El presidente de la comisión de Ética de la Cámara de Diputados, Evaristo Peñaloza (MAS), dio a conocer que se admitió una denuncia contra el legislador Carlos Subirana (CN), por un supuesto tráfico de influencias que habría cometido al presentar una acción de inconstitucionalidad abstracta en contra de la Ley del Seguro de Vida para los Trabajadores de la Prensa.
"Hemos aceptado la denuncia en contra del diputado Carlos Subirana, un supuesto tráfico de influencias, entonces ya se lo está notificando para que pueda presentarse dentro de diez días", informó el legislador. Según su explicación, la denuncia hace referencia a que el diputado de oposición presentó esta acción ante el Tribunal Constitucional, con el fin de beneficiar a su padre Carlos Subirana, propietario y director del periódico La Estrella del Oriente de Santa Cruz.
"Todo eso se tiene que probar si es o no es verdad, entonces desvirtuará este diputado en el término de prueba", acotó Peñaloza. Al respecto, el diputado Subirana mencionó que la presentación de este recurso no responde a intereses particulares o familiares, sino que tiene el objetivo de reguardar los derechos de los medios de comunicación, que están siendo "vulnerados" cuando, con esta ley, se pretende "confiscar el uno por ciento de los ingresos brutos, sobre otro impuesto que ya está establecido", es decir, una especie de doble tributación.
"Mi padre en realidad en la Estrella del Oriente los tiene asegurados a sus periodistas mucho antes de que salga la ley, los tiene con seguro de vida y contra accidentes, es más no sólo a periodistas y a quienes trabajan en el periódico, sino a los voceadores que se les paga con mucho menos del uno por ciento anual o mensual de los ingresos brutos", informó Subirana a la ANF, a tiempo de indicar que esta denuncia lo tiene sin cuidado.
Dijo que la presentación de esta acción debería ser considerada como una "consulta" para que el Tribunal Constitucional dictamine si se vulneran los derechos "generales" de los medios de comunicación con esta ley y que si se lo procesa a él en la comisión de Ética, debería suceder lo mismo con el vicepresidente Álvaro García, que envió en consulta al Tribunal Constitucional una ley que definía su reelección, haciendo referencia a la norma de Aplicación Normativa.
La Ley del Seguro Privado de Vida e Invalidez Permanente por Accidentes, Enfermedades en General u otras Causas para las Trabajadoras y los Trabajadores de la Prensa de Bolivia crea un fondo de financiamiento para su aplicación, el cual debe ser constituido por el uno por ciento (1%) de los ingresos brutos generados por los medios de comunicación escritos, radiales, televisivos y digitales, ya sean privados o públicos.
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