Piérola iniciará proceso apelando a la Ley contra el acoso político

La legisladora cochabambina desempeña una constante labor de fiscalización desde su solitario curul.

En conversación con EL DIARIO, la diputada de Convergencia Nacional (CN), Norma Piérola señaló que luego del feriado de carnaval iniciará un proceso legal, amparada en la Ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres, contra quienes la obligaron a abandonar un salón de eventos dependiente de las Fuerzas Armadas y la destitución del administrador de esa entidad por haber invitado a la opositora a un almuerzo formal.

El pasado miércoles la diputada cochabambina fue obligada a desalojar las instalaciones del Círculo de Oficiales del Ejército (COE) de La Paz, donde fue invitada para celebrar el onomástico del administrador del lugar.

Comentó que el homenajeado amablemente la invitó a salir de las instalaciones, pues su presencia habría provocado malestar en esferas del Órgano Ejecutivo y también del Comando General del Ejército.

Denunció además que el pasado martes en la noche, tras abandonar las instalaciones de un medio de comunicación, había un vehículo del servicio de inteligencia nacional siguiéndola, por lo que denunció persecución política en su contra por parte del Gobierno, pues no tiene la libertad de poder asistir a actos privados, familiares o públicos, porque supuestamente siempre es perseguida o seguida por efectivos de inteligencia de la Policía, dependientes del Ministerio de Gobierno.

“Para mí, ese es un típico caso de acoso político y tienen una sanción penal de dos a cinco años. Primero me siento un tanto agraviada toda vez que he sido maltratada por “masistas” en una entrevista a la que acudí, luego de lo sucedido, me dijeron todo lo que han querido, me han maltratado yo he respondido con altura, pero recibí todo tipo de amenazas, por ello voy a iniciar una acción penal en contra del Comandante en jefe y el Ministerio de Gobierno por esa actitud arbitraria y por acoso político fragante que han cometido en contra de mi persona”.

Por otro lado, aclaró que la persona que la invitó al almuerzo, de quien prefiere mantener el nombre en reserva, (para evitar represalias), ha sido destituida de su cargo. “Le pediré su memorándum de destitución para que me pueda servir de prueba clara y así demostrar el abuso y arbitrariedad de parte del Gobierno” dijo.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Betty Tejada, señaló que Piérola tiene la facultad de ejercer sus derechos ya sea con la Ley contra el Acoso Político u otras relacionadas a la defensa de los derechos de las mujeres.

“No conozco el caso en concreto, pasa que tenemos mucha legislación para defender nuestros derechos y si ella, como mujer, cree que ha sido víctima de acoso político puede acogerse a esta Ley”, dijo.

Recientemente, el Movimiento Al Socialismo (MAS) impulsó, y posteriormente el presidente Evo Morales promulgó, la Ley Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, que busca eliminar estas prácticas en contra de las mujeres candidatas, electas, designadas o en el ejercicio de la función político pública.

El otro caso de “acoso político” que fue conocido el año pasado, se refirió a una presunta acción de invasión a la privacidad a la diputada del Movimiento Sin Miedo (MSM), Marcela Revollo, quien realizó una llamada telefónica a un dirigente indígena del Tipnis y esa acción fue grabada por un medio magnético, aunque no se interceptó la conversación ni la llamada.

Con la denuncia de los exasesores del Ministerio de Gobierno, Fernando Rivera, Dennis Rodas y Boris Villegas, implicados en la denominda red de extorsión, sobre la presunta compra de equipos para hacer seguimiento a la opositora, el caso retomó vigencia en la última semana.

DATOS

De acuerdo con la Ley contra el acoso político a las mujeres, estas acciones son penadas en la legislación boliviana:

“Acoso político” es definido como los actos de presión, persecución, hostigamiento o amenazas en contra de una mujer candidata, electa, designada o en el ejercicio de la función político pública o de sus familiares durante o después del proceso electoral que impidan el ejercicio de sus derechos políticos. Quienes lo cometan tendrán una sanción de 2 a 5 años de cárcel.