Casi 20 años después de su promulgación, el Gobierno decidió la abrogación de la polémica Ley de Capitalización y de otras cuatro leyes que daban concesiones a las empresas mineras; se trata de las leyes de Privatización, Ley de Inversiones de 1992, Ley de Corredores de Exportación y el decreto 23230-A que daba concesiones mineras. La anulación de estas normas está establecida en el anteproyecto de ley de inversiones que será considerado esta semana en el Parlamento.
“El Ministerio de Planificación del Desarrollo en coordinación con los Ministerios competentes, elaborarán la ley especial que reglamente la aplicación del parágrafo I del artículo 262 de la Constitución Política del Estado. Esta Ley especial deberá abrogar la Ley Nº 1961, de 23 de marzo de 1999, de Corredores de Exportación de Energía, Hidrocarburos y Telecomunicaciones de Necesidad Nacional”, señala la disposición final cuarta del referido documento.
El presidente de la Comisión de Planificación Económica de la Cámara de Diputados, David Quispe (MAS), informó que la Asamblea conformará una “comisión integrada” a cargo de la comisión de Planificación Económica y la de Constitución para tratar dos normas, Inversiones y la Ley de Arbitrajes.
Sin embargo, los promotores de la Ley de Capitalización recordaron que esa norma contiene artículos referidos a los aportes de los trabajadores y el funcionamiento de las AFP, en alusión a los artículos 5 y 7 de la Ley 1544 que autorizó la venta de acciones de las empresas nacionales a consorcios internacionales.
El diputado Quispe, afirmó que cuando se inicie la consideración de la norma se realizarán los ajustes y que entonces se podrá explicar los pormenores de la propuesta.
Migración
De igual modo, este anteproyecto prevé la migración de los contratos que tienen en este momento las empresas para acogerse a los incentivos que señala la nueva ley.
“Las inversiones realizadas en el país bajo el mecanismo de riesgo compartido u otras realizadas en el marco de la ley 1182 y sus normas reglamentarias, para acogerse a los incentivos establecidos en la presente norma, deberán migrar a los nuevos mecanismos de inversión a ser establecidos en el marco de la presente ley y la normativa sectorial”, refiere la disposición final segunda.
De igual modo, refiere que el Estado podrá transferir las inversiones realizadas en una determinada empresa a los actores de las otras formas de organización económica de la economía plural, “únicamente cuando el Estado persiga objetivos sociales”, aclara el anteproyecto de ley.
El Ministerio de Economía estará a cargo del desembolso de recursos cuando así se requiera en estas empresas.
La ley y los delitos
castigo al avasallamiento
Se castigará la invasión, destrucción o entorpecimiento del desarrollo de la inversión privada, estatal o mixta con penas que llegan hasta los ocho años; añaden el artículo 232 bis al Código Penal vigente.
Estados financieros falsos
Incorpora el artículo 29 bis y castiga la elaboración y aprobación de estados financieros incompletos o que contengan información falsa de sociedades comerciales, empresas públicas o las empresas mixtas.
Penas agravadas
La pena será agravada en un tercio cuando el hecho se refiera a pasivos exigibles, pasivos contingentes y demás información contenida en los estados financieros de empresas privadas que sean nacionalizadas.
ANÁLISIS
Los contratos siguen vigentes
Julio Alvarado / Analista
La Ley de Capitalización no solo era una norma, hay que recordar que al margen de la norma, el Estado firmó acuerdos, contratos con las empresas transnacionales, entonces los contratos están vigentes y el mejor ejemplo es cómo hemos perdido el juicio con Rurelec; si queremos romper esos contratos se puede hacer, pero eso significa que nos van a llevar a arbitrajes.
Ahora, la migración de contratos no es otra cosa que la mal llamada nacionalización, es lo mismo, nos van a hacer creer que nacionalizan cuando lo único que hacen es comprar acciones de las empresas y firmarán un nuevo contrato; ahí el Gobierno debe exigir una auditoría antes de cualquier nacionalización, como en el caso de la empresa Cruz Blanca, que compró acciones de las ramales occidentales y orientales de ferrocarril y no invirtió lo que está en el contrato, en ese caso se puede ir a arbitraje y se puede ganar, pero hacer por posicionamiento político lo único que lograremos es ganar otro arbitraje y la posibilidad de perder más dinero.
Hay una investigación en curso sobre ese proceso y que tiene un presupuesto jugoso de 3 millones de bolivianos, esa investigación nos dirá seguro qué empresas fueron capitalizadas y quiénes fueron los responsables.
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