La derogación de una disposición de más de 200 años que prohibía el uso de pantalones a las mujeres francesas demuestra que las “leyes olvidadas” son, sin duda, un problema global.
Pero la decisión del Ministerio de Justicia de Colombia de constituir un comité especial para lidiar con el tema de las leyes obsoletas parece sugerir que el asunto es particularmente grave en ese país.
El problema es que los mismos colombianos reconocen que padecen de un problema de “hiperinflación normativa”.
Y entre las más de 20.000 normas de su ordenamiento jurídico abundan las disposiciones que no deberían haber sobrevivido al paso del tiempo.
Leyes curiosas y obsoletas
Así, entre los ejemplos ofrecidos para ilustrar el trabajo del Comité para la Depuración y Racionalización del Ordenamiento Jurídico Colombiano, se destaca una ley de 1887 que prohíbe “la importación de chinos para cualesquiera trabajos en el territorio colombiano”.
“Prohíbese la importación de chinos para cualesquiera trabajos en el territorio colombiano, sin perjuicio de lo que se haya estipulado con determinadas compañías antes de la expedición de la presente ley”, expresa el artículo 4 de la Ley 62 de 1887.
Y también están los artículos 696 y 697 del Código Civil, que regulan la propiedad de abejas y palomas “fugitivas”; o el artículo 1180 del mismo código, que especifica que todo carruaje dejado en herencia también incluye a bestias y arneses.
Vocación legalista
La lista es bastante amplia y es difícil no sonreír ante los intentos de regular con tanto detalle temas tan puntuales como los horarios de los conciertos diarios de la banda municipal o el número de estudiantes de silvicultura que el Estado debe enviar a prepararse todos los años al exterior, que eran tres, según una ley de 1919. Aunque, en la práctica -y como también sucedía con la ley de 1800 que prohibía el uso de pantalones por parte de las francesas-, muchas de esas leyes han sido anuladas por ulteriores disposiciones.
Para evitar confusiones, el Ministerio de Justicia de Colombia también quiere que la tradicional fórmula que decreta que toda nueva ley deroga las disposiciones anteriores que le sean contrarias sea reemplazada por una lista que especifique claramente a qué normas se refiere.
Lo que podría simplificar mucho las cosas en un país en el cual, en promedio, cada año se promulgan unas 868 leyes y decretos.
Según la profesora de Historia del Derecho de la Universidad de Los Andes, Ana María Otero Cleves, el entusiasmo normativo colombiano ya era evidente durante el período inmediatamente posterior a la independencia.
“De 1830 a 1886 Colombia contó con un total de seis constituciones diferentes. Y una de las razones de la disolución de la Gran Colombia es que la concepción de la élite colombiana era que los venezolanos eran muy impulsivos y belicosos y que nosotros éramos muy legales, muy abogados”, explicó la jurisconsulta.
“Si tú vas a la Plaza de Bolívar y miras arriba del Palacio de Justicia, la frase que está ahí dice: ‘Colombianos: las armas os han dado la independencia, las leyes os darán la libertad’, una frase de Francisco de Paula Santander, uno de los primeros presidentes de la República”, apuntó Otero.
“Y yo creo que eso también resume muy bien la postural legal colombiana: la fe de que la ley nos va a proteger de todo el desorden social, que ésa es la herramienta”, explicó (BBC).
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