Organizaciones no gubernamentales (ONG) del país están preocupadas por la aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional, el 5 de febrero, de una ley que en su artículo 14 establece la posibilidad de revocatoria de sus personerías jurídicas, lo cual las obligaría a cerrar sus puertas.
La revocatoria ocurrirá cuando se incumpla lo dispuesto en la ley y su reglamento y en caso de que realicen actividades distintas “a las finalidades establecidas en sus estatutos”.
El director de la Asociación de Instituciones de Promoción y Educación (AIPE), Aquiles Dávalos, expresó su extrañeza por la sanción de estas disposiciones, pues en el pasado las ONG apoyaron a Evo Morales.
Esta colaboración sucedió, de acuerdo con Dávalos, “a nivel personal, fueron ayudas personales de criterio, que se consolidaron en voto”.
“Hubo un acuerdo que se materializó en la decisión de cada persona para votar por el actual Presidente y así conformar todo el porcentaje que ha obtenido para ser hoy mandatario”, explicó el director de AIPE.
Si bien las ONG se agrupan en redes para efectos de administración y normativas, es necesario analizar “la situación de cada una de las ONG”, dijo Dávalos, pues éstas actúan de acuerdo con sus especialidades y lugares donde operan.
Ante la posibilidad de que varias ONG pierdan sus licencias, se planteará la posibilidad de que en el reglamento, que debe aprobarse en los 60 días posteriores al 5 de febrero, se incluya el derecho a la defensa y réplica de aquellas organizaciones que puedan resultar afectadas.
A partir del conflicto por el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), el Gobierno ha sostenido una relación tensa con las ONG.
Aquellas que están vinculadas a temas como la tierra, territorio y medio ambiente y que apoyaron las dos marchas del TIPNIS fueron acusadas por el Gobierno, aunque sin pruebas, no sólo de actuar políticamente, sino de tener vínculos con la Embajada de los Estados Unidos.
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