Luego de declarar admisible el recurso de dos periodistas del diario La Razón, demandados por la Procuraduría General del Estado para que revelen sus fuentes informativas sobre el tema marítimo, la justicia ordinaria decidió remitir al Tribunal de Imprenta los obrados para que sean procesados por esta normativa, como lo establece la Constitución.
La información la suministró el demandante, el procurador, Héctor Arce, al conocer la disposición del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, asegurando que se someterá a la Ley de Imprenta de 1925.
“La Sala Penal Tercera declara admisible los recursos interpuestos por (el periodista) Ricardo Aguilar y (la directora del diario) Claudia Benavente... y declara probada la excepción de incompetencia del juez octavo en Instrucción en lo Penal. Se dispone la remisión de todos los antecedentes ante el Tribunal de Imprenta”, dice la resolución 148/2014 de dicha sala.
Sin embargo, en el despacho de Virginia Janeth Crespo Ibáñez, presidenta de la sala tercera, hasta el mediodía solo una disposición estaba admitida y se esperaba la segunda.
En mayo, Héctor Arce solicitó al Ministerio Público el inicio de una investigación para exigir que se revele la fuente informativa que divulgó información reservada en el tema marítimo, que se publicó en el diario paceño el 13 de abril.
El procurador reconoció y valoró ayer el principio fundamental de la vida democrática, a la “más absoluta libertad de prensa” y al respeto de la reserva del derecho de fuente, pero insistió en conocer la fuente de la supuesta infidencia. De tal modo, señaló que “estamos llevando adelante investigaciones a través de los órganos internos”.
Benavente, directora del diario aludido, dijo a EL DEBER que recibía “con mucha satisfacción” la decisión de la sala Tercera porque “es una muestra de que se instaló el sentido común, de justicia, de respeto a la Ley de Imprenta, los derechos constitucionales, a la fe en el periodismo” y agradeció las muestras de apoyo.
A través de un comunicado, la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) valoró la “meditada medida” porque se ajusta al curso que deben seguir los procesos contra periodistas por presuntas faltas por la Ley de Imprenta.
El secretario ejecutivo de la entidad periodística, Juan León, manifestó a este medio que hubiera sido un precedente nefasto para la libertad de prensa en nuestro país acatar el fallo del juez de la justicia ordinaria, que obligaba a Benavente y a Aguilar a revelar su fuente, por encima de la norma constitucional
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