Con el objetivo de evitar vacíos jurídicos y diversas interpretaciones, se presentará una propuesta de modificaciones de la Ley 026 de Régimen Electoral a la Asamblea Legislativa Plurinacional, informó Ramiro Paredes, vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Urge clarificar aspectos de la ley. "Es posible que en la Ley 026, utilizada por primera vez en elecciones de Presidente y Vicepresidente, se requiera de propuestas de arreglo para evitar vacíos jurídicos y diversas interpretaciones", dijo
En este sentido, reconoció que hay una necesidad urgente de clarificar los principales aspectos de la Ley Electoral con el fin de tomar decisiones más claras y no dar lugar a interpretaciones erróneas ni equivocadas tanto de candidatos como de árbitros. Por tal motivo, se tiene la intención de dar a conocer a la Asamblea Legislativa, algunas modificaciones que coadyuven a la claridad y operatividad de la Ley Electora, tanto para candidatos como para autoridades del TSE, resaltó.
Aprueban voto asistido Por otro lado, en cuanto al voto asistido, Wilfredo Ovando, vicepresidente del TSE, informó que el reglamento para el voto asistido quedó aprobado para estas elecciones generales a realizarse el próximo 12 de octubre.
En este marco, explicó que el reglamento posibilita al presidente de la mesa de sufragio, a alguna otra persona que el mismo votante elija o algún votante de la fila, pueda ayudar a emitir el voto de la persona que así lo demande. Según la autoridad, esta iniciativa permitirá aplicar el principio de la "universalidad del voto" para que todas las personas puedan emitir su voto a pesar de las dificultades que puedan presentar. A esto se suma que el TSE distribuye a la mesas electorales cerchas con el sistema braille, para que personas con discapacidad visual puedan sufragar y no limitarse a solo tener el certificado de "no sufragio".
lunes, 29 de septiembre de 2014
viernes, 26 de septiembre de 2014
Una ley obligará a pagar impuestos en Potosí
Una ley departamental está siendo trabajada por la Secretaría de Minería del Gobierno Autónomo del Departamento de Potosí para obligar a que las empresas que trabajan en esta parte del país tributen en Potosí y no en La Paz, Oruro u otras regiones del país, de acuerdo con el anuncio del gobernador de Potosí, Félix Gonzales.
Esa norma departamental busca que las empresas, especialmente las denominadas “grandes”, tengan su residencia tributaria en esta parte del país y sus impuestos los paguen en el lugar donde explotan, procesan y comercializan sus cargas con contenido mineralizado.
El anuncio coincide con la demanda del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), cuyos dirigentes demandaron que las empresas que trabajan en los yacimientos mineros de Potosí paguen sus tributos en el Departamento.
Pero, además, exigieron la reinversión de las utilidades para que se pueda diversificar la economía y, de ese modo, generar más fuentes de trabajo.
La ley departamental sobre tributación minera también sentará las bases para que quienes están explotando oro y mármol puedan cumplir con el pago de la regalía minera ya que esos recursos son la base del presupuesto de la Gobernación para encarar proyectos de diferente naturales, en beneficio de la población, según señaló Gonzales.
De acuerdo con el informe del Gobernador, varios ingenios mineros que operan en el Departamento de Potosí pagan sus impuestos en otras regiones.
Ese sería el caso del presidente del empresariado local, Jaime Uzquiano, quien, ayer, no pudo ser contactado por este medio para conocer su versión sobre la denuncia.
El anuncio de Félix Gonzales generó críticas en los medios de comunicación contra el empresario que la semana pasada presentó un plan de desarrollo departamental del vicepresidente, Álvaro García Linera, quien comprometió el concurso del Estado para consolidar una inversión de 1.000 millones de dólares en los próximos diez años.
El gobernador también anunció que, junto al Ministerio de Minería y Metalúrgia, trabaja en la inventariación de las operaciones mineras para que se pueda saber con absoluta seguridad quienes y donde trabajan en los yacimientos mineros en el Departamento de Potosí.
Igualmente implementan acciones destinadas a evitar la evasión de regalías mineras.
Entre las grandes
Tres empresas de Potosí están entre las cien mayores contribuyentes del país, que generaron el 74,8 por ciento de la recaudación obtenida por el Servicio de Impuestos Nacionales en el primer semestre de la gestión 2013. Así lo establece un informe del SIN.
San Cristóbal, Manquiri y Pan American Silver Bolivia SA tienen residencia tributaria en Potosí, no así Sinchi Wayra, que aparece pagando sus impuestos nacionales en La Paz.
2
TIPOS de impuestos se pagan en el área minera: los que extraen el mineral cancelan la regalía; el resto, los tributos nacionales.
Esa norma departamental busca que las empresas, especialmente las denominadas “grandes”, tengan su residencia tributaria en esta parte del país y sus impuestos los paguen en el lugar donde explotan, procesan y comercializan sus cargas con contenido mineralizado.
El anuncio coincide con la demanda del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), cuyos dirigentes demandaron que las empresas que trabajan en los yacimientos mineros de Potosí paguen sus tributos en el Departamento.
Pero, además, exigieron la reinversión de las utilidades para que se pueda diversificar la economía y, de ese modo, generar más fuentes de trabajo.
La ley departamental sobre tributación minera también sentará las bases para que quienes están explotando oro y mármol puedan cumplir con el pago de la regalía minera ya que esos recursos son la base del presupuesto de la Gobernación para encarar proyectos de diferente naturales, en beneficio de la población, según señaló Gonzales.
De acuerdo con el informe del Gobernador, varios ingenios mineros que operan en el Departamento de Potosí pagan sus impuestos en otras regiones.
Ese sería el caso del presidente del empresariado local, Jaime Uzquiano, quien, ayer, no pudo ser contactado por este medio para conocer su versión sobre la denuncia.
El anuncio de Félix Gonzales generó críticas en los medios de comunicación contra el empresario que la semana pasada presentó un plan de desarrollo departamental del vicepresidente, Álvaro García Linera, quien comprometió el concurso del Estado para consolidar una inversión de 1.000 millones de dólares en los próximos diez años.
El gobernador también anunció que, junto al Ministerio de Minería y Metalúrgia, trabaja en la inventariación de las operaciones mineras para que se pueda saber con absoluta seguridad quienes y donde trabajan en los yacimientos mineros en el Departamento de Potosí.
Igualmente implementan acciones destinadas a evitar la evasión de regalías mineras.
Entre las grandes
Tres empresas de Potosí están entre las cien mayores contribuyentes del país, que generaron el 74,8 por ciento de la recaudación obtenida por el Servicio de Impuestos Nacionales en el primer semestre de la gestión 2013. Así lo establece un informe del SIN.
San Cristóbal, Manquiri y Pan American Silver Bolivia SA tienen residencia tributaria en Potosí, no así Sinchi Wayra, que aparece pagando sus impuestos nacionales en La Paz.
2
TIPOS de impuestos se pagan en el área minera: los que extraen el mineral cancelan la regalía; el resto, los tributos nacionales.
Ley contra el acoso laboral estará lista a fin de año
El proyecto de Ley Contra el Acoso Laboral será presentado a la Asamblea Legislativa Plurinacional a fin de año para su debido tratamiento y revisión, informó Olga Limachi, responsable del Área de Género del Ministerio de Trabajo.
Dijo que la norma es trabajada desde la Dirección General de Servicio Civil del ministerio en coordinación con la Defensoría del Pueblo y otras instituciones del ramo, desde la gestión 2010. “Primero estaba orientada para el sector público, luego de un análisis se incluyó también al privado”. Referente a las sanciones, dijo que no se estipula un castigo de carácter penal sino de tipo administrativo y de resarcimiento de daños.
En este sentido, mencionó Limachi, en el sector público se conformará un tribunal en cada empresa para juzgar y determinar si el hecho es o no acoso laboral. En el sector privado, las jefaturas departamentales del Ministerio de Trabajo atenderán los casos.
“Hasta el momento, en el documento que estamos trabajando solo hablando de sanciones pecuniarias y de remoción de cargos, probablemente estará sujeta a cambios”, afirmó. La representante de la Defensoría del Pueblo en La Paz, Teófila Guarachi, dijo que la norma debe incluir en su marco jurídico a la Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres 348, la del Racismo 045 y la Constitución.
El reglamento de la Ley 348 ya está listo
A un año y medio de vigencia de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, el vicepresidente Álvaro García Linera informó ayer que en los próximos días será promulgado un decreto reglamentario de la norma que permitirá destinar recursos para su cumplimiento.
“En la ley contra la violencia hacia la mujer falta el reglamento, ya lo hemos trabajado. El presidente Evo (Morales) pidió una reunión de emergencia con las ministras y los ministros. Los siguientes días el Presidente va a agendar la promulgación de este decreto supremo”, explicó en una entrevista con Cadena A.
Precisó que ese decreto supremo no solo será un reglamento “escrito”, sino también posibilitará destinar recursos económicos para afrontar ese problema social.
“Hemos revisado en gabinete y hemos hecho las últimas correcciones. Nunca es suficiente (el dinero), pero es un monto que va dar un paso importante para mejorar especialmente la atención a las mujeres maltratadas”, agregó.
En marzo de 2013 entró en vigor la Ley Integral 348, que tipifica el feminicidio como el asesinato de una mujer por su condición de mujer y lo castiga con 30 años de cárcel sin derecho a indulto . No obstante, la violencia machista no se frenó y solo en el primer semestre de 2014 perdieron la vida 98 mujeres, 59 de ellas a manos de sus parejas o exparejas.
Aprueban el reglamento de la Ley del Usuario
El Gobierno determinó que siete ministerios controlen el agio y la especulación en precios de productos y servicios para identificar a los responsables. Así lo establece el Reglamento de la Ley 453 de Defensa de los Derechos del Usuario, aprobado ayer.
El Ministerio de Justicia, a través del Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, y sus similares de Desarrollo Productivo, de Economía, de Desarrollo Rural y Tierras, de Salud, de Educación y de Culturas y Turismo serán las carteras del Gobierno que realicen acciones de prevención y control a los proveedores de productos y servicios que ocasionen el alza de precios, informó el viceministro de Defensa de Derechos del Consumidor, Dante Justiniano.
La autoridad explicó que en caso de detectarse infracciones, los ministerios competentes “adoptarán las medidas preventivas necesarias a efectos de controlar la situación, identificando a los responsables para su procesamiento e imposición de sanciones, pudiendo recurrir en caso necesario al auxilio de la fuerza pública”, señaló Justiniano.
El Órgano Ejecutivo aprobó ayer el Reglamento de la Ley 453 General de Derechos de los Usuarios, que dispone este control a los gremiales, comerciantes minoristas, restaurantes, hospedajes y otros proveedores de servicios que están considerados en el grupo de los no regulados.
Según la normativa gubernamental, la comisión ministerial también controlará el buen estado de los productos y alimentos y la oferta de precio real. La infracción a estos requisitos también será pasible a una sanción.
Por otro lado, los proveedores de servicios básicos serán fiscalizados directamente por el Viceministerio de Defensa de Derechos del Usuario, agregó Justiniano.
lunes, 22 de septiembre de 2014
Se busca socializar Ley Nacional de Juventudes con estudiantes
La organización Jóvenes por Oruro, a través de conferencias magistrales y charlas busca socializar a los estudiantes la Ley Nacional de Juventudes, para que de esta forma puedan ejercer sus derechos y conocer cuáles son sus obligaciones.
El presidente de dicha organización, Dennis Vallejos manifestó que se pretende que los estudiantes de los diferentes establecimientos educativos puedan participar en la socialización de esta ley, donde se trate los diferentes artículos que tiene la norma.
Mencionó que en recientes días brindó una conferencia magistral a estudiantes de la pre y promoción del colegio Donato Vásquez, explicó que los temas que se fueron abordando se refieren a los artículos sobre participación social, los derechos de los jóvenes, y se enfatizó en el tema de obligaciones.
Señaló que es necesario que los estudiantes conozcan esta normativa, para que puedan ejercer sus derechos, pero también sepan cuáles son sus obligaciones, ponderó que existe el interés de los estudiantes en involucrarse en esta normativa, por ejemplo en la conferencia participaron algo más de 200 estudiantes, para esta actividad se contó con el apoyo de la Dirección de Igualdad de Oportunidades (DIO) del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO).
Sostuvo que el propósito es que este tipo de conferencias se realice en las diferentes unidades educativas, tomando en cuenta que Oruro en próximos días contará con una ley municipal de la juventud que será remitida al Concejo Municipal para su aprobación, para que los jóvenes defiendan sus posiciones, es vital que se empoderen de esta norma.
Aseveró que a la fecha se tiene programado realizar una charla sobre la Ley de Juventudes en dos colegios de la zona periurbana, además se conversó con centros de estudiantes de diversos establecimientos para ir socializando esta norma.
Mencionó que conocer el alcance de la norma permitirá que sea como una herramienta para tener mayor madurez política y ciudadana, además ser responsable con el medio en el que se vive.
El presidente de dicha organización, Dennis Vallejos manifestó que se pretende que los estudiantes de los diferentes establecimientos educativos puedan participar en la socialización de esta ley, donde se trate los diferentes artículos que tiene la norma.
Mencionó que en recientes días brindó una conferencia magistral a estudiantes de la pre y promoción del colegio Donato Vásquez, explicó que los temas que se fueron abordando se refieren a los artículos sobre participación social, los derechos de los jóvenes, y se enfatizó en el tema de obligaciones.
Señaló que es necesario que los estudiantes conozcan esta normativa, para que puedan ejercer sus derechos, pero también sepan cuáles son sus obligaciones, ponderó que existe el interés de los estudiantes en involucrarse en esta normativa, por ejemplo en la conferencia participaron algo más de 200 estudiantes, para esta actividad se contó con el apoyo de la Dirección de Igualdad de Oportunidades (DIO) del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO).
Sostuvo que el propósito es que este tipo de conferencias se realice en las diferentes unidades educativas, tomando en cuenta que Oruro en próximos días contará con una ley municipal de la juventud que será remitida al Concejo Municipal para su aprobación, para que los jóvenes defiendan sus posiciones, es vital que se empoderen de esta norma.
Aseveró que a la fecha se tiene programado realizar una charla sobre la Ley de Juventudes en dos colegios de la zona periurbana, además se conversó con centros de estudiantes de diversos establecimientos para ir socializando esta norma.
Mencionó que conocer el alcance de la norma permitirá que sea como una herramienta para tener mayor madurez política y ciudadana, además ser responsable con el medio en el que se vive.
domingo, 21 de septiembre de 2014
Indígenas temen que Ley del notario los deje sin tierra
Los pueblos indígenas del oriente y la Amazonía temen que el Gobierno tenga una estrategia para quitarles tierras y que la nueva Ley del Notariado sea una de las armas que usaría para este fin. La denuncia fue hecha por el presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Adolfo Chávez, un asesor legal de la institución, el candidato por el Partido Verde, Fernando Vargas, además de la magistrada del Tribunal Constitucional, Soraida Chánez, hoy suspendida de sus funciones. De hecho, el mismo presidente y candidato por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales Ayma, dejó claro que se viene un debate sobre las tierras indígenas en el país.
Chávez consideró que el hecho de que los notarios ya no sean elegidos por las cortes de justicia junto con el Consejo de la Magistratura, sino por el Ministerio de Justicia, como señala la nueva ley 483, dará luz verde al atropello del Poder Ejecutivo no solo en las comunidades indígenas, sino también en propiedades privadas.
“La Ley del Notariado va camino a que ningún ciudadano pueda tener dos o más propiedades, y que las tierras indígenas sean parceladas”, insistió.
Chávez teme que grupos como los cocaleros se mimeticen con los verdaderos indígenas y los convenzan para que, a sola firma de un notario, un puñado de familias creen una nueva comunidad indígena con su propio territorio, donde podrán cultivar coca. Todo esto en el marco del artículo 35 de la nueva ley que señala que el notario podrá otorgar la personalidad jurídica de una comunidad, de forma gratuita y a pedido de autoridades indígenas.
“Diplomáticamente el Gobierno va a perforar los territorios indígenas y a las propiedades privadas”, enfatizó.
El candidato a la Presidencia por el Partido de Bolivia y presidente de la subcentral del Territorio Indígena Parque Isiboro Sécure (Tipnis), Fernando Vargas, recordó que el artículo 2 de la Constitución reconoce automáticamente la existencia de naciones y pueblos indígenas, y su dominio ancestral sobre sus territorios, por lo que no se justifica la intervención de un notario elegido por el Gobierno.
Vargas consideró que esta ley apunta a ser usada para crear dirigencias paralelas en comunidades indígenas, favoreciendo su creación, cuando en el fondo serán una forma camuflada de desconocer las estructuras orgánicas de los pueblos indígenas y dotar de territorio a otros pobladores afines al Gobierno. “Esta ley no solo es anticonstitucional, sino que promoverá la destrucción de los parques nacionales y territorios indígenas como el Tipnis”, advirtió.
Adicionalmente, de acuerdo al artículo 37, el notario podrá ‘certificar’ los usos y costumbres. “Existe el peligro de que si un notario no da fe pública de una práctica en una comunidad, no se la consideraría como uso y costumbre”, advirtió el abogado Guido Melgar. También observó el hecho de que los notarios puedan abrir un libro especial para registrar la personalidad jurídica de las comunidades, cuando la Constitución no exige la personalidad jurídica.
La Cidob tratará este tema en una asamblea consultiva a escala nacional, cuya fecha todavía está por definirse.
El control total
La magistrada procesada por suspender la aplicación de la Ley del Notariado, Soraida Chánez, lamentó que esta norma sea sinónimo de intervención de la jurisdicción ordinaria sobre la jurisdicción indígena originaria. “A partir de esta ley, la jurisdicción indígena podría protocolizar documentos ante los notarios, cuando en sus costumbres y su visión ancestral no existen notarios. Darles esa competencia es inmiscuirse en la jurisdicción indígena”, dijo.
Según Chánez, el objetivo final del Gobierno es tener el control total de los actos privados, documentos y titulaciones privadas no solo de los indígenas, sino de todos los bolivianos.
“Es inconstitucional (la ley) y malintencionada, es una intromisión en la justicia ordinaria. Muchas leyes han salido para tener el control de todo el actuar de las personas”, lamentó.
El Gobierno lo niega
El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Lucio Marca, aclaró que en ninguna parte de la ley 483 del Notariado apunta a entorpecer la institucionalidad de los pueblos indígenas. “Ellos tienen su propia institucionalidad, en base a sus usos y costumbres, ese es el marco constitucional que se respeta; la ley del Notariado en ningún momento va a entorpecer eso, el notario solo es depositario de todos los actos y hechos jurídicos que los ciudadanos van a suscribir”, aseguró.
Según explicó, la creación de una comunidad será un acto voluntario de los dirigentes indígenas y no una acción arbitraria de los notarios. “Hay un principio básico de autonomía, el notario tendrá que consultar a los dirigentes antes de otorgar una personalidad jurídica, él no decide”, puntualizó.
La ley se promulgó en enero, pero falta la reglamentación
Chávez consideró que el hecho de que los notarios ya no sean elegidos por las cortes de justicia junto con el Consejo de la Magistratura, sino por el Ministerio de Justicia, como señala la nueva ley 483, dará luz verde al atropello del Poder Ejecutivo no solo en las comunidades indígenas, sino también en propiedades privadas.
“La Ley del Notariado va camino a que ningún ciudadano pueda tener dos o más propiedades, y que las tierras indígenas sean parceladas”, insistió.
Chávez teme que grupos como los cocaleros se mimeticen con los verdaderos indígenas y los convenzan para que, a sola firma de un notario, un puñado de familias creen una nueva comunidad indígena con su propio territorio, donde podrán cultivar coca. Todo esto en el marco del artículo 35 de la nueva ley que señala que el notario podrá otorgar la personalidad jurídica de una comunidad, de forma gratuita y a pedido de autoridades indígenas.
“Diplomáticamente el Gobierno va a perforar los territorios indígenas y a las propiedades privadas”, enfatizó.
El candidato a la Presidencia por el Partido de Bolivia y presidente de la subcentral del Territorio Indígena Parque Isiboro Sécure (Tipnis), Fernando Vargas, recordó que el artículo 2 de la Constitución reconoce automáticamente la existencia de naciones y pueblos indígenas, y su dominio ancestral sobre sus territorios, por lo que no se justifica la intervención de un notario elegido por el Gobierno.
Vargas consideró que esta ley apunta a ser usada para crear dirigencias paralelas en comunidades indígenas, favoreciendo su creación, cuando en el fondo serán una forma camuflada de desconocer las estructuras orgánicas de los pueblos indígenas y dotar de territorio a otros pobladores afines al Gobierno. “Esta ley no solo es anticonstitucional, sino que promoverá la destrucción de los parques nacionales y territorios indígenas como el Tipnis”, advirtió.
Adicionalmente, de acuerdo al artículo 37, el notario podrá ‘certificar’ los usos y costumbres. “Existe el peligro de que si un notario no da fe pública de una práctica en una comunidad, no se la consideraría como uso y costumbre”, advirtió el abogado Guido Melgar. También observó el hecho de que los notarios puedan abrir un libro especial para registrar la personalidad jurídica de las comunidades, cuando la Constitución no exige la personalidad jurídica.
La Cidob tratará este tema en una asamblea consultiva a escala nacional, cuya fecha todavía está por definirse.
El control total
La magistrada procesada por suspender la aplicación de la Ley del Notariado, Soraida Chánez, lamentó que esta norma sea sinónimo de intervención de la jurisdicción ordinaria sobre la jurisdicción indígena originaria. “A partir de esta ley, la jurisdicción indígena podría protocolizar documentos ante los notarios, cuando en sus costumbres y su visión ancestral no existen notarios. Darles esa competencia es inmiscuirse en la jurisdicción indígena”, dijo.
Según Chánez, el objetivo final del Gobierno es tener el control total de los actos privados, documentos y titulaciones privadas no solo de los indígenas, sino de todos los bolivianos.
“Es inconstitucional (la ley) y malintencionada, es una intromisión en la justicia ordinaria. Muchas leyes han salido para tener el control de todo el actuar de las personas”, lamentó.
El Gobierno lo niega
El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Lucio Marca, aclaró que en ninguna parte de la ley 483 del Notariado apunta a entorpecer la institucionalidad de los pueblos indígenas. “Ellos tienen su propia institucionalidad, en base a sus usos y costumbres, ese es el marco constitucional que se respeta; la ley del Notariado en ningún momento va a entorpecer eso, el notario solo es depositario de todos los actos y hechos jurídicos que los ciudadanos van a suscribir”, aseguró.
Según explicó, la creación de una comunidad será un acto voluntario de los dirigentes indígenas y no una acción arbitraria de los notarios. “Hay un principio básico de autonomía, el notario tendrá que consultar a los dirigentes antes de otorgar una personalidad jurídica, él no decide”, puntualizó.
La ley se promulgó en enero, pero falta la reglamentación
sábado, 20 de septiembre de 2014
Un proyecto de ley plantea que las FFAA sean autosostenibles
El senador y excomandante general del Ejército, Marcelo Antezana, presentó un proyecto de ley para que las Fuerzas Armadas (FFAA) sean autosostenibles a partir de su participación en la cadena productiva de recursos no renovables.
"Siempre hubo reclamos de otros sectores porque las Fuerzas Armadas consumen buena parte del presupuesto general, por eso nace la idea de un autosostenimiento para que participen con socios estratégicos en toda la cadena productiva de recursos naturales no renovables, menos hidrocarburíferos”, explicó el jefe militar retirado.
El proyecto fue presentado hace varios meses para su revisión en la Cámara Baja, pero no se tomó en cuenta "tal vez porque fue presentado por la oposición”, sostuvo Antezana.
En el documento se indica que las FFAA participen en contratos aprobados por ley con socios estratégicos, quienes aportarán tecnología y capital para la exploración de los recursos naturales (especialmente mineros), además de encargarse de la administración de la sociedad.
Las FFAA proporcionarán seguridad y personal para la explotación, y su participación en cada una de las fases de la cadena productiva determinará el porcentaje de sus ganancias, entre las de otros actores.
Así, la institución castrense dejará de depender total o parcialmente de los recursos que anualmente recibe del Tesoro General de la Nación (este año se presupuestaron 165 millones de bolivianos para sostener a la tropa), los cuales se destinarán a educación y salud.
Es probable que se necesite hacer una reforma parcial de la Constitución, aunque Antezana se respalda en el artículo 244 que señala: "las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental (...) participar en el desarrollo integral del país”.
La participación de la institución castrense en el desarrollo económico del país no es nueva. Ya el 10 de noviembre de 1972 se creó Cofadena, que precisamente tiene socios españoles.
Un servicio militar voluntario
El proyecto de autosostenibilidad de las Fuerzas Armadas está ligado al cambio del servicio militar obligatorio al voluntario.
La meta es reducir el personal de las FFAA, para profesionalizarlo y mejorar su rendimiento y productividad.
Sobre la base del proyecto, se eliminará el bono socorro de 80 bolivianos que mensualmente reciben los soldados y se pagará un salario mínimo nacional que actualmente está fijado en 1.440 bolivianos.
"Siempre hubo reclamos de otros sectores porque las Fuerzas Armadas consumen buena parte del presupuesto general, por eso nace la idea de un autosostenimiento para que participen con socios estratégicos en toda la cadena productiva de recursos naturales no renovables, menos hidrocarburíferos”, explicó el jefe militar retirado.
El proyecto fue presentado hace varios meses para su revisión en la Cámara Baja, pero no se tomó en cuenta "tal vez porque fue presentado por la oposición”, sostuvo Antezana.
En el documento se indica que las FFAA participen en contratos aprobados por ley con socios estratégicos, quienes aportarán tecnología y capital para la exploración de los recursos naturales (especialmente mineros), además de encargarse de la administración de la sociedad.
Las FFAA proporcionarán seguridad y personal para la explotación, y su participación en cada una de las fases de la cadena productiva determinará el porcentaje de sus ganancias, entre las de otros actores.
Así, la institución castrense dejará de depender total o parcialmente de los recursos que anualmente recibe del Tesoro General de la Nación (este año se presupuestaron 165 millones de bolivianos para sostener a la tropa), los cuales se destinarán a educación y salud.
Es probable que se necesite hacer una reforma parcial de la Constitución, aunque Antezana se respalda en el artículo 244 que señala: "las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental (...) participar en el desarrollo integral del país”.
La participación de la institución castrense en el desarrollo económico del país no es nueva. Ya el 10 de noviembre de 1972 se creó Cofadena, que precisamente tiene socios españoles.
Un servicio militar voluntario
El proyecto de autosostenibilidad de las Fuerzas Armadas está ligado al cambio del servicio militar obligatorio al voluntario.
La meta es reducir el personal de las FFAA, para profesionalizarlo y mejorar su rendimiento y productividad.
Sobre la base del proyecto, se eliminará el bono socorro de 80 bolivianos que mensualmente reciben los soldados y se pagará un salario mínimo nacional que actualmente está fijado en 1.440 bolivianos.
sábado, 13 de septiembre de 2014
Ley 026 prohíbe usar gestión pública en campaña
La gestión pública o la entrega de obras que sea utilizada por una organización políticas como parte de su campaña proselitista es considerada como una falta electoral de acuerdo a la Ley 026 por lo que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) recordó a todos los candidatos evitar estos actos.
La presidenta del TSE, Wilma Velasco, indicó que el artículo 119 de la Ley del Régimen Electoral “señala que a partir de hoy día (ayer) están prohibidas la utilización de imágenes de entrega de obras en sus spots. Es una prohibición señalada en la Ley”.
La organización política que incurra en esta falta electoral el TSE como primera medida ordenará la suspensión de dicho material propagandístico. “Posteriormente aplicaremos la multa correspondiente calculando la tarifa más alta registrada por los medios de comunicación”.
Según la Ley 026, no se pueden utilizar imágenes de entrega de obras públicas, bienes, servicios o proyectos. Asimismo, no se pueden usar colores ni símbolos patrios ni se puede ofrecer prebendas o dinero que esté dirigida a provocar la abstención electoral. Prohíbe que la propaganda electoral sea anónima, que atente contra la sensibilidad pública, que atente contra la honra, dignidad y/o privacidad de las candidatas o candidatos y de la población en general, tampoco puede promover a la violencia, discriminación y la intolerancia.
La presidenta del TSE, Wilma Velasco, indicó que el artículo 119 de la Ley del Régimen Electoral “señala que a partir de hoy día (ayer) están prohibidas la utilización de imágenes de entrega de obras en sus spots. Es una prohibición señalada en la Ley”.
La organización política que incurra en esta falta electoral el TSE como primera medida ordenará la suspensión de dicho material propagandístico. “Posteriormente aplicaremos la multa correspondiente calculando la tarifa más alta registrada por los medios de comunicación”.
Según la Ley 026, no se pueden utilizar imágenes de entrega de obras públicas, bienes, servicios o proyectos. Asimismo, no se pueden usar colores ni símbolos patrios ni se puede ofrecer prebendas o dinero que esté dirigida a provocar la abstención electoral. Prohíbe que la propaganda electoral sea anónima, que atente contra la sensibilidad pública, que atente contra la honra, dignidad y/o privacidad de las candidatas o candidatos y de la población en general, tampoco puede promover a la violencia, discriminación y la intolerancia.
Inician reglamento de Ley Juventudes
La III Asamblea Municipal de Juventudes empezó a trabajar ayer en la reglamentación de la Ley de Juventudes . Más de 1.000 estudiantes de colegios y de universidades participaron en la primera sesión del evento.
"Hoy (ayer) empezó oficialmente (el trabajo de) la reglamentación; luego que el alcalde, el 1 de septiembre promulgará la Ley Municipal de Juventud”, dijo el delegado de juventudes de la Alcaldía, Óscar Sogliano.
La reunión fue en coliseo Catacora, situado la zona Norte. El trabajo del reglamento se concluirá en 20 encuentros juveniles en los distintos macrodistritos, que analizarán temas de seguridad, empleo, salud y educación.
Se prevé que el documento de la reglamentación esté finalizada para enero o febrero del próximo año. Sogliano destacó que uno de los avances es el programa de Mi Primer Empleo, que da trabajo a los jóvenes.
Recordó que la ley prevé un carnet juvenil para dar referencia -en transporte, teatro y espacios de arte y de deporte- a la población. Anticipó que en el tema de seguridad ciudadana, los jóvenes trabajarán en brigadas y voluntariado, y recibirán capacitación en tecnologías.
"Hoy (ayer) empezó oficialmente (el trabajo de) la reglamentación; luego que el alcalde, el 1 de septiembre promulgará la Ley Municipal de Juventud”, dijo el delegado de juventudes de la Alcaldía, Óscar Sogliano.
La reunión fue en coliseo Catacora, situado la zona Norte. El trabajo del reglamento se concluirá en 20 encuentros juveniles en los distintos macrodistritos, que analizarán temas de seguridad, empleo, salud y educación.
Se prevé que el documento de la reglamentación esté finalizada para enero o febrero del próximo año. Sogliano destacó que uno de los avances es el programa de Mi Primer Empleo, que da trabajo a los jóvenes.
Recordó que la ley prevé un carnet juvenil para dar referencia -en transporte, teatro y espacios de arte y de deporte- a la población. Anticipó que en el tema de seguridad ciudadana, los jóvenes trabajarán en brigadas y voluntariado, y recibirán capacitación en tecnologías.
jueves, 11 de septiembre de 2014
Morales promulga ley que permite la reducción de edad de jubilación por trabajos insalubres
El presidente Evo Morales promulgó hoy la Ley 573, que establece la reducción de la edad de jubilación por trabajos insalubres, que solo en el sector de la minería se prevé que beneficiará potencialmente a 3,652 trabajadores.
"Un pequeño aporte para este sector insalubre para esos hombres y mujeres sacrificados entiendo perfectamente en minas, industrias debe ser muy sacrificado", dijo.
El ministro de Economía, Luis Arce, manifestó que la norma alcanza a trabajadores de ladrilleras, cementeras, elementos tóxicos y gases, además de la minería, entre otros.
Indicó que se realizará un estudio técnico-científico que definirá los años de reducción para la jubilación de un trabajador que desarrolla su actividad en condiciones insalubres.
Morales, destacó el cumplimiento de la Asamblea Legislativa, que aprobó la norma rápidamente, luego que el 6 de agosto se presentó el proyecto de ley, junto con la propuesta del aguinaldo para beneficiarios de la Renta Dignidad, que ya fue promulgada.
Reflexionó, en la oportunidad, sobre la importancia de "cuidar" la economía para invertir en proyectos que beneficien a los bolivianos y no para "privatizar" y aseguró que el aparato productivo fue reactivado, por lo que ahora se apunta a su potenciamiento.
"Un pequeño aporte para este sector insalubre para esos hombres y mujeres sacrificados entiendo perfectamente en minas, industrias debe ser muy sacrificado", dijo.
El ministro de Economía, Luis Arce, manifestó que la norma alcanza a trabajadores de ladrilleras, cementeras, elementos tóxicos y gases, además de la minería, entre otros.
Indicó que se realizará un estudio técnico-científico que definirá los años de reducción para la jubilación de un trabajador que desarrolla su actividad en condiciones insalubres.
Morales, destacó el cumplimiento de la Asamblea Legislativa, que aprobó la norma rápidamente, luego que el 6 de agosto se presentó el proyecto de ley, junto con la propuesta del aguinaldo para beneficiarios de la Renta Dignidad, que ya fue promulgada.
Reflexionó, en la oportunidad, sobre la importancia de "cuidar" la economía para invertir en proyectos que beneficien a los bolivianos y no para "privatizar" y aseguró que el aparato productivo fue reactivado, por lo que ahora se apunta a su potenciamiento.
viernes, 5 de septiembre de 2014
Aguardan que se promulgue ley de reducción de edad
Después de que el 19 de agosto el Senado sancionó sin cambios el proyecto de Ley de Reducción de Edad por Trabajos Insalubres, solo se aguarda la promulgación de la norma por parte del presidente Evo Morales.
El senador Andrés Villca, miembro de la Comisión de Autonomías Departamentales de la Cámara Alta, informó ayer que la ley sancionada fue remitida al Órgano Ejecutivo para su pronta promulgación. Dicha norma reducirá la edad de jubilación del sector minero y otros que laboran con riesgo para su salud.
“Se sancionó sin modificaciones el proyecto de ley”, sostuvo. La normativa establece que los trabajadores mineros beneficiarios deberán contar con un estudio técnico del sector, que se realice por una comisión técnica que determine el riesgo de la actividad para la salud.
Este estudio técnico para la declaratoria de trabajo análogo deberá ser realizado por el Instituto Nacional de Salud Ocupacional (Inso), el Instituto Nacional de Seguros de Salud (Inases) y el Departamento Nacional de Medicina del Trabajo de la Caja Nacional de Salud (CNS).
Para otros sectores que trabajan en condiciones insalubres, se establece que deberán contar con un estudio técnico que contemple la reducción de la esperanza de vida respecto al tiempo de exposición a esas condiciones.
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