Con la Ley 339 de Delimitación de Unidades Territoriales -vigente desde enero de 2013- "todavía no se ha iniciado ningún trámite administrativo” para fijar límites, informó ayer el viceministro de Autonomías Indígenas Originario-Campesinas, Gonzalo Vargas.
"Estamos a la espera de solicitudes con respecto a los municipios”, afirmó la autoridad.
Comentó que hay comunidades que han decidido adscribirse a la Ley 339, que establece los mecanismos y procedimientos para la resolución pacífica de conflictos limítrofes.
Las autoridades facultadas para iniciar el trámite de delimitación son, en el caso de los municipios, los alcaldes, y en el caso de los departamentos, los gobernadores.
Con la anterior norma -la Ley de Unidades Político Administrativas- aproximadamente fueron presentadas 43 solicitudes, que están en proceso de revisión.
Vargas atribuye a dos razones por las que la sociedad civil, las comunidades, los municipios o departamentos aún no se hayan acogido a la norma para iniciar sus procesos de delimitación: por una parte, aún están en una fase de "comprensión” de la norma, para lo que el Ministerio de Autonomías inició su socialización.
Por otra parte, al tratarse de temas complejos referidos a territorios, la ciudadanía y sus autoridades utilizan bastante tiempo en reuniones para conversar y avanzar en la resolución de los diferendos.
Norma anterior
Con la anterior norma, menos del 30% de los municipios del país inició el establecimiento de sus límites.
En cambio, 245 de los 338 municipios del país no han avanzado nada en este asunto.
"De los 338 municipios que existen en el país, 245 no iniciaron su proceso de delimitación”, confirmó Gonzalo Vargas.
Según los datos proporcionados, 29 municipios tienen leyes de delimitación y de creación de límites precisos, la mayor parte en La Paz y Santa Cruz, "lo cual los coloca siempre en la susceptibilidad de conflictos de límites”, explicó Vargas.
Uno de esos casos particularmente recurrentes es el conflicto entre las comunidades de Quillacas y Coroma, en Oruro y Potosí, respectivamente. El más reciente conflicto se reactivó por la cosecha de quinua.
En 2012, antes del Censo Nacional de Población y Vivienda, explotaron varios conflictos en el territorio boliviano.
Más información
Norma La Ley 339 de Delimitación de Unidades Territoriales está vigente desde enero de 2013. Se aprobó luego de que en 2012 explotaran varios conflictos de límites, poco antes de la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda.
Difusión El Ministerio de Autonomías sostiene que es necesario su difusión para que la sociedad civil se acoja a esa norma e inicie sus trámites.
Persisten los conflictos de límites en al menos100 municipios
En al menos 100 de los 338 municipios del país persisten los conflictos de límites territoriales por pugnas relacionadas con intereses políticos, cultivos, riqueza natural e incluso distribución de recursos económicos por población, informó ayer el director general de Límites, Organización Territorial y Autonomías Regionales, Camilo Carvajal.
"Sabemos que son 100 conflictos que se han suscitado a nivel nacional”, informó. Explicó que la mayoría de los problemas de magnitud se encuentra en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y recientemente en Santa Cruz.
De acuerdo con Carvajal, entre las causas principales de los líos limítrofes está la pugna por los recursos económicos de coparticipación que se designan por habitante en cada región.
"En algunos municipios se han ido generando estos conflictos porque a más habitantes, mayores recursos; entonces, han ido coqueteando a las comunidades que quieren que pertenezcan a otro municipio”, explicó.
Asimismo, mencionó que un factor colateral está centrado en las peleas por el control de recursos naturales que existen entre dos regiones, aunque recordó que ese asunto debe ser debatido bajo competencia del nivel central del Estado.
Las pugnas por el control de cultivos en la producción de alimentos se presentó, por ejemplo, recientemente en el departamento de Santa Cruz.
El director de Límites dijo, además, que entre las causales se encontraron también intereses políticos y el accionar de loteadores que provocan peleas para adueñarse de tierras que están en medio de municipios.
Aseguró que para superar estos conflictos se promueve la ejecución de la Ley 339.
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