Son 111 artículos que pretenden cambiar la historia de violencia en miles de hogares bolivianos. Solo en 2012, la Casa de la Mujer registró 3.637 casos, de los cuales 340 son de reincidentes, es decir de hombres que fueron denunciados y que volvieron a violentar a sus parejas.
¿Será que una ley logra cambiar esta realidad? Tras la muerte de la periodista Hanali Huaycho, apuñalada por su marido policía, surgieron voces indignadas en todos los niveles de la sociedad. Se apuró el tratamiento de un proyecto de ley contra la violencia en el hogar, que incorpora nuevos delitos penales como el feminicidio, violencia económica y patrimonial, acoso sexual, padecimientos sexuales, actos sexuales abusivos, entre otros, con pena de cárcel. Además, el delito de lesiones y amenazas se agrava cuando es cometido por la pareja o por algún familiar. Es nuevo, por ejemplo, que recibirá castigo un esposo que adultere información sobre su patrimonio con el fin de no compartirlo con su pareja, o que será enviado a prisión un jefe que acose a su subalterna, además de perder el trabajo.
Esta ley crea una fuerza especial de lucha contra la violencia, juzgados especializados en violencia contra la mujer. También nacerá el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en razón de Género (Sippase), encargado de centralizar toda la información y desde donde deben emerger políticas públicas sobre el tema. Según la ley, todo esto debe ocurrir en un plazo de tres meses después de aprobada la norma.
Sin embargo, una de las principales observaciones a esta norma se refiere a que no especifica cuál será la fuente de financiamiento de los recursos que permitirán operar los cambios en la Policía y en el Poder Judicial. La asignación del presupuesto asignado a la lucha contra la violencia queda librada a las posibilidades de los gobiernos autónomos y al Gobierno central, así como a la voluntad de sus autoridades.
La diputada Elizabeth Reyes, miembro de la comisión de política social de la Cámara de Diputados, opina que sin montos específicamente detallados la ley puede convertirse en una simple declaración de intenciones. Cuando se le consultó la razón por la que se dejó semejante vacío en la ley, dijo que el Ministerio de Hacienda justificó señalando que el Poder Legislativo o el Ejecutivo no pueden tomar decisiones por las gobernaciones o los municipios. En contrapartida, cuestionó que en otro tipo de leyes se habla con claridad de las fuentes de financiamiento, como en el caso de la aprobación de la construcción de un nuevo Palacio de Gobierno. Concluyó que este vacío demuestra que no existe una voluntad real de luchar contra el problema.
Alaín Núñez, vocal de la Corte Superior de Distrito, cree que no solo se trata de crear tribunales especializados en violencia contra la familia, sino de considerar que estos deben tener condiciones especiales, como cámaras para proteger a los testigos o salas donde las víctimas y los agresores no estén mezclados, como ocurre en la actualidad.
Dijo que, a raíz del crecimiento poblacional de Santa Cruz, la sala plena de la Corte Superior de Distrito emitió una resolución para incrementar el número de vocales y de jueces, pero este requerimiento depende ahora del Ministerio de Economía, porque los únicos ingresos del Poder Judicial corresponden a Derechos Reales. Eso significa que, en lo inmediato, es difícil cumplir la nueva norma en condiciones adecuadas para el tratamiento de casos de violencia en el hogar. Por eso, la diputada Reyes considera esencial la asignación de una partida presupuestaria extraordinaria a la administración de justicia.
El comandante de la Policía departamental, Guido Arroyo, explica que no hace falta crear una fuerza especial contra la violencia, porque ya existe la unidad de víctimas especiales y la unidad de delitos contra la familia. Consideró que todas las instituciones tienen sus limitaciones presupuestarias. Lo cierto es que en la Brigada de Protección a la Familia se atiende en un ambiente físico bastante deteriorado y sin herramientas adecuadas.
La activista de Mujeres Creando, María Galindo, cree que se debió incorporar la desconcentración del sistema judicial que está sobresaturado, permitiendo que las instituciones civiles adquieran un estatus de tribunal para la resolución de los problemas que no encierren delitos penales en el hogar.
La ley contra la violencia en el hogar es el primer paso. La lucha real contra este mal social dependerá de todos los niveles de la sociedad, desde los niños en las escuelas hasta las autoridades de turno. María Galindo cree que ya comenzó la interpelación al poder machista
LA NUEVA LEY
Cambios en la lucha contra la violencia
Acceso a cargos públicos
Será causal de inhabilitación tener antecedentes de violencia ejercida contra una mujer o cualquier miembro de su familia.
Atención en hospitales
Los centros de salud están obligados a atender y reportar, en un plazo de 48 horas, casos de violencia
En los trabajos
Debe haber tolerancia y garantía de estabilidad laboral para las mujeres en situación de violencia
Acoso sexual
Remoción del acosador del espacio laboral. Además, es pasible a una pena de cárcel de cuatro a ocho años.
Acogida y refugio
Se crean centros donde se resguardará a las víctimas y a sus hijos. Podrán permanecer por tres meses.
Medidas de protección
Incluyen la salida del agresor del hogar y la prohibición de acercarse a la víctima o a los hijos.
Certificados médicos
Valen certificados de cualquier médico como prueba del maltrato. El forense los avalará.
Trato digno
Se prohíben los malos tratos en hospitales, policía o tribunales a las víctimas de violencia.
Sanciones alternativas
Multas, trabajo comunitario, detención durante el fin de semana, inhabilitación en sus funciones, limitación de residencia.
Plazos
Se dispone que los tribunales especializados y fuerza especial en la Policía se creen tres meses después de aprobada la ley.
NUEVOS DELITOS Y ACCIONES
El maltrato económico se convierte en delito penal y se crea la figura del feminicidio
Un avance para combatir la indiferencia, representa el debate sobre la violencia en el hogar. El objetivo está planteado en la ley, queda plasmar en realidad la intención
La violencia en el hogar ha dejado de ser invisible para la sociedad. Dos muertes, una periodista y una empresaria, desnudaron un grave problema en Bolivia. La ley para erradicarla identifica el maltrato como delito penal y ese es un cambio trascendental, tanto porque se plantea el castigo para quien lo ejerce, como porque permite que la sociedad tome consciencia y deje de ser indiferente.
Hasta ahora, la mujer que se anima a denunciar maltrato se enfrenta a la conciliación con su pareja (el violento), porque la lógica y las normas mandan a preservar el hogar ante todo. En su miedo y su dolor, debe pagar las fotocopias del papeleo y hasta es quien le entrega la citación, a riesgo de ser golpeada otra vez por atreverse a revelar lo que le pasa en la intimidad de su hogar. Por lo general, los casos acaban en compromisos firmados de que no volverá la violencia y, con frecuencia, los malos tratos se repiten y pueden acabar con la muerte, como ocurrió con Hanaly Huaycho, quien ya había denunciado 14 veces a su expareja.
Si moría por los golpes, ese crimen era, muchas veces, calificado como homicidio por emoción violenta; si la lastimaban, las heridas debían provocarle un impedimento de más de 30 días para que el agresor fuera sancionado. En la nueva ley se crea la figura del feminicidio y tiene pena de 30 años sin derecho a indulto. Si hay agresión física, el castigo es agravado cuando quien la comete es pareja de la víctima y si provoca lesiones irreversibles, físicas o sicológicas, la pena va de 5 a 12 años de cárcel.
Nuevos delitos serán juzgados en tribunales especializados en violencia en el hogar. Se necesitará más recursos económicos
También se visibiliza la violencia económica, con cárcel de 5 a 12 años.
En esta categoría se enmarcan las acciones de quienes bloquean la posibilidad de trabajar o de generar ingresos propios de las mujeres. Asimismo, se castiga a quienes impidan el uso y disfrute de bienes que pertenecen a un miembro de la familia o a los que adulteran sus propios documentos para impedir el acceso a recursos del hogar
La ley elimina la conciliación, pero hace excepciones. El agresor y la víctima pueden conciliar siempre que no haya reincidencia y sea la primera vez. Sin embargo, según la diputada Elizabeth Reyes, al abrir espacios como este se somete a la mujer a que se le imponga un acuerdo con la pareja y se la exponga a nuevos hechos de violencia.
María Galindo, activista de Mujeres Creando, cuestiona que no se elimine el delito de abandono de hogar. En muchos casos, la mujer sale de su casa, escapando del marido violento y este la acusa de abandono de hogar. Ella aguanta callada para no correr el riesgo de perder la custodia de los hijos. También habla de vacíos como que no se reconozca el legítimo derecho a la defensa, que tienen las víctimas de violencia
También se plantea que es obligatorio atender a las víctimas de la violencia, bajo pena de incumplimiendo de deberes y se inserta que quienes hayan maltratado alguna vez, perderán la opción de ocupar cargos públicos, sean electivos o designados, y serán pasibles a que sus cuentas sean congeladas. Sin duda, es un avance importante
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