A un año de la promulgación de la nueva Ley del Ministerio Público, los resultados son poco alentadores. Ni celeridad ni transparencia, todo sigue igual. Nada de lo que dice la nueva ley se puso en práctica en beneficio de las víctimas, como en los casos de la intervención policial a los indígenas del Tipnis en Chaparina y las denuncias de "espionaje" que “duermen” en gaveteros de fiscales a diferencia del caso Conisur oficialista que tiene en sus manos mandamientos de aprehensión contra sus rivales indígenas.
La Ley Orgánica del Ministerio Público (Ley Nº 260) fue promulgada el 11 de julio de 2012 y a un año, tiene en su haber fuertes cuestionamientos de la oposición. El diputado de Convergencia Nacional (CN), Mauricio Muñoz calificó de pésimos los resultados de esta nueva norma del Estado Plurinacional, porque corre en persecución de los opositores y se cansa con rapidez cuando recibe denuncias contra los oficialistas.
Sostuvo que la reciente denuncia del ex Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín puso contra las cuerdas a la fiscalía de La Paz que investiga la represión ocurrida en octubre de 2011 y a casi dos años no hay ninguna autoridad de Gobierno denunciada con mandamiento de aprehensión ni se encuentra en el rol de investigados y menos se pronunció sobre una policía infiltrada para operar un amago de secuestro al canciller David Choquehuanca.
Entre tanto la dipuatada de Unidad Nacional (UN) Elizabeth Reyes, dijo que eso muestra, además de un gobierno débil, una Policía Boliviana, Sistema de Inteligencia y Fiscalía presta para fines políticos partidarios de un gobierno "cobarde y débil", mientras el diputado Alejandro Zapata de CN, retó al Gobierno de turno a investigar las denuncias de infiltración.
El MAS cerró filas en torno a las acusaciones de la oposición y señaló que todos los casos aludidos están en manos del Ministerio Público. La jefe de bancada del MAS, Flora Aguilar, dijo que el Ministerio Público tiene que investigar sobre quiénes secuestraron al Canciller, pero no dijo nada sobre la retardación de justicia.
La abogada Aida Camacho (MSM) recordó que cuando "hay una represión cruel, violenta contra cientos de indígenas perpetrados, desde el Gobierno no hay un solo detenido y el día de hoy quieren detener a tres dirigentes". El principal sospechoso, el ex ministro de Gobierno Sacha Llorenti, fue enviado de embajador ante la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Esa descripción contradice al principio de la nueva Ley del Ministerio Público que manda a fiscales ejercer sus funciones de "manera, pronta, oportuna y sin dilaciones". Eso ocurrió con el líder del Conisur oficialista, Gumercindo Pradel que en menos de una semana obtuvo tres órdenes de aprehensión contra líderes de la octava marcha indígena.
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