Sólo tres reos con detención preventiva decidieron someterse a un proceso abreviado para beneficiarse con la Ley del Indulto en Cochabamba.
Según el director departamental de Régimen Penitenciario, Dennis Mejía, esta demora se debe a las “artimañas” que utilizan algunos abogados para beneficiarse económicamente con la desesperación y falta de conocimiento de las leyes de los privados de libertad.
“Hay mucha gente que cumple los requisitos, pero el problema está en los abogados que les dicen que van a salir libres sin ir al proceso abreviado. Asocian el proceso abreviado con aceptar la comisión de un delito y tener antecedentes penales”, dijo.
Agregó también que a través del departamento de Asesoría Legal de Régimen Penitenciario se llegó a todos los penales con información sobre la Ley del Indulto, pero algunos abogados entorpecen el proceso.
Mejía recordó el caso de un abogado que apeló la decisión de un juez hasta Sucre y sus defendidos no pueden beneficiarse con el indulto. “Tres de ellos quieren irse con el beneficio, pero por la apelación no pueden salir”, dijo.
El decreto presidencial del indulto se amplió por 60 días más para los reclusos con detención preventiva que se sometan a procesos abreviados. Estas personas deben cumplir ciertos requisitos de la normativa como el cumplimiento de la tercera parte de la pena y la sentencia por un crimen o delito menor a 10 años.
BENEFICIARIOS El 2 de marzo concluyó el plazo para la presentación de carpetas de los reos ejecutoriados que querían beneficiarse con el indulto. En Cochabamba se presentaron 100 carpetas de las cuales 35 fueron aprobadas en primera instancia y 20 estuvieron observadas porque no se cumplía el requisito de tiempo de permanencia. Hasta el lunes se tenía el dato de que al menos diez de las 35 personas salieron de las cárceles con este beneficio. Aún se encuentran en revisión en La Paz, 45 carpetas.
Las primeras personas en salir de las cárceles, a principios del mes de marzo, fueron tres mujeres y dos varones recluidos por delitos de narcotráfico (1008).
PROYECCIONES Para este año, Régimen Penitenciario tiene previsto consolidar con algún municipio la entrega de un terreno para la construcción de una nueva cárcel modelo con capacidad para cinco mil internos. El proyecto tuvo que ser aplazado tras el rechazo de pobladores de Cliza a la implementación de la cárcel.
“Estamos viendo algunas propuestas de Tolata y Arbieto, pero requerimos un espacio donde haya accesibilidad para llegar a caminos, no es sencillo pero debemos seguir trabajando”, agregó.
Explicó que en el municipio de Chimoré existe la posibilidad de construir una cárcel tomando en cuenta que una cantidad considerable de reclusos son de esta región por la Ley 1008.
Finalmente se refirió a la posibilidad de habilitar carceletas en Totora y Tiraque. Ya se cuenta con un proyecto para su implementación.
No hay comentarios:
Publicar un comentario