El proyecto de Código Niña, Niño y Adolescente, en tratamiento en Diputados, amplía la imputabilidad de adolescentes a partir de los 14 años (actualmente es desde los 16) y crea una “nueva justicia penal” para las personas entre los 14 y 18 años.
“Es un sistema que los reconoce (a los adolescentes a partir de los 14 años) como personas, los reconoce como sujetos de derecho, como personas capaces de defenderse”, explicó el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Héctor Arce.
Un grupo de diputados de la oposición expresaron ayer su rechazó a la ampliación de la imputabilidad de los adolescentes, desde los 16 años a los 14 años, establecida en el proyecto de Código Niña, Niño y Adolescente, que se empezó ayer tratar en grande en la Cámara de Diputados. Asimismo, expresaron su preocupación por el reconocimiento en el proyecto de los derechos de los niños o niñas a partir de su nacimiento y no de su concepción como actualmente esta instituido.
Advirtieron que esa modificación deja abierta la posibilidad de la legalización del aborto, que plantean varios sectores.
El diputado Javier Zavaleta informó que el proyecto de Código Niña, Niño y Adolescente implementará una nueva justicia penal para adolescentes entre 14 y 18 años. Desarrolla, entre otras medidas, el procedimiento para adolescentes con responsabilidad penal. Este amplía el margen de protección hasta los 18 años.
Además, dijo que la normativa propone mecanismos de justicia restaurativa y medidas socioeducativas, para reintegrar al adolescente con la familia, el entorno y la comunidad a través de centros especializados.
Según Zabaleta, estas disposiciones obligaran a las Gobernaciones a construir y administrar centros de orientación y rehabilitación para adolescentes en los cuales puedan ser segregados por edad y género, para la aplicación de programas de orientación socioeducativa.
Por otro lado, el proyecto de ley establece que la responsabilidad de los adolescentes cuando cometen algún delito es una responsabilidad penal atenuada en cuatro quintas partes respecto al máximo penal correspondiente al delito.
El texto señala asimismo que para delitos cuyo máximo penal sea entre 15 y 30 años en la Ley Penal, la pena deberá cumplirse en un centro especializado en privación de libertad. Y para delitos cuyo máximo penal sea menor a 15 años, se aplicarán medidas socioeducativas en libertad.
El Código del Niño, Niña y Adolescente (Ley 2026) aprobada en 1999 establece que los mayores de 16 años y menores de 21 años, serán sometidos a la legislación ordinaria, pero contarán con la protección a que se refieren las normas.
Derechos laborales
“Lo que hace el actual Código es simplemente prohibir el trabajo infantil (y con esto) lo que hacía era permitir una serie de abusos y atropellos, (en el nuevo Código) hay una serie de prohibiciones expresas para este ámbito pero también hay un reconocimiento de las condiciones laborales para los adolescentes mayores de 14 años” señaló el presidente de la Comisión de Constitución, Héctor Arce.
Sobre el tema, el diputado Javier Zavaleta detalló que “cualquier adolescente puede trabajar sin ningún inconveniente y tiene que tener todos los derechos laborales que tiene cualquier otra persona”.
Innovaciones en el proyecto de código
La propuesta de Código Niña, Niño y Adolescente remitida por la comisión integrada de Constitución, Legislación y Sistema Electoral y Derechos Humanos consta de 345 artículos, siete disposiciones adicionales, nueve transitorias, una abrogatoria, una derogatoria y dos legales.
Según los proyectistas, la norma incluye al menos 5 innovaciones en materia legislativa en salud, protección contra la violencia, derechos laborales, sistema penal e incremento de presupuesto por parte de todos los niveles de Estado.
El Seguro Universal Materno Infantil (SUMI) incluirá en su cobertura a los niños hasta los 12 años. Plantea una mayor protección de niños y adolescentes contra la violencia sexual y en el ámbito escolar. Garantiza el derecho al trabajo de adolescentes de 14 a 18 años y establece obligaciones a los empleadores de acuerdo con la ley general del trabajo, entre algunas de esas “innovaciones”.
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