Nos guste o no, la Constitución Política del Estado (CPE) en su artículo 311.II.1 determina que "el Estado ejercerá la dirección integral del desarrollo económico y sus procesos de planificación". Por tanto, la ley denominada de "Promoción de Inversiones" se inserta en esta fundamental determinación, razón por la que comienza indicando que Bolivia se declara como una economía planificada por el Estado. El Estado orienta la inversión. Esto nos debería recordar el fracasado modelo de planificación, tanto en la ex URSS como en Cuba.
Se decide que se promoverá la inversión en sectores "productivos" para cambiar el patrón primario exportador que caracteriza a Bolivia hacia la industrialización a gran escala, en consonancia con la CPE. La ley de inversiones determina la exclusividad del Estado en cuanto a inversión en sectores estratégicos. Se observa obsesión por industrializar recursos naturales.
Pero esto es una traba para la atracción de la inversión extranjera directa, lo que es lo mismo decir de empresas transnacionales, que buscan operar en los países donde vayan con amplios márgenes de libertad, porque ellos saben las ventajas comparativas y competitivas que tienen los países y sus decisiones se basan en estas razones económicas que les permiten asegurar beneficios, reduciendo riesgos. Adicionalmente, la inversión extranjera viene de la mano con la tecnología tan imprescindible para países como Bolivia. Finalmente, las transnacionales son las que abren mercados en países desarrollados para los productos que producen los países subdesarrollados.
Por un lado, la ley de inversiones determina la igualdad jurídica de las diferentes formas de organización económica que existen en el país, sin embargo prioriza la inversión nacional en relación a la extranjera, lo cual es "nacionalismo", algo que ya no ocurre en el mundo.
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