Los avasalladores de yacimientos mineros serán condenados de cuatro a ocho años de cárcel, si el proyecto de Ley 176 es aprobado sin modificaciones por el pleno de la Cámara de Diputados, tal como recomendó la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado.
El mencionado proyecto incorpora en el actual Código Penal, los tipos de avasallamiento en área minera, explotación ilegal de recursos minerales y venta ilegal de los mismos.
"El que por cualquier razón ocupare área minera mediante violencia, amenazas, engaño o cualquier otro medio, impidiendo el ejercicio de actividades mineras o despojando derechos del Estado y/o titulares de derechos mineros que se hallan en posesión legal del mismo, será sancionado con privación de libertad de cuatro a ocho años", menciona textualmente el proyecto de norma que ya fue enviado por la comisión respectiva a la presidencia de la Cámara Baja.
El proyecto considera que la explotación ilegal de recursos mineros será sancionada, también de cuatro a ocho años de presidio, mientras que la venta ilegal de minerales será castigada con periodos de tres a seis años de cárcel.
Según datos de la Cámara Nacional de Minería (Canalmin), desde el 2004 al 2012, se dieron cerca de 200 avasallamientos, la mayor parte de los mismos se produjo en el Gobierno del presidente Evo Morales.
INSEGURIDAD JURÍDICA
Bolivia está entre las diez jurisdicciones del mundo menos atractivas para la inversión en minería, junto a Indonesia, Vietnam, Venezuela, República Democrática del Congo, Kirguistán, Zimbabwe, Guatemala, Filipinas y Grecia, según el documento: “Encuesta de empresas mineras 2012/2013, efectuada por Fraser Institute”.
Se trata de una consulta a empresas mineras y de exploración para evaluar la dotación de minerales y los factores de política pública, y cómo los impuestos y la regulación afecta a las inversiones en exploración.
Los factores de política examinados incluyen la aplicación de reglamentos y normas vigentes, el sistema legal y el régimen fiscal, la preocupación por áreas protegidas y las reclamaciones en disputa de tierras, infraestructura, condiciones socio-económicas y de desarrollo comunitario, las barreras comerciales, la estabilidad política, las regulaciones laborales, la calidad de la base de datos geológicos, seguridad, mano de obra y la oferta de competencias y la corrupción, entre otras.
REVERSIONES
En mayo del año pasado, cooperativistas mineros tomaron físicamente y de forma violenta las minas Triunfo y San Juanillo en el distrito de Colquiri de la Provincia Inquisivi de La Paz, hiriendo a siete trabajadores que operaban en el yacimiento de la empresa Sinchi Wayra, posteriormente el Estado revocó la concesión.
En junio del año pasado comunarios de Mallku Khota, se apropiaron del yacimiento del mismo nombre e incluso tomaron como rehenes a técnicos de la compañía minera canadiense "South American Silver", en julio, el Presidente Morales firmó un convenio con los ayllus, para revertir la concesión a la empresa extranjera.
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