La Constitución cumple 5 años y aún persigue su aplicación plena

Un día como hoy, hace cinco años, entró en vigencia la nueva Constitución Política del Estado (CPE) tras ser promulgada por el presidente Evo Morales. Oficialistas reconocen que aún no hay una plena aplicación de la Carta Magna y opositores hablan de hacer urgentes modificaciones.

El 7 de febrero de 2009, el Mandatario puso en vigor el decimoséptimo texto constitucional de la historia de Bolivia y con ello selló un compromiso de aprobar al menos 100 leyes para que la normativa sea aplicada.

A estas alturas, en el MAS indican que hay avances, pero que se debe avanzar en las autonomías, la institucionalidad y la sanción de leyes estructurales, aún pendientes; además de la elección, en el Legislativo, de autoridades como el Contralor, la dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales.

Para un analista, aún no hay voluntad política de distintos actores y si bien la CPE es un documento interesante en temas de inclusión y la plurinacionalidad, todavía se trata de “un buen deseo y un referente teórico”.

Datos. Con todo, oficialistas dicen que a la fecha se aprobó el 60% de las leyes, llamadas estructurales, para aplicar el texto y que esta gestión se proyecta avanzar otro 30%. Se priorizarán los nuevos códigos y reglamentos de las leyes ya promulgadas. El resto de las normativas deberán ser resueltas por la nueva legislatura, en 2015.

“La Constitución es más inclusiva, por ejemplo las mujeres han tenido un rol protagónico en la Asamblea, pero faltan varias leyes como los códigos; en la Justicia, por eso sigue habiendo retardación (...). Otro problema es la reglamentación de las leyes promulgadas que debería hacerse en seis meses, pero tardan dos años”, sostuvo la senadora Nélida Sifuentes (MAS).

Para su colega, Adolfo Mendoza, la ejecución no es inmediata ya que aún no concluyó la transición del viejo al nuevo Estado, no obstante, destacó leyes consideradas como “la punta de lanza” de la nueva institucionalidad estatal: la Ley del Órgano Electoral, la del Órgano Judicial, del Tribunal Constitucional y la Ley de Autonomías.

“Así, ya hubo una aplicación estructural de lo que se soñaba con la Constitución, pero hay desafíos como aprobar una Ley del Órgano Legislativo que nunca hubo en el país (...). La transición del viejo al nuevo Estado que es un proceso muy largo que depende de la correlación de fuerzas y las necesidades del país”, indicó.

La Asamblea Constituyente (2008-2008) fue el punto de partida para confeccionar la nueva CPE con la que nació, en 2009, la Asamblea Legislativa, con 130 diputados y 36 senadores, que aprobó 482 leyes en cuatro años.

Para el analista político Marcelo Silva, una de las debilidades en la ejecución del mandato del texto constitucional es la “falta de voluntad” y decisión de los actores políticos sobre todo en el tema de autonomías, el sistema de administración que avanza lentamente por falta de asignación de recursos a las regiones. En este sentido, el senador opositor Marcelo Antezana sostuvo que se precisa hacer modificaciones a la CPE.

Para el legislador, el artículo primero de la CPE, que usaron para cambiar de República a Estado Plurinacional, contradice al artículo 11 que indica que la República de Bolivia adopta el régimen de Estado como forma democrática y representativa.

“Como oposición, proponemos que Bolivia se constituya en un Estado Federal y no unitario que centraliza todo sin dar paso a las autonomías; así se profundizaría las autonomías y se daría paso a una verdadera descentralización política administrativa del país en los tres niveles de gobierno: el central, regional y municipal”, señaló.

El proceso de la CPE

Inicio

El 6 de agosto de 2006 comenzó el proceso con la Asamblea Constituyente que elaboró el texto, aprobado en 2008 por el Legislativo, tras un acuerdo político, y luego sometido a referendo, el 25 de enero de 2009. La CPE fue aprobada con el 61,43% de los votos y promulgada el 7 de febrero.

Marcelo Silva: La CPE todavía es un referente de la teoría

Los dos pilares más importantes de la Constitución son la implementación del Estado Plurinacional y de la Autonomía. En criterios teóricos es un texto interesante; pero en el plano real la Carta Magna sigue siendo, en algunos casos, nada más que un buen deseo.

El primer elemento con el que se topa la Constitución es la creación y la legitimidad de instituciones políticas y jurídicas que lleven adelante la aplicación concreta de la CPE y esto no ha sucedido.

Por ejemplo, la baja legitimidad que tiene el Órgano Judicial demuestra el escaso nivel de institucionalidad que se ha creado; en ese aspecto, la nueva Constitución se convierte en nada más que un referente formal y teórico. Lo mismo pasa en instituciones que fiscalizan recursos, como la Contraloría que hasta ahora no se ha institucionalizado.

El sistema político del país no ha tenido la voluntad ni decisión de construir instituciones fuertes, legítimas e independientes que hagan posible la Carta Magna; esa es una de las principales fallas.

Marcelo Silva es analista político.

Posturas sobre el mandato constitucional

‘Se aprobó el 60% de leyes estructurales’: Eugenio Rojas. Presidente de la Cámara de Senadores

De las 100 leyes (estructurales para aplicar la Constitución) estaríamos casi a más del 60% y este año ojalá que lleguemos al 90% y otras quedarán para la próxima legislatura (…). Hay muchas cosas que en la Constitución hay que aprobar, por ejemplo los gobiernos municipales tienen que enmarcarse, falta sus cartas orgánicas. En ese grupo también están las leyes del encuentro de sectores sociales y con esas estaríamos al 60% de avance. Ahora hay que priorizar los códigos, leyes ambientales referidas a bosques y agua, el Código Minero y Ley de Trabajo.

‘Queremos respeto a la Constitución’: Rebeca Delgado. Diputada del MAS y ‘librepensante’

A cinco años de la promulgación, estamos invitando al pueblo a realizar un acto de desagravio de la Constitución Política. Lo que queremos es que tengamos un Gobierno que respete la Constitución, ya no pedimos cambio ni de gabinete ni cambio de actitud, sino un cambio de Gobierno. Esto no implica una reforma de la Constitución, sino el respeto de la misma (...) ante las constantes violaciones por parte de la cúpula gubernamental a los derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas, libertades y garantías fundamentales del Estado.