El primer vicepresidente de la Cámara de Diputados, Lucio Marca, confirmó que el ocho de julio los legisladores ingresarán en receso de media gestión, tal como lo establece su reglamento interno. En el primer semestre de la gestión aprobaron 59 Leyes de las más de 70 que se pretendía.
La información proporcionada por el asambleísta señala que existieron ciertas deficiencias en el trabajo, aspecto que atribuyó a la pasada gestión, periodo en el que no se trabajaron proyectos de Ley en comisiones, pese a ello valoró nueve normas con características sociales que fueron agilizadas en estos primeros seis meses.
“El 2012 nos han dejado sin anteproyectos, sin trabajos previos, y este período fue arduo porque teníamos que hacer anteproyectos y convertirlos en proyectos. Este trabajo se hizo a través de las comisiones, pese a estos inconvenientes se han aprobado 59 leyes hasta este medio año”, indicó.
Marca informó además que antes de la vacación se tendrá una sesión del pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), espacio que permitirá definir quienes conforman la comisión que se quedará durante las dos semanas que dura el receso al interior de esa instancia.
Sin embargo, es considerado “flojo” el trabajo realizado en la cámara baja en lo que va de esta gestión, según afirmó el diputado de Convergencia Nacional (CN), Alejandro Zapata, quien sostuvo que el trabajo en el legislativo se ve afectado por la cercanía de las elecciones de 2014.
domingo, 30 de junio de 2013
Ley creará fondo que garantiza devolución de ahorros en caso de quiebra bancaria
El presidente de la comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, Javier Zavaleta (MSM), explicó que para la creación de este seguro, todas las entidades financieras depositarán un monto de dinero a fijarse en una cuenta bancaria, para garantizar el pago de este beneficio.
"Se creará un Fondo del Ahorrista para que todos los Bancos aporten durante todos los años, estén en riesgo o no estén en riesgo (depositarán) a una bolsa común, que después sirva para devolver los ahorros a la gente, e incluso se pone un seguro del ahorrista y si el Banco quiebra, ese seguro te devuelve hasta 10.000 dólares a todos los ahorristas del Banco", dijo Zavaleta a la ANF.
De acuerdo al proyecto de ley, la cobertura máxima es de $us 10.000, por lo que ahorros que excedan "el monto de cobertura no se encontrarán alcanzados por el seguro de depósitos".
Analista: "No es posible que exista un Fondo que pueda cubrir todos los ahorros"
A criterio del analista económico Armando Álvarez, era previsible que este Fondo del Ahorrista no resguarde la totalidad de los ahorros que existen al interior de las entidades financieras, pues pensar en la cobertura de esta totalidad es "irracional".
"No es posible que exista un Fondo que pueda cubrir todos los ahorros, o sea sería del mismo tamaño de las captaciones del Banco, lo cual es imposible, las captaciones de los Bancos están en 10 mil millones de dólares y no se puede pretender que haya un Fondo que cubra 10 mil millones de dólares, eso es irracional", dijo.
Asimismo señaló que lo ideal es que con el transcurrir del tiempo la cobertura de este Fondo pueda ir creciendo. Destacó, sin embargo, la iniciativa de esta ley, pues es un inicio para lograr que los ahorros de los usuarios tengan la debida seguridad.
La norma:
En el artículo 518 (Aportes de las entidades de intermediación financiera) se establece que: "Las entidades de intermediación financiera autorizadas por la ASFI están obligadas a realizar aportes al Fondo de Protección del Ahorrista, en los importes que correspondan a los montos totales de los depósitos que administran, sujetándose a los procedimientos establecidos por la presente ley y la reglamentación específica que para el efecto emita el Órgano Ejecutivo mediante decreto supremo".
Los montos de aporte de las entidades de intermediación financiera serán trimestrales en función al saldo promedio diario de las obligaciones con el público del trimestre anterior, registradas en sus estados financieros. La tasa trimestral de contribución será igual uno punto veinticinco por mil (1.25 ‰).
Este proyecto de ley, además, faculta a personeros de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) para que puedan participar de las reuniones de socios de cualquier entidad financiera, en cualquier lugar y momento, con la finalidad de conocer con antelación, si un Banco está siendo mal administrado, o, comienza a mostrar síntomas de riesgo.
Defensor del ahorrista:
Otra forma de garantizar los derechos de la ciudadanía será a través de la creación del Defensor de los ahorristas, a quien los usuarios de Bancos y Mutuales podrán remitir sus quejas, en caso de que la entidad financiera esté actuando de mala manera respecto a sus créditos y préstamos.
"El Defensor será el que emita un criterio, respecto si el Banco ha incurrido en una falta o no y con ese criterio proceden sanciones de parte de la ASFI, dependiendo el grado de falta que haya cometido el Banco. Presentas la denuncia y ese Defensor evalúa si realmente han cometido esa falta", explicó Zavaleta.
El legislador especificó que el Defensor de los ahorristas será dependiente de la ASFI y tendrá presencia en los nueve departamentos del país.
Fuente: ANF
"Se creará un Fondo del Ahorrista para que todos los Bancos aporten durante todos los años, estén en riesgo o no estén en riesgo (depositarán) a una bolsa común, que después sirva para devolver los ahorros a la gente, e incluso se pone un seguro del ahorrista y si el Banco quiebra, ese seguro te devuelve hasta 10.000 dólares a todos los ahorristas del Banco", dijo Zavaleta a la ANF.
De acuerdo al proyecto de ley, la cobertura máxima es de $us 10.000, por lo que ahorros que excedan "el monto de cobertura no se encontrarán alcanzados por el seguro de depósitos".
Analista: "No es posible que exista un Fondo que pueda cubrir todos los ahorros"
A criterio del analista económico Armando Álvarez, era previsible que este Fondo del Ahorrista no resguarde la totalidad de los ahorros que existen al interior de las entidades financieras, pues pensar en la cobertura de esta totalidad es "irracional".
"No es posible que exista un Fondo que pueda cubrir todos los ahorros, o sea sería del mismo tamaño de las captaciones del Banco, lo cual es imposible, las captaciones de los Bancos están en 10 mil millones de dólares y no se puede pretender que haya un Fondo que cubra 10 mil millones de dólares, eso es irracional", dijo.
Asimismo señaló que lo ideal es que con el transcurrir del tiempo la cobertura de este Fondo pueda ir creciendo. Destacó, sin embargo, la iniciativa de esta ley, pues es un inicio para lograr que los ahorros de los usuarios tengan la debida seguridad.
La norma:
En el artículo 518 (Aportes de las entidades de intermediación financiera) se establece que: "Las entidades de intermediación financiera autorizadas por la ASFI están obligadas a realizar aportes al Fondo de Protección del Ahorrista, en los importes que correspondan a los montos totales de los depósitos que administran, sujetándose a los procedimientos establecidos por la presente ley y la reglamentación específica que para el efecto emita el Órgano Ejecutivo mediante decreto supremo".
Los montos de aporte de las entidades de intermediación financiera serán trimestrales en función al saldo promedio diario de las obligaciones con el público del trimestre anterior, registradas en sus estados financieros. La tasa trimestral de contribución será igual uno punto veinticinco por mil (1.25 ‰).
Este proyecto de ley, además, faculta a personeros de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) para que puedan participar de las reuniones de socios de cualquier entidad financiera, en cualquier lugar y momento, con la finalidad de conocer con antelación, si un Banco está siendo mal administrado, o, comienza a mostrar síntomas de riesgo.
Defensor del ahorrista:
Otra forma de garantizar los derechos de la ciudadanía será a través de la creación del Defensor de los ahorristas, a quien los usuarios de Bancos y Mutuales podrán remitir sus quejas, en caso de que la entidad financiera esté actuando de mala manera respecto a sus créditos y préstamos.
"El Defensor será el que emita un criterio, respecto si el Banco ha incurrido en una falta o no y con ese criterio proceden sanciones de parte de la ASFI, dependiendo el grado de falta que haya cometido el Banco. Presentas la denuncia y ese Defensor evalúa si realmente han cometido esa falta", explicó Zavaleta.
El legislador especificó que el Defensor de los ahorristas será dependiente de la ASFI y tendrá presencia en los nueve departamentos del país.
Fuente: ANF
CHUQUISACA Presentan Ley de Juventud
La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Karina Marconi, presentó ayer la Ley de la Juventud (342), que fue promulgada en pasado 5 de febrero, en la Primera Cumbre Departamental de la Juventud de Chuquisaca, que se realiza en la capital de ese departamento.
“En esta etapa de reglamentación trabajaremos en este espacio participativo para recoger propuestas”, señaló.
Marconi recordó que la Ley, contempla 57 artículos, tres títulos, cinco capítulos y siete secciones que establecen los fines, principios y definiciones que destacan la plurinacionalidad, la igualdad de oportunidades, la descolonización, así como el anticapitalismo y el antiimperialismo.
La norma establece e implementa el Sistema Plurinacional de la Juventud, conformado por el Consejo Interministerial, el Consejo Plurinacional de la Juventud y la Dirección Plurinacional de la Juventud.
Indicó que el Consejo Plurinacional será creado como instancia de participación, deliberación y representaciones plurinacional de los jóvenes.
Sostuvo que el Comité Interministerial será instituido como instancia política y técnica que elabore, evalúe e informe sobre las políticas públicas dirigidas a la juventud.
“En esta etapa de reglamentación trabajaremos en este espacio participativo para recoger propuestas”, señaló.
Marconi recordó que la Ley, contempla 57 artículos, tres títulos, cinco capítulos y siete secciones que establecen los fines, principios y definiciones que destacan la plurinacionalidad, la igualdad de oportunidades, la descolonización, así como el anticapitalismo y el antiimperialismo.
La norma establece e implementa el Sistema Plurinacional de la Juventud, conformado por el Consejo Interministerial, el Consejo Plurinacional de la Juventud y la Dirección Plurinacional de la Juventud.
Indicó que el Consejo Plurinacional será creado como instancia de participación, deliberación y representaciones plurinacional de los jóvenes.
Sostuvo que el Comité Interministerial será instituido como instancia política y técnica que elabore, evalúe e informe sobre las políticas públicas dirigidas a la juventud.
sábado, 29 de junio de 2013
Elaboran ley para evitar el maltrato entre escolares
Diputados de la Comisión de Educación y Salud buscan reunirse con el ministro de Educación, Roberto Aguilar, para definir cuál será la fuente de financiamiento económico para la lucha contra el acoso escolar (también conocido como hostigamiento escolar o el término en inglés bullying), informó el asambleísta Rodolfo Calle (MAS).
“Buscamos algo de participación del Ministerio de Educación, porque para toda ley siempre se necesita un financiamiento”, dijo.
Otro de los temas que se prevé definir es la sanción que se aplicará a maestros que permitan o no eviten actos de bullying. El proyecto de ley que busca terminar con la violencia entre escolares es elaborado con prioridad por los legisladores. Se estima que podrían aprobarlo para agosto.
“Buscamos algo de participación del Ministerio de Educación, porque para toda ley siempre se necesita un financiamiento”, dijo.
Otro de los temas que se prevé definir es la sanción que se aplicará a maestros que permitan o no eviten actos de bullying. El proyecto de ley que busca terminar con la violencia entre escolares es elaborado con prioridad por los legisladores. Se estima que podrían aprobarlo para agosto.
jueves, 27 de junio de 2013
Aprueban en grande nueva ley de abogaca
La Cmara Alta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprob la Ley de Abogaca, la misma impone sanciones que van desde una llamada de atencin hasta la suspensin por dos aos por el mal ejercicio de la abogaca y multas pecuniarias, durante juicios a particulares y en el ejercicio de la funcin pblica. En ese sentido, la ley incorpora un captulo sobre infracciones leves, graves y gravsimas a la tica y sanciones, consistente en toda accin u omisin prevista.
Asimismo, dispone una rebaja y la aplicacin de aranceles diferenciados para la contratacin de abogados en departamentos segn la realidad econmica de la regin. Una disposicin que gener la desconfianza y observaciones de los colegios de abogados es la libertad que otorga a los profesionales de inscribirse o no a dichas instancias y esto puede provocar su desaparicin.
Asimismo, dispone una rebaja y la aplicacin de aranceles diferenciados para la contratacin de abogados en departamentos segn la realidad econmica de la regin. Una disposicin que gener la desconfianza y observaciones de los colegios de abogados es la libertad que otorga a los profesionales de inscribirse o no a dichas instancias y esto puede provocar su desaparicin.
miércoles, 26 de junio de 2013
Fecotel elabora reglamento sectorial de Ley 356
La Fecotel participa en la elaboración del reglamento de la Ley 356 en coordinación con la Confederación Nacional de Cooperativas de Bolivia (Concobol)
La Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones (Fecotel) destaca la integración a la economía plural de todas las cooperativas del país, considerada en la Ley General de Cooperativas (Nro. 356).
En el artículo 5 se establece que “la organización económica social cooperativa forma parte de la economía plural y es de interés del Estado Plurinacional su fomento y protección para contribuir al desarrollo de la democracia participativa y justicia social”.
El gerente general de Fecotel, Jorge Gonzáles, dijo que en la nueva Ley se da un acceso equitativo a las cooperativas.
Añadió que se refuerza lo que dice la Constitución Política del Estado (CPE) y da la razón, a ese sector, en la pelea por el acceso equitativo a las frecuencias móviles.
Hizo referencia a la Ley de Telecomunicaciones “donde no somos tomados en cuenta para la distribución de frecuencias para telefonía móvil”.
Señaló que la Ley de Cooperativas y la Carta Magna les abre la posibilidad de iniciar una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Telecomunicaciones.
RESPALDO La Ley Nro. 356 tiene la finalidad de promover actividades de producción y administración de servicios que contribuyan al desarrollo económico social del país a través de políticas financieras y sociales.
La CPE en su artículo 306 señala que la economía plural está constituida por las formas de organización económica, comunitaria, estatal, privada y social cooperativa. En esa misma línea, en el artículo 310 el Estado reconoce y protege las cooperativas “como formas de trabajo solidario y de cooperación sin fines de lucro”.
SERVICIOS En el sector de Servicios Públicos se encuentran las cooperativas de telecomunicaciones, electricidad y agua y alcantarillado. Existe diferencia con las cooperativas del sector de servicios donde se incluyen a las de vivienda, ahorro y crédito, consumo, educación y transporte.
En el capítulo VI, artículo 69 de la ley, se hace referencia al régimen de cooperativas de servicios públicos para el control gubernamental, la elección de los Consejos y las Asambleas de Delegados. Esta disposición también está enmarcada en el artículo 335 de la CPE.
El tesorero de la Confederación Nacional de Cooperativas de Bolivia (Concobol) y presidente del Consejo de Administración de Fecotel, Hugo Franco, señaló que estos puntos son positivos aunque reconoció que no se han recogido las demandas que son fundamentales para el futuro de las cooperativas de telecomunicaciones.
Hemos aportado por más de 65 años a las telecomunicaciones y hemos sido reconocidos en algunos aspectos, pero también nos condenan a sólo dar telefonía fija. Se nos discrimina, cuestionó.
PROHIBICIÓN La Concobol observa el artículo 38 de la Ley General de Cooperativas donde se establece que “ninguna asociada o ningún asociado de una cooperativa de producción, servicios y servicios públicos podrá pertenecer a un sindicato laboral de la misma”.
Esta restricción de la ley es considerada atentatoria a los derechos y la libre organización que están establecidos en la Constitución. La observación será analizada y considerada en la elaboración del reglamento que realiza una comisión encargada de consensuar los borradores presentados por las cooperativas.
Existe un plazo de dos años a partir de la reglamentación para adecuarse a esta norma que debe estar publicada en el plazo máximo de 180 días (hasta octubre).
En busca de la reglamentación
La Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones (Fecotel) reúne a 15 cooperativas ubicadas en los 9 departamentos y en 6 ciudades intermedias. En el oriente están Riberalta, Trinidad, Guayaramerín y Santa Ana del Yacuma, mientras que en el sur están Villazón y Caranavi.
El presidente del Consejo de Administración, Hugo Franco, destacó algunos logros en la Ley de Cooperativas como la disposición constitucional de que en las cooperativas de servicios públicos las elecciones sean supervisadas por el Órgano Electoral Plurinacional.
Para las cooperativas de amplia base asociativa podrán adoptar la modalidad de asambleas de delegados. Quedan pendientes de consensos en el reglamento la obtención de personalidad jurídica, certificados de aportación, enajenación de bienes, periodo de funciones de directores, entre otros.
Pediremos respeto a la CPE en el control social
La Ley General de Cooperativas no es buena ni mala, tiene el mismo defecto que la anterior norma porque delega todo a los reglamentos.
Lo que ha cambiado en todo el sistema cooperativo con la nueva ley es el tema de los requisitos para ser directores, la cantidad de gestiones, plazos, pero respecto a las telecomunicaciones no hay nada específico.
En general preocupa lo relacionado con el control social que tampoco está incluido, pero se respalda en la Constitución Política del Estado para ingresar a las cooperativas.
En el reglamento se debería considerar que se respete la Carta Magna, el control social debe ser a la calidad del servicio y no a la administración.
Una mala interpretación puede llevar a que los responsables de este control se inmiscuyan en los temas administrativos y sea de carácter político, eso debemos cuidar y velar por el respeto a las Cooperativas de Servicios Públicos.
Desde la Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones estamos trabajando en un proyecto de reglamento, porque se están dejando muchas puertas abiertas en lo relacionado a las funciones que debería tener el control social.
Se deben considerar las experiencias de otras instituciones para consolidar un trabajo coordinado y adecuado de control en las cooperativas del país.
Hay que ver que cualquier problema de las cooperativas se debe resolver dentro del sistema cooperativo y sólo en última instancia el Estado debe considerar la posibilidad de una intervención. Este punto también lo vamos a reforzar en el reglamento para evitar una mala interpretación.
La Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones (Fecotel) destaca la integración a la economía plural de todas las cooperativas del país, considerada en la Ley General de Cooperativas (Nro. 356).
En el artículo 5 se establece que “la organización económica social cooperativa forma parte de la economía plural y es de interés del Estado Plurinacional su fomento y protección para contribuir al desarrollo de la democracia participativa y justicia social”.
El gerente general de Fecotel, Jorge Gonzáles, dijo que en la nueva Ley se da un acceso equitativo a las cooperativas.
Añadió que se refuerza lo que dice la Constitución Política del Estado (CPE) y da la razón, a ese sector, en la pelea por el acceso equitativo a las frecuencias móviles.
Hizo referencia a la Ley de Telecomunicaciones “donde no somos tomados en cuenta para la distribución de frecuencias para telefonía móvil”.
Señaló que la Ley de Cooperativas y la Carta Magna les abre la posibilidad de iniciar una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Telecomunicaciones.
RESPALDO La Ley Nro. 356 tiene la finalidad de promover actividades de producción y administración de servicios que contribuyan al desarrollo económico social del país a través de políticas financieras y sociales.
La CPE en su artículo 306 señala que la economía plural está constituida por las formas de organización económica, comunitaria, estatal, privada y social cooperativa. En esa misma línea, en el artículo 310 el Estado reconoce y protege las cooperativas “como formas de trabajo solidario y de cooperación sin fines de lucro”.
SERVICIOS En el sector de Servicios Públicos se encuentran las cooperativas de telecomunicaciones, electricidad y agua y alcantarillado. Existe diferencia con las cooperativas del sector de servicios donde se incluyen a las de vivienda, ahorro y crédito, consumo, educación y transporte.
En el capítulo VI, artículo 69 de la ley, se hace referencia al régimen de cooperativas de servicios públicos para el control gubernamental, la elección de los Consejos y las Asambleas de Delegados. Esta disposición también está enmarcada en el artículo 335 de la CPE.
El tesorero de la Confederación Nacional de Cooperativas de Bolivia (Concobol) y presidente del Consejo de Administración de Fecotel, Hugo Franco, señaló que estos puntos son positivos aunque reconoció que no se han recogido las demandas que son fundamentales para el futuro de las cooperativas de telecomunicaciones.
Hemos aportado por más de 65 años a las telecomunicaciones y hemos sido reconocidos en algunos aspectos, pero también nos condenan a sólo dar telefonía fija. Se nos discrimina, cuestionó.
PROHIBICIÓN La Concobol observa el artículo 38 de la Ley General de Cooperativas donde se establece que “ninguna asociada o ningún asociado de una cooperativa de producción, servicios y servicios públicos podrá pertenecer a un sindicato laboral de la misma”.
Esta restricción de la ley es considerada atentatoria a los derechos y la libre organización que están establecidos en la Constitución. La observación será analizada y considerada en la elaboración del reglamento que realiza una comisión encargada de consensuar los borradores presentados por las cooperativas.
Existe un plazo de dos años a partir de la reglamentación para adecuarse a esta norma que debe estar publicada en el plazo máximo de 180 días (hasta octubre).
En busca de la reglamentación
La Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones (Fecotel) reúne a 15 cooperativas ubicadas en los 9 departamentos y en 6 ciudades intermedias. En el oriente están Riberalta, Trinidad, Guayaramerín y Santa Ana del Yacuma, mientras que en el sur están Villazón y Caranavi.
El presidente del Consejo de Administración, Hugo Franco, destacó algunos logros en la Ley de Cooperativas como la disposición constitucional de que en las cooperativas de servicios públicos las elecciones sean supervisadas por el Órgano Electoral Plurinacional.
Para las cooperativas de amplia base asociativa podrán adoptar la modalidad de asambleas de delegados. Quedan pendientes de consensos en el reglamento la obtención de personalidad jurídica, certificados de aportación, enajenación de bienes, periodo de funciones de directores, entre otros.
Pediremos respeto a la CPE en el control social
La Ley General de Cooperativas no es buena ni mala, tiene el mismo defecto que la anterior norma porque delega todo a los reglamentos.
Lo que ha cambiado en todo el sistema cooperativo con la nueva ley es el tema de los requisitos para ser directores, la cantidad de gestiones, plazos, pero respecto a las telecomunicaciones no hay nada específico.
En general preocupa lo relacionado con el control social que tampoco está incluido, pero se respalda en la Constitución Política del Estado para ingresar a las cooperativas.
En el reglamento se debería considerar que se respete la Carta Magna, el control social debe ser a la calidad del servicio y no a la administración.
Una mala interpretación puede llevar a que los responsables de este control se inmiscuyan en los temas administrativos y sea de carácter político, eso debemos cuidar y velar por el respeto a las Cooperativas de Servicios Públicos.
Desde la Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones estamos trabajando en un proyecto de reglamento, porque se están dejando muchas puertas abiertas en lo relacionado a las funciones que debería tener el control social.
Se deben considerar las experiencias de otras instituciones para consolidar un trabajo coordinado y adecuado de control en las cooperativas del país.
Hay que ver que cualquier problema de las cooperativas se debe resolver dentro del sistema cooperativo y sólo en última instancia el Estado debe considerar la posibilidad de una intervención. Este punto también lo vamos a reforzar en el reglamento para evitar una mala interpretación.
Santa Cruz Ley edil propone el retiro de licencia a medios infractores
Los medios de comunicación que difundan imágenes o notas periodísticas en las que se vulneren los derechos de los menores serán sancionados con el retiro de su licencia de funcionamiento. Así lo plantea un proyecto de ley municipal que comenzó a ser discutido ayer por el Concejo Municipal, los representantes de la prensa y las instituciones que velan por la protección de la sociedad.
Esto ha sido cuestionado por el gremio periodístico, porque considera que hay que apostar primero a la autorregulación de los medios, además hay normas que protegen a los menores, incluso una ordenanza de 2001 que no se cumple y que el gobierno municipal es el responsable de ello.
La Federación de la Prensa cruceña ha visto por conveniente contratar un equipo de asesores jurídicos y convocar a los directores de medios para analizar el tema, porque consideran que son los medios los que tienen que trabajar en la autorregulación, explicó el ejecutivo Roberto Carlos Hurtado.
El debate que se desarrolló ayer por la mañana, y que será tratado nuevamente la siguiente semana, se abrió tras una semana marcada por crímenes violentos en los que víctimas, directas o indirectas, fueron niños que en algunos casos se mostraron por la prensa local.
El proyecto, que consta de 16 artículos y que sugiere también sancionar con llamadas de atención y multas económicas a los infractores, prohíbe la transmisión de noticias que involucren a menores, la difusión de imágenes, animación o audios que correspondan a niños víctimas, infractores o autores de delitos tanto en los que estuvieran directa o indirectamente involucrados.
Al referirse de manera expresa a la prensa escrita, se señala que deberán abstenerse de publicar en primera plana o en el interior de la publicación imágenes expresamente prohibidas en esta ley.
También se crea la Comisión Municipal de Medios de Comunicación, ente que estará integrado por representantes de los trabajadores y propietarios de los medios, entre otras instituciones que tienen que ver con esta temática.
En el debate
Juan José Castedo, presidente de la comisión Niño, Niña y Adolescente (integrada por un grupo interinstitucional), presentó ayer el proyecto en la reunión realizada en el Museo de Arte, cita en la que no estuvieron presentes representantes de las grandes empresas locales de comunicación. Los organizadores se comprometieron a conseguir su presencia para el siguiente encuentro.
Mauricio Porras, periodista de Megavisión, hizo saber su inquietud de que el debate salga en una época prelectoral y también apeló que se tiene que ver la autorregulación.
Por su parte, Vidal Dorado, de Sitel, aplaudió la convocatoria, pero planteó sanciones más reflexivas para los medios y no tan coercitivas.
El Defensor del Pueblo, Hernán Cabrera, recordó que la Constitución Política del Estado y la Ley de Imprenta es el marco legal que norma el accionar de los medios de comunicación y el ejercicio del periodismo, pero cree que frente a los hechos de violencia y la integridad de la niñez y adolescencia hay que asumir una posición crítica en relación con el ejercicio periodístico
Puntos de la propuesta
Horario de protección del menor
Se establece el periodo entre las 7:00 hasta las 21:00 como horario de protección del menor, la programación emitida en este horario estará sujeta al cumplimiento de las disposiciones de la presente ley.
Programación
Cada medio por sí mismo, o a través de un órgano que se podrá conformar entre sí, evaluará y calificará cada uno de los programas a ser emitidos según su contenido.
REGLAMENTACIÓN
El ejecutivo municipal emitirá la reglamentación en el término máximo de 60 días y la remitirá para su aprobación al Concejo.
Quedan abrogadas la ordenanza municipal 102/2001 y todas las disposiciones contrarias a la ley.
ANÁLISIS
Un precepto constitucional
Julio César Caballero / Comunicador
A partir de la aprobación de la nueva CPE se crea una línea jurisprudencial que parte del artículo 207, parágrafo II, que apela a la autorregulación y la convierte en un precepto constitucional. Eso quiere decir que la autorregulación está por encima de cualquier otro instrumento legal que intente normar a los periodistas y a los medios de comunicación.
Estipula que los medios y los periodistas se rigen por sus principios éticos y su ley, y esta última aún no ha sido redactada. Frente a la jerarquía de la Constitución, cualquier otra norma está por debajo del precepto constitucional, que es la autorregulación
Que no vaya a extremos
Luis Jaime Cruz / Abogado
Evidentemente el gobierno municipal tiene competencias en el ámbito que tiene que ver con la función que ejercen, porque las licencias y las patentes que emiten están condicionadas a cumplir ciertos requisitos municipales. Ellos son competentes para emitir las licencias y también lo son para retirarlas.
Ahora, esto tendría que analizarse para que no vaya en contra de otras leyes. Es saludable que se intente controlar la difusión de la violencia, pero que no vaya a extremos donde los medios no puedan emitir noticias objetivas y la Alcaldía se aproveche de esta situación
Esto ha sido cuestionado por el gremio periodístico, porque considera que hay que apostar primero a la autorregulación de los medios, además hay normas que protegen a los menores, incluso una ordenanza de 2001 que no se cumple y que el gobierno municipal es el responsable de ello.
La Federación de la Prensa cruceña ha visto por conveniente contratar un equipo de asesores jurídicos y convocar a los directores de medios para analizar el tema, porque consideran que son los medios los que tienen que trabajar en la autorregulación, explicó el ejecutivo Roberto Carlos Hurtado.
El debate que se desarrolló ayer por la mañana, y que será tratado nuevamente la siguiente semana, se abrió tras una semana marcada por crímenes violentos en los que víctimas, directas o indirectas, fueron niños que en algunos casos se mostraron por la prensa local.
El proyecto, que consta de 16 artículos y que sugiere también sancionar con llamadas de atención y multas económicas a los infractores, prohíbe la transmisión de noticias que involucren a menores, la difusión de imágenes, animación o audios que correspondan a niños víctimas, infractores o autores de delitos tanto en los que estuvieran directa o indirectamente involucrados.
Al referirse de manera expresa a la prensa escrita, se señala que deberán abstenerse de publicar en primera plana o en el interior de la publicación imágenes expresamente prohibidas en esta ley.
También se crea la Comisión Municipal de Medios de Comunicación, ente que estará integrado por representantes de los trabajadores y propietarios de los medios, entre otras instituciones que tienen que ver con esta temática.
En el debate
Juan José Castedo, presidente de la comisión Niño, Niña y Adolescente (integrada por un grupo interinstitucional), presentó ayer el proyecto en la reunión realizada en el Museo de Arte, cita en la que no estuvieron presentes representantes de las grandes empresas locales de comunicación. Los organizadores se comprometieron a conseguir su presencia para el siguiente encuentro.
Mauricio Porras, periodista de Megavisión, hizo saber su inquietud de que el debate salga en una época prelectoral y también apeló que se tiene que ver la autorregulación.
Por su parte, Vidal Dorado, de Sitel, aplaudió la convocatoria, pero planteó sanciones más reflexivas para los medios y no tan coercitivas.
El Defensor del Pueblo, Hernán Cabrera, recordó que la Constitución Política del Estado y la Ley de Imprenta es el marco legal que norma el accionar de los medios de comunicación y el ejercicio del periodismo, pero cree que frente a los hechos de violencia y la integridad de la niñez y adolescencia hay que asumir una posición crítica en relación con el ejercicio periodístico
Puntos de la propuesta
Horario de protección del menor
Se establece el periodo entre las 7:00 hasta las 21:00 como horario de protección del menor, la programación emitida en este horario estará sujeta al cumplimiento de las disposiciones de la presente ley.
Programación
Cada medio por sí mismo, o a través de un órgano que se podrá conformar entre sí, evaluará y calificará cada uno de los programas a ser emitidos según su contenido.
REGLAMENTACIÓN
El ejecutivo municipal emitirá la reglamentación en el término máximo de 60 días y la remitirá para su aprobación al Concejo.
Quedan abrogadas la ordenanza municipal 102/2001 y todas las disposiciones contrarias a la ley.
ANÁLISIS
Un precepto constitucional
Julio César Caballero / Comunicador
A partir de la aprobación de la nueva CPE se crea una línea jurisprudencial que parte del artículo 207, parágrafo II, que apela a la autorregulación y la convierte en un precepto constitucional. Eso quiere decir que la autorregulación está por encima de cualquier otro instrumento legal que intente normar a los periodistas y a los medios de comunicación.
Estipula que los medios y los periodistas se rigen por sus principios éticos y su ley, y esta última aún no ha sido redactada. Frente a la jerarquía de la Constitución, cualquier otra norma está por debajo del precepto constitucional, que es la autorregulación
Que no vaya a extremos
Luis Jaime Cruz / Abogado
Evidentemente el gobierno municipal tiene competencias en el ámbito que tiene que ver con la función que ejercen, porque las licencias y las patentes que emiten están condicionadas a cumplir ciertos requisitos municipales. Ellos son competentes para emitir las licencias y también lo son para retirarlas.
Ahora, esto tendría que analizarse para que no vaya en contra de otras leyes. Es saludable que se intente controlar la difusión de la violencia, pero que no vaya a extremos donde los medios no puedan emitir noticias objetivas y la Alcaldía se aproveche de esta situación
Sucre Presentan proyecto de Ley de la Niñez y Adolescencia
La Comisión de Desarrollo Humano y Social de la Asamblea Legislativa Departamental presentó ayer el proyecto de Ley Departamental de Niñez y Adolescencia, cuyo contenido es producto del trabajo de una serie de instituciones y organizaciones que tiene que ver con el asunto.
Los asambleístas Marco Sahonero (APCH) y Cristian Sanabria (MAS), miembros de la referida comisión, se encargaron de exponer ayer la futura norma. “Es una ley importante para el Departamento de Chuquisaca, fundamentalmente, para nuestros niños y adolescentes de todo el largo y ancho de nuestro Departamento”, resaltó Sanabria. “Es la primera ley en Bolivai que está dando una visión clara para atender los derechos de los niños, niñas y adolescentes”, dijo, por su parte, Sahonero.
Para la construcción de proyecto de ley departamental, la Comisión de Desarrollo Humano y Social creó un comité impulsor, del que participaron el SEDUCA, la ONG Realidades, Aldeas Infantiles SOS y Biblioworks, CEADL, Plan Internacional y Centro Ñanta, entre otros.
La futura norma será puesta en conocimiento del pleno, y se espera quel a misma sea aprobada lo antes posible.
Los asambleístas Marco Sahonero (APCH) y Cristian Sanabria (MAS), miembros de la referida comisión, se encargaron de exponer ayer la futura norma. “Es una ley importante para el Departamento de Chuquisaca, fundamentalmente, para nuestros niños y adolescentes de todo el largo y ancho de nuestro Departamento”, resaltó Sanabria. “Es la primera ley en Bolivai que está dando una visión clara para atender los derechos de los niños, niñas y adolescentes”, dijo, por su parte, Sahonero.
Para la construcción de proyecto de ley departamental, la Comisión de Desarrollo Humano y Social creó un comité impulsor, del que participaron el SEDUCA, la ONG Realidades, Aldeas Infantiles SOS y Biblioworks, CEADL, Plan Internacional y Centro Ñanta, entre otros.
La futura norma será puesta en conocimiento del pleno, y se espera quel a misma sea aprobada lo antes posible.
La ley del centro Santa Cruz es aprobada
La Cámara de Diputados aprobó ayer la ley del Centro Cultural Santa Cruz rumbo a su consideración en la Cámara de Senadores y posterior promulgación. Provista de un solo artículo, consolidará la institución con el rango de centro cultural dependiente de la Fundación del Banco Central de Bolivia (Fbcb), lo cual le garantizará una asignación presupuestaria anual, aún no definida, que no tenía.
Eleva su rango
Desde su nacimiento, este espacio de gestión artística fue económicamente dependiente de otros de la Fbcb en el país. La seguridad de contar con un presupuesto permitirá que el centro concluya la construcción de su infraestructura, en la calle René Moreno # 369: un teatro para 400 espectadores, salas audiovisuales, un parqueo y una cafetería, detalló Homero Carvalho, consejero por Santa Cruz ante la Fbcb. La próxima ley permitirá la duplicación de los trabajadores, que por ahora son nueve, pero sobre todo abre el camino para que la fundación cree otros centros en Bolivia.
Maribel Vargas hizo el proyecto de ley. Carvalho y el coordinador del centro, Jorge Aliaga, y Betty Tejada, presidenta de Diputados, apuntalaron la aprobación
Eleva su rango
Desde su nacimiento, este espacio de gestión artística fue económicamente dependiente de otros de la Fbcb en el país. La seguridad de contar con un presupuesto permitirá que el centro concluya la construcción de su infraestructura, en la calle René Moreno # 369: un teatro para 400 espectadores, salas audiovisuales, un parqueo y una cafetería, detalló Homero Carvalho, consejero por Santa Cruz ante la Fbcb. La próxima ley permitirá la duplicación de los trabajadores, que por ahora son nueve, pero sobre todo abre el camino para que la fundación cree otros centros en Bolivia.
Maribel Vargas hizo el proyecto de ley. Carvalho y el coordinador del centro, Jorge Aliaga, y Betty Tejada, presidenta de Diputados, apuntalaron la aprobación
Proyectan ley corta de rutas
La Confederación de Choferes de Bolivia solicitó a la Cámara de Diputados una audiencia para presentar un proyecto de ley corta que prohíbe los desfiles y fiestas patronales en las carreteras interdepartamentales e internacionales del país, informó ayer su máximo ejecutivo, Franklin Durán.
El dirigente dijo que los transportistas están muy preocupados tras el accidente ocurrido el 21 en la carretera La Paz-Desaguadero, a la altura del cantón San Juan de Huancollo, donde un cisterna cargado de alcohol ocasionó una múltiple colisión y explotó en un lugar congestionado por el paso de una fraternidad folklórica.
Según dijo, el accidente, que segó 11 vidas, “no fue culpa del transportista”, sino de los bailarines. Durán lamentó que la Policía Caminera no haya estado en el lugar.
“En varias ocasiones pedimos al Ministerio de Gobierno que le dote de mayor equipo, pero no lo ha hecho”, apuntó.
martes, 25 de junio de 2013
Plantean priorizar el apellido de la madre para la filiación
El proyecto de Ley del Código Niño, Niña y Adolescente propone la opción de incorporar en primer lugar el apellido de la madre para la filiación, con el objetivo de revalorizar la designación materna en la sociedad. También se plantea que la pareja decida el orden.
“Desde el mismo Gobierno hay el principio de despatriarcalización. Entonces, es importante partir desde el apellido y cambiar la prioridad del paterno. Por eso debe existir la opción de que los hijos lleven primero el apellido de la madre, y eso es lo que propone este Código”, informó Julia Velasco, coordinadora de la Agencia Nacional de Noticias por los Derechos de la Infancia (ANNI).
Dicha institución es miembro de la Coalición Boliviana por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes junto a otras 29 organizaciones no gubernamentales (ONG) y redes, las cuales trabajaron el proyecto de ley del Código para este sector poblacional.
Velasco agregó que las normas que obligan a priorizar el apellido paterno “son injustas” con aquellos hijos que sólo son mantenidos por sus mamás y olvidados por los papás, pese a contar con su designio. También para las madres solteras y sus niños, quienes muchas veces son víctimas de discriminación por llevar un solo apellido.
Desigualdad. “La madre no tiene el mismo valor social que el padre. Así, en busca de ese lugar social para los hijos, ella tiene que sufrir todo tipo de humillaciones, aunque en sí mismo el pedir el reconocimiento del hijo ya es humillante”, señala la propuesta de ley.
La coordinadora de ANNI aseguró que en la sociedad del país es muy común escuchar que las familias desean más hijos varones para “perpetuar el apellido del papá”, hecho que causa una discriminación hacia las niñas.
Explicó que el documento plantea que sea la pareja, en mutuo consenso, la que decida el orden de los apellidos para la filiación de su hijo, esto para no afectar que el menor lleve ambos. Otra opción es que sea el mismo hijo quien decida, una vez que cumpla los 18 años. “Si tiene derecho a votar a partir de esa edad, también tiene derecho a decidir sus apelativos”.
El proyecto de ley fue entregado a mediados de este mes al Comité de Control Constitucional y Armonización de las Leyes de la Asamblea Legislativa, donde se analizará el tema esta semana, de acuerdo con el compromiso que se hizo con la coalición.
Acceso gratuito a la salud para los niños
El proyecto de ley Código Niño, Niña y Adolescente también pretende otorgar de forma gratuita el acceso universal a la salud de este sector de la población. En el documento se modifica el artículo 14 para establecer gratuidad en la atención médica de niños, niñas y adolescentes del país.
“Es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles, garantizar a niños, niñas y adolescentes una atención de salud oportuna, igualitaria y gratuita”, resalta el proyecto.
La propuesta de norma señala que la cobertura incluirá recuperación física y psicológica, además de la provisión gratuita de prótesis, medicamentos y todos los suministros que fueran necesarios.
También se determina prioridad para niños, niñas y adolescentes de las naciones y pueblos indígenas originarios, afrodescendientes y a quienes no tengan recursos suficientes. El artículo 15, sobre Salud Sexual y Reproductiva, incorpora la orientación y consejería gratuita, en torno al ejercicio de los derechos sexuales sin discriminación y violencia.
Reglamento de la ley debe fijar impuestos
La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) propone que para agilizar la aprobación de la nueva ley del sector, el tema tributario sea tratado por todos los actores mineros en la reglamentación de la norma.
“En sí los aspectos de fondo ya han sido consensuados y lo único que falta es el aspecto tributario, incluso el tema regalitario ya fue acordado entre los actores mineros. Por eso la propuesta es que el tema tributario sea tratado en el reglamento de la ley”, dijo Ramos.
El proyecto de ley ha sido trabajado hace cuatro años, y en marzo de 2103 el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce, indicó que hasta el 6 de abril el borrador de la norma debía estar listo, recordó el dirigente minero.
“El ministro Arce dijo en ese entonces que todos los actores mineros deben someterse a la Ley de Reforma Tributaria 843 para pagar impuestos”, añadió.
Diputados aprueba Ley de Servicios Financieros
La Cámara de Diputados aprobó anoche en su estación en detalle el proyecto de Ley de Servicios Financieros, que entre otros aspectos establece topes para los créditos de vivienda. Fue remitido a la Cámara Alta.
El pleno de esta instancia legislativa inició su sesión cerca de las 17.00 y concluyó su labor a las 22.30. El tratamiento del proyecto, en grande y detalle, se realizó durante siete días, desde el jueves 13.
“Es una ley de consenso, se respetaron todos los acuerdos, ya que se establecieron todos los parámetros de negociación con las entidades que tienen que ver con el sistema financiero de Bolivia”, informó el primer secretario de la Cámara Baja, Marcelo Elío.
Resaltó que dentro del proyecto está la creación del Fondo de Protección al Ahorrista, que le permitirá tener seguro su dinero. “Será como una especie de garantía para su dinero que van a depositar todos los bancos incluidos el Banco Estatal, que es el Banco Unión, y privados”.
Minutos después de la aprobación, un diputado pidió la “reconsideración” del proyecto de ley, pero no contó con dos tercios de los votos y ésta quedó desestimada.
Acuerdo. En el pleno se realizaron cinco modificaciones, tres precisiones y una enmienda a la redacción original, las que incluyeron los planteamientos de las entidades financieras agremiadas en Asoban, Asofin y de las cooperativas de ahorro y crédito.
Esos cambios al proyecto de ley presentados por el Ejecutivo están relacionados con el control de las tasas de interés para los créditos para la compra o construcción de viviendas y para los sectores productivos, que serán reglamentados por decretos supremos.
También incluye que el cierre de una entidad de intermediación financiera “sólo procederá después de que ésta haya devuelto la totalidad de depósitos”. Entre los más de 550 artículos, la norma establece “incentivos al pago oportuno”, que será reglamentado por la Asfi. También fija la necesidad de un nuevo registro de entidades financieras.
Fija la prohibición de los “créditos vinculados”, pues la entidad financiera “no puede recibir hipoteca de acciones propias o títulos análogos”. Además señala que los deudores morosos deberán solicitar salir de la lista negra, puesto que no es automática. El proyecto será tratado en Senadores en los próximos días.
MAS aprueba sin debate nueva Ley de Bancos en Cámara Baja
La Cámara de Diputados aprobó la noche de ayer el proyecto de Ley de Servicios Financieros, más conocida como Ley de Bancos, sin mayor debate en la estación en detalle, debido a que la mayoría de los asistentes fueron diputados suplentes que no tuvieron mayor participación en la fase de elaboración de ese instrumento jurídico.
El tratamiento coincidió con la semana regional que suspende la asistencia de los titulares y habilita automáticamente a los suplentes que muchos de ellos vieron por primera vez el ampuloso proyecto de Ley de 551 artículos, considerando el más grande de toda la legislatura del MAS. Su tratamiento en grande empezó el pasado 13 de junio y el oficialismo aceleró la aprobación.
Hasta el miércoles pasado, los titulares aprobaron 420 artículos y ayer los suplentes asumieron el resto, ante una escasa oposición que no cuestionó ningún artículo y permitió que el MAS avance sin complicaciones. En la sesión se notó la ausencia de la presidenta Bety Tejada que delegó la conducción al diputado Lucio Marca y la secretaría la ejercieron para fines de lectura, los diputados Galo Silvestre Bonifaz y Carlos Subirana en forma alterna.
En ambos casos corrieron con la lectura de artículo por artículo que puesto en consideración, no había voz oficialista que consulte u observe el contenido y ante la ausencia, se procedía a la votación con dictamen final de “mayoría señor presidente”. Así unos chateaban vía celular y otros operaban internet desde sus tablets, y los más sostenían entretenidas charlas o caminaban por los pasillos.
Algunos oficialistas extrañaron a la diputada opositora Norma Piérola, quien la semana anterior “trancaba” con permanentes consultas. Esa actitud, en muchos casos incisiva, ocasionaba cierta incomodidad de algunos oficialistas que en los cuartos intermedios le pedían en tono de broma a la opositora ya no preguntará mucho porque “igual la ley sería aprobada como ésta”.
Los cuestionamientos fueron dirigidos al presidente de la Comisión de Planificación, Javier Zavaleta, quien en sus respuestas decía que todas las dudas serán resueltas en las futuras reglamentaciones a ser elaboradas entre el Ministerio de Hacienda y Asoban.
Ayer la única consulta partió del diputado opositor Juan Luis Gantier sobre la constitución del Fondo de Protección al Ahorrista para conocer con cuánto aportarán los bancos privados para enfrentar una eventual quiebra. Zabaleta se encargó de responder que el porcentaje será fijado en otra reglamentación.
Al margen de la sesión, el diputado del Movimiento Sin Miedo (MSM), Fabián Yaksic, calificó el proyecto de ley como excesivo, porque en su criterio se hubiera ahorrado tiempo a la Cámara de Diputados resumiendo sólo a 10 artículos, porque se habría delegado al Ministerio de Hacienda las reglamentaciones técnicas operativas.
Yaksic sostuvo que la ley crea la figura “intervencionista” del “súper” ministro de Hacienda, Luis Arce Catacora, sobre el sistema financiero privado, algo que la actual ley le impide; sin embargo a partir de esta ley, Arce tendrá plenos poderes para interferir las actividades bancarias cuando vea conveniente y agrandar el Banco Unión, según manifestó. Y sobre la forma de aprobación, dijo que era de esperar porque todo ya estaba decidido por el Ministro Arce. El proyecto de ley será remitido formalmente en las próximas horas al Senado para su revisión constitucional.
DATOS
- Apenas ocho titulares estaban presentes en el hemiciclo durante la lectura de la norma.
- De los 551 artículos, 420 fueron sancionados por los legisladores titulares desde la pasada semana. El resto de artículos los retomaron los suplentes que dieron simple lectura y aprobación.
- La norma ahora se encuentra en la Cámara de Senadores y se espera concluir la aprobación en grande y detalle hasta julio.
El tratamiento coincidió con la semana regional que suspende la asistencia de los titulares y habilita automáticamente a los suplentes que muchos de ellos vieron por primera vez el ampuloso proyecto de Ley de 551 artículos, considerando el más grande de toda la legislatura del MAS. Su tratamiento en grande empezó el pasado 13 de junio y el oficialismo aceleró la aprobación.
Hasta el miércoles pasado, los titulares aprobaron 420 artículos y ayer los suplentes asumieron el resto, ante una escasa oposición que no cuestionó ningún artículo y permitió que el MAS avance sin complicaciones. En la sesión se notó la ausencia de la presidenta Bety Tejada que delegó la conducción al diputado Lucio Marca y la secretaría la ejercieron para fines de lectura, los diputados Galo Silvestre Bonifaz y Carlos Subirana en forma alterna.
En ambos casos corrieron con la lectura de artículo por artículo que puesto en consideración, no había voz oficialista que consulte u observe el contenido y ante la ausencia, se procedía a la votación con dictamen final de “mayoría señor presidente”. Así unos chateaban vía celular y otros operaban internet desde sus tablets, y los más sostenían entretenidas charlas o caminaban por los pasillos.
Algunos oficialistas extrañaron a la diputada opositora Norma Piérola, quien la semana anterior “trancaba” con permanentes consultas. Esa actitud, en muchos casos incisiva, ocasionaba cierta incomodidad de algunos oficialistas que en los cuartos intermedios le pedían en tono de broma a la opositora ya no preguntará mucho porque “igual la ley sería aprobada como ésta”.
Los cuestionamientos fueron dirigidos al presidente de la Comisión de Planificación, Javier Zavaleta, quien en sus respuestas decía que todas las dudas serán resueltas en las futuras reglamentaciones a ser elaboradas entre el Ministerio de Hacienda y Asoban.
Ayer la única consulta partió del diputado opositor Juan Luis Gantier sobre la constitución del Fondo de Protección al Ahorrista para conocer con cuánto aportarán los bancos privados para enfrentar una eventual quiebra. Zabaleta se encargó de responder que el porcentaje será fijado en otra reglamentación.
Al margen de la sesión, el diputado del Movimiento Sin Miedo (MSM), Fabián Yaksic, calificó el proyecto de ley como excesivo, porque en su criterio se hubiera ahorrado tiempo a la Cámara de Diputados resumiendo sólo a 10 artículos, porque se habría delegado al Ministerio de Hacienda las reglamentaciones técnicas operativas.
Yaksic sostuvo que la ley crea la figura “intervencionista” del “súper” ministro de Hacienda, Luis Arce Catacora, sobre el sistema financiero privado, algo que la actual ley le impide; sin embargo a partir de esta ley, Arce tendrá plenos poderes para interferir las actividades bancarias cuando vea conveniente y agrandar el Banco Unión, según manifestó. Y sobre la forma de aprobación, dijo que era de esperar porque todo ya estaba decidido por el Ministro Arce. El proyecto de ley será remitido formalmente en las próximas horas al Senado para su revisión constitucional.
DATOS
- Apenas ocho titulares estaban presentes en el hemiciclo durante la lectura de la norma.
- De los 551 artículos, 420 fueron sancionados por los legisladores titulares desde la pasada semana. El resto de artículos los retomaron los suplentes que dieron simple lectura y aprobación.
- La norma ahora se encuentra en la Cámara de Senadores y se espera concluir la aprobación en grande y detalle hasta julio.
Oruro Ley de avasallamientos será promulgada en esta gestión
El presidente de la Brigada Parlamentaria de Oruro, Freddy Huayta, explicó que en la Asamblea Legislativa Plurinacional existen tres propuestas de ley para erradicar los avasallamientos en Bolivia, señalando que este año se contará con una norma que sancione estos actos ilícitos.
En Oruro el tema de avasallamientos es un tema latente, por lo cual varias instituciones, y autoridades se reúnen a menudo para tratar el problema y sancionarlo mediante el Código Penal.
"Hemos enviado por iniciativa propia un proyecto de Ley el pasado 23 de mayo, con varios artículos que buscan se incluya en el Código Penal el delito y sea sancionado. Existen tres propuestas, una en la Cámara de Senadores, otra de la presidenta de la Cámara de Diputados, Beatriz Tejada y la nuestra, por lo que esperamos contar con esta Ley esta gestión", aseguró Huayta.
Asimismo explicó que la Brigada no recibió ninguna propuesta por parte de alguna institución y que por iniciativa propia presentaron esta ley, la cual contempla sanciones de cuatro a ocho años de cárcel para los avasalladores además de tres a seis años para las personas que adquieran terrenos sabiendo que estos no cuentan con su documentación.
FISCALÍA
Por otro lado el fiscal de Distrito, Francisco Terán, indicó tras un trabajo interinstitucional con participación de los vecinos, Municipio, Gobernación: "Desde el momento que he asumido el cargo de fiscal, he recibido innumerables denuncias contra los avasalladores, que aprovechándose de que no existe una figura jurídica penal, han ocupado terrenos y han despojado esos terrenos a los legítimos dueños, pero en estas reuniones de las autoridades, se ha diseñado un plan para evitar más avasallamientos", explicó Terán.
También manifestó que en las últimas semanas se han solucionado algunos casos en la vía conciliatoria, y que en coordinación con el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO), se trabaja para revisar la documentación de cada sector afectado.
"En los últimos días bajaron las tensiones sobre avasallamientos, puesto que el suscrito fiscal se ha permitido convocar a algunos dirigentes y estamos resolviendo estos casos en la vía conciliatoria, como explique", agregó Terán.
En Oruro el tema de avasallamientos es un tema latente, por lo cual varias instituciones, y autoridades se reúnen a menudo para tratar el problema y sancionarlo mediante el Código Penal.
"Hemos enviado por iniciativa propia un proyecto de Ley el pasado 23 de mayo, con varios artículos que buscan se incluya en el Código Penal el delito y sea sancionado. Existen tres propuestas, una en la Cámara de Senadores, otra de la presidenta de la Cámara de Diputados, Beatriz Tejada y la nuestra, por lo que esperamos contar con esta Ley esta gestión", aseguró Huayta.
Asimismo explicó que la Brigada no recibió ninguna propuesta por parte de alguna institución y que por iniciativa propia presentaron esta ley, la cual contempla sanciones de cuatro a ocho años de cárcel para los avasalladores además de tres a seis años para las personas que adquieran terrenos sabiendo que estos no cuentan con su documentación.
FISCALÍA
Por otro lado el fiscal de Distrito, Francisco Terán, indicó tras un trabajo interinstitucional con participación de los vecinos, Municipio, Gobernación: "Desde el momento que he asumido el cargo de fiscal, he recibido innumerables denuncias contra los avasalladores, que aprovechándose de que no existe una figura jurídica penal, han ocupado terrenos y han despojado esos terrenos a los legítimos dueños, pero en estas reuniones de las autoridades, se ha diseñado un plan para evitar más avasallamientos", explicó Terán.
También manifestó que en las últimas semanas se han solucionado algunos casos en la vía conciliatoria, y que en coordinación con el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO), se trabaja para revisar la documentación de cada sector afectado.
"En los últimos días bajaron las tensiones sobre avasallamientos, puesto que el suscrito fiscal se ha permitido convocar a algunos dirigentes y estamos resolviendo estos casos en la vía conciliatoria, como explique", agregó Terán.
Diputados tratará por tiempo y materia la ley para bancos
El debate del proyecto normativo de Servicios Financieros (Ley de Bancos) será reanudado hoy en la Cámara de Diputados, esta vez bajo la modalidad de tiempo y materia para que sus 551 artículos sean aprobados hasta mañana. Luego, el documento será remitido al Senado.
El anuncio fue emitido ayer por el presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, Javier Zabaleta, quien explicó a La Razón que el proyecto de ley fue modificado en más de 100 artículos, de los que 25 fueron a sugerencia de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) y otras instituciones vinculadas con el sector.
“Estamos más arriba de los 400 (artículos analizados), así que suponemos que el lunes (hoy) todo el día hasta la noche acabemos ya el proyecto, y luego suba al Senado y ahí les va a llevar seguramente unos diez días aprobarlo”, declaró el asambleísta.
Plazos. Una vez aprobada y sancionada la norma en el Legislativo, será promulgada por el Ejecutivo. Sin embargo, se deberá esperar 90 días más para que se aplique tras su publicación en la Gaceta Oficial, pues en ese lapso el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas elaborará su reglamentación, detalló el diputado.
En la reglamentación se especificará la creación del Consejo de Estabilidad Financiera (CEF) que se encargará de regular las tasas de interés para los créditos de vivienda y productivos, así como el rédito que obtendrán los ahorristas por efecto de sus depósitos.
Este reglamento también fijará las nuevas competencias de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi). Respecto a si la normativa fijará un tope a las tasas de interés por créditos para el sector productivo y para la compra de vivienda, Zabaleta indicó que aún no y que eso dependerá del análisis que efectúe el CEF. “Esa idea de definir las tasas de interés por decreto tampoco merece una modificación anual o mensual, sino más bien que sea una práctica de por lo menos cinco años, de tal forma que acompañe un cierto nivel de estabilidad en todo el país”, argumentó.
El CEF, que tendrá un carácter técnico, estará conformado por los ministros de Economía y Finanzas Públicas y de Planificación del Desarrollo; el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), el director ejecutivo de la Asfi y por el director ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones (APS).
Uno de los artículos del proyecto de ley establece que serán reguladas mediante decretos supremos las tasas máximas que deberá cobrar el sistema financiero para sus créditos en general y para los dirigidos a los sectores de producción y de financiación de vivienda en particular. Asimismo, el proyecto establece que se regularán las tasas mínimas a pagarse por los depósitos.
El 7 de junio, el viceministro de Pensiones, Mario Guillén, explicó que la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara Baja modificó el artículo 60 del proyecto de ley que regulará las tasas de interés para préstamos de vivienda social y el sector productivo, incluyendo en su cobertura a los proyectos piscícola y forestal.
El último debate del proyecto de ley se realizó el 19 de junio porque al día siguiente la Asamblea Legislativa interpeló al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana respecto al programa Bolivia Cambia, Evo Cumple.
Tratamiento de la norma y detalles
Puntos
El 18 de junio, la Cámara de Diputados aprobó en detalle 116 artículos del proyecto de Ley de Servicios Financieros. Hasta ese día 180 puntos fueron analizados, pues el lunes fueron refrendados al menos 64 acápites.
lunes, 24 de junio de 2013
La Paz Se pone en vigencia Ley de Impuestos
La norma edil prevé incentivos de entre el 10 y 20 por ciento, de acuerdo con la fecha de pago de impuestos.
Con esto se busca premiar a los ciudadanos alteños que cumplen sus obligaciones.
El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (Gamea) puso en vigencia la Ley de Impuestos, que beneficiará a los ciudadanos de esa urbe que paguen a tiempo sus obligaciones por inmuebles y vehículos
La Dirección de Recaudaciones informó que la Ley Autonómica Municipal Nº 12, complementaria a la ley Nº. 003/2012, sobre los impuestos de la propiedad de bienes inmuebles y vehículos, establece el descuento de entre el 10 y 20 por ciento en beneficio de la población alteña.
Dicho descuento fue determinado de acuerdo con los siguientes plazos: desde el primer día hábil de enero hasta el último día de abril será el 20 por ciento, de abril a agosto el 15 por ciento, y de agosto a diciembre el 10 por ciento.
Según los datos proporcionados por la entidad municipal, la norma promulgada el 17 de junio por el alcalde de El Alto, Édgar Patana, regirá a partir de la semana entrante.
En ese marco, a partir de la publicación de la Resolución Administrativa para comenzar el cobro de impuestos, la nueva norma edil será aplicada.
“El Alcalde quiere premiar a las personas que paguen sus impuestos al principio del año para de esa manera incentivar a la población alteña”, dijo el director de Impuestos del Gamea, John Villalba.
La autoridad agregó que las personas que quieran poner a su nombre un vehículo no pagarán el 3 por ciento, como antes, sino sólo el 1,5 por ciento.
Con esto se busca premiar a los ciudadanos alteños que cumplen sus obligaciones.
El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (Gamea) puso en vigencia la Ley de Impuestos, que beneficiará a los ciudadanos de esa urbe que paguen a tiempo sus obligaciones por inmuebles y vehículos
La Dirección de Recaudaciones informó que la Ley Autonómica Municipal Nº 12, complementaria a la ley Nº. 003/2012, sobre los impuestos de la propiedad de bienes inmuebles y vehículos, establece el descuento de entre el 10 y 20 por ciento en beneficio de la población alteña.
Dicho descuento fue determinado de acuerdo con los siguientes plazos: desde el primer día hábil de enero hasta el último día de abril será el 20 por ciento, de abril a agosto el 15 por ciento, y de agosto a diciembre el 10 por ciento.
Según los datos proporcionados por la entidad municipal, la norma promulgada el 17 de junio por el alcalde de El Alto, Édgar Patana, regirá a partir de la semana entrante.
En ese marco, a partir de la publicación de la Resolución Administrativa para comenzar el cobro de impuestos, la nueva norma edil será aplicada.
“El Alcalde quiere premiar a las personas que paguen sus impuestos al principio del año para de esa manera incentivar a la población alteña”, dijo el director de Impuestos del Gamea, John Villalba.
La autoridad agregó que las personas que quieran poner a su nombre un vehículo no pagarán el 3 por ciento, como antes, sino sólo el 1,5 por ciento.
Héctor Arce dice que en julio se aprobará nueva Ley de la Abogacía
El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Héctor Arce (MAS), afirmó hoy que la Ley de la Abogacía que el Gobierno nacional viene impulsando sería aprobada hasta el próximo mes de julio, al destacar que la misma tiene un importante nivel de consenso entre sus principales actores.
Arce, que participa en Sucre de un evento sobre el ejercicio profesional de los juristas, destacó que el nuevo instrumento legal permitirá mejorar el ejercicio de esa profesión, tanto en beneficio de los letrados como de la propia sociedad.
En ese marco, Arce dijo que era importante la creación de un Registro Nacional de profesionales a cargo del Ministerio de Justicia, debido a que la abogacía es una profesión "vinculada con el derecho y la defensa de las libertades ciudadanas".
El parlamentario oficialista indicó que si bien se reconocen otros registros, "el registro más importante" será el que otorgue el Ministerio de Justicia debido -según dijo- a que éste garantizaba un marco de "institucionalidad" apropiado al ejercicio del derecho.
No obstante, Arce dijo que actualmente se estaba en la búsqueda de consensos con los colegios de abogados de todo el país.
Algunos colegios plantearon sus reparos a la nueva Ley indicando, entre otras cosas, que el Gobierno pretendía anular a los entes colegiados del país restándoles toda posibilidad de mantenerse con los aportes de cada uno de sus miembros afiliados.
El tema se relaciona con un fallo del Tribunal Constitucional emitido hace cerca de un año atrás, según el cual se dio por válidos los registros de profesionales tanto de los Colegios de Abogados como del Ministerio de Justicia, aunque en dicha sentencia, ese órgano de la judicatura estableció un plazo de un año para que la Asamblea apruebe una nueva norma del ejercicio profesional del derecho.
Arce, que participa en Sucre de un evento sobre el ejercicio profesional de los juristas, destacó que el nuevo instrumento legal permitirá mejorar el ejercicio de esa profesión, tanto en beneficio de los letrados como de la propia sociedad.
En ese marco, Arce dijo que era importante la creación de un Registro Nacional de profesionales a cargo del Ministerio de Justicia, debido a que la abogacía es una profesión "vinculada con el derecho y la defensa de las libertades ciudadanas".
El parlamentario oficialista indicó que si bien se reconocen otros registros, "el registro más importante" será el que otorgue el Ministerio de Justicia debido -según dijo- a que éste garantizaba un marco de "institucionalidad" apropiado al ejercicio del derecho.
No obstante, Arce dijo que actualmente se estaba en la búsqueda de consensos con los colegios de abogados de todo el país.
Algunos colegios plantearon sus reparos a la nueva Ley indicando, entre otras cosas, que el Gobierno pretendía anular a los entes colegiados del país restándoles toda posibilidad de mantenerse con los aportes de cada uno de sus miembros afiliados.
El tema se relaciona con un fallo del Tribunal Constitucional emitido hace cerca de un año atrás, según el cual se dio por válidos los registros de profesionales tanto de los Colegios de Abogados como del Ministerio de Justicia, aunque en dicha sentencia, ese órgano de la judicatura estableció un plazo de un año para que la Asamblea apruebe una nueva norma del ejercicio profesional del derecho.
COB reanudará diálogo con el Gobierno para tratar modificaciones a la Ley de Pensiones
La Central Obrera Boliviana (COB) confirmó para esta semana la reanudación de negociaciones con el Gobierno para considerar las modificaciones a la Ley de Pensiones y el Pliego Único petitorio de la entidad matriz de los trabajadores.
"Hemos recibido una nota de parte del Ministro de Economía para el próximo viernes 28 a las tres de la tarde y como consecuencia de esa convocatoria, el Comité Ejecutivo se reunirá para realizar un balance y convocaremos a la Comisión que se reunión para ver el tema de pensiones, por lo que el martes definiremos quienes asistirán a la reunión", afirmó este lunes el secretario de Seguridad Social de la COB, Juan José Guzmán.
El dirigente señaló que en base a la nota recibida, el diálogo se reanudaría en el marco del Acta de Entendimiento suscrita, el 5 de abril pasado, entre el Gobierno y el ente matriz de los trabajadores.
El pasado 5 de abril, la COB y el Gobierno firmaron un Acta de Entendimiento que establecía la modificación de la Ley de Pensiones; sin embargo, debido a que no se llegaron a acuerdos inmediatos sobre ese tema en particular, y porque el 6 de mayo pasado la cúpula sindical declaró paro de actividades y bloqueo de vías, el diálogo quedó interrumpido. D
espués de casi tres semanas, el 21 de mayo, el Gobierno y COB, arribaron a un nuevo Acuerdo que señalaba que en 30 días debería redactarse un nuevo Reglamento de la Ley de Pensiones que consigne las modificaciones acordadas. Según Guzmán, esta semana se reunirá el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y someterá a evaluación el conflicto que atravesó la Central Obrera Boliviana con más de 12 días entre la huelga general indefinida y el bloqueo de caminos.
"Estamos haciendo un informe a las diferentes confederaciones, federaciones, Codes y Cores y a la par informando de los avances que se tiene en base a la respuesta que ha hecho el Gobierno a través de los tres ministerios para discutir la modificación y revisión a la Ley 065 de Pensiones entre la Tabla Económica y lo que es el tema de los 13 Artículos a la Ley 065 y los más de 18 Artículos al Decreto Reglamentario N° 822", sostuvo el dirigente cobista.
En ese sentido, recordó que a partir de la firma del Acuerdo, que el Ampliado Nacional aceptó, corría el plazo de los 30 días que fenecieron el pasado viernes. De la misma manera, Guzmán señaló que el martes próximo el CEN definirá la lista de dirigentes que asistirán a la reunión con el Ministro de economía y Finanzas Públicas
"Hemos recibido una nota de parte del Ministro de Economía para el próximo viernes 28 a las tres de la tarde y como consecuencia de esa convocatoria, el Comité Ejecutivo se reunirá para realizar un balance y convocaremos a la Comisión que se reunión para ver el tema de pensiones, por lo que el martes definiremos quienes asistirán a la reunión", afirmó este lunes el secretario de Seguridad Social de la COB, Juan José Guzmán.
El dirigente señaló que en base a la nota recibida, el diálogo se reanudaría en el marco del Acta de Entendimiento suscrita, el 5 de abril pasado, entre el Gobierno y el ente matriz de los trabajadores.
El pasado 5 de abril, la COB y el Gobierno firmaron un Acta de Entendimiento que establecía la modificación de la Ley de Pensiones; sin embargo, debido a que no se llegaron a acuerdos inmediatos sobre ese tema en particular, y porque el 6 de mayo pasado la cúpula sindical declaró paro de actividades y bloqueo de vías, el diálogo quedó interrumpido. D
espués de casi tres semanas, el 21 de mayo, el Gobierno y COB, arribaron a un nuevo Acuerdo que señalaba que en 30 días debería redactarse un nuevo Reglamento de la Ley de Pensiones que consigne las modificaciones acordadas. Según Guzmán, esta semana se reunirá el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y someterá a evaluación el conflicto que atravesó la Central Obrera Boliviana con más de 12 días entre la huelga general indefinida y el bloqueo de caminos.
"Estamos haciendo un informe a las diferentes confederaciones, federaciones, Codes y Cores y a la par informando de los avances que se tiene en base a la respuesta que ha hecho el Gobierno a través de los tres ministerios para discutir la modificación y revisión a la Ley 065 de Pensiones entre la Tabla Económica y lo que es el tema de los 13 Artículos a la Ley 065 y los más de 18 Artículos al Decreto Reglamentario N° 822", sostuvo el dirigente cobista.
En ese sentido, recordó que a partir de la firma del Acuerdo, que el Ampliado Nacional aceptó, corría el plazo de los 30 días que fenecieron el pasado viernes. De la misma manera, Guzmán señaló que el martes próximo el CEN definirá la lista de dirigentes que asistirán a la reunión con el Ministro de economía y Finanzas Públicas
domingo, 23 de junio de 2013
Comité guiará desarme voluntario antes de aplicar la Ley de Armas
El Comité Nacional Contra el Tráfico de Armas de Fuego Ilícitas (Conctafi), compuesto por tres autoridades, planificará el desarme voluntario de las personas que tengan bajo su responsabilidad armamentos y municiones, con el beneficio de sufrir sanciones si en el plazo de 180 días se acogen a la amnistía.
El proyecto de Ley, en consideración de la Comisión de Seguridad de Diputados, señala que el comité estará integrado por los ministros de Defensa y Gobierno o sus representantes y del Fiscal General del Estado o su delegado, que asumirá también la responsabilidad de concientizar a la sociedad civil sobre los riesgos de la violencia armada.
El propósito es recoger armas sin registro para su destrucción, al igual que las municiones y explosivos. Sin embargo, sus atribuciones también apuntan a diseñar y fiscalizar programas necesarios para enfrentar de manera integral la lucha contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones y explosivos.
Las reparticiones del Estado coordinarán campañas de comunicación, información, sensibilización y educación pública, en materia de tráfico ilícito de armas de fuego, municiones y explosivos, no solamente en territorio nacional sino a nivel fronterizo con el correspondiente intercambio de información.
En tanto se conforme ese comité, la ley en un artículo transitorio ordena al Ministerio de Gobierno elaborará el Plan Nacional de Desarme Voluntario Anónimo, instituyendo mecanismos de incentivo a las personas que se acojan voluntariamente a este Plan.
Por su lado, Conctafi elaborará los planes de desarme activo para las armas de uso militar, policial y civil en un plazo de treinta días de concluido el desarme voluntario, supervisará y controlará su ejecución y en el plazo de 180 días, el Ministerio de Defensa implementará el Registro General de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos (Regafme).
Otra disposición transitoria señala que en tanto se implemente la base de datos de Regafme, la Policía Boliviana, a través del Ministerio de Gobierno, remitirá trimestralmente el registro de las armas, municiones y explosivos de uso policial y civil, de manera actualizada y conforme los datos exigidos por el Ministerio de Defensa.
El proyecto de Ley, en consideración de la Comisión de Seguridad de Diputados, señala que el comité estará integrado por los ministros de Defensa y Gobierno o sus representantes y del Fiscal General del Estado o su delegado, que asumirá también la responsabilidad de concientizar a la sociedad civil sobre los riesgos de la violencia armada.
El propósito es recoger armas sin registro para su destrucción, al igual que las municiones y explosivos. Sin embargo, sus atribuciones también apuntan a diseñar y fiscalizar programas necesarios para enfrentar de manera integral la lucha contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones y explosivos.
Las reparticiones del Estado coordinarán campañas de comunicación, información, sensibilización y educación pública, en materia de tráfico ilícito de armas de fuego, municiones y explosivos, no solamente en territorio nacional sino a nivel fronterizo con el correspondiente intercambio de información.
En tanto se conforme ese comité, la ley en un artículo transitorio ordena al Ministerio de Gobierno elaborará el Plan Nacional de Desarme Voluntario Anónimo, instituyendo mecanismos de incentivo a las personas que se acojan voluntariamente a este Plan.
Por su lado, Conctafi elaborará los planes de desarme activo para las armas de uso militar, policial y civil en un plazo de treinta días de concluido el desarme voluntario, supervisará y controlará su ejecución y en el plazo de 180 días, el Ministerio de Defensa implementará el Registro General de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos (Regafme).
Otra disposición transitoria señala que en tanto se implemente la base de datos de Regafme, la Policía Boliviana, a través del Ministerio de Gobierno, remitirá trimestralmente el registro de las armas, municiones y explosivos de uso policial y civil, de manera actualizada y conforme los datos exigidos por el Ministerio de Defensa.
sábado, 22 de junio de 2013
La Ley de Abogacía prohíbe realizar actividades políticas
El proyecto de ley de la Abogacía, que ingresó al debate legislativo el pasado miércoles, establece que los representantes del Colegio Nacional y los Colegios Departamentales de Abogados no pueden realizar actividades político-partidarias.
El documento, al que accedió la ANF, tiene el objetivo de regular el ejercicio de esta profesión y el registro de abogados a nivel nacional. El proyecto fue aprobado en grande la noche del pasado miércoles en la Cámara de Senadores.
En su artículo 16 que se refiere a los preceptos de la organización de los Colegios de Abogados, en su parágrafo III, el proyecto de ley define que: “Los miembros de los Directorios, en representación del Colegio Nacional o de los Colegios Departamentales de Abogadas y Abogados no podrán realizar actividades político-partidarias o religiosas, siendo pasibles a sanción por infracción gravísima a la ética”. Se prevé su sansión hasta este lunes.
El documento, al que accedió la ANF, tiene el objetivo de regular el ejercicio de esta profesión y el registro de abogados a nivel nacional. El proyecto fue aprobado en grande la noche del pasado miércoles en la Cámara de Senadores.
En su artículo 16 que se refiere a los preceptos de la organización de los Colegios de Abogados, en su parágrafo III, el proyecto de ley define que: “Los miembros de los Directorios, en representación del Colegio Nacional o de los Colegios Departamentales de Abogadas y Abogados no podrán realizar actividades político-partidarias o religiosas, siendo pasibles a sanción por infracción gravísima a la ética”. Se prevé su sansión hasta este lunes.
viernes, 21 de junio de 2013
Leyes cortas para la minería
"Hecha la ley, hecha la trampa" es una referencia al refrán popular apropiado a las circunstancias que se dan actualmente en materia minera y que mencionó el dirigente ejecutivo de la Federación de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin), Alejandro Santos, y que a su vez utiliza el exministro de Minería, Carlos Barragán, para ilustrar un interesante comentario sobre la validez de lo que denomina "leyes cortas" a las que en mayo pasado promulgó el Gobierno, una para frenar los avasallamientos (de propiedades mineras) y la otra para regular la vigencia de las concesiones mineras (que deben migrar a contratos).
Las leyes han sido dictadas, su promulgación se dio en acto especial y su vigencia parte de la publicación de las mismas en la Gaceta Oficial, pero por la apreciación profesional del Ing. Barragán esas "cortas" leyes mineras necesitan con urgencia una adecuada reglamentación que complementará algunas dudas que surgen cuando se trata el tema de avasallamientos, que tiene diferentes connotaciones dependiendo del sector que las aproveche. En el caso de la minería privada, la medida es para aplaudirla, pues ya era tiempo de que se frenen los arbitrarios asaltos a la propiedad privada; en cambio el mismo tema en la visión del sector cooperativista varía en su aplicación cuando involucra al sector con miles de asociados que tienen la preocupación fundamental de que se frene en seco la invasión de los comunarios (originarios) a las áreas que se otorgaron a las entidades "solidarias".
LAS LEYES CORTAS
A propósito del tema, hay otra marcada posición que corresponde al sector de los mineros asalariados que observan con mucha duda la efectividad de las "leyes cortas", pues siendo el blanco de algunas ocupaciones no precisamente en las empresas estatales, pero sí en medianas del sector privado, algunas que hasta la fecha no han sido restituidas a sus legítimos representantes y por tanto hay muchos mineros y sus familiares perjudicados que ahora reclaman y con todo derecho la restitución de sus fuentes laborales, algunas en manos no sólo de comunarios agrarios sino también de cooperativistas.
Una de estas leyes -entre líneas- señala que sea "la Autoridad General Jurisdiccional Administrativa Minera" que se haga cargo transitoriamente de la firma de contratos mineros, situación que vista por los subsectores mineros no es otra cosa que una respuesta favorable al pedido de los cooperativistas que desean ampliar sus áreas de explotación.
El hecho se afirma en parte con el anuncio presidencial a principios de mes confirmando la entrega de una mitad de las reservas de (colas) arenas de Catavi, en las que se asegura la existencia de un buen porcentaje de estaño que por supuesto deberá ser procesado a través de tecnología especial pues de lo contrario sería una labor increíblemente pesada para los adjudicatarios que pertenecen a 22 cooperativas de Potosí.
Se establece que las reservas de Catavi (desmontes) están en más de 18 millones de toneladas, con un contenido aproximado de 0,3 % de concentrados de baja ley de estaño. En la primera operación los cooperativistas se harán cargo del tratamiento de 9 millones de toneladas y aunque se dice que Comibol ya tenía elaborado un Estudio Técnico, Económico, Social y Ambiental (TESA) que podría ser aplicado en la otra mitad de los desmontes de Catavi, los cooperativistas deben presentar también su TESA para justificar técnicamente la operación en Catavi, sin embargo, ya lo anticipó el propio Presidente Morales que si la Comibol no puede trabajar en la otra mitad, la misma se entregará también a los cooperativistas y… como van las cosas, tal parece que eso sucederá más adelante.
Este proceso simple confirma la utilidad de las "leyes cortas", en tanto sea aprobada la nueva Ley de Minería en la que seguramente se está incorporando la reglamentación que falta a las vigentes en la actualidad. El sector favorecido es el de los cooperativistas, con plácemes de su dirigente quien reconoció los beneficios para su sector, cuando señaló eso de que "hecha la ley, hecha la trampa".
En materia de inversión, de acuerdo al perfil de la Comibol y englobando el tratamiento de los 18 millones de toneladas, debía invertir 30 millones de dólares, específicamente para la construcción y habilitación de un moderno ingenio y el correspondiente dique de colas, implementación técnica obligada como señalamos líneas arriba para que marche este proyecto del tratamiento de los deshechos mineros de la que fue la portentosa mina de Catavi
OPOSICIÓN
A propósito del tema, si bien se ha conocido el beneplácito del sector de las cooperativas mineras, hay que mencionar que en el sector de los mineros asalariados y especialmente en la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb), se lamenta la decisión gubernamental, arguyendo que –como sucede al presente– los cooperativistas mineros no "retribuirán al Estado con los impuestos de ley", se supone también con regalías, por tanto según el dirigente de la federación de mineros Joaquín Mamani la Comibol debería disponer los yacimientos y las reservas de minerales a favor de los mineros asalariados, creando fuentes de empleo formales y no eventuales o informales como las que corresponden al sector cooperativo.
INVERSIÓN
Todo emprendimiento minero requiere de fuerte inversión más aún si como en el caso de los residuos de minerales de Catavi, se hace necesaria maquinaria para el movimiento de esos residuos, pero además la instalación de un dique y un ingenio en el que se procesará las arenas metalizadas para obtener un ideal porcentaje de mineral estannífero para su comercialización. Por la proyección de los técnicos de Comibol desarrollar ese proyecto le hubiese representado una erogación de 30 millones de dólares para los 18 millones de toneladas, como la entrega a las cooperativas se trata sólo de un 50 % de las reservas se supone que el gasto también será la mitad, unos 15 millones de dólares, que no se sabe quién invertirá. En todo caso por versión del dirigente de la Federación de Cooperativistas del Norte de Potosí, Artemio Mamani, la Gobernación de Potosí está en disposición de aportar una "contraparte" de 461.000 bolivianos, no dólares para aclarar el panorama y con destino al dique de colas.
Se trata de un contrato en calidad de arriendo, lo que implica que los "inquilinos" deben pagar por el uso de la concesión y además invertir en la misma, de otro modo se trataría de un contrato híbrido cuya condición legal no se encuentra en la modalidad de los nuevos contratos.
Las leyes han sido dictadas, su promulgación se dio en acto especial y su vigencia parte de la publicación de las mismas en la Gaceta Oficial, pero por la apreciación profesional del Ing. Barragán esas "cortas" leyes mineras necesitan con urgencia una adecuada reglamentación que complementará algunas dudas que surgen cuando se trata el tema de avasallamientos, que tiene diferentes connotaciones dependiendo del sector que las aproveche. En el caso de la minería privada, la medida es para aplaudirla, pues ya era tiempo de que se frenen los arbitrarios asaltos a la propiedad privada; en cambio el mismo tema en la visión del sector cooperativista varía en su aplicación cuando involucra al sector con miles de asociados que tienen la preocupación fundamental de que se frene en seco la invasión de los comunarios (originarios) a las áreas que se otorgaron a las entidades "solidarias".
LAS LEYES CORTAS
A propósito del tema, hay otra marcada posición que corresponde al sector de los mineros asalariados que observan con mucha duda la efectividad de las "leyes cortas", pues siendo el blanco de algunas ocupaciones no precisamente en las empresas estatales, pero sí en medianas del sector privado, algunas que hasta la fecha no han sido restituidas a sus legítimos representantes y por tanto hay muchos mineros y sus familiares perjudicados que ahora reclaman y con todo derecho la restitución de sus fuentes laborales, algunas en manos no sólo de comunarios agrarios sino también de cooperativistas.
Una de estas leyes -entre líneas- señala que sea "la Autoridad General Jurisdiccional Administrativa Minera" que se haga cargo transitoriamente de la firma de contratos mineros, situación que vista por los subsectores mineros no es otra cosa que una respuesta favorable al pedido de los cooperativistas que desean ampliar sus áreas de explotación.
El hecho se afirma en parte con el anuncio presidencial a principios de mes confirmando la entrega de una mitad de las reservas de (colas) arenas de Catavi, en las que se asegura la existencia de un buen porcentaje de estaño que por supuesto deberá ser procesado a través de tecnología especial pues de lo contrario sería una labor increíblemente pesada para los adjudicatarios que pertenecen a 22 cooperativas de Potosí.
Se establece que las reservas de Catavi (desmontes) están en más de 18 millones de toneladas, con un contenido aproximado de 0,3 % de concentrados de baja ley de estaño. En la primera operación los cooperativistas se harán cargo del tratamiento de 9 millones de toneladas y aunque se dice que Comibol ya tenía elaborado un Estudio Técnico, Económico, Social y Ambiental (TESA) que podría ser aplicado en la otra mitad de los desmontes de Catavi, los cooperativistas deben presentar también su TESA para justificar técnicamente la operación en Catavi, sin embargo, ya lo anticipó el propio Presidente Morales que si la Comibol no puede trabajar en la otra mitad, la misma se entregará también a los cooperativistas y… como van las cosas, tal parece que eso sucederá más adelante.
Este proceso simple confirma la utilidad de las "leyes cortas", en tanto sea aprobada la nueva Ley de Minería en la que seguramente se está incorporando la reglamentación que falta a las vigentes en la actualidad. El sector favorecido es el de los cooperativistas, con plácemes de su dirigente quien reconoció los beneficios para su sector, cuando señaló eso de que "hecha la ley, hecha la trampa".
En materia de inversión, de acuerdo al perfil de la Comibol y englobando el tratamiento de los 18 millones de toneladas, debía invertir 30 millones de dólares, específicamente para la construcción y habilitación de un moderno ingenio y el correspondiente dique de colas, implementación técnica obligada como señalamos líneas arriba para que marche este proyecto del tratamiento de los deshechos mineros de la que fue la portentosa mina de Catavi
OPOSICIÓN
A propósito del tema, si bien se ha conocido el beneplácito del sector de las cooperativas mineras, hay que mencionar que en el sector de los mineros asalariados y especialmente en la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb), se lamenta la decisión gubernamental, arguyendo que –como sucede al presente– los cooperativistas mineros no "retribuirán al Estado con los impuestos de ley", se supone también con regalías, por tanto según el dirigente de la federación de mineros Joaquín Mamani la Comibol debería disponer los yacimientos y las reservas de minerales a favor de los mineros asalariados, creando fuentes de empleo formales y no eventuales o informales como las que corresponden al sector cooperativo.
INVERSIÓN
Todo emprendimiento minero requiere de fuerte inversión más aún si como en el caso de los residuos de minerales de Catavi, se hace necesaria maquinaria para el movimiento de esos residuos, pero además la instalación de un dique y un ingenio en el que se procesará las arenas metalizadas para obtener un ideal porcentaje de mineral estannífero para su comercialización. Por la proyección de los técnicos de Comibol desarrollar ese proyecto le hubiese representado una erogación de 30 millones de dólares para los 18 millones de toneladas, como la entrega a las cooperativas se trata sólo de un 50 % de las reservas se supone que el gasto también será la mitad, unos 15 millones de dólares, que no se sabe quién invertirá. En todo caso por versión del dirigente de la Federación de Cooperativistas del Norte de Potosí, Artemio Mamani, la Gobernación de Potosí está en disposición de aportar una "contraparte" de 461.000 bolivianos, no dólares para aclarar el panorama y con destino al dique de colas.
Se trata de un contrato en calidad de arriendo, lo que implica que los "inquilinos" deben pagar por el uso de la concesión y además invertir en la misma, de otro modo se trataría de un contrato híbrido cuya condición legal no se encuentra en la modalidad de los nuevos contratos.
El Alto ya cuenta con Ley de Control Social
La Ley Municipal de Participación y Control Social tiene el fin de verificar la buena ejecución de las obras con el dinero del pueblo.
La norma tiene 24 artículos, dos disposiciones finales y dos transitorias.
El alcalde Édgar Patana promulgó el miércoles la Ley Municipal de Participación y Control Social, que permitirá a la población realizar una fiscalización directa a las obras municipales, informó la unidad de comunicación de esa instancia.
“Esta Ley de Control Social ayudará bastante para efectuar un control efectivo, no sólo de las obras de las subalcaldías, sino también obras distritales, obras en unidades educativas, proyectos de impacto que deben estar bien construidos”, indicó Patana en el acto.
Según el burgomaestre de la urbe alteña, la norma surgió de las bases ciudadanas representadas por los dirigentes y presidentes de las juntas vecinales, con quienes se debatió, luego se socializó y se consensuó su aprobación y promulgación.
La norma municipal tiene por objeto regular en la jurisdicción del municipio de El Alto la implementación, funcionamiento y ejercicio de la participación y control social en el manejo de los recursos públicos, obras y otros temas que están contenidos en los 24 artículos, dos disposiciones finales y dos disposiciones transitorias.
En la elaboración de la norma participaron la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, las organizaciones de las cuatro comunidades rurales, la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) y otros movimientos sociales de la urbe alteña.
Eliminarán control de la Ley SAFCO en empresas públicas
Las empresas públicas no estarán bajo el control de la Ley de Administración y Control Gubernamentales (Ley SAFCO), según el proyecto de Ley de Empresas Públicas.
“Las empresas públicas quedan excluidas de la aplicación de la Ley 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales, así como de los sistemas que regula”, dispone el numeral II del artículo 7 del mencionado proyecto de ley.
Además, en el numeral III precisa que las compañías estatales estarán sujetas a las normas de regulación del sector -minería, hidrocarburos, etcétera- al que pertenecen.
La Ley SAFCO regula los sistemas de administración y de control de los recursos del Estado y su relación con los sistemas nacionales de planificación e inversión pública para programar, ejecutar y controlar el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos destinados al cumplimiento de las políticas, programas, prestación de servicios y proyectos del Estado.
También señala que las empresas deben disponer de información “útil, oportuna y confiable, asegurando la razonabilidad de sus informes y estados financieros”.
Demanda que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plena responsabilidad por sus actos y rinda cuentas no sólo de los objetivos a los que se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados, sino también de la forma y resultado de su aplicación, expresa otro parágrafo del artículo 1 de la Ley SAFCO.
Opinan los especialistas
Los analistas Alberto Bonadona, Iván Árias y Armando Álvarez coincidieron en señalar que si se suprime el control sobre las empresas estatales, mediante la Ley 1178 o SAFCO, es como otorgarles una carta blanca que generará corrupción en el manejo de cada una de ellas.
“Antes se lo hacía con el control previo, en el que había algunos ‘arreglos’ que daban paso a la corrupción. Ahora hay que ver qué entidad controlará a estas empresas: puede que sean las autoridades sectoriales, pero éstas se convirtieron en apéndices de los ministerios y, en consecuencia, no veo que se lleve una labor reguladora y de efectivo control”, afirmó Bonadona.
Arias cuestionó que aunque el proyecto normativo establece que las estatales deben tener sus propios procedimientos, “muy rara vez se cumplen y los resultados serán los mismos de Papelbol, que ahora está en juicio por corrupción. Se abrirá la puerta a la ilegalidad”.
“La Ley SAFCO impone algunas restricciones y seguramente se busca dinamizar las actividades de las empresas. La Ley SAFCO impone una mejor gestión y es por eso que se está excluyendo a las empresas del cumplimiento de esta norma”, afirmó el especialista Álvarez.
Sin embargo, las compañías públicas deben ser fiscalizadas y supervisadas “con el fin de que se asegure en alguna instancia que los recursos invertidos se administren adecuadamente y de forma transparente”, agregó.
La Ley SAFCO fue elaborada tras largos años de estudios sobre la gestión pública.
Con la Ley SAFCO las empresas deben disponer de información útil y confiable. Tienen que asegurar la razonabilidad de sus estados financieros.
Ley 1178
Los preceptos del nuevo proyecto de ley
Contenido El proyecto de Ley de Empresas Públicas está conformado por 67 artículos, 12 disposiciones adicionales, 11 disposiciones transitorias, 13 disposiciones finales, además de disposiciones abrogatorias y derogatorias, y un anexo con un glosario.
Tratamiento El proyecto que fue remitido por el Ministerio de Planificación el jueves 13 a la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados entrará en tratamiento en dos semanas.
Estatal Empresa Estatal (EE) es aquella que tiene un patrimonio del 100% del nivel central del Estado, señala el texto.
“Las empresas públicas quedan excluidas de la aplicación de la Ley 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales, así como de los sistemas que regula”, dispone el numeral II del artículo 7 del mencionado proyecto de ley.
Además, en el numeral III precisa que las compañías estatales estarán sujetas a las normas de regulación del sector -minería, hidrocarburos, etcétera- al que pertenecen.
La Ley SAFCO regula los sistemas de administración y de control de los recursos del Estado y su relación con los sistemas nacionales de planificación e inversión pública para programar, ejecutar y controlar el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos destinados al cumplimiento de las políticas, programas, prestación de servicios y proyectos del Estado.
También señala que las empresas deben disponer de información “útil, oportuna y confiable, asegurando la razonabilidad de sus informes y estados financieros”.
Demanda que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plena responsabilidad por sus actos y rinda cuentas no sólo de los objetivos a los que se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados, sino también de la forma y resultado de su aplicación, expresa otro parágrafo del artículo 1 de la Ley SAFCO.
Opinan los especialistas
Los analistas Alberto Bonadona, Iván Árias y Armando Álvarez coincidieron en señalar que si se suprime el control sobre las empresas estatales, mediante la Ley 1178 o SAFCO, es como otorgarles una carta blanca que generará corrupción en el manejo de cada una de ellas.
“Antes se lo hacía con el control previo, en el que había algunos ‘arreglos’ que daban paso a la corrupción. Ahora hay que ver qué entidad controlará a estas empresas: puede que sean las autoridades sectoriales, pero éstas se convirtieron en apéndices de los ministerios y, en consecuencia, no veo que se lleve una labor reguladora y de efectivo control”, afirmó Bonadona.
Arias cuestionó que aunque el proyecto normativo establece que las estatales deben tener sus propios procedimientos, “muy rara vez se cumplen y los resultados serán los mismos de Papelbol, que ahora está en juicio por corrupción. Se abrirá la puerta a la ilegalidad”.
“La Ley SAFCO impone algunas restricciones y seguramente se busca dinamizar las actividades de las empresas. La Ley SAFCO impone una mejor gestión y es por eso que se está excluyendo a las empresas del cumplimiento de esta norma”, afirmó el especialista Álvarez.
Sin embargo, las compañías públicas deben ser fiscalizadas y supervisadas “con el fin de que se asegure en alguna instancia que los recursos invertidos se administren adecuadamente y de forma transparente”, agregó.
La Ley SAFCO fue elaborada tras largos años de estudios sobre la gestión pública.
Con la Ley SAFCO las empresas deben disponer de información útil y confiable. Tienen que asegurar la razonabilidad de sus estados financieros.
Ley 1178
Los preceptos del nuevo proyecto de ley
Contenido El proyecto de Ley de Empresas Públicas está conformado por 67 artículos, 12 disposiciones adicionales, 11 disposiciones transitorias, 13 disposiciones finales, además de disposiciones abrogatorias y derogatorias, y un anexo con un glosario.
Tratamiento El proyecto que fue remitido por el Ministerio de Planificación el jueves 13 a la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados entrará en tratamiento en dos semanas.
Estatal Empresa Estatal (EE) es aquella que tiene un patrimonio del 100% del nivel central del Estado, señala el texto.
jueves, 20 de junio de 2013
Senado aprueba en grande proyecto de Ley de la Abogacía
El pleno de la Cámara de Senadores aprobó en su estación en grande el proyecto de Ley de la Abogacía, luego de que fuera consensuado en su integridad con el Colegio Nacional de Abogados.
La presidenta de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara Alta, Sandra Soriano (MAS) señaló que este proyecto de ley tiene el objetivo de regular el ejercicio de esta profesión y el registro de abogados a nivel nacional.
"La ley tiene tres objetivos: el registro, el control y la determinación de protección tanto del servicio del profesional abogado como de la sociedad, esos son los tres pilares fundamentales en los que se desarrolla este proyecto de ley", informó la Senadora a la ANF.
El proyecto ingresó al debate legislativo luego de que se llegara a un acuerdo con el Colegio Nacional de Abogados, que observó, inicialmente, el registro y el control del ejercicio profesional a cargo del Ministerio de Justicia.
No obstante, el proyecto de ley define que el registro, efectivamente, lo debe realizar el Ministerio de Justicia, mientras que el control del ejercicio profesional lo llevarán adelante ambas instituciones, ya que el jurista será quien decida si es esta cartera de Estado o el Colegio de Abogados el que lo regula.
El proyecto de ley establece faltas leves, graves y gravísimas que se pueden cometer en el ejercicio de la abogacía, pero para ninguna de éstas se define una sanción que supere los dos años de suspensión.
El documento consta de 56 artículos, cuatro disposiciones transitorias, tres disposiciones finales y una atribución abrogatoria.
La presidenta de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara Alta, Sandra Soriano (MAS) señaló que este proyecto de ley tiene el objetivo de regular el ejercicio de esta profesión y el registro de abogados a nivel nacional.
"La ley tiene tres objetivos: el registro, el control y la determinación de protección tanto del servicio del profesional abogado como de la sociedad, esos son los tres pilares fundamentales en los que se desarrolla este proyecto de ley", informó la Senadora a la ANF.
El proyecto ingresó al debate legislativo luego de que se llegara a un acuerdo con el Colegio Nacional de Abogados, que observó, inicialmente, el registro y el control del ejercicio profesional a cargo del Ministerio de Justicia.
No obstante, el proyecto de ley define que el registro, efectivamente, lo debe realizar el Ministerio de Justicia, mientras que el control del ejercicio profesional lo llevarán adelante ambas instituciones, ya que el jurista será quien decida si es esta cartera de Estado o el Colegio de Abogados el que lo regula.
El proyecto de ley establece faltas leves, graves y gravísimas que se pueden cometer en el ejercicio de la abogacía, pero para ninguna de éstas se define una sanción que supere los dos años de suspensión.
El documento consta de 56 artículos, cuatro disposiciones transitorias, tres disposiciones finales y una atribución abrogatoria.
Cámara de Senadores aprobó proyecto de ley de Abogacía
“La ley garantiza justicia en la relación entre patrocinados y abogados, la búsqueda de la justicia tiene que estar por delante para todos los bolivianos y mucho más para los abogados, esta Ley y otras que ya fueron aprobadas en la Asamblea, busca garantizarla”, manifestó.
Explicó que esa norma es el resultado del trabajo consensuado mediante el diálogo con el sector involucrado, la Asamblea Legislativa y el Ministerio de Justicia.
Asimismo, aclaró que el Colegio Nacional de Abogados y los nueve colegios departamentales participaron en la construcción de la norma durante 'casi tres semanas de reuniones e intercambio de opiniones' donde sus propuestas fueron escuchadas.
Montaño explicó que ese proyecto de ley expresa equilibrio en el tema de libre asociación de los abogados, estos profesionales tomarán la decisión de colegiarse o no al Colegio de Abogados, pero el control del ejercicio de la profesión se realizará a través de esta instancia o el Ministerio de Justicia.
Según una nota de su despacho, después de la promulgación de la norma, el Ministerio de Justicia reglamentará el registro y matriculación, definirá aranceles regionalizados por departamento, porque 'no es lo mismo el costo de vida en Pando que en Cochabamba o La Paz', señaló Montaño a manera de ejemplo.
Actualmente, el ejercicio profesional del abogado está regulado por el Decreto Ley 16793 de 19 de julio de 1979, denominada Ley de Abogacía, que establece la obligatoriedad de matriculación en los Colegios de Abogados.
ABI
Explicó que esa norma es el resultado del trabajo consensuado mediante el diálogo con el sector involucrado, la Asamblea Legislativa y el Ministerio de Justicia.
Asimismo, aclaró que el Colegio Nacional de Abogados y los nueve colegios departamentales participaron en la construcción de la norma durante 'casi tres semanas de reuniones e intercambio de opiniones' donde sus propuestas fueron escuchadas.
Montaño explicó que ese proyecto de ley expresa equilibrio en el tema de libre asociación de los abogados, estos profesionales tomarán la decisión de colegiarse o no al Colegio de Abogados, pero el control del ejercicio de la profesión se realizará a través de esta instancia o el Ministerio de Justicia.
Según una nota de su despacho, después de la promulgación de la norma, el Ministerio de Justicia reglamentará el registro y matriculación, definirá aranceles regionalizados por departamento, porque 'no es lo mismo el costo de vida en Pando que en Cochabamba o La Paz', señaló Montaño a manera de ejemplo.
Actualmente, el ejercicio profesional del abogado está regulado por el Decreto Ley 16793 de 19 de julio de 1979, denominada Ley de Abogacía, que establece la obligatoriedad de matriculación en los Colegios de Abogados.
ABI
Montaño explica sanciones dentro la Ley del Notariado
La presidenta de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño, informó que el proyecto de la Ley del Notariado establece sanciones para las faltas de ética leves, graves y gravísimas que cometan los abogados en el ejercicio de su profesión.
'Hay tres tipos de infracción según la ley, la infracción grave, leve y gravísima, cada una de estas faltas tienen sanciones, desde una llamada de atención hasta la suspensión temporal de uno a dos años y multas', explicó en una entrevista con la Red Patria Nueva.
Detalló que entre las faltas leves están, por ejemplo, ofrecer servicios de manera engañosa a las personas y su sanción va desde una llamada de atención a una multa.
Asimismo, dijo que las faltas graves tienen que ver con no informar, por ejemplo, al patrocinado que ese abogado tienen alguna relación de parentesco con algún juez que va a tomar decisiones o del abogado de la parte contraria, ‘no informar de eso puede significar que se actúe de manera inadecuada’, y sus sanciones pasan por la suspensión temporal de uno a dos meses y multa, señaló.
Entre las faltas gravísimas mencionó el asesorar o patrocinar intereses opuestos dentro de la misma causa, es decir, que el abogado que contrata una de las partes también esté presionando, sin que lo sepa, a la contraparte; y sus sanciones son la suspensión temporal de uno a dos años, sin ejercer la profesión y una multa de seis salarios mínimos.
Montaño aclaró que esas sanciones no corresponden a delitos, ‘los delitos son otro tema, ya sea por la vía penal o civil pueden ser procesados’, complementó.
Explicó que las sanciones para los abogados serán administradas por dos tipos de tribunales, uno del Colegio de Abogados, para los juristas que estén inscritos en esa institución, y el segundo del Ministerio de Justicia, para los abogados que no están colegiados.
'Hay tres tipos de infracción según la ley, la infracción grave, leve y gravísima, cada una de estas faltas tienen sanciones, desde una llamada de atención hasta la suspensión temporal de uno a dos años y multas', explicó en una entrevista con la Red Patria Nueva.
Detalló que entre las faltas leves están, por ejemplo, ofrecer servicios de manera engañosa a las personas y su sanción va desde una llamada de atención a una multa.
Asimismo, dijo que las faltas graves tienen que ver con no informar, por ejemplo, al patrocinado que ese abogado tienen alguna relación de parentesco con algún juez que va a tomar decisiones o del abogado de la parte contraria, ‘no informar de eso puede significar que se actúe de manera inadecuada’, y sus sanciones pasan por la suspensión temporal de uno a dos meses y multa, señaló.
Entre las faltas gravísimas mencionó el asesorar o patrocinar intereses opuestos dentro de la misma causa, es decir, que el abogado que contrata una de las partes también esté presionando, sin que lo sepa, a la contraparte; y sus sanciones son la suspensión temporal de uno a dos años, sin ejercer la profesión y una multa de seis salarios mínimos.
Montaño aclaró que esas sanciones no corresponden a delitos, ‘los delitos son otro tema, ya sea por la vía penal o civil pueden ser procesados’, complementó.
Explicó que las sanciones para los abogados serán administradas por dos tipos de tribunales, uno del Colegio de Abogados, para los juristas que estén inscritos en esa institución, y el segundo del Ministerio de Justicia, para los abogados que no están colegiados.
miércoles, 19 de junio de 2013
Ley del Seguro para Periodistas: Investigan a diputado Subirana por supuesto tráfico de influencias
El presidente de la comisión de Ética de la Cámara de Diputados, Evaristo Peñaloza (MAS), dio a conocer que se admitió una denuncia contra el legislador Carlos Subirana (CN), por un supuesto tráfico de influencias que habría cometido al presentar una acción de inconstitucionalidad abstracta en contra de la Ley del Seguro de Vida para los Trabajadores de la Prensa.
"Hemos aceptado la denuncia en contra del diputado Carlos Subirana, un supuesto tráfico de influencias, entonces ya se lo está notificando para que pueda presentarse dentro de diez días", informó el legislador. Según su explicación, la denuncia hace referencia a que el diputado de oposición presentó esta acción ante el Tribunal Constitucional, con el fin de beneficiar a su padre Carlos Subirana, propietario y director del periódico La Estrella del Oriente de Santa Cruz.
"Todo eso se tiene que probar si es o no es verdad, entonces desvirtuará este diputado en el término de prueba", acotó Peñaloza. Al respecto, el diputado Subirana mencionó que la presentación de este recurso no responde a intereses particulares o familiares, sino que tiene el objetivo de reguardar los derechos de los medios de comunicación, que están siendo "vulnerados" cuando, con esta ley, se pretende "confiscar el uno por ciento de los ingresos brutos, sobre otro impuesto que ya está establecido", es decir, una especie de doble tributación.
"Mi padre en realidad en la Estrella del Oriente los tiene asegurados a sus periodistas mucho antes de que salga la ley, los tiene con seguro de vida y contra accidentes, es más no sólo a periodistas y a quienes trabajan en el periódico, sino a los voceadores que se les paga con mucho menos del uno por ciento anual o mensual de los ingresos brutos", informó Subirana a la ANF, a tiempo de indicar que esta denuncia lo tiene sin cuidado.
Dijo que la presentación de esta acción debería ser considerada como una "consulta" para que el Tribunal Constitucional dictamine si se vulneran los derechos "generales" de los medios de comunicación con esta ley y que si se lo procesa a él en la comisión de Ética, debería suceder lo mismo con el vicepresidente Álvaro García, que envió en consulta al Tribunal Constitucional una ley que definía su reelección, haciendo referencia a la norma de Aplicación Normativa.
La Ley del Seguro Privado de Vida e Invalidez Permanente por Accidentes, Enfermedades en General u otras Causas para las Trabajadoras y los Trabajadores de la Prensa de Bolivia crea un fondo de financiamiento para su aplicación, el cual debe ser constituido por el uno por ciento (1%) de los ingresos brutos generados por los medios de comunicación escritos, radiales, televisivos y digitales, ya sean privados o públicos.
"Hemos aceptado la denuncia en contra del diputado Carlos Subirana, un supuesto tráfico de influencias, entonces ya se lo está notificando para que pueda presentarse dentro de diez días", informó el legislador. Según su explicación, la denuncia hace referencia a que el diputado de oposición presentó esta acción ante el Tribunal Constitucional, con el fin de beneficiar a su padre Carlos Subirana, propietario y director del periódico La Estrella del Oriente de Santa Cruz.
"Todo eso se tiene que probar si es o no es verdad, entonces desvirtuará este diputado en el término de prueba", acotó Peñaloza. Al respecto, el diputado Subirana mencionó que la presentación de este recurso no responde a intereses particulares o familiares, sino que tiene el objetivo de reguardar los derechos de los medios de comunicación, que están siendo "vulnerados" cuando, con esta ley, se pretende "confiscar el uno por ciento de los ingresos brutos, sobre otro impuesto que ya está establecido", es decir, una especie de doble tributación.
"Mi padre en realidad en la Estrella del Oriente los tiene asegurados a sus periodistas mucho antes de que salga la ley, los tiene con seguro de vida y contra accidentes, es más no sólo a periodistas y a quienes trabajan en el periódico, sino a los voceadores que se les paga con mucho menos del uno por ciento anual o mensual de los ingresos brutos", informó Subirana a la ANF, a tiempo de indicar que esta denuncia lo tiene sin cuidado.
Dijo que la presentación de esta acción debería ser considerada como una "consulta" para que el Tribunal Constitucional dictamine si se vulneran los derechos "generales" de los medios de comunicación con esta ley y que si se lo procesa a él en la comisión de Ética, debería suceder lo mismo con el vicepresidente Álvaro García, que envió en consulta al Tribunal Constitucional una ley que definía su reelección, haciendo referencia a la norma de Aplicación Normativa.
La Ley del Seguro Privado de Vida e Invalidez Permanente por Accidentes, Enfermedades en General u otras Causas para las Trabajadoras y los Trabajadores de la Prensa de Bolivia crea un fondo de financiamiento para su aplicación, el cual debe ser constituido por el uno por ciento (1%) de los ingresos brutos generados por los medios de comunicación escritos, radiales, televisivos y digitales, ya sean privados o públicos.
Diputados aprueba 116 artículos de ley financiera
La Cámara de Diputados aprobó anoche 116 artículos, en su estación en detalle, del proyecto de Ley de Servicios Financieros, que contempla 551 acápites. Hasta el momento son 180 los puntos analizados, pues el lunes fueron refrendados 64.
La sesión se inició ayer a las 16.30 y después de un acalorado debate se aprobaron 116 artículos más hasta las 23.20.
Según la convocatoria de la presidencia de la Cámara baja, la sesión se reanudará hoy a las 08.00. El objetivo es avanzar con la aprobación total a más tardar hasta el jueves. Entre los puntos que fueron confirmados se encuentran los destinados a la regulación de las tasas de interés de créditos bancarios, principalmente el de vivienda.
También, según el proyecto, la normativa tiene el objetivo de proteger a los ahorristas con políticas destinadas a evitar el cierre de un banco o, también, con la creación de unidades que tienen el fin de proteger al usuario. Las entidades financieras dieron su visto bueno a la ley, luego de reuniones con el Ejecutivo.
Ley de la Empresa Pública regulará las inversiones
El proyecto de Ley de la Empresa Pública dispone cuatro tipos de firmas estatales, de carácter estratégico o social. Dos de éstas tienen la finalidad de regular las inversiones en el país estructurando mecanismos atractivos para la unión de capitales públicos y privados.
El domingo, la ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro Hinojosa, informó que el proyecto de Ley de la Empresa Pública ya fue enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su tratamiento.
El texto, al que tuvo acceso La Razón, establece “el régimen de las empresas públicas del nivel central del Estado que comprende a: las empresas estatales, empresas estatales mixtas, empresas mixtas y empresas estatales intergubernamentales para que con eficiencia, eficacia y transparencia contribuyan al desarrollo económico y social del país transformando la matriz productiva y fortaleciendo la independencia y soberanía económica” del Estado boliviano. La norma señala que éstas podrán tener carácter estratégico o social, y varios tipos de gobernanzas, dependiendo de su estructura societaria.
Tipos. La empresa será estratégica cuando desarrolle su actividad económica en los rubros de hidrocarburos, minería, energía, transporte, telecomunicaciones y otros con el fin de producir excedentes económicos para potenciar el desarrollo económico productivo y financiar la atención de políticas sociales.
Esas actividades serán identificadas por el Consejo Superior Estratégico de las Empresas Públicas (Coseep) que tiene el objeto de contribuir a la gestión de las firmas públicas para consolidar sus objetivos estratégicos y fines económicos. Es la máxima instancia de definición de políticas, estrategias y lineamientos generales para la gestión empresarial pública y está conformada por el Presidente, Vicepresidente y los ministros de la Presidencia, de Planificación del Desarrollo y de Economía.
Las estatales serán sociales cuando tengan la capacidad de generar rentabilidad social contribuyendo al crecimiento económico, creando empleos, prestando servicios, cubriendo demandas insatisfechas e interviniendo en el mercado para evitar distorsiones de éste. “Se da un alto énfasis a la producción con el fin de romper el patrón primario exportador”.
La exposición de motivos del proyecto de ley establece que “la intervención del Estado en la economía es una de las características del nuevo modelo. Así, el fortalecimiento y la creación de empresas públicas se constituyen en el motor de la nueva arquitectura económica”. El 1 de diciembre de 2011, el vicepresidente Álvaro García puso en claro que las empresas estatales “no son fuente de empleo masivo”, sino de generación de recursos para el país.
“Las empresas del Estado no tienen por función generar empleos, tienen por función generar recursos para el Estado, que luego se distribuyen a la población boliviana a través de bonos, rentas, inversiones, hospitales, escuelas”, manifestó. García dijo que las pequeñas empresas estatales generan recursos estratégicos y fomentan la producción local en distintos municipios del país.
En la exposición de motivos, además, se añade que la normativa está orientada a responder las necesidades de “regulación de inversiones en el país” estructurando, mediante las empresas mixtas y empresas estatales mixtas, mecanismos atractivos para unir capitales públicos y privados destinados a la inversión.
El modelo económico del país
La norma señala que en el nuevo modelo económico que se instituye en el país el salto industrial se desarrolla bajo tres ejes: el primero apunta a programas de industrialización a gran escala; el segundo a impulsar proyectos industriales de pequeña y mediana envergadura; y el ultimo a la prestación de servicios.
Compañías corporativas
Las compañías YPFB, Entel, Comibol y ENDE se constituirán en empresas corporativas una vez que éstas adopten la tipología de la empresa que les corresponde. Así lo establece el proyecto de Ley de la Empresa Pública enviado a la Asamblea.
Las cuatro empresas estatales señaladas tendrán empresas filiales y empresas subsidiarias (ver infografía). Además desarrollarán sus funciones en el marco del régimen legal de las empresas públicas, dispuesto en la ley.
En la exposición de motivos del proyecto de ley se indica que “el Estado retoma con la nacionalización, el control de los recursos naturales de los sectores estratégicos como los hidrocarburos, minería, energía, así como telecomunicaciones, para beneficiar” al país en lugar de favorecer a las empresas transnacionales.
También señala que la norma regula la constitución y el desenvolvimiento de las firmas corporativas como una forma de organización empresarial que integra a varias empresas públicas de diferente tipología con el fin de lograr un objetivo común bajo el liderazgo de una empresa matriz que ejerce la dirección y el control de sus empresas filiales y subsidiarias.
En diciembre de 2011, el vicepresidente Álvaro García dijo que YPFB, Entel y Comibol generaron en estos años millonarios ingresos para el Estado y que las dos primeras destinan parte de sus ganancias al pago de la renta Dignidad.
La normativa permitirá eliminar trabas jurídicas
La exposición de motivos del proyecto de Ley de la Empresa Pública dice que es necesario aprobar la norma para que contribuya a su desarrollo y consolidación, ordene la escasa legislación vigente, permita nuevos institutos jurídicos de las empresas estatales y las libere de trabas jurídicas que impiden su desarrollo empresarial de modo ágil.
Estatales deberán formar una reserva legal del 5%
La norma ordena que las empresas públicas constituyan una reserva legal del 5% como mínimo de las utilidades líquidas y efectivas obtenidas, hasta alcanzar la mitad del capital pagado, destinada a cubrir eventuales pérdidas. En caso de que las pérdidas no sean cubiertas con la reserva legal, las utilidades no podrán ser distribuidas.
Estatales estarán sujetas a auditoría
Las empresas públicas cada año se sujetarán a una auditoría externa que deberá ser realizada por una firma legalmente constituida en el país. La Contraloría ejercerá control de administración sobre las compañías estatales.
Ley de Abogacía ingresará al Senado Aranceles diferenciados bajarán costos para contratar a abogados
La Ley del Ejercicio de la Abogacía ordenará al Ministerio de Justicia a establecer aranceles diferenciados en distintos departamentos para facilitar que la población pueda contratar los servicios legales, según sus posibilidades económicas. El Senado tiene un plazo fatal para aprobar la ley hasta el 9 de julio por sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional.
Según la norma, se eliminarán los actuales aranceles que impiden que gente de escasos de recursos pueda acudir a la justicia. Ese es el enfoque social del actual proyecto de ley que ingresará en las próximas horas al debate del Senado luego que la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, presidida por la senadora Sandra Soriano (MAS), cerrara un amplio consenso con las entidades colegiadas de abogados y el Ministerio de Justicia.
Además, de revalorizar el devaluado ejercicio de la abogacía, la ley ordena al Ministerio de Justicia establecer nuevos aranceles para los distintos servicios y que sean revisados cada dos años. En ese sentido, los aranceles de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba no serán los mismos que Oruro, Potosí y otras regiones con menor poder económico de sus habitantes.
Los actuales aranceles fueron fijados mediante decreto ley 16793 de julio de 1979, emitido por la Junta Militar encabezado por David Padilla Arancibia, donde los servicios oscila entre una consulta de Bs 100 bolivianos; procesos a un costo der Bs 1.500 a Bs 9.000. Las demandas más usuales en la gente común son procesos penales que tienen un arancel de Bs 3.000 a 5.000; civiles y divorcios de hasta Bs 5.000, aunque la oferta y demanda bajó en la práctica.
La asambleísta sostuvo que ese decreto ley será constitucionalizado en un gobierno democrático, descartando el enfoque comercial del trabajo del actual abogado, por una función social, conceptos que fueron asumidos en las distintas jornadas de reflexión con los colegios nacional y departamentales sobre el servicio particular que prestan los profesionales.
Indicó que por ese motivo que se vio por conveniente buscar un cambio en la imagen y prestigio del profesional abogado porque en el país se está construyendo una nueva justicia, evitando las malas prácticas que en muchas veces son activados por los mismos litigantes en busca de concretar una pretensión.
“Actualmente hay aranceles únicos tan altos y para todos; ahora no va a ser así. Se hará una evaluación socioeconómica por departamento para que sea accesible y la ciudadanía no tenga temor de ir ante un abogado y por eso el Ministerio hará ese análisis y fijará arancel por departamentos”, explicó la senadora.
La ley aplica libre asociación en dos vías para que los nuevos abogados puedan obtener firma autorizada, ya sea a través de su filiación al Colegio Departamental donde radica, por tanto, al Colegio Nacional de Abogados, o alternativamente, al Registro Público y Matriculación del Ministerio de Justicia, donde cada uno tendrá un tribunal para aplicar sanciones disciplinarias y éticas.
Otra de las reformas importantes es romper la restricción en sentido que un abogado de Tarija no pueda patrocinar en La Paz. A partir de la vigencia de esa ley, el profesional abogado, sólo debe comunicar al colegio departamental de abogado, fijar domicilio procesal y ejercer su profesional y patrocinio en los casos que sea requerido.
DATOS
- Por mandato de una sentencia constitucional, la Asamblea Legislativa debe aprobar la ley hasta el 9 de julio, por tanto la consideración de los 55 artículos comenzará en las próximas horas para replantear el ejercicio de la abogacía en base a principios "éticos y morales".
Según la norma, se eliminarán los actuales aranceles que impiden que gente de escasos de recursos pueda acudir a la justicia. Ese es el enfoque social del actual proyecto de ley que ingresará en las próximas horas al debate del Senado luego que la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, presidida por la senadora Sandra Soriano (MAS), cerrara un amplio consenso con las entidades colegiadas de abogados y el Ministerio de Justicia.
Además, de revalorizar el devaluado ejercicio de la abogacía, la ley ordena al Ministerio de Justicia establecer nuevos aranceles para los distintos servicios y que sean revisados cada dos años. En ese sentido, los aranceles de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba no serán los mismos que Oruro, Potosí y otras regiones con menor poder económico de sus habitantes.
Los actuales aranceles fueron fijados mediante decreto ley 16793 de julio de 1979, emitido por la Junta Militar encabezado por David Padilla Arancibia, donde los servicios oscila entre una consulta de Bs 100 bolivianos; procesos a un costo der Bs 1.500 a Bs 9.000. Las demandas más usuales en la gente común son procesos penales que tienen un arancel de Bs 3.000 a 5.000; civiles y divorcios de hasta Bs 5.000, aunque la oferta y demanda bajó en la práctica.
La asambleísta sostuvo que ese decreto ley será constitucionalizado en un gobierno democrático, descartando el enfoque comercial del trabajo del actual abogado, por una función social, conceptos que fueron asumidos en las distintas jornadas de reflexión con los colegios nacional y departamentales sobre el servicio particular que prestan los profesionales.
Indicó que por ese motivo que se vio por conveniente buscar un cambio en la imagen y prestigio del profesional abogado porque en el país se está construyendo una nueva justicia, evitando las malas prácticas que en muchas veces son activados por los mismos litigantes en busca de concretar una pretensión.
“Actualmente hay aranceles únicos tan altos y para todos; ahora no va a ser así. Se hará una evaluación socioeconómica por departamento para que sea accesible y la ciudadanía no tenga temor de ir ante un abogado y por eso el Ministerio hará ese análisis y fijará arancel por departamentos”, explicó la senadora.
La ley aplica libre asociación en dos vías para que los nuevos abogados puedan obtener firma autorizada, ya sea a través de su filiación al Colegio Departamental donde radica, por tanto, al Colegio Nacional de Abogados, o alternativamente, al Registro Público y Matriculación del Ministerio de Justicia, donde cada uno tendrá un tribunal para aplicar sanciones disciplinarias y éticas.
Otra de las reformas importantes es romper la restricción en sentido que un abogado de Tarija no pueda patrocinar en La Paz. A partir de la vigencia de esa ley, el profesional abogado, sólo debe comunicar al colegio departamental de abogado, fijar domicilio procesal y ejercer su profesional y patrocinio en los casos que sea requerido.
DATOS
- Por mandato de una sentencia constitucional, la Asamblea Legislativa debe aprobar la ley hasta el 9 de julio, por tanto la consideración de los 55 artículos comenzará en las próximas horas para replantear el ejercicio de la abogacía en base a principios "éticos y morales".
martes, 18 de junio de 2013
Suplentes del MAS no serán habilitados con la Ley 007
Vuelven a modificar la Ley Autonómica Municipal 007 para que los jefes y subjefes de bancada continúen sesionando sin habilitar a sus suplentes. Cabe resaltar que con este complemento, los concejales Saúl Ávalos y Freddy Soruco, ambos del Movimiento Al Socialismo (MAS), no dejarán de sesionar durante todo el mes.
Después de muchas críticas a la norma, en esta oportunidad, los concejales de la bancada del MAS, estuvieron de acuerdo en su aprobación, tal parece que el dicho la tercera es la vencida, funcionó en este caso.
Complemento. El artículo 5 modificado, anteriormente indicaba que los concejales suplentes de manera obligatoria deberán sesionar la penúltima semana de cada mes, con excepción de los suplentes que los miembros de componen la directiva.
A este punto se añadió que no solo dejarán de sesionar los suplentes de la directiva, sino también los suplentes del jefe y subjefe de bancada, en este caso Ávalos y Soruco, ambos del MAS.
Aunque el asesor del Concejo Municipal, Wilder Vaca, explicó que la Ley 007 y el complemento recién aprobado no está pensado en los concejales actuales sino en un futuro, pareciera beneficiar de cierta manera a los legisladores masistas.
Anteriormente la Ley fue criticada por el concejal Ávalos, quien denunció que intentaban darle un golpe de Estado al acortarle el tiempo de mandato de su directiva y al evitar que este sesione la penúltima semana de cada mes, por la habilitación de su suplente. Sin embargo, ayer dio un giro a su posición, ya que votó a favor de la complementación y de la misma manera lo hizo Soruco.
Detalles. Al mismo tiempo se especificó que los suplentes que sesionen percibirán las remuneraciones correspondientes y no así solo por trabajar durante la semana.
Además, se modificó el artículo 7 sobre la solicitud de informes.
Es decir que los concejales antes de solicitar un informe oral a cualquier autoridad o representante del Órgano ejecutivo del municipio, deberán enviar una solicitud de informe escrito.
Los concejales no se han querido referir al tema por el momento.
La Ley 007 al momento de su aprobación el pasado 16 de mayo, fue criticada en el interior y exterior del Concejo, por la figura del vicealcalde, autoridad designada por el burgomaestre de entre el interior del pleno legislativo.
Después de muchas críticas a la norma, en esta oportunidad, los concejales de la bancada del MAS, estuvieron de acuerdo en su aprobación, tal parece que el dicho la tercera es la vencida, funcionó en este caso.
Complemento. El artículo 5 modificado, anteriormente indicaba que los concejales suplentes de manera obligatoria deberán sesionar la penúltima semana de cada mes, con excepción de los suplentes que los miembros de componen la directiva.
A este punto se añadió que no solo dejarán de sesionar los suplentes de la directiva, sino también los suplentes del jefe y subjefe de bancada, en este caso Ávalos y Soruco, ambos del MAS.
Aunque el asesor del Concejo Municipal, Wilder Vaca, explicó que la Ley 007 y el complemento recién aprobado no está pensado en los concejales actuales sino en un futuro, pareciera beneficiar de cierta manera a los legisladores masistas.
Anteriormente la Ley fue criticada por el concejal Ávalos, quien denunció que intentaban darle un golpe de Estado al acortarle el tiempo de mandato de su directiva y al evitar que este sesione la penúltima semana de cada mes, por la habilitación de su suplente. Sin embargo, ayer dio un giro a su posición, ya que votó a favor de la complementación y de la misma manera lo hizo Soruco.
Detalles. Al mismo tiempo se especificó que los suplentes que sesionen percibirán las remuneraciones correspondientes y no así solo por trabajar durante la semana.
Además, se modificó el artículo 7 sobre la solicitud de informes.
Es decir que los concejales antes de solicitar un informe oral a cualquier autoridad o representante del Órgano ejecutivo del municipio, deberán enviar una solicitud de informe escrito.
Los concejales no se han querido referir al tema por el momento.
La Ley 007 al momento de su aprobación el pasado 16 de mayo, fue criticada en el interior y exterior del Concejo, por la figura del vicealcalde, autoridad designada por el burgomaestre de entre el interior del pleno legislativo.
Diputados aprueban 64 artículos del proyecto de ley de Servicios Financieros
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó los primeros 64 artículos del proyecto de ley de Servicios Financieros, cuyo objetivo, entre otros, es la regulación de las tasas de interés de los créditos que otorgan los bancos para las áreas productivas y de vivienda social.
El presidente de la Comisión de Planificación, Javier Zavaleta (MAS-MSM), informó que entre los artículos que fueron aprobados hasta horas de la noche de este lunes, se encuentran, justamente, los destinados a la regulación de las tasas de interés de créditos bancarios.
Luego de una reunión con el presidente Evo Morales, los representantes de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) aceptaron las determinaciones establecidas en el proyecto de ley sobre la regulación de las tasas de interés, que se realizarán mediante Decreto Supremo. No obstante este control no se efectuará en los demás créditos que otorgan las entidades bancarias.
El primer secretario de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío (MAS), mencionó que este proyecto de ley tiene la finalidad, también, de proteger a los ahorristas del sistema financiero con políticas destinadas a evitar el cierre de un banco o, también, la creación de unidades destinadas a proteger al usuario. "El dinero del ahorrista siempre va a estar protegido. Se crea una especie de Defensa del Consumidor Financiero, si uno es víctima de un maltrato finalmente o no lo quieren atender por alguna razón, se denuncia y se va a hacer el seguimiento correspondiente", informó.
Para el diputado Javier Leigue (CN) no existe tal protección para el ahorrista. "En ninguno de los artículos se establece que los ahorros del público que ahora llegan aproximadamente a 13 mil millones de dólares, igual que las reservas internacionales netas, estos ahorros del público, del ciudadano financiero, no están protegidos por el Estado", sostuvo.
El proyecto de ley, que consta de más de 500 artículos, volverá a ser sometida a tratamiento este martes a partir de las 14:30 horas en el pleno de la Cámara de Diputados.
El presidente de la Comisión de Planificación, Javier Zavaleta (MAS-MSM), informó que entre los artículos que fueron aprobados hasta horas de la noche de este lunes, se encuentran, justamente, los destinados a la regulación de las tasas de interés de créditos bancarios.
Luego de una reunión con el presidente Evo Morales, los representantes de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) aceptaron las determinaciones establecidas en el proyecto de ley sobre la regulación de las tasas de interés, que se realizarán mediante Decreto Supremo. No obstante este control no se efectuará en los demás créditos que otorgan las entidades bancarias.
El primer secretario de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío (MAS), mencionó que este proyecto de ley tiene la finalidad, también, de proteger a los ahorristas del sistema financiero con políticas destinadas a evitar el cierre de un banco o, también, la creación de unidades destinadas a proteger al usuario. "El dinero del ahorrista siempre va a estar protegido. Se crea una especie de Defensa del Consumidor Financiero, si uno es víctima de un maltrato finalmente o no lo quieren atender por alguna razón, se denuncia y se va a hacer el seguimiento correspondiente", informó.
Para el diputado Javier Leigue (CN) no existe tal protección para el ahorrista. "En ninguno de los artículos se establece que los ahorros del público que ahora llegan aproximadamente a 13 mil millones de dólares, igual que las reservas internacionales netas, estos ahorros del público, del ciudadano financiero, no están protegidos por el Estado", sostuvo.
El proyecto de ley, que consta de más de 500 artículos, volverá a ser sometida a tratamiento este martes a partir de las 14:30 horas en el pleno de la Cámara de Diputados.
Instituciones y familiares son las que menos cumplen con la Ley 369 del Adulto Mayor
Recordando que el 15 de junio fue el Día mundial de la toma de conciencia del abuso y el maltrato a los adultos mayores , la Defensoría del Pueblo en coordinación con el Concejo Departamental del Adulto Mayor, la Federación de Rentistas y Jubilados Mineros realizaron una reunión en las oficinas del la Defensoría, en la que los adultos mayores hicieron conocer su denuncias frente al abuso que reciben de instituciones como de sus propios familiares, las entidades participantes se comprometieron en socializar y hacer cumplir la Ley.
La tertulia tuvo la participación del Servicio Departamental de Gestión Social, Sedeges, Servicio General de Identificación Personal, Segip, Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Directora del Departamento del Adulto Mayor entre otras representantes de instituciones que analizaron como dar seguimiento a la aprobación de la Ley 369 del Adulto Mayor.
En la reunión, los adultos mayores consultaron a las autoridades del Segip, sobre el perjuicio que causa encontrar a dos personas con el mismo número de carnet que afecta directamente en el cobro de la Renta Dignidad.
El responsable del área se comprometió en asistir a los domicilios de las personas mayores para documentarlas siempre y cuando la misma esté impedida de asistir a las oficinas del Segip.
La representante en Tarija del Defensor del Pueblo, Gladis Sandoval, destacó la apertura de las ventanillas de preferencia a los adultos mayores en instituciones públicas.
Mientras que la Directora del Sedeges informó de las denuncias que realizan los adultos mayores a esa entidad son de situaciones de despojo especialmente.
Los adultos durante años ahorran para contar con una casa, terrenos, animales, bienes materiales que por interés de sus familiares, quedan despojados y con promesas incumplidas.
Durante el acto, los adultos mayores hicieron conocer su preocupación por temas como el transporte, donde no cuentan con rebaja, pese a la existencia de leyes.
Sandoval, expresó su preocupación por que familiares de este sector como profesionales se aprovechen de la situación de los adultos mayores, apropiándose de sus bienes.
“Con la nueva ley queremos hacer una campaña de difusión masiva, estamos pidiendo al Municipio que trabaje con nosotros”.
Recalcó que los hijos no pueden evitar las responsabilidades que están establecidas en el Código de Familia como la asistencia económica que tiene que hacer a este sector.
Para el jueves espera concretar los acuerdos, y hacer llegar de manera rápida los recordatorios y deberes que tienen las instituciones con los adultos mayores.
Ente las denuncias más comunes que hacen desde este sector es de la apropiación de bienes inmuebles.
En el área rural el principal problema es el trabajo por jornal que realizan en las comunidades, siendo sujetos diariamente a multas.
“Existen casos en que los dirigentes les despojaron a los adultos mayores de sus terrenos”.
La representante en Tarija por el Defensor del Pueblo, concluyó diciendo que hace falta socializar la ley que fue aprobaba el 01 de mayo, misma que castiga a la persona que realiza un acto de violencia contra este sector.
“La población debe tener respeto por a los adultos mayores y considerar que todos nos encaminamos a la misma situación”.
La tertulia tuvo la participación del Servicio Departamental de Gestión Social, Sedeges, Servicio General de Identificación Personal, Segip, Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Directora del Departamento del Adulto Mayor entre otras representantes de instituciones que analizaron como dar seguimiento a la aprobación de la Ley 369 del Adulto Mayor.
En la reunión, los adultos mayores consultaron a las autoridades del Segip, sobre el perjuicio que causa encontrar a dos personas con el mismo número de carnet que afecta directamente en el cobro de la Renta Dignidad.
El responsable del área se comprometió en asistir a los domicilios de las personas mayores para documentarlas siempre y cuando la misma esté impedida de asistir a las oficinas del Segip.
La representante en Tarija del Defensor del Pueblo, Gladis Sandoval, destacó la apertura de las ventanillas de preferencia a los adultos mayores en instituciones públicas.
Mientras que la Directora del Sedeges informó de las denuncias que realizan los adultos mayores a esa entidad son de situaciones de despojo especialmente.
Los adultos durante años ahorran para contar con una casa, terrenos, animales, bienes materiales que por interés de sus familiares, quedan despojados y con promesas incumplidas.
Durante el acto, los adultos mayores hicieron conocer su preocupación por temas como el transporte, donde no cuentan con rebaja, pese a la existencia de leyes.
Sandoval, expresó su preocupación por que familiares de este sector como profesionales se aprovechen de la situación de los adultos mayores, apropiándose de sus bienes.
“Con la nueva ley queremos hacer una campaña de difusión masiva, estamos pidiendo al Municipio que trabaje con nosotros”.
Recalcó que los hijos no pueden evitar las responsabilidades que están establecidas en el Código de Familia como la asistencia económica que tiene que hacer a este sector.
Para el jueves espera concretar los acuerdos, y hacer llegar de manera rápida los recordatorios y deberes que tienen las instituciones con los adultos mayores.
Ente las denuncias más comunes que hacen desde este sector es de la apropiación de bienes inmuebles.
En el área rural el principal problema es el trabajo por jornal que realizan en las comunidades, siendo sujetos diariamente a multas.
“Existen casos en que los dirigentes les despojaron a los adultos mayores de sus terrenos”.
La representante en Tarija por el Defensor del Pueblo, concluyó diciendo que hace falta socializar la ley que fue aprobaba el 01 de mayo, misma que castiga a la persona que realiza un acto de violencia contra este sector.
“La población debe tener respeto por a los adultos mayores y considerar que todos nos encaminamos a la misma situación”.
87% de encuestados no conoce el diseño de nueva ley de minería
Un 87% de las personas encuestadas en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y El Alto no conoce sobre la elaboración de la nueva Ley Minera que reemplazará al Código Minero y que actualmente tiene un 70% de avance en su elaboración.
Según los resultados del estudio, el 92% de los encuestados en La Paz contestó que no conoce sobre la elaboración de esta norma, sólo el 6% escuchó hablar de ella. El proyecto es elaborado por el Ministerio de Minería.
En Cochabamba, el 14% de los encuestados dice que conoce de la elaboración de esta ley; en Santa Cruz, el 11% conoce la norma y en El Alto el 89% contestó que “no escuchó hablar al respecto”.
El experto en temas mineros Rolando Jordán explicó que “el poco o nada conocimiento de la población” es “natural” debido a la falta de transparencia y “hermetismo” del Gobierno.
“Imagínese si los expertos en el tema sufrimos por la falta de información, socialización e incluso los datos que nos brindan son imperfectos, cómo la población va a conocer sobre una ley en construcción”, dijo.
El experto en minería también indicó que cabe preguntarse “¿por qué el Gobierno no socializa el tema con la población y los involucrados en el tema?”.
La Ley Minera está en elaboración desde el año 2007 y actualmente tiene un 70% de avance, según se conoce.
Juan Collque, otro experto en asuntos de minería, explicó a este medio hace dos meses que hay al menos siete obstáculos que impiden el avance de la redacción de la norma: la propiedad, la consulta de su aprobación al pueblo acorde a la Constitución Política del Estado, la contaminación minera, las concesiones y contratos, y por último los impuestos y regalías.
Según Jordán, la Ley Minera es importante para un país “netamente” minero y desde 2007, con su promesa de formulación, debía llenar un vacío legal ya que la minería actualmente carece de las “reglas del juego”.
“En el ámbito minero estamos como un navegante sin brújula. No está definido cómo acceder a la tecnología, no se puede modernizar debido a esta falencia y el Gobierno no da respuestas. Es una barbaridad que después de seis años se maneje así un país minero”, explicó Jordán.
Por el momento, en el ámbito minero están conviviendo una norma en espera, la Ley 1777 que tiene cuatro disposiciones que reglamentan la minería en Bolivia, y una ley en formulación. Ambas en su naturaleza se “contradicen flagrantemente”, según hizo notar Jordán.
La Ley 1777 aprobada por el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada se ajusta al modelo económico de libre mercado y choca con la Constitución Política del Estado y también con los paradigmas del Gobierno del presidente Evo Morales.
Una de las características de la Ley 1777 es que el Estado promueve la libre comercialización y exportación de minerales; se da paso a la libre contratación de personal, devolución del IVA para la exportación de minerales, liberación de aranceles y otros.
Punto de vista
Rolando JordánExperto en temas minerosDebemos preguntarnos por qué el Gobierno mantiene en secreto la Ley Minera. Es totalmente intransparente, la población no sabrá sobre eso por el hermetismo del Gobierno. Si los que estamos insertos en el tema minero siempre sufrimos al respecto sobre una falta de información, no hay socialización, hay absoluta información imperfecta, la desinformación de la población debe ser el doble. La ley es vital y urgente para que existan condiciones de seguridad jurídica, para modernizar la industria y para prepararse en caso de las vacas flacas, momento al que ya hemos llegado; hay un descenso suave en los precios que puede convertirse en un derrumbe y no está la norma que nos indique cómo actuar.
Ficha técnica
Muestra Se entrevistó a 800 personas de ambos sexos, entre las edades de 18 a 64 años.
Empresa Tal Cual, Comunicación Estratégica.
Realización La encuesta se efectuó del 7 al 11 de mayo.
Procedimiento Se seleccionan unidades primarias de muestreo (zonas censales), unidades secundarias (manzanas de forma aleatoria) e individual.
Error Tiene un factor de error de 3,45%.
El proyecto de Ley Minera que reemplazará al Código Minero tiene un avance del 70% en su elaboración.
Según los resultados del estudio, el 92% de los encuestados en La Paz contestó que no conoce sobre la elaboración de esta norma, sólo el 6% escuchó hablar de ella. El proyecto es elaborado por el Ministerio de Minería.
En Cochabamba, el 14% de los encuestados dice que conoce de la elaboración de esta ley; en Santa Cruz, el 11% conoce la norma y en El Alto el 89% contestó que “no escuchó hablar al respecto”.
El experto en temas mineros Rolando Jordán explicó que “el poco o nada conocimiento de la población” es “natural” debido a la falta de transparencia y “hermetismo” del Gobierno.
“Imagínese si los expertos en el tema sufrimos por la falta de información, socialización e incluso los datos que nos brindan son imperfectos, cómo la población va a conocer sobre una ley en construcción”, dijo.
El experto en minería también indicó que cabe preguntarse “¿por qué el Gobierno no socializa el tema con la población y los involucrados en el tema?”.
La Ley Minera está en elaboración desde el año 2007 y actualmente tiene un 70% de avance, según se conoce.
Juan Collque, otro experto en asuntos de minería, explicó a este medio hace dos meses que hay al menos siete obstáculos que impiden el avance de la redacción de la norma: la propiedad, la consulta de su aprobación al pueblo acorde a la Constitución Política del Estado, la contaminación minera, las concesiones y contratos, y por último los impuestos y regalías.
Según Jordán, la Ley Minera es importante para un país “netamente” minero y desde 2007, con su promesa de formulación, debía llenar un vacío legal ya que la minería actualmente carece de las “reglas del juego”.
“En el ámbito minero estamos como un navegante sin brújula. No está definido cómo acceder a la tecnología, no se puede modernizar debido a esta falencia y el Gobierno no da respuestas. Es una barbaridad que después de seis años se maneje así un país minero”, explicó Jordán.
Por el momento, en el ámbito minero están conviviendo una norma en espera, la Ley 1777 que tiene cuatro disposiciones que reglamentan la minería en Bolivia, y una ley en formulación. Ambas en su naturaleza se “contradicen flagrantemente”, según hizo notar Jordán.
La Ley 1777 aprobada por el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada se ajusta al modelo económico de libre mercado y choca con la Constitución Política del Estado y también con los paradigmas del Gobierno del presidente Evo Morales.
Una de las características de la Ley 1777 es que el Estado promueve la libre comercialización y exportación de minerales; se da paso a la libre contratación de personal, devolución del IVA para la exportación de minerales, liberación de aranceles y otros.
Punto de vista
Rolando JordánExperto en temas minerosDebemos preguntarnos por qué el Gobierno mantiene en secreto la Ley Minera. Es totalmente intransparente, la población no sabrá sobre eso por el hermetismo del Gobierno. Si los que estamos insertos en el tema minero siempre sufrimos al respecto sobre una falta de información, no hay socialización, hay absoluta información imperfecta, la desinformación de la población debe ser el doble. La ley es vital y urgente para que existan condiciones de seguridad jurídica, para modernizar la industria y para prepararse en caso de las vacas flacas, momento al que ya hemos llegado; hay un descenso suave en los precios que puede convertirse en un derrumbe y no está la norma que nos indique cómo actuar.
Ficha técnica
Muestra Se entrevistó a 800 personas de ambos sexos, entre las edades de 18 a 64 años.
Empresa Tal Cual, Comunicación Estratégica.
Realización La encuesta se efectuó del 7 al 11 de mayo.
Procedimiento Se seleccionan unidades primarias de muestreo (zonas censales), unidades secundarias (manzanas de forma aleatoria) e individual.
Error Tiene un factor de error de 3,45%.
El proyecto de Ley Minera que reemplazará al Código Minero tiene un avance del 70% en su elaboración.
domingo, 16 de junio de 2013
Ley de Gobiernos Locales, en Udape
La Ley 2028, de Municipalidades, está obsoleta y debe ser reemplazada.
La nueva ley será útil para los municipios que no elaboraron sus cartas orgánicas.
El Ministerio de Autonomía elaboró el anteproyecto de Ley de Gobiernos Locales, que entrará en proceso de debate en la Asamblea Legislativa Plurinacional tras su revisión en la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (Udape).
El viceministro de Autonomías Departamentales y Municipales, Gustavo Vargas, explicó que dicha ley tendrá carácter supletorio y “servirá para los municipios que no elaboraron su Carta Orgánica, porque reemplazará a la Ley 2028, de Municipalidades, y aclarará muchos aspectos que la Constitución Política del Estado demanda.
“Será permanente porque varios elementos no van a estar necesariamente en las Cartas Orgánicas, como la clasificación de municipios en función de la población que tienen, lo que significará un reacomodo en la representación en los concejos municipales”, apuntó.
El viceministro Vargas expresó su confianza en que el tratamiento de la Ley de Gobiernos Locales se inicie en el Legislativo a fines de junio para que “los municipios estén con una normativa que les permita desarrollar su labor con un tiempo prudente hasta contar con sus Cartas Orgánicas”.
“Hay urgencia, porque los municipios que no comenzaron tendrán un vacío, ya que la Ley 2028 es cada vez más obsoleta en el contexto constitucional, pues no responde a los desafíos del actual contexto histórico”, añadió.
La nueva ley será útil para los municipios que no elaboraron sus cartas orgánicas.
El Ministerio de Autonomía elaboró el anteproyecto de Ley de Gobiernos Locales, que entrará en proceso de debate en la Asamblea Legislativa Plurinacional tras su revisión en la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (Udape).
El viceministro de Autonomías Departamentales y Municipales, Gustavo Vargas, explicó que dicha ley tendrá carácter supletorio y “servirá para los municipios que no elaboraron su Carta Orgánica, porque reemplazará a la Ley 2028, de Municipalidades, y aclarará muchos aspectos que la Constitución Política del Estado demanda.
“Será permanente porque varios elementos no van a estar necesariamente en las Cartas Orgánicas, como la clasificación de municipios en función de la población que tienen, lo que significará un reacomodo en la representación en los concejos municipales”, apuntó.
El viceministro Vargas expresó su confianza en que el tratamiento de la Ley de Gobiernos Locales se inicie en el Legislativo a fines de junio para que “los municipios estén con una normativa que les permita desarrollar su labor con un tiempo prudente hasta contar con sus Cartas Orgánicas”.
“Hay urgencia, porque los municipios que no comenzaron tendrán un vacío, ya que la Ley 2028 es cada vez más obsoleta en el contexto constitucional, pues no responde a los desafíos del actual contexto histórico”, añadió.
Cámara de Diputados retomará tratamiento del proyecto de ley de Servicios Financieros
Este lunes el pleno de la Cámara de Diputados retomará el tratamiento del proyecto de ley de Servicios Financieros, que fue aprobado en su estación en grande el pasado viernes.
“Este lunes a partir de las 16:00 horas se iniciará el tratamiento en detalle de este proyecto de ley que cuenta con más de 500 artículos, por lo que estimamos trabajarlo durante toda la semana”, informó el subjefe de la bancada del MAS en Diputados, Jorge Medina.
El proyecto podría sufrir algunas modificaciones en su tratamiento en detalle, toda vez que el pasado jueves, el presidente Evo Morales acordó con los representantes de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), modificar tres a cuatro artículos de este proyecto de ley.
Las modificaciones están relacionadas con los artículos de control a las tasas de interés que fijan los bancos, por lo que el Ejecutivo y los banqueros aceptaron normar, mediante decreto supremo, los interés concernientes a los créditos otorgados a los sectores productivos del país y para la compra o construcciones de viviendas, pero no así para los demás créditos, establecidos en las carteras del sistema bancario.
El presidente de la Comisión de Planificación, Javier Zavaleta (MAS-MSM), informó que otra de las características del proyecto de ley es la generación de políticas de protección para los ahorristas, con el fin de, por ejemplo, evitar la quiebra de un banco.
“Este lunes a partir de las 16:00 horas se iniciará el tratamiento en detalle de este proyecto de ley que cuenta con más de 500 artículos, por lo que estimamos trabajarlo durante toda la semana”, informó el subjefe de la bancada del MAS en Diputados, Jorge Medina.
El proyecto podría sufrir algunas modificaciones en su tratamiento en detalle, toda vez que el pasado jueves, el presidente Evo Morales acordó con los representantes de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), modificar tres a cuatro artículos de este proyecto de ley.
Las modificaciones están relacionadas con los artículos de control a las tasas de interés que fijan los bancos, por lo que el Ejecutivo y los banqueros aceptaron normar, mediante decreto supremo, los interés concernientes a los créditos otorgados a los sectores productivos del país y para la compra o construcciones de viviendas, pero no así para los demás créditos, establecidos en las carteras del sistema bancario.
El presidente de la Comisión de Planificación, Javier Zavaleta (MAS-MSM), informó que otra de las características del proyecto de ley es la generación de políticas de protección para los ahorristas, con el fin de, por ejemplo, evitar la quiebra de un banco.
sábado, 15 de junio de 2013
Nuevos notarios tendrían mandato indefinido por ley
El proyecto de Ley de Notariado Plurinacional plantea que los nuevos notarios tengan un mandato indefinido y serán sujetos a una evaluación periódica a definirse mediante reglamento, además que no podrán ganar más que el Presidente del Estado en el ejercicio de su funciones, abriendo la posibilidad de que el excedente vaya a cuentas de una Dirección Nacional del Notariado.
El documento se encuentra en análisis al interior de la Asamblea donde la Cámara de Diputados sería cámara de origen, luego que se encuentre un documento de consenso entre la propuesta del Ministerio de Justicia y el Consejo de la Magistratura.
La Asociación de Notarios de Bolivia cuenta con alrededor 800 notarios entre notarios de primera clase que operan en las ciudades capitales; de segunda en provincias y de tercera que atienden en cantones. El expresidente Juan Carlos Merlo dijo que es urgente la aprobación de esta norma para poner fin al actual caos donde los notarios cobran según su criterio y trabajan sin control.
En sus disposiciones transitorias se estipula que a partir de noventa días calendario de la publicación de la presente Ley la Dirección del Notariado se procederá a la convocatoria pública, para la selección y nombramiento de notarios de fe pública, que serán realizadas de manera sucesiva en los nueve departamentos.
Los notarios de fe pública nombrados antes de la promulgación de esa ley y que se encuentren en ejercicio continuarán en sus funciones hasta la posesión de las nuevas notarias y nuevos notarios de fe pública, sin perjuicio de participar en los procesos de selección y nombramiento que lleve adelante la Dirección del Notariado Plurinacional.
El documento se encuentra en análisis al interior de la Asamblea donde la Cámara de Diputados sería cámara de origen, luego que se encuentre un documento de consenso entre la propuesta del Ministerio de Justicia y el Consejo de la Magistratura.
La Asociación de Notarios de Bolivia cuenta con alrededor 800 notarios entre notarios de primera clase que operan en las ciudades capitales; de segunda en provincias y de tercera que atienden en cantones. El expresidente Juan Carlos Merlo dijo que es urgente la aprobación de esta norma para poner fin al actual caos donde los notarios cobran según su criterio y trabajan sin control.
En sus disposiciones transitorias se estipula que a partir de noventa días calendario de la publicación de la presente Ley la Dirección del Notariado se procederá a la convocatoria pública, para la selección y nombramiento de notarios de fe pública, que serán realizadas de manera sucesiva en los nueve departamentos.
Los notarios de fe pública nombrados antes de la promulgación de esa ley y que se encuentren en ejercicio continuarán en sus funciones hasta la posesión de las nuevas notarias y nuevos notarios de fe pública, sin perjuicio de participar en los procesos de selección y nombramiento que lleve adelante la Dirección del Notariado Plurinacional.
Oruro Ley contra avasallamientos de propiedad privada podría aprobarse en un mes
Después que el pasado 23 de mayo, el diputado por Oruro, Freddy Huayta, presentara a la Cámara de Diputados, un proyecto de ley contra los avasallamientos de propiedades privadas, esta autoridad informó que esta norma podría ser aprobada en el mes de julio.
Ante los continuos problemas de avasallamientos que provocan enfrentamientos entre orureños, en todas las zonas de la ciudad de Oruro, el pasado mes de mayo, con aportes de la Brigada Parlamentaria, el Ministerio Público, la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve) y otras instituciones, se elaboró un anteproyecto de ley que pretende sancionar estos actos y fue remitido a la Asamblea Legislativa para su revisión. Freddy Huayta, informó que después de haber llevado a cabo varias reuniones con la presidenta de la Cámara de Diputados, Betty Tejada, se acordó que se impulsará el tratamiento de esta norma, que por ahora se encuentra en revisión en la Comisión de Justicia Plural.
Según la autoridad, la norma podría aprobarse el próximo mes, dependiendo de las observaciones que se realicen a la comisión de análisis. Dijo que existe un compromiso político para dar fin a los avasallamientos en las ciudades, remarcó. Sobre la figura de su aplicación retroactiva, para sancionar a las personas que habrían cometido avasallamientos en el pasado, el diputado Huayta manifestó que podría perjudicar a la norma, puesto que esta figura habría truncado en otras leyes, pero no se cierra la posibilidad de tomar en cuenta este aspecto.
Ante los continuos problemas de avasallamientos que provocan enfrentamientos entre orureños, en todas las zonas de la ciudad de Oruro, el pasado mes de mayo, con aportes de la Brigada Parlamentaria, el Ministerio Público, la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve) y otras instituciones, se elaboró un anteproyecto de ley que pretende sancionar estos actos y fue remitido a la Asamblea Legislativa para su revisión. Freddy Huayta, informó que después de haber llevado a cabo varias reuniones con la presidenta de la Cámara de Diputados, Betty Tejada, se acordó que se impulsará el tratamiento de esta norma, que por ahora se encuentra en revisión en la Comisión de Justicia Plural.
Según la autoridad, la norma podría aprobarse el próximo mes, dependiendo de las observaciones que se realicen a la comisión de análisis. Dijo que existe un compromiso político para dar fin a los avasallamientos en las ciudades, remarcó. Sobre la figura de su aplicación retroactiva, para sancionar a las personas que habrían cometido avasallamientos en el pasado, el diputado Huayta manifestó que podría perjudicar a la norma, puesto que esta figura habría truncado en otras leyes, pero no se cierra la posibilidad de tomar en cuenta este aspecto.
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