Las organizaciones no gubernamentales (ONG) que realicen “actividades distintas” a sus estatutos perderán sus personerías jurídicas sin proceso previo. Así lo establece la ley para la otorgación de personerías juridicas.
Las ONG están preocupadas porque ven un peligro de que con esta norma se pretenda extinguirlas por cualquier causa.
La ley, aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional el 5 de febrero, establece en su artículo 14 la revocatoria de personalidad jurídica por dos causas: cuando se incumpla lo dispuesto por esta norma y su reglamento, y cuando “realicen actividades distintas a las finalidades señaladas en sus estatutos”.
Este último tema es el que preocupa a la Asociación de Instituciones de Promoción y Educación (AIPE). Su director ,Aquiles Dávalos, manifestó que “este tema es el más conflictivo y hasta peligroso porque la revocatoria se puede dar casi de una manera fulminante, vista de una sola parte. Porque ¿quién calificaría que una ONG está o no cumpliendo sus (fines)?”.
El Gobierno del presidente Evo Morales ha sostenido una tensa relación con algunas organizaciones no gubernamentales producto del conflicto por el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
Algunas ONG vinculadas a los temas de tierra y medio ambiente que apoyaron las VIII y IX marchas indígenas contra la construcción de una carretera por el medio del parque Isiboro Sécure fueron acusadas por el Gobierno de actuar políticamente con el respaldo de la Embajada de Estados Unidos, aunque no presentó pruebas.
Instituciones como el Centro de Estudios Jurídicos e Investigaciones Sociales (CEJIS), el Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade) y la Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema) fueron acusadas de pretender desestabilizar al Ejecutivo, pero esas sindicaciones fueron rechazadas.
Por ese antecedente, las organizaciones no gubernamentales temen que se proceda a la revocatoria de sus personalidades jurídicas de forma “sumaria” y sin un proceso en el que las entidades asuman defensa; por ello plantean volver al Código Civil y que se reconozca una suerte de “arbitraje”, ante la posibilidad de quitarles sus licencias.
En un plazo no mayor a los 60 días hábiles se debe aprobar el reglamento propuesto por el Ministerio de Autonomías en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores.
En consecuencia, el representante de AIPE dijo que lo único que queda es plantear en la reglamentación que “exista derecho a la defensa, escuchar a las dos partes, considerar los descargos y evitar decisiones sumarias”.
Las redes de ONG realizarán propuestas para la reglamentación de la norma y así evitar suspensiones sesgadas.
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