Las leyes sobre propiedad intelectual ya no protegen a los autores ni garantizan a la sociedad al acceso de bienes culturales en términos equilibrados.
Las leyes de derechos de autor protegen, en la práctica, a los titulares de los derechos patrimoniales de las obras, es decir, a las grandes empresas de la industria de contenidos y dejan desamparados al autor y a la sociedad para hacer valer sus derechos.
El comercio informal permite a los autores y a la sociedad a restaurar un equilibrio, en el que los autores a través de “acuerdos” con las asociaciones de comerciantes de DVD pueden obtener mejores ingresos por su obra, que los que obtendrían a través de los canales de distribución legales.
El comercio informal de bienes culturales es una respuesta a la dicotomía entre las normas legales y la realidad. Si bien permite a la sociedad acceder a una mayor variedad de obras, en la misma medida afecta y desmotiva a los autores y realizadores a crear nuevas obras. Se podría decir que es una especie de reciclaje cultural, en la que la sociedad tiene acceso a cada vez menos obras de menor calidad.
En ese sentido, en la medida en que las leyes establezcan un equilibrio entre autores, sociedad e industria/comercio, sin favorecer a unos en desmedro de otros y estén acordes a la realidad social, económica y cultural, así como al desarrollo tecnológico, se podrá combatir la piratería en Bolivia, o en su caso favorecer a la legalización de la gente dedicada a esta actividad.
En el país no se cumplen las actuales leyes debido al desconocimiento de la normativa, así como a que los mecanismo de protección de derechos son de difícil cumplimiento debido, entre otras cosas, a la desactualización de nuestra normativa con respecto al avance tecnológico de las últimas décadas.
El aspecto social es también importante, pues la aplicación de la normativa afectaría a un importante grupo de la sociedad que vive de la comercialización informal de las obras audiovisuales en el país.
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