La ley de bancos y sus cambios

Roberto Laserna - Presidente De Fundación Milenio

El Gobierno del presidente Morales tiene la característica de querer cambiar todo, aunque sea en el papel. La ley que actualmente regula el sistema financiero se denomina Ley de Bancos y Entidades Financieras, la misma que pasará a denominarse Ley de Servicios Financieros una vez que se promulgue el voluminoso proyecto, constituido por 551 artículos más ocho disposiciones adicionales. La Ley de Bancos que se promulgó en 1993 tenía 169 artículos. Llama la tención este ‘hipertrofiamiento’ normativo.


En una ley tan ampulosa no es fácil distinguir lo importante de lo secundario, lo que debería ser parte de una ley y lo que debería ser parte de su reglamentación. Sus propósitos o, como se dice en lenguaje jurídico, lo que importa es el ‘espíritu de la ley’.


El referido proyecto de ley de entidades financieras es una mezcla de todo, desde intentar convertir la banca en entidades canalizadoras de crédito, sin medir el riesgo que ello conlleva, hasta entidades de beneficencia social. Es una mezcla de aspectos fundamentales con aspectos secundarios. Es una ley que tiene mucho de reglamento y, sin embargo, deja normatividad fundamental para que sea aprobada a nivel de decreto supremo. Esto no crea un ambiente de seguridad, de estabilidad ni incentiva el desarrollo de la intermediación financiera en Bolivia. Crea incertidumbre y riesgos que el Gobierno no está evaluando correctamente.

No se reconoce que el rol fundamental de un sistema financiero es transferir, con conocimiento y pericia, el ahorro de las personas dominantemente hacia la inversión para la producción de bienes y servicios, lo que hace crecer la economía. Esto quiere decir que su especialidad, por un lado, es atraer el ahorro y, por el otro, ver dónde está la demanda para satisfacerla, pero ante todo asegurando su recuperabilidad, porque el dinero que presta la entidad financiera no es de su propiedad, sino es propiedad de las personas.

El proyecto de nueva ley de bancos no representa un avance para el desarrollo financiero ni económico del país. Es un retroceso a lo que en Bolivia se hacía en 1985. En esos tiempos lo rutinario era la fijación de las tasas de interés por el Gobierno y los bancos estaban obligados a mantener una determinada composición del crédito bajo el denominativo: ‘política selectiva del crédito’. Los resultados no fueron nada buenos