Leyes cortas para la minería

"Hecha la ley, hecha la trampa" es una referencia al refrán popular apropiado a las circunstancias que se dan actualmente en materia minera y que mencionó el dirigente ejecutivo de la Federación de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin), Alejandro Santos, y que a su vez utiliza el exministro de Minería, Carlos Barragán, para ilustrar un interesante comentario sobre la validez de lo que denomina "leyes cortas" a las que en mayo pasado promulgó el Gobierno, una para frenar los avasallamientos (de propiedades mineras) y la otra para regular la vigencia de las concesiones mineras (que deben migrar a contratos).

Las leyes han sido dictadas, su promulgación se dio en acto especial y su vigencia parte de la publicación de las mismas en la Gaceta Oficial, pero por la apreciación profesional del Ing. Barragán esas "cortas" leyes mineras necesitan con urgencia una adecuada reglamentación que complementará algunas dudas que surgen cuando se trata el tema de avasallamientos, que tiene diferentes connotaciones dependiendo del sector que las aproveche. En el caso de la minería privada, la medida es para aplaudirla, pues ya era tiempo de que se frenen los arbitrarios asaltos a la propiedad privada; en cambio el mismo tema en la visión del sector cooperativista varía en su aplicación cuando involucra al sector con miles de asociados que tienen la preocupación fundamental de que se frene en seco la invasión de los comunarios (originarios) a las áreas que se otorgaron a las entidades "solidarias".



LAS LEYES CORTAS

A propósito del tema, hay otra marcada posición que corresponde al sector de los mineros asalariados que observan con mucha duda la efectividad de las "leyes cortas", pues siendo el blanco de algunas ocupaciones no precisamente en las empresas estatales, pero sí en medianas del sector privado, algunas que hasta la fecha no han sido restituidas a sus legítimos representantes y por tanto hay muchos mineros y sus familiares perjudicados que ahora reclaman y con todo derecho la restitución de sus fuentes laborales, algunas en manos no sólo de comunarios agrarios sino también de cooperativistas.

Una de estas leyes -entre líneas- señala que sea "la Autoridad General Jurisdiccional Administrativa Minera" que se haga cargo transitoriamente de la firma de contratos mineros, situación que vista por los subsectores mineros no es otra cosa que una respuesta favorable al pedido de los cooperativistas que desean ampliar sus áreas de explotación.

El hecho se afirma en parte con el anuncio presidencial a principios de mes confirmando la entrega de una mitad de las reservas de (colas) arenas de Catavi, en las que se asegura la existencia de un buen porcentaje de estaño que por supuesto deberá ser procesado a través de tecnología especial pues de lo contrario sería una labor increíblemente pesada para los adjudicatarios que pertenecen a 22 cooperativas de Potosí.

Se establece que las reservas de Catavi (desmontes) están en más de 18 millones de toneladas, con un contenido aproximado de 0,3 % de concentrados de baja ley de estaño. En la primera operación los cooperativistas se harán cargo del tratamiento de 9 millones de toneladas y aunque se dice que Comibol ya tenía elaborado un Estudio Técnico, Económico, Social y Ambiental (TESA) que podría ser aplicado en la otra mitad de los desmontes de Catavi, los cooperativistas deben presentar también su TESA para justificar técnicamente la operación en Catavi, sin embargo, ya lo anticipó el propio Presidente Morales que si la Comibol no puede trabajar en la otra mitad, la misma se entregará también a los cooperativistas y… como van las cosas, tal parece que eso sucederá más adelante.

Este proceso simple confirma la utilidad de las "leyes cortas", en tanto sea aprobada la nueva Ley de Minería en la que seguramente se está incorporando la reglamentación que falta a las vigentes en la actualidad. El sector favorecido es el de los cooperativistas, con plácemes de su dirigente quien reconoció los beneficios para su sector, cuando señaló eso de que "hecha la ley, hecha la trampa".

En materia de inversión, de acuerdo al perfil de la Comibol y englobando el tratamiento de los 18 millones de toneladas, debía invertir 30 millones de dólares, específicamente para la construcción y habilitación de un moderno ingenio y el correspondiente dique de colas, implementación técnica obligada como señalamos líneas arriba para que marche este proyecto del tratamiento de los deshechos mineros de la que fue la portentosa mina de Catavi



OPOSICIÓN

A propósito del tema, si bien se ha conocido el beneplácito del sector de las cooperativas mineras, hay que mencionar que en el sector de los mineros asalariados y especialmente en la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb), se lamenta la decisión gubernamental, arguyendo que –como sucede al presente– los cooperativistas mineros no "retribuirán al Estado con los impuestos de ley", se supone también con regalías, por tanto según el dirigente de la federación de mineros Joaquín Mamani la Comibol debería disponer los yacimientos y las reservas de minerales a favor de los mineros asalariados, creando fuentes de empleo formales y no eventuales o informales como las que corresponden al sector cooperativo.



INVERSIÓN

Todo emprendimiento minero requiere de fuerte inversión más aún si como en el caso de los residuos de minerales de Catavi, se hace necesaria maquinaria para el movimiento de esos residuos, pero además la instalación de un dique y un ingenio en el que se procesará las arenas metalizadas para obtener un ideal porcentaje de mineral estannífero para su comercialización. Por la proyección de los técnicos de Comibol desarrollar ese proyecto le hubiese representado una erogación de 30 millones de dólares para los 18 millones de toneladas, como la entrega a las cooperativas se trata sólo de un 50 % de las reservas se supone que el gasto también será la mitad, unos 15 millones de dólares, que no se sabe quién invertirá. En todo caso por versión del dirigente de la Federación de Cooperativistas del Norte de Potosí, Artemio Mamani, la Gobernación de Potosí está en disposición de aportar una "contraparte" de 461.000 bolivianos, no dólares para aclarar el panorama y con destino al dique de colas.

Se trata de un contrato en calidad de arriendo, lo que implica que los "inquilinos" deben pagar por el uso de la concesión y además invertir en la misma, de otro modo se trataría de un contrato híbrido cuya condición legal no se encuentra en la modalidad de los nuevos contratos.