El decreto supremo 1497, que abre las puertas a las contrataciones sin licitación en todas las empresas del Estado, fue creado por el vicepresidente Álvaro García Linera, que en ese momento fungía como presidente en ejercicio.
En la norma, del 20 de febrero de 2013, también firman los ministros Juan Ramón Quinta, Carlos Romero, Rubén Saavedra, Luis Arce Catacora, Juan José Hernando Sosa, Ana Teresa Morales, Arturo Vladimir Sánchez, Mario Virreira, Cecilia Ayllón, Daniel Santalla, Juan Carlos Calvimontes, Roberto Aguilar, Claudia Peña, Nardy Suxo, Pablo Groux y Amanda Dávila.
El decreto modifica el artículo 83 del decreto 181 e instruye que las Empresas Públicas Nacionales Estratégicas (EPNE) “deberán realizar todos sus procesos de contratación de bienes y servicios de manera directa”, sin límite de cuantía. Es decir, por cualquier monto.
BoA argumentó que el cuestionado contrato con la empresa Air Catering se ampara en este decreto y en el 181, al ser por invitación directa.
Vulnera la Constitución
“Este decreto vulnera los derechos de todos los bolivianos, ya que, al no existir licitaciones, se eliminan los instrumentos de transparencia de la cosa pública. Incluso vulnera los derechos de las otras personas o empresas que pueden ofrecer los mismos productos o servicios, pero que al no ser afines al Gobierno no se benefician con la adjudicación”, advierte el abogado Jorge Quiroz, especialista en derecho penal y constitucional.
Quiroz dejó abierta la posibilidad de que en el marco de este decreto también se estén adquiriendo compras millonarias, como aviones presidenciales, helicópteros y carros de seguridad, entre otros.
El jurista consideró que el decreto vulnera la Constitución Política del Estado. “El Gobierno ha encontrado que es más fácil gobernar por decretos que por leyes, ya que evita la discusión en la Asamblea Plurinacional y solo lo firma el presidente y sus ministros. Hay una premeditación y alevosía frente a los intereses del pueblo”, explicó.
Suxo pide una denuncia
La ministra de Transparencia, Nardy Suxo, salió al paso de las preguntas de los periodistas y señaló que el caso del vicepresidente y su cuñada que es socia de Air Catering debería investigarse por la Ley Anticorrupción, como uso indebido de influente, delito que también está contemplado en el Código Penal.
Sin embargo, aseguró que el caso no llegó a su oficina, que solo lo conoce a través de los medios de comunicación y que su despacho no realiza investigaciones de oficio, por lo que requiere de una denuncia
EL DECRETO
LA MODIFICACIÓN CLAVE
El decreto supremo 1497 introduce modificación al DS 181, del 28 de junio de 2009, y permite que las empresas del Estado eliminen la licitación pública.
EL TEXTO A LA LETRA
Art. 4 (inciso 18) “Las Empresa Públicas Nacionales Estratégicas (ENPE), de acuerdo a su naturaleza jurídica, en base a su función de producción y generación de excedentes, deberán realizar todos sus procesos de contrataciones de bienes y servicios de manera directa. Los procedimientos, garantías y demás condiciones deben ser reglamentadas por cada ENPE (...)”.
La fiscalía rechaza denuncia de Murillo
El Ministerio Público de Cochabamba ‘desestimó’ la denuncia hecha por el vocero de Unidad Nacional (UN), Arturo Murillo, contra el autor o los autores del contrato entre BoA y la empresa Air Catering, por Bs 18 millones, por la comisión del delito de uso indebido de influencias.
Murillo lamentó esta situación y dijo: “El contralor de la República es un exdiputado del MAS, el fiscal general es un exconstituyente del MAS y acusado de ser parte del gabinete que persigue a los políticos. Entonces, ¿qué podemos esperar de esa gente? Vamos a presentar una denuncia en Sucre y otra nueva en Cochabamba. Si no nos dan importancia en Bolivia, vamos a apelar a instancias internacionales”.
Según Murillo, esto respondería a toda una estructura de poder con intereses económicos.
ANÁLISIS
Los que están en el poder son intocables
Jorge Lazarte - Analista Político
Hay un problema legal, moral y político. Lo legal debiera resolverse en las instancias pertinentes y una de ellas es la Contraloría, pero ya adelantó que no lo hará, con lo que refuerza la idea de que los que están en el poder son intocables. En lo moral, el vicepresidente Álvaro García Linera dijo que el contrato no es aceptable y que si dependiera de él lo rompería. Lo que dijo es una prueba de cómo las autoridades políticas del país entienden el tema de la justicia. Lo correcto era que el vicepresidente diga que la justicia investigue el caso y no pedir que se rescinda, porque de lo contrario demuestra que desde el Poder Ejecutivo se decide lo que hay que hacer judicialmente. Y en lo político, ha mostrado que este Gobierno en vez de generar un cambio no hace más que repetir viejos esquemas de poder
BoA confirma que air catering sigue en pie
La aerolínea estatal BoA confirmó a EL DEBER que la empresa Air Catering continúa trabajando hasta la fecha y que el contrato vigente es por un año.
“Es evidente que la empresa citada presta servicios de abastecimiento de alimentos para pasajeros en cumplimiento al contrato vigente, de acuerdo al mismo, existe un plazo definido para esta prestación hasta el 31 de diciembre del presente año”, respondió Gonzalo Mayorga, jefe del Departamento de Planificación y Control de Gestión de BoA.
La declaración respondió a la consulta de si existe un plazo para el contrato, después que hace más de 10 días el vicepresidente Álvaro García Linera ordenó su rescisión.
Sobre el proceso de rescisión y los pasos que se van a seguir, Mayorga explicó que “toda contratación está regida por la normativa específica que emerge del modelo administrativo de la ley 1178 (Ley Safco) y la reglamentación complementaria, por tanto, cualquier proceso de rescisión de contrato se rige a la misma normativa”.
El ejecutivo aseguró que una posible indemnización a la empresa adjudicataria emerge de las causales de rescisión y de las responsabilidades de cada una de las partes, aunque no especificó esas causales del contrato.
La semana pasada, el abogado de Air Catering, Luis Butikoffer, declaró a este diario que el contrato es legal y que la empresa no dejará de trabajar mientras no exista un proceso y una instructiva oficial.
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