El Gobierno asegura que con las normas en vigencia el sistema financiero privilegió la asignación de recursos a los sectores del comercio y de servicios, lo cual ahora debe cambiar con la regulación de las tasas de interés para que el crédito se dirija a los emprendimientos productivos.
En la exposición de motivos del proyecto de Ley de Servicios Financieros, que reemplazará a la actual Ley de Bancos, el Ministerio de Economía asegura que si bien la política financiera impulsada en los últimos años logró un blindaje del sistema, que ayudó a afrontar los embates de las crisis externas, tuvo también como resultado “la atomización del aparato productivo”.
Según el Gobierno, “el marco regulatorio vigente propició e incentivó principalmente a las actividades del comercio y de servicios, provocando la transferencia de costos e ineficiencias al sector productivo, especialmente a las micro y pequeñas unidades económicas y de zonas rurales”.
Al respecto, el presidente de la Asociación de Entidades Especializadas en Microfinanzas (Asofin), Nelson Hinojosa, dijo que lo único que hace el sistema financiero es atender las demandas de los diferentes sectores económicos del país.
“El país se ha caracterizado por tener un sector productivo poco desarrollado y nosotros lo único que hacemos es atender la demanda de los que necesitan crédito; el sector productivo requirió pocos recursos por su bajo desarrollo”, precisó.
Según el ejecutivo de Asofin, no es que los bancos, las entidades microfinancieras y otras instituciones no deseen financiar actividades productivas, sino que en el país hizo falta una estrategia estatal que apoye al sector productivo.
En el caso de Asofin, en los últimos años la cartera para este sector subió de 20 a 30%; las microfinancieras y el sistema financiero, en general, están dispuestas a atender todos los requerimientos de crédito, afirmó.
El Gobierno asegura que las normas regulatorias terminaron por inducir a que se privilegien políticas extremadamente conservadoras en la otorgación de créditos por el lado de las garantías y de los plazos, ocasionando que el acceso sea restringido y que el financiamiento sea orientado hacia actividades de corto plazo y de rápida rotación, como el comercio y servicios.
Datos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero a diciembre de 2012 revelan que la cartera de créditos al sector productivo ascendía a 2.883 millones de dólares, la del comercio 2.435 millones de dólares y la servicios 1.720 millones de dólares.
El proyecto de Ley de Servicios Financieros, estipula en el artículo 60 que las “tasas de interés activas serán reguladas por el Organo Ejecutivo del nivel central del Estado mediante Decreto Supremo, estableciendo para los financiamientos destinados al sector productivo y vivienda social límites máximos dentro de los cuales las entidades financieras podrán pactar con sus clientes en el marco de lo establecido en la presente ley”.
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