El Ministerio de Justicia y la Procuraduría General del Estado iniciaron este lunes el proceso de socialización del anteproyecto de Ley de Conciliación y Arbitraje. El anteproyecto de ley crea el Régimen Especial de Arbitraje, referido a contratos celebrados por el Estado con empresas privadas sobre los recursos naturales estratégicos, y de acuerdo a la Carta Magna, las controversias surgidas en estos casos se regirán bajo la jurisdicción, leyes, reglamentos y demás normativa boliviana.
“Para lograr la consolidación de este anteproyecto de Ley, tanto el Ministerio de Justicia como la Procuraduría General del Estado han establecido una agenda de trabajo en mesas de coordinación para llegar a fortalecer y finalmente a establecer este documento”, manifestó la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez.
El Procurador general del Estado, Héctor Arce, explicó que el anteproyecto de Ley de Conciliación y Arbitraje señala como una de las figuras innovadoras el levantamiento de confidencialidad cuando se trata de proteger los intereses del Estado y como una atribución que le otorga la Constitución a la Procuraduría.
Asimismo, la propuesta indica que las actuaciones y resultados de la conciliación y el arbitraje estarán sujetos de manera obligatoria a la confidencialidad, salvo acuerdo de partes, orden judicial fundamentada o requerimiento de autoridad legalmente facultada.
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