El borrador de la nueva ley se remitirá en breve a la Asamblea Legislativa.
La futura norma fue concluida y es socializada en varias instancias.
La publicidad engañosa, que no exprese el verdadero sentido de los productos y servicios ofertados, se convertirá en delito, y por lo tanto será penalizada, establece el proyecto de Ley de Defensa de los Derechos del Consumidor y Usuario, que fue concluido y que se encuentra en su etapa de socialización.
“Tendremos una norma que tomará en cuenta lo que antes no estaba considerado como delito. Ahora vamos a tener un marco normativo que determinará que la publicidad engañosa tendrá ciertas penalidades”, informó a Cambio la viceministra de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Sonia Brito.
En la actualidad, la carencia de una ley en el sector impide que esta cartera de Estado y la Policía actúen en casos de estafa que se realizan con productos y servicios que no responden a las características anunciadas en la publicidad.
Según Brito, existe un abuso con “la publicidad engañosa” que ofertan insumos, como el caso de fármacos, sin el debido respaldo médico.
El proyecto de ley es analizado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conapes) y otras entidades.
Se espera que el borrador de la norma se envíe en breve a la Asamblea Legislativa para su consideración.
La nueva ley dotará de instrumentos al Estado para que defienda al consumidor y usuario de “los atropellos que cometen las entidades públicas o privadas proveedoras de bienes y servicios”, dijo Brito.
Agregó que muchos de estos derechos, como el acceso al agua, están consagrados en la Constitución Política del Estado (CPE).
“Hay que poner todas las condiciones para que el derecho que otorga el Estado a los bolivianos llegue en buenas condiciones a la ciudadanía. Por tanto, es un asunto estructural, grande, que cruza la economía y requiere de entidades fortalecidas que realicen un trabajo eficiente de protección a usuarios y consumidores”, aseveró la autoridad.
En ese contexto, el nuevo proyecto legal engloba un sistema de protección articulado entre entidades estatales del ámbito central, departamental y municipal.
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