Ley contra acoso político se aplica solo en 6% de entidades estatales

Un informe de la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) desvela que solo el 6% de 417 entidades públicas del país adecuó sus normas internas a la Ley 243 contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres; el plazo feneció en agosto de 2012.

“Una gran parte aún no presentó sus adecuaciones. De las otras se desconoce porque no respondieron a la solicitud realizada por el Ministerio de Justicia. Hay mucho desconocimiento de la norma”, informó la directora de Acobol, Jessy López.

Apenas 21 de las 417 instituciones consultadas, la mayoría municipios, adecuaron sus estatutos internos. El estudio será presentado en junio, puesto que se recaban datos de organismos descentralizados que no fueron contemplados en el primer reporte de Acobol.

La ley obliga a las entidades dependientes del Estado a ajustar sus estatutos y reglamentos en un plazo máximo de 90 días después de su promulgación, que se produjo el 21 de mayo de 2012. El cuerpo legal es una herramienta para prevenir, atender y sancionar los actos de acoso y/o violencia política contra las mujeres. El Viceministerio de Igualdad de Oportunidades es el responsable de la fiscalización del proceso, empero este medio no se pudo contactar con la autoridad del área porque estaba de viaje.

“El ministerio del área (de Justicia) debe exigir para que se cumplan ésta y otras leyes como el tema del racismo”, indicó el presidente del Senado, Eugenio Rojas.López sostuvo que hay falta de compromiso en las instituciones y los actores políticos respecto a las políticas públicas vinculadas con la erradicación de la violencia y acoso contra la mujer, un problema social reflejado en varios casos.

Por ejemplo, la concejala del municipio de Ancoraimes (La Paz), Juana Quispe, no pudo terminar su mandato como edil. El 12 de marzo de 2012 fue hallada muerta. La “asesinaron cruelmente, no le permitieron ejercer sus derechos políticos”, relata un testimonio que se detalla en el informe de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa.

Quispe es “un caso emblemático”, resaltó López. Autoridades locales concuerdan con esta afirmación porque la concejala fue una de las promotoras de la Ley 243 y no pudo ver su promulgación.

De acuerdo con el asesor legal de Acobol, Enrique Velásquez, la mayoría de los municipios rurales aún no adecuó sus normas a la ley. Por esta razón, la mayor cantidad de denuncias de acoso y violencia política proviene de este sector. El experto indicó que hay pocas denuncias en las capitales de los departamentos del país. Con base en el informe de Acobol, de 225 denuncias de acoso y violencia política, hasta octubre de 2013, ninguna tuvo resolución. Del total, 184 no fueron encausadas mediante un proceso judicial, o ante el Órgano Electoral.

El documento también detalla que el 19% de los casos tiene relación con el ejercicio de “presión para que renuncie” la autoridad. El 9% de denuncias refiere que “no le proporcionan la información que solicita (la concejala) para cumplir con su mandato”. Este mismo acto fue denunciado a este medio por Julia Quispe, concejala del municipio de Palca.

“Exijo justicia”, éste fue el pedido de Quispe, quien afirmó que sufrió acoso político por parte de autoridades municipales de la localidad paceña, ubicada a 40 kilómetros al sur de La Paz. “No me convocan a las sesiones”, sostuvo la concejala, quien comentó que teme por su integridad física.

Las instancias judiciales aún no resolvieron este caso. Según datos de Acobol, ninguno de los procesos por violencia y acoso contra mujeres fueron concluidos.No existen juzgados especializados El asesor legal de la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol), Enrique Velásquez, señaló que la mayoría de las denuncias no se encaminan en un proceso porque no existen juzgados especiales para tratar casos de acoso y violencia política.

“Ninguno de los juzgados quiere hacerse cargo del tema político. De pronto detrás de cada una de estas acciones hay intereses, minimizan el delito, hay desconocimiento de la ley”, sostuvo el experto.

Además, Velásquez cuestionó el trabajo del Ministerio Público, en razón de que no existe, en esta institución, profesionales especializados para el tratamiento de estos temas.

En esta línea, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rodolfo Calle indicó que no hay infraestructura necesaria para edificar nuevos juzgados en el ámbito judicial.

Su colega opositora Rebeca Delgado indicó que “nadie cumple con la ley, nadie cumple con la Constitución. Las leyes no tienen presupuesto. Las mujeres somos utilizadas”.

Contra la violencia política

ÁmbitoProtege a las mujeres candidatas, electas, designadas o en el ejercicio de la función político pública.AcosoEs el acto de presión, persecución,hostigamiento o amenazas, cometidos por una persona o un grupo de personas.Tipos

Acciones, conductas y/o agresiones físicas, psicológicas y sexuales.

Partidos demoran presentación de estatutos adecuados a norma

El TSE informó que aún hay plazo para la presentación de las normas de los frentes

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aún no recibió, de las 12 tiendas políticas habilitadas para las elecciones generales de este año, los estatutos partidarios adecuados a la Ley 243 contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres.

“Hemos hecho conocer a todas las organizaciones políticas que tienen personería jurídica una nota en la que comunicamos que tienen la obligación de incorporar algunos aspectos de la ley en su normativa interna (...). Hasta el momento no tenemos respuesta alguna de ninguna de ellas”, informó el vocal Ramiro Paredes.

En este sentido, las principales fuerzas políticas dieron a conocer que sus normas internas ya fueron adecuadas a la normativa, empero están en el proceso de elaboración de los informes que serán presentados ante el TSE.

Plazos. Según Paredes, los actores políticos tienen, como plazo final, hasta los 90 días antes de la realización de los comicios nacionales. El presidente Evo Morales anunció en una anterior oportunidad que las elecciones se efectuarán el primer domingo de octubre; no obstante, aún no hay una fecha oficial.

El vocal indicó, además, que no solo se deben adecuar las normas a la Ley 243, sino también otras que serán revisadas por el Órgano Electoral, como la Ley de Juventudes “para garantizar la efectiva participación de los jóvenes en los procesos electorales”, remarcó.

En el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) todavía no se trabajó en el tema, aunque se discutirá la adecuación de sus estatutos en su próximo congreso nacional, informó Leonilda Zurita, ejecutiva del partido.

De acuerdo con el opositor Fabián Yaksic, el Movimiento Sin Miedo (MSM) ajustó sus estatutos a la ley en el último congreso llevado a cabo en noviembre del año pasado. “Estamos apegados a la ley, en el transcurso de esta semana haremos llegar al TSE nuestros estatutos”.

Por su parte, el Movimiento Demócrata Social (Demócratas) finalizó este trabajo la semana pasada. El vocero de esta tienda política, José María Leyes, sostuvo que las normas que rigen a su frente cumplen con lo establecido por la Ley de Régimen Electoral, puesto que es un partido de reciente creación.

Organizaciones sociales y de apoyo a mujeres e instituciones del país retaron a los partidos políticos a incluir en su agenda programática para las elecciones nacionales propuestas para romper los “esquemas machistas-patriarcales” en la sociedad, a través de una Agenda Política desde las Mujeres.

“La inclusión de las mujeres en la vida política nos plantea desafíos para el ejercicio efectivo de nuestros derechos, para profundizar la democracia y generar las condiciones que permitan que como mujeres ejerzamos el poder político en igualdad de condiciones con los hombres”, afirmó Mónica Novillo, secretaria de la Coordinadora de la Mujer.

Este colectivo, de acuerdo con la activista, interpela a los partidos políticos en época electoral, puesto que representa una oportunidad para lograr mayor “democratización de la democracia”, y para poner en vigencia la “agenda de las mujeres” en la agenda política.