La Comisión de Planificación Económica, encabezada por el diputado Javier Zabaleta (MAS), propuso la aplicación de tasas diferenciadas para los distintos operadores financieros y la emisión de un decreto anual para fijar las tasas de interés.
Zabaleta explicó que el Gobierno de turno va a regular por decreto las tasas de interés tanto a los créditos como a las cajas de ahorro y remarcó que habrá tasa diferenciada porque una cosa son las mutuales y otra los bancos de desarrollo y los bancos tradicionales.
El legislador apuntó que aún no existe un acuerdo con los empresarios sobre la diferenciación de las tasas y cómo se aplicará esa variabilidad, por lo que en la siguiente semana, a partir del martes, reanudarán el tratamiento de esta norma que provocó fricciones el 14 de febrero cuando banqueros y Gobierno se encontraron en esta comisión legislativa.
Desde entonces, según Zabaleta, se trabaja en las respuestas a las observaciones que realizaron los empresarios en ese encuentro y después de entregar la posición del Gobierno se continuará con el tratamiento de la norma que pretende ser aprobada en marzo.
Reacción privada
Los empresarios de la banca consideran que no puede ser una atribución de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) definir grado de crecimiento y expansión; también piden eliminar el régimen de comisiones; fijar los niveles de cartera de créditos; el límite de cobranza para créditos de vivienda social; el periodo de gracia; las utilidades destinadas a la función social, son algunas de las exigencias de los privados.
Para el Colegio de Economistas de Bolivia, el control de las tasas de interés es un punto muy sensible que se debe trabajar de manera integral entre los representantes del sistema financiero nacional y los técnicos gubernamentales, a fin de no crear un marco jurídico que afecte la libertad de inversión y el normal trabajo de las entidades financieras que operan en el país
EN DETALLE
DATOS DEL SISTEMA FINANCIERO
Según Asoban, el sector en los últimos diez años tuvo un cremiento de un 20% en colocaciones (créditos) y captaciones (depósitos).
Tratamiento de la norma
El proyecto de ley de servicios financieros tiene unos 500 artículos que están siendo revisados y consensuados con los banqueros del país.
Posición del gobierno
Según el Ejecutivo, la ley de manera global no tiene observaciones, solo son algunos artículos en los que se debe debatir
En defensa de su trabajo
Los banqueros propusieron eliminar al menos 11 artículos del proyecto, porque consideran que atentan contra la actividad que desarrollan.
Piden claridad y precisión
El sector financiero considera que esta nueva norma debe ser transparente para no hacer dobles lecturas o interpretaciones erradas.
Prevén aprobarla hasta marzo
De acuerdo con el Ejecutivo, la aprobación final de este proyecto está comtemplada para las primera semana de marzo.
El número
13.350
Millones de bolivianos
Según datos de Asoban, esta es la cantidad, hasta diciembre de 2012, de dinero depositado en el sistema financiero del país.
jueves, 28 de febrero de 2013
Expertos piden que Ley de Arbitraje limite intervención judicial al mínimo
Expertos en la materia recomendaron este martes limitar la intervención del Órgano Judicial en las controversias comerciales, en el marco del anuncio de la creación de una nueva Ley de Arbitraje.
A finales de enero el presidente Evo Morales anunció a los representantes de los empresarios privados, que se redactará en el lapso de dos meses un proyecto de Ley de Arbitraje.
Este martes, árbitros y conciliadores coincidieron en que “la nueva norma debe contener y respetar los principios básicos del arbitraje comercial”.
“Sobretodo, que se respete el principio de la mínima intervención judicial”, dijo el presidente de la Sociedad Boliviana de Arbitraje, Bernardo Wayar quien insistió en que se debe reconocer la competencia y la especialidad de los árbitros que “actúan de acuerdo a su saber y entendimiento”.
Sostuvo que en más de 20 años de arbitraje en Bolivia, se resolvieron una gran cantidad de casos donde las partes cumplieron los laudos en razón al conocimiento especializado de los árbitros. Se abstuvo de precisar algunos procesos por el principio de confidencialidad que caracteriza el servicio.
Wayar sostuvo por otro lado, que si bien la ley vigente es buena, requiere de mejoras sustantivas, siendo necesario aplicar el arbitraje a ciertas áreas sensibles de la economía, como el sector de la construcción e hidrocarburos.
Indicó que esta actividad hasta el presente se concentró en el sector de las pólizas de seguros, es necesario ampliar sus alcances mediante la nueva Ley a los contratos internacionales suscritos por el Estado con privados y la emisión de títulos, valores, entre otros. Similar función estipularía la Ley de Arbitraje en materia de inversiones, pero específicamente, para los diferendos surgidos alrededor de la inversión privada y extranjera respecto al Estado.
Por su parte el experto, Gastón Ledezma, aseguró que es importante modernizar la norma de Arbitraje que data de 1979. “El árbitro no es representante de ninguna de las dos partes y eso debe estar claramente estipulado, puesto que él es un experto en el tema que se le plantea”, añadió.
El arbitraje permite que los diferendos que se producen en relaciones comerciales, entre privados, públicos o particulares, se solucionen sin la necesidad de llegar a la justicia ordinaria, sostiene la Cámara Nacional de Comercio.
A finales de enero el presidente Evo Morales anunció a los representantes de los empresarios privados, que se redactará en el lapso de dos meses un proyecto de Ley de Arbitraje.
Este martes, árbitros y conciliadores coincidieron en que “la nueva norma debe contener y respetar los principios básicos del arbitraje comercial”.
“Sobretodo, que se respete el principio de la mínima intervención judicial”, dijo el presidente de la Sociedad Boliviana de Arbitraje, Bernardo Wayar quien insistió en que se debe reconocer la competencia y la especialidad de los árbitros que “actúan de acuerdo a su saber y entendimiento”.
Sostuvo que en más de 20 años de arbitraje en Bolivia, se resolvieron una gran cantidad de casos donde las partes cumplieron los laudos en razón al conocimiento especializado de los árbitros. Se abstuvo de precisar algunos procesos por el principio de confidencialidad que caracteriza el servicio.
Wayar sostuvo por otro lado, que si bien la ley vigente es buena, requiere de mejoras sustantivas, siendo necesario aplicar el arbitraje a ciertas áreas sensibles de la economía, como el sector de la construcción e hidrocarburos.
Indicó que esta actividad hasta el presente se concentró en el sector de las pólizas de seguros, es necesario ampliar sus alcances mediante la nueva Ley a los contratos internacionales suscritos por el Estado con privados y la emisión de títulos, valores, entre otros. Similar función estipularía la Ley de Arbitraje en materia de inversiones, pero específicamente, para los diferendos surgidos alrededor de la inversión privada y extranjera respecto al Estado.
Por su parte el experto, Gastón Ledezma, aseguró que es importante modernizar la norma de Arbitraje que data de 1979. “El árbitro no es representante de ninguna de las dos partes y eso debe estar claramente estipulado, puesto que él es un experto en el tema que se le plantea”, añadió.
El arbitraje permite que los diferendos que se producen en relaciones comerciales, entre privados, públicos o particulares, se solucionen sin la necesidad de llegar a la justicia ordinaria, sostiene la Cámara Nacional de Comercio.
miércoles, 27 de febrero de 2013
Cámara de Diputados sanciona ley de lucha contra la violencia hacia las mujeres
El pleno de la Cámara de Diputados sancionó este miércoles la ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, luego de que fuera devuelta con modificaciones por la Cámara de Senadores. "Se sancionó la ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia. Esta ley es fruto de muchos años de trabajo", informó el primer vicepresidente de la Cámara Baja, Lucio Marca (MAS).
De acuerdo al primer secretario de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío (MAS), la ley podría ser promulgada por el presidente Evo Morales el 8 de marzo, fecha en que se recuerda el Día Internacional de la Mujer.
Para las diputadas Marcela Revollo (MSM) y Elizabeth Reyes (UN) la ley no podrá ser aplicada en su totalidad porque no se garantizan recursos para su ejecución, dado que se delega esta responsabilidad a las Entidades Territoriales Autónomas. No obstante, el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Adolfo Mendoza (MAS), señaló que, por mandato de la Constitución, ya existe la posibilidad de generar, promover políticas y aprobar presupuestos que cubran el objeto de esta ley a partir de este año, y no desde el siguiente, por ejemplo para el funcionamiento de las casas de acogida.
Entre las modificaciones que sufrió esta ley en el Senado se destaca la que aumenta hasta 8 años de cárcel a quienes cometan el delito de homicidio por emoción violenta, que trata de aquellas personas que mataran a un ascendiente, un descendiente, un conyugue o conviviente, y que no implica el delito de feminicidio.
Y es que, entre algunas de las figuras penales que se establecen en la norma, se encuentra el delito de feminicidio, que se sancionará con la pena de presidio de 30 años sin derecho a indulto, a quien mate a una mujer por odio, desprecio o subestimación a su condición de mujer. Se estableció, además, que todos los delitos contemplados en esta ley sean considerados como delitos de "acción pública".
La ley tiene el objetivo de establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución a los agresores. Garantiza a todas las mujeres el derecho a no sufrir violencia física, sexual y/o psicológica tanto en la familia como en la sociedad.
Para dicho fin, entre otras determinaciones, se establece la creación de Juzgados Públicos contra la violencia hacia las mujeres y Fiscalías de Materia especializadas en esta temática, además de una División de Delitos de Violencia Contra las Mujeres en la Policía Nacional.
ANF
Amautas determinan proponer un proyecto de ley de espiritualidad
El Consejo Nacional de Amautas, Yatiris y Callawayas determinó, tras un encuentro, proponer un proyecto de Ley de Espiritualidad Milenaria Jurídica del sector, además se estableció un estado de emergencia en rechazo a las declaraciones de Alberto Camaqui, vice0ministro de Medicina Tradicional a un medio escrito manifestando una sanción para la “brujería”.
Todo comenzó cuando desde el Viceministerio de Medicina Tradicional se manejó la idea de penalizar la “brujería”, con el argumento de que ciertas practicantes habrían producido daños a algunas personas.
En ese sentido, el Consejo Nacional de Amautas realizó un encuentro el pasado lunes para tratar determinaciones en este caso, mismo que contó con la presencia de 15 asociaciones de amautas, yatiris y callawayas.
“En la oportunidad se capacitó a los presentes acerca de todas las leyes que respaldar y resguardan las prácticas ancestrales, incluyendo las de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y posteriormente, en base a este conocimiento jurídico se determinaron algunas acciones”, informó Juan Luis Ballón, jefe de la Unidad de Cultura y Descolonización del Municipio alteño.
Entre otras cosas se propuso la elaboración de un proyecto de ley que resguarde el trabajo que desempeña este sector dentro de la sociedad.
“Vamos a proponer un proyecto de legislación denominado Ley de Espiritualidad Milenaria Jurídica del Amautas, Yatiris y Callawayas del Estado Plurinacional, en ellos se normarán algunas prácticas pero además se tomará en cuenta la conservación, restauración y promoción de nuestros sitios sagrados”, señaló el entrevistado.
Además, dentro del encuentro se determinó que el sector estará en un estado de emergencia por declaraciones del viceministro de Medicina Natural, que refiere una sanción para la “brujería”.
Agregado a ello, Ballón informó que se conformó una comisión técnica de amautas que, con el apoyo de la Cancillería, elaborarán la posible norma.
Todo comenzó cuando desde el Viceministerio de Medicina Tradicional se manejó la idea de penalizar la “brujería”, con el argumento de que ciertas practicantes habrían producido daños a algunas personas.
En ese sentido, el Consejo Nacional de Amautas realizó un encuentro el pasado lunes para tratar determinaciones en este caso, mismo que contó con la presencia de 15 asociaciones de amautas, yatiris y callawayas.
“En la oportunidad se capacitó a los presentes acerca de todas las leyes que respaldar y resguardan las prácticas ancestrales, incluyendo las de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y posteriormente, en base a este conocimiento jurídico se determinaron algunas acciones”, informó Juan Luis Ballón, jefe de la Unidad de Cultura y Descolonización del Municipio alteño.
Entre otras cosas se propuso la elaboración de un proyecto de ley que resguarde el trabajo que desempeña este sector dentro de la sociedad.
“Vamos a proponer un proyecto de legislación denominado Ley de Espiritualidad Milenaria Jurídica del Amautas, Yatiris y Callawayas del Estado Plurinacional, en ellos se normarán algunas prácticas pero además se tomará en cuenta la conservación, restauración y promoción de nuestros sitios sagrados”, señaló el entrevistado.
Además, dentro del encuentro se determinó que el sector estará en un estado de emergencia por declaraciones del viceministro de Medicina Natural, que refiere una sanción para la “brujería”.
Agregado a ello, Ballón informó que se conformó una comisión técnica de amautas que, con el apoyo de la Cancillería, elaborarán la posible norma.
Ley contra violencia a la mujer lista para su promulgación
El pleno de la Cámara de Diputados debatirá hoy las modificaciones realizadas en la Cámara de Senadores al proyecto de Ley Integral para garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia.
La titular de la Cámara Baja, Betty Tejada, aseveró que se identificaron incorporaciones que no modifican sustancialmente la ley. “Son modificaciones que eran importantes hacerlas y el trámite es muy rápido en cuanto el Senado derive el proyecto de Ley con modificaciones a Diputados inmediatamente se instala la comisión lo aprueba e ingresa al pleno”, señaló.
Por su parte, la presidenta de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño, destacó el apoyo que tuvo la Ley tanto del oficialismo como de la oposición “Es un orgullo para nosotros como Directiva, siendo mayoría también las mujeres en la Directiva, que hayamos podido aprobar esta ley en grande y en detalle por unanimidad”, afirmó.
Asimismo manifestó que con esta Ley hay muchos avances en la lucha contra la violencia hacia las mujeres en Bolivia, por lo que se debe festejar. “Así como se ha aprobado la Ley en Diputados, hay muchísimos avances para las mujeres, yo creo que hay que festejar esta Ley. Como mujer me siento feliz y orgullosa”, expresó.
La titular de la Cámara Baja, Betty Tejada, aseveró que se identificaron incorporaciones que no modifican sustancialmente la ley. “Son modificaciones que eran importantes hacerlas y el trámite es muy rápido en cuanto el Senado derive el proyecto de Ley con modificaciones a Diputados inmediatamente se instala la comisión lo aprueba e ingresa al pleno”, señaló.
Por su parte, la presidenta de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño, destacó el apoyo que tuvo la Ley tanto del oficialismo como de la oposición “Es un orgullo para nosotros como Directiva, siendo mayoría también las mujeres en la Directiva, que hayamos podido aprobar esta ley en grande y en detalle por unanimidad”, afirmó.
Asimismo manifestó que con esta Ley hay muchos avances en la lucha contra la violencia hacia las mujeres en Bolivia, por lo que se debe festejar. “Así como se ha aprobado la Ley en Diputados, hay muchísimos avances para las mujeres, yo creo que hay que festejar esta Ley. Como mujer me siento feliz y orgullosa”, expresó.
Ley edil avala venta de áreas residuales a particulares
“La norma regula la concesión de áreas residuales del Gobierno Municipal, que podrán ser transferidas a particulares con un trámite simplificado. Hasta (antes de la ley), la mayoría de las personas simplemente se loteaban (se apropiaban) esos espacios. Con la norma se busca regularizar esta situación”, señaló.
El Concejo de La Paz aprobó ayer la Ley Municipal de Transferencia de Áreas Residuales que permitirá a particulares comprar predios ediles de menos de 100 metros cuadrados colindantes con sus propiedades, informó el titular del legislativo edil Omar Rocha (UN).
El director de Administración Territorial del Gobierno local, Álvaro Viaña, explicó que las áreas residuales se generan por las modificaciones de planimetrías y trazos de vías o de cualquier acción de ordenamiento y administración del territorio, proceso que siguen por lo general las subalcaldías.
“No tenemos datos de extensiones o cuantificación de los espacios que son áreas residuales porque se generan cada día. Consideramos que la propuesta del Concejo está encaminada a dar un mejor servicio al ciudadano con la definición de un procedimiento más expedito”, apuntó.
Detalle. La norma, que cuenta con 23 artículos y tres disposiciones transitorias, fue aprobada en grande el 14 de noviembre de 2012, en detalle el 21 de febrero y en revisión ayer. Ahora se espera que el alcalde de La Paz, Luis Revilla, fije fecha para promulgarla.
Un área residual de propiedad municipal, según define la norma, es una superficie de terreno igual o menos a 100 metros cuadrados.
Las áreas residuales municipales fueron ocupadas ilegalmente por propietarios de predios contiguos.
“Con este nuevo marco legal realizaremos la transferencia a los propietarios, previa evaluación y el pago a una cuenta municipal”, dijo Rocha.
El parágrafo I del artículo 18 de la norma establece que será obligación de la persona que ocupe total o parcialmente un área residual de propiedad del Gobierno Municipal el tramitar su adjudicación.
El parágrafo III dispone que cuando se identifique una ocupación “arbitraria del área residual por el propietario del inmueble colindante, éste no podrá legalizar ni regularizar su construcción, siendo pasible a un proceso técnico administrativo (...)”
La norma también impone restricciones para evitar que las áreas verdes de la urbe, las de equipamiento, las áreas forestales, los taludes o farallones sean enajenados bajo cualquier pretexto, lo mismo que todas las áreas de riesgo natural.
Los recursos económicos procedentes de la transferencia de estos espacios residuales a particulares serán utilizados por el Gobierno local en la ejecución de obras públicas, dispone la Ley Municipal de Transferencia de Áreas Residuales.
Definición de las áreas residuales
Límites
Las áreas residuales están al límite de predios privados y la línea municipal.
Superficie
La extensión de estos espacios es menor o igual a los 100 metros cuadrados.
Uso
Por su reducida superficie e inaccesibilidad no están en los planes ediles.
La Alcaldía exigirá cuatro requisitos indispensables
El trámite para la adquisición de un área residual impone cuatro requisitos, según el artículo 7 de la Ley de Transferencia de Áreas Residuales aprobada ayer.
El primero es el certificado de registro catastral del bien inmueble colindante que señale de manera textual “se identifica área residual”, en documento original.
También se pide fotocopias del Formulario Único de Registro Catastral, de la cédula de identidad del solicitante y del comprobante del último pago de impuestos. Los trámites de transferencias que estén en proceso podrán ser adecuados al nuevo procedimiento.
martes, 26 de febrero de 2013
Cámara Alta aprueba el proyecto de ley integral
El pleno del Senado aprobó anoche, en sus estaciones en grande y en detalle y con modificaciones, el proyecto de Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia.
Las modificaciones al proyecto son de forma y de fondo. Por esto, retornó a Diputados para su tratamiento y posterior aprobación y remisión al Órgano Ejecutivo.
“Ha habido varias modificaciones. Primero, y más importante, que ya no se puede utilizar la figura ésta de homicidio de emoción violenta para el caso de las mujeres cuando éstas son víctimas”, dijo el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Adolfo Mendoza (MAS).
Entre algunas de las figuras penales que se establecen en el proyecto de ley se encuentra el feminicidio, que se sancionará con la pena de presidio de 30 años sin derecho a indulto.
Ese delito lo comete quien mate a una mujer por odio, desprecio o subestimación a su condición de mujer, se explica en el proyecto de ley.
Las modificaciones al proyecto son de forma y de fondo. Por esto, retornó a Diputados para su tratamiento y posterior aprobación y remisión al Órgano Ejecutivo.
“Ha habido varias modificaciones. Primero, y más importante, que ya no se puede utilizar la figura ésta de homicidio de emoción violenta para el caso de las mujeres cuando éstas son víctimas”, dijo el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Adolfo Mendoza (MAS).
Entre algunas de las figuras penales que se establecen en el proyecto de ley se encuentra el feminicidio, que se sancionará con la pena de presidio de 30 años sin derecho a indulto.
Ese delito lo comete quien mate a una mujer por odio, desprecio o subestimación a su condición de mujer, se explica en el proyecto de ley.
Ley de trata obliga a poner avisos a los medios
El decreto reglamentario de la Ley Integral Contra la Trata y Tráfico, promulgado por el Gobierno, obliga a los medios independientes escritos, de radio y televisión a difundir avisos educativos y de prevención en los espacios de mayor lectoría y audiencia.
El Decreto Supremo 1486 en su artículo 9 establece la difusión de mensajes gratuitos, con contenido educativo y énfasis en las medidas de prevención contra la trata y tráfico de personas y delitos conexos.
El reglamento dispone que los medios impresos de publicación diaria, "difundirán publicidad con contenido educativo contra la trata y tráfico de personas y delitos conexos, destinando toda la mitad de la contratapa cuerpo A, una vez a la semana"
El Decreto Supremo 1486 en su artículo 9 establece la difusión de mensajes gratuitos, con contenido educativo y énfasis en las medidas de prevención contra la trata y tráfico de personas y delitos conexos.
El reglamento dispone que los medios impresos de publicación diaria, "difundirán publicidad con contenido educativo contra la trata y tráfico de personas y delitos conexos, destinando toda la mitad de la contratapa cuerpo A, una vez a la semana"
Senado aprueba en grande y detalle futura ley de violencia contra la mujer y remite a Diputados
La Cámara de Senadores aprobó en la víspera en su estación en grande y detalle el proyecto de ley Integral contra la violencia a la mujer con cuatro modificaciones de fondo, por lo que remitió el documento a la Cámara Baja para su aprobación o rechazo.
Al término de la sesión que concluyó a las 22h00, la presidenta de la Cámara Alta, Gabriela Montaño, dijo que 'es un orgullo para nosotros como Directiva, siendo mayoría también las mujeres en la Directiva, que hayamos podido aprobar esta ley en grande y en detalle por unanimidad'. El contenido de la norma en su integridad fue apoyado por senadores del MAS y PPB-CN. La primera modificación tiene que ver con las Casas de Acogida y Refugio Temporal contempladas en artículo 25.
El contenido aprobado en Diputados señala: 'Las Entidades Territoriales Autónomas en el marco de sus competencias y sostenibilidad financiera tienen la responsabilidad de crear, equipar, mantener y atender casas de acogida y refugio temporal para mujeres en situación de violencia en el área urbana y rural...'. Y el Senado añadió el siguiente texto: 'Para el cumplimiento de lo establecido en el presente artículo podrán establecerse acuerdos y convenios intergubernativos e interinstitucionales'.
El presidente de la Comisión de Constitución y Derechos Humanos, Adolfo Mendoza, argumentó que, con esta modificación, cualquier gobierno territorial autónomo podrá celebrar acuerdos con fundaciones, iglesias, ONG u otras instituciones de las denominadas 'tercer sector' que son fuente de financiamiento para las casas de acogida y refugio temporal, para 'provisión de servicios específicos o colaborar con la creación, mantenimiento o finalmente con el funcionamiento de las casas'.
La segunda modificación fue al artículo 50, parágrafo II y numeral 9, respecto de Servicios Legales Integrales Municipales. Se aclara que los Gobiernos Autónomos Municipales, podrán 'Solicitar, a través de la autoridad competente, la adopción judicial de medidas provisionales, medidas cautelares y medidas de protección inmediata?'en resguardo de los derechos de las mujeres en situación de violencia.
Un tercer cambio se hizo al artículo 83 del proyecto de ley, respecto a las modificaciones al artículo 254 del Código Penal, referente al delito de Homicidio por Emoción Violenta, en la se eleva la sanción de 2 a 8 años 'para quien matare a cualquier otra persona, ascendiente o descendiente, en estado de emoción violenta', explicó Mendoza. Por otra parte, se elimina el concepto 'impulsado por móviles honorables'.
'La razón mayor es que ningún móvil por honorable que sea puede estar por encima de la Constitución y por encima del derecho a la vida', argumentó Mendoza. Otra modificación fue al artículo 83, concerniente al artículo 308 del Código Penal, que habla de la violación de infante, niño, niña o adolescente.
La nueva redacción señala que 'si el delito de violación fuera cometido contra persona de uno u otro sexo menor de catorce (14) años, será sancionado con privación de libertad de veinte (20) a veinticinco (25) años, así no haya uso de la fuerza o intimidación y se alegue consentimiento'. 'En caso que se evidenciare alguna de las agravantes dispuestas en el Artículo 310 del Código Penal, y la pena alcanzara 30 años, la pena será sin derecho a indulto', concluye la modificación.
La última modificación se hizo al artículo 90 (delitos de orden público), y la redacción quedó de la siguiente manera: 'Todos los delitos contemplados en la presente ley son delitos de acción pública'.
Al término de la sesión que concluyó a las 22h00, la presidenta de la Cámara Alta, Gabriela Montaño, dijo que 'es un orgullo para nosotros como Directiva, siendo mayoría también las mujeres en la Directiva, que hayamos podido aprobar esta ley en grande y en detalle por unanimidad'. El contenido de la norma en su integridad fue apoyado por senadores del MAS y PPB-CN. La primera modificación tiene que ver con las Casas de Acogida y Refugio Temporal contempladas en artículo 25.
El contenido aprobado en Diputados señala: 'Las Entidades Territoriales Autónomas en el marco de sus competencias y sostenibilidad financiera tienen la responsabilidad de crear, equipar, mantener y atender casas de acogida y refugio temporal para mujeres en situación de violencia en el área urbana y rural...'. Y el Senado añadió el siguiente texto: 'Para el cumplimiento de lo establecido en el presente artículo podrán establecerse acuerdos y convenios intergubernativos e interinstitucionales'.
El presidente de la Comisión de Constitución y Derechos Humanos, Adolfo Mendoza, argumentó que, con esta modificación, cualquier gobierno territorial autónomo podrá celebrar acuerdos con fundaciones, iglesias, ONG u otras instituciones de las denominadas 'tercer sector' que son fuente de financiamiento para las casas de acogida y refugio temporal, para 'provisión de servicios específicos o colaborar con la creación, mantenimiento o finalmente con el funcionamiento de las casas'.
La segunda modificación fue al artículo 50, parágrafo II y numeral 9, respecto de Servicios Legales Integrales Municipales. Se aclara que los Gobiernos Autónomos Municipales, podrán 'Solicitar, a través de la autoridad competente, la adopción judicial de medidas provisionales, medidas cautelares y medidas de protección inmediata?'en resguardo de los derechos de las mujeres en situación de violencia.
Un tercer cambio se hizo al artículo 83 del proyecto de ley, respecto a las modificaciones al artículo 254 del Código Penal, referente al delito de Homicidio por Emoción Violenta, en la se eleva la sanción de 2 a 8 años 'para quien matare a cualquier otra persona, ascendiente o descendiente, en estado de emoción violenta', explicó Mendoza. Por otra parte, se elimina el concepto 'impulsado por móviles honorables'.
'La razón mayor es que ningún móvil por honorable que sea puede estar por encima de la Constitución y por encima del derecho a la vida', argumentó Mendoza. Otra modificación fue al artículo 83, concerniente al artículo 308 del Código Penal, que habla de la violación de infante, niño, niña o adolescente.
La nueva redacción señala que 'si el delito de violación fuera cometido contra persona de uno u otro sexo menor de catorce (14) años, será sancionado con privación de libertad de veinte (20) a veinticinco (25) años, así no haya uso de la fuerza o intimidación y se alegue consentimiento'. 'En caso que se evidenciare alguna de las agravantes dispuestas en el Artículo 310 del Código Penal, y la pena alcanzara 30 años, la pena será sin derecho a indulto', concluye la modificación.
La última modificación se hizo al artículo 90 (delitos de orden público), y la redacción quedó de la siguiente manera: 'Todos los delitos contemplados en la presente ley son delitos de acción pública'.
lunes, 25 de febrero de 2013
Instituciones de mujeres observan proyecto de Ley
Instituciones de mujeres observan el tratamiento que se hace en la Asamblea Legislativa Plurinacional al proyecto de Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, dicen que se retrocedió en la verdadera esencia de una norma que castigue el feminicidio.
La psicóloga de Mujeres Creando, Vanesa Rojas Álvarez, señaló en entrevista con Erbol que el borrador tiene limitaciones. Recordó que en cinco años de creación de esa institución se atendieron 10 mil casos de violencia contra la mujer.
"El proyecto de Ley es demagógica, porque se analizan muchos puntos, pero no salen de la teoría a la práctica, se ve que no se cumple la Ley y este proyecto que está saliendo también tiene sus limitaciones, no se toca la violación dentro del matrimonio, tampoco el abuso sexual", manifestó.
La representante del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (Cidem), Gladis Achá, indicó que sólo en 2012 se presentaron 527 denuncias nuevas de mujeres sobre agresión. Mostró su disconformidad de que en el proyecto de Ley se incluya a los hombres que sufren abusos de parte de una mujer. Dijo que la realidad es distinta.
"Las cifras no mienten, las cifras dicen que de diez mujeres siete u ocho sufren una situación de violencia y no negamos que haya violencia a los hombres pero es diferente magnitud", aseveró.
Finalmente, la asesora legal de Gregoria Apaza, Ana María Rojas, informó que desde 1996 se atendió 19. 500 casos sobre violencia intrafamiliar.
Explicó que la institución que representa participó desde hace seis años en la elaboración del proyecto de la Ley integral de violencia contra la mujer.
Cuestionó que en el tratamiento actual de la norma se incluyera la conciliación entre la pareja para resolver los casos de violencias. "No puede haber conciliación en violencia y así lo establece la Ley 1674 vigente y la nueva ley tiene que tender a mejorar esta situación", puntualizó.
La psicóloga de Mujeres Creando, Vanesa Rojas Álvarez, señaló en entrevista con Erbol que el borrador tiene limitaciones. Recordó que en cinco años de creación de esa institución se atendieron 10 mil casos de violencia contra la mujer.
"El proyecto de Ley es demagógica, porque se analizan muchos puntos, pero no salen de la teoría a la práctica, se ve que no se cumple la Ley y este proyecto que está saliendo también tiene sus limitaciones, no se toca la violación dentro del matrimonio, tampoco el abuso sexual", manifestó.
La representante del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (Cidem), Gladis Achá, indicó que sólo en 2012 se presentaron 527 denuncias nuevas de mujeres sobre agresión. Mostró su disconformidad de que en el proyecto de Ley se incluya a los hombres que sufren abusos de parte de una mujer. Dijo que la realidad es distinta.
"Las cifras no mienten, las cifras dicen que de diez mujeres siete u ocho sufren una situación de violencia y no negamos que haya violencia a los hombres pero es diferente magnitud", aseveró.
Finalmente, la asesora legal de Gregoria Apaza, Ana María Rojas, informó que desde 1996 se atendió 19. 500 casos sobre violencia intrafamiliar.
Explicó que la institución que representa participó desde hace seis años en la elaboración del proyecto de la Ley integral de violencia contra la mujer.
Cuestionó que en el tratamiento actual de la norma se incluyera la conciliación entre la pareja para resolver los casos de violencias. "No puede haber conciliación en violencia y así lo establece la Ley 1674 vigente y la nueva ley tiene que tender a mejorar esta situación", puntualizó.
La Ley de Aplicación Normativa es una encrucijada al TCP
La pregunta enviada por la Cámara de Senadores al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre la posibilidad de una segunda relección de Evo Morales, viene con trampa. Sin importar lo que el juzgado con sede en Sucre responda, marcará la agenda del país por los próximos dos años, y puede desencadenar un doble año electoral, con un referéndum para modificar la CPE para permitir la relección de Morales y las elecciones presidenciales de 2014.
El TCP recibió aplausos luego de declarar inconstitucional la destitución de autoridades elegidas luego de una simple acusación fiscal, y ahora muchos temen que haya sido una estrategia para ganar credibilidad antes de dirimir la posibilidad de una nueva relección de Morales. Silvia Salame, la magistrada que cerró el Tribunal Plurinacional republicano, cree que está por demás hablar de ello, que no hay que sumarle presiones al TCP. El propio presidente de este órgano, Rudy Flores, pidió que el pueblo garantice que el TCP no sea manoseado...
Hay más en juego
José Antonio Rivera es un constitucionalista que fue presidente del TC republicano. Advierte que en la Ley de Aplicación Normativa hay más en juego que la relección. Cree que la Asamblea Legislativa, si logra la aprobación del TCP, ganaría la facultad de interpretar la Constitución, algo que la Carta Magna reserva solo al TCP. Por ello recomienta que el
TCP solo declare la inconstitucionalidad de la norma sin siquiera entrar a definir si es constitucional, o no, la relección.
Eso dejaría a Evo Morales y al MAS solo una forma de averiguarlo: inscribirse como candidato para las presidenciales de 2014 sin una definición. La otra salida sería que el TCP declare inconstitucional la ley y se pronuncie sobre la ‘rerelección’ de Evo. Y, la que considera peor, es que acepte la constitucionalidad tanto de la ley como de la nueva relección.
Salame se inclina por la segunda opción. Cree que con ella se sacará al país de cierta incertidumbre. Ambos extribunos consideran que la posibilidad de relegirse sería inconstitucional, tomamos en cuenta la disposición transitoria I, inciso II de la nueva CPE: “Los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones”.
Para el MAS, al haberse cambiado la República por el Estado Plurinacional, el primer periodo de Morales no cuenta. Además, consideran que la disposición transitoria ya no está vigente, algo que rechazan la oposición y los juristas.
Si el TCP considera que estas líneas impiden a Morales volver a postular para la Presidencia, Rivera explica que le quedan dos caminos: reformar el artículo 168 de la CPE que limita la relección a una. El MAS tiene la suficiente cantidad de asambleístas para conseguirlo en cualquier momento, pero deberá refrendar el nuevo texto en un referéndum.
La segunda opción es concluir su mandato y prepararse para volver a postular en 2019. La CPE actual limita la relección a un periodo consecutivo, pero no a volver a presentarse como candidato luego de cinco años
ANÁLISIS
Cualquier escenario es favorable a Evo
Carlos Cordero / Cientista Político
El escenario más favorable para Evo Morales es que el Tribunal Constitucional Plurinacional falle a su favor, que acepte la relección. El peor escenario posible para el Presidente es que el Tribunal se pronuncie solo sobre la forma, es decir, sobre la constitucionalidad de la ley, pero no sobre la relección en sí. El tercero es que se pronuncie sobre ambas, y declare inconstitucionales tanto la ley como la segunda relección.
Cuando se despeje esta duda, que será en alrededor de dos meses, el MAS todavía tiene la oportunidad de modificar el artículo 168 de la Constitución y llevarlo a referéndum, sin necesidad de modificar el calendario electoral que prevé la elección en 2014 y la posesión en 2015. Políticamente, el MAS ve en riesgo la posibilidad de disponer de su mejor candidato para la contienda electoral. Eso desataría una crisis interna muy fuerte en el partido en función de Gobierno y abriría a la oposición una posibilidad más cierta de derrotar al MAS en las urnas. Sin Evo de candidato, la victoria es más cercana.
Es por eso que el MAS vuelca ahora su empeño en tratar de salvar a su candidato ideal, aunque también podría reservarse para tratar de conquistar dos periodos nuevos a partir de 2020. Tal vez, una de las modificaciones más importantes que se hizo a la CPE fue permitir la relección. Recordemos que la Constitución de 1967 solo preveía una relección tras esperar un periodo constitucional, como freno a las intenciones políticas del MNR, que en el 62 había modificado la CPE para permitir la relección en mandatos consecutivos. Así, la relección de Paz Estenssoro agrietó al MNR. Se podría establecer cierto paralelismo con la actualidad.
El peor problema de un partido político es el caudillismo, la falta de renovación y de democracia interna. En el MAS, Evo parece ser el único que produce cohesión interna, que evita pugnas por la sucesión y fraccionamiento.
A esto hay que sumarle otra dificultad: la figura del vicepresidente ya no es más la quinta rueda del carro, sino que tiene atribuciones de una especie de primer ministro; es el que se encarga de los asuntos del Estado. Parece que el cargo fue definido a la medida de García Linera, pero ya es algo institucionalizado, y todos lo binomios tendrán que tomarlo en cuenta. Hay otro escenario favorable para Morales: la reforma constitucional. Evo intensificaría la campaña, sería un candidato solitario y la oposición solo tendría que hacer fuerza por el No. Morales llegaría lanzado a la elección presidencial, con dos años de campaña. Está claro que Evo Morales sale ganando en cualquier escenario
20/10/2008
El día en que la oposición perdió el poder que le quedaba
Lo consideraron una victoria, pero fue la última vez que, en el ámbito nacional, la oposición llevó la iniciativa. Negoció 2/3 para las decisiones más importantes de la Asamblea Legislativa, pero no soñó que, un año después, el MAS tendría esa mayoría. Así se enterró la oposición ese día...
Amaneció con acuerdo bloqueado y marchas
La noche anterior se había roto el diálogo. Se había consensuado el límite no retroactivo a la tierra, la justicia indígena, la reforma constitucional y la elección de autoridades; pero faltaba el punto clave: la relección.
La reducción del mandato es la traba
A las 9:00, cuando se vuelve a la mesa de diálogo, el punto que impedía la firma del acuerdo era la reducción del mandato en un año. La oposición no se veía fuerte para afrontar una elección en 12 meses, peor aún tras los dos tercios de Evo Morales en el referédum revocatorio.
Evo renuncia a la ‘rerelección’ y hay acuerdo
Morales, desde la tranca de Senkata, accede a que a los mandatos de la República cuenten para la relección en el Estado Plurinacional. Con ello solo aspiraba a quedarse en Palacio Quemado hasta 2015. Era el mediodía del 20 de octubre.
Vigilia, aprobación y festejo en la Murillo
Pese a que el acuerdo fue alcanzado alrededor de las 15:00, la sesión se instaló a las 21:00, porque hubo que revisar la redacción de 100 artículos de la CPE. Hubo debates cortos y el texto de la Carta Magna se aprobó a la 1:30 del 21 de octubre.
Evo Morales trata de borrar las promesas que hizo el 20 de octubre de 2008 en las ‘mesas clandestinas’
Parece que fue hace un siglo, pero no ha pasado ni un lustro. El 20 de octubre de 2008, el país se paró ante otro abismo y se detuvo justo antes de caer, algo que se le había hecho costumbre desde febrero de 2003.
Esa vez, al Congreso le quedaba solo horas para aprobar el referéndum aprobatorio de la nueva Constitución y el oficialismo y la oposición no lograban ponerse de acuerdo sobre las cláusulas de garantías. Parece que ya se ha olvidado, pero entre noviembre de 2007 y octubre de 2008, Bolivia tuvo hasta cuatro diferentes textos de reforma total de la nueva Constitución: el que salió de las comisiones de la Constituyente con más de 800 artículos, el que se aprobó en el cuartel de Sucre, con tres muertos en las calles y el que se votó en Oruro, con un cerco indígena campesino. Ese último fue después rescrito y negociado por Carlos Romero, actual ministro de Gobierno, y Carlos Borth, entonces senador del extinto Podemos, en lo que se llamó las ‘mesas clandestinas’.
El MAS no podía aprobar solo el referéndum constituyente, ya que Podemos tenía más de un tercio de los congresistas y, aunque también UN y MNR tenían representantes, bastaba que las dos principales fuerzas se pusieran de acuerdo para evacuar la ley. Ese día, a las 9:00, ANF informaba de la queja de Romero que acusaba a la oposición de no querer acortar su mandato (debían dejar la banca del Congreso en 2011 y no en 2010, como sucedió), mientras que los representantes de UN aseguraban que se había cambiado más de 100 artículos del texto de Oruro, lo que consideraban ya una victoria. Se había negociado intereses: modificar el texto constitucional solo por dos tercios, que la limitación a la propiedad rural a 5.000 hectáreas no sea retroactiva, no tocar a las cooperativas de servicio, la garantía de la propiedad privada y otros temas, pero aún faltaba el más importante: la relección del presidente. Ya en el texto se había acordado garantizar solo una relección en periodos continuos, pero no se aclaraba nada sobre si el periodo vigente contaba.
Carlos Romero (izq.) junto a Fabián Yaksic en 2008, cuando se realizaban negociaciones para rescribir la CPE aprobada en Oruro
El tiempo pasaba y la marcha de campesinos, indígenas y sectores populares que llegaba a La Paz estaba en la tranca de Senkata, con Evo Morales a la cabeza. Amenazaban con cerrar el Congreso si no había una ley aprobada para cuando lleguen a La Paz.
Al mediodía, hubo humo blanco. “Algunos partidos políticos han considerado que la relección era excesiva. El MAS y el presidente de la República, han renunciado a la posibilidad de reproducir el control de la administración pública por la vía electoral en un segundo periodo constitucional, después del adelanto de elecciones que se está proponiendo", dijo Romero, según el reporte de la agencia estatal ABI, a las 14:08. La sesión se instaló dos horas más tarde, se acordó que el referéndum constitucional se celebraría el 25 de enero de 2009 y que las elecciones generales serían el 6 de diciembre del mismo año. En esos comicios, Morales tuvo su relección pactada el 20 de octubre. Ahora, piensa otra cosa.
domingo, 24 de febrero de 2013
Ley contra violencia nace con limitaciones y dudas
Son 111 artículos que pretenden cambiar la historia de violencia en miles de hogares bolivianos. Solo en 2012, la Casa de la Mujer registró 3.637 casos, de los cuales 340 son de reincidentes, es decir de hombres que fueron denunciados y que volvieron a violentar a sus parejas.
¿Será que una ley logra cambiar esta realidad? Tras la muerte de la periodista Hanali Huaycho, apuñalada por su marido policía, surgieron voces indignadas en todos los niveles de la sociedad. Se apuró el tratamiento de un proyecto de ley contra la violencia en el hogar, que incorpora nuevos delitos penales como el feminicidio, violencia económica y patrimonial, acoso sexual, padecimientos sexuales, actos sexuales abusivos, entre otros, con pena de cárcel. Además, el delito de lesiones y amenazas se agrava cuando es cometido por la pareja o por algún familiar. Es nuevo, por ejemplo, que recibirá castigo un esposo que adultere información sobre su patrimonio con el fin de no compartirlo con su pareja, o que será enviado a prisión un jefe que acose a su subalterna, además de perder el trabajo.
Esta ley crea una fuerza especial de lucha contra la violencia, juzgados especializados en violencia contra la mujer. También nacerá el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en razón de Género (Sippase), encargado de centralizar toda la información y desde donde deben emerger políticas públicas sobre el tema. Según la ley, todo esto debe ocurrir en un plazo de tres meses después de aprobada la norma.
Sin embargo, una de las principales observaciones a esta norma se refiere a que no especifica cuál será la fuente de financiamiento de los recursos que permitirán operar los cambios en la Policía y en el Poder Judicial. La asignación del presupuesto asignado a la lucha contra la violencia queda librada a las posibilidades de los gobiernos autónomos y al Gobierno central, así como a la voluntad de sus autoridades.
La diputada Elizabeth Reyes, miembro de la comisión de política social de la Cámara de Diputados, opina que sin montos específicamente detallados la ley puede convertirse en una simple declaración de intenciones. Cuando se le consultó la razón por la que se dejó semejante vacío en la ley, dijo que el Ministerio de Hacienda justificó señalando que el Poder Legislativo o el Ejecutivo no pueden tomar decisiones por las gobernaciones o los municipios. En contrapartida, cuestionó que en otro tipo de leyes se habla con claridad de las fuentes de financiamiento, como en el caso de la aprobación de la construcción de un nuevo Palacio de Gobierno. Concluyó que este vacío demuestra que no existe una voluntad real de luchar contra el problema.
Alaín Núñez, vocal de la Corte Superior de Distrito, cree que no solo se trata de crear tribunales especializados en violencia contra la familia, sino de considerar que estos deben tener condiciones especiales, como cámaras para proteger a los testigos o salas donde las víctimas y los agresores no estén mezclados, como ocurre en la actualidad.
Dijo que, a raíz del crecimiento poblacional de Santa Cruz, la sala plena de la Corte Superior de Distrito emitió una resolución para incrementar el número de vocales y de jueces, pero este requerimiento depende ahora del Ministerio de Economía, porque los únicos ingresos del Poder Judicial corresponden a Derechos Reales. Eso significa que, en lo inmediato, es difícil cumplir la nueva norma en condiciones adecuadas para el tratamiento de casos de violencia en el hogar. Por eso, la diputada Reyes considera esencial la asignación de una partida presupuestaria extraordinaria a la administración de justicia.
El comandante de la Policía departamental, Guido Arroyo, explica que no hace falta crear una fuerza especial contra la violencia, porque ya existe la unidad de víctimas especiales y la unidad de delitos contra la familia. Consideró que todas las instituciones tienen sus limitaciones presupuestarias. Lo cierto es que en la Brigada de Protección a la Familia se atiende en un ambiente físico bastante deteriorado y sin herramientas adecuadas.
La activista de Mujeres Creando, María Galindo, cree que se debió incorporar la desconcentración del sistema judicial que está sobresaturado, permitiendo que las instituciones civiles adquieran un estatus de tribunal para la resolución de los problemas que no encierren delitos penales en el hogar.
La ley contra la violencia en el hogar es el primer paso. La lucha real contra este mal social dependerá de todos los niveles de la sociedad, desde los niños en las escuelas hasta las autoridades de turno. María Galindo cree que ya comenzó la interpelación al poder machista
LA NUEVA LEY
Cambios en la lucha contra la violencia
Acceso a cargos públicos
Será causal de inhabilitación tener antecedentes de violencia ejercida contra una mujer o cualquier miembro de su familia.
Atención en hospitales
Los centros de salud están obligados a atender y reportar, en un plazo de 48 horas, casos de violencia
En los trabajos
Debe haber tolerancia y garantía de estabilidad laboral para las mujeres en situación de violencia
Acoso sexual
Remoción del acosador del espacio laboral. Además, es pasible a una pena de cárcel de cuatro a ocho años.
Acogida y refugio
Se crean centros donde se resguardará a las víctimas y a sus hijos. Podrán permanecer por tres meses.
Medidas de protección
Incluyen la salida del agresor del hogar y la prohibición de acercarse a la víctima o a los hijos.
Certificados médicos
Valen certificados de cualquier médico como prueba del maltrato. El forense los avalará.
Trato digno
Se prohíben los malos tratos en hospitales, policía o tribunales a las víctimas de violencia.
Sanciones alternativas
Multas, trabajo comunitario, detención durante el fin de semana, inhabilitación en sus funciones, limitación de residencia.
Plazos
Se dispone que los tribunales especializados y fuerza especial en la Policía se creen tres meses después de aprobada la ley.
NUEVOS DELITOS Y ACCIONES
El maltrato económico se convierte en delito penal y se crea la figura del feminicidio
Un avance para combatir la indiferencia, representa el debate sobre la violencia en el hogar. El objetivo está planteado en la ley, queda plasmar en realidad la intención
La violencia en el hogar ha dejado de ser invisible para la sociedad. Dos muertes, una periodista y una empresaria, desnudaron un grave problema en Bolivia. La ley para erradicarla identifica el maltrato como delito penal y ese es un cambio trascendental, tanto porque se plantea el castigo para quien lo ejerce, como porque permite que la sociedad tome consciencia y deje de ser indiferente.
Hasta ahora, la mujer que se anima a denunciar maltrato se enfrenta a la conciliación con su pareja (el violento), porque la lógica y las normas mandan a preservar el hogar ante todo. En su miedo y su dolor, debe pagar las fotocopias del papeleo y hasta es quien le entrega la citación, a riesgo de ser golpeada otra vez por atreverse a revelar lo que le pasa en la intimidad de su hogar. Por lo general, los casos acaban en compromisos firmados de que no volverá la violencia y, con frecuencia, los malos tratos se repiten y pueden acabar con la muerte, como ocurrió con Hanaly Huaycho, quien ya había denunciado 14 veces a su expareja.
Si moría por los golpes, ese crimen era, muchas veces, calificado como homicidio por emoción violenta; si la lastimaban, las heridas debían provocarle un impedimento de más de 30 días para que el agresor fuera sancionado. En la nueva ley se crea la figura del feminicidio y tiene pena de 30 años sin derecho a indulto. Si hay agresión física, el castigo es agravado cuando quien la comete es pareja de la víctima y si provoca lesiones irreversibles, físicas o sicológicas, la pena va de 5 a 12 años de cárcel.
Nuevos delitos serán juzgados en tribunales especializados en violencia en el hogar. Se necesitará más recursos económicos
También se visibiliza la violencia económica, con cárcel de 5 a 12 años.
En esta categoría se enmarcan las acciones de quienes bloquean la posibilidad de trabajar o de generar ingresos propios de las mujeres. Asimismo, se castiga a quienes impidan el uso y disfrute de bienes que pertenecen a un miembro de la familia o a los que adulteran sus propios documentos para impedir el acceso a recursos del hogar
La ley elimina la conciliación, pero hace excepciones. El agresor y la víctima pueden conciliar siempre que no haya reincidencia y sea la primera vez. Sin embargo, según la diputada Elizabeth Reyes, al abrir espacios como este se somete a la mujer a que se le imponga un acuerdo con la pareja y se la exponga a nuevos hechos de violencia.
María Galindo, activista de Mujeres Creando, cuestiona que no se elimine el delito de abandono de hogar. En muchos casos, la mujer sale de su casa, escapando del marido violento y este la acusa de abandono de hogar. Ella aguanta callada para no correr el riesgo de perder la custodia de los hijos. También habla de vacíos como que no se reconozca el legítimo derecho a la defensa, que tienen las víctimas de violencia
También se plantea que es obligatorio atender a las víctimas de la violencia, bajo pena de incumplimiendo de deberes y se inserta que quienes hayan maltratado alguna vez, perderán la opción de ocupar cargos públicos, sean electivos o designados, y serán pasibles a que sus cuentas sean congeladas. Sin duda, es un avance importante
¿Será que una ley logra cambiar esta realidad? Tras la muerte de la periodista Hanali Huaycho, apuñalada por su marido policía, surgieron voces indignadas en todos los niveles de la sociedad. Se apuró el tratamiento de un proyecto de ley contra la violencia en el hogar, que incorpora nuevos delitos penales como el feminicidio, violencia económica y patrimonial, acoso sexual, padecimientos sexuales, actos sexuales abusivos, entre otros, con pena de cárcel. Además, el delito de lesiones y amenazas se agrava cuando es cometido por la pareja o por algún familiar. Es nuevo, por ejemplo, que recibirá castigo un esposo que adultere información sobre su patrimonio con el fin de no compartirlo con su pareja, o que será enviado a prisión un jefe que acose a su subalterna, además de perder el trabajo.
Esta ley crea una fuerza especial de lucha contra la violencia, juzgados especializados en violencia contra la mujer. También nacerá el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en razón de Género (Sippase), encargado de centralizar toda la información y desde donde deben emerger políticas públicas sobre el tema. Según la ley, todo esto debe ocurrir en un plazo de tres meses después de aprobada la norma.
Sin embargo, una de las principales observaciones a esta norma se refiere a que no especifica cuál será la fuente de financiamiento de los recursos que permitirán operar los cambios en la Policía y en el Poder Judicial. La asignación del presupuesto asignado a la lucha contra la violencia queda librada a las posibilidades de los gobiernos autónomos y al Gobierno central, así como a la voluntad de sus autoridades.
La diputada Elizabeth Reyes, miembro de la comisión de política social de la Cámara de Diputados, opina que sin montos específicamente detallados la ley puede convertirse en una simple declaración de intenciones. Cuando se le consultó la razón por la que se dejó semejante vacío en la ley, dijo que el Ministerio de Hacienda justificó señalando que el Poder Legislativo o el Ejecutivo no pueden tomar decisiones por las gobernaciones o los municipios. En contrapartida, cuestionó que en otro tipo de leyes se habla con claridad de las fuentes de financiamiento, como en el caso de la aprobación de la construcción de un nuevo Palacio de Gobierno. Concluyó que este vacío demuestra que no existe una voluntad real de luchar contra el problema.
Alaín Núñez, vocal de la Corte Superior de Distrito, cree que no solo se trata de crear tribunales especializados en violencia contra la familia, sino de considerar que estos deben tener condiciones especiales, como cámaras para proteger a los testigos o salas donde las víctimas y los agresores no estén mezclados, como ocurre en la actualidad.
Dijo que, a raíz del crecimiento poblacional de Santa Cruz, la sala plena de la Corte Superior de Distrito emitió una resolución para incrementar el número de vocales y de jueces, pero este requerimiento depende ahora del Ministerio de Economía, porque los únicos ingresos del Poder Judicial corresponden a Derechos Reales. Eso significa que, en lo inmediato, es difícil cumplir la nueva norma en condiciones adecuadas para el tratamiento de casos de violencia en el hogar. Por eso, la diputada Reyes considera esencial la asignación de una partida presupuestaria extraordinaria a la administración de justicia.
El comandante de la Policía departamental, Guido Arroyo, explica que no hace falta crear una fuerza especial contra la violencia, porque ya existe la unidad de víctimas especiales y la unidad de delitos contra la familia. Consideró que todas las instituciones tienen sus limitaciones presupuestarias. Lo cierto es que en la Brigada de Protección a la Familia se atiende en un ambiente físico bastante deteriorado y sin herramientas adecuadas.
La activista de Mujeres Creando, María Galindo, cree que se debió incorporar la desconcentración del sistema judicial que está sobresaturado, permitiendo que las instituciones civiles adquieran un estatus de tribunal para la resolución de los problemas que no encierren delitos penales en el hogar.
La ley contra la violencia en el hogar es el primer paso. La lucha real contra este mal social dependerá de todos los niveles de la sociedad, desde los niños en las escuelas hasta las autoridades de turno. María Galindo cree que ya comenzó la interpelación al poder machista
LA NUEVA LEY
Cambios en la lucha contra la violencia
Acceso a cargos públicos
Será causal de inhabilitación tener antecedentes de violencia ejercida contra una mujer o cualquier miembro de su familia.
Atención en hospitales
Los centros de salud están obligados a atender y reportar, en un plazo de 48 horas, casos de violencia
En los trabajos
Debe haber tolerancia y garantía de estabilidad laboral para las mujeres en situación de violencia
Acoso sexual
Remoción del acosador del espacio laboral. Además, es pasible a una pena de cárcel de cuatro a ocho años.
Acogida y refugio
Se crean centros donde se resguardará a las víctimas y a sus hijos. Podrán permanecer por tres meses.
Medidas de protección
Incluyen la salida del agresor del hogar y la prohibición de acercarse a la víctima o a los hijos.
Certificados médicos
Valen certificados de cualquier médico como prueba del maltrato. El forense los avalará.
Trato digno
Se prohíben los malos tratos en hospitales, policía o tribunales a las víctimas de violencia.
Sanciones alternativas
Multas, trabajo comunitario, detención durante el fin de semana, inhabilitación en sus funciones, limitación de residencia.
Plazos
Se dispone que los tribunales especializados y fuerza especial en la Policía se creen tres meses después de aprobada la ley.
NUEVOS DELITOS Y ACCIONES
El maltrato económico se convierte en delito penal y se crea la figura del feminicidio
Un avance para combatir la indiferencia, representa el debate sobre la violencia en el hogar. El objetivo está planteado en la ley, queda plasmar en realidad la intención
La violencia en el hogar ha dejado de ser invisible para la sociedad. Dos muertes, una periodista y una empresaria, desnudaron un grave problema en Bolivia. La ley para erradicarla identifica el maltrato como delito penal y ese es un cambio trascendental, tanto porque se plantea el castigo para quien lo ejerce, como porque permite que la sociedad tome consciencia y deje de ser indiferente.
Hasta ahora, la mujer que se anima a denunciar maltrato se enfrenta a la conciliación con su pareja (el violento), porque la lógica y las normas mandan a preservar el hogar ante todo. En su miedo y su dolor, debe pagar las fotocopias del papeleo y hasta es quien le entrega la citación, a riesgo de ser golpeada otra vez por atreverse a revelar lo que le pasa en la intimidad de su hogar. Por lo general, los casos acaban en compromisos firmados de que no volverá la violencia y, con frecuencia, los malos tratos se repiten y pueden acabar con la muerte, como ocurrió con Hanaly Huaycho, quien ya había denunciado 14 veces a su expareja.
Si moría por los golpes, ese crimen era, muchas veces, calificado como homicidio por emoción violenta; si la lastimaban, las heridas debían provocarle un impedimento de más de 30 días para que el agresor fuera sancionado. En la nueva ley se crea la figura del feminicidio y tiene pena de 30 años sin derecho a indulto. Si hay agresión física, el castigo es agravado cuando quien la comete es pareja de la víctima y si provoca lesiones irreversibles, físicas o sicológicas, la pena va de 5 a 12 años de cárcel.
Nuevos delitos serán juzgados en tribunales especializados en violencia en el hogar. Se necesitará más recursos económicos
También se visibiliza la violencia económica, con cárcel de 5 a 12 años.
En esta categoría se enmarcan las acciones de quienes bloquean la posibilidad de trabajar o de generar ingresos propios de las mujeres. Asimismo, se castiga a quienes impidan el uso y disfrute de bienes que pertenecen a un miembro de la familia o a los que adulteran sus propios documentos para impedir el acceso a recursos del hogar
La ley elimina la conciliación, pero hace excepciones. El agresor y la víctima pueden conciliar siempre que no haya reincidencia y sea la primera vez. Sin embargo, según la diputada Elizabeth Reyes, al abrir espacios como este se somete a la mujer a que se le imponga un acuerdo con la pareja y se la exponga a nuevos hechos de violencia.
María Galindo, activista de Mujeres Creando, cuestiona que no se elimine el delito de abandono de hogar. En muchos casos, la mujer sale de su casa, escapando del marido violento y este la acusa de abandono de hogar. Ella aguanta callada para no correr el riesgo de perder la custodia de los hijos. También habla de vacíos como que no se reconozca el legítimo derecho a la defensa, que tienen las víctimas de violencia
También se plantea que es obligatorio atender a las víctimas de la violencia, bajo pena de incumplimiendo de deberes y se inserta que quienes hayan maltratado alguna vez, perderán la opción de ocupar cargos públicos, sean electivos o designados, y serán pasibles a que sus cuentas sean congeladas. Sin duda, es un avance importante
Difunden beneficios de Ley contra la discriminación
La Coordinadora Nacional del Programa ITS/VIH/SIDA del Ministerio de Salud y Deportes, Carola Valencia, señaló que se aplicará la Ley de Discriminación a favor de las personas que sufren discriminación por ser portadoras del VIH/SIDA.
“Para evitar la discriminación se ha comenzado la difusión de la Ley, los derechos y, sobre todo, se está ejecutando campañas de sensibilización a la ciudadanía, señaló la autoridad.
En su opinión cualquier acto de discriminación debe ser denunciado y, como Ministerio de Salud, adelantó que se asumirán las acciones correspondientes contra las personas que cometan el delito de discriminación contra pacientes o portadores del VIH/SIDA.
Valencia sostuvo que la Ley, es clara en este sentido, ya que establece mecanismos y procedimientos para la prevención y sanción de actos de racismo y toda forma de discriminación, en cumplimiento con la Constitución Política del Estado y Tratados Internacionales de Derechos Humanos. “Esta ley tiene por objetivo eliminar conductas de racismo y toda forma de discriminación y consolidar políticas públicas de protección.”
Han existido denuncias, dijo, en sentido de que varios niños portadores del VIH/SIDA fueron abandonados por sus padres, en centros hospitalarios, donde de acuerdo a los reportes los casos ya fueron controlados con la atención respectiva, a través de la profilaxis y el tratamiento antirretroviral. �“Esta es uno de las problemáticas más sentidas en nuestra sociedad, por su alto grado de insensibilidad y desconocimiento de la enfermedad”.
Para saber si una persona tiene SIDA, existe un procedimiento a cargo de un comité farmacoterapeútico de alto nivel, compuesta por infectólogos y médicos, quienes realizan estudios para saber el protocolo apropiado con cada uno de los pacientes.
En la gestión 2012 los casos de personas con VIH en Bolivia, se incrementaron en 25% con relación al 2011. En Santa Cruz cada mes se detectaron 60 personas con el virus, por lo que la Gobernación cruceña declaró alerta naranja.
El perfil epidemiológico más alto en Bolivia, se concentra en el eje troncal del país; Santa Cruz registró los índices más altos en 2012, seguido de Cochabamba y La Paz.
“Para evitar la discriminación se ha comenzado la difusión de la Ley, los derechos y, sobre todo, se está ejecutando campañas de sensibilización a la ciudadanía, señaló la autoridad.
En su opinión cualquier acto de discriminación debe ser denunciado y, como Ministerio de Salud, adelantó que se asumirán las acciones correspondientes contra las personas que cometan el delito de discriminación contra pacientes o portadores del VIH/SIDA.
Valencia sostuvo que la Ley, es clara en este sentido, ya que establece mecanismos y procedimientos para la prevención y sanción de actos de racismo y toda forma de discriminación, en cumplimiento con la Constitución Política del Estado y Tratados Internacionales de Derechos Humanos. “Esta ley tiene por objetivo eliminar conductas de racismo y toda forma de discriminación y consolidar políticas públicas de protección.”
Han existido denuncias, dijo, en sentido de que varios niños portadores del VIH/SIDA fueron abandonados por sus padres, en centros hospitalarios, donde de acuerdo a los reportes los casos ya fueron controlados con la atención respectiva, a través de la profilaxis y el tratamiento antirretroviral. �“Esta es uno de las problemáticas más sentidas en nuestra sociedad, por su alto grado de insensibilidad y desconocimiento de la enfermedad”.
Para saber si una persona tiene SIDA, existe un procedimiento a cargo de un comité farmacoterapeútico de alto nivel, compuesta por infectólogos y médicos, quienes realizan estudios para saber el protocolo apropiado con cada uno de los pacientes.
En la gestión 2012 los casos de personas con VIH en Bolivia, se incrementaron en 25% con relación al 2011. En Santa Cruz cada mes se detectaron 60 personas con el virus, por lo que la Gobernación cruceña declaró alerta naranja.
El perfil epidemiológico más alto en Bolivia, se concentra en el eje troncal del país; Santa Cruz registró los índices más altos en 2012, seguido de Cochabamba y La Paz.
Tratamiento de ley de bancos se aplaza a la espera de propuestas
La Comisión de Planificación, Política y Finanzas de la Cámara Baja aplazó por dos semanas el tratamiento del proyecto de Ley de Servicios Financieros (ley de bancos). Esta instancia está a la espera de las propuestas y sugerencias del Ejecutivo, de entidades financieras y asambleístas.
El presidente de la comisión, Javier Zavaleta, explicó ayer que la postergación en el tratamiento del proyecto de ley se debe a que la Asamblea dio prioridad al tratamiento del proyecto de Ley Integral Contra la Violencia a las Mujeres, lo que impidió a los asambleístas de esta instancia reunirse durante esta semana.
“Estaba previsto iniciar hoy (ayer) la aprobación en grande de la ley, pero el tratamiento de la Ley Contra la Violencia a las Mujeres nos modificó esta planificación. Es muy probable que se postergue la aprobación del proyecto de ley sin fecha. En el mejor de los casos retomaríamos el tratamiento de esta norma en los primeros días de marzo”, señaló.
El 14 de febrero, el secretario ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), Nelson Villalobos, hizo al menos diez observaciones al proyecto de Ley de Servicios Financieros con el objetivo de que la futura norma garantice la sostenibilidad financiera y el crecimiento de este sector en el país.
La posición de Villalobos fue expuesta en la reunión de la comisión que preside Zavaleta. En ese encuentro, el ministro Arce rechazó las observaciones que realizó la banca y señaló que por mandato de la Carta Magna, el Estado regulará las tasas de interés para los créditos de vivienda social y del sector productivo.
“Este tiempo que nos hemos dado desde la última sesión ha servido para que los diputados puedan hacer llegar sus propuestas y que el Ministerio de Economía analice si estarían dispuestos a modificar alguno de los artículos de la ley. Entonces como no nos vamos a reunir hoy (ayer), estamos ampliando ese plazo para que nos hagan llegar sus criterios”, dijo.
También mencionó que se espera que una vez más los representantes de las entidades financieras “expongan sus observaciones y sugerencias en otra sesión” de la comisión respecto a la futura ley del sector.
El 15 de febrero, el vicepresidente Álvaro García Linera aseguró que en el proyecto de Ley de Servicios Financieros se mantendrá el principio de la regulación de las tasas de interés para los créditos productivo y de vivienda. Dijo que se busca proteger al ahorrista y fomentar el préstamo.
El presidente de la Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Micro Finanzas (Asofin), Nelson Hinojosa, señaló que la decisión asumida por la comisión legislativa es racional, porque permitirá contar con más tiempo para poder debatir en detalle el proyecto de ley y las observaciones que planteó su sector.
“Nosotros hemos hecho llegar nuestras propuestas, que en realidad no las hemos cambiado hasta ahora, porque no hemos tenido todavía la posibilidad de discutir la propuesta (la ley); por lo tanto, esperamos que con este espacio de tiempo vamos a tener la posibilidad de discutir los puntos con mayor detalle”, sostuvo.
Los temas que se observan
Posición
Las entidades financieras cuestionan la regulación de tasas de interés para los créditos de vivienda y productivo así como para los ahorros. No aceptan que un porcentaje de sus utilidades se destine a la función social.
Servicios
Asoban no está de acuerdo con la reducción de precios o gratuidad de los servicios.
Rechazo
Asoban observa que se realice un aporte de capital adicional porque ya se lo aplica con base en normas internacionales.
sábado, 23 de febrero de 2013
Gobierno no responde sobre Ley de Régimen Electoral Transitorio
García Linera no habla sobre la Ley 4021 y reta a leer su Enciclopedia del Proceso Constituyente para descubrir las negociaciones de esa época.
El vicepresidente Álvaro García Linera eludió responder sobre la Ley de Régimen Electoral Transitorio firmada en abril de 2009 y dijo que toda interpretación de la oposición o de otros sectores es política y contraria a la Constitución Política del Estado (CPE); se refirió además al artículo 168 de la Carta Magna, que no está en discusión en el Tribunal Constitucional Plurinacional, y argumentó que el primer mandato del presidente Evo Morales “no cuenta” porque no cumplió los cinco años, pues fue “obligado” a acortar el tiempo, por tanto, ahora está habilitado para ser el candidato oficialista en 2014.
Luego de que la oposición recordara que existe el antecedente de Ley de Régimen Electoral Transitorio con un artículo que hace a la aplicación de la disposición transitoria primera, parágrafo segundo de la nueva CPE, referida a la reelección presidencial, computando el anterior período del mandatario Evo Morales, para efectos posteriores, el segundo mandatario descalificó cualquier argumento y se enfrascó en explicar su visión de la constitucionalidad vigente, pidiendo revisar la ostentosa obra dirigida por su persona y otros intelectuales de izquierda, donde estaría toda la historia del proceso constituyente.
“He oído hablar a algunos diputados de la época que dice yo me acuerdo que me dijo, que no me dijo, muéstrenme un solo documento escrito, la transcripción de una intervención donde se haya hablado el tema de la reelección; no existe, no hay, evidentemente eran tiempos complejos y se decían muchas cosas y se hablaban muchas cosas, eso es lo malo, pero lo real, escrito, grabado, firmado como acuerdo, es lo que está en esta Enciclopedia”, dijo.
Asimismo, argumentó que durante la época transitoria a la nueva Constitución, tanto él como el presidente del Estado “fueron obligados a recortar su mandato”, porque de acuerdo a las normas constitucionales anteriores debieran cumplir cinco años de mandato y no cuatro como sucedió en los hechos.
“(La CPE) dice: los mandatos anteriores a la vigencia de la Constitución…, un mandato dura cinco años y al presidente Evo y al vicepresidente nos obligaron a cortar el mandato completo, (...) No sé cuál es el gran problema, se acortó la gestión del Presidente, no se cumplió ningún mandato; por lo tanto, en lectura textual, real de la Constitución, el Presidente está habilitado para candidatear el año 2014 y será el tercer Gobierno del estado plurinacional del 2015 al 2020”, remarcó.
El presidente Evo Morales, consultado por EL DIARIO en su última conferencia de prensa, respondió ofuscado y aseguró que nunca hubo una renuncia, sólo se aplicó la CPE y se llamó a nuevas elecciones por voluntad del pueblo.
“Una vez aprobada la CPE, tenemos que aplicar la Constitución y eso era convocar a la elección; por tanto, no hay por qué buscar renuncia ni nada sino aprobada con el voto del pueblo la nueva Constitución del Estado Plurinacional, convocar inmediatamente a las elecciones. Sólo se ha cumplido la Constitución aprobada por el pueblo boliviano, ¿está claro, está entendido?”, expresó el reciente 18 de febrero.
Por otra parte, el diputado de Alianza Social (AS), Willman Cardozo, insistió en que la Ley Transitoria 4021 aprobada el 14 de abril de 2009, en su artículo 25, establece que no se permite una tercera reelección del Presidente y Vicepresidente del Estado Plurinacional. “Además, el MAS por una actitud unilateral y política se acortó un año de mandato, nadie los obligó, y que ahora diga que los obligaron es muy lamentable ese tipo de actitudes”, afirmó.
El diputado de Convergencia Nacional (CN), Tomas Monasterios, anunció a EL DIARIO que la próxima semana enviarán al Tribunal Constitucional Plurinacional en Sucre, una documentación respaldada con legislaciones que establecen que no existe una tercera reelección continua, con la citada Ley de Régimen Electoral Transitorio.
“Nos estamos reuniendo y la próxima semana ya tendremos lista la documentación donde queremos recordar al Tribunal Constitucional esta Ley de Régimen Transitorio que paradójicamente es desconocida por el propio Gobierno que lo promulgó. Lo que nosotros exigimos es que se respete las normas en base a la CPE”, señaló.
DATOS
La Ley 4021 cita:
- II. En aplicación de la disposición transitoria primera, parágrafo segundo, de la Constitución Política del Estado, el cómputo de los mandatos constitucionales se regirá de conformidad a los siguientes:
- a) Se computará como primer período, el mandato vigente a tiempo de la promulgación de la nueva CPE.
viernes, 22 de febrero de 2013
Ley electoral puso candado para que Evo no vaya a tercer mandato
La Ley de Régimen Electoral Transitorio, promulgada por el presidente Evo Morales el 14 de abril de 2009 y que hizo viable las elecciones generales de ese año, establece como el primer mandato del jefe de Estado el periodo 2006-2009.
El parágrafo II del artículo 25 de esa norma señala: “En aplicación de la disposición transitoria primera, parágrafo segundo, de la Constitución Política del Estado, el cómputo de los mandatos constitucionales se regirá de conformidad a los siguientes: a) se computará como primer periodo el mandato vigente a tiempo de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado. b) Para el efecto del cómputo se considerarán los mandatos correspondientes al mismo cargo electivo”.
Éste fue un segundo candado que puso la oposición para que el presidente Morales no sea reelecto por tercera vez consecutiva como pretende ahora.
El primer cerrojo fue el parágrafo II de la disposición transitoria primera de la Carta Magna: “Los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones”.
Para el diputado opositor Willman Cardozo, pretender que el Tribunal Constitucional haga una interpretación de la Constitución, como busca el MAS mediante un proyecto de ley, para habilitar al Presidente y Vicepresidente para los comicios 2014 es “ocioso” porque los congresistas ya “interpretamos” la disposición transitoria. El oficialismo ensayó varios argumentos para justificar la consulta ante el órgano de control constitucional, como que la disposición transitoria segunda ya no está vigente o que Morales recién cumple su primer mandato.
El ex constituyente Jorge Lazarte recordó que después del acuerdo político por la nueva Constitución entre el MAS y la oposición, autoridades oficialistas reconocieron en 2008 que el Presidente no podrá asumir la presidencia por tercera vez.
“El Presidente, de una manera muy desprendida, ha planteado eliminar en los hechos la reelección”, afirmó en 2008 el ahora ministro de Gobierno Carlos Romero. “Se ha logrado evitar que el Presidente se prolongue indefinidamente en el poder”, dijo en 2008 el senador de Podemos Luis Vásquez Villamor. La misma versión fue ratificada por el ex senador Carlos Böhrt, quien también participó de la llamada mesa clandestina donde se hizo cambios al borrador del texto constitucional. Ahora, el MAS busca habilitar a Morales con una consulta al Tribunal Constitucional.
El parágrafo II del artículo 25 de esa norma señala: “En aplicación de la disposición transitoria primera, parágrafo segundo, de la Constitución Política del Estado, el cómputo de los mandatos constitucionales se regirá de conformidad a los siguientes: a) se computará como primer periodo el mandato vigente a tiempo de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado. b) Para el efecto del cómputo se considerarán los mandatos correspondientes al mismo cargo electivo”.
Éste fue un segundo candado que puso la oposición para que el presidente Morales no sea reelecto por tercera vez consecutiva como pretende ahora.
El primer cerrojo fue el parágrafo II de la disposición transitoria primera de la Carta Magna: “Los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones”.
Para el diputado opositor Willman Cardozo, pretender que el Tribunal Constitucional haga una interpretación de la Constitución, como busca el MAS mediante un proyecto de ley, para habilitar al Presidente y Vicepresidente para los comicios 2014 es “ocioso” porque los congresistas ya “interpretamos” la disposición transitoria. El oficialismo ensayó varios argumentos para justificar la consulta ante el órgano de control constitucional, como que la disposición transitoria segunda ya no está vigente o que Morales recién cumple su primer mandato.
El ex constituyente Jorge Lazarte recordó que después del acuerdo político por la nueva Constitución entre el MAS y la oposición, autoridades oficialistas reconocieron en 2008 que el Presidente no podrá asumir la presidencia por tercera vez.
“El Presidente, de una manera muy desprendida, ha planteado eliminar en los hechos la reelección”, afirmó en 2008 el ahora ministro de Gobierno Carlos Romero. “Se ha logrado evitar que el Presidente se prolongue indefinidamente en el poder”, dijo en 2008 el senador de Podemos Luis Vásquez Villamor. La misma versión fue ratificada por el ex senador Carlos Böhrt, quien también participó de la llamada mesa clandestina donde se hizo cambios al borrador del texto constitucional. Ahora, el MAS busca habilitar a Morales con una consulta al Tribunal Constitucional.
Cámara de Diputados aprueba en detalle proyecto de ley Integral contra la Violencia a la Mujer
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó el jueves, en su estación en detalle y con modificaciones el proyecto de ley Integral contra la Violencia a las Mujeres, que tiene el objetivo de erradicar y prevenir todo tipo de violencia contra el género femenino, asimismo se incorporaron a la norma sanciones a las agresoras contra los varones.
'Esta ley ha sido un trabajo en consenso, hay una manifiesta voluntad política para hacer efectiva una ley que una necesidad, es un tributo a todas las mujeres, a todas las niñas, los niños que han sido víctimas de personas adultas, víctimas de una violencia física integral, esta ley justamente abarca a todas las personas en el marco de la Constitución Política del Estado', manifestó la presidenta de la Cámara Baja, Betty Tejada, luego de concluir con el debate que duró aproximadamente 15 horas.
La norma inicialmente contaba con 111 artículos, de los cuales fueron suprimidos 11, que en algunos casos fueron añadidos a otros o eliminados por ser reiterativos. Tejada agregó que los artículos que contiene la norma fueron consensuados y redactados anteriormente con las bancadas oficialistas y opositoras en varias mesas de trabajo, sin embargo, los diputados opositores mantuvieron un arduo debate en el hemiciclo.
El artículo más relevante del proyecto de ley, que fue elaborado desde el año 2011 con distintas organizaciones sociales, establece la incorporación del delito de feminicidio al Código Penal, eliminando el homicidio por emoción violenta.
Asimismo señala que las personas que maltratan a las mujeres serán sancionadas con una pena privativa de 16 a 20 años, el abuso sexual con 15 a 20 años. Además la norma analizada por la Cámara de Diputados establece la creación de centros de fortalecimiento para las mujeres, que les permitirá salir del círculo de la violencia y el maltrato.
La norma también cuenta con ocho disposiciones transitorias referente a las distintas instancias para proteger a las víctimas de violencia, 'esta ley compromete responsabilidades del Órgano Judicial, del Ministerio Público, del nivel central del Estado y de las entidades autónomas', señaló.
La Presidente de la Cámara Baja añadió que las modificaciones fueron de forma, pero que las correcciones precisaron responsabilidades de las distintas instancias. También recomienda a las instituciones involucradas reformular sus presupuestos para este año y poner en marcha todos los aspectos de la norma en un plazo máximo de tres meses.
Por otro lado, entre otras de las modificaciones más relevantes está la incorporación a la norma sanciones contra las mujeres que agredan a varones, además sancionará a personas que realicen falsas denuncias, y se agregó el tema de la conciliación.
Tejada precisó que la norma está avalada por la Constitución Política del Estado porque protege a toda la sociedad en general, pero con preferencia al género femenino.
Por su parte, la diputada Flora Aguilar explicó que el tema de la conciliación sólo se aplicará una vez, 'aquí en la ley también lo cierra aquello, sólo va a ser un sola vez lo que se va a hacer la conciliación, pero a pedido de la víctima, sino pide no hay conciliación, el mismo artículo lo indica en un parágrafo, que puede realizar una sola vez la conciliación cuando pide la víctima, sino pide no hay conciliación'.
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, destacó la norma y señaló que será un 'andamio' para erradicar la violencia contra el género femenino porque ese 'flagelo' se encuentra muy enraizado en la cultura boliviana. 'Evidentemente esto nos va a servir a mediano y largo plazo trabajar, es un primer paso fundamental, esto es todo un andamiaje complejo, muy complejo, que tiene que ver con componentes culturales, educativos, que permitan verdaderamente un cambio estructural en las categorías de pensar, de actuar, de interpretar diferentes situaciones', resaltó.
Villena agregó que si bien la norma por sí sola no tiene el poder para erradicar la violencia en el país, se debe trabajar en el ámbito educativo porque es un tema que tiene que ver con el sentido de la vida para la mujer y el varón en su categoría de género.
En ese marco, convocó a las mujeres agredidas a denunciar los hechos de violencia de los cuales son víctimas y romper con las estructuras mentales que no permiten que una fémina denuncie por miedo al 'que dirán'. La norma también establece que los medios de comunicación emitan mensajes que permitan a la población prevenir hechos de violencia, además concienticen a un mejor trato.
El número elevado de casos de violencia contra la mujer inspiró la redacción de esta normativa; sin embargo, el asesinato de la periodista Hanalí Huaycho, hecho perpetrado por su esposo Jorge Clavijo, actualmente prófugo de la justicia, apresuró su tratamiento.
'Esta ley ha sido un trabajo en consenso, hay una manifiesta voluntad política para hacer efectiva una ley que una necesidad, es un tributo a todas las mujeres, a todas las niñas, los niños que han sido víctimas de personas adultas, víctimas de una violencia física integral, esta ley justamente abarca a todas las personas en el marco de la Constitución Política del Estado', manifestó la presidenta de la Cámara Baja, Betty Tejada, luego de concluir con el debate que duró aproximadamente 15 horas.
La norma inicialmente contaba con 111 artículos, de los cuales fueron suprimidos 11, que en algunos casos fueron añadidos a otros o eliminados por ser reiterativos. Tejada agregó que los artículos que contiene la norma fueron consensuados y redactados anteriormente con las bancadas oficialistas y opositoras en varias mesas de trabajo, sin embargo, los diputados opositores mantuvieron un arduo debate en el hemiciclo.
El artículo más relevante del proyecto de ley, que fue elaborado desde el año 2011 con distintas organizaciones sociales, establece la incorporación del delito de feminicidio al Código Penal, eliminando el homicidio por emoción violenta.
Asimismo señala que las personas que maltratan a las mujeres serán sancionadas con una pena privativa de 16 a 20 años, el abuso sexual con 15 a 20 años. Además la norma analizada por la Cámara de Diputados establece la creación de centros de fortalecimiento para las mujeres, que les permitirá salir del círculo de la violencia y el maltrato.
La norma también cuenta con ocho disposiciones transitorias referente a las distintas instancias para proteger a las víctimas de violencia, 'esta ley compromete responsabilidades del Órgano Judicial, del Ministerio Público, del nivel central del Estado y de las entidades autónomas', señaló.
La Presidente de la Cámara Baja añadió que las modificaciones fueron de forma, pero que las correcciones precisaron responsabilidades de las distintas instancias. También recomienda a las instituciones involucradas reformular sus presupuestos para este año y poner en marcha todos los aspectos de la norma en un plazo máximo de tres meses.
Por otro lado, entre otras de las modificaciones más relevantes está la incorporación a la norma sanciones contra las mujeres que agredan a varones, además sancionará a personas que realicen falsas denuncias, y se agregó el tema de la conciliación.
Tejada precisó que la norma está avalada por la Constitución Política del Estado porque protege a toda la sociedad en general, pero con preferencia al género femenino.
Por su parte, la diputada Flora Aguilar explicó que el tema de la conciliación sólo se aplicará una vez, 'aquí en la ley también lo cierra aquello, sólo va a ser un sola vez lo que se va a hacer la conciliación, pero a pedido de la víctima, sino pide no hay conciliación, el mismo artículo lo indica en un parágrafo, que puede realizar una sola vez la conciliación cuando pide la víctima, sino pide no hay conciliación'.
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, destacó la norma y señaló que será un 'andamio' para erradicar la violencia contra el género femenino porque ese 'flagelo' se encuentra muy enraizado en la cultura boliviana. 'Evidentemente esto nos va a servir a mediano y largo plazo trabajar, es un primer paso fundamental, esto es todo un andamiaje complejo, muy complejo, que tiene que ver con componentes culturales, educativos, que permitan verdaderamente un cambio estructural en las categorías de pensar, de actuar, de interpretar diferentes situaciones', resaltó.
Villena agregó que si bien la norma por sí sola no tiene el poder para erradicar la violencia en el país, se debe trabajar en el ámbito educativo porque es un tema que tiene que ver con el sentido de la vida para la mujer y el varón en su categoría de género.
En ese marco, convocó a las mujeres agredidas a denunciar los hechos de violencia de los cuales son víctimas y romper con las estructuras mentales que no permiten que una fémina denuncie por miedo al 'que dirán'. La norma también establece que los medios de comunicación emitan mensajes que permitan a la población prevenir hechos de violencia, además concienticen a un mejor trato.
El número elevado de casos de violencia contra la mujer inspiró la redacción de esta normativa; sin embargo, el asesinato de la periodista Hanalí Huaycho, hecho perpetrado por su esposo Jorge Clavijo, actualmente prófugo de la justicia, apresuró su tratamiento.
La ley contra el acoso político no se implementa
a Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) denunció que al año de la promulgación de la Ley de Acoso Político, no tiene una “reglamentación” y tampoco recursos para atender las denuncias de las víctimas de violencia y acoso político.
La directora ejecutiva de Acobol, Jessi López, informó que durante la aprobación de la ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional se propuso que la norma incorpore porcentajes fijos para la asignación de recursos económicos, pero no se aceptó y se prefirió dejar el tema para la reglamentación.
López relató que los asambleístas se rehusaron a introducir porcentajes fijos para financiar la aplicación de la norma.
“En su momento no quisieron poner un porcentaje en la ley, pero lamentablemente ahora ésa es la lucha. Está la ley, pero no hay una instancia que te ampare”, declaró López.
La instancia competente es el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, que debe establecer estrategias y mecanismos de aplicación de la norma.
Éste es el mismo destino de varias normas que son aprobadas por la Asamblea Legislativa.
La directora ejecutiva de Acobol, Jessi López, informó que durante la aprobación de la ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional se propuso que la norma incorpore porcentajes fijos para la asignación de recursos económicos, pero no se aceptó y se prefirió dejar el tema para la reglamentación.
López relató que los asambleístas se rehusaron a introducir porcentajes fijos para financiar la aplicación de la norma.
“En su momento no quisieron poner un porcentaje en la ley, pero lamentablemente ahora ésa es la lucha. Está la ley, pero no hay una instancia que te ampare”, declaró López.
La instancia competente es el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, que debe establecer estrategias y mecanismos de aplicación de la norma.
Éste es el mismo destino de varias normas que son aprobadas por la Asamblea Legislativa.
Instituciones ven difícil aplicar ley contra violencia a mujeres
Al menos tres instituciones que tienen la corresponsabilidad de aplicar la ley contra la violencia a las mujeres advirtieron que no será posible implementarla debido a la falta de recursos económicos, logísticos y humanos.
El Ministerio Público, el Consejo de la Magistratura, los municipios, la Policía y otras entidades, de acuerdo a las disposiciones transitorias de la norma que está en debate en la Cámara de Diputados, tienen la obligación de implementar la ley.
El fiscal general, Ramiro Guerrero, dijo ayer que esa instancia no tiene recursos. “No estamos en condiciones presupuestarias, financieras y de recursos humanos para poder implementar. Las leyes pueden ser muy buenas, pero la realidad es otra”.
El proyecto de ley establece la creación de nuevas instituciones defensoras de derechos, el fortalecimiento de las que ya existen y el incremento de recursos humanos y económicos.
Esta misma preocupación tiene la presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani. La autoridad dijo que “la ley debe ir a la par de recursos económicos para que podamos implementarla en beneficio de la población vulnerable”.
Esa instancia demandó al Gobierno central, el año pasado, más recursos económicos e ítems para jueces para la creación de nuevos juzgados en todo el país, pero hasta ahora no existe respuesta a su pedido.
El fiscal Guerrero lamentó que el Ministerio Público no haya sido convocado para diseñar la ley contra la violencia a la mujer, que busca establecer el feminicidio como una figura penal que se castigará con 30 años de cárcel.
“Yo escuchaba a una diputada decir que hay tres meses para implementar (la ley); nosotros llevamos cuatro meses esperando un presupuesto adicional y hasta ahora no tenemos respuesta del Ministerio de Economía y Finanzas”.
En los municipios tienen los mismos problemas. “Hay pocos municipios que tienen sus servicios legales integrales con personal”, afirmó la directora ejecutiva de la Asociación de Concejalas de Bolivia, Jessi López.
La representante pidió que en la ley se debe establecer porcentajes fijos que los gobiernos municipales deben presupuestar cada año para el cumplimiento efectivo de la norma.
El Ministerio Público, el Consejo de la Magistratura, los municipios, la Policía y otras entidades, de acuerdo a las disposiciones transitorias de la norma que está en debate en la Cámara de Diputados, tienen la obligación de implementar la ley.
El fiscal general, Ramiro Guerrero, dijo ayer que esa instancia no tiene recursos. “No estamos en condiciones presupuestarias, financieras y de recursos humanos para poder implementar. Las leyes pueden ser muy buenas, pero la realidad es otra”.
El proyecto de ley establece la creación de nuevas instituciones defensoras de derechos, el fortalecimiento de las que ya existen y el incremento de recursos humanos y económicos.
Esta misma preocupación tiene la presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani. La autoridad dijo que “la ley debe ir a la par de recursos económicos para que podamos implementarla en beneficio de la población vulnerable”.
Esa instancia demandó al Gobierno central, el año pasado, más recursos económicos e ítems para jueces para la creación de nuevos juzgados en todo el país, pero hasta ahora no existe respuesta a su pedido.
El fiscal Guerrero lamentó que el Ministerio Público no haya sido convocado para diseñar la ley contra la violencia a la mujer, que busca establecer el feminicidio como una figura penal que se castigará con 30 años de cárcel.
“Yo escuchaba a una diputada decir que hay tres meses para implementar (la ley); nosotros llevamos cuatro meses esperando un presupuesto adicional y hasta ahora no tenemos respuesta del Ministerio de Economía y Finanzas”.
En los municipios tienen los mismos problemas. “Hay pocos municipios que tienen sus servicios legales integrales con personal”, afirmó la directora ejecutiva de la Asociación de Concejalas de Bolivia, Jessi López.
La representante pidió que en la ley se debe establecer porcentajes fijos que los gobiernos municipales deben presupuestar cada año para el cumplimiento efectivo de la norma.
lunes, 18 de febrero de 2013
Comisión aprueba proyecto de ley Integral de Violencia contra la Mujer y lo remite al pleno de Diputados
La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó el lunes el proyecto de 'ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia' y remitió el documento al pleno camaral para su respectivo debate y aprobación, informaron fuentes legislativas.
El presidente de esa instancia legislativa detalló que la Comisión aprobó el proyecto en grande y detalle después de 20 horas de debate continuo.
'Esta mañana a las ocho hemos aprobado el proyecto de Ley en sus estaciones en grande y detalle', remarcó.
Explicó que esa nueva norma tiene como objetivo principal la erradicación de la violencia contra la mujer mediante políticas del Gobierno central, los gobiernos departamentales, municipales, la Policía Nacional, el Consejo de la Magistratura, además de los medios de comunicación. 'Es una ley muy eficaz protegiendo la seguridad de las mujeres, mediante la creación de las casas de acogida, la especialización de nuevos jueces, habrán fiscales especializados para la atención de casos de violencia', apuntó.
El legislador indicó que la ley establece la sanción máxima de 30 años de cárcel de manera inmediata en los casos de feminicidio. Asimismo, indicó que la nueva norma posibilita que los certificados médicos forenses sean emitidos por cualquier centro médico.
'A consecuencia de esos certificados médicos muchas veces las víctimas tienen que esperar la revisión porque en el Instituto de Investigaciones Forenses no trabajan fines de semana', dijo.
El presidente de esa instancia legislativa detalló que la Comisión aprobó el proyecto en grande y detalle después de 20 horas de debate continuo.
'Esta mañana a las ocho hemos aprobado el proyecto de Ley en sus estaciones en grande y detalle', remarcó.
Explicó que esa nueva norma tiene como objetivo principal la erradicación de la violencia contra la mujer mediante políticas del Gobierno central, los gobiernos departamentales, municipales, la Policía Nacional, el Consejo de la Magistratura, además de los medios de comunicación. 'Es una ley muy eficaz protegiendo la seguridad de las mujeres, mediante la creación de las casas de acogida, la especialización de nuevos jueces, habrán fiscales especializados para la atención de casos de violencia', apuntó.
El legislador indicó que la ley establece la sanción máxima de 30 años de cárcel de manera inmediata en los casos de feminicidio. Asimismo, indicó que la nueva norma posibilita que los certificados médicos forenses sean emitidos por cualquier centro médico.
'A consecuencia de esos certificados médicos muchas veces las víctimas tienen que esperar la revisión porque en el Instituto de Investigaciones Forenses no trabajan fines de semana', dijo.
Una ley crea fricciones entre mujeres
El "macho picado" en vez del tradicional "pique macho" es la especialidad de la casa que la agrupación feminista "Mujeres Creando", ubicada en la calle Arenales No. 284 ha abierto en Santa Cruz. Desde ahí, la principal líder, María Galindo, dijo que se oponen a la aprobación de la Ley del Feminicidio que impulsa el gobierno desde ayer en la Cámara de Diputados luego de la muerte de la periodista paceña Hanalí Huaycho en La Paz.
Con parte de la cabeza rapada y trenzas al otro lado, Galindo dijo que esa norma es impulsada por "las virreinas" del masismo, Betty Tejada, de Diputados y Gabriela Montaño, de Senadores, con fines políticos, sin escuchar a agrupaciones como las que ella dirige que hace 20 años están peleando por la defensa de las mujeres maltratadas.
En ese sentido, dijo que aprobar una norma de esa naturaleza es duplicar el tipo delictivo, teniendo en cuenta que existe el delito de asesinato y la pena de 30 años contra los que asesinan a otros, incluyendo a sus parejas, pero el problema de fondo es que cuando una mujer es agredida, los casos no llegan a los tribunales por la burocracia de los mecanismos y porque la justicia no es gratuita.
Apoyo. Galindo llegó a Santa Cruz para impulsar un programa de apoyo a mujeres víctimas de maltratos que se encuentra en funcionamiento desde agosto del año pasado y que ayuda con el acompañamiento, denuncias y orientación a cargo de la sicóloga Greta Vargas y otras voluntarias.
Quienes se sientan víctimas de algún abuso pueden comunicarse a los teléfonos 71631083 o 70591169.
A favor de la norma. Por su parte Miriam Suárez, representante de la Casa de la Mujer, dijo que quienes están contra esa ley defienden posiciones de un machismo patriarcal que debe ser desechado de la sociedad.
En ese sentido, defendió el proyecto porque se trata de una norma que ataca el tema de la violencia familiar en forma integral y que contempla, fundamentalmente, la especialización en el tratamiento de esos casos.
Establece por ejemplo juzgados especiales, forenses y fiscales dedicados exclusivamente a atender ese caso y penas intermedias a los 30 años, para quienes sean condenados por agresiones.
Explicó que esa normativa fue presentada el año pasado a la Asamblea Legislativa Plurinacional por la Casa de la Mujer y varias organizaciones sociales.
Feminicidio
'No es lo mismo que homicidio o asesinato', dice el Vicepresidente
Es diferente. El vicepresidente Álvaro García Linera salió al frente de las críticas y dijo que ese proyecto de ley ha sido socializado y que no es lo mismo que el tipo penal de asesinato u homicidio, que establecen penas de 20 a 30 años de prisión en el Código Penal en vigencia.
Es integral. Dijo que contempla la especialización de jueces, fiscales, forenses para esos casos, así como apoyo, orientación sicológica y albergues para las mujeres que son víctimas. Y también una campaña para que la gente en los barrios denuncie a los hombres golpeadores.
Con parte de la cabeza rapada y trenzas al otro lado, Galindo dijo que esa norma es impulsada por "las virreinas" del masismo, Betty Tejada, de Diputados y Gabriela Montaño, de Senadores, con fines políticos, sin escuchar a agrupaciones como las que ella dirige que hace 20 años están peleando por la defensa de las mujeres maltratadas.
En ese sentido, dijo que aprobar una norma de esa naturaleza es duplicar el tipo delictivo, teniendo en cuenta que existe el delito de asesinato y la pena de 30 años contra los que asesinan a otros, incluyendo a sus parejas, pero el problema de fondo es que cuando una mujer es agredida, los casos no llegan a los tribunales por la burocracia de los mecanismos y porque la justicia no es gratuita.
Apoyo. Galindo llegó a Santa Cruz para impulsar un programa de apoyo a mujeres víctimas de maltratos que se encuentra en funcionamiento desde agosto del año pasado y que ayuda con el acompañamiento, denuncias y orientación a cargo de la sicóloga Greta Vargas y otras voluntarias.
Quienes se sientan víctimas de algún abuso pueden comunicarse a los teléfonos 71631083 o 70591169.
A favor de la norma. Por su parte Miriam Suárez, representante de la Casa de la Mujer, dijo que quienes están contra esa ley defienden posiciones de un machismo patriarcal que debe ser desechado de la sociedad.
En ese sentido, defendió el proyecto porque se trata de una norma que ataca el tema de la violencia familiar en forma integral y que contempla, fundamentalmente, la especialización en el tratamiento de esos casos.
Establece por ejemplo juzgados especiales, forenses y fiscales dedicados exclusivamente a atender ese caso y penas intermedias a los 30 años, para quienes sean condenados por agresiones.
Explicó que esa normativa fue presentada el año pasado a la Asamblea Legislativa Plurinacional por la Casa de la Mujer y varias organizaciones sociales.
Feminicidio
'No es lo mismo que homicidio o asesinato', dice el Vicepresidente
Es diferente. El vicepresidente Álvaro García Linera salió al frente de las críticas y dijo que ese proyecto de ley ha sido socializado y que no es lo mismo que el tipo penal de asesinato u homicidio, que establecen penas de 20 a 30 años de prisión en el Código Penal en vigencia.
Es integral. Dijo que contempla la especialización de jueces, fiscales, forenses para esos casos, así como apoyo, orientación sicológica y albergues para las mujeres que son víctimas. Y también una campaña para que la gente en los barrios denuncie a los hombres golpeadores.
AMB Presentan un recurso contra Ley Financial
Con la firma de cinco alcaldes, la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB), presentará hoy un recurso de inconstitucionalidad abstracta de los Artículos 1, 11, 19 y 28 de la ley N° 317 del Presupuesto General del Estado 2013.
Los burgomaestres firmantes de la demanda son Luis Revilla de La Paz; Percy Fernández de Santa Cruz; Óscar Montes de Tarija; Moisés Shiriqui de Trinidad; y Moisés Torres por Sucre.
El motivo es por considerar que vulneran la Autonomía Municipal y ejerce “una verdadera confiscación de facto, un ejercicio discrecional de los recursos de los Gobiernos Autónomos Municipales en un acto de verdadero atentado constitucional”.
Pretenden centralizar recursos. Los demandantes sostienen que con la ley Financial, el Gobierno pretende centralizar los recursos, violando de esta manera la Autonomía Municipal./ANF
Los burgomaestres firmantes de la demanda son Luis Revilla de La Paz; Percy Fernández de Santa Cruz; Óscar Montes de Tarija; Moisés Shiriqui de Trinidad; y Moisés Torres por Sucre.
El motivo es por considerar que vulneran la Autonomía Municipal y ejerce “una verdadera confiscación de facto, un ejercicio discrecional de los recursos de los Gobiernos Autónomos Municipales en un acto de verdadero atentado constitucional”.
Pretenden centralizar recursos. Los demandantes sostienen que con la ley Financial, el Gobierno pretende centralizar los recursos, violando de esta manera la Autonomía Municipal./ANF
Ley fomentará desarrollo productivo y de viviendas
IMPULSO El Sistema Financiero deberá estructurar productos y servicios financieros rurales para promover el avance integral sustentable.
Redacción central / Cambio
La nueva norma reemplazará a la actual Ley de Bancos y Entidades Financieras, del 14 de abril de 1993.
El sistema financiero deberá estructurar productos y servicios financieros rurales.
El fomentar el desarrollo productivo y la construcción de viviendas son los dos objetivos del proyecto de Ley de Servicios Financieros, que es analizado en la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados.
Para cumplir estas tareas, la iniciativa legal propone que el Órgano Ejecutivo establezca los techos límites para los créditos dirigidos a estos dos sectores que realiza el sistema financiero nacional.
El artículo 60 de la iniciativa precisa: “Las tasas de interés activas serán reguladas por el Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado mediante decreto supremo, estableciendo para los financiamientos destinados al sector productivo y vivienda social límites máximos dentro de los cuales las entidades financieras podrán pactar con sus clientes en el marco de lo establecido en el proyecto de ley”.
Estas medidas irán unidas a mecanismos para ampliar la cobertura del sistema financiero y los créditos destinados a los habitantes de zonas rurales, señaló el diputado Javier Zabaleta, presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.
“En el punto de vivienda igual, porque los créditos de este tipo en las zonas rurales es casi cero, y el objetivo de esta ley es mandar a todas las mutuales, incluso los bancos a ofrecer créditos en el área rural”, apuntó el diputado Zabaleta en entrevista con la red de medios estatales.
Estas medidas de regulación no afectarán la estabilidad del sistema financiero que en los últimos años mostró cifras positivas.
En 2006, por ejemplo, las utilidades de la banca eran de $us 59,7 millones, cifra que se incrementó en más de 200 por ciento hacia 2012, cuando sumó $us 186 millones.
“No queremos que los bolivianos reciban una tasa de interés real negativa en el rendimiento de su dinero, cuando hay sectores que se apropian de excedentes económicos con jugosas utilidades”, manifestó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce.
El Gobierno fijará techos límites para los créditos dirigidos al sector productivo y vivienda social.
Las tasas de interés para créditos cuyos destinos sean distintos al sector productivo o de vivienda igualmente podrán ser objeto de regulación.
Las entidades de intermediación financiera no podrán modificar unilateralmente las tasas de interés pactadas.
Redacción central / Cambio
La nueva norma reemplazará a la actual Ley de Bancos y Entidades Financieras, del 14 de abril de 1993.
El sistema financiero deberá estructurar productos y servicios financieros rurales.
El fomentar el desarrollo productivo y la construcción de viviendas son los dos objetivos del proyecto de Ley de Servicios Financieros, que es analizado en la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados.
Para cumplir estas tareas, la iniciativa legal propone que el Órgano Ejecutivo establezca los techos límites para los créditos dirigidos a estos dos sectores que realiza el sistema financiero nacional.
El artículo 60 de la iniciativa precisa: “Las tasas de interés activas serán reguladas por el Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado mediante decreto supremo, estableciendo para los financiamientos destinados al sector productivo y vivienda social límites máximos dentro de los cuales las entidades financieras podrán pactar con sus clientes en el marco de lo establecido en el proyecto de ley”.
Estas medidas irán unidas a mecanismos para ampliar la cobertura del sistema financiero y los créditos destinados a los habitantes de zonas rurales, señaló el diputado Javier Zabaleta, presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.
“En el punto de vivienda igual, porque los créditos de este tipo en las zonas rurales es casi cero, y el objetivo de esta ley es mandar a todas las mutuales, incluso los bancos a ofrecer créditos en el área rural”, apuntó el diputado Zabaleta en entrevista con la red de medios estatales.
Estas medidas de regulación no afectarán la estabilidad del sistema financiero que en los últimos años mostró cifras positivas.
En 2006, por ejemplo, las utilidades de la banca eran de $us 59,7 millones, cifra que se incrementó en más de 200 por ciento hacia 2012, cuando sumó $us 186 millones.
“No queremos que los bolivianos reciban una tasa de interés real negativa en el rendimiento de su dinero, cuando hay sectores que se apropian de excedentes económicos con jugosas utilidades”, manifestó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce.
El Gobierno fijará techos límites para los créditos dirigidos al sector productivo y vivienda social.
Las tasas de interés para créditos cuyos destinos sean distintos al sector productivo o de vivienda igualmente podrán ser objeto de regulación.
Las entidades de intermediación financiera no podrán modificar unilateralmente las tasas de interés pactadas.
domingo, 17 de febrero de 2013
Comisión inicia hoy tratamiento de Ley contra la violencia a la mujer
A las 10:00 horas de hoy, la Comisión de Derechos Humanos, presidida por el diputado Ever Lucas Moya Zarate, en sesión ordinaria tratará el proyecto de Ley Integral para garantizar a las Mujeres una vida Libre de Violencia, texto que posteriormente podrá ser analizado en el pleno de la Cámara de Diputados.
En ese marco, la presidenta de la Cámara de Diputados, Betty Tejada (MAS), señaló que ya se encuentran analizando el proyecto de Ley, toda vez que se quiere dar celeridad a la aprobación del mismo siendo que la última semana la opinión pública amaneció con noticias de violencia y feminicidios como el caso de la Hanalí Huaycho.
“Ya estamos permanentemente (analizando) con todos los órganos de competencia en la Ley, nos hemos reunido con el ministerio de Economía y Finanzas para ver el costeo competencial y autonomía para ver la competencia, la Policía, el Consejo de la Magistratura para la creación de estos juzgados especiales, prácticamente estamos en la recta final en que también se está viendo legislación comparada respecto a la castración química, el costo de lo que significa para los países que ya la aplican, como es los resultados”, señaló.
Por su lado, la diputada de Unidad Nacional (UN), Elizabeth Reyes, sugirió que se nombre a un delegado o delegada presidencial para que se realice el seguimiento a todos los casos de violencia hacia la mujer.
“Unidad Nacional plantea una delegación presidencial de la mujer porque ustedes recuerdan lo que teníamos como viceministerio, hoy es una dirección que no tiene absolutamente nada, es un cuarto sin personal, sin recursos, sin ninguna incidencia en el Estado, queremos ver si el gobierno central empieza por casa y da a las mujeres el trato que nos merecemos” dijo la legisladora.
Asimismo, dejó en claro que UN respalda y apoya la aprobación de la “Ley Integral para Garantizar una Vida Libre de Violencia”, asegurando que realizarán aportes valiosísimos en el tratamiento de la Ley y pedirán la asignación de presupuesto para el funcionamiento de las brigadas en las defensorías.
Enfatizó que la Ley debe ser preventiva y educativa antes que sancionadora.
Por otra parte, Claudia Bravo, asambleísta departamental de La Paz, pide que el Gobierno asigne el 5% del presupuesto general de la nación para campañas de prevención y concienciación contra la violencia a la mujer.
DATOS
- La comisión de DDHH tratará la normativa realizando consenso con las organizaciones de defensa de los derechos femeninos.
- Se prevé que el proyecto pase a plenaria de la Cámara de Diputados en esta semana.
En ese marco, la presidenta de la Cámara de Diputados, Betty Tejada (MAS), señaló que ya se encuentran analizando el proyecto de Ley, toda vez que se quiere dar celeridad a la aprobación del mismo siendo que la última semana la opinión pública amaneció con noticias de violencia y feminicidios como el caso de la Hanalí Huaycho.
“Ya estamos permanentemente (analizando) con todos los órganos de competencia en la Ley, nos hemos reunido con el ministerio de Economía y Finanzas para ver el costeo competencial y autonomía para ver la competencia, la Policía, el Consejo de la Magistratura para la creación de estos juzgados especiales, prácticamente estamos en la recta final en que también se está viendo legislación comparada respecto a la castración química, el costo de lo que significa para los países que ya la aplican, como es los resultados”, señaló.
Por su lado, la diputada de Unidad Nacional (UN), Elizabeth Reyes, sugirió que se nombre a un delegado o delegada presidencial para que se realice el seguimiento a todos los casos de violencia hacia la mujer.
“Unidad Nacional plantea una delegación presidencial de la mujer porque ustedes recuerdan lo que teníamos como viceministerio, hoy es una dirección que no tiene absolutamente nada, es un cuarto sin personal, sin recursos, sin ninguna incidencia en el Estado, queremos ver si el gobierno central empieza por casa y da a las mujeres el trato que nos merecemos” dijo la legisladora.
Asimismo, dejó en claro que UN respalda y apoya la aprobación de la “Ley Integral para Garantizar una Vida Libre de Violencia”, asegurando que realizarán aportes valiosísimos en el tratamiento de la Ley y pedirán la asignación de presupuesto para el funcionamiento de las brigadas en las defensorías.
Enfatizó que la Ley debe ser preventiva y educativa antes que sancionadora.
Por otra parte, Claudia Bravo, asambleísta departamental de La Paz, pide que el Gobierno asigne el 5% del presupuesto general de la nación para campañas de prevención y concienciación contra la violencia a la mujer.
DATOS
- La comisión de DDHH tratará la normativa realizando consenso con las organizaciones de defensa de los derechos femeninos.
- Se prevé que el proyecto pase a plenaria de la Cámara de Diputados en esta semana.
Abogado constitucionalista afirma que la lectura de la CPE “es clara”
La CPE elaborada por la Asamblea Legislativa se promulgó en febrero de 2009 dejando temas pendientes.
De acuerdo con el abogado constitucionalista Santiago Berríos Caballero, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) tiene una inminente “prueba de fuego” pues deberá demostrar su independencia del Órgano Ejecutivo al analizar e interpretar correctamente el parágrafo II de la disposición primera de la nueva Constitución Política del Estado (CPE) sobre la reelección presidencial, planteada por la Cámara de Senadores el pasado viernes.
“El TCP tiene entre manos un problema político jurídico muy serio, no olvidemos que tuvo la certeza de declarar de inconstitucional a cuatro artículos de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, lo hizo muy bien, porque esos artículos estaban violando una serie de normas constitucionales; sin embargo, el tema de la reelección del presidente Evo Morales es un problema que demostrará si actúa con imparcialidad o si está sometido al poder político”, señaló.
En el marco técnico y legal, Berríos explicó que esta Constitución vigente, ha sido emergente de la intervención del poder constituido, “y cuando digo esto me estoy refiriendo al Congreso Nacional de aquella época que no tenían ninguna potestad, competencia ni facultades para intervenir en la redacción de una nueva Constitución Política del Estado (CPE)”.
“Tengo entendido de que el partido del MAS juntamente a la oposición que en ese momento estaba manejando el Congreso Nacional, llegaron a una transacción en las disposiciones transitorias, particularmente en la disposición transitoria primera parágrafo II que es el tema en cuestión. Se pusieron de acuerdo para que Evo Morales no vaya sino a una sola reelección, en el marco de ese acuerdo introdujeron esta disposición”, agregó.
Por otro lado, dijo que la norma está clara y no hay dificultad en interpretarla. “La figura es clara los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones, lo que quiere decir que hay que sumar el periodo anterior (2005 - 2010) al nuevo periodo que es la nueva reelección del presidente Evo Morales (2010 - 2015) que está autorizado por la CPE”, puntualizó Berríos.
“Sumamos ese anterior periodo a este segundo y Evo Morales no tiene opción de una segunda reelección, está claro, uno más uno es dos y aquí se aplica la aritmética, pero en política se aplican una serie de estrategias”, sostuvo.
“Los asesores “constitucionalistas” del presidente saben que esta norma es sumamente clara, pero seguramente hay algunos asesores extranjeros que están buscando una salida constitucional, no sabemos cuál podría ser esa salida, pero el TCP tiene la obligación de decir que no hay segunda reelección, sería inconstitucional su postulación a una segunda reelección”, finalizó.
Por su parte, el también abogado constitucionalista William Bascopé señaló que Evo Morales Ayma estaría habilitado para una nueva reelección toda vez que no habría concluido su primer mandato, reiterando la “estrategia envolvente” que citó en su momento el vicepresidente Alvaro García Linera.
“Entendamos mandatos: de principio a fin, porque nunca hay un mandato interrumpido. En realidad lo que han hecho como estrategia política en su momento, no ha sido atinado por la oposición observar esta parte, entonces si a letra fría entendemos el primer mandato del señor Evo Morales ha sido interrumpida por lo cual no ha cumplido su primer mandato, por lo que su primer mandato concluye el 2015 y estaría habilitado para un segundo mandato”, manifestó.
DATOS
La polémica disposición transitoria primera, parágrafo II: “Los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones”.
El Gobierno y el MAS aplican dos interpretaciones:
- Primera, la conocida “estrategia envolvente” de haber firmado un pacto con la entonces oposición en 2008, cuando se colocó la palabra “mandato”, entendiéndose como algo de principio a fin, situación que no ocurrió con Evo Morales, que renunció un año antes.
- Segunda, según el documento enviado al TCP, los mandatos anteriores “no cuentan” y sólo se debe contar desde la elección de 2009, porque estas autoridades electas “nacen con la nueva CPE”.
Justifican nueva ley de bancos por bajo apoyo a productores
El Gobierno asegura que con las normas en vigencia el sistema financiero privilegió la asignación de recursos a los sectores del comercio y de servicios, lo cual ahora debe cambiar con la regulación de las tasas de interés para que el crédito se dirija a los emprendimientos productivos.
En la exposición de motivos del proyecto de Ley de Servicios Financieros, que reemplazará a la actual Ley de Bancos, el Ministerio de Economía asegura que si bien la política financiera impulsada en los últimos años logró un blindaje del sistema, que ayudó a afrontar los embates de las crisis externas, tuvo también como resultado “la atomización del aparato productivo”.
Según el Gobierno, “el marco regulatorio vigente propició e incentivó principalmente a las actividades del comercio y de servicios, provocando la transferencia de costos e ineficiencias al sector productivo, especialmente a las micro y pequeñas unidades económicas y de zonas rurales”.
Al respecto, el presidente de la Asociación de Entidades Especializadas en Microfinanzas (Asofin), Nelson Hinojosa, dijo que lo único que hace el sistema financiero es atender las demandas de los diferentes sectores económicos del país.
“El país se ha caracterizado por tener un sector productivo poco desarrollado y nosotros lo único que hacemos es atender la demanda de los que necesitan crédito; el sector productivo requirió pocos recursos por su bajo desarrollo”, precisó.
Según el ejecutivo de Asofin, no es que los bancos, las entidades microfinancieras y otras instituciones no deseen financiar actividades productivas, sino que en el país hizo falta una estrategia estatal que apoye al sector productivo.
En el caso de Asofin, en los últimos años la cartera para este sector subió de 20 a 30%; las microfinancieras y el sistema financiero, en general, están dispuestas a atender todos los requerimientos de crédito, afirmó.
El Gobierno asegura que las normas regulatorias terminaron por inducir a que se privilegien políticas extremadamente conservadoras en la otorgación de créditos por el lado de las garantías y de los plazos, ocasionando que el acceso sea restringido y que el financiamiento sea orientado hacia actividades de corto plazo y de rápida rotación, como el comercio y servicios.
Datos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero a diciembre de 2012 revelan que la cartera de créditos al sector productivo ascendía a 2.883 millones de dólares, la del comercio 2.435 millones de dólares y la servicios 1.720 millones de dólares.
El proyecto de Ley de Servicios Financieros, estipula en el artículo 60 que las “tasas de interés activas serán reguladas por el Organo Ejecutivo del nivel central del Estado mediante Decreto Supremo, estableciendo para los financiamientos destinados al sector productivo y vivienda social límites máximos dentro de los cuales las entidades financieras podrán pactar con sus clientes en el marco de lo establecido en la presente ley”.
En la exposición de motivos del proyecto de Ley de Servicios Financieros, que reemplazará a la actual Ley de Bancos, el Ministerio de Economía asegura que si bien la política financiera impulsada en los últimos años logró un blindaje del sistema, que ayudó a afrontar los embates de las crisis externas, tuvo también como resultado “la atomización del aparato productivo”.
Según el Gobierno, “el marco regulatorio vigente propició e incentivó principalmente a las actividades del comercio y de servicios, provocando la transferencia de costos e ineficiencias al sector productivo, especialmente a las micro y pequeñas unidades económicas y de zonas rurales”.
Al respecto, el presidente de la Asociación de Entidades Especializadas en Microfinanzas (Asofin), Nelson Hinojosa, dijo que lo único que hace el sistema financiero es atender las demandas de los diferentes sectores económicos del país.
“El país se ha caracterizado por tener un sector productivo poco desarrollado y nosotros lo único que hacemos es atender la demanda de los que necesitan crédito; el sector productivo requirió pocos recursos por su bajo desarrollo”, precisó.
Según el ejecutivo de Asofin, no es que los bancos, las entidades microfinancieras y otras instituciones no deseen financiar actividades productivas, sino que en el país hizo falta una estrategia estatal que apoye al sector productivo.
En el caso de Asofin, en los últimos años la cartera para este sector subió de 20 a 30%; las microfinancieras y el sistema financiero, en general, están dispuestas a atender todos los requerimientos de crédito, afirmó.
El Gobierno asegura que las normas regulatorias terminaron por inducir a que se privilegien políticas extremadamente conservadoras en la otorgación de créditos por el lado de las garantías y de los plazos, ocasionando que el acceso sea restringido y que el financiamiento sea orientado hacia actividades de corto plazo y de rápida rotación, como el comercio y servicios.
Datos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero a diciembre de 2012 revelan que la cartera de créditos al sector productivo ascendía a 2.883 millones de dólares, la del comercio 2.435 millones de dólares y la servicios 1.720 millones de dólares.
El proyecto de Ley de Servicios Financieros, estipula en el artículo 60 que las “tasas de interés activas serán reguladas por el Organo Ejecutivo del nivel central del Estado mediante Decreto Supremo, estableciendo para los financiamientos destinados al sector productivo y vivienda social límites máximos dentro de los cuales las entidades financieras podrán pactar con sus clientes en el marco de lo establecido en la presente ley”.
sábado, 16 de febrero de 2013
MAS envía al TCP ley que avala reelección
El Senado aprobó ayer consultar al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) si es posible una segunda reelección consecutiva del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera en los comicios generales previstos para diciembre de 2014.
Legisladores y líderes de la oposición descalificaron esa iniciativa, aprobada por la mayoría oficialista, porque consideran que la Constitución Política del Estado (CPE) es clara al respecto, inhabilita a Morales a una nueva elección, y lo que se busca a través del proyecto de ley de Aplicación de Normativa, enviado al TCP, es su aval para un tercer mandato. Morales, el pasado 2 de diciembre en un acto público, reiteró que está habilitado a la reelección de acuerdo a la CPE aprobada en 2009.
El presidente Morales fue electo para un quinquenio por primera vez en diciembre de 2005 y reelecto en el mismo mes de 2009 en unos comicios regidos por la nueva Constitución.
El senador René Martínez, del Movimiento Al Socialismo (MAS) –autor del proyecto de ley– explicó ayer que el Tribunal Constitucional debe aclarar de forma definitiva si Morales puede aspirar a otro mandato frente a la opinión contraria de los partidos de opositores.
La Constitución promulgada por Morales en 2009 permite sólo dos mandatos consecutivos, pero sus partidarios argumentan que la primera elección no cuenta porque no estaba vigente la nueva Carta Magna que refunda Bolivia como Estado Plurinacional.
Martínez dijo que la oposición “desesperadamente intenta vetar la participación del presidente y el vicepresidente”, pero en el oficialismo hay una plena convicción de que no existe ningún obstáculo constitucional para que busquen otro mandato.
La primera disposición transitoria de la CPE promulgada en 2009 señala textualmente que “los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones”. La presidenta de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño, argumentó que el presidente Evo Morales está habilitado constitucionalmente para presentarse a la reelección en 2014 y que la consulta al Tribunal se hace en “resguardo absoluto de la democracia”.
Agregó que “no se está planteando prórroga del mandato ni nada por el estilo. Lo que se está planteando es ir a elecciones y que el pueblo tenga certeza que la reelección del Presidente y Vicepresidente es absolutamente constitucional”.
“Leído el texto de la disposición transitoria no hay interpretación alguna posible. Evo está en su segundo mandato de acuerdo a esa disposición” y “por tanto no puede optar a un nuevo mandato”, escribió el expresidente Carlos Mesa (2003-2005) en su cuenta de Twitter.
En la misma red social, el empresario y jefe de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina calificó como un “mamarracho” el proyecto de ley para hacer la consulta al Constitucional.
“Está clara la estrategia gubernamental: habilitar a Evo por vía del Tribunal Constitucional, eludiendo reforma constitucional y el referéndum”, sostuvo Doria Medina.
El diputado Fabián Yaksic, del Movimiento Sin Miedo (MSM), dijo que en 2009 Morales se comprometió a no buscar otro período porque la Constitución sólo permite dos seguidos, con lo cual facilitó un acuerdo con la oposición para la aprobación del nuevo texto constitucional.
Dijo que la única opción legal es que el MAS proponga una reforma constitucional que debe ser avalada por un referendo, porque para la oposición “está clarísimo” que no se permite una segunda reelección.
En las últimos meses el Tribunal Constitucional dictó cuatro fallos contrarias a normas promovidas por el Gobierno.
Proyecto no tiene “asidero”
Para el abogado constitucionalista y exmagistrado del Tribunal Constitucional, José Antonio Rivera, el proyecto de ley remitido por el Senado al Tribunal Constitucional “no tiene asidero ni sustento constitucional, ya que la Asamblea Legislativa, bajo un rótulo de ‘aplicación normativa’ y supuesto desarrollo constitucional, está emitiendo una ley interpretativa de la Constitución, con lo que está asurpando las funciones del Poder Constituyente (Asamblea Constituyente)”.
Anotó que el transfondo del asunto es esencialmente político, ya que a título de “desarrollar” las disposiciones constitucionales, se busca posicionar en el debate jurídico constitucional el tema de la reelección y, en definitiva, buscar una vía para que el Tribunal Constitucional interprete la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Política del Estado (CPE) y se pronuncie en sentido de que es constitucional la reelección.
Para eso, dijo que el Tribunal tiene dos vías: una, es declarando constituiconal el proyecto de ley que el Senado pretende consultar, y la segunda, es que declare inconstitucional el proyecto de ley (como que así debe ser), pero al exponer los fundamentos jurídicos interprete la Disposición Transitoria Primera de la CPE y señale que es constitucional la reelección de Morales.
El jurista manifestó que es importante diferenciar entre interpretar la Constitución y desarrollar las normas constitucionales. En el caso del proyecto de ley, su contenido no está desarrollando disposiciones constitucionales, sino que otorga significados normativos a disposiciones que en su texto literal presentan aparentes contradicciones, que no es el caso del Art. 158 y la Disposición Transitoria Primera, pues el primero establece una regla general, y la segunda una excepción a la regla por la transición, dijo.
La constitución y la reeleción
• El artículo 168 de la Constitución Política del Estado, aprobada en 2009, establece que “el periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua”.
• La Disposición Transitoria Primera de la Constitución en el parágrafo II señala “los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones”.
• Amparado en ese texto, el parágrafo primero del artículo 4 del proyecto de Ley de Aplicación Normativa que el Senado aprobó enviar en consulta al Tribunal Constitucional, señala que “el Presidente y Vicepresidente elegidos por primera vez a partir de la vigencia de la Constitución, están habilitados para una reelección por una sola vez de manera continua”.
• Agrega que “La prescripción contenida en la Disposición Transitoria Primera, parágrafo II de la Constitución Política del Estado, es aplicable a las autoridades que después del 22 de enero de 2010 continuaron ejerciendo cargos públicos, sin nueva elección, designación o nombramiento”.
• En la exposición de motivos, se argumenta que la nueva Constitución entró en vigencia el 22 de enero del año 2010 y que “a partir de esta fecha comienza la nueva institucionalidad en el país y es a partir de esa fecha que el periodo constitucional del Presidente y Vicepresidente es de cinco años y ambas autoridades pueden ser reelectas por un periodo más, de manera continua. Una concepción diferente implicaría la violación del texto de la Constitución”.
Legisladores y líderes de la oposición descalificaron esa iniciativa, aprobada por la mayoría oficialista, porque consideran que la Constitución Política del Estado (CPE) es clara al respecto, inhabilita a Morales a una nueva elección, y lo que se busca a través del proyecto de ley de Aplicación de Normativa, enviado al TCP, es su aval para un tercer mandato. Morales, el pasado 2 de diciembre en un acto público, reiteró que está habilitado a la reelección de acuerdo a la CPE aprobada en 2009.
El presidente Morales fue electo para un quinquenio por primera vez en diciembre de 2005 y reelecto en el mismo mes de 2009 en unos comicios regidos por la nueva Constitución.
El senador René Martínez, del Movimiento Al Socialismo (MAS) –autor del proyecto de ley– explicó ayer que el Tribunal Constitucional debe aclarar de forma definitiva si Morales puede aspirar a otro mandato frente a la opinión contraria de los partidos de opositores.
La Constitución promulgada por Morales en 2009 permite sólo dos mandatos consecutivos, pero sus partidarios argumentan que la primera elección no cuenta porque no estaba vigente la nueva Carta Magna que refunda Bolivia como Estado Plurinacional.
Martínez dijo que la oposición “desesperadamente intenta vetar la participación del presidente y el vicepresidente”, pero en el oficialismo hay una plena convicción de que no existe ningún obstáculo constitucional para que busquen otro mandato.
La primera disposición transitoria de la CPE promulgada en 2009 señala textualmente que “los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones”. La presidenta de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño, argumentó que el presidente Evo Morales está habilitado constitucionalmente para presentarse a la reelección en 2014 y que la consulta al Tribunal se hace en “resguardo absoluto de la democracia”.
Agregó que “no se está planteando prórroga del mandato ni nada por el estilo. Lo que se está planteando es ir a elecciones y que el pueblo tenga certeza que la reelección del Presidente y Vicepresidente es absolutamente constitucional”.
“Leído el texto de la disposición transitoria no hay interpretación alguna posible. Evo está en su segundo mandato de acuerdo a esa disposición” y “por tanto no puede optar a un nuevo mandato”, escribió el expresidente Carlos Mesa (2003-2005) en su cuenta de Twitter.
En la misma red social, el empresario y jefe de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina calificó como un “mamarracho” el proyecto de ley para hacer la consulta al Constitucional.
“Está clara la estrategia gubernamental: habilitar a Evo por vía del Tribunal Constitucional, eludiendo reforma constitucional y el referéndum”, sostuvo Doria Medina.
El diputado Fabián Yaksic, del Movimiento Sin Miedo (MSM), dijo que en 2009 Morales se comprometió a no buscar otro período porque la Constitución sólo permite dos seguidos, con lo cual facilitó un acuerdo con la oposición para la aprobación del nuevo texto constitucional.
Dijo que la única opción legal es que el MAS proponga una reforma constitucional que debe ser avalada por un referendo, porque para la oposición “está clarísimo” que no se permite una segunda reelección.
En las últimos meses el Tribunal Constitucional dictó cuatro fallos contrarias a normas promovidas por el Gobierno.
Proyecto no tiene “asidero”
Para el abogado constitucionalista y exmagistrado del Tribunal Constitucional, José Antonio Rivera, el proyecto de ley remitido por el Senado al Tribunal Constitucional “no tiene asidero ni sustento constitucional, ya que la Asamblea Legislativa, bajo un rótulo de ‘aplicación normativa’ y supuesto desarrollo constitucional, está emitiendo una ley interpretativa de la Constitución, con lo que está asurpando las funciones del Poder Constituyente (Asamblea Constituyente)”.
Anotó que el transfondo del asunto es esencialmente político, ya que a título de “desarrollar” las disposiciones constitucionales, se busca posicionar en el debate jurídico constitucional el tema de la reelección y, en definitiva, buscar una vía para que el Tribunal Constitucional interprete la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Política del Estado (CPE) y se pronuncie en sentido de que es constitucional la reelección.
Para eso, dijo que el Tribunal tiene dos vías: una, es declarando constituiconal el proyecto de ley que el Senado pretende consultar, y la segunda, es que declare inconstitucional el proyecto de ley (como que así debe ser), pero al exponer los fundamentos jurídicos interprete la Disposición Transitoria Primera de la CPE y señale que es constitucional la reelección de Morales.
El jurista manifestó que es importante diferenciar entre interpretar la Constitución y desarrollar las normas constitucionales. En el caso del proyecto de ley, su contenido no está desarrollando disposiciones constitucionales, sino que otorga significados normativos a disposiciones que en su texto literal presentan aparentes contradicciones, que no es el caso del Art. 158 y la Disposición Transitoria Primera, pues el primero establece una regla general, y la segunda una excepción a la regla por la transición, dijo.
La constitución y la reeleción
• El artículo 168 de la Constitución Política del Estado, aprobada en 2009, establece que “el periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua”.
• La Disposición Transitoria Primera de la Constitución en el parágrafo II señala “los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones”.
• Amparado en ese texto, el parágrafo primero del artículo 4 del proyecto de Ley de Aplicación Normativa que el Senado aprobó enviar en consulta al Tribunal Constitucional, señala que “el Presidente y Vicepresidente elegidos por primera vez a partir de la vigencia de la Constitución, están habilitados para una reelección por una sola vez de manera continua”.
• Agrega que “La prescripción contenida en la Disposición Transitoria Primera, parágrafo II de la Constitución Política del Estado, es aplicable a las autoridades que después del 22 de enero de 2010 continuaron ejerciendo cargos públicos, sin nueva elección, designación o nombramiento”.
• En la exposición de motivos, se argumenta que la nueva Constitución entró en vigencia el 22 de enero del año 2010 y que “a partir de esta fecha comienza la nueva institucionalidad en el país y es a partir de esa fecha que el periodo constitucional del Presidente y Vicepresidente es de cinco años y ambas autoridades pueden ser reelectas por un periodo más, de manera continua. Una concepción diferente implicaría la violación del texto de la Constitución”.
viernes, 15 de febrero de 2013
Constitución inhabilita a Evo como candidato para las elecciones del 2014
Senadores de Convergencia Nacional (CN) sostienen que el presidente Evo Morales, de acuerdo a la Constitución Política del Estado (CPE), no está habilitado para ser candidato en las elecciones generales del 2014.
El senador Bernard Gutiérrez (CN) señaló que la disposición transitoria primera de la Constitución, en su parágrafo II, establece de manera textual que el presidente Morales no está habilitado para un "tercer" mandato, pues actualmente estaría ejerciendo su segundo mandato de Gobierno. La Constitución permite sólo una reelección de manera continua.
El parágrafo II de la disposición transitoria primera de la CPE señala: "Los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones". La Carta Magna fue promulgada a principios del 2009.
De acuerdo a la interpretación de Gutiérrez "el primer periodo de Morales se inició en enero de 2006 y concluyó en enero del 2010 y el segundo periodo de Evo Morales inició en enero de 2010 y finaliza en enero de 2015, así de clara es la previsión Constitucional que le prohíbe a Evo Morales y a Álvaro García Linera ir a una nueva reelección".
En ese entendido, el senador mencionó que la Cámara de Senadores busca "vulnerar el régimen democrático" al haber enviado al Tribunal Constitucional un proyecto de ley para establecer la constitucionalidad o no de la reelección de Morales y García. Y es que, la tarde de hoy, el Movimiento Al Socialismo (MAS) en el Senado, con sus dos tercios de voto, aprobó una resolución camaral que posibilitó el envío al Tribunal Constitucional de un proyecto de ley de "Aplicación Normativa" para que éste establezca el "correcto ámbito de validez" de cinco preceptos establecidos en la Constitución.
Los cinco preceptos se refieren a la reelección del Presidente y vicepresidente del Estado, la elección del Contralor General del Estado, el control administrativo de justicia por parte del Consejo de la Magistratura, el Presupuesto General del Estado y los tratados internacionales anteriores a la Constitución.
En lo que respecta a la reelección del Presidente y vicepresidente, el proyecto de ley señala que la disposición transitoria primera de la Constitución, en su parágrafo II, es aplicable "a las autoridades que después del 22 de enero de 2010 continuaron ejerciendo cargos públicos, sin nueva elección, designación o nombramiento".
Sobre esa base, la presidenta de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño (MAS) señaló que las declaraciones de la oposición con relación a la reelección de Morales y García son únicamente una muestra del "gran temor" que tienen para enfrentar a los actuales dignatarios en las próximas justas electorales.
"El presidente, Evo Morales está habilitado para la reelección, puesto que la disposición transitoria sólo se aplica para aquellas autoridades que habían sido electas posteriores a la promulgación de la Constitución Política del Estado, por lo tanto no es aplicable esa disposición transitoria al presidente Evo Morales", manifestó.
Discrepancias por el procedimiento legislativo
El jefe de bancada de CN en el Senado, Marcelo Antezana, señaló que se "pisoteó" el procedimiento legislativo en el tratamiento de este proyecto de ley, puesto que el mismo ni siquiera fue puesto a consideración ni mucho menos tratado en la Comisión de Constitución, de la que forma parte.
Montaño señaló que el procedimiento ha sido "claro y regular", toda vez que este proyecto de ley fue enviado a la Comisión de Constitución para su tratamiento y lo único que se aprobó hoy fue una resolución camaral para enviar el proyecto a un control de constitucionalidad, por lo que el proyecto queda "parado" hasta que se emita la respuesta del Tribunal Constitucional.
El senador Bernard Gutiérrez (CN) señaló que la disposición transitoria primera de la Constitución, en su parágrafo II, establece de manera textual que el presidente Morales no está habilitado para un "tercer" mandato, pues actualmente estaría ejerciendo su segundo mandato de Gobierno. La Constitución permite sólo una reelección de manera continua.
El parágrafo II de la disposición transitoria primera de la CPE señala: "Los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones". La Carta Magna fue promulgada a principios del 2009.
De acuerdo a la interpretación de Gutiérrez "el primer periodo de Morales se inició en enero de 2006 y concluyó en enero del 2010 y el segundo periodo de Evo Morales inició en enero de 2010 y finaliza en enero de 2015, así de clara es la previsión Constitucional que le prohíbe a Evo Morales y a Álvaro García Linera ir a una nueva reelección".
En ese entendido, el senador mencionó que la Cámara de Senadores busca "vulnerar el régimen democrático" al haber enviado al Tribunal Constitucional un proyecto de ley para establecer la constitucionalidad o no de la reelección de Morales y García. Y es que, la tarde de hoy, el Movimiento Al Socialismo (MAS) en el Senado, con sus dos tercios de voto, aprobó una resolución camaral que posibilitó el envío al Tribunal Constitucional de un proyecto de ley de "Aplicación Normativa" para que éste establezca el "correcto ámbito de validez" de cinco preceptos establecidos en la Constitución.
Los cinco preceptos se refieren a la reelección del Presidente y vicepresidente del Estado, la elección del Contralor General del Estado, el control administrativo de justicia por parte del Consejo de la Magistratura, el Presupuesto General del Estado y los tratados internacionales anteriores a la Constitución.
En lo que respecta a la reelección del Presidente y vicepresidente, el proyecto de ley señala que la disposición transitoria primera de la Constitución, en su parágrafo II, es aplicable "a las autoridades que después del 22 de enero de 2010 continuaron ejerciendo cargos públicos, sin nueva elección, designación o nombramiento".
Sobre esa base, la presidenta de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño (MAS) señaló que las declaraciones de la oposición con relación a la reelección de Morales y García son únicamente una muestra del "gran temor" que tienen para enfrentar a los actuales dignatarios en las próximas justas electorales.
"El presidente, Evo Morales está habilitado para la reelección, puesto que la disposición transitoria sólo se aplica para aquellas autoridades que habían sido electas posteriores a la promulgación de la Constitución Política del Estado, por lo tanto no es aplicable esa disposición transitoria al presidente Evo Morales", manifestó.
Discrepancias por el procedimiento legislativo
El jefe de bancada de CN en el Senado, Marcelo Antezana, señaló que se "pisoteó" el procedimiento legislativo en el tratamiento de este proyecto de ley, puesto que el mismo ni siquiera fue puesto a consideración ni mucho menos tratado en la Comisión de Constitución, de la que forma parte.
Montaño señaló que el procedimiento ha sido "claro y regular", toda vez que este proyecto de ley fue enviado a la Comisión de Constitución para su tratamiento y lo único que se aprobó hoy fue una resolución camaral para enviar el proyecto a un control de constitucionalidad, por lo que el proyecto queda "parado" hasta que se emita la respuesta del Tribunal Constitucional.
Ley Integral de la Mujer tendrá tribunales y fiscales especiales
Con la Ley Integral de la Mujer se crearán tribunales y formarán fiscales especializados para la lucha contra la violencia femenina, informó ayer la viceministra de Género y Asuntos Generacionales, Karina Marconi.
La autoridad explicó que las denuncias de violencia física o sexual serán remitidas a tribunales especializados, donde además de proteger a la mujer se evitará que sea revictimizada y los fiscales apoyarán este proceso.
“La atención en sí de todo el proceso, de las mujeres que fueron agredidas y denunciaron, será a través de profesionales especializados en el área, los que evitarán la revictimización”, manifestó.
En la actualidad no hay fiscales ni jueces especializados para atender casos de violencia contra la mujer. La mayoría se encuentra disgregada en juzgados civiles de familia o en las Brigadas de Atención a la Mujer.
La presidenta de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño, especificó ayer que el proyecto de Ley Integral para Garantizar una Vida Libre de Violencia a las Mujeres, garantizará que la mujer que denuncie “tendrá garantías para hacerlo, que los procesos sean suficientemente breves para que no haya impunidad y finalmente que las sanciones sean más duras y drásticas”, explicó.
Consenso. El miércoles, un día después del asesinato de la periodista Hanalí Huaycho, el vicepresidente Álvaro García Linera anunció que se impulsará la aprobación de la Ley Integral de la Mujer, que incluirá al feminicidio en el Código Penal y sancionará la agresión violenta con penas desde los cuatro años.
Respecto a las sanciones, Marconi dijo que la pena de 30 años, sin derecho a indulto, fue consensuada por todas las organizaciones que trabajan en el tema.
Además, anunció que también se penalizará a funcionarios públicos que obstaculicen o se presten a la corrupción. “La propuesta es desde los tres meses a seis años de cárcel a quienes obstaculicen el curso y proceso de las denuncias”.
La diputada Marianela Paco (MAS) informó a ANF que en marzo se lanzará una campaña intensiva de empoderamiento de los derechos de las mujeres para reducir las injusticias contra ese género. La aprobación de la Ley Integral está prevista para el 8 de marzo, el Día de la Mujer Boliviana, aseguró.
Baile de mil millones contra la violencia
El País
Bailar para terminar con la violencia sexual. Millones de personas en el mundo participaron ayer en una danza mundial y colectiva para erradicar una realidad que afecta a más de mil millones de mujeres.
Una campaña mundial que organiza una ONG (One Billion Rising) invitó a todos los países a darle un nuevo sentido al 14 de febrero, día de los enamorados. Cientos de actos se llevaron a cabo en más de 184 países en el mundo.
Casos como el de la joven violada y asesinada en India en diciembre han desatado una ola de repudio internacional. Los datos son estremecedores: mil millones de mujeres son violadas o golpeadas en el mundo.
“Una de cada tres mujeres del planeta será violada o maltratada a lo largo de su vida. Mil millones de mujeres violadas es una atrocidad. Mil millones de mujeres bailando es una revolución”.
Ésta es la consigna con la que la activista estadounidense Eve Ensler, que se hizo mundialmente célebre con sus Monólogos de la Vagina en los años noventa, lanzó la campaña.
Marcha en Santa Cruz para exigir celeridad
Iván Condori
Un grupo de mujeres cruceñas y la brigada parlamentaria de Santa Cruz realizaron ayer una movilización para exigir al Gobierno la captura inmediata del autor del asesinato de la periodista Hanalí Huaycho y del agresor de Lenny Flores; y la aprobación de la norma integral.
La responsable de la Plataforma Contra la Violencia a la Mujer, Guadalupe Pérez, criticó lentitud en la aprobación del anteproyecto de Ley Integral, ya que el documento había sido introducido al Congreso Nacional hace dos años.
Pérez adelantó que instalarán una vigilia en la plaza 24 de Septiembre hasta que el Gobierno promulgue la normativa que proteja a las mujeres. La abogada de la Casa de la Mujer, Lesly Sedeño, reveló que en 2012 se atendieron alrededor de 3.637 casos de violencia contra el sexo femenino.
“Estamos a la espera de la nueva normativa que modificará al Código Penal con relación a la sanción que le impondrá a los responsables de la agresión a este segmento de la población”, informó.
Huaycho denunció cinco veces a Clavijo
Miguel Rivas
La periodista Hanalí Huaycho, asesinada por su esposo, el oficial de policía Jorge Clavijo Ovando, con 15 puñaladas, presentó cinco denuncias de maltrato en contra de su pareja en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), dos en La Paz y tres en El Alto, según fuentes oficiales.
Además de las cinco demandas, Huaycho llamó a la Unidad de Bomberos, según las mismas fuentes, en septiembre del año pasado para pedir ayuda sobre una supuesta bomba colocada por su esposo en su vehículo. Los uniformados hallaron una caja con cables dentro del motorizado.
La conclusión oficial fue de que se trató de un amedrentamiento.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, pidió informes policiales del teniente Clavijo referidos a delitos de agresión contra sus víctimas. “Hubo denuncias que se presentaron ante el Comando de la Policía”, recordó.
El comandante General de la Policía, coronel Alberto Aracena, informó ayer que a través de un comunicado al Fiscal General de la institución verde olivo ordenó la baja definitiva del teniente Jorge Clavijo. El oficial continúa prófugo y es considerado altamente peligroso por sus conocimientos de inteligencia y contrainteligencia.
Se conoce que el oficial Clavijo participó en el grupo de élite que intervino el 16 de abril de 2009 el hotel Las Américas, Santa Cruz, donde falleció el acusado de terrorismo, Eduardo Rózsa.
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