Las gestiones que realizaron empresarios y diplomáticos en la Asamblea Legislativa dieron sus frutos ayer cuando los diputados decidieron eliminar dos polémicos artículos referidos a las multas y sanciones, anular las nacionalizaciones y dar certidumbre a las inversiones, dentro de los cambios al proyecto de Ley de Inversiones que sufrió la modificación del 70,3% de la norma.
La bancada del MAS en las comisiones de Planificación Económica y en el de Constitución plantearon el cambio de 19 de los 27 artículos e introdujeron modificaciones de concepto en las disposiciones transitorias y finales.
El presidente de la Cámara Nacional de Industrias, Mario Yaffar, saludó la medida y dijo que las observaciones que realizaron los empresarios eran al de garantizar las inversiones y que el Estado sea capaz de otorgar seguridad jurídica a los privadosnacionales e inversores extranjeros con la Ley.
“Los artículos 28 y 29, deben ser apartados del presente proyecto de ley, puesto a que la tipificación de delitos no corresponde a la naturaleza del presente proyecto de ley. Por lo que se eliminó los mencionados artículos”, señala el informe de la comisión.
El artículo 27, referido a las nacionalizaciones, uno de los más observados por los diplomáticos dice: “El Estado reconoce, respeta y protege la iniciativa empresarial otorgándole seguridad jurídica; en este marco, las inversiones que se realicen bajo las regulaciones de la presente Ley no serán nacionalizadas”.
De igual modo, el Gobierno decidió eliminar el principio de “pasivo contingente” que provocó la susceptibilidad de los privados porque consideraban que generaba una incertidumbre económica sobre qué cosas deben pagar al Estado en un futuro y con normas inciertas
ANÁLISIS
Busca un claro respaldo político
Marcelo Silva - Analista
Queda claro que el Estado necesita de inversionistas privados o extranjeros que coadyuven en el crecimiento del aparato productivo para satisfacer el consumo pero también en la generación de empleo por tanto, el Gobierno tuvo que ceder de manera muy grande hasta el extremo de cambiar la mayoría de la ley a los pedidos de los embajadores y los empresarios bolivianos.
Pero la decisión del Gobierno obedece a dos factores: primero la proximidad de un proceso electoral y en ese marco el Gobierno ha decidido mejorar su relación con el empresariado, en cuanto a los países amigos, el Presidente tuvo reuniones con presidentes y empresarios de Europa y Asia, éstos le pidieron reglas claras y seguridad jurídica; el Ejecutivo los escuchó, pero por una cuestion electoral
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