En 1995, durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, fue aprobada la Ley 1678 de la persona con discapacidad y en 1997 se promulgó el Decreto 24807 en los que instruía la apertura de espacios de trabajo para discapacitados en empresas públicas y privadas.
En 2004, en la gestión de Carlos Mesa, los discapacitados marcharon de Caracollo a La Paz y lograron modificaciones al anterior decreto con la promulgación Decreto Supremo Nº 27477. En 2008 se dio la última modificación, en la gestión de Evo Morales, con el decreto 29608. Todo este andamiaje de leyes y decretos ordena reserva del 4% de su personal de las empresas para personas con algún de discapacidad.
“Esto no se cumple”, sostiene Lucio Temo, responsable del Codepedis. Argumenta que es porque las leyes no obligan a los empresarios a cumplir con este instructivo. “No hay que negar que hay avances en cuanto a sensibilización de la sociedad y de las empresas, pero no es suficiente”, asegura.
No hay comentarios:
Publicar un comentario