proyectos del Ministerio de Comunicación, Idón Chivi, identificó a dos empresas que difunden “contenido erótico” en su publicidad: Corimexo y Monopol. “El comercial de Corimexo es el que más preocupa por agredir directamente el respeto hacia la dignidad de la mujer y a su cuerpo; las vuelve una mercadería como el cuero de sus sillones. La idea es mala de por sí”.
En dicha publicidad se ve a una mujer desnuda recostada sobre distintos sillones de cuero; la fémina cubre sus partes íntimas solo con el cabello.
Al respecto, el asesor de Publicidad y Marketing de Corimexo, Miguel Chávez, aseguró que no se busca denigrar a la mujer. “Siempre trato de resaltar la belleza femenina; en el comercial no hay nada que no sea natural. El cómo lo ve la gente es el problema, el morbo está en la mirada de cada uno”.
La compañía de pinturas Monopol mostraba hasta hace algún tiempo a modelos en diminuta ropa jugando con el producto. Pero el último comercial incluyó al director técnico Xavier Azkargorta, el pintor (Roberto) Mamani Mamani y la conductora de televisión Justa Canaviri La Justa en un mensaje distinto a lo anterior.
“Siempre nos hemos caracterizado por ser una empresa que trabaja bajo normas y debido a la Ley 348 estamos cambiando el concepto de publicidad. La mujer es un actor social y no vamos a abusar de su imagen, por eso ahora tenemos un concepto diferente que va en línea de las leyes vigentes”, explicó el jefe nacional de Marketing de Monopol, Osvaldo Laura.
La Ley 348 fue promulgada por el presidente Evo Morales el 8 de marzo de 2013. En la norma se da un plazo de tres meses para concluir el reglamento para su aplicación, y a más de un año este aspecto aún no se cumple. El Ministerio de Justicia es el área responsable del cumplimiento de la ley.
“Estamos trabajando en el reglamento que es muy amplio, todavía llegan propuestas. Tenemos que validarlo con otras instancias porque la aplicación requiere la intervención del Órgano Ejecutivo, Judicial y otros que deben garantizar su cumplimento efectivo”, mencionó la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Karina Marconi, y anunció que finalizarán la reglamentación a fines de mayo.
Aspectos destacados de la norma
Género
Artículo 3: El Estado boliviano tiene como prioridad erradicar la violencia hacia las mujeres por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género.
FELCV
Artículo 53: Se crea la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia como organismo especializado de la Policía para la prevención y auxilio a las mujeres víctimas de violencia.
Educación
Artículo 19: El Ministerio de Educación tiene la obligación de incorporar el enfoque de género, principios y valores de la ley en el currículo educativo en escuelas y universidades.
Crean anteproyecto de ley para contenidos
La viceministra de Políticas Comunicacionales del Ministerio de Comunicación, Claudia Espinoza, indicó que existe un anteproyecto de ley específico para contenidos publicitarios que se encuentra en la Asamblea Legislativa desde 2013.
“El anteproyecto ya está dos años en la Asamblea, pero en cada inicio de gestión se debe actualizar la propuesta para que pueda ser debatida”, informó la viceministra.
Agregó que si bien el Ministerio de Comunicación conoce sobre este documento, aún no logra contactarse con los proyectistas. “La sociedad civil puede hacer el seguimiento de la misma para ver su estado actual. Habrá que ver qué sectores plantearon la propuesta y preguntar a la Asamblea si la incluyó en la agenda de esta gestión”.
Espinoza resaltó la importancia de crear un reglamento específico para los contenidos publicitarios porque considera que la Ley 348 es amplia en el tema de regulación.
“La norma se refiere a los contenidos en general y no especifica el tema de los anuncios publicitarios. Cuando alertamos sobre los horarios que los medios deben respetar para difundir cierto tipo de comerciales, ellos responden que como no hay una norma vigente no pueden intervenir en las empresas anunciantes”, dijo Espinoza.
Además de la Ley 348, la Ley 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana también regula los contenidos. “Esta norma protege los derechos de la niñez y establece un horario de 21.00 hasta las 07.00 para la difusión de mensajes con contenido sexista, violento y agresivo”, dijo la viceministra.
La autoridad reconoció que si bien la ley integral carece de reglamento, es obligación del Ministerio de Comunicación no permitir que ciertos contenidos vulneren los derechos de los ciudadanos.
Ley 348 debe aplicarse en redes sociales
Natasha Loayza es
oficial de Programas ONU Mujeres.
La difusión de mensajes que ofenden a la mujer es considerada como violencia mediática y no debe limitarse a los medios de comunicación, sino que debe explorar todo el ámbito de las redes sociales.
Las redes sociales se han convertido en medios comunicativos centrales y también se debería promover la autorregulación en ellas para dar cumplimiento a la Ley 348.
Todo medio tienen que establecer sus estrategias y políticas para no atentar contra la integridad femenina y de esta forma ayudar a deconstruir los estereotipos sexistas que tiene la mujer actualmente.
oficial de Programas ONU Mujeres.
La difusión de mensajes que ofenden a la mujer es considerada como violencia mediática y no debe limitarse a los medios de comunicación, sino que debe explorar todo el ámbito de las redes sociales.
Las redes sociales se han convertido en medios comunicativos centrales y también se debería promover la autorregulación en ellas para dar cumplimiento a la Ley 348.
Todo medio tienen que establecer sus estrategias y políticas para no atentar contra la integridad femenina y de esta forma ayudar a deconstruir los estereotipos sexistas que tiene la mujer actualmente.
Oposición pide modificar ley de Fuerzas Armadas
El vocero del Movimiento Sin Miedo (MSM), Edwin Herrera anunció que pedirán a la Asamblea Legislativa la modificación de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas porque estaría dando paso a hecho de violación de derechos y discriminación.
"Los estribillos que están gritando en las calles los señores oficiales y sargentos, dan cuenta que el Presidente fue soldado y tiene que escuchar a su pueblo y también ha vestido uniforme en algún momento y campesinos lo han hecho, por qué no se pronuncia. El MSM plantea la revisión inmediata de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, esta norma que genera violación a los derechos humanos, discriminaciones y racismo”, manifestó Herrera.
Mientras el diputado de Convergencia Nacional, Adrián Oliva, dijo que la ley militar perdió vigencia y el Gobierno debe cumplir lo que pregona "obedecer lo que le pide el pueblo boliviano”.
Asimismo, afirmó que este conflicto al interior de las Fuerzas Armadas se viene gestando desde hace tiempo. "El conflicto no nació de forma espontánea, es algo que se ha ido generando hace bastante tiempo, que no ha sido, en su momento, atendido por parte de las autoridades del Gobierno y los altos mandos de las Fuerzas Armadas”, indicó.
Por otra parte, el exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas indicó que "la única solución es sentarse en la mesa de conversación, en el que el Alto Mando militar escuche los planteamientos y atienda las demandas de los movilizados” y por otra parte se debe ponerse a trabajar en la reformulación y actualización de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas.
"Los estribillos que están gritando en las calles los señores oficiales y sargentos, dan cuenta que el Presidente fue soldado y tiene que escuchar a su pueblo y también ha vestido uniforme en algún momento y campesinos lo han hecho, por qué no se pronuncia. El MSM plantea la revisión inmediata de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, esta norma que genera violación a los derechos humanos, discriminaciones y racismo”, manifestó Herrera.
Mientras el diputado de Convergencia Nacional, Adrián Oliva, dijo que la ley militar perdió vigencia y el Gobierno debe cumplir lo que pregona "obedecer lo que le pide el pueblo boliviano”.
Asimismo, afirmó que este conflicto al interior de las Fuerzas Armadas se viene gestando desde hace tiempo. "El conflicto no nació de forma espontánea, es algo que se ha ido generando hace bastante tiempo, que no ha sido, en su momento, atendido por parte de las autoridades del Gobierno y los altos mandos de las Fuerzas Armadas”, indicó.
Por otra parte, el exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas indicó que "la única solución es sentarse en la mesa de conversación, en el que el Alto Mando militar escuche los planteamientos y atienda las demandas de los movilizados” y por otra parte se debe ponerse a trabajar en la reformulación y actualización de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas.
sábado, 26 de abril de 2014
Socializan Ley de Turismo en Tarija
Con la presencia de facilitadores del Viceministerio de Turismo se realizó la socialización de la Ley de turismo en la ciudad de Tarija. Participaron del taller la dirección de turismo de la gobernación, municipios y personeros de la Organización de Gestión de Destino Turístico (OGD).
El jefe de la unidad de control y regularización de la actividad turística, Joaquín Rodas, manifestó que el pasado jueves se tuvo una reunión con personeros del sector público, la gobernación y municipios a fin de socializar la norma.
En la oportunidad se hizo la presentación de los reglamentos de la Ley de Turismo donde también se realizó la socialización de lo que significan las unidades clasificatorias de los prestadores de los servicios turísticos que se tiene en el Valle Central de Tarija, explicó.
Agregó que en la víspera se tuvo una reunión con los integrantes del Consejo Departamental de Turismo, donde se hizo conocer el evento internacional de la G77+China, proyectos turísticos, el plan departamental y planes municipales como de los observatorios turísticos.
Por su parte, la responsable de la Organización de Gestión de Destino Turístico, Heidi Rivera, manifestó que se valora la voluntad de las autoridades del nivel central para socializar la Ley del Turismo a las instituciones públicas como del sector privado de Tarija.
Rivera precisó que en esta oportunidad se pudo conocer algunos aportes de la reglamentación específica para la categorización de los hoteles y de la operación de la actividad en los destinos.
Dentro de la socialización se hizo conocer sobre la clasificación de lo que son las guías de turismo como de las empresas de transporte que están involucradas con la industria sin chimeneas, agregó.
En esta oportunidad se hizo conocer las diversas preocupaciones sobre diversos puntos que deben estar incluidos en la reglamentación en lo que significa la Ley del Turismo que esta vigente.
El jefe de la unidad de control y regularización de la actividad turística, Joaquín Rodas, manifestó que el pasado jueves se tuvo una reunión con personeros del sector público, la gobernación y municipios a fin de socializar la norma.
En la oportunidad se hizo la presentación de los reglamentos de la Ley de Turismo donde también se realizó la socialización de lo que significan las unidades clasificatorias de los prestadores de los servicios turísticos que se tiene en el Valle Central de Tarija, explicó.
Agregó que en la víspera se tuvo una reunión con los integrantes del Consejo Departamental de Turismo, donde se hizo conocer el evento internacional de la G77+China, proyectos turísticos, el plan departamental y planes municipales como de los observatorios turísticos.
Por su parte, la responsable de la Organización de Gestión de Destino Turístico, Heidi Rivera, manifestó que se valora la voluntad de las autoridades del nivel central para socializar la Ley del Turismo a las instituciones públicas como del sector privado de Tarija.
Rivera precisó que en esta oportunidad se pudo conocer algunos aportes de la reglamentación específica para la categorización de los hoteles y de la operación de la actividad en los destinos.
Dentro de la socialización se hizo conocer sobre la clasificación de lo que son las guías de turismo como de las empresas de transporte que están involucradas con la industria sin chimeneas, agregó.
En esta oportunidad se hizo conocer las diversas preocupaciones sobre diversos puntos que deben estar incluidos en la reglamentación en lo que significa la Ley del Turismo que esta vigente.
Ley minera tiene vía libre para ser aprobada en la Asamblea
Los artículos 62, 132 y 151 del proyecto de Ley de Minería y Metalurgia nuevamente redactados, a los cuales ayer el presidente Evo Morales dio el visto bueno, reactivarán el tratamiento y aprobación de la norma en la Asamblea Legislativa, en suspenso desde el 31 de marzo.
El artículo 151 señala que ahora los cooperativistas mineros no podrán suscribir contratos de asociación con empresas privadas.
Una comisión técnica, conformada por los cooperativistas y el Gobierno, se reunirá hoy desde las 8:00 con los presidentes de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío, y de Senadores, Eugenio Rojas, para reajustar el artículo 151, vinculado con otros que también fueron observados por la Cámara Baja.
"Felizmente se resolvió un problema, el del artículo observado, el 151; la redacción fue muy sencilla y práctica. Para la comprensión de todo el pueblo boliviano (dispone que) las cooperativas no podrán suscribir contratos de asociación con empresas privadas, sean éstas nacionales o extranjeras. Con esto prácticamente se respeta la Constitución y está resuelta la preocupación del pueblo boliviano (...). Tenemos planes para enviar nuevamente a la Asamblea hasta el jueves de la próxima semana”, aseguró ayer el presidente Evo Morales.
Hizo esta afirmación luego del encuentro que sostuvo con los cooperativistas mineros, quienes le entregaron la nueva redacción del artículo 62, de continuidad de derechos, contratos y adecuación; del 132, de contratos sujetos a aprobación legislativa; y del 151. Además se incorporó una disposición transitoria.
"Ahora hay que trabajar en el artículo 151, que tiene implicancia en otros, y mañana (hoy) desde las 8:00 trabajarán el Gobierno y la Asamblea Legislativa para adecuarlo”, sostuvo.
Según el presidente la Fencomin, Alejandro Santos, lo más importante del artículo 62 es que se incorpora el derecho preconstituido; en el 132 se da un plazo de 90 días para que la Asamblea apruebe los contratos y en caso contrario se dará por automático el consentimiento para que las cooperativas inicien sus operaciones.
En el caso del 151, dijo que una vez que entre en vigencia la nueva Ley de Minería no habrá más contratos de asociación y los que se firmaron en años anteriores se adecuarán a la nueva norma.
"Mañana asistiremos a la comisión para incluir estos tres artículos y que ahora tienen el visto bueno del presidente Evo Morales. Damos punto final al conflicto entre Fencomin y el Gobierno”, declaró Santos.
A fines de marzo, la Cámara de Diputados observó al menos 25 artículos del proyecto de Ley de Minería, entre ellos el 62, el 132 y el 151, debido a que vulneraban la Constitución Política del Estado. Los cooperativistas rechazaron los cambios e iniciaron un bloqueo de caminos que dejó como saldo dos muertos.
Redacción anterior y actual del Art. 151
Anterior: El artículo 151 señalaba que los contratos administrativos mineros de la industria minera privada y cooperativa son los que "pueden suscribir en cualquier momento con otros actores productivos mineros privados o cooperativas, legalmente establecidos, para el cumplimiento en forma asociada de sus respectivas obligaciones”. Era lo que expresaba cuando se entregó el proyecto al presidente Evo Morales el 17 de marzo.
Actual: Ahora, el artículo 151, parágrafo I establece que "las cooperativas mineras no podrán suscribir contratos de asociación con empresas privadas, sean éstas nacionales o extranjeras”. El parágrafo II expresa que "en caso de avenirse a lo dispuesto en el artículo 306 y parágrafo III del artículo 351 de la Constitución Política, podrán constituir empresas mixtas con el Estado a través de Comibol y adecuarán su razón social (...)”.
Evo pide a 2 ministerios que trabajen en créditos para cooperativistas
El presidente Evo Morales pidió ayer a los ministerios de Economía y Planificación que trabajen en el financiamiento, mediante créditos, de las cooperativas mineras, para que puedan ejecutar sus proyectos. Los cooperativistas afirman que requieren hasta 70 millones de dólares.
"Un tema que surge es el económico, de inversión para las cooperativas. Voy a recomendar a los ministros de Planificación (Viviana Caro) y de Economía (Luis Arce) para que conjuntamente trabajen con los cooperativistas; algunos, como decían, necesitan créditos (...)”, afirmó.
El presidente de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas, Edmundo Polo, afirmó que las cooperativas por lo menos requieren de un financiamiento de entre 60 y 70 millones de dólares para encarar proyectos y que el Fondo de Financiamiento para la Minería (FOFIM), pese a ser una institución que aprueba préstamos para el sector, no tiene liquidez.
"Hemos aceptado que no haya contratos de asociación con empresas privadas, pero el Gobierno debe canalizar créditos y fuentes de financiamiento para poder pagar por cuenta propia nuestras operaciones y no estar pensando más en los privados”, explicó.
Polo mencionó que el FOFIM no dispone ni de 20 millones de dólares y por año sólo aprueba tres créditos por un monto máximo de 200 mil a 300 mil dólares.
Agregó que, en caso de que una cooperativa precise recursos económicos, debe presentar un proyecto a diseño final, en el que tiene que incluir la información de las reservas mineralógicas probables y probadas.
Además, el informe debe indicar cuánto de mineral prevé extraer por año.
Comisión se reunirá el lunes con los regantes
La comisión encargada de redactar los artículos 62, 132 y 151 del proyecto de Ley de Minería y Metalurgia se reunirá este lunes en el Ministerio de Minería con los representantes de los regantes, para escuchar sus observaciones, informaron ayer en el Gobierno.
"En el caso de las observaciones de los regantes, la siguiente semana se ofrecerá a ese sector una explicación porque una cosa es sentir lo que siente el pueblo y otra es ser influido por los ecologistas y fundamentalistas que siempre traerán enfrentamientos; sin embargo, las observaciones serán escuchadas”, afirmó ayer el presidente Evo Morales, luego de reunirse con los cooperativistas mineros, que le entregaron la nueva redacción de los tres artículos observados por la Cámara de Diputados.
El presidente de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas, Edmundo Polo, anticipó que el encuentro con los regantes será para ver los alcances que contiene el proyecto de Ley de Minería.
"Simplemente vamos a informarles, no se modificará ni debatirá”, agregó.
Los cooperativistas mineros participaron en la reunión de los regantes con autoridades del Gobierno, el jueves en Cochabamba, en la cual los regantes pidieron que no haya actividad minera hasta cinco kilómetros de los ríos, ni en los glaciares ni en áreas protegidas.
Según Polo, la prohibición en áreas que están cerca de los ríos liquidaría a unas 700 cooperativas auríferas y si se aplica lo de los glaciares se cerrarían las que explotan minerales tradicionales.
El artículo 151 señala que ahora los cooperativistas mineros no podrán suscribir contratos de asociación con empresas privadas.
Una comisión técnica, conformada por los cooperativistas y el Gobierno, se reunirá hoy desde las 8:00 con los presidentes de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío, y de Senadores, Eugenio Rojas, para reajustar el artículo 151, vinculado con otros que también fueron observados por la Cámara Baja.
"Felizmente se resolvió un problema, el del artículo observado, el 151; la redacción fue muy sencilla y práctica. Para la comprensión de todo el pueblo boliviano (dispone que) las cooperativas no podrán suscribir contratos de asociación con empresas privadas, sean éstas nacionales o extranjeras. Con esto prácticamente se respeta la Constitución y está resuelta la preocupación del pueblo boliviano (...). Tenemos planes para enviar nuevamente a la Asamblea hasta el jueves de la próxima semana”, aseguró ayer el presidente Evo Morales.
Hizo esta afirmación luego del encuentro que sostuvo con los cooperativistas mineros, quienes le entregaron la nueva redacción del artículo 62, de continuidad de derechos, contratos y adecuación; del 132, de contratos sujetos a aprobación legislativa; y del 151. Además se incorporó una disposición transitoria.
"Ahora hay que trabajar en el artículo 151, que tiene implicancia en otros, y mañana (hoy) desde las 8:00 trabajarán el Gobierno y la Asamblea Legislativa para adecuarlo”, sostuvo.
Según el presidente la Fencomin, Alejandro Santos, lo más importante del artículo 62 es que se incorpora el derecho preconstituido; en el 132 se da un plazo de 90 días para que la Asamblea apruebe los contratos y en caso contrario se dará por automático el consentimiento para que las cooperativas inicien sus operaciones.
En el caso del 151, dijo que una vez que entre en vigencia la nueva Ley de Minería no habrá más contratos de asociación y los que se firmaron en años anteriores se adecuarán a la nueva norma.
"Mañana asistiremos a la comisión para incluir estos tres artículos y que ahora tienen el visto bueno del presidente Evo Morales. Damos punto final al conflicto entre Fencomin y el Gobierno”, declaró Santos.
A fines de marzo, la Cámara de Diputados observó al menos 25 artículos del proyecto de Ley de Minería, entre ellos el 62, el 132 y el 151, debido a que vulneraban la Constitución Política del Estado. Los cooperativistas rechazaron los cambios e iniciaron un bloqueo de caminos que dejó como saldo dos muertos.
Redacción anterior y actual del Art. 151
Anterior: El artículo 151 señalaba que los contratos administrativos mineros de la industria minera privada y cooperativa son los que "pueden suscribir en cualquier momento con otros actores productivos mineros privados o cooperativas, legalmente establecidos, para el cumplimiento en forma asociada de sus respectivas obligaciones”. Era lo que expresaba cuando se entregó el proyecto al presidente Evo Morales el 17 de marzo.
Actual: Ahora, el artículo 151, parágrafo I establece que "las cooperativas mineras no podrán suscribir contratos de asociación con empresas privadas, sean éstas nacionales o extranjeras”. El parágrafo II expresa que "en caso de avenirse a lo dispuesto en el artículo 306 y parágrafo III del artículo 351 de la Constitución Política, podrán constituir empresas mixtas con el Estado a través de Comibol y adecuarán su razón social (...)”.
Evo pide a 2 ministerios que trabajen en créditos para cooperativistas
El presidente Evo Morales pidió ayer a los ministerios de Economía y Planificación que trabajen en el financiamiento, mediante créditos, de las cooperativas mineras, para que puedan ejecutar sus proyectos. Los cooperativistas afirman que requieren hasta 70 millones de dólares.
"Un tema que surge es el económico, de inversión para las cooperativas. Voy a recomendar a los ministros de Planificación (Viviana Caro) y de Economía (Luis Arce) para que conjuntamente trabajen con los cooperativistas; algunos, como decían, necesitan créditos (...)”, afirmó.
El presidente de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas, Edmundo Polo, afirmó que las cooperativas por lo menos requieren de un financiamiento de entre 60 y 70 millones de dólares para encarar proyectos y que el Fondo de Financiamiento para la Minería (FOFIM), pese a ser una institución que aprueba préstamos para el sector, no tiene liquidez.
"Hemos aceptado que no haya contratos de asociación con empresas privadas, pero el Gobierno debe canalizar créditos y fuentes de financiamiento para poder pagar por cuenta propia nuestras operaciones y no estar pensando más en los privados”, explicó.
Polo mencionó que el FOFIM no dispone ni de 20 millones de dólares y por año sólo aprueba tres créditos por un monto máximo de 200 mil a 300 mil dólares.
Agregó que, en caso de que una cooperativa precise recursos económicos, debe presentar un proyecto a diseño final, en el que tiene que incluir la información de las reservas mineralógicas probables y probadas.
Además, el informe debe indicar cuánto de mineral prevé extraer por año.
Comisión se reunirá el lunes con los regantes
La comisión encargada de redactar los artículos 62, 132 y 151 del proyecto de Ley de Minería y Metalurgia se reunirá este lunes en el Ministerio de Minería con los representantes de los regantes, para escuchar sus observaciones, informaron ayer en el Gobierno.
"En el caso de las observaciones de los regantes, la siguiente semana se ofrecerá a ese sector una explicación porque una cosa es sentir lo que siente el pueblo y otra es ser influido por los ecologistas y fundamentalistas que siempre traerán enfrentamientos; sin embargo, las observaciones serán escuchadas”, afirmó ayer el presidente Evo Morales, luego de reunirse con los cooperativistas mineros, que le entregaron la nueva redacción de los tres artículos observados por la Cámara de Diputados.
El presidente de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas, Edmundo Polo, anticipó que el encuentro con los regantes será para ver los alcances que contiene el proyecto de Ley de Minería.
"Simplemente vamos a informarles, no se modificará ni debatirá”, agregó.
Los cooperativistas mineros participaron en la reunión de los regantes con autoridades del Gobierno, el jueves en Cochabamba, en la cual los regantes pidieron que no haya actividad minera hasta cinco kilómetros de los ríos, ni en los glaciares ni en áreas protegidas.
Según Polo, la prohibición en áreas que están cerca de los ríos liquidaría a unas 700 cooperativas auríferas y si se aplica lo de los glaciares se cerrarían las que explotan minerales tradicionales.
viernes, 25 de abril de 2014
Sancionan la ley para elección de supraestatales
La Cámara de Diputados sancionó ayer la Ley de Elección Directa de Representantes ante Organismos Parlamentarios Supraestatales. El Ejecutivo debe promulgarla con anterioridad a la convocatoria a las elecciones nacionales.
La norma establece que se elegirán a nueve representantes titulares con igual número de suplentes por circunscripción departamental, éstos serán nominados junto a los presidenciables impresos en la papeleta de sufragio. Para validar este método de elección, la normativa deroga a través de una disposición el artículo 62 de la Ley de Régimen Electoral.
La función legislativa de los supranacionales electos se llevará a cabo en siete parlamentos de manera rotativa. A pesar de que no serán parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional, “sí responderán al Órgano Legislativo a través de una comisión permanente”, informó el senador Adolfo Mendoza.
Ley minera en entredichos
Han transcurrido ya muchos días desde que empezaron las marchas y los bloqueos de los cooperativistas que afectaron en forma brutal las actividades cotidianas de todos los sectores de nuestro país. Felizmente se pudo lograr una tregua para que las partes pudieran encontrar una solución adecuada y mejor concertada entre el gobierno y los cooperativistas.
En este espacio transcurrido muchos fueron los que opinaron sobre el tema minero, inclusive aquellos que no tienen idea como funciona una cooperativa minera, los intereses políticos y económicos que en torno a ellos existen; además se ha puesto en evidencia que a través de las cooperativas muchos oportunistas inescrupulosos y avezados personajes se aprovechan de estas coyunturas.
Para empezar, sería conveniente explicar qué es y cómo funciona una cooperativa minera. Si algún ciudadano tramita y logra una concesión minera en un determinado lugar, realizando algunas prospecciones rudimentarias e intuitivas toma la decisión de formar una cooperativa minera en el marco de la normativa vigente con algunas ventajas comparativas consecuencia de su carácter de actividad no lucrativa, acto seguido se dotan de una instancia administrativa los que generalmente son los "manda más" y otra instancia de vigilantes de la marcha del proceso de producción siendo unos "tontos útiles" cómplices del consejo de administración.
Estas cooperativas así conformadas, tienen que entrar a un proceso de producción donde se distribuyen los parajes o frentes de laboreo de forma discrecional es decir, los dirigentes y los clanes familiares quedan con las mejores partes de la torta dura y rocosa, mientras que el 95 % de los cooperativistas trabajan en parajes marginales, insolubles y peligrosos. Por lo tanto no existe solidaridad entre ellos tal como opinan algunos aventureros que nunca vieron en su vida un socavón donde trabajan los cooperativistas, que parece un cementerio anticipado en su fatídica existencia, si desean ver gráficamente estas diferencias se puede comparar con una foto donde se muestre un dirigente a lado de un trabajador de base.
Porque los cooperativistas mineros son un sector poderoso como los han llamado algunos analistas, que inclusive pueden desestabilizar a un gobierno como el actual. Sin dar explicación coherente sobre este particular, lo que sucede es que los dirigentes cuando desean hacen prevalecer sus intereses personales (senadurías, diputaciones o ventajas del Gobierno) los convocan para marchar y hacer tronar dinamitas perjudicando a todo un pueblo, arrastrando a los engañados trabajadores de base que asisten a las concentraciones presionados por el temor de ser excluidos.
El dirigente y el trabajador humilde no tienen temor a la muerte porque en su cotidiano vivir están muy cerca de ella. Aquí quien sabe sea necesario aclarar algo que dijeron los dirigentes: "Evo así como te llevamos a la presidencia te podemos sacar de ella". Los cooperativistas por lo menos en los cuatro años de gobierno de nuestro presidente nunca estuvieron identificados con el proceso de cambio, por el contrario fueron oportunistas que lograron algunos curules en el parlamento nacional y sacaron toda clase de cooperaciones del gobierno referente a equipo y maquinaria.
Los dirigentes de los cooperativistas siempre fueron y ojalá hoy en día no lo sean palos blancos del MNR. (Los Villalobos, los Barrientos, Careaga y otros). En la época de Goni cuadricularon el país y se repartieron a su antojo. Acaso mina Bolívar no fue lo mejor que se llevó Goni aunque la empresa se llame Sinchi Wayra y todas las concesiones mineras del oriente boliviano donde existe una riqueza minera especialmente de metales pesados, incluido el oro y rocas semipreciosas.
Parece que hasta ahora simplemente se ha tocado algunos pequeños aspectos que tienen relación con el cooperativismo minero, sería conveniente recordar cuando el congreso nacional se reunía en Sucre fueron precisamente los cooperativistas desplazados desde Potosí para liquidar el congreso nacional por órdenes obviamente de quien heredo la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada.
Ahora están instaladas las mesas de trabajo y existen dos comisiones. Una que tiene que ver las auditorías de las alianzas que habrían realizado algunas cooperativas con personas o empresas privadas violentando la normativa vigente con la complicidad de algunos actores que estuvieron en la comisión que diseño el proyecto de ley tanto de los sectores que actuaron como la presencia de algunos técnicos del gobierno. El resultado tiene que ser la sanción para los infractores o poner a derecho si es que así fuera el caso con el visto bueno del ministerio de minería y metalurgia.
La otra comisión tiene que ser inflexible con el cumplimiento de la Constitución Política del Estado y las leyes conexas. Las cooperativas mineras tienen que reivindicarse ante la historia porque las potencialidades que tiene el país son enormes.
El Gobierno y los gobiernos que vengan ya no tienen que hacer lo que hicieron (dotarles de parajes marginales sin apoyo técnico, con tiempo de vida útil muy corto), sino que el cooperativismo requiere de otras zonas de trabajo que tienen que ser prospectadas y exploradas por Sergeotecmin con un financiamiento importante del gobierno producto de las regalías, los impuestos y todo lo que pueda aportar el sector minero metalúrgico, asistencia técnica, asistencia económica, asistencia social que requieran los cooperativistas. Las cooperativas por su parte trabajar de una manera coordinada con las autoridades del sector y nunca más se pongan al servicio de intereses que privatizaron y capitalizaron nuestras empresas.
Probablemente el título que le puse a este artículo, sea un poco exagerado, a lo que se refiere es que en la vida hay que ser agradecidos y en este caso los cooperativistas tienen que apoyar al gobierno porque está en la posición correcta de garantizar el bienestar de las futuras generaciones y eso solo se logra siendo dueños de nuestros recursos naturales renovables y no renovables.
(*) Ingeniero metalurgista
Exdiputado nacional
En este espacio transcurrido muchos fueron los que opinaron sobre el tema minero, inclusive aquellos que no tienen idea como funciona una cooperativa minera, los intereses políticos y económicos que en torno a ellos existen; además se ha puesto en evidencia que a través de las cooperativas muchos oportunistas inescrupulosos y avezados personajes se aprovechan de estas coyunturas.
Para empezar, sería conveniente explicar qué es y cómo funciona una cooperativa minera. Si algún ciudadano tramita y logra una concesión minera en un determinado lugar, realizando algunas prospecciones rudimentarias e intuitivas toma la decisión de formar una cooperativa minera en el marco de la normativa vigente con algunas ventajas comparativas consecuencia de su carácter de actividad no lucrativa, acto seguido se dotan de una instancia administrativa los que generalmente son los "manda más" y otra instancia de vigilantes de la marcha del proceso de producción siendo unos "tontos útiles" cómplices del consejo de administración.
Estas cooperativas así conformadas, tienen que entrar a un proceso de producción donde se distribuyen los parajes o frentes de laboreo de forma discrecional es decir, los dirigentes y los clanes familiares quedan con las mejores partes de la torta dura y rocosa, mientras que el 95 % de los cooperativistas trabajan en parajes marginales, insolubles y peligrosos. Por lo tanto no existe solidaridad entre ellos tal como opinan algunos aventureros que nunca vieron en su vida un socavón donde trabajan los cooperativistas, que parece un cementerio anticipado en su fatídica existencia, si desean ver gráficamente estas diferencias se puede comparar con una foto donde se muestre un dirigente a lado de un trabajador de base.
Porque los cooperativistas mineros son un sector poderoso como los han llamado algunos analistas, que inclusive pueden desestabilizar a un gobierno como el actual. Sin dar explicación coherente sobre este particular, lo que sucede es que los dirigentes cuando desean hacen prevalecer sus intereses personales (senadurías, diputaciones o ventajas del Gobierno) los convocan para marchar y hacer tronar dinamitas perjudicando a todo un pueblo, arrastrando a los engañados trabajadores de base que asisten a las concentraciones presionados por el temor de ser excluidos.
El dirigente y el trabajador humilde no tienen temor a la muerte porque en su cotidiano vivir están muy cerca de ella. Aquí quien sabe sea necesario aclarar algo que dijeron los dirigentes: "Evo así como te llevamos a la presidencia te podemos sacar de ella". Los cooperativistas por lo menos en los cuatro años de gobierno de nuestro presidente nunca estuvieron identificados con el proceso de cambio, por el contrario fueron oportunistas que lograron algunos curules en el parlamento nacional y sacaron toda clase de cooperaciones del gobierno referente a equipo y maquinaria.
Los dirigentes de los cooperativistas siempre fueron y ojalá hoy en día no lo sean palos blancos del MNR. (Los Villalobos, los Barrientos, Careaga y otros). En la época de Goni cuadricularon el país y se repartieron a su antojo. Acaso mina Bolívar no fue lo mejor que se llevó Goni aunque la empresa se llame Sinchi Wayra y todas las concesiones mineras del oriente boliviano donde existe una riqueza minera especialmente de metales pesados, incluido el oro y rocas semipreciosas.
Parece que hasta ahora simplemente se ha tocado algunos pequeños aspectos que tienen relación con el cooperativismo minero, sería conveniente recordar cuando el congreso nacional se reunía en Sucre fueron precisamente los cooperativistas desplazados desde Potosí para liquidar el congreso nacional por órdenes obviamente de quien heredo la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada.
Ahora están instaladas las mesas de trabajo y existen dos comisiones. Una que tiene que ver las auditorías de las alianzas que habrían realizado algunas cooperativas con personas o empresas privadas violentando la normativa vigente con la complicidad de algunos actores que estuvieron en la comisión que diseño el proyecto de ley tanto de los sectores que actuaron como la presencia de algunos técnicos del gobierno. El resultado tiene que ser la sanción para los infractores o poner a derecho si es que así fuera el caso con el visto bueno del ministerio de minería y metalurgia.
La otra comisión tiene que ser inflexible con el cumplimiento de la Constitución Política del Estado y las leyes conexas. Las cooperativas mineras tienen que reivindicarse ante la historia porque las potencialidades que tiene el país son enormes.
El Gobierno y los gobiernos que vengan ya no tienen que hacer lo que hicieron (dotarles de parajes marginales sin apoyo técnico, con tiempo de vida útil muy corto), sino que el cooperativismo requiere de otras zonas de trabajo que tienen que ser prospectadas y exploradas por Sergeotecmin con un financiamiento importante del gobierno producto de las regalías, los impuestos y todo lo que pueda aportar el sector minero metalúrgico, asistencia técnica, asistencia económica, asistencia social que requieran los cooperativistas. Las cooperativas por su parte trabajar de una manera coordinada con las autoridades del sector y nunca más se pongan al servicio de intereses que privatizaron y capitalizaron nuestras empresas.
Probablemente el título que le puse a este artículo, sea un poco exagerado, a lo que se refiere es que en la vida hay que ser agradecidos y en este caso los cooperativistas tienen que apoyar al gobierno porque está en la posición correcta de garantizar el bienestar de las futuras generaciones y eso solo se logra siendo dueños de nuestros recursos naturales renovables y no renovables.
(*) Ingeniero metalurgista
Exdiputado nacional
Piden celeridad en tratamiento de Ley Marco “Agua para la Vida”
Dirigentes y productores agrícolas de la provincia Inquisivi se declaran en emergencia, debido a la falta de una ley ambiental que regule la actividad de las empresas mineras, cuyo trabajo artesanal genera un impacto ambiental con alto grado de contaminación irreversible en esta provincia, según informó la ejecutiva de la organización Bartolina Sisa de la provincia Inquisivi, Raimunda Molleni..
“El trabajo artesanal de las minas han contaminado las aguas de todo el sector causando enfermedades y daños en los cultivos, animales y personas”, dijo. Los pobladores piden celeridad en la Ley Marco Agua para la Vida.
Señaló que la contaminación es fuerte, “no se puede ni lavar ropa y menos usar agua para el consumo humano o animal, por lo que pedimos que haya protección, necesitamos una ley que proteja el agua y cuide el medioambiente”, manifestó.
El representante de Amdepaz manifestó que en este sector casi el total de los ríos están contaminados, debido a que las empresas mineras tanto grandes como pequeñas han rodeado la provincia, donde trabajan de manera artesanal sin cuidar la contaminación del agua, utilizando químicos que envenenarían el agua.
Otro de los grandes problemas para que exista esta contaminación, es la concesión de minas sin previa consulta a los comunarios, quienes se ven sorprendidos al encontrar empresas nuevas dejan inutilizables los ojos de agua.
Prueba del mal que se hace a la salud de los pobladores de las 280 comunidades de las seis secciones de la provincia Inquisivi, es que en la certificación presentada por especialistas para el acceso a un incentivo en Seguridad Alimentaria, se diagnosticó que los niños de estas regiones sufren disenterías e infecciones relacionadas a la contaminación de químicos utilizados en la minería.
El abogado asesor de la Secretaría Departamental de Derechos de la Madre Tierra, autoridad ambiental competente a nivel departamental, Alejandro Espada, señaló que si bien ellos tienen las atribuciones de controlar y fiscalizar cualquier actividad, obra o proyecto público o privado, en el caso de la minería esta labor se ve dificultada por las características de este rubro y de los lugares donde asientan su actividad.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Madre Tierra y Medio Ambiente, de la asamblea departamental de La Paz, Johnson Jiménez, manifestó que en la agenda legislativa contempla el tratamiento de una norma de medioambiente y los estudios de niveles de contaminación de los ríos, sin embargo hasta la fecha no se ha tenido avance ni trabajo alguno sobre el tema.
“El trabajo artesanal de las minas han contaminado las aguas de todo el sector causando enfermedades y daños en los cultivos, animales y personas”, dijo. Los pobladores piden celeridad en la Ley Marco Agua para la Vida.
Señaló que la contaminación es fuerte, “no se puede ni lavar ropa y menos usar agua para el consumo humano o animal, por lo que pedimos que haya protección, necesitamos una ley que proteja el agua y cuide el medioambiente”, manifestó.
El representante de Amdepaz manifestó que en este sector casi el total de los ríos están contaminados, debido a que las empresas mineras tanto grandes como pequeñas han rodeado la provincia, donde trabajan de manera artesanal sin cuidar la contaminación del agua, utilizando químicos que envenenarían el agua.
Otro de los grandes problemas para que exista esta contaminación, es la concesión de minas sin previa consulta a los comunarios, quienes se ven sorprendidos al encontrar empresas nuevas dejan inutilizables los ojos de agua.
Prueba del mal que se hace a la salud de los pobladores de las 280 comunidades de las seis secciones de la provincia Inquisivi, es que en la certificación presentada por especialistas para el acceso a un incentivo en Seguridad Alimentaria, se diagnosticó que los niños de estas regiones sufren disenterías e infecciones relacionadas a la contaminación de químicos utilizados en la minería.
El abogado asesor de la Secretaría Departamental de Derechos de la Madre Tierra, autoridad ambiental competente a nivel departamental, Alejandro Espada, señaló que si bien ellos tienen las atribuciones de controlar y fiscalizar cualquier actividad, obra o proyecto público o privado, en el caso de la minería esta labor se ve dificultada por las características de este rubro y de los lugares donde asientan su actividad.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Madre Tierra y Medio Ambiente, de la asamblea departamental de La Paz, Johnson Jiménez, manifestó que en la agenda legislativa contempla el tratamiento de una norma de medioambiente y los estudios de niveles de contaminación de los ríos, sin embargo hasta la fecha no se ha tenido avance ni trabajo alguno sobre el tema.
Proyecto de ley minera se discute hoy en Palacio
Los cooperativistas mineros se reunirán hoy viernes con el presidente de Bolivia, Evo Morales, para dar a conocer los consensos sobre la Ley de Minería, así lo informó Miguel Coñaja, presidente departamental de la Federación de Cooperativistas Mineros (Fencomin) La Paz.
Dijo que el encuentro comenzará a las 05.00 en la Vicepresidencia, reunión al que confirmaron su asistencia cooperativistas de otros departamentos.
“Ya tenemos la convocatoria del presidente (Morales) para reunirnos mañana (viernes), ahí le daremos a conocer todo lo que hemos acordado con los ministros de Minería y otras autoridades de Gobierno”, dijo el dirigente cooperativista.
Asimismo, Coñaja destacó la flexibilidad del sector para dar una solución al conflicto que ocasionaba el polémico Artículo 151 que obliga a toda cooperativa minera a suscribir contratos de arrendamiento con alguna empresa estatal, privada o trasnacional siempre y cuando tenga el aval de la Asamblea Legislativa.
El pasado 21 de abril se firmó un acta de entendimiento con el Ejecutivo, en cuyo documento se refrenda el consenso al que se llegó sobre los artículos 62, 132 y 151 del proyecto de ley minera.
Entre los consensos más importantes, remarcó que la futura norma del sector prohíbe la firma de contratos de asociación minera entre cooperativas y empresas privadas, nacionales o extranjeras.
En Cochabamba
una delegación de Fencomin se trasladó hasta la ciudad de Cochabamba para participar en el encuentro que iniciaron autoridades del Órgano Ejecutivo con el sector de regantes, en busca de consensos relacionados a artículos del proyecto de ley minera, referentes al medioambiente.
Dijo que el encuentro comenzará a las 05.00 en la Vicepresidencia, reunión al que confirmaron su asistencia cooperativistas de otros departamentos.
“Ya tenemos la convocatoria del presidente (Morales) para reunirnos mañana (viernes), ahí le daremos a conocer todo lo que hemos acordado con los ministros de Minería y otras autoridades de Gobierno”, dijo el dirigente cooperativista.
Asimismo, Coñaja destacó la flexibilidad del sector para dar una solución al conflicto que ocasionaba el polémico Artículo 151 que obliga a toda cooperativa minera a suscribir contratos de arrendamiento con alguna empresa estatal, privada o trasnacional siempre y cuando tenga el aval de la Asamblea Legislativa.
El pasado 21 de abril se firmó un acta de entendimiento con el Ejecutivo, en cuyo documento se refrenda el consenso al que se llegó sobre los artículos 62, 132 y 151 del proyecto de ley minera.
Entre los consensos más importantes, remarcó que la futura norma del sector prohíbe la firma de contratos de asociación minera entre cooperativas y empresas privadas, nacionales o extranjeras.
En Cochabamba
una delegación de Fencomin se trasladó hasta la ciudad de Cochabamba para participar en el encuentro que iniciaron autoridades del Órgano Ejecutivo con el sector de regantes, en busca de consensos relacionados a artículos del proyecto de ley minera, referentes al medioambiente.
jueves, 24 de abril de 2014
Asamblea Departamental de La Paz aprobó 57 leyes
La Asamblea Departamental de La Paz anteriormente remitió al Tribunal Constitucional el proyecto de Estatuto Autonómico para su control de constitucionalidad.
El Presidente de esa instancia legislativa aprobó leyes sociales y de desarrollo regional.
La Asamblea Legislativa Departamental de La Paz, desde que inició sus actividades en junio de 2010 hasta el presente mes, ha sancionado 57 leyes de diversa índole.
El presidente de esa instancia legislativa, Nelson Guarachi Mamani, dijo que la ‘Ley de prioridad y necesidad departamental para garantizar el desarrollo integral e interés superior de las niñas y niños del departamento’ está entre las normas sociales destacadas que se aprobaron.
A la anterior se suma la Ley de Creación de la Gaceta Oficial de la Gobernación.
El paquete de normas aprobadas por el ente deliberante departamental paceño es el referido a la ley que declara el 25 de octubre como Día de la Participación Democrática de la Mujer.
Guarachi mencionó que la Asamblea también aprobó la ley que declara el 10 de abril de cada año como el Día Departamental en Contra de la Violencia a Niñas, Niños y Adolescentes”, en homenaje a los niños héroes de la defensa de Calama: Genoveva Ríos y Juancito Pinto.
La Asamblea, con mayoría de asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS), también aprobó la ley de construcción del nuevo hospital general.
El Presidente de esa instancia legislativa aprobó leyes sociales y de desarrollo regional.
La Asamblea Legislativa Departamental de La Paz, desde que inició sus actividades en junio de 2010 hasta el presente mes, ha sancionado 57 leyes de diversa índole.
El presidente de esa instancia legislativa, Nelson Guarachi Mamani, dijo que la ‘Ley de prioridad y necesidad departamental para garantizar el desarrollo integral e interés superior de las niñas y niños del departamento’ está entre las normas sociales destacadas que se aprobaron.
A la anterior se suma la Ley de Creación de la Gaceta Oficial de la Gobernación.
El paquete de normas aprobadas por el ente deliberante departamental paceño es el referido a la ley que declara el 25 de octubre como Día de la Participación Democrática de la Mujer.
Guarachi mencionó que la Asamblea también aprobó la ley que declara el 10 de abril de cada año como el Día Departamental en Contra de la Violencia a Niñas, Niños y Adolescentes”, en homenaje a los niños héroes de la defensa de Calama: Genoveva Ríos y Juancito Pinto.
La Asamblea, con mayoría de asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS), también aprobó la ley de construcción del nuevo hospital general.
Leyes contra la violencia hacia la mujer son logros que reconocen en cumbre
Las leyes emitidas por el actual Gobierno en contra de la violencia hacia las mujeres, en diferentes ámbitos, son los logros que reconocen las mujeres que participan de la Cumbre Departamental que se realizó en Oruro.
La Ley 243 contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres promulgada el 18 de mayo de 2012 y la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (348) del 9 de marzo de 2013, son las normas en las que se apoyan las mujeres para reclamar por sus derechos, y sobre todo por una vida sin agresiones físicas ni sicológicas.
La Ley 348, define la erradicación de la violencia como un tema de prioridad nacional y como un problema de salud pública, desde un enfoque de prevención, protección de las mujeres en situación de violencia y la sanción de los agresores.
Asimismo, se establecen nuevos tipos penales como el feminicidio, acoso sexual, violencia familiar o doméstica, esterilización forzada, incumplimiento de deberes, padecimientos sexuales, actos sexuales abusivos. Y se incorpora como delitos contra la mujer la violencia económica, violencia patrimonial y sustracción de utilidades de actividades económicas familiares.
La viceministra de Justicia Indígena, Originaria Campesina, Isabel Ortega, que participó de la cumbre, indicó que el objetivo de esta actividad es construir propuestas y desafíos para la despatriarcalización desde la participación política de las mujeres.
"En este departamento tenemos que ver, los avances que tenemos como mujeres y qué problemas tenemos, qué propuestas daremos, para ello hemos convocado a las mujeres del área urbana y rural, también a las concejalas y asambleístas departamentales", manifestó Ortega.
Los temas que se han tratado en la cubre fueron Derecho Político, Salud, Educación, Derecho Económico, Social y Cultural, Tierra, Régimen Laboral, Vivienda y Acceso a Crédito.
Las conclusiones serán expuestas a la cumbre nacional e internacional, y al G77+China.
La Ley 243 contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres promulgada el 18 de mayo de 2012 y la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (348) del 9 de marzo de 2013, son las normas en las que se apoyan las mujeres para reclamar por sus derechos, y sobre todo por una vida sin agresiones físicas ni sicológicas.
La Ley 348, define la erradicación de la violencia como un tema de prioridad nacional y como un problema de salud pública, desde un enfoque de prevención, protección de las mujeres en situación de violencia y la sanción de los agresores.
Asimismo, se establecen nuevos tipos penales como el feminicidio, acoso sexual, violencia familiar o doméstica, esterilización forzada, incumplimiento de deberes, padecimientos sexuales, actos sexuales abusivos. Y se incorpora como delitos contra la mujer la violencia económica, violencia patrimonial y sustracción de utilidades de actividades económicas familiares.
La viceministra de Justicia Indígena, Originaria Campesina, Isabel Ortega, que participó de la cumbre, indicó que el objetivo de esta actividad es construir propuestas y desafíos para la despatriarcalización desde la participación política de las mujeres.
"En este departamento tenemos que ver, los avances que tenemos como mujeres y qué problemas tenemos, qué propuestas daremos, para ello hemos convocado a las mujeres del área urbana y rural, también a las concejalas y asambleístas departamentales", manifestó Ortega.
Los temas que se han tratado en la cubre fueron Derecho Político, Salud, Educación, Derecho Económico, Social y Cultural, Tierra, Régimen Laboral, Vivienda y Acceso a Crédito.
Las conclusiones serán expuestas a la cumbre nacional e internacional, y al G77+China.
miércoles, 23 de abril de 2014
Ley obliga tener guarderías para hijos de trabajadoras
A principios de gestión un grupo de 80 trabajadoras de la empresa AstrixS.A. buscó el apoyo de su sindicato para exigir que se cumpla la ley porque no tenían con quién dejar a sus hijos.
La industria, dedicada a fabricar productos de limpieza, accedió a la demanda. Si bien no cuenta con las condiciones necesarias para instalar una guardería en la empresa lograron un acuerdo con los trabajadores. Ahora cada funcionaria puede contratar un servicio de guardería y el empleador paga las mensualidades.
El secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de Astrix S.A., Aldo Véliz, explicó que el convenio está vigente desde febrero.
OBLIGATORIO Las mujeres trabajadoras tienen derecho a mantener cerca a sus hijos menores de cuatro años, por eso, los empleadores deben instalar guarderías en los centros laborales. Esa exigencia está amparada en el artículo 62 de la Ley General del Trabajo, que señala que las instituciones con al menos 50 funcionarias deben tener una.
La Dirección Departamental de Trabajo solo conoce un caso en que se cumple la norma, pero anuncia futuras inspecciones para garantizar el cumplimiento de la norma.
INCUMPLEN Otras instituciones con más de 200 empleadas mujeres no cumplen la normativa vigente.
La secretaria ejecutiva del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Alcaldía de Cercado, Sorca Candia, señaló que esperan respuesta a su pliego petitorio, que demanda la creación de una guardería.
La dirigente adelantó que si la respuesta no es favorable presentarán una denuncia en Trabajo.
La directora de Trabajo, Giovanna Maldonado, dijo que en el caso de las instituciones públicas esa demanda se trata con la Ley del Funcionario Público.˚
Datos.
La norma
El artículo 62 de la Ley General del Trabajo establece que las empresas que tengan más de 50 obreros, mantendrán salas cunas, conforme a
los planes que se establezcan.
Más derechos
El Decreto Supremo 115 señala que las instituciones públicas y privadas tienen las siguientes obligaciones: a) Permitir a las madres en periodo de lactancia llevar a sus bebés a sus fuentes de trabajo y de estudio, para que proporcionen lactancia materna exclusiva durante los seis primeros meses de vida.
b) Otorgar a las madres en periodo de lactancia el descanso establecido en la Ley General del Trabajo, en caso de que éstas no lleven a sus bebés a sus centros de trabajo.
c) Adecuar ambientes en los lugares de trabajo y de estudio, para que las madres con niños lactantes menores de seis meses puedan amamantar en condiciones óptimas.
Desconoce
El secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Trabajadores Fabriles de Cochabamba, Mario Céspedes, aseguró que no conoce denuncias sobre el incumplimiento de la
norma. Desde su punto de vista se debe a que en las fábricas, mayormente, los trabajadores son
hombres.
Sin embargo, adelantó su respaldo en defensa de los derechos de las trabajadoras.
Cuidado de los hijos no es solo responsabilidad de las mujeres
La primera observación a la Ley General del Trabajo es que la disposición solo obliga a poner guarderías cuando hay más de 50 mujeres, e incluso en la norma textualmente dice "obreros". Ya en el reglamento se lo modificó por "obreras", pero un reglamento no cambia una ley.
Pese a esta falencia, la Constitución Política del Estado, en su artículo 62, reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad y garantiza las condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral.
Por lo tanto, todos sus integrantes tienen igualdad de derechos y obligaciones. Esto significa que no solo las mujeres somos responsables del cuidado de nuestros hijos e hijas y los padres también lo son.
En este sentido, el Estado reconoce y garantiza las condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral.
Finalmente, el Estado, los empresarios y la sociedad en general tienen también responsabilidades en cuanto al bienestar de las niñas y niños.
Las empresas deben garantizar que sus trabajadoras y trabajadores tengan las mejores condiciones laborales y de vida.
La industria, dedicada a fabricar productos de limpieza, accedió a la demanda. Si bien no cuenta con las condiciones necesarias para instalar una guardería en la empresa lograron un acuerdo con los trabajadores. Ahora cada funcionaria puede contratar un servicio de guardería y el empleador paga las mensualidades.
El secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de Astrix S.A., Aldo Véliz, explicó que el convenio está vigente desde febrero.
OBLIGATORIO Las mujeres trabajadoras tienen derecho a mantener cerca a sus hijos menores de cuatro años, por eso, los empleadores deben instalar guarderías en los centros laborales. Esa exigencia está amparada en el artículo 62 de la Ley General del Trabajo, que señala que las instituciones con al menos 50 funcionarias deben tener una.
La Dirección Departamental de Trabajo solo conoce un caso en que se cumple la norma, pero anuncia futuras inspecciones para garantizar el cumplimiento de la norma.
INCUMPLEN Otras instituciones con más de 200 empleadas mujeres no cumplen la normativa vigente.
La secretaria ejecutiva del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Alcaldía de Cercado, Sorca Candia, señaló que esperan respuesta a su pliego petitorio, que demanda la creación de una guardería.
La dirigente adelantó que si la respuesta no es favorable presentarán una denuncia en Trabajo.
La directora de Trabajo, Giovanna Maldonado, dijo que en el caso de las instituciones públicas esa demanda se trata con la Ley del Funcionario Público.˚
Datos.
La norma
El artículo 62 de la Ley General del Trabajo establece que las empresas que tengan más de 50 obreros, mantendrán salas cunas, conforme a
los planes que se establezcan.
Más derechos
El Decreto Supremo 115 señala que las instituciones públicas y privadas tienen las siguientes obligaciones: a) Permitir a las madres en periodo de lactancia llevar a sus bebés a sus fuentes de trabajo y de estudio, para que proporcionen lactancia materna exclusiva durante los seis primeros meses de vida.
b) Otorgar a las madres en periodo de lactancia el descanso establecido en la Ley General del Trabajo, en caso de que éstas no lleven a sus bebés a sus centros de trabajo.
c) Adecuar ambientes en los lugares de trabajo y de estudio, para que las madres con niños lactantes menores de seis meses puedan amamantar en condiciones óptimas.
Desconoce
El secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Trabajadores Fabriles de Cochabamba, Mario Céspedes, aseguró que no conoce denuncias sobre el incumplimiento de la
norma. Desde su punto de vista se debe a que en las fábricas, mayormente, los trabajadores son
hombres.
Sin embargo, adelantó su respaldo en defensa de los derechos de las trabajadoras.
Cuidado de los hijos no es solo responsabilidad de las mujeres
La primera observación a la Ley General del Trabajo es que la disposición solo obliga a poner guarderías cuando hay más de 50 mujeres, e incluso en la norma textualmente dice "obreros". Ya en el reglamento se lo modificó por "obreras", pero un reglamento no cambia una ley.
Pese a esta falencia, la Constitución Política del Estado, en su artículo 62, reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad y garantiza las condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral.
Por lo tanto, todos sus integrantes tienen igualdad de derechos y obligaciones. Esto significa que no solo las mujeres somos responsables del cuidado de nuestros hijos e hijas y los padres también lo son.
En este sentido, el Estado reconoce y garantiza las condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral.
Finalmente, el Estado, los empresarios y la sociedad en general tienen también responsabilidades en cuanto al bienestar de las niñas y niños.
Las empresas deben garantizar que sus trabajadoras y trabajadores tengan las mejores condiciones laborales y de vida.
martes, 22 de abril de 2014
Cambiar leyes mejorará la libertad económica, según la Fundación Heritage
Reformar la ley de inversión, aplicar políticas innovadoras o sacarles el máximo provecho a los tratados internacionales, son algunas de las medidas que el investigador para la libertad económica de la Fundación Heritage, James Roberts, aconseja implementar en el país para mejorar la libertad económica de los bolivianos.
El investigador señaló que Bolivia tiene que mejorar también en las leyes que garantizan las propiedades individuales de todo tipo como las de títulos de tierra, la intelectual y agilizar los procesos judiciales. Además, el tema de la corrupción es un factor que le resta mucho al país en el ámbito internacional.
“Perú es un país que Bolivia puede imitar, ya que tiene una economía similar y hasta el 2004 estaba en una posición de libertad económica similar”, expresó Roberts, que añadió que el país podría emular el estado de derecho y las leyes de inversiones que ha conseguido e implementado Chile, pese a los problemas políticos que existen.
“A largo plazo tengo esperanza de que Bolivia y Ecuador encaren reformas que les permitan a sus habitantes desarrollarse, tener mayores libertades económicas y no depender tanto de los commodities, ya que el precio de estos fluctúan”, mencionó.
Consejos locales
Para el economista Vicente Cuéllar el país debe mejorar bastante en cuatro indicadores: derechos de propiedad, libertad de inversión, libertad frente a la corrupción y libertad laboral.
Cuéllar indicó que para mejorar estos indicadores, Bolivia debe brindar seguridad jurídica a todos los agentes económicos, no solo a los empresarios sino también a los ciudadanos de las áreas urbanas.
En cuanto a las perspectivas, por lo menos a corto plazo no se avizoran grandes cambios, aunque la aprobación de la nueva Ley de Inversiones puede mejorar algo la otorgación de seguridad jurídica a los inversionistas, condición para atraer capitales, dijo Cuéllar.
El expresidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz, Marcelo Núñez, manifestó que las acciones que se pueden realizar para mejorar la libertad económica, son a través de las diversas instituciones que presionen a los gobernantes.
Núñez citó como ejemplo a Venezuela y Argentina, que piden un mayor estado de derecho para los ciudadanos, al margen de los graves problemas económicos de inflación y devaluación de sus monedas.
Nuñez señaló que en el corto y mediano plazo, Bolivia gozará de una relativa estabilidad y bonanza económica, ya que los precios del gas así lo permiten; sin embargo, en el largo plazo, cuando se cumplan los contratos de venta de gas con Brasil y Argentina, el país tendrá que replantear su política en todos los ámbitos
Su posición
156
Es la posición que el país ocupó de 186 naciones a escala mundial en la última publicación del índice de Libertad Económica realizado por la Fundación Heritage
La frase
“Hoy ya no existen bienes y servicios ‘made in’, sino bienes y servicios globales”
James Roberts - Fundación Heritage
Gobierno promulga Ley de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo
El presidente Evo Morales promulgó este martes la Ley 521 de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo, que permitirá al Estado un mejor ejercicio de su soberanía y de su derecho legítimo a la defensa, además que apoyará la lucha contra el narcotráfico.
Morales, en el acto que se realizó en Palacio de Gobierno con la asistencia de oficiales de las Fuerzas Armadas y autoridades del Ejecutivo y Legislativo, destacó ese último aspecto y dijo que 'esta norma nos permite fundamentalmente enfrentar al narcotráfico'.
El ministro de Defensa, Rubén Saavedra, explicó que la ley establece y regula las acciones, procedimientos y controles para vigilar y defender el espacio aéreo; como también autoriza el derribo de aviones que incumplan la normativa entre las que se cuentan naves 'infractoras, ilícitas y hostiles'.
Morales, en el acto que se realizó en Palacio de Gobierno con la asistencia de oficiales de las Fuerzas Armadas y autoridades del Ejecutivo y Legislativo, destacó ese último aspecto y dijo que 'esta norma nos permite fundamentalmente enfrentar al narcotráfico'.
El ministro de Defensa, Rubén Saavedra, explicó que la ley establece y regula las acciones, procedimientos y controles para vigilar y defender el espacio aéreo; como también autoriza el derribo de aviones que incumplan la normativa entre las que se cuentan naves 'infractoras, ilícitas y hostiles'.
Presentarán proyecto de Ley de Transportes hasta fin de mes
Con la finalidad de regular y reglamentar el servicio de transporte en el todo el departamento de La Paz, se alista una normativa regional que estaría lista para ser presentada a la Asamblea Departamental de La Paz hasta el fin de mes, manifestó Julio Salas, director departamental de transportes y telecomunicaciones.
“Necesitamos normas, para sancionar, regular y fiscalizar todos los tipos de transporte dentro del departamento de La Paz, que nos ayude a solucionar los problemas que tenemos, tanto en usuarios como en transportistas, por eso es necesario que aparte de la Ley General de Transportes y la Constitución Política del Estado, tengamos una ley departamental que se adecue a nuestras necesidades y características”, manifestó Salas.
Esta iniciativa sería una respuesta al problema estructural que se tiene en el transporte, donde usuario y operadores no están bajo el contexto de las normas operativas, siendo que los mismos pasajeros, que pagan un monto por un pasaje para ser trasladados de un punto a otro, no saben o no diferencian, cuál es el servicio por el que están pagando, si es por un “servicio de transporte de calidad personalizado” o de “transporte de carga”.
“Lo que se debe establecer muy claramente son los márgenes y los cánones para que el transporte de cualquier modalidad ofrezca un servicio de calidad al usuario y que el mismo la pagar la tarifa, esté comprando un servicio óptimo”, señaló Salas.
Dentro de las falencias vistas en los feriados de Semana Santa se evidenció que tampoco se cuenta con una norma para regular y sancionar al transporte particular, que en épocas altas se dedican a trasladar pasajeros a distintas poblaciones, sin estar sindicalizados, ni tener tarjeta de operaciones, ni hoja de ruta, además de estar saliendo de calles aledañas a las diferentes terminales, paradas o trancas, lo que los hace ilegales e inseguros para la ciudadanía.
Este Proyecto de Ley Departamental seguirá los mismos lineamientos de la actual Ley General de Transportes, que establece la competencia que tiene el Gobierno Autónomo a través de la Dirección de Transportes y Telecomunicaciones, respecto a la regulación y a la fiscalización del sistema integral de transporte.
En este sentido, siendo que la norma integral de transportes no habla solo de regular transporte terrestre, se contemplará las diferentes modalidades de transportes, como el acuático, el aéreo, el ferroviario y ahora también el transporte por cable, como lo es el teleférico.
“Fundamentalmente esta ley está siendo trabajada en conformidad con los parámetros de la ley general, pero sí, nosotros tenemos que adecuar esa ley a nuestra realidad, a las 20 provincias y al comportamiento del sistema de transporte, particularmente en el terrestre”, puntualizó la autoridad.
De la misma forma, y como complemento también deben ser establecidos los reglamentos de sanciones e infracciones para los operadores que prestan servicios de transporte público automotor de pasajeros y o carga, de manera interprovincial e intermunicipal, que no existen hasta el momento, siendo que los que se utilizan en la actualidad son de la Ley General de Transportes que no contempla muchas de las falencias propias de La Paz.
Ante la necesidad imperiosa de contar con una ley departamental que tenga sus propios reglamentos, se pretende que hasta fin de mes este proyecto de ley pueda ser concluido, socializado y aprobado por la sociedad, para luego entregarlo a la Asamblea Departamental, donde pueda ser tratado y promulgado.
Según la autoridad, esta regulación y fiscalización tomará tiempo en ser socializado y hacer que el sector del transporte entre en estas normas ya que nunca se llevó a cabo este tipo de regulaciones, porque tanto la ley como la dirección, son de reciente creación.
“Necesitamos normas, para sancionar, regular y fiscalizar todos los tipos de transporte dentro del departamento de La Paz, que nos ayude a solucionar los problemas que tenemos, tanto en usuarios como en transportistas, por eso es necesario que aparte de la Ley General de Transportes y la Constitución Política del Estado, tengamos una ley departamental que se adecue a nuestras necesidades y características”, manifestó Salas.
Esta iniciativa sería una respuesta al problema estructural que se tiene en el transporte, donde usuario y operadores no están bajo el contexto de las normas operativas, siendo que los mismos pasajeros, que pagan un monto por un pasaje para ser trasladados de un punto a otro, no saben o no diferencian, cuál es el servicio por el que están pagando, si es por un “servicio de transporte de calidad personalizado” o de “transporte de carga”.
“Lo que se debe establecer muy claramente son los márgenes y los cánones para que el transporte de cualquier modalidad ofrezca un servicio de calidad al usuario y que el mismo la pagar la tarifa, esté comprando un servicio óptimo”, señaló Salas.
Dentro de las falencias vistas en los feriados de Semana Santa se evidenció que tampoco se cuenta con una norma para regular y sancionar al transporte particular, que en épocas altas se dedican a trasladar pasajeros a distintas poblaciones, sin estar sindicalizados, ni tener tarjeta de operaciones, ni hoja de ruta, además de estar saliendo de calles aledañas a las diferentes terminales, paradas o trancas, lo que los hace ilegales e inseguros para la ciudadanía.
Este Proyecto de Ley Departamental seguirá los mismos lineamientos de la actual Ley General de Transportes, que establece la competencia que tiene el Gobierno Autónomo a través de la Dirección de Transportes y Telecomunicaciones, respecto a la regulación y a la fiscalización del sistema integral de transporte.
En este sentido, siendo que la norma integral de transportes no habla solo de regular transporte terrestre, se contemplará las diferentes modalidades de transportes, como el acuático, el aéreo, el ferroviario y ahora también el transporte por cable, como lo es el teleférico.
“Fundamentalmente esta ley está siendo trabajada en conformidad con los parámetros de la ley general, pero sí, nosotros tenemos que adecuar esa ley a nuestra realidad, a las 20 provincias y al comportamiento del sistema de transporte, particularmente en el terrestre”, puntualizó la autoridad.
De la misma forma, y como complemento también deben ser establecidos los reglamentos de sanciones e infracciones para los operadores que prestan servicios de transporte público automotor de pasajeros y o carga, de manera interprovincial e intermunicipal, que no existen hasta el momento, siendo que los que se utilizan en la actualidad son de la Ley General de Transportes que no contempla muchas de las falencias propias de La Paz.
Ante la necesidad imperiosa de contar con una ley departamental que tenga sus propios reglamentos, se pretende que hasta fin de mes este proyecto de ley pueda ser concluido, socializado y aprobado por la sociedad, para luego entregarlo a la Asamblea Departamental, donde pueda ser tratado y promulgado.
Según la autoridad, esta regulación y fiscalización tomará tiempo en ser socializado y hacer que el sector del transporte entre en estas normas ya que nunca se llevó a cabo este tipo de regulaciones, porque tanto la ley como la dirección, son de reciente creación.
lunes, 21 de abril de 2014
La nueva Ley de Inversiones incluye incentivos
La nueva Ley de Promoción de Inversiones señala que habrá diferentes tipos de incentivos para proyectos que tengan como objetivo desarrollar los sectores estratégicos de Bolivia. Ése fue el tema en el programa Estamos a Tiempo.
“En esta ley va a haber incentivos tributarios, financieros, de distintas índoles para proyectos que se hagan en estas áreas”, expresó Viviana Caro, ministra de Planificación del Desarrollo.
Sin embargo, aclaró que los incentivos se definirán por proyecto. “Una cosa es un proyecto en minería; otra, un proyecto en infraestructura, y otra distinta, un proyecto en telecomunicaciones”, afirmó la autoridad.
Aseguró, además, que uno de los puntos de mayor desacuerdo para la promulgación de dicha ley fue precisamente el definir incentivos específicos y que figuraran de manera explícita en cuanto a porcentajes se refiere.
“La anterior ley no contaba con estos incentivos y por eso ha generado menos inversión de la que tenemos ahora y ha tenido muy poco impacto en elementos estructurales como la matriz productiva”, señaló.
Caro aseveró que la antigua ley no consolidó el cambio para pasar de ser exportadores de materias primas a transformadores. “Una de las grandes diferencias radica en que era para inversión extranjera directa”.
En cuanto al objetivo central de esta nueva ley, la ministra resaltó que es la promoción de inversiones para que éstas tengan un real impacto en desarrollo.Añadió que el año pasado, la inversión extranjera en el país alcanzó los $us 2.000 millones.
Estamos a Tiempo es una iniciativa de La Razón, Instituto Prisma y la red de televisión Cadena A. Se emite los sábados a las 16.30 y los domingos a las 18.00.
jueves, 17 de abril de 2014
NORMA AMPLÍA LA EXTENSIÓN DE LA FIGURA DE PATRIMONIO
La norma contempla un fondo de fomento.
La Ley de Patrimonio Cultural fue aprobada en grande en la cámara de Diputados la noche del pasado lunes, en la que se destaca, como uno de los principales aspectos, la ampliación de la figura de patrimonio futuro, además de la creación del Fondo de Fomento del Patrimonio Cultural Boliviano (FONPAC).
Inclusión. El director general de Patrimonio del Ministerio de Culturas de Bolivia, Marcos Michel, explicó a La Prensa que "el tratamiento del patrimonio se ha ampliado", ya que, inicialmente por una trayectoria histórica el patrimonio se hallaba concentrado en iglesias y obras de arte coloniales, además de arqueología de Tiwanaku.
Como parte de la nueva Constitución Política del Estado, el panorama de la normativa y el tratamiento del patrimonio se ampliará en gran medida, por tomarse en cuenta las 36 nacionalidades y cualquier manifestación que se reconozca como identidad cultural. "En ese sentido, las peticiones de qué va a ser patrimonio en el futuro son muy variadas, y reconocen tanto el patrimonio material como inmaterial de la sociedad boliviana en general", explicó Michel.
La normativa tiene por objetivo normar y definir políticas públicas que regulen la clasificación, registro, restitución, repatriación, difusión, defensa, propiedad, gestión y proceso de declaratorias del patrimonio cultural boliviano, detalla un comunicado. La ley establece el régimen de gestión cultural en el marco de las competencias de las entidades territoriales autónomas que deberán accionar bajo distintas formas de coordinación donde el Ministerio de Culturas y Turismo es el órgano rector de la política pública de ese patrimonio.
También define el régimen de protección del patrimonio cultural y las medidas para lograr la apropiación por parte de toda la población y los demás responsables de llevar adelante una buena gestión a fin de que se garantice su supervivencia en el tiempo y espacio.
Se creará el Fondo de Fomento del Patrimonio Cultural Boliviano (FONPAC) que estará bajo dependencia del Ministerio de Culturas y Turismo, con la finalidad de gestionar y asignar recursos económicos para la conservación, preservación, restauración, promoción e implementación de repositorios adecuados para el cuidado del patrimonio cultural boliviano.
El artículo 66 del proyecto de ley, establece modificaciones de los artículos 142, 223, 326 y 358 del Código Penal Boliviano, que impone agravantes en caso de afectación sobre bienes de patrimonio cultural.
5 meses pasaron desde que el Ministerio de Culturas envió el documento para su tratamiento.
66 artículos tiene el proyecto de ley, incluídos en seis títulos y 16 capítulos.
EL FONDO DE FOMENTO ASIGNARÁ RECURSOS PARA LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DE SITIOS Y BIENES PATRIMONIALES.
La Ley de Patrimonio Cultural fue aprobada en grande en la cámara de Diputados la noche del pasado lunes, en la que se destaca, como uno de los principales aspectos, la ampliación de la figura de patrimonio futuro, además de la creación del Fondo de Fomento del Patrimonio Cultural Boliviano (FONPAC).
Inclusión. El director general de Patrimonio del Ministerio de Culturas de Bolivia, Marcos Michel, explicó a La Prensa que "el tratamiento del patrimonio se ha ampliado", ya que, inicialmente por una trayectoria histórica el patrimonio se hallaba concentrado en iglesias y obras de arte coloniales, además de arqueología de Tiwanaku.
Como parte de la nueva Constitución Política del Estado, el panorama de la normativa y el tratamiento del patrimonio se ampliará en gran medida, por tomarse en cuenta las 36 nacionalidades y cualquier manifestación que se reconozca como identidad cultural. "En ese sentido, las peticiones de qué va a ser patrimonio en el futuro son muy variadas, y reconocen tanto el patrimonio material como inmaterial de la sociedad boliviana en general", explicó Michel.
La normativa tiene por objetivo normar y definir políticas públicas que regulen la clasificación, registro, restitución, repatriación, difusión, defensa, propiedad, gestión y proceso de declaratorias del patrimonio cultural boliviano, detalla un comunicado. La ley establece el régimen de gestión cultural en el marco de las competencias de las entidades territoriales autónomas que deberán accionar bajo distintas formas de coordinación donde el Ministerio de Culturas y Turismo es el órgano rector de la política pública de ese patrimonio.
También define el régimen de protección del patrimonio cultural y las medidas para lograr la apropiación por parte de toda la población y los demás responsables de llevar adelante una buena gestión a fin de que se garantice su supervivencia en el tiempo y espacio.
Se creará el Fondo de Fomento del Patrimonio Cultural Boliviano (FONPAC) que estará bajo dependencia del Ministerio de Culturas y Turismo, con la finalidad de gestionar y asignar recursos económicos para la conservación, preservación, restauración, promoción e implementación de repositorios adecuados para el cuidado del patrimonio cultural boliviano.
El artículo 66 del proyecto de ley, establece modificaciones de los artículos 142, 223, 326 y 358 del Código Penal Boliviano, que impone agravantes en caso de afectación sobre bienes de patrimonio cultural.
5 meses pasaron desde que el Ministerio de Culturas envió el documento para su tratamiento.
66 artículos tiene el proyecto de ley, incluídos en seis títulos y 16 capítulos.
EL FONDO DE FOMENTO ASIGNARÁ RECURSOS PARA LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DE SITIOS Y BIENES PATRIMONIALES.
Proyecto de ley plantea descolonizar alimentos
El Viceministerio de Descolonización presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley de Descolonización de la Alimentación para recuperar los productos naturales y nutritivos, y así dejar de lado la comida chatarra.
“Fácilmente consumimos comida chatarra y eso es dañino para la salud porque solo satisfacemos el hambre y no nos estamos nutriendo”, afirmó el viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas.
Explicó que la propuesta busca establecer una semana anual de ferias y promoción de alimentos propios de cada región. En el caso de La Paz, se revalorizarán comidas y bebidas a base de cereales y granos como la quinua, amaranto, cebada, entre otros.
“Los mercados, por ley, durante esa semana deberán preparar platillos propios con valores nutritivos. Los colegios harán ferias de investigación sobre los aportes que tienen nuestros productos y los medios de comunicación deberán también informar sobre las potencialidades y beneficios alimentarios para sensibilizar a la gente”, indicó Cárdenas.
La iniciativa, que partió del viceministerio, ya circula por los diferentes movimientos sociales que determinarán cuáles serán los alimentos que se impulsará. Se espera concluir ese trabajo en un mes. “La ley va en camino de la recuperación de nuestra soberanía alimentaria”, sostuvo el viceministro.
Diputados trabajan Ley de Patrimonios
La Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas trabaja en la redacción de la Ley de Patrimonios del Estado Plurinacional, con el objetivo de normar la protección y la declaratoria de patrimonios en el país; ley, hasta la fecha, inexistente en la legislatura nacional.
El presidente de esa comisión, Eleuterio Guzmán, dijo que “no había una norma al respecto en Bolivia. Los anteriores gobiernos declaraban un edificio o un monumento como patrimonio por decreto y luego se olvidaban de protegerlo”, situación que se pretende revertir a partir de la aprobación de esta ley y que, además, reglamentará la forma de declarar patrimonio, ya sea nacional, departamental, municipal o indígena.
Finalmente afirmó que la ley es necesaria para posibilitar el retorno de reliquias bolivianas que se encuentran en otros países; como por ejemplo la illa del ekeko que está en un museo de la ciudad de Berna, Suiza.
El presidente de esa comisión, Eleuterio Guzmán, dijo que “no había una norma al respecto en Bolivia. Los anteriores gobiernos declaraban un edificio o un monumento como patrimonio por decreto y luego se olvidaban de protegerlo”, situación que se pretende revertir a partir de la aprobación de esta ley y que, además, reglamentará la forma de declarar patrimonio, ya sea nacional, departamental, municipal o indígena.
Finalmente afirmó que la ley es necesaria para posibilitar el retorno de reliquias bolivianas que se encuentran en otros países; como por ejemplo la illa del ekeko que está en un museo de la ciudad de Berna, Suiza.
miércoles, 16 de abril de 2014
Aprueban ley del patrimonio cultural
La Cámara de Diputados aprobó ayer en su estación en grande, la Ley del Patrimonio Cultural Boliviano, que establece la protección, conservación, restauración, custodia y salvaguarda del patrimonio nacional.
Según un boletín institucional, esa norma tiene por objetivo normar y definir políticas públicas que regulen la clasificación, registro, restitución, repatriación, difusión, defensa, propiedad, gestión y proceso de declaratorias del patrimonio cultural boliviano.
A cargo. La ley establece el régimen de gestión cultural, en el marco de las competencias de las entidades territoriales autónomas que deberán accionar bajo distintas formas de coordinación, donde el Ministerio de Culturas y Turismo es el órgano rector de la política pública de ese patrimonio.
Según un boletín institucional, esa norma tiene por objetivo normar y definir políticas públicas que regulen la clasificación, registro, restitución, repatriación, difusión, defensa, propiedad, gestión y proceso de declaratorias del patrimonio cultural boliviano.
A cargo. La ley establece el régimen de gestión cultural, en el marco de las competencias de las entidades territoriales autónomas que deberán accionar bajo distintas formas de coordinación, donde el Ministerio de Culturas y Turismo es el órgano rector de la política pública de ese patrimonio.
Ley de regulación de fiestas juveniles sería aprobada en próxima sesión edil
La concejal Evelyn Fernández que forma parte de la comisión de Desarrollo Humano, señaló que se prevé que la próxima sesión que se realizará el martes se apruebe en grande y en detalle el proyecto de ley municipal que normará las fiestas juveniles.
Indicó que ayer en la sesión del Concejo Municipal se trató la norma y se aprobó el informe del proyecto de ley municipal, por ello se espera que la próxima sesión se sancione en grande y en detalle, y luego sea promulgado por el ente ejecutivo del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO) junto a la reglamentación.
Mencionó que el objetivo de contar con esta norma es precautelar la integridad física y psicológica de los jóvenes y adolescentes que asisten a estas fiestas, ya que actualmente las celebraciones juveniles terminan a horas inadecuadas y esto se convierte en un peligro para la misma juventud y en algunos casos los padres también corren riesgos al momento de ir a recoger a sus hijos.
Indicó que el proyecto de ley propone que las fiestas que se desarrollan en los establecimientos educativos terminen en un horario tope de las 20:00 horas y las fiestas de 15 años hasta las 22:00 horas, para evitar conflictos posteriores.
Manifestó que esta norma se respalda en lo que establece la Ley 259 de Control al Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas y el Código Niño, Niña Adolescente.
Aseveró que se trabajó de forma consensuada entre los sectores involucrados, padres de familia, maestros, estudiantes y la Defensoría del Pueblo, por tanto enfatizó que la norma no es copia de Municipio de La Paz como en algún momento manifestó algún concejal.
Otro componente de la ley es la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas en fiestas de colegios donde existen menores de edad, además se establece que las unidades educativas solo podrán hacer fiestas en tres ocasiones: en el aniversario del establecimiento, la promoción y el Día del Estudiante, no podrán existir más fiestas con pretexto de recaudar fondos.
Indicó que ayer en la sesión del Concejo Municipal se trató la norma y se aprobó el informe del proyecto de ley municipal, por ello se espera que la próxima sesión se sancione en grande y en detalle, y luego sea promulgado por el ente ejecutivo del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO) junto a la reglamentación.
Mencionó que el objetivo de contar con esta norma es precautelar la integridad física y psicológica de los jóvenes y adolescentes que asisten a estas fiestas, ya que actualmente las celebraciones juveniles terminan a horas inadecuadas y esto se convierte en un peligro para la misma juventud y en algunos casos los padres también corren riesgos al momento de ir a recoger a sus hijos.
Indicó que el proyecto de ley propone que las fiestas que se desarrollan en los establecimientos educativos terminen en un horario tope de las 20:00 horas y las fiestas de 15 años hasta las 22:00 horas, para evitar conflictos posteriores.
Manifestó que esta norma se respalda en lo que establece la Ley 259 de Control al Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas y el Código Niño, Niña Adolescente.
Aseveró que se trabajó de forma consensuada entre los sectores involucrados, padres de familia, maestros, estudiantes y la Defensoría del Pueblo, por tanto enfatizó que la norma no es copia de Municipio de La Paz como en algún momento manifestó algún concejal.
Otro componente de la ley es la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas en fiestas de colegios donde existen menores de edad, además se establece que las unidades educativas solo podrán hacer fiestas en tres ocasiones: en el aniversario del establecimiento, la promoción y el Día del Estudiante, no podrán existir más fiestas con pretexto de recaudar fondos.
martes, 15 de abril de 2014
La Ley de Promoción de Inversiones de Bolivia
Nos guste o no, la Constitución Política del Estado (CPE) en su artículo 311.II.1 determina que "el Estado ejercerá la dirección integral del desarrollo económico y sus procesos de planificación". Por tanto, la ley denominada de "Promoción de Inversiones" se inserta en esta fundamental determinación, razón por la que comienza indicando que Bolivia se declara como una economía planificada por el Estado. El Estado orienta la inversión. Esto nos debería recordar el fracasado modelo de planificación, tanto en la ex URSS como en Cuba.
Se decide que se promoverá la inversión en sectores "productivos" para cambiar el patrón primario exportador que caracteriza a Bolivia hacia la industrialización a gran escala, en consonancia con la CPE. La ley de inversiones determina la exclusividad del Estado en cuanto a inversión en sectores estratégicos. Se observa obsesión por industrializar recursos naturales.
Pero esto es una traba para la atracción de la inversión extranjera directa, lo que es lo mismo decir de empresas transnacionales, que buscan operar en los países donde vayan con amplios márgenes de libertad, porque ellos saben las ventajas comparativas y competitivas que tienen los países y sus decisiones se basan en estas razones económicas que les permiten asegurar beneficios, reduciendo riesgos. Adicionalmente, la inversión extranjera viene de la mano con la tecnología tan imprescindible para países como Bolivia. Finalmente, las transnacionales son las que abren mercados en países desarrollados para los productos que producen los países subdesarrollados.
Por un lado, la ley de inversiones determina la igualdad jurídica de las diferentes formas de organización económica que existen en el país, sin embargo prioriza la inversión nacional en relación a la extranjera, lo cual es "nacionalismo", algo que ya no ocurre en el mundo.
Se decide que se promoverá la inversión en sectores "productivos" para cambiar el patrón primario exportador que caracteriza a Bolivia hacia la industrialización a gran escala, en consonancia con la CPE. La ley de inversiones determina la exclusividad del Estado en cuanto a inversión en sectores estratégicos. Se observa obsesión por industrializar recursos naturales.
Pero esto es una traba para la atracción de la inversión extranjera directa, lo que es lo mismo decir de empresas transnacionales, que buscan operar en los países donde vayan con amplios márgenes de libertad, porque ellos saben las ventajas comparativas y competitivas que tienen los países y sus decisiones se basan en estas razones económicas que les permiten asegurar beneficios, reduciendo riesgos. Adicionalmente, la inversión extranjera viene de la mano con la tecnología tan imprescindible para países como Bolivia. Finalmente, las transnacionales son las que abren mercados en países desarrollados para los productos que producen los países subdesarrollados.
Por un lado, la ley de inversiones determina la igualdad jurídica de las diferentes formas de organización económica que existen en el país, sin embargo prioriza la inversión nacional en relación a la extranjera, lo cual es "nacionalismo", algo que ya no ocurre en el mundo.
Gobierno abrogó doble feriado para el 1 de Mayo
El Gobierno abrogó el Decreto Supremo 1210 del 27 de abril de 2012 que ampliaba el feriado del 1 de Mayo, Día del Trabajo, de uno a dos días, siempre y cuando la fecha caiga en jueves o martes.
“Ha sido abrogado el Decreto Supremo que de alguna manera reconocía dos días de feriado (por el Día del Trabajo)”, dijo el ministro de Trabajo, Daniel Santalla.
Reveló que la decisión fue asumida en 2013. “Desde septiembre del año pasado, de 2013, el feriado solamente es un día”, indicó.
El Decreto Supremo establecía que “a partir de la presente gestión se declara feriado con suspensión de actividades públicas y privadas en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia: El día lunes inmediato anterior al 1 de mayo, en caso de que esta fecha sea en día martes. El día viernes inmediato posterior al 1 de mayo, en caso de que esta fecha sea en día jueves”, esta disposición queda sin efecto.
Por otro lado, el Ministerio de Trabajo dispuso feriado nacional para el viernes 18 de este mes y horario continuo para el jueves 17.
“El día viernes 18 de abril es feriado nacional por Semana Santa y el jueves la jornada laboral será en horario continuo, de horas 08.00 a 16.00”, dijo.
“Ha sido abrogado el Decreto Supremo que de alguna manera reconocía dos días de feriado (por el Día del Trabajo)”, dijo el ministro de Trabajo, Daniel Santalla.
Reveló que la decisión fue asumida en 2013. “Desde septiembre del año pasado, de 2013, el feriado solamente es un día”, indicó.
El Decreto Supremo establecía que “a partir de la presente gestión se declara feriado con suspensión de actividades públicas y privadas en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia: El día lunes inmediato anterior al 1 de mayo, en caso de que esta fecha sea en día martes. El día viernes inmediato posterior al 1 de mayo, en caso de que esta fecha sea en día jueves”, esta disposición queda sin efecto.
Por otro lado, el Ministerio de Trabajo dispuso feriado nacional para el viernes 18 de este mes y horario continuo para el jueves 17.
“El día viernes 18 de abril es feriado nacional por Semana Santa y el jueves la jornada laboral será en horario continuo, de horas 08.00 a 16.00”, dijo.
Diálogo por ley minera se traba
La reunión de ayer entre mineros cooperativistas y representantes del Gobierno terminó sin consenso sobre el polémico artículo 151 del proyecto de nueva ley minera, observado porque autoriza la firma de contratos entre cooperativistas y empresarios.
Declararon un cuarto intermedio hasta esta tarde y de no haber avance los mineros esperarán la cita con el presidente Evo Morales.
Cerca de las 19:00 de anoche, se abrió un nuevo cuarto intermedio en las negociaciones y se acordó que se reanudarán a las 16:00 de hoy, en el Ministerio de Minería, informó a ANF el presidente de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco), Edmundo Polo. Además del artículo 151, el 62 que se refiere a la migración de contratos, también es motivo de disenso
“No hemos avanzado en nada en el artículo 151, casi en absolutamente nada porque las posiciones son diferentes y encontradas”, dijo Polo a ANF.
“Aquí hay una posición clara de ellos (el Gobierno) de poder desconocer derechos constituidos, porque aquí hay contratos que se han hecho antes de la Constitución Política del Estado (CPE) y eso que la propia Constitución le da el reconocimiento. Son posiciones encontradas y no hay puntos de convergencia”, sostuvo Polo.
Al salir del encuentro, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, explicó, que los cooperativistas mineros plantearon que “por excepción” se aprueben contratos de asociación con empresas privadas, pero con ratificación de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
“(Pero) el Gobierno Nacional ha ratificado su posición de que no se reconocen contratos con empresas privadas”, remarcó citado por ABI.
Según Romero, la única modalidad de asociación que podrá operar en el país es la suscrita entre operadores y la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol), “dando lugar a la constitución de empresas mixtas”.
Sin embargo, afirmó que se encontraron “puntos de acercamiento”, como el referido al artículo 132 del proyecto, donde se prevé que los nuevos contratos mineros serán aprobados en la ALP por “silencio legislativo”, cuando su tratamiento en el pleno exceda los 90 días.
Auditoría no inicia
Después de seis días del precintado a algunas oficinas de la Comibol, aún no se inició la auditoría para establecer el número de contratos que firmaron las cooperativas mineras con empresas privadas, reconoció ayer el presidente de esta institución, Marcelino Quispe.
“Todavía no se ha efectuado el inventario de los contratos que se tiene en la Comibol (y) en Sergeotecmin (Servicio Geológico Técnico Minero) y están en ese trabajo. Todavía no se ha iniciado”, dijo a ANF.
El ministro de Minería, Cesar Navarro, presidió la semana pasada el precintado de tres oficinas de la Comibol para que el Ministerio Público realice una auditoría interna que identifique el número de contratos firmados entre cooperativas y empresas y se verifique la legalidad y veracidad de los documentos.
Quispe evitó decir si los contratos suscritos entre las cooperativas mineras y las empresas son legales o ilegales hasta que concluyan las investigaciones. “Todos los contratos que no están respetando la Constitución Política del Estado (CPE) son contratos que están al margen de la ley”, dijo.
CITA CON REGANTES
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, y su equipo técnico llegaron ayer a esta ciudad para conocer las observaciones planteadas por los regantes a la proyectada ley minera, con el compromiso de que serán estudiadas y merecerán una respuesta puntual sobre su viabilidad el próximo jueves, cuando vuelvan a reunirse en la Gobernación.
Los regantes observan 15 artículos por ser inconstitucionales ya que se refieren al desvío del curso de las aguas y uso y dominio privado de las fuentes de agua, entre otros, dijo el dirigente Carlos Camacho.
Declararon un cuarto intermedio hasta esta tarde y de no haber avance los mineros esperarán la cita con el presidente Evo Morales.
Cerca de las 19:00 de anoche, se abrió un nuevo cuarto intermedio en las negociaciones y se acordó que se reanudarán a las 16:00 de hoy, en el Ministerio de Minería, informó a ANF el presidente de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco), Edmundo Polo. Además del artículo 151, el 62 que se refiere a la migración de contratos, también es motivo de disenso
“No hemos avanzado en nada en el artículo 151, casi en absolutamente nada porque las posiciones son diferentes y encontradas”, dijo Polo a ANF.
“Aquí hay una posición clara de ellos (el Gobierno) de poder desconocer derechos constituidos, porque aquí hay contratos que se han hecho antes de la Constitución Política del Estado (CPE) y eso que la propia Constitución le da el reconocimiento. Son posiciones encontradas y no hay puntos de convergencia”, sostuvo Polo.
Al salir del encuentro, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, explicó, que los cooperativistas mineros plantearon que “por excepción” se aprueben contratos de asociación con empresas privadas, pero con ratificación de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
“(Pero) el Gobierno Nacional ha ratificado su posición de que no se reconocen contratos con empresas privadas”, remarcó citado por ABI.
Según Romero, la única modalidad de asociación que podrá operar en el país es la suscrita entre operadores y la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol), “dando lugar a la constitución de empresas mixtas”.
Sin embargo, afirmó que se encontraron “puntos de acercamiento”, como el referido al artículo 132 del proyecto, donde se prevé que los nuevos contratos mineros serán aprobados en la ALP por “silencio legislativo”, cuando su tratamiento en el pleno exceda los 90 días.
Auditoría no inicia
Después de seis días del precintado a algunas oficinas de la Comibol, aún no se inició la auditoría para establecer el número de contratos que firmaron las cooperativas mineras con empresas privadas, reconoció ayer el presidente de esta institución, Marcelino Quispe.
“Todavía no se ha efectuado el inventario de los contratos que se tiene en la Comibol (y) en Sergeotecmin (Servicio Geológico Técnico Minero) y están en ese trabajo. Todavía no se ha iniciado”, dijo a ANF.
El ministro de Minería, Cesar Navarro, presidió la semana pasada el precintado de tres oficinas de la Comibol para que el Ministerio Público realice una auditoría interna que identifique el número de contratos firmados entre cooperativas y empresas y se verifique la legalidad y veracidad de los documentos.
Quispe evitó decir si los contratos suscritos entre las cooperativas mineras y las empresas son legales o ilegales hasta que concluyan las investigaciones. “Todos los contratos que no están respetando la Constitución Política del Estado (CPE) son contratos que están al margen de la ley”, dijo.
CITA CON REGANTES
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, y su equipo técnico llegaron ayer a esta ciudad para conocer las observaciones planteadas por los regantes a la proyectada ley minera, con el compromiso de que serán estudiadas y merecerán una respuesta puntual sobre su viabilidad el próximo jueves, cuando vuelvan a reunirse en la Gobernación.
Los regantes observan 15 artículos por ser inconstitucionales ya que se refieren al desvío del curso de las aguas y uso y dominio privado de las fuentes de agua, entre otros, dijo el dirigente Carlos Camacho.
domingo, 13 de abril de 2014
Ley contra acoso político se aplica solo en 6% de entidades estatales
Un informe de la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) desvela que solo el 6% de 417 entidades públicas del país adecuó sus normas internas a la Ley 243 contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres; el plazo feneció en agosto de 2012.
“Una gran parte aún no presentó sus adecuaciones. De las otras se desconoce porque no respondieron a la solicitud realizada por el Ministerio de Justicia. Hay mucho desconocimiento de la norma”, informó la directora de Acobol, Jessy López.
Apenas 21 de las 417 instituciones consultadas, la mayoría municipios, adecuaron sus estatutos internos. El estudio será presentado en junio, puesto que se recaban datos de organismos descentralizados que no fueron contemplados en el primer reporte de Acobol.
La ley obliga a las entidades dependientes del Estado a ajustar sus estatutos y reglamentos en un plazo máximo de 90 días después de su promulgación, que se produjo el 21 de mayo de 2012. El cuerpo legal es una herramienta para prevenir, atender y sancionar los actos de acoso y/o violencia política contra las mujeres. El Viceministerio de Igualdad de Oportunidades es el responsable de la fiscalización del proceso, empero este medio no se pudo contactar con la autoridad del área porque estaba de viaje.
“El ministerio del área (de Justicia) debe exigir para que se cumplan ésta y otras leyes como el tema del racismo”, indicó el presidente del Senado, Eugenio Rojas.López sostuvo que hay falta de compromiso en las instituciones y los actores políticos respecto a las políticas públicas vinculadas con la erradicación de la violencia y acoso contra la mujer, un problema social reflejado en varios casos.
Por ejemplo, la concejala del municipio de Ancoraimes (La Paz), Juana Quispe, no pudo terminar su mandato como edil. El 12 de marzo de 2012 fue hallada muerta. La “asesinaron cruelmente, no le permitieron ejercer sus derechos políticos”, relata un testimonio que se detalla en el informe de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa.
Quispe es “un caso emblemático”, resaltó López. Autoridades locales concuerdan con esta afirmación porque la concejala fue una de las promotoras de la Ley 243 y no pudo ver su promulgación.
De acuerdo con el asesor legal de Acobol, Enrique Velásquez, la mayoría de los municipios rurales aún no adecuó sus normas a la ley. Por esta razón, la mayor cantidad de denuncias de acoso y violencia política proviene de este sector. El experto indicó que hay pocas denuncias en las capitales de los departamentos del país. Con base en el informe de Acobol, de 225 denuncias de acoso y violencia política, hasta octubre de 2013, ninguna tuvo resolución. Del total, 184 no fueron encausadas mediante un proceso judicial, o ante el Órgano Electoral.
El documento también detalla que el 19% de los casos tiene relación con el ejercicio de “presión para que renuncie” la autoridad. El 9% de denuncias refiere que “no le proporcionan la información que solicita (la concejala) para cumplir con su mandato”. Este mismo acto fue denunciado a este medio por Julia Quispe, concejala del municipio de Palca.
“Exijo justicia”, éste fue el pedido de Quispe, quien afirmó que sufrió acoso político por parte de autoridades municipales de la localidad paceña, ubicada a 40 kilómetros al sur de La Paz. “No me convocan a las sesiones”, sostuvo la concejala, quien comentó que teme por su integridad física.
Las instancias judiciales aún no resolvieron este caso. Según datos de Acobol, ninguno de los procesos por violencia y acoso contra mujeres fueron concluidos.No existen juzgados especializados El asesor legal de la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol), Enrique Velásquez, señaló que la mayoría de las denuncias no se encaminan en un proceso porque no existen juzgados especiales para tratar casos de acoso y violencia política.
“Ninguno de los juzgados quiere hacerse cargo del tema político. De pronto detrás de cada una de estas acciones hay intereses, minimizan el delito, hay desconocimiento de la ley”, sostuvo el experto.
Además, Velásquez cuestionó el trabajo del Ministerio Público, en razón de que no existe, en esta institución, profesionales especializados para el tratamiento de estos temas.
En esta línea, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rodolfo Calle indicó que no hay infraestructura necesaria para edificar nuevos juzgados en el ámbito judicial.
Su colega opositora Rebeca Delgado indicó que “nadie cumple con la ley, nadie cumple con la Constitución. Las leyes no tienen presupuesto. Las mujeres somos utilizadas”.
Contra la violencia política
ÁmbitoProtege a las mujeres candidatas, electas, designadas o en el ejercicio de la función político pública.AcosoEs el acto de presión, persecución,hostigamiento o amenazas, cometidos por una persona o un grupo de personas.Tipos
Acciones, conductas y/o agresiones físicas, psicológicas y sexuales.
Partidos demoran presentación de estatutos adecuados a norma
El TSE informó que aún hay plazo para la presentación de las normas de los frentes
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aún no recibió, de las 12 tiendas políticas habilitadas para las elecciones generales de este año, los estatutos partidarios adecuados a la Ley 243 contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres.
“Hemos hecho conocer a todas las organizaciones políticas que tienen personería jurídica una nota en la que comunicamos que tienen la obligación de incorporar algunos aspectos de la ley en su normativa interna (...). Hasta el momento no tenemos respuesta alguna de ninguna de ellas”, informó el vocal Ramiro Paredes.
En este sentido, las principales fuerzas políticas dieron a conocer que sus normas internas ya fueron adecuadas a la normativa, empero están en el proceso de elaboración de los informes que serán presentados ante el TSE.
Plazos. Según Paredes, los actores políticos tienen, como plazo final, hasta los 90 días antes de la realización de los comicios nacionales. El presidente Evo Morales anunció en una anterior oportunidad que las elecciones se efectuarán el primer domingo de octubre; no obstante, aún no hay una fecha oficial.
El vocal indicó, además, que no solo se deben adecuar las normas a la Ley 243, sino también otras que serán revisadas por el Órgano Electoral, como la Ley de Juventudes “para garantizar la efectiva participación de los jóvenes en los procesos electorales”, remarcó.
En el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) todavía no se trabajó en el tema, aunque se discutirá la adecuación de sus estatutos en su próximo congreso nacional, informó Leonilda Zurita, ejecutiva del partido.
De acuerdo con el opositor Fabián Yaksic, el Movimiento Sin Miedo (MSM) ajustó sus estatutos a la ley en el último congreso llevado a cabo en noviembre del año pasado. “Estamos apegados a la ley, en el transcurso de esta semana haremos llegar al TSE nuestros estatutos”.
Por su parte, el Movimiento Demócrata Social (Demócratas) finalizó este trabajo la semana pasada. El vocero de esta tienda política, José María Leyes, sostuvo que las normas que rigen a su frente cumplen con lo establecido por la Ley de Régimen Electoral, puesto que es un partido de reciente creación.
Organizaciones sociales y de apoyo a mujeres e instituciones del país retaron a los partidos políticos a incluir en su agenda programática para las elecciones nacionales propuestas para romper los “esquemas machistas-patriarcales” en la sociedad, a través de una Agenda Política desde las Mujeres.
“La inclusión de las mujeres en la vida política nos plantea desafíos para el ejercicio efectivo de nuestros derechos, para profundizar la democracia y generar las condiciones que permitan que como mujeres ejerzamos el poder político en igualdad de condiciones con los hombres”, afirmó Mónica Novillo, secretaria de la Coordinadora de la Mujer.
Este colectivo, de acuerdo con la activista, interpela a los partidos políticos en época electoral, puesto que representa una oportunidad para lograr mayor “democratización de la democracia”, y para poner en vigencia la “agenda de las mujeres” en la agenda política.
sábado, 12 de abril de 2014
Habrá ley para legisladores internacionales
El vicepresidente Álvaro García Linera anunció que la próxima semana la Asamblea Legislativa debatirá un proyecto de ley para elegir representantes supranacionales en los parlamentos internacionales, conforme a lo que dispone la Constitución.
“Está entrando a debate un proyecto de ley para que en las elecciones generales que tienen que haber este año, junto con presidente, vicepresidente, senadores y diputados se elijan al menos a nueve diputados que tienen que ir a los parlamentos internacionales”, informó García Linera.
El artículo 266 de la Carta Magna señala que estos representantes se deben constituir como congresistas “emergentes de los procesos de integración”. Actualmente, quienes realizan esas funciones extraordinarias son los mismos parlamentarios que fueron electos en 2009 y reciben el mandato del Legislativo.
Asimismo, la Ley 026 de Régimen Electoral indica que los representantes ante organismos supranacionales serán electos por voto universal; empero, en su disposición transitoria sexta refiere que “a partir de los comicios generales de 2015” se elijan a estos representantes. Esta situación fue calificada de un “error” por el presidente del Senado, Eugenio Rojas, quien argumentó que “las elecciones generales se llevan en 2014 y no habría problema en eso”, porque los comicios se registraron en 2009, un año antes de lo previsto.
Para designar a estos legisladores (aparte de los 130 diputados y 36 senadores que hay actualmente en la Asamblea), se precisa una norma que debe ser considerada por el Órgano Electoral, a cuyos vocales se los convocará para debatir la designación de los nuevos representantes, que debe ser incluida en el calendario electoral. Los elegidos irán al Parlamento Andino y Sudamericano.
jueves, 10 de abril de 2014
Concejo paceño sanciona ley que controlará fiestas juveniles
Inicialmente la norma tenía alcance sólo a fiestas de 15 años, pero por recomendación del Ejecutivo edil se amplió a todas las fiestas de adolescentes.
Por unanimidad, el pleno del Concejo Municipal sancionó ayer la Ley de ‘Restricción horaria para la realización de fiestas de 15 años y otras para adolescentes en el municipio de La Paz’ tras haber cumplido con las modificaciones recomendadas por el Ejecutivo edil.
La información la dio a conocer el vicepresidente del Concejo, Guillermo Mendoza, quien dijo que se decidió trabajar en una norma “integradora que rescata vario aportes” al proyecto de ley original.
En ese sentido, informó que todas las fiestas para adolescentes deberán concluir antes de la medianoche a fin de que los menores no corran riesgos tras retirarse de los acontecimientos, según una nota de prensa edil.
“Nos alegra mucho constatar que actualmente las fiestas de 15 años están terminando incluso antes de la medianoche pese a que la ley no está vigente, es decir que sin necesidad de presión alguna nuestra sociedad está autorregulando sus costumbres”, destacó Mendoza.
Según la autoridad, con la norma no se pretende coartar la libertad de asociación y expresión de los y las adolescentes y de sus familias, sino que busca prevenir la inseguridad ciudadana que se acentúa desde la medianoche hasta la madrugada, tanto para ellos como para sus familias que asisten y las personas que trabajan en esta actividad.
Mendoza aseguró que la Constitución Política del Estado (CPE) establece el deber que tiene el Estado de garantizar el interés superior de la niña, niño y adolescente, particularmente en cuanto a su seguridad física y emocional”.
Por conducto regular, la norma sancionada en el Concejo será promulgada por el alcalde de La Paz, Luis Revilla, en los tiempos correspondientes, como lo señala la norma municipal.
La norma instruye la restricción a todos los salones de fiestas, locales, clubes privados y otros dedicados para realizar fiestas de 15 años.
El artículo 5 establece que los locales abrirán sus puertas desde las 09.00 hasta las 00.00.
El artículo 6 establece sanciones por incumplimiento con un mínimo de 2.000 UFV (Bs 3.760) de multa y la reincidencia será la clausura temporal.
3.760 bolivianos de multa pagará el propietario del local que no cumpla con la restricción de la actividad.
10 días estará cerrado el establecimiento que reincida con el incumplimiento de la restricción horaria en las fiestas juveniles.
Por unanimidad, el pleno del Concejo Municipal sancionó ayer la Ley de ‘Restricción horaria para la realización de fiestas de 15 años y otras para adolescentes en el municipio de La Paz’ tras haber cumplido con las modificaciones recomendadas por el Ejecutivo edil.
La información la dio a conocer el vicepresidente del Concejo, Guillermo Mendoza, quien dijo que se decidió trabajar en una norma “integradora que rescata vario aportes” al proyecto de ley original.
En ese sentido, informó que todas las fiestas para adolescentes deberán concluir antes de la medianoche a fin de que los menores no corran riesgos tras retirarse de los acontecimientos, según una nota de prensa edil.
“Nos alegra mucho constatar que actualmente las fiestas de 15 años están terminando incluso antes de la medianoche pese a que la ley no está vigente, es decir que sin necesidad de presión alguna nuestra sociedad está autorregulando sus costumbres”, destacó Mendoza.
Según la autoridad, con la norma no se pretende coartar la libertad de asociación y expresión de los y las adolescentes y de sus familias, sino que busca prevenir la inseguridad ciudadana que se acentúa desde la medianoche hasta la madrugada, tanto para ellos como para sus familias que asisten y las personas que trabajan en esta actividad.
Mendoza aseguró que la Constitución Política del Estado (CPE) establece el deber que tiene el Estado de garantizar el interés superior de la niña, niño y adolescente, particularmente en cuanto a su seguridad física y emocional”.
Por conducto regular, la norma sancionada en el Concejo será promulgada por el alcalde de La Paz, Luis Revilla, en los tiempos correspondientes, como lo señala la norma municipal.
La norma instruye la restricción a todos los salones de fiestas, locales, clubes privados y otros dedicados para realizar fiestas de 15 años.
El artículo 5 establece que los locales abrirán sus puertas desde las 09.00 hasta las 00.00.
El artículo 6 establece sanciones por incumplimiento con un mínimo de 2.000 UFV (Bs 3.760) de multa y la reincidencia será la clausura temporal.
3.760 bolivianos de multa pagará el propietario del local que no cumpla con la restricción de la actividad.
10 días estará cerrado el establecimiento que reincida con el incumplimiento de la restricción horaria en las fiestas juveniles.
El Tribunal devuelve la ley a la Asamblea Legislativa Porcentajes de aporte a seguro de vida son inconstitucionales
Los aportes del 1 por ciento y 0,25 por ciento al Seguro Privado de Vida e invalidez para las y los trabajadores de la prensa de Bolivia fueron declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional en un fallo conocido ayer, y dejan en suspenso la aplicación de la Ley 315 por tres meses hasta que la Asamblea Legislativa Plurinacional modifique los porcentajes e incorpore al Estado en el fondo de financiamiento.
"Estoy sorprendido por la lentitud del tratamiento, pero satisfecho por la independencia del Tribunal Constitucional", expresó el diputado de Convergencia Nacional y patrocinante de la demanda presentada el 8 de febrero de 2013, Carlos Subirana Gianella.
Un aporte de uno por ciento sobre los ingresos brutos amenazaba a la economía de las empresas periodísticas, generaba alto riesgo en el cumplimiento de obligaciones sociales como el pago de sueldos, expresó el congresista de oposición e impulsor de la acción abstracta de inconstitucionalidad contra la Ley 315 de diciembre de 2012.
Subirana interpretó la resolución del Tribunal Constitucional como un llamado de atención a los congresistas que "aprueban leyes sin verificar la constitucionalidad" de su contenido.
"El hecho de que se hubiera producido un fallo que reconoce la inconstitucionalidad de algunos artículos es un avance positivo y una muestra de que las observaciones de los medios de prensa eran correctas", expresó el director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) que agrupa a los principales periódicos y revistas de Bolivia, Juan León Cornejo.
"Habrá que hacer la evaluación definitiva del voluminoso legajo de documentos, aunque en principio parecen positivas las observaciones", declaró León.
MAGISTRADOS
Los magistrados Soraide Chanez, Ligia Velásquez y Gualberto Cusi, en conferencia de prensa, admitieron la complejidad de este fallo, que llevó a dos sorteos de magistrado relator y terminó con la disidencia de los magistrados Ruddy Flores, Neldy Andrade y Mirtha Camacho.
"Se exhorta a la ALP (a) que en el plazo de tres meses incorpore en la ley 315 la participación del Estado en el fondo de financiamiento creado por dicha ley y se establezcan los montos y porcentajes de aportes que deben ser proporcionales a los ingresos reales y efectivos de los medios de comunicación, así como de los productores autogestionarios…", señaló la magistrada Chanez.
Por su parte, la magistrada Ligia Velásquez destacó que la sentencia favorece sobre todo a los periodistas que no tienen relación de dependencia con sus empleadores, porque el Seguro cubrirá los riesgos de vida y de salud en un 100 por ciento, en cambio para los dependientes, solamente cubre los riesgos de vida en el ejercicio de sus funciones, porque sus beneficios de seguro de vida de salud están cubiertos por la ley 065.
El punto 1 del fallo reconoce la validez de la legislación orientada a otorgar un "Seguro Privado de Vida e Invalidez Permanente por Accidentes, Enfermedades en General u Otras Causas, para las Trabajadoras y los Trabajadores de la Prensa de Bolivia, a través de la creación de un Fondo de Financiamiento, estableciendo las fuentes de los recursos y su destino".
APORTES PROPORCIONALES
Del mismo modo, instruye que se incorpore "en la norma la participación del Estado en el Fondo de Financiamiento y se establezcan los montos o porcentajes de aportes, que deben ser proporcionales a los ingresos reales y efectivos de los medios de comunicación, así como de los productores independientes autogestionarios, los medios de comunicación de las naciones y los pueblos indígena originario campesinos y de las comunidades interculturales y afrobolivianas del sector comunitario".
El Tribunal Constitucional exhorta a los legisladores que redefina la naturaleza "privada" del seguro por la inclusión del Estado en el fondo de financiamiento que está administrado por un Consejo Directivo conformado por dos representantes del Ministerio de Comunicación, un representante del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, un representante de los propietarios de los medios de comunicación, un representante de la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, y dos representantes de las Federaciones Departamentales de la Prensa de Bolivia y de la organización de prensa y de comunicación de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos y de las Comunidades Interculturales y Afrobolivianos que actuarán como observadores.
"Estoy sorprendido por la lentitud del tratamiento, pero satisfecho por la independencia del Tribunal Constitucional", expresó el diputado de Convergencia Nacional y patrocinante de la demanda presentada el 8 de febrero de 2013, Carlos Subirana Gianella.
Un aporte de uno por ciento sobre los ingresos brutos amenazaba a la economía de las empresas periodísticas, generaba alto riesgo en el cumplimiento de obligaciones sociales como el pago de sueldos, expresó el congresista de oposición e impulsor de la acción abstracta de inconstitucionalidad contra la Ley 315 de diciembre de 2012.
Subirana interpretó la resolución del Tribunal Constitucional como un llamado de atención a los congresistas que "aprueban leyes sin verificar la constitucionalidad" de su contenido.
"El hecho de que se hubiera producido un fallo que reconoce la inconstitucionalidad de algunos artículos es un avance positivo y una muestra de que las observaciones de los medios de prensa eran correctas", expresó el director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) que agrupa a los principales periódicos y revistas de Bolivia, Juan León Cornejo.
"Habrá que hacer la evaluación definitiva del voluminoso legajo de documentos, aunque en principio parecen positivas las observaciones", declaró León.
MAGISTRADOS
Los magistrados Soraide Chanez, Ligia Velásquez y Gualberto Cusi, en conferencia de prensa, admitieron la complejidad de este fallo, que llevó a dos sorteos de magistrado relator y terminó con la disidencia de los magistrados Ruddy Flores, Neldy Andrade y Mirtha Camacho.
"Se exhorta a la ALP (a) que en el plazo de tres meses incorpore en la ley 315 la participación del Estado en el fondo de financiamiento creado por dicha ley y se establezcan los montos y porcentajes de aportes que deben ser proporcionales a los ingresos reales y efectivos de los medios de comunicación, así como de los productores autogestionarios…", señaló la magistrada Chanez.
Por su parte, la magistrada Ligia Velásquez destacó que la sentencia favorece sobre todo a los periodistas que no tienen relación de dependencia con sus empleadores, porque el Seguro cubrirá los riesgos de vida y de salud en un 100 por ciento, en cambio para los dependientes, solamente cubre los riesgos de vida en el ejercicio de sus funciones, porque sus beneficios de seguro de vida de salud están cubiertos por la ley 065.
El punto 1 del fallo reconoce la validez de la legislación orientada a otorgar un "Seguro Privado de Vida e Invalidez Permanente por Accidentes, Enfermedades en General u Otras Causas, para las Trabajadoras y los Trabajadores de la Prensa de Bolivia, a través de la creación de un Fondo de Financiamiento, estableciendo las fuentes de los recursos y su destino".
APORTES PROPORCIONALES
Del mismo modo, instruye que se incorpore "en la norma la participación del Estado en el Fondo de Financiamiento y se establezcan los montos o porcentajes de aportes, que deben ser proporcionales a los ingresos reales y efectivos de los medios de comunicación, así como de los productores independientes autogestionarios, los medios de comunicación de las naciones y los pueblos indígena originario campesinos y de las comunidades interculturales y afrobolivianas del sector comunitario".
El Tribunal Constitucional exhorta a los legisladores que redefina la naturaleza "privada" del seguro por la inclusión del Estado en el fondo de financiamiento que está administrado por un Consejo Directivo conformado por dos representantes del Ministerio de Comunicación, un representante del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, un representante de los propietarios de los medios de comunicación, un representante de la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, y dos representantes de las Federaciones Departamentales de la Prensa de Bolivia y de la organización de prensa y de comunicación de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos y de las Comunidades Interculturales y Afrobolivianos que actuarán como observadores.
Organizaciones defensoras de animales se movilizan por aprobación de ley
Gran Marcha de organizaciones defensoras de animales se realizará el próximo 21 de abril desde la población de Caracollo, con la finalidad de exigir al Gobierno Nacional la aprobación de normativa en favor del bienestar de los animales.
En tanto, la Comisión especial analiza el proyecto de ley de tenencia de razas fuertes, donde no existe ningún avance.
En entrevista con EL DIARIO, Justina Poma, representante de la organización Kanasa Animales, informó a este medio que debido a la falta de interés y retardación a la aprobación de la Ley General en Defensa a los Animales, para este próximo 21 de abril se realizará una gran movilización que se concentrará en Caracollo.
Esta actividad se realizará a nivel nacional bajo el denominativo: “Marcha nacional por la aprobación de la Ley en Defensa de los Animales”, el objetivo de la movilización es por la retardación de la aprobación en detalle de dicha normativa.
El proyecto de Ley en Defensa de los Animales fue aprobado en su estación en grande el pasado 15 de enero por unanimidad, desde entonces y hasta el momento no existió ningún avance en la norma.
“Estamos en la espera de que se agenda el tratamiento de esta normativa lo antes posible porque en miras ya se tiene prevista la marcha nacional en beneficio de los animales”, dijo.
De esta actividad participarán las diferentes organizaciones por la vida de los animales, “los nueve departamentos se van a unir este próximo 21 de abril con la finalidad de que el Gobierno Central pueda atender la demanda de los animales, ya que ello no pueden hacer valer sus derechos por si solos por no tener ni voz ni voto”, señaló.
Esta ley pretende sancionar el maltrato, la tortura, las violaciones, el tráfico de animales, la apropiación indebida de animales, entre otras.
Además de sancionar a “las personas que tienen animales que han protagonizado daños al ser humano por un maltrato con lesiones graves y gravísimas”, apuntó.
Se enfatiza también los derechos de los animales que son reconocidos como vienes jurídicos y deben ser protegidos por el Estado, “la norma fue trabajada por instituciones que trabajaron desde hace cuatro años”, dijo.
Esta normativa sería la primera y única en el país, sin embargo, por un hecho de politización, se estaría dejando de lado en su tratamiento. “Existe mucho protagonismo político todos quieren tener un pedazo de la norma pero no se ponen a pensar de las necesidades latentes que de forma diaria y constante van creciendo”, concluyó.
RAZAS FUERTES
Pr su parte, el diputado Javier Zabaleta informó que el cambio de autoridades ha demorado el tratamiento de otro proyecto que se encargaría de normar la tenencia de razas fuertes que se realizó luego de que se suscitara el caso de la niña Rosalía.
“El año pasado hubo un informe positivo de la Ley de regulación de la tenencia de animales peligrosos, será tratada los siguientes días”, sostuvo, en Católica Televisión.
En tanto, la Comisión especial analiza el proyecto de ley de tenencia de razas fuertes, donde no existe ningún avance.
En entrevista con EL DIARIO, Justina Poma, representante de la organización Kanasa Animales, informó a este medio que debido a la falta de interés y retardación a la aprobación de la Ley General en Defensa a los Animales, para este próximo 21 de abril se realizará una gran movilización que se concentrará en Caracollo.
Esta actividad se realizará a nivel nacional bajo el denominativo: “Marcha nacional por la aprobación de la Ley en Defensa de los Animales”, el objetivo de la movilización es por la retardación de la aprobación en detalle de dicha normativa.
El proyecto de Ley en Defensa de los Animales fue aprobado en su estación en grande el pasado 15 de enero por unanimidad, desde entonces y hasta el momento no existió ningún avance en la norma.
“Estamos en la espera de que se agenda el tratamiento de esta normativa lo antes posible porque en miras ya se tiene prevista la marcha nacional en beneficio de los animales”, dijo.
De esta actividad participarán las diferentes organizaciones por la vida de los animales, “los nueve departamentos se van a unir este próximo 21 de abril con la finalidad de que el Gobierno Central pueda atender la demanda de los animales, ya que ello no pueden hacer valer sus derechos por si solos por no tener ni voz ni voto”, señaló.
Esta ley pretende sancionar el maltrato, la tortura, las violaciones, el tráfico de animales, la apropiación indebida de animales, entre otras.
Además de sancionar a “las personas que tienen animales que han protagonizado daños al ser humano por un maltrato con lesiones graves y gravísimas”, apuntó.
Se enfatiza también los derechos de los animales que son reconocidos como vienes jurídicos y deben ser protegidos por el Estado, “la norma fue trabajada por instituciones que trabajaron desde hace cuatro años”, dijo.
Esta normativa sería la primera y única en el país, sin embargo, por un hecho de politización, se estaría dejando de lado en su tratamiento. “Existe mucho protagonismo político todos quieren tener un pedazo de la norma pero no se ponen a pensar de las necesidades latentes que de forma diaria y constante van creciendo”, concluyó.
RAZAS FUERTES
Pr su parte, el diputado Javier Zabaleta informó que el cambio de autoridades ha demorado el tratamiento de otro proyecto que se encargaría de normar la tenencia de razas fuertes que se realizó luego de que se suscitara el caso de la niña Rosalía.
“El año pasado hubo un informe positivo de la Ley de regulación de la tenencia de animales peligrosos, será tratada los siguientes días”, sostuvo, en Católica Televisión.
Preceptos de Ley de Seguro para Periodistas son inconstitucionales
El Tribunal Constitucional Plurinacional declaró inconstitucionales preceptos sobre la Ley de Seguro para Periodistas que implica revisar los aportes establecidos a los medios de comunicación y adecuarlos a los ingresos “reales y demostrables” de las empresas. La Asamblea Legislativa tiene 90 días para realizar las modificaciones que fueron planteadas en su momento por las organizaciones de la prensa y que derivaron en un recurso de inconstitucionalidad presentado por el diputado opositor Carlos Subirana.
La resolución 614/2014 estableció la inconstitucionalidad de los artículos 6, 10 y parte del 12 de la Ley de Seguro Privado de Vida e Invalidez Permanente por Accidentes, Enfermedades en General y otras causas para los Trabajadores y Trabajadoras de la Prensa.
“Se declara la inconstitucionalidad de las frases ‘del 1% de los ingresos brutos mensuales’, así como ‘del 0,25%’ y el término ‘bruto’ del parágrafo I del art. 6 de la Ley 315”, dio lectura la magistrada Soraida Chánez.
El referido artículo cita: “El fondo se constituirá con aportes del 1% de los ingresos brutos mensuales generados por los medios de comunicación escritos, radiales, televisivos y digitales, privados y públicos. Los productores independientes autogestionarios, así como los medios de comunicación de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos y de las Comunidades Interculturales y Afrobolivianas, y el sector social comunitario, aportarán el cero veinticinco por ciento (0,25%) de sus ingresos brutos mensuales”.
En tal sentido, la resolución establece que el Fondo de Financiamiento debe ser establecido con aportes proporcionales a los ingresos reales y efectivos de los medios de comunicación, tanto privados como independientes y comunitarios.
Asimismo, queda anulada la disposición que daba atribuciones al Servicio Nacional de Impuestos para proporcionar información sobre los ingresos de los medios y queda sin efecto la conformación del Consejo Directivo del Fondo de Financiamiento que debía tener 2 miembros del Ministerio de Comunicación, 1 del Ministerio de Trabajo, 1 de los medios informativos, 1 de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (Cstpb), 1 las federaciones departamentales y 1 de los medios originarios.
“Es evidente que la composición actual del Consejo Directivo del Fondo de Financiamiento no condice con el origen de los aportes, lo que evidentemente lesiona el principio-valor-derecho a la igualdad, en la medida en que no se encuentra justificada la conformación desproporcionada del fondo mencionado, por lo que corresponde su expulsión del ordenamiento jurídico”, agrega el fallo haciendo notar que se debe incluir a los medios estatales en la norma.
CORRECCIÓN DE ERRORES
El director Ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Juan León Cornejo, recordó que los medios informativos realizaron las observaciones correspondientes a su tiempo, advirtiendo que se estaba aplicando un segundo impuesto y dejando el control de los recursos a una directiva con mínima representación de los periodistas.
“Si se ha eliminado el criterio de ingreso bruto es positivo porque este ingreso era alto y significaba un doble impuesto, situación que es totalmente inconstitucional. Esperemos que en el tiempo que tiene la Asamblea Legislativa se pueda retomar un encuentro y convoque a los representantes de los medios de comunicación”, manifestó.
El 11 de diciembre de 2012, el mandatario Evo Morales promulgó la Ley 315 tras su sanción en la Asamblea Legislativa.
El aporte exigido por la norma y que sería administrado por un ente con mayoría en el directorio de funcionarios gubernamentales, establecía que los medios de comunicación privados debían “aportar” el 1 por ciento de sus ingresos brutos mensuales, mientras otros como los llamados “independientes” y los medios comunitarios solo con 0,25% de sus recursos, pese a que algunos tienen financiamiento estatal.
Luego, el diputado Carlos Subirana presentó un recurso abstracto de inconstitucionalidad a la Ley 315 basado en el artículo 76 del Código de Procedimiento Constitucional, el 8 de febrero del pasado año, asegurando que la norma discriminaba porque dejaba fuera a trabajadores de otros rubros y había faltas al confiscar recursos de las empresas informativas.
En abril de 2013 el Tribunal Constitucional Plurinacional admitió el recurso y solicitó un informe al vicepresidente del Estado, Alvaro García, quien respondió el día 13, según aseguró en conferencia de prensa agregando que estaba haciendo una “defensa férrea a la ley”.
A partir de ese anuncio y en caso de haber remitido un documento formal al TCP, los magistrados tenían 90 días para pronunciarse.
Tanto García como sectores afiliados al régimen del Movimiento Al Socialismo (MAS) como la federación de trabajadores paceños criticaron a Subirana por interponer el recurso ante el TCP e incluso el vicepresidente lo reprochó por su acción legal: “Tengo que lamentar que un diputado de una fuerza política de derecha conservadora haya cometido semejante maldad en contra de todos los trabajadores de la prensa y en contra de sus familias”.
Tras conocer la resolución, el diputado de Convergencia Nacional (CN), Carlos Subirana, se manifestó conforme aunque todavía espera tener el documento en su integridad para hacer una evaluación de sus alcances.
“Es un fallo que se retrasó bastante, pero debía presentarse este recurso abstracto porque de lo contrario cualquier empresa o medio iba a hacerlo más adelante con un recurso concreto. Lo que querían era aplicar un aporte confiscando un porcentaje del ingreso bruto, lo cual podía generar pérdidas y daños, especialmente a medio pequeños que tiene poca ganancia, corrigieron su error y ahora la Asamblea Legislativa y el MAS con sus dos tercios tienen tres meses para hacer las correcciones”, dijo el legislador deplorando las críticas hacia su persona de aquellos sectores corporativos.
Sobre la discriminación del seguro, aplicado sólo a trabajadores de medios de comunicación, el diputado cruceño aclaró que él presentó un proyecto de Ley de Seguro Universal en la Cámara de Diputados, para que otros trabajadores, tanto públicos como privados cuenten con un respaldo pues existen otras labores que implican mayores riesgos de vida y que no tienen protección del Estado o de alguna entidad aseguradora.
La resolución 614/2014 estableció la inconstitucionalidad de los artículos 6, 10 y parte del 12 de la Ley de Seguro Privado de Vida e Invalidez Permanente por Accidentes, Enfermedades en General y otras causas para los Trabajadores y Trabajadoras de la Prensa.
“Se declara la inconstitucionalidad de las frases ‘del 1% de los ingresos brutos mensuales’, así como ‘del 0,25%’ y el término ‘bruto’ del parágrafo I del art. 6 de la Ley 315”, dio lectura la magistrada Soraida Chánez.
El referido artículo cita: “El fondo se constituirá con aportes del 1% de los ingresos brutos mensuales generados por los medios de comunicación escritos, radiales, televisivos y digitales, privados y públicos. Los productores independientes autogestionarios, así como los medios de comunicación de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos y de las Comunidades Interculturales y Afrobolivianas, y el sector social comunitario, aportarán el cero veinticinco por ciento (0,25%) de sus ingresos brutos mensuales”.
En tal sentido, la resolución establece que el Fondo de Financiamiento debe ser establecido con aportes proporcionales a los ingresos reales y efectivos de los medios de comunicación, tanto privados como independientes y comunitarios.
Asimismo, queda anulada la disposición que daba atribuciones al Servicio Nacional de Impuestos para proporcionar información sobre los ingresos de los medios y queda sin efecto la conformación del Consejo Directivo del Fondo de Financiamiento que debía tener 2 miembros del Ministerio de Comunicación, 1 del Ministerio de Trabajo, 1 de los medios informativos, 1 de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (Cstpb), 1 las federaciones departamentales y 1 de los medios originarios.
“Es evidente que la composición actual del Consejo Directivo del Fondo de Financiamiento no condice con el origen de los aportes, lo que evidentemente lesiona el principio-valor-derecho a la igualdad, en la medida en que no se encuentra justificada la conformación desproporcionada del fondo mencionado, por lo que corresponde su expulsión del ordenamiento jurídico”, agrega el fallo haciendo notar que se debe incluir a los medios estatales en la norma.
CORRECCIÓN DE ERRORES
El director Ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Juan León Cornejo, recordó que los medios informativos realizaron las observaciones correspondientes a su tiempo, advirtiendo que se estaba aplicando un segundo impuesto y dejando el control de los recursos a una directiva con mínima representación de los periodistas.
“Si se ha eliminado el criterio de ingreso bruto es positivo porque este ingreso era alto y significaba un doble impuesto, situación que es totalmente inconstitucional. Esperemos que en el tiempo que tiene la Asamblea Legislativa se pueda retomar un encuentro y convoque a los representantes de los medios de comunicación”, manifestó.
El 11 de diciembre de 2012, el mandatario Evo Morales promulgó la Ley 315 tras su sanción en la Asamblea Legislativa.
El aporte exigido por la norma y que sería administrado por un ente con mayoría en el directorio de funcionarios gubernamentales, establecía que los medios de comunicación privados debían “aportar” el 1 por ciento de sus ingresos brutos mensuales, mientras otros como los llamados “independientes” y los medios comunitarios solo con 0,25% de sus recursos, pese a que algunos tienen financiamiento estatal.
Luego, el diputado Carlos Subirana presentó un recurso abstracto de inconstitucionalidad a la Ley 315 basado en el artículo 76 del Código de Procedimiento Constitucional, el 8 de febrero del pasado año, asegurando que la norma discriminaba porque dejaba fuera a trabajadores de otros rubros y había faltas al confiscar recursos de las empresas informativas.
En abril de 2013 el Tribunal Constitucional Plurinacional admitió el recurso y solicitó un informe al vicepresidente del Estado, Alvaro García, quien respondió el día 13, según aseguró en conferencia de prensa agregando que estaba haciendo una “defensa férrea a la ley”.
A partir de ese anuncio y en caso de haber remitido un documento formal al TCP, los magistrados tenían 90 días para pronunciarse.
Tanto García como sectores afiliados al régimen del Movimiento Al Socialismo (MAS) como la federación de trabajadores paceños criticaron a Subirana por interponer el recurso ante el TCP e incluso el vicepresidente lo reprochó por su acción legal: “Tengo que lamentar que un diputado de una fuerza política de derecha conservadora haya cometido semejante maldad en contra de todos los trabajadores de la prensa y en contra de sus familias”.
Tras conocer la resolución, el diputado de Convergencia Nacional (CN), Carlos Subirana, se manifestó conforme aunque todavía espera tener el documento en su integridad para hacer una evaluación de sus alcances.
“Es un fallo que se retrasó bastante, pero debía presentarse este recurso abstracto porque de lo contrario cualquier empresa o medio iba a hacerlo más adelante con un recurso concreto. Lo que querían era aplicar un aporte confiscando un porcentaje del ingreso bruto, lo cual podía generar pérdidas y daños, especialmente a medio pequeños que tiene poca ganancia, corrigieron su error y ahora la Asamblea Legislativa y el MAS con sus dos tercios tienen tres meses para hacer las correcciones”, dijo el legislador deplorando las críticas hacia su persona de aquellos sectores corporativos.
Sobre la discriminación del seguro, aplicado sólo a trabajadores de medios de comunicación, el diputado cruceño aclaró que él presentó un proyecto de Ley de Seguro Universal en la Cámara de Diputados, para que otros trabajadores, tanto públicos como privados cuenten con un respaldo pues existen otras labores que implican mayores riesgos de vida y que no tienen protección del Estado o de alguna entidad aseguradora.
miércoles, 9 de abril de 2014
Diputados sanciona ley de defensa del espacio aéreo
La Cámara de Diputados, sancionó por mayoría de votos el proyecto de la ley de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo, que establece y regula medidas, acciones y procedimientos para el control, vigilancia y defensa del espacio aéreo del Estado Plurinacional de Bolivia en ejercicio de su soberanía.
Según un boletín institucional, la nueva norma se aplicará a todos los objetos, aparatos y aeronaves civiles, nacionales o extranjeras que se encuentren operando en territorio y espacio aéreo nacional sin autorización.
El proyecto inicial que contenía 16 artículos, tres disposiciones transitorias y dos disposiciones finales, con las modificaciones realizadas por el Senado se redujo a 12 artículos, dos disposiciones transitorias y una disposición final. Fueron eliminados algunos artículos y fusionados otros.
En la norma se establecen los procedimientos de detección, identificación, interceptación y neutralización de aeronaves o vectores sospechosos u hostiles que se encuentren en el espacio aéreo del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia en ejercicio de su soberanía para la defensa y seguridad nacional.
Según un boletín institucional, la nueva norma se aplicará a todos los objetos, aparatos y aeronaves civiles, nacionales o extranjeras que se encuentren operando en territorio y espacio aéreo nacional sin autorización.
El proyecto inicial que contenía 16 artículos, tres disposiciones transitorias y dos disposiciones finales, con las modificaciones realizadas por el Senado se redujo a 12 artículos, dos disposiciones transitorias y una disposición final. Fueron eliminados algunos artículos y fusionados otros.
En la norma se establecen los procedimientos de detección, identificación, interceptación y neutralización de aeronaves o vectores sospechosos u hostiles que se encuentren en el espacio aéreo del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia en ejercicio de su soberanía para la defensa y seguridad nacional.
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