Persisten observaciones por aplicación de Ley contra la violencia a las mujeres

Organizaciones sociales inician con el proceso de reglamentación.

La Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia es un acto demagógico del Movimiento Al Socialismo (MAS) para tapar los graves hechos de violación y agresión a las mujeres dentro del propio partido, además de que corta las aspiraciones de aquellas que no cuentan con recursos para enfrentar un proceso judicial, afirmó la líder del movimiento feminista Mujeres Creando, María Galindo.

“Han dicho que se va a dar prioridad a los problemas de las mujeres, con el mismo número de juzgados, pero eso es un absurdo, no va a servir para absolutamente nada. En lo que considero como útil es que una mujer pueda recabar un certificado forense de un médico privado, pero el problema es que las mujeres no acceden a iniciar los procesos, porque no tienen dinero para que un abogado les patrocine, con lo cual estamos frente a una Ley que le corta los pies a la propia aspiración de las mujeres, es un acto muy demagógico”, señaló.

Galindo aseguró que la ley recientemente promulgada, no toca problemas estructurales, ya que no se vieron los temas de corrupción, machismo e ineficiencia dentro de la Policía Nacional.

El aparato judicial boliviano es otro problema, según Galindo, porque además de corrupción hay sobresaturación del sistema siendo que jueces y fiscales llegan a tratar casos que no llegan a leer porque no tienen el tiempo material para hacerlo y no hay juzgados especiales para atender la cantidad acumulada de material procesal.

La creación de los albergues transitorios sería otro absurdo según la líder de Mujeres Creando, porque no se lo administrará de manera eficiente, además de que las instituciones autónomas no tienen la capacidad de crearlas oportunamente. “Una mujer que sufre violencia necesita que el hombre violento sea desalojado inmediatamente de la casa, me parece muy grave que la cosa se haga al revés, porque seguimos estimulando la lógica de que las mujeres no quieren salir de su casa, porque no quieren perder su garrafa, su cocina, etc. porque tiene que salir con los hijos, ellos tienen que sacar el material para el colegio, es un gran problema, entonces la Ley no va a servir para nada”, advirtió.

Un gran avance sería la creación de servicios de atención las 24 horas, siete días a la semana, que no sean servicios policiacos sino servicios civiles que tengan el poder o la atribución de desalojar al hombre violento de la casa.

Acotó que casos como el asesinato de Juana Quispe, a un año sin resolverse, no es un problema del texto que está escrito en la Ley sino que existe “demagogia barata” dentro del Gobierno.

Galindo reprochó el último caso de violencia política, cuando se verificó un hecho de presunto abuso o ultraje en la Asamblea Departamental de Chuquisaca, protagonizado por asambleístas del oficialismo con una trabajadora de limpieza. La feminista, reprochó que el caso haya sido derivado a la figura de “uso indebido de bienes del Estado”, dejando a la víctima en segundo plano.

“Esos casos me parecen indignantes yo creo que el Gobierno está cumpliendo una función de cómplice, el presidente debería haberse constituido en parte civil y pedir el juicio por violación en el caso de Domingo Alcibia de Chuquisaca, por ejemplo, y si no lo hacía el presidente debería haberlo hecho el vicepresidente o cualquiera de las ministras, si no lo han hecho es que políticamente están dispuestos a socapar al violador y que no haya ningún castigo real”, apuntó.

La preocupación de Galindo no es política ni mucho menos, pues dentro del proceso de sociabilización de la reglamentación, sectores sociales reunidos con la diputada del MAS, Rebeca Delgado, manifestaron las mismas observaciones a la normativa.

La Red de Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar de El Alto se reunió el viernes con la diputada y manifestaron sus preocupaciones como el tema de la conciliación. “Deberíamos ver como lo vamos a proponer, después para que pueda haber, como conversábamos diputada, en una norma complementaria, y de pronto ahí que pueda remediar de alguna forma la aplicación de esta ley, que pueda ser práctica, que no sea un obstáculo”, manifestó la representante del Slim – 1 de El Alto, Lourdes Flores.

“Y por otro lado el tema de la prueba, analizamos con las abogadas, (…) cuando la ley 1674 preveía que los familiares podían ser testigos, pero sabemos que en el procedimiento penal, no pueden ser testigos los familiares, además el tema de celeridad de los procesos”, agregó, mientras Delgado comprometió analizar cada punto conjuntamente a los miembros del Órgano Judicial.