No cabe duda que la nueva Ley de Inversiones es de particular importancia para el país y su economía. Para el Gobierno tiene una connotación especial. Con esta norma se derogan las leyes neoliberales de inversiones de 1990, la de privatización de 1992, la de capitalización de 1994. Así, para el Gobierno es, sin duda, un avance importante en la construcción del Estado Plurinacional.
Definitivamente la orientación del Gobierno se puede resumir en la frase: “todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado”. Coherente con la idea de la economía plural, el Estado asume el control de los principales procesos de inversión, desde el momento en que se crea un registro de inversiones, tanto para las extranjeras como para las estatales.
La ley mantiene la desconfianza frente a la inversión extranjera, pero acepta la necesidad que el país tiene de ella, por lo cual introduce diversos mecanismos de registro, seguimiento y control. A los obvios criterios de rentabilidad privada que buscan estas actividades, el Estado les impone requisitos que tomen en cuenta la equidad, la lucha contra la pobreza, etc.
Para orientar y promover las inversiones que al Estado le parecen pertinentes al país, el Ministerio de Planificación deberá convertirse en una estructura burocrática más compleja, y con mayor cantidad de funcionarios, expertos ellos, en la actividad productiva.
Como lo más probable es que tal cosa no ocurra, cabe pensar que el citado ministerio será una barrera más a la ya compleja burocracia estatal, y a la larga un cuello de botella para la actividad productiva. Si el sistema de inversiones preferentes no se construye con transparencia y eficiencia técnica, cabe pensar que será un importante espacio de corrupción del Gobierno, donde millones de bolivianos se canalizarán hacia fortunas mal habidas.
De particular interés es el tema del arbitraje con la inversión extranjera. El Gobierno insiste en que toda controversia debe solucionarse en las instancias nacionales e insiste en que la nueva ley da seguridad jurídica a los inversionistas. El tema es si los inversionistas lo creen así. Si así fuera, una era de incremento de financiamiento se abrirá en el país, pero si dentro de, por decir, cinco años, los resultados son modestos o negativos, sabremos, con la contundencia de los hechos, que la nueva normativa no ha sido una avance para el país, como ha ocurrido con la elección directa de las autoridades del Poder Judicial.
Finalmente, hay que destacar el lenguaje especial del nuevo marco jurídico. En su definición de inversión dice: “Inversión es toda colocación de aportes de inversión en los diferentes mecanismos de inversión de acuerdo con lo señalado en la presente ley de inversiones”
Mostrando entradas con la etiqueta Ley de Inversiones. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Ley de Inversiones. Mostrar todas las entradas
martes, 20 de mayo de 2014
martes, 6 de mayo de 2014
Ley de inversión: Estado asume más control del capital de las empresas
Las empresas que ingresen o exporten divisas deberán registrar en el Banco Central de Bolivia (BCB) el origen, el destino, el aporte y el mecanismo de inversión, como lo establece la nueva Ley de Promoción de Inversiones. El reglamento del procedimiento debe ser presentado el 4 de julio. En Bolivia, el mayor control de la moneda extranjera divide la opinión entre el sector privado y los economistas.
El texto de la ley dispone que la inversión extranjera que ingrese al país deberá registrarse “en formatos específicos que garanticen la captura de información referida a los aportes y modalidades de inversión establecidas”.
El economista Marcelo Núñez explica que dentro de la filosofía del MAS no está el ingreso del capital extranjero, no porque no lo necesite el país, sino porque le puede restar votos o popularidad. “Por ahora, el Gobierno se pone duro con los inversores extranjeros porque tiene musculatura financiera producto de las reservas internacionales”, indicó.
Un banquero, que pidió la reserva de su nombre, dijo que ahora se pide una transferencia de fondos y sólo se informa origen y destino del dinero. Considera que con la nueva ley se agrega burocracia o un trámite adicional al registrar en Fundempresa los aportes.
Seguimiento y reinversión
Armando Méndez, expresidente del BCB, cree que a través del registro el Estado será un fiscalizador riguroso de las inversiones extranjeras. La norma añade que los ministerios cabeza de sector harán el “seguimiento periódico a las inversiones”.
Al respecto, el economista Julio Alvarado asegura que el procedimiento de control desincentivará las inversiones. Para Méndez, la ley concreta lo dispuesto en la Carta Magna que establece “que el Estado es el encargado del de-sarrollo económico en el país y por ello es quien orienta dónde debe ir la inversión privada (...).
En la norma, la inversión privada nacional o extranjera se subordina a los intereses que el Estado determine”.
Asimismo, la norma establece que el Estado boliviano suscribirá ‘contratos de asociación’ con los inversionistas extranjeros si estos últimos garantizan la reinversión de las utilidades en el país.
El economista Carlos Hugo Barbery considera que el inversionista arriesga para obtener un excedente, que se constituye en su sueldo. Adicionalmente, dijo que determinar que los excedentes deban ser obligatoriamente reinvertidos en el país, en sí mismo es un mecanismo que frena la propensión a invertir.
Los empresarios
En criterio del inversionista Carlos Kempff es importante que se registren todos los ingresos y salidas de dinero de/hacia el extranjero. “Esta es una medida sana para hacer un sinnúmero de análisis económicos y por último controlados, para que no estén vinculados a actividades ilícitas, sean ligadas al narcotráfico, contrabando, evasión impositiva o lavado de dinero”, apuntó.
El empresario Leonardo Salvatierra coincide con Kempff y cree que se apunta a lo que están haciendo la mayoría de los estados y gobiernos en este nuevo escenario económico mundial, donde se está tratando de tener mayor control sobre los flujos de divisas y el tema de lavado de dinero. “La idea es correcta, el problema es que en nuestro país las instituciones públicas son demasiado lentas, burocráticas y lo hacen todo más complicado”, opinó.
Gabriel Dabdoub, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, aseveró que todavía hay que esperar la reglamentación para ver el alcance de la ley y que la expedición de divisas sea de una manera fácil, por ejemplo, debería ser un tema a considerarse en la norma.
Desde el área de comunicación del ministerio de Planificación informaron que actualmente hay técnicos trabajando en la reglamentación donde “seguro se van a detallar los mecanismos para las inversiones, los plazos y la metodología y que hasta julio no están en condiciones de adelantar criterios”
Ministerio de Planificación otorgará y vetará incentivos de acuerdo a preferencias
Generales y específicas. Esas son las dos categorías de incentivos que establece la nueva Ley de Promoción de Inversiones Nº 516. Los primeros son otorgados a las actividades productivas sectoriales que se enmarquen en la planificación del desarrollo económico sin crear condiciones ventajosas de un inversionista frente a otros, y los segundos se destinarán a proyectos de inversión calificados como preferentes.
Ambos serán calificados por el Ministerio de Planificación y este recomendará al consejo de Ministros la aplicación o rechazo del incentivo. Así lo menciona la Ley Nº 516 y lo confirma la ministra de planificación, Viviana Caro, durante una entrevista previa a la aprobación de la norma.
Según Caro, darán los incentivos a los sectores que consideren necesarios, pero también pedirán resultados. Dijo que “el Estado no está entrando en todos los sectores de la economía”.
Puntualizó además que anterior a la normativa no tenían conocimiento ni de las condiciones, ni de cómo se firmaban los contratos que no pasaban por ningún control ni fiscalización, pero que ahora estos elementos están presentes en la ley.
Los sectores preferentes para las inversiones, según el artículo 22, son hidrocarburos, minería, energía, transporte, turismo, agroindustria, textiles y otros que aporten valor agregado y polos de desarrollo económico.
El texto de la ley dispone que la inversión extranjera que ingrese al país deberá registrarse “en formatos específicos que garanticen la captura de información referida a los aportes y modalidades de inversión establecidas”.
El economista Marcelo Núñez explica que dentro de la filosofía del MAS no está el ingreso del capital extranjero, no porque no lo necesite el país, sino porque le puede restar votos o popularidad. “Por ahora, el Gobierno se pone duro con los inversores extranjeros porque tiene musculatura financiera producto de las reservas internacionales”, indicó.
Un banquero, que pidió la reserva de su nombre, dijo que ahora se pide una transferencia de fondos y sólo se informa origen y destino del dinero. Considera que con la nueva ley se agrega burocracia o un trámite adicional al registrar en Fundempresa los aportes.
Seguimiento y reinversión
Armando Méndez, expresidente del BCB, cree que a través del registro el Estado será un fiscalizador riguroso de las inversiones extranjeras. La norma añade que los ministerios cabeza de sector harán el “seguimiento periódico a las inversiones”.
Al respecto, el economista Julio Alvarado asegura que el procedimiento de control desincentivará las inversiones. Para Méndez, la ley concreta lo dispuesto en la Carta Magna que establece “que el Estado es el encargado del de-sarrollo económico en el país y por ello es quien orienta dónde debe ir la inversión privada (...).
En la norma, la inversión privada nacional o extranjera se subordina a los intereses que el Estado determine”.
Asimismo, la norma establece que el Estado boliviano suscribirá ‘contratos de asociación’ con los inversionistas extranjeros si estos últimos garantizan la reinversión de las utilidades en el país.
El economista Carlos Hugo Barbery considera que el inversionista arriesga para obtener un excedente, que se constituye en su sueldo. Adicionalmente, dijo que determinar que los excedentes deban ser obligatoriamente reinvertidos en el país, en sí mismo es un mecanismo que frena la propensión a invertir.
Los empresarios
En criterio del inversionista Carlos Kempff es importante que se registren todos los ingresos y salidas de dinero de/hacia el extranjero. “Esta es una medida sana para hacer un sinnúmero de análisis económicos y por último controlados, para que no estén vinculados a actividades ilícitas, sean ligadas al narcotráfico, contrabando, evasión impositiva o lavado de dinero”, apuntó.
El empresario Leonardo Salvatierra coincide con Kempff y cree que se apunta a lo que están haciendo la mayoría de los estados y gobiernos en este nuevo escenario económico mundial, donde se está tratando de tener mayor control sobre los flujos de divisas y el tema de lavado de dinero. “La idea es correcta, el problema es que en nuestro país las instituciones públicas son demasiado lentas, burocráticas y lo hacen todo más complicado”, opinó.
Gabriel Dabdoub, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, aseveró que todavía hay que esperar la reglamentación para ver el alcance de la ley y que la expedición de divisas sea de una manera fácil, por ejemplo, debería ser un tema a considerarse en la norma.
Desde el área de comunicación del ministerio de Planificación informaron que actualmente hay técnicos trabajando en la reglamentación donde “seguro se van a detallar los mecanismos para las inversiones, los plazos y la metodología y que hasta julio no están en condiciones de adelantar criterios”
Ministerio de Planificación otorgará y vetará incentivos de acuerdo a preferencias
Generales y específicas. Esas son las dos categorías de incentivos que establece la nueva Ley de Promoción de Inversiones Nº 516. Los primeros son otorgados a las actividades productivas sectoriales que se enmarquen en la planificación del desarrollo económico sin crear condiciones ventajosas de un inversionista frente a otros, y los segundos se destinarán a proyectos de inversión calificados como preferentes.
Ambos serán calificados por el Ministerio de Planificación y este recomendará al consejo de Ministros la aplicación o rechazo del incentivo. Así lo menciona la Ley Nº 516 y lo confirma la ministra de planificación, Viviana Caro, durante una entrevista previa a la aprobación de la norma.
Según Caro, darán los incentivos a los sectores que consideren necesarios, pero también pedirán resultados. Dijo que “el Estado no está entrando en todos los sectores de la economía”.
Puntualizó además que anterior a la normativa no tenían conocimiento ni de las condiciones, ni de cómo se firmaban los contratos que no pasaban por ningún control ni fiscalización, pero que ahora estos elementos están presentes en la ley.
Los sectores preferentes para las inversiones, según el artículo 22, son hidrocarburos, minería, energía, transporte, turismo, agroindustria, textiles y otros que aporten valor agregado y polos de desarrollo económico.
lunes, 21 de abril de 2014
La nueva Ley de Inversiones incluye incentivos
La nueva Ley de Promoción de Inversiones señala que habrá diferentes tipos de incentivos para proyectos que tengan como objetivo desarrollar los sectores estratégicos de Bolivia. Ése fue el tema en el programa Estamos a Tiempo.
“En esta ley va a haber incentivos tributarios, financieros, de distintas índoles para proyectos que se hagan en estas áreas”, expresó Viviana Caro, ministra de Planificación del Desarrollo.
Sin embargo, aclaró que los incentivos se definirán por proyecto. “Una cosa es un proyecto en minería; otra, un proyecto en infraestructura, y otra distinta, un proyecto en telecomunicaciones”, afirmó la autoridad.
Aseguró, además, que uno de los puntos de mayor desacuerdo para la promulgación de dicha ley fue precisamente el definir incentivos específicos y que figuraran de manera explícita en cuanto a porcentajes se refiere.
“La anterior ley no contaba con estos incentivos y por eso ha generado menos inversión de la que tenemos ahora y ha tenido muy poco impacto en elementos estructurales como la matriz productiva”, señaló.
Caro aseveró que la antigua ley no consolidó el cambio para pasar de ser exportadores de materias primas a transformadores. “Una de las grandes diferencias radica en que era para inversión extranjera directa”.
En cuanto al objetivo central de esta nueva ley, la ministra resaltó que es la promoción de inversiones para que éstas tengan un real impacto en desarrollo.Añadió que el año pasado, la inversión extranjera en el país alcanzó los $us 2.000 millones.
Estamos a Tiempo es una iniciativa de La Razón, Instituto Prisma y la red de televisión Cadena A. Se emite los sábados a las 16.30 y los domingos a las 18.00.
martes, 15 de abril de 2014
La Ley de Promoción de Inversiones de Bolivia
Nos guste o no, la Constitución Política del Estado (CPE) en su artículo 311.II.1 determina que "el Estado ejercerá la dirección integral del desarrollo económico y sus procesos de planificación". Por tanto, la ley denominada de "Promoción de Inversiones" se inserta en esta fundamental determinación, razón por la que comienza indicando que Bolivia se declara como una economía planificada por el Estado. El Estado orienta la inversión. Esto nos debería recordar el fracasado modelo de planificación, tanto en la ex URSS como en Cuba.
Se decide que se promoverá la inversión en sectores "productivos" para cambiar el patrón primario exportador que caracteriza a Bolivia hacia la industrialización a gran escala, en consonancia con la CPE. La ley de inversiones determina la exclusividad del Estado en cuanto a inversión en sectores estratégicos. Se observa obsesión por industrializar recursos naturales.
Pero esto es una traba para la atracción de la inversión extranjera directa, lo que es lo mismo decir de empresas transnacionales, que buscan operar en los países donde vayan con amplios márgenes de libertad, porque ellos saben las ventajas comparativas y competitivas que tienen los países y sus decisiones se basan en estas razones económicas que les permiten asegurar beneficios, reduciendo riesgos. Adicionalmente, la inversión extranjera viene de la mano con la tecnología tan imprescindible para países como Bolivia. Finalmente, las transnacionales son las que abren mercados en países desarrollados para los productos que producen los países subdesarrollados.
Por un lado, la ley de inversiones determina la igualdad jurídica de las diferentes formas de organización económica que existen en el país, sin embargo prioriza la inversión nacional en relación a la extranjera, lo cual es "nacionalismo", algo que ya no ocurre en el mundo.
Se decide que se promoverá la inversión en sectores "productivos" para cambiar el patrón primario exportador que caracteriza a Bolivia hacia la industrialización a gran escala, en consonancia con la CPE. La ley de inversiones determina la exclusividad del Estado en cuanto a inversión en sectores estratégicos. Se observa obsesión por industrializar recursos naturales.
Pero esto es una traba para la atracción de la inversión extranjera directa, lo que es lo mismo decir de empresas transnacionales, que buscan operar en los países donde vayan con amplios márgenes de libertad, porque ellos saben las ventajas comparativas y competitivas que tienen los países y sus decisiones se basan en estas razones económicas que les permiten asegurar beneficios, reduciendo riesgos. Adicionalmente, la inversión extranjera viene de la mano con la tecnología tan imprescindible para países como Bolivia. Finalmente, las transnacionales son las que abren mercados en países desarrollados para los productos que producen los países subdesarrollados.
Por un lado, la ley de inversiones determina la igualdad jurídica de las diferentes formas de organización económica que existen en el país, sin embargo prioriza la inversión nacional en relación a la extranjera, lo cual es "nacionalismo", algo que ya no ocurre en el mundo.
viernes, 4 de abril de 2014
Morales promulga ley que permitirá incentivar las inversiones en Bolivia
El presidente Evo Morales promulgó la mañana de este viernes la Ley de Promoción de Inversiones. La ley tiene el objetivo de establecer el marco jurídico e institucional general para la promoción de las inversiones en el Estado, a fin de contribuir al crecimiento y desarrollo económico y social del país.
La norma se aplica para las inversiones bolivianas y extranjeras que se realicen en el territorio.
"Es una ley muy importante para garantizar la inversión y mayor inversión permitirá siempre crecimiento económico, es importante esta promulgación de la Ley de Promoción de Inversiones ahora (para) generar fuentes de trabajo", manifestó el presidente Evo Morales, a tiempo de señalar que la nueva normativa permitirá al Estado ser socios en las inversiones que se realicen en el país.
El jefe de Estado en el acto justificó la política de nacionalización que emprendió su gobierno, porque antes la inversión privada permitía el "saqueo" de los recursos naturales y de la población boliviana. "Con esta ley vamos a generar riquezas para distribuir a los bolivianos", destacó.
La Ley de Inversiones establece dos tipos de incentivos para las inversiones que se realicen en el país: los generales y específicos. Los primeros son otorgados a las actividades productivas sectoriales que se enmarquen en la planificación del desarrollo económico y social del país y tendrán aplicación general en el sector.
El incentivo específico será otorgado a proyectos de inversión que sean calificados como "preferentes", es decir, proyectos de inversión para una actividad productiva de interés estratégico para el país, que deben ser reconocidos por el Ministerio de Planificación del Desarrollo.
El presidente de la Confederación de Empresario Privados de Bolivia, Daniel Sánchez, destacó el consenso que se tuvo para la elaboración de esta norma y señaló que, tras la promulgación de la misma y de la Ley de Servicios Financieros, ésta última en agosto de 2013, se debe encaminar el trabajo para redactar una nueva Ley de Conciliación y Arbitraje.
"Una Ley de Conciliación y Arbitraje que sea justa y equitativa y (también) cambios en la normativa tributaria que pueda dar certidumbre a los nuevos emprendimientos que se desarrollen en el país", señaló el empresario.
En su disposición transitoria tercera, la ley establece un plazo de 3 meses para la elaboración de una nueva norma referida a la conciliación y arbitraje para la resolución de controversias en materia de inversiones, trabajo que estará a cargo del Ministerio de Justicia y la Procuraduría General del Estado.
Morales acotó que cualquier controversia en materia de inversiones debe resolverse en el territorio boliviano y no en tribunales internacionales de arbitraje, donde, señaló, siempre pierde el Estado.
La norma se aplica para las inversiones bolivianas y extranjeras que se realicen en el territorio.
"Es una ley muy importante para garantizar la inversión y mayor inversión permitirá siempre crecimiento económico, es importante esta promulgación de la Ley de Promoción de Inversiones ahora (para) generar fuentes de trabajo", manifestó el presidente Evo Morales, a tiempo de señalar que la nueva normativa permitirá al Estado ser socios en las inversiones que se realicen en el país.
El jefe de Estado en el acto justificó la política de nacionalización que emprendió su gobierno, porque antes la inversión privada permitía el "saqueo" de los recursos naturales y de la población boliviana. "Con esta ley vamos a generar riquezas para distribuir a los bolivianos", destacó.
La Ley de Inversiones establece dos tipos de incentivos para las inversiones que se realicen en el país: los generales y específicos. Los primeros son otorgados a las actividades productivas sectoriales que se enmarquen en la planificación del desarrollo económico y social del país y tendrán aplicación general en el sector.
El incentivo específico será otorgado a proyectos de inversión que sean calificados como "preferentes", es decir, proyectos de inversión para una actividad productiva de interés estratégico para el país, que deben ser reconocidos por el Ministerio de Planificación del Desarrollo.
El presidente de la Confederación de Empresario Privados de Bolivia, Daniel Sánchez, destacó el consenso que se tuvo para la elaboración de esta norma y señaló que, tras la promulgación de la misma y de la Ley de Servicios Financieros, ésta última en agosto de 2013, se debe encaminar el trabajo para redactar una nueva Ley de Conciliación y Arbitraje.
"Una Ley de Conciliación y Arbitraje que sea justa y equitativa y (también) cambios en la normativa tributaria que pueda dar certidumbre a los nuevos emprendimientos que se desarrollen en el país", señaló el empresario.
En su disposición transitoria tercera, la ley establece un plazo de 3 meses para la elaboración de una nueva norma referida a la conciliación y arbitraje para la resolución de controversias en materia de inversiones, trabajo que estará a cargo del Ministerio de Justicia y la Procuraduría General del Estado.
Morales acotó que cualquier controversia en materia de inversiones debe resolverse en el territorio boliviano y no en tribunales internacionales de arbitraje, donde, señaló, siempre pierde el Estado.
viernes, 28 de marzo de 2014
Leyes de inversiones y minería
Después de varios años de continuas postergaciones, todo parece indicar que la Asamblea Legislativa Plurinacional por fin está a punto de terminar el tratamiento de dos muy importantes proyectos de ley. Por lo que se sabe, tanto la Ley de Promoción de Inversiones como la de Minería han sido ya aprobadas por ambas cámaras legislativas, por lo que ya sólo faltaría cumplir con algunos aspectos formales antes de su aprobación y posterior promulgación.
Más de tres años ha durado todo el proceso que está a punto de concluir. Durante todo ese tiempo se hicieron grandes esfuerzos entre las diferentes instancias estatales y empresariales directamente involucradas en ambos temas para superar discrepancias y alcanzar los consensos mínimos imprescindibles para que las leyes elaboradas satisfagan las expectativas de todos los sectores.
Sin embargo y a juzgar por el hermetismo con que se sigue eludiendo una difusión masiva de ambos proyectos de modo que sea verdaderamente público y abierto el debate, hay motivos para temer que los esfuerzos hechos hasta ahora no han sido suficientes para despejar dudas y susceptibilidades. En efecto, según han coincidido en señalar expertos en materia económica y minera ambas leyes que están a punto de ser puestas en vigencia dejan todavía demasiado margen para la incertidumbre, lo que de antemano las condenaría a fracasar en su principal objetivo que es estimular las inversiones privadas en nuestro país.
En lo que a la ley de inversiones se refiere, el principal motivo de incertidumbre sigue siendo hoy, como viene ocurriendo desde hace ocho años, el relativo a las seguridades que ofrece el Estado boliviano a quienes inviertan sus capitales en nuestro país.
Lamentablemente la aparente persistencia de ambigüedad y contradicciones en la redacción de la ley, mantiene muchas de las dudas que pesan sobre tan importante asunto y abren un espacio grande a las interpretaciones arbitrarias, de manera que el principal objetivo de la ley, que es atraer inversiones privadas, queda en entredicho.
Similar es el caso del proyecto de ley de minería que, tal como ha sido aprobado en su versión final, ha sido recibido con pesimismo por expertos en materia minera pues consideran que no será suficiente para atraer al país las masivas inversiones, la tecnología de punta y la experiencia necesaria para devolver al sector minero el dinamismo perdido.
Las excesivas concesiones que se hacen al sector de la minería cooperativizada, en desmedro, tanto de la minería estatal pero sobre todo la privada, es el principal cuestionamiento que se hace al proyecto de ley. A tal punto llegan las discrepancias sobre el tema, que ha sido el Ministro de Economía uno de los más severos críticos de la manera de encarar el futuro de la minería nacional.
De cualquier modo a pesar de las muchas limitaciones de los dos instrumentos legales, cuya promulgación está prevista para los próximos días, no deja de ser bueno que se ponga fin a tan larga espera. Serán los hechos, plasmados en la magnitud de las inversiones privadas durante los próximos meses, los que prueben si las cualidades de ambas leyes son o no mayores que sus defectos.
Más de tres años ha durado todo el proceso que está a punto de concluir. Durante todo ese tiempo se hicieron grandes esfuerzos entre las diferentes instancias estatales y empresariales directamente involucradas en ambos temas para superar discrepancias y alcanzar los consensos mínimos imprescindibles para que las leyes elaboradas satisfagan las expectativas de todos los sectores.
Sin embargo y a juzgar por el hermetismo con que se sigue eludiendo una difusión masiva de ambos proyectos de modo que sea verdaderamente público y abierto el debate, hay motivos para temer que los esfuerzos hechos hasta ahora no han sido suficientes para despejar dudas y susceptibilidades. En efecto, según han coincidido en señalar expertos en materia económica y minera ambas leyes que están a punto de ser puestas en vigencia dejan todavía demasiado margen para la incertidumbre, lo que de antemano las condenaría a fracasar en su principal objetivo que es estimular las inversiones privadas en nuestro país.
En lo que a la ley de inversiones se refiere, el principal motivo de incertidumbre sigue siendo hoy, como viene ocurriendo desde hace ocho años, el relativo a las seguridades que ofrece el Estado boliviano a quienes inviertan sus capitales en nuestro país.
Lamentablemente la aparente persistencia de ambigüedad y contradicciones en la redacción de la ley, mantiene muchas de las dudas que pesan sobre tan importante asunto y abren un espacio grande a las interpretaciones arbitrarias, de manera que el principal objetivo de la ley, que es atraer inversiones privadas, queda en entredicho.
Similar es el caso del proyecto de ley de minería que, tal como ha sido aprobado en su versión final, ha sido recibido con pesimismo por expertos en materia minera pues consideran que no será suficiente para atraer al país las masivas inversiones, la tecnología de punta y la experiencia necesaria para devolver al sector minero el dinamismo perdido.
Las excesivas concesiones que se hacen al sector de la minería cooperativizada, en desmedro, tanto de la minería estatal pero sobre todo la privada, es el principal cuestionamiento que se hace al proyecto de ley. A tal punto llegan las discrepancias sobre el tema, que ha sido el Ministro de Economía uno de los más severos críticos de la manera de encarar el futuro de la minería nacional.
De cualquier modo a pesar de las muchas limitaciones de los dos instrumentos legales, cuya promulgación está prevista para los próximos días, no deja de ser bueno que se ponga fin a tan larga espera. Serán los hechos, plasmados en la magnitud de las inversiones privadas durante los próximos meses, los que prueben si las cualidades de ambas leyes son o no mayores que sus defectos.
jueves, 27 de marzo de 2014
Aprueban ley que dará mayor seguridad a las inversiones
Después de tiempo, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Promoción de Inversiones, exigida por los empresarios privados. Ahora, en los rostros de los que manejan capitales para invertir hay satisfacción, pues creen que es una norma que dará seguridad jurídica y atraerá recursos para proyectos futuros.
La norma, que trató de ser consensuada entre los empresarios, los diputados y los senadores, tiene seis capítulos y 26 artículos, además de tres disposiciones adicionales, cinco transitorias, seis finales, una abrogatoria, y una derogatoria.
“Sus objetivos son garantizar y generar seguridad jurídica para las inversiones; garantizar que no exista ninguna duda en el país sobre cuáles son las inversiones para los sectores estratégicos de la economía y la tuición del Estado respecto de la inversión estratégica; y que todo se base en una normativa nacional para que quien invierta respete nuestra soberanía”, indicó el senador del oficialismo, Adolfo Mendoza.
Ronald Nostas, vicepresidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), reconoció que se trabajó “arduamente” con el Ejecutivo para lograr consensos. “Después de las últimas modificaciones estamos conformes con la ley. Creemos que cumple con sus objetivos, aunque no podemos hablar de consensos absolutos”, reconoció en contacto con EL DEBER.
Al sector privado le hubiera gustado, por ejemplo, que en la ley, que en los próximos días será promulgada por el presidente Juan Evo Morales, se plantee incentivos específicos y se plasme temas de resolución de conflictos, aunque “no son inconvenientes de fondo”.
El senador Mendoza explicó que los incentivos van a depender de la calidad de la inversión y del sector donde se incorpore la inversión.
Lo que sí aprueban los privados, es la omisión del artículo que hablaba de posibles nacionalizaciones de empresas por razones de interés público y el capítulo sobre delitos contra la inversión.
Ya en mayo del año pasado, empresarios extranjeros esperaban que Bolivia emita señales de que serán respetadas sus inversiones.
“Si no hay tantas inversiones es porque quizás el marco regulatorio deja dudas. Del Gobierno boliviano depende que efectivamente las inversiones acudan”, declaró en ese entonces el embajador de España en Bolivia, Ángel Vázquez.
Los europeos esperan que el nuevo marco jurídico dé luces para las inversiones, además de que se complemente con leyes conexas, como de hidrocarburos, arbitrajes y de la financiera
DATOS DE LA LEY
OBJETIVO
El objetivo de la ley es establecer el marco jurídico para la promoción de las inversiones.
SECTORES ESTRATÉGICOS
El Estado dirige, controla y regula los sectores estratégicos de la economía del país.
DESARROLLO DEL PAÍS
La inversión efectuada debe contribuir al desarrollo económico y social del país.
MINISTERIO COMPETENTE
El Ministerio de Planificación es la instancia competente del nivel central del Estado para la promoción de la inversión.
ANÁLISIS
“Hay otras normas pendientes”
Teófilo Caballero - Analista Económico
Esta ley es un paso muy importante, pero tiene que complementarse con el tema de la Ley de Hidrocarburos, que es fundamental para el país porque ahora se constituye en el principal soporte del crecimiento de la economía.
Otras de las leyes complementarias son la ley de minería y de avasallamiento a la propiedad privada.
Creemos que con eso, el círculo económico se estaría cerrando. Por otro lado, si en esta aprobación final fue retirado el tema de las nacionalizaciones, ya es una ley de inversiones que, sin duda, va a ser beneficiosa para el país en el sentido de que va a establecer, de forma clara, las reglas del juego a las que se tienen que someter los empresarios nacionales y extranjeros.
El gran problema que había era que cierto grupo del Gobierno confundía la ley de inversiones con una de nacionalización. Viene a llenar un vacío que era lo que reclamaban los europeos. La norma destrabará un poco las decisiones de inversión de los que estaban sensibles
La norma, que trató de ser consensuada entre los empresarios, los diputados y los senadores, tiene seis capítulos y 26 artículos, además de tres disposiciones adicionales, cinco transitorias, seis finales, una abrogatoria, y una derogatoria.
“Sus objetivos son garantizar y generar seguridad jurídica para las inversiones; garantizar que no exista ninguna duda en el país sobre cuáles son las inversiones para los sectores estratégicos de la economía y la tuición del Estado respecto de la inversión estratégica; y que todo se base en una normativa nacional para que quien invierta respete nuestra soberanía”, indicó el senador del oficialismo, Adolfo Mendoza.
Ronald Nostas, vicepresidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), reconoció que se trabajó “arduamente” con el Ejecutivo para lograr consensos. “Después de las últimas modificaciones estamos conformes con la ley. Creemos que cumple con sus objetivos, aunque no podemos hablar de consensos absolutos”, reconoció en contacto con EL DEBER.
Al sector privado le hubiera gustado, por ejemplo, que en la ley, que en los próximos días será promulgada por el presidente Juan Evo Morales, se plantee incentivos específicos y se plasme temas de resolución de conflictos, aunque “no son inconvenientes de fondo”.
El senador Mendoza explicó que los incentivos van a depender de la calidad de la inversión y del sector donde se incorpore la inversión.
Lo que sí aprueban los privados, es la omisión del artículo que hablaba de posibles nacionalizaciones de empresas por razones de interés público y el capítulo sobre delitos contra la inversión.
Ya en mayo del año pasado, empresarios extranjeros esperaban que Bolivia emita señales de que serán respetadas sus inversiones.
“Si no hay tantas inversiones es porque quizás el marco regulatorio deja dudas. Del Gobierno boliviano depende que efectivamente las inversiones acudan”, declaró en ese entonces el embajador de España en Bolivia, Ángel Vázquez.
Los europeos esperan que el nuevo marco jurídico dé luces para las inversiones, además de que se complemente con leyes conexas, como de hidrocarburos, arbitrajes y de la financiera
DATOS DE LA LEY
OBJETIVO
El objetivo de la ley es establecer el marco jurídico para la promoción de las inversiones.
SECTORES ESTRATÉGICOS
El Estado dirige, controla y regula los sectores estratégicos de la economía del país.
DESARROLLO DEL PAÍS
La inversión efectuada debe contribuir al desarrollo económico y social del país.
MINISTERIO COMPETENTE
El Ministerio de Planificación es la instancia competente del nivel central del Estado para la promoción de la inversión.
ANÁLISIS
“Hay otras normas pendientes”
Teófilo Caballero - Analista Económico
Esta ley es un paso muy importante, pero tiene que complementarse con el tema de la Ley de Hidrocarburos, que es fundamental para el país porque ahora se constituye en el principal soporte del crecimiento de la economía.
Otras de las leyes complementarias son la ley de minería y de avasallamiento a la propiedad privada.
Creemos que con eso, el círculo económico se estaría cerrando. Por otro lado, si en esta aprobación final fue retirado el tema de las nacionalizaciones, ya es una ley de inversiones que, sin duda, va a ser beneficiosa para el país en el sentido de que va a establecer, de forma clara, las reglas del juego a las que se tienen que someter los empresarios nacionales y extranjeros.
El gran problema que había era que cierto grupo del Gobierno confundía la ley de inversiones con una de nacionalización. Viene a llenar un vacío que era lo que reclamaban los europeos. La norma destrabará un poco las decisiones de inversión de los que estaban sensibles
miércoles, 26 de marzo de 2014
Senado sanciona Ley de Promoción de Inversiones
La Cámara de Senadores sancionó anoche la Ley de Promoción de Inversiones en la que se eliminó el artículo 27 que se refiere a la nacionalización de empresas, informó el presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Fianzas, David Sánchez.
“La comisión decidió aprobar sin modificaciones, ya no está el artículo 27 (sobre la nacionalización), con esto se superan algunas susceptibilidades de algunos empresarios”, dijo el oficialista.
El artículo observado decía que “el Estado reconoce, respeta y protege la iniciativa empresarial otorgándole seguridad jurídica y promoviendo su desarrollo para fortalecer la independencia y soberanía económica del país, en ese marco, las inversiones no serán nacionalizadas, únicamente procederá la nacionalización por razones de interés público o cuando se comprometa la soberanía nacional”
Según Sánchez, el proyecto tiene como propósito dotar de un marco jurídico e institucional a la promoción de inversiones, otorgando seguridad al inversionista nacional o extranjero con la aprobación de una nueva Ley de Conciliación y Arbitraje, y la posibilidad de que los inversionistas extranjeros puedan transferir al exterior utilidades en divisas libremente convertibles por medio del sistema bancario.
Los nuevos incentivos para las inversiones preferentes, prioritarias para el Estado, que sean comprometidas por las empresas privadas regirán a partir de la aprobación de los contratos de inversión en el Legislativo.
“La comisión decidió aprobar sin modificaciones, ya no está el artículo 27 (sobre la nacionalización), con esto se superan algunas susceptibilidades de algunos empresarios”, dijo el oficialista.
El artículo observado decía que “el Estado reconoce, respeta y protege la iniciativa empresarial otorgándole seguridad jurídica y promoviendo su desarrollo para fortalecer la independencia y soberanía económica del país, en ese marco, las inversiones no serán nacionalizadas, únicamente procederá la nacionalización por razones de interés público o cuando se comprometa la soberanía nacional”
Según Sánchez, el proyecto tiene como propósito dotar de un marco jurídico e institucional a la promoción de inversiones, otorgando seguridad al inversionista nacional o extranjero con la aprobación de una nueva Ley de Conciliación y Arbitraje, y la posibilidad de que los inversionistas extranjeros puedan transferir al exterior utilidades en divisas libremente convertibles por medio del sistema bancario.
Los nuevos incentivos para las inversiones preferentes, prioritarias para el Estado, que sean comprometidas por las empresas privadas regirán a partir de la aprobación de los contratos de inversión en el Legislativo.
miércoles, 19 de marzo de 2014
La ‘nacionalización’ fue excluida de la nueva Ley de Inversiones
La Ley de Promoción de Inversiones fue aprobada ayer en su estación en detalle en la Cámara de Diputados. De la redacción original fue eliminado, a petición de la bancada del MAS, el artículo 27 referido a las nacionalizaciones de empresas.
El artículo anulado del proyecto de ley establecía garantías jurídicas a las inversiones empresariales en el país a partir de la norma. Pero indicaba que el Estado procedería con la nacionalización solo “por razones de interés público o cuando se comprometa la soberanía nacional”.
La solicitud de la bancada del MAS se fundamentó en que no “era necesario considerarlo porque ya estaba establecido en la Constitución Política del Estado”, manifestó durante su participación la jefa de bancada del partido gobernante, Flora Aguilar.
Esta posición fue cuestionada por la diputada de Convergencia Nacional (CN) Norma Piérola, quien se opuso a la exclusión del artículo debido a que con esta decisión “se eliminaría la seguridad jurídica a las inversiones privadas”.
Sin embargo en la votación, más de dos tercios del pleno de diputados votaron por la exclusión del mencionado artículo.
La Ley de Promoción de Inversiones tiene como objetivo contribuir al desarrollo económico del país a través de un marco jurídico; esta normativa abrogará la Ley de Privatización de 1992 y de Capitalización de 1994.
La norma fue proyectada por el Ministerio de Planificación y Desarrollo. Por eso, la semana pasada la ministra Viviana Caro informó que en aquélla se incluyeron las sugerencias que presentaron sectores como el de los empresarios privados. Además, para la redacción, una comisión de legisladores, incluido el ministerio, sostuvo reuniones con representantes diplomáticos de otros países.
Nueva ley de inversiones
abrogaciónLa normativa abroga las leyes de Privatización de 1992 y de Capitalización de 1994. Tras su aprobación en Diputados fue remitida a la Cámara Alta.
lunes, 17 de marzo de 2014
Arce: Ley de Inversiones otorga seguridad jurídica a empresarios nacionales e inversores extranjeros
El presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, afirmó hoy que el proyecto de Ley de Inversiones, que se debate en la Cámara Baja, otorgará seguridad jurídica a empresarios privados nacionales e inversores extranjeros.
A su juicio, la norma se enmarca en la Constitución Política del Estado que, en el artículo 320, establece que toda la inversión boliviana se priorizará frente a la inversión extranjera y fija que la inversión extranjera estará sometida a la jurisdicción, a las leyes y a las autoridades bolivianas.
"Además de garantizar las inversiones extranjeras de manera clara y real, también se está protegiendo a los empresarios bolivianos que tienen o realicen inversiones en el territorio nacional. Con esta ley, el Estado otorga seguridad jurídica a los privados nacionales e inversores extranjeros y la relación del Estado", subrayó.
Agregó que las inversiones extranjeras se realizarán en condiciones de "independencia, respeto mutuo y equidad".
"No se podrá otorgar al Estado o empresas extranjeras condiciones más beneficiosas que las establecidas para los bolivianos", respaldó.
Arce recordó que Bolivia es independiente en todas las decisiones de política económica interna, "y no acepta imposiciones ni condicionamientos sobre esa política por parte de estados, bancos o instituciones financieras bolivianas o extranjeras, entidades multilaterales ni empresas transnacionales'.
En ese marco, calificó de "histórica" la redacción y socialización de esa norma que -a su juicio- "nunca antes en la historia del Congreso Nacional se socializó una ley de estas características antes de su aprobación".
"Se recogió las propuestas y se escuchó ampliamente a los representantes diplomáticos de países con representación en Bolivia y a todo el sector empresarial boliviano; de ahí que se tendrá una ley de amplio consenso que entrará en vigencia gracias al aporte de todos y cada uno de los asambleístas y los directos interesado en una norma como ésta que garantiza las inversiones extranjeras y de los propios bolivianos", fundamento.
El debate en detalle del proyecto de Ley de Inversiones será retomado el martes por el pleno de la Cámara Baja.
A su juicio, la norma se enmarca en la Constitución Política del Estado que, en el artículo 320, establece que toda la inversión boliviana se priorizará frente a la inversión extranjera y fija que la inversión extranjera estará sometida a la jurisdicción, a las leyes y a las autoridades bolivianas.
"Además de garantizar las inversiones extranjeras de manera clara y real, también se está protegiendo a los empresarios bolivianos que tienen o realicen inversiones en el territorio nacional. Con esta ley, el Estado otorga seguridad jurídica a los privados nacionales e inversores extranjeros y la relación del Estado", subrayó.
Agregó que las inversiones extranjeras se realizarán en condiciones de "independencia, respeto mutuo y equidad".
"No se podrá otorgar al Estado o empresas extranjeras condiciones más beneficiosas que las establecidas para los bolivianos", respaldó.
Arce recordó que Bolivia es independiente en todas las decisiones de política económica interna, "y no acepta imposiciones ni condicionamientos sobre esa política por parte de estados, bancos o instituciones financieras bolivianas o extranjeras, entidades multilaterales ni empresas transnacionales'.
En ese marco, calificó de "histórica" la redacción y socialización de esa norma que -a su juicio- "nunca antes en la historia del Congreso Nacional se socializó una ley de estas características antes de su aprobación".
"Se recogió las propuestas y se escuchó ampliamente a los representantes diplomáticos de países con representación en Bolivia y a todo el sector empresarial boliviano; de ahí que se tendrá una ley de amplio consenso que entrará en vigencia gracias al aporte de todos y cada uno de los asambleístas y los directos interesado en una norma como ésta que garantiza las inversiones extranjeras y de los propios bolivianos", fundamento.
El debate en detalle del proyecto de Ley de Inversiones será retomado el martes por el pleno de la Cámara Baja.
viernes, 14 de marzo de 2014
Cámara de Diputados aprueba en grande nueva Ley de Promoción de Inversiones
La Cámara de Diputados aprobó anoche, en su estación en grande, el proyecto de Ley de Promoción de Inversiones que busca desarrollar la matriz productiva y reducir la pobreza en el país. La propuesta establece incentivos para la inversión nacional y extranjera.
"La Cámara de Diputados aprobó la noche del jueves, en su etapa en grande, el proyecto de Ley de Promoción de Inversiones que establece el marco jurídico e institucional general para la promoción de las inversiones (…) a fin de contribuir al crecimiento y desarrollo económico y social", informó la Cámara de Diputados a través de su página web.
La ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro, mencionó que la futura normativa establecerá claramente las prioridades de desarrollo con el norte de lograr el bienestar de los bolivianos.
El proyecto fija incentivos para las empresas nacionales y extranjeras que inviertan en el país.
Es también una ley que es selectiva en los incentivos a diferencia de las anteriores leyes que tenemos, pero orientadas hacia un objetivo (y) hacia resultados, este es un elemento muy importante (porque) vamos a dar los incentivos que consideremos que son necesarios, pero vamos también a pedir resultados", enfatizó.
El proyecto de ley consta de 29 artículos, siete capítulos, cuatro disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, cinco disposiciones finales y una disposición abrogatoria.
Respecto a los incentivos, el proyecto de ley establece dos tipos de incentivos, generales y específicos, que podrán ser otorgados por el Estado a las inversiones realizadas en el país. Su vigencia será de entre uno a 20 años, dependiendo de los resultados que arroje el seguimiento periódico a cargo de los ministerios sectoriales.
La autoridad resaltó que la nueva ley abroga las leyes de Inversiones, Capitalización, Privatización de gestiones anteriores que establecían un marco de inversiones que "por seguridad jurídica justamente tienen que ser abrogadas".
Con relación a los mecanismos de Solución de Controversias, el proyecto establece que todo conflicto entre inversionistas se solucionará en las formas y condiciones establecidas en la Ley de Conciliación y Arbitraje, quedando prohibida la nacionalización de las inversiones realizadas, "las excepciones a ésta y el procedimiento en caso de producirse la nacionalización", señala el boletín de la Cámara de Diputados.
Además el proyecto determina los delitos contra la inversión, incorporando al Código Penal los de invasión o destrucción de la inversión estatal productiva, privada o mixta y estados financieros.
"La Cámara de Diputados aprobó la noche del jueves, en su etapa en grande, el proyecto de Ley de Promoción de Inversiones que establece el marco jurídico e institucional general para la promoción de las inversiones (…) a fin de contribuir al crecimiento y desarrollo económico y social", informó la Cámara de Diputados a través de su página web.
La ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro, mencionó que la futura normativa establecerá claramente las prioridades de desarrollo con el norte de lograr el bienestar de los bolivianos.
El proyecto fija incentivos para las empresas nacionales y extranjeras que inviertan en el país.
Es también una ley que es selectiva en los incentivos a diferencia de las anteriores leyes que tenemos, pero orientadas hacia un objetivo (y) hacia resultados, este es un elemento muy importante (porque) vamos a dar los incentivos que consideremos que son necesarios, pero vamos también a pedir resultados", enfatizó.
El proyecto de ley consta de 29 artículos, siete capítulos, cuatro disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, cinco disposiciones finales y una disposición abrogatoria.
Respecto a los incentivos, el proyecto de ley establece dos tipos de incentivos, generales y específicos, que podrán ser otorgados por el Estado a las inversiones realizadas en el país. Su vigencia será de entre uno a 20 años, dependiendo de los resultados que arroje el seguimiento periódico a cargo de los ministerios sectoriales.
La autoridad resaltó que la nueva ley abroga las leyes de Inversiones, Capitalización, Privatización de gestiones anteriores que establecían un marco de inversiones que "por seguridad jurídica justamente tienen que ser abrogadas".
Con relación a los mecanismos de Solución de Controversias, el proyecto establece que todo conflicto entre inversionistas se solucionará en las formas y condiciones establecidas en la Ley de Conciliación y Arbitraje, quedando prohibida la nacionalización de las inversiones realizadas, "las excepciones a ésta y el procedimiento en caso de producirse la nacionalización", señala el boletín de la Cámara de Diputados.
Además el proyecto determina los delitos contra la inversión, incorporando al Código Penal los de invasión o destrucción de la inversión estatal productiva, privada o mixta y estados financieros.
Diputados cambia el 70% de la Ley de Inversiones
Las gestiones que realizaron empresarios y diplomáticos en la Asamblea Legislativa dieron sus frutos ayer cuando los diputados decidieron eliminar dos polémicos artículos referidos a las multas y sanciones, anular las nacionalizaciones y dar certidumbre a las inversiones, dentro de los cambios al proyecto de Ley de Inversiones que sufrió la modificación del 70,3% de la norma.
La bancada del MAS en las comisiones de Planificación Económica y en el de Constitución plantearon el cambio de 19 de los 27 artículos e introdujeron modificaciones de concepto en las disposiciones transitorias y finales.
El presidente de la Cámara Nacional de Industrias, Mario Yaffar, saludó la medida y dijo que las observaciones que realizaron los empresarios eran al de garantizar las inversiones y que el Estado sea capaz de otorgar seguridad jurídica a los privadosnacionales e inversores extranjeros con la Ley.
“Los artículos 28 y 29, deben ser apartados del presente proyecto de ley, puesto a que la tipificación de delitos no corresponde a la naturaleza del presente proyecto de ley. Por lo que se eliminó los mencionados artículos”, señala el informe de la comisión.
El artículo 27, referido a las nacionalizaciones, uno de los más observados por los diplomáticos dice: “El Estado reconoce, respeta y protege la iniciativa empresarial otorgándole seguridad jurídica; en este marco, las inversiones que se realicen bajo las regulaciones de la presente Ley no serán nacionalizadas”.
De igual modo, el Gobierno decidió eliminar el principio de “pasivo contingente” que provocó la susceptibilidad de los privados porque consideraban que generaba una incertidumbre económica sobre qué cosas deben pagar al Estado en un futuro y con normas inciertas
ANÁLISIS
Busca un claro respaldo político
Marcelo Silva - Analista
Queda claro que el Estado necesita de inversionistas privados o extranjeros que coadyuven en el crecimiento del aparato productivo para satisfacer el consumo pero también en la generación de empleo por tanto, el Gobierno tuvo que ceder de manera muy grande hasta el extremo de cambiar la mayoría de la ley a los pedidos de los embajadores y los empresarios bolivianos.
Pero la decisión del Gobierno obedece a dos factores: primero la proximidad de un proceso electoral y en ese marco el Gobierno ha decidido mejorar su relación con el empresariado, en cuanto a los países amigos, el Presidente tuvo reuniones con presidentes y empresarios de Europa y Asia, éstos le pidieron reglas claras y seguridad jurídica; el Ejecutivo los escuchó, pero por una cuestion electoral
La bancada del MAS en las comisiones de Planificación Económica y en el de Constitución plantearon el cambio de 19 de los 27 artículos e introdujeron modificaciones de concepto en las disposiciones transitorias y finales.
El presidente de la Cámara Nacional de Industrias, Mario Yaffar, saludó la medida y dijo que las observaciones que realizaron los empresarios eran al de garantizar las inversiones y que el Estado sea capaz de otorgar seguridad jurídica a los privadosnacionales e inversores extranjeros con la Ley.
“Los artículos 28 y 29, deben ser apartados del presente proyecto de ley, puesto a que la tipificación de delitos no corresponde a la naturaleza del presente proyecto de ley. Por lo que se eliminó los mencionados artículos”, señala el informe de la comisión.
El artículo 27, referido a las nacionalizaciones, uno de los más observados por los diplomáticos dice: “El Estado reconoce, respeta y protege la iniciativa empresarial otorgándole seguridad jurídica; en este marco, las inversiones que se realicen bajo las regulaciones de la presente Ley no serán nacionalizadas”.
De igual modo, el Gobierno decidió eliminar el principio de “pasivo contingente” que provocó la susceptibilidad de los privados porque consideraban que generaba una incertidumbre económica sobre qué cosas deben pagar al Estado en un futuro y con normas inciertas
ANÁLISIS
Busca un claro respaldo político
Marcelo Silva - Analista
Queda claro que el Estado necesita de inversionistas privados o extranjeros que coadyuven en el crecimiento del aparato productivo para satisfacer el consumo pero también en la generación de empleo por tanto, el Gobierno tuvo que ceder de manera muy grande hasta el extremo de cambiar la mayoría de la ley a los pedidos de los embajadores y los empresarios bolivianos.
Pero la decisión del Gobierno obedece a dos factores: primero la proximidad de un proceso electoral y en ese marco el Gobierno ha decidido mejorar su relación con el empresariado, en cuanto a los países amigos, el Presidente tuvo reuniones con presidentes y empresarios de Europa y Asia, éstos le pidieron reglas claras y seguridad jurídica; el Ejecutivo los escuchó, pero por una cuestion electoral
miércoles, 12 de marzo de 2014
La Ley de Inversiones fue aprobada ayer en grande y detalle.
La ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro Hinojosa, ratificó el martes que en el marco de la nueva Ley de Promoción de Inversiones, el Estado boliviano dará incentivos a los inversionistas privados, pero que éstos serán retirados si no generan los resultados esperados.
Caro asistió ayer a la sesión de informe de explicación del alcance y objetivo de este proyecto de ley ante la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara Baja, donde la norma se aprobó en su estación en grande y en detalle, aunque con algunas modificaciones.
La ministra, en el tema de los incentivos, explicó que esta nueva norma es “una ley de gestión por resultados”. En esa medida, enfatizó que “en la medida que el incentivo esté generando el impacto que queremos, el incentivo se va a mantener”. “Hay un compromiso entre el Estado e inversionistas en que vamos a promover y facilitar la inversión, pero también necesitamos tener resultados”.
Recordó que Bolivia tuvo experiencias negativas en el pasado en la otorgación de incentivos sin resultados que beneficien al país. Es por ello que advirtió que “la ley también prevé que el Ministerio de Planificación, después de un seguimiento y evaluación de las inversiones, va a recomendar que el incentivo se retire”.
Preferente. La autoridad explicó que existen dos tipos de incentivos: generales y específicos. Los primeros benefician a cualquier sector de la economía, como el turismo o la construcción, y los segundos se refieren a “inversiones preferentes” de sectores estratégicos, de generación de empleo y transferencia tecnológica como de desarrollo regional.
En este grupo se incluye a los hidrocarburos, minería, energía y transporte que contribuyan a generar valor agregado.
Caro precisó que existen más de 15 normas que brindan incentivos para la inversión en el país, pero que ni los privados nacionales ni extranjeros “han aprovechado de esas ventajas”. Citó como ejemplo la Ley de Promoción Económica de El Alto, la norma de Cobija, la Ley Santiváñez de Cochabamba, entre otras.
“Ésa es una señal que ponerla por escrito (los incentivos) no nos garantiza nada, buscamos un mecanismo que permita que cuando demos incentivos logremos impactos en desarrollo y crecimiento para el país”, comentó la Ministra de Planificación.
La autoridad sostuvo que los incentivos tributarios, financieros o de otra índole serán creados para cada proyecto, no de forma general, porque cada proyecto será diferente en cada rubro de la inversión.
Otra precisión que hizo la ministra fue que todos los contratos que se firmen serán enviados a la Asamblea Legislativa para su “autorización y aprobación”. “Creemos que hemos logrado este mecanismo a través de los contratos que por Constitución deben ir a la Asamblea, estos contratos son específicos, se refieren a proyectos de producción, creemos que éste es el canal por donde podemos lograr mayor impacto en las inversiones y tener un diseño de mecanismo e incentivos adecuados a cada proyecto”, dijo. Además, ratificó que todas las inversiones serán registradas en el Banco Central de Bolivia para las extranjeras y en el Ministerio de Planificación para las nacionales.
La norma pasa hoy a presidencia de Diputados y luego pasa a la Cámara de Senadores para su revisión.
‘La nacionalización se mantiene por soberanía’
Edgar Toro
El tema de la nacionalización se mantiene en la Ley de Promoción de Inversión por una cuestión de “soberanía”, manifestó ayer la ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro, en su informe ante la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara Baja.
“Es un círculo que responde a un principio internacional de reglas claras, el Estado (boliviano) tiene esta política y la mantiene en lo que es la nacionalización, es un tema de soberanía, está incorporado, no podemos dejar de señalar porque es un elemento que va a estar presente”, aseveró.
Explicó que en la medida que esta ley entre en vigencia, se tendrán “reglas muy claras” y criterios precisos acerca de las inversiones que lleguen al país. Entonces, “no va a haber elementos que motiven una nacionalización de estas inversiones”, expresó Caro y añadió que es una “buena señal” que da el país.
Resaltó que ahora se tendrá una ley clara, todo ordenado y adecuado para las inversiones y sobre esa base siempre habrá un acuerdo para evitar controversias, “aunque en casos extremos se tenga que recurrir a las normas de arbitraje”.
Todo contrato de inversión será aprobado por una ley
Todos los contratos de inversión en los que participe el Estado deberán ser aprobados por una ley consensuada por la Asamblea Legislativa, tal como sucede hoy en el campo de los hidrocarburos, dijo ayer la ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro, luego de presentar la Ley de Inversiones ante las comisiones de Planificación Económica y Constitución en Diputados.
“La inversión preferente en sectores estratégicos deberá ir a la Asamblea Legislativa en dos momentos, uno para su autorización y dos para su aprobación, y en esas leyes nosotros vamos a incorporar los incentivos específicos para todo lo que es inversión preferente”, dijo la autoridad en contacto con medios escritos.
Recordó que hasta el momento solo el sector hidrocarburífero ingresaba al Legislativo para ser aprobado por contrato, ahora será en todas las áreas en las que tenga participación el Estado.
Respecto a los incentivos, la autoridad explicó que los mismos se aplicarán a cuatro áreas privilegiadas por el Gobierno: hidrocarburos, energía, minería y transporte; además se tomará en cuenta el proyecto de inversión que se pretende instalar en una determinada región y el grado de inversión.
Los incentivos fueron divididos en tres: los generales, los específicos y los preferentes; en los tres tipos de alicientes económicos participarán el Gobierno, las gobernaciones y las alcaldías donde se realice una determinada inversión. Las mismas podrán ser tributarias, fiscales o impositivas.
La ministra Caro recordó que en este momento existen 15 normas aproximadamente que otorgan estímulos a las inversiones pero que no son aprovechadas por los empresarios privados o por las regiones donde se dirige el aliciente.
Estímulo condicional
De igual modo, la autoridad dijo que todas las inversiones serán “revisadas” de forma permanente para fiscalizar las mismas y aquellos proyectos que no cumplan con el contrato perderán estos incentivos asignados por el Estado y para legislar ese punto, la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Justicia deben entregar una nueva ley de arbitrajes en el menor tiempo posible.
Diputados de las comisiones de Planificación Económica y de Constitución, de manera conjunta aprobaron ayer en sus dos estaciones este proyecto y definieron su remisión al pleno de la Cámara de Diputados
Cambios
Doble sanción
Los diputados del MAS acordaron que las sanciones que contemplaba el artículo 27 sean remitidas a otra ley.
Nacionalización
La nacionalización por interés colectivo se mantiene en el marco de la soberanía, dijo la ministra Viviana Caro.
Migración de contratos
Los actuales proyectos de inversión se regirán por las leyes anteriores pero podrán migrar de manera voluntaria.
“La inversión preferente en sectores estratégicos deberá ir a la Asamblea Legislativa en dos momentos, uno para su autorización y dos para su aprobación, y en esas leyes nosotros vamos a incorporar los incentivos específicos para todo lo que es inversión preferente”, dijo la autoridad en contacto con medios escritos.
Recordó que hasta el momento solo el sector hidrocarburífero ingresaba al Legislativo para ser aprobado por contrato, ahora será en todas las áreas en las que tenga participación el Estado.
Respecto a los incentivos, la autoridad explicó que los mismos se aplicarán a cuatro áreas privilegiadas por el Gobierno: hidrocarburos, energía, minería y transporte; además se tomará en cuenta el proyecto de inversión que se pretende instalar en una determinada región y el grado de inversión.
Los incentivos fueron divididos en tres: los generales, los específicos y los preferentes; en los tres tipos de alicientes económicos participarán el Gobierno, las gobernaciones y las alcaldías donde se realice una determinada inversión. Las mismas podrán ser tributarias, fiscales o impositivas.
La ministra Caro recordó que en este momento existen 15 normas aproximadamente que otorgan estímulos a las inversiones pero que no son aprovechadas por los empresarios privados o por las regiones donde se dirige el aliciente.
Estímulo condicional
De igual modo, la autoridad dijo que todas las inversiones serán “revisadas” de forma permanente para fiscalizar las mismas y aquellos proyectos que no cumplan con el contrato perderán estos incentivos asignados por el Estado y para legislar ese punto, la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Justicia deben entregar una nueva ley de arbitrajes en el menor tiempo posible.
Diputados de las comisiones de Planificación Económica y de Constitución, de manera conjunta aprobaron ayer en sus dos estaciones este proyecto y definieron su remisión al pleno de la Cámara de Diputados
Cambios
Doble sanción
Los diputados del MAS acordaron que las sanciones que contemplaba el artículo 27 sean remitidas a otra ley.
Nacionalización
La nacionalización por interés colectivo se mantiene en el marco de la soberanía, dijo la ministra Viviana Caro.
Migración de contratos
Los actuales proyectos de inversión se regirán por las leyes anteriores pero podrán migrar de manera voluntaria.
lunes, 24 de febrero de 2014
Empresarios demandan seguridad en proyecto de Ley de Inversiones
Los empresarios del comercio consideran que la futura Ley de Inversiones que se debate en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) debe contemplar al menos tres condiciones para dar seguridad a los inversionistas, según la Cámara Nacional de Comercio (CNC).
“Esta normativa debe contemplar algunas condiciones necesarias y dar seguridad a los inversionistas en aspectos referidos a la seguridad, sobre la propiedad de sus emprendimientos, o la justa compensación en caso de expropiación”, señala la primera condición insertada en la revista informativa de dicha institución, denominada Mercurio.
El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Daniel Sánchez, dijo el jueves que los empresarios piden que el tema de la nacionalización no sea incluido en el proyecto de la Ley de Inversiones, porque en lugar de generar certidumbre genera incertidumbre en los inversionistas.
Por su parte, los empresarios agroindustriales de Santa Cruz demandaron del Gobierno restituir la seguridad jurídica a sus inversiones. Los avasallamientos de tierras en producción alcanzaron a 70 predios lo que movilizó en los pasados meses a los sectores productivos del departamento de Santa Cruz.
Las principales organizaciones cruceñas pidieron al Gobierno detener a los cabecillas de los avasallamientos. Demetrio Pérez, de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), dijo que entregó información a las autoridades sobre la identidad de los cabecillas de los asentamientos ilegales en decenas de propiedades rurales en producción.
TRIBUTACIÓN
La segunda condición planteada por la CNC está referida a la estabilidad de los sistemas tributarios a los que se encuentra sometido el empresariado, de tal manera que la evaluación de la rentabilidad del proyecto que se hace al momento de invertir no cambie cuando el proyecto se ejecuta.
La tercera observación hecha por los empresarios del comercio, es la posibilidad de disponer libremente de sus ganancias, que en caso de inversores extranjeros equivale a la posibilidad de repatriar sus ganancias, sin mayores penalizaciones y envío sin restricciones al exterior.
El presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío, manifestó semanas atrás que más del 90% del proyecto de ley está acordado entre todos los sectores involucrados en el tema. Enfatizó que las reuniones con los interesados en el tema continuarán para que no exista ninguna observación. Elío anticipó antes de asumir ese alto cargo camaral que el proyecto incorporaba incentivos a los inversionistas aunque no precisó si éstos serían tributarios o de otra índole.
La CNC resaltó que el artículo 56 de la Constitución Política del Estado (CPE) no ha sido suficiente como para evitar las “estatizaciones” poco fundamentadas y no se comprueba el pago de una indemnización justa. El artículo de la Carta Magna establece que se garantiza la propiedad privada, siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo.
“Esta normativa debe contemplar algunas condiciones necesarias y dar seguridad a los inversionistas en aspectos referidos a la seguridad, sobre la propiedad de sus emprendimientos, o la justa compensación en caso de expropiación”, señala la primera condición insertada en la revista informativa de dicha institución, denominada Mercurio.
El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Daniel Sánchez, dijo el jueves que los empresarios piden que el tema de la nacionalización no sea incluido en el proyecto de la Ley de Inversiones, porque en lugar de generar certidumbre genera incertidumbre en los inversionistas.
Por su parte, los empresarios agroindustriales de Santa Cruz demandaron del Gobierno restituir la seguridad jurídica a sus inversiones. Los avasallamientos de tierras en producción alcanzaron a 70 predios lo que movilizó en los pasados meses a los sectores productivos del departamento de Santa Cruz.
Las principales organizaciones cruceñas pidieron al Gobierno detener a los cabecillas de los avasallamientos. Demetrio Pérez, de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), dijo que entregó información a las autoridades sobre la identidad de los cabecillas de los asentamientos ilegales en decenas de propiedades rurales en producción.
TRIBUTACIÓN
La segunda condición planteada por la CNC está referida a la estabilidad de los sistemas tributarios a los que se encuentra sometido el empresariado, de tal manera que la evaluación de la rentabilidad del proyecto que se hace al momento de invertir no cambie cuando el proyecto se ejecuta.
La tercera observación hecha por los empresarios del comercio, es la posibilidad de disponer libremente de sus ganancias, que en caso de inversores extranjeros equivale a la posibilidad de repatriar sus ganancias, sin mayores penalizaciones y envío sin restricciones al exterior.
El presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío, manifestó semanas atrás que más del 90% del proyecto de ley está acordado entre todos los sectores involucrados en el tema. Enfatizó que las reuniones con los interesados en el tema continuarán para que no exista ninguna observación. Elío anticipó antes de asumir ese alto cargo camaral que el proyecto incorporaba incentivos a los inversionistas aunque no precisó si éstos serían tributarios o de otra índole.
La CNC resaltó que el artículo 56 de la Constitución Política del Estado (CPE) no ha sido suficiente como para evitar las “estatizaciones” poco fundamentadas y no se comprueba el pago de una indemnización justa. El artículo de la Carta Magna establece que se garantiza la propiedad privada, siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo.
sábado, 22 de febrero de 2014
La Ley de Inversiones contempla incentivos
Según el presidente de la Comisión de Planificación del Senado, David Sánchez (MAS), el proyecto de la Ley de Promoción de Inversiones contempla incentivos a la inversión privada, pero serán orientados por el Estado.
“La Ley de Promoción de Inversiones, que ha sido un trabajo de los empresarios, habla de los incentivos para que vengan las inversiones de afuera. La ley plantea incentivos generales y específicos, pero no está clarificado cuáles incentivos son porque el Estado, hoy con toda la soberanía que tiene, va a orientar la inversión y generar el incentivo donde la inversión llegue para ser una inversión de carácter estratégico”, comentó Sánchez en conferencia de prensa.
Consultado sobre este tema, el embajador de España en Bolivia, Ángel Vázquez, informó que para los inversionistas extranjeros el tema de los arbitrajes es uno de los puntos importantes y básicos.
“Los arbitrajes es un tema muy importante de la Ley de Inversiones, las autoridades bolivianas conocen cuál es nuestra posición y uno de los elementos básicos de cualquier inversión extranjera es conocer y tener las garantías sobre que el arbitraje en caso de conflicto sea una fórmula adecuada”, además de encontrar exactamente cómo se materializará en el texto de la ley, dijo.
“Es uno de los elementos que más están debatiendo entre las autoridades del Gobierno, también con nosotros, de las embajadas”, subrayó. El diplomático afirmó que existe un buen clima entre las autoridades gubernamentales y sus similares extranjeras de legaciones diplomáticas.
viernes, 21 de febrero de 2014
Agilizarán la aprobación de la Ley de Inversiones
La Cámara de Diputados conformará una comisión mixta entre su delegación legislativa y la de constitución con la finalidad de acelerar el tratamiento de la Ley de Inversiones, informó ayer el presidente de la Comisión de Planificación de Diputados, David Quispe.
El legislador precisó que el objetivo es que la norma esté aprobada el mes siguiente, razón por la que fue declarada prioritaria. Desde el miércoles, ambas comisiones del legislativo sostuvieron reuniones con representantes de los empresarios privados y embajadores de varios países para informar y recoger sugerencias al texto en borrador de la normativa.
“La nacionalización, los incentivos y el arbitraje son los puntos más observados”, señaló Quispe. Luego de las nacionalizaciones aplicadas por el gobierno de Evo Morales, los inversionistas extranjeros exigieron seguridad jurídica.
jueves, 13 de febrero de 2014
La norma de inversiones anula la Ley de Capitalización
Casi 20 años después de su promulgación, el Gobierno decidió la abrogación de la polémica Ley de Capitalización y de otras cuatro leyes que daban concesiones a las empresas mineras; se trata de las leyes de Privatización, Ley de Inversiones de 1992, Ley de Corredores de Exportación y el decreto 23230-A que daba concesiones mineras. La anulación de estas normas está establecida en el anteproyecto de ley de inversiones que será considerado esta semana en el Parlamento.
“El Ministerio de Planificación del Desarrollo en coordinación con los Ministerios competentes, elaborarán la ley especial que reglamente la aplicación del parágrafo I del artículo 262 de la Constitución Política del Estado. Esta Ley especial deberá abrogar la Ley Nº 1961, de 23 de marzo de 1999, de Corredores de Exportación de Energía, Hidrocarburos y Telecomunicaciones de Necesidad Nacional”, señala la disposición final cuarta del referido documento.
El presidente de la Comisión de Planificación Económica de la Cámara de Diputados, David Quispe (MAS), informó que la Asamblea conformará una “comisión integrada” a cargo de la comisión de Planificación Económica y la de Constitución para tratar dos normas, Inversiones y la Ley de Arbitrajes.
Sin embargo, los promotores de la Ley de Capitalización recordaron que esa norma contiene artículos referidos a los aportes de los trabajadores y el funcionamiento de las AFP, en alusión a los artículos 5 y 7 de la Ley 1544 que autorizó la venta de acciones de las empresas nacionales a consorcios internacionales.
El diputado Quispe, afirmó que cuando se inicie la consideración de la norma se realizarán los ajustes y que entonces se podrá explicar los pormenores de la propuesta.
Migración
De igual modo, este anteproyecto prevé la migración de los contratos que tienen en este momento las empresas para acogerse a los incentivos que señala la nueva ley.
“Las inversiones realizadas en el país bajo el mecanismo de riesgo compartido u otras realizadas en el marco de la ley 1182 y sus normas reglamentarias, para acogerse a los incentivos establecidos en la presente norma, deberán migrar a los nuevos mecanismos de inversión a ser establecidos en el marco de la presente ley y la normativa sectorial”, refiere la disposición final segunda.
De igual modo, refiere que el Estado podrá transferir las inversiones realizadas en una determinada empresa a los actores de las otras formas de organización económica de la economía plural, “únicamente cuando el Estado persiga objetivos sociales”, aclara el anteproyecto de ley.
El Ministerio de Economía estará a cargo del desembolso de recursos cuando así se requiera en estas empresas.
La ley y los delitos
castigo al avasallamiento
Se castigará la invasión, destrucción o entorpecimiento del desarrollo de la inversión privada, estatal o mixta con penas que llegan hasta los ocho años; añaden el artículo 232 bis al Código Penal vigente.
Estados financieros falsos
Incorpora el artículo 29 bis y castiga la elaboración y aprobación de estados financieros incompletos o que contengan información falsa de sociedades comerciales, empresas públicas o las empresas mixtas.
Penas agravadas
La pena será agravada en un tercio cuando el hecho se refiera a pasivos exigibles, pasivos contingentes y demás información contenida en los estados financieros de empresas privadas que sean nacionalizadas.
ANÁLISIS
Los contratos siguen vigentes
Julio Alvarado / Analista
La Ley de Capitalización no solo era una norma, hay que recordar que al margen de la norma, el Estado firmó acuerdos, contratos con las empresas transnacionales, entonces los contratos están vigentes y el mejor ejemplo es cómo hemos perdido el juicio con Rurelec; si queremos romper esos contratos se puede hacer, pero eso significa que nos van a llevar a arbitrajes.
Ahora, la migración de contratos no es otra cosa que la mal llamada nacionalización, es lo mismo, nos van a hacer creer que nacionalizan cuando lo único que hacen es comprar acciones de las empresas y firmarán un nuevo contrato; ahí el Gobierno debe exigir una auditoría antes de cualquier nacionalización, como en el caso de la empresa Cruz Blanca, que compró acciones de las ramales occidentales y orientales de ferrocarril y no invirtió lo que está en el contrato, en ese caso se puede ir a arbitraje y se puede ganar, pero hacer por posicionamiento político lo único que lograremos es ganar otro arbitraje y la posibilidad de perder más dinero.
Hay una investigación en curso sobre ese proceso y que tiene un presupuesto jugoso de 3 millones de bolivianos, esa investigación nos dirá seguro qué empresas fueron capitalizadas y quiénes fueron los responsables.
“El Ministerio de Planificación del Desarrollo en coordinación con los Ministerios competentes, elaborarán la ley especial que reglamente la aplicación del parágrafo I del artículo 262 de la Constitución Política del Estado. Esta Ley especial deberá abrogar la Ley Nº 1961, de 23 de marzo de 1999, de Corredores de Exportación de Energía, Hidrocarburos y Telecomunicaciones de Necesidad Nacional”, señala la disposición final cuarta del referido documento.
El presidente de la Comisión de Planificación Económica de la Cámara de Diputados, David Quispe (MAS), informó que la Asamblea conformará una “comisión integrada” a cargo de la comisión de Planificación Económica y la de Constitución para tratar dos normas, Inversiones y la Ley de Arbitrajes.
Sin embargo, los promotores de la Ley de Capitalización recordaron que esa norma contiene artículos referidos a los aportes de los trabajadores y el funcionamiento de las AFP, en alusión a los artículos 5 y 7 de la Ley 1544 que autorizó la venta de acciones de las empresas nacionales a consorcios internacionales.
El diputado Quispe, afirmó que cuando se inicie la consideración de la norma se realizarán los ajustes y que entonces se podrá explicar los pormenores de la propuesta.
Migración
De igual modo, este anteproyecto prevé la migración de los contratos que tienen en este momento las empresas para acogerse a los incentivos que señala la nueva ley.
“Las inversiones realizadas en el país bajo el mecanismo de riesgo compartido u otras realizadas en el marco de la ley 1182 y sus normas reglamentarias, para acogerse a los incentivos establecidos en la presente norma, deberán migrar a los nuevos mecanismos de inversión a ser establecidos en el marco de la presente ley y la normativa sectorial”, refiere la disposición final segunda.
De igual modo, refiere que el Estado podrá transferir las inversiones realizadas en una determinada empresa a los actores de las otras formas de organización económica de la economía plural, “únicamente cuando el Estado persiga objetivos sociales”, aclara el anteproyecto de ley.
El Ministerio de Economía estará a cargo del desembolso de recursos cuando así se requiera en estas empresas.
La ley y los delitos
castigo al avasallamiento
Se castigará la invasión, destrucción o entorpecimiento del desarrollo de la inversión privada, estatal o mixta con penas que llegan hasta los ocho años; añaden el artículo 232 bis al Código Penal vigente.
Estados financieros falsos
Incorpora el artículo 29 bis y castiga la elaboración y aprobación de estados financieros incompletos o que contengan información falsa de sociedades comerciales, empresas públicas o las empresas mixtas.
Penas agravadas
La pena será agravada en un tercio cuando el hecho se refiera a pasivos exigibles, pasivos contingentes y demás información contenida en los estados financieros de empresas privadas que sean nacionalizadas.
ANÁLISIS
Los contratos siguen vigentes
Julio Alvarado / Analista
La Ley de Capitalización no solo era una norma, hay que recordar que al margen de la norma, el Estado firmó acuerdos, contratos con las empresas transnacionales, entonces los contratos están vigentes y el mejor ejemplo es cómo hemos perdido el juicio con Rurelec; si queremos romper esos contratos se puede hacer, pero eso significa que nos van a llevar a arbitrajes.
Ahora, la migración de contratos no es otra cosa que la mal llamada nacionalización, es lo mismo, nos van a hacer creer que nacionalizan cuando lo único que hacen es comprar acciones de las empresas y firmarán un nuevo contrato; ahí el Gobierno debe exigir una auditoría antes de cualquier nacionalización, como en el caso de la empresa Cruz Blanca, que compró acciones de las ramales occidentales y orientales de ferrocarril y no invirtió lo que está en el contrato, en ese caso se puede ir a arbitraje y se puede ganar, pero hacer por posicionamiento político lo único que lograremos es ganar otro arbitraje y la posibilidad de perder más dinero.
Hay una investigación en curso sobre ese proceso y que tiene un presupuesto jugoso de 3 millones de bolivianos, esa investigación nos dirá seguro qué empresas fueron capitalizadas y quiénes fueron los responsables.
miércoles, 5 de febrero de 2014
Diputados: 98 por ciento de Ley de Inversiones está consensuada
La nueva Ley de Inversiones tendría un 98 por ciento de consenso para iniciar su tratamiento en la Asamblea Legislativa, luego de haber sido socializado con el sector del empresariado privado, informó este martes el presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío.
El legislador dijo que lo que aún falta consensuar es el tema del arbitraje internacional y el incentivo para la producción. Estos puntos serán discutidos en los siguientes días.
“El 98 por ciento de la ley está consensuado, son esos dos puntos que están sugiriendo los empresarios se pueda discutir y vamos a discutir, para eso está la Asamblea y para eso es el trabajo de comisiones”, manifestó Elío.
El parlamentario aclaró que por mandato de la Constitución Política del Estado se respetará la inversión privada en el país.
“Hay un respeto a la propiedad privada y hay un respeto a la inversión nacional y también extranjera, en ese entendido lo que tiene que hacer la Ley de Inversiones es precisamente ratificar esos temas”, subrayó.
En tanto, el presidente de la Cámara de Senadores, Eugenio Rojas, prevé que hasta julio de este año se apruebe la nueva Ley de Inversiones, la cual normará la inversión privada de capitales nacionales y extranjeros en el país.
Según Rojas, esta futura norma debe establecer el porcentaje que invertirá el sector privado por rubros, a objeto de que la meta no sea sólo el lucro de la empresa sin dejar ganancias ni empleo en el país.
“La Ley de Inversiones va estar hasta junio o julio (…), tenemos que respetar nuestra Constitución y otras normas de inversión. Estas normas nos van a decir, todavía no quisiéramos entrar en mucho detalle, esto avanzará en los debates, en las conversaciones con el sector privado”, afirmó Rojas a Cadena A.
Asimismo, dentro de la agenda de leyes para debatirse en la Asamblea Legislativa hasta agosto de este año, el senador destacó los proyectos de ley General de Agua y de Minería y los Códigos procesal, penal, laboral, de familia, del Niño, Niña y Adolescente y otros.
El legislador dijo que lo que aún falta consensuar es el tema del arbitraje internacional y el incentivo para la producción. Estos puntos serán discutidos en los siguientes días.
“El 98 por ciento de la ley está consensuado, son esos dos puntos que están sugiriendo los empresarios se pueda discutir y vamos a discutir, para eso está la Asamblea y para eso es el trabajo de comisiones”, manifestó Elío.
El parlamentario aclaró que por mandato de la Constitución Política del Estado se respetará la inversión privada en el país.
“Hay un respeto a la propiedad privada y hay un respeto a la inversión nacional y también extranjera, en ese entendido lo que tiene que hacer la Ley de Inversiones es precisamente ratificar esos temas”, subrayó.
En tanto, el presidente de la Cámara de Senadores, Eugenio Rojas, prevé que hasta julio de este año se apruebe la nueva Ley de Inversiones, la cual normará la inversión privada de capitales nacionales y extranjeros en el país.
Según Rojas, esta futura norma debe establecer el porcentaje que invertirá el sector privado por rubros, a objeto de que la meta no sea sólo el lucro de la empresa sin dejar ganancias ni empleo en el país.
“La Ley de Inversiones va estar hasta junio o julio (…), tenemos que respetar nuestra Constitución y otras normas de inversión. Estas normas nos van a decir, todavía no quisiéramos entrar en mucho detalle, esto avanzará en los debates, en las conversaciones con el sector privado”, afirmó Rojas a Cadena A.
Asimismo, dentro de la agenda de leyes para debatirse en la Asamblea Legislativa hasta agosto de este año, el senador destacó los proyectos de ley General de Agua y de Minería y los Códigos procesal, penal, laboral, de familia, del Niño, Niña y Adolescente y otros.
martes, 4 de febrero de 2014
Ley de Inversiones podría estar aprobada hasta julio de este año
El presidente de la Cámara de Senadores, Eugenio Rojas, prevé que hasta julio de este año se apruebe la nueva Ley de Inversiones, la cual normará la inversión privada de capitales nacionales y extranjeros en el país.
Según Rojas, esta futura norma debe establecer el porcentaje que invertirá el sector privado por rubros, a objeto de que la meta no sea sólo el lucro de la empresa sin dejar ganancias ni empleo en el país.
"La Ley de Inversiones va estar hasta junio o julio (…), tenemos que respetar nuestra Constitución y otras normas de inversión. Estas normas nos van a decir, todavía no quisiéramos entrar en mucho detalle, esto avanzará en los debates, en las conversaciones con el sector privado", afirmó Rojas a Cadena A.
Asimismo, dentro de la agenda de leyes para debatirse en la Asamblea Legislativa hasta agosto de este año, el senador destacó los proyectos de ley General de Agua y de Minería y los Códigos procesal, penal, laboral, de familia, del Niño, Niña y Adolescente y otros.
Según Rojas, esta futura norma debe establecer el porcentaje que invertirá el sector privado por rubros, a objeto de que la meta no sea sólo el lucro de la empresa sin dejar ganancias ni empleo en el país.
"La Ley de Inversiones va estar hasta junio o julio (…), tenemos que respetar nuestra Constitución y otras normas de inversión. Estas normas nos van a decir, todavía no quisiéramos entrar en mucho detalle, esto avanzará en los debates, en las conversaciones con el sector privado", afirmó Rojas a Cadena A.
Asimismo, dentro de la agenda de leyes para debatirse en la Asamblea Legislativa hasta agosto de este año, el senador destacó los proyectos de ley General de Agua y de Minería y los Códigos procesal, penal, laboral, de familia, del Niño, Niña y Adolescente y otros.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)