La nueva Ley de Inversiones

No cabe duda que la nueva Ley de Inversiones es de particular importancia para el país y su economía. Para el Gobierno tiene una connotación especial. Con esta norma se derogan las leyes neoliberales de inversiones de 1990, la de privatización de 1992, la de capitalización de 1994. Así, para el Gobierno es, sin duda, un avance importante en la construcción del Estado Plurinacional.

Definitivamente la orientación del Gobierno se puede resumir en la frase: “todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado”. Coherente con la idea de la economía plural, el Estado asume el control de los principales procesos de inversión, desde el momento en que se crea un registro de inversiones, tanto para las extranjeras como para las estatales.
La ley mantiene la desconfianza frente a la inversión extranjera, pero acepta la necesidad que el país tiene de ella, por lo cual introduce diversos mecanismos de registro, seguimiento y control. A los obvios criterios de rentabilidad privada que buscan estas actividades, el Estado les impone requisitos que tomen en cuenta la equidad, la lucha contra la pobreza, etc.
Para orientar y promover las inversiones que al Estado le parecen pertinentes al país, el Ministerio de Planificación deberá convertirse en una estructura burocrática más compleja, y con mayor cantidad de funcionarios, expertos ellos, en la actividad productiva.

Como lo más probable es que tal cosa no ocurra, cabe pensar que el citado ministerio será una barrera más a la ya compleja burocracia estatal, y a la larga un cuello de botella para la actividad productiva. Si el sistema de inversiones preferentes no se construye con transparencia y eficiencia técnica, cabe pensar que será un importante espacio de corrupción del Gobierno, donde millones de bolivianos se canalizarán hacia fortunas mal habidas.

De particular interés es el tema del arbitraje con la inversión extranjera. El Gobierno insiste en que toda controversia debe solucionarse en las instancias nacionales e insiste en que la nueva ley da seguridad jurídica a los inversionistas. El tema es si los inversionistas lo creen así. Si así fuera, una era de incremento de financiamiento se abrirá en el país, pero si dentro de, por decir, cinco años, los resultados son modestos o negativos, sabremos, con la contundencia de los hechos, que la nueva normativa no ha sido una avance para el país, como ha ocurrido con la elección directa de las autoridades del Poder Judicial.

Finalmente, hay que destacar el lenguaje especial del nuevo marco jurídico. En su definición de inversión dice: “Inversión es toda colocación de aportes de inversión en los diferentes mecanismos de inversión de acuerdo con lo señalado en la presente ley de inversiones”