Los funcionarios y ejecutivos de las empresas públicas que entreguen “información privilegiada” serán condenados a penas de uno a cuatro años de cárcel, según establece el proyecto de ley de empresas públicas, que fue aprobado el martes en grande y detalle en la Cámara de Diputados.
“El que en virtud de su cargo, empleo, posición o responsabilidad, teniendo acceso o conociendo información privilegiada, utilice, divulgue, transmita o disponga de la misma para lograr beneficios, directa o indirectamente, para sí o para un tercero, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años”, dicta el proyecto.
Revisión en el Senado
La normativa pasó al Senado para su revisión y posterior sanción. El proyecto, entre otros aspectos, reconoce a 23 empresas estatales y 20 con participación mayoritaria estatal. Además establece el régimen de las empresas públicas del nivel central, que comprende a empresas estatales, estatales mixtas, mixtas e intergubernamentales.
El diputado Luis Alfaro (MAS) señaló que la norma busca reducir la burocracia y controlar el funcionamiento de las empresas estatales, entre ellas Entel y YPFB
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