Al menos tres instituciones que tienen la corresponsabilidad de aplicar la ley contra la violencia a las mujeres advirtieron que no será posible implementarla debido a la falta de recursos económicos, logísticos y humanos.
El Ministerio Público, el Consejo de la Magistratura, los municipios, la Policía y otras entidades, de acuerdo a las disposiciones transitorias de la norma que está en debate en la Cámara de Diputados, tienen la obligación de implementar la ley.
El fiscal general, Ramiro Guerrero, dijo ayer que esa instancia no tiene recursos. “No estamos en condiciones presupuestarias, financieras y de recursos humanos para poder implementar. Las leyes pueden ser muy buenas, pero la realidad es otra”.
El proyecto de ley establece la creación de nuevas instituciones defensoras de derechos, el fortalecimiento de las que ya existen y el incremento de recursos humanos y económicos.
Esta misma preocupación tiene la presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani. La autoridad dijo que “la ley debe ir a la par de recursos económicos para que podamos implementarla en beneficio de la población vulnerable”.
Esa instancia demandó al Gobierno central, el año pasado, más recursos económicos e ítems para jueces para la creación de nuevos juzgados en todo el país, pero hasta ahora no existe respuesta a su pedido.
El fiscal Guerrero lamentó que el Ministerio Público no haya sido convocado para diseñar la ley contra la violencia a la mujer, que busca establecer el feminicidio como una figura penal que se castigará con 30 años de cárcel.
“Yo escuchaba a una diputada decir que hay tres meses para implementar (la ley); nosotros llevamos cuatro meses esperando un presupuesto adicional y hasta ahora no tenemos respuesta del Ministerio de Economía y Finanzas”.
En los municipios tienen los mismos problemas. “Hay pocos municipios que tienen sus servicios legales integrales con personal”, afirmó la directora ejecutiva de la Asociación de Concejalas de Bolivia, Jessi López.
La representante pidió que en la ley se debe establecer porcentajes fijos que los gobiernos municipales deben presupuestar cada año para el cumplimiento efectivo de la norma.
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