Aunque el anuncio de un senador oficialista no ha sido confirmado en el nivel superior de área, sea en el Ministerio de Minería y Metalurgia (MMM) o a través de la Comibol, tampoco se conoció un pronunciamiento específico de portavoz gubernamental, sin embargo dada la demora en aprobar la Ley de Minería, que data de tres años atrás, no sería ninguna novedad que se la postergue un año más, ahora con un justificativo que no corresponde a la situación, pero que sirve para "dar el tiempo suficiente" para que los encargados de su redacción efectúen una serie de ajustes en el intrincado texto normativo minero.
Según la información divulgada por el matutino nacional Página Siete, el Senador del MAS, Fidel Surco hizo saber que se acordó postergar el tratamiento de los proyectos de las leyes General de la Coca y la Ley Minera hasta que pasen las elecciones del 2014, que posiblemente se cumplirán en octubre del año venidero.
Hay más en la justificación, afirmando que ambos proyectos se trabajarán ( en su parte final) recién el 2015 porque en criterio del asambleísta "son temas complicados que pueden ser utilizados como "vendettas políticas" por la oposición en la campaña electoral del MAS para el 2014".
En el caso de la coca, los parlamentarios no quieren que la oposición se aproveche de la situación con el pretexto del uso de hectáreas legales para el cultivo de la hoja…es un tema muy complicado que debe seguir en debate y ser socializado para permitir la aprobación de la Ley sobre el consumo legal de la hoja de coca", se indicó. La Ley 1008 está en vigencia y determina los topes para plantación de coca, aumentar las hectáreas para esa producción obliga a una modificación de la ley, aspecto que aún no se tocará, aunque existe preocupación del Gobierno por el crecimiento del narcotráfico.
En lo que corresponde a la nueva Ley Minera, el Primer Mandatario y de manera pública demandó a los operadores mineros, empresas privadas, a los cooperativistas, la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y el MMM extremar esfuerzos para llegar a un (buen) acuerdo. El deseo presidencial era que hasta fin de año se alcance ese acuerdo y la Ley Minera sea promulgada como un regalo de Navidad, lo que parece que no sucederá.
En el largo proceso de coordinar sugerencias de los diferentes sectores de la minería nacional, tras prolongadas reuniones, el 12 de julio del año en curso los operadores mineros entregaron el documento final del anteproyecto de la ley al Ministro de Minería Mario Virreira para que esa autoridad haga conocer el documento al gabinete ministerial y de esa instancia de revisión pase a la Asamblea Legislativa para su procesamiento de aprobación, sin embargo pasado el tiempo, en septiembre pasado otro senador oficialista, Eugenio Rojas confirmó que el documento de la Ley Minera no llegó a la Asamblea Legislativa, por tanto no se ha hecho ningún tratamiento en ese nivel, por lo menos eso es lo que se sabe cuando ya se acaba la gestión.
El anteproyecto de la Ley Minera es un documento que merece un tratamiento especial en la Asamblea, pues se trata de una normativa que regulará la actividad minera nacional, considerada como importante fuente generadora de divisas para el Estado y de ingresos a las regiones y municipios donde se realizan emprendimientos mineros.
Se observó en el tiempo transcurrido que existían algunas contradicciones en las propuestas presentadas por los sectores mineros, especialmente en lo que atañe al régimen tributario, que se pretende elevarlo y cuya consecuencia serviría para desincentivar las inversiones, además de colocar a nuestra minería en condiciones poco competitivas con relación a los países vecinos que en la gestión presente movieron millones de dólares empleados para el crecimiento de macro, medianos y pequeños proyectos mineros.
EL PECADO POLÍTICO
La salida "olímpica" como califican los expertos a la omisión del asunto tributario en la Ley Minera y dejar el caso al Ministerio de Finanzas, resulta una manera sencilla de "evadir" entre los protagonistas de la actividad la resuelta responsabilidad de buscar las condiciones más apropiadas para defender la actividad minera, sin gravámenes abultados que pueden ahuyentar inversiones y proceder a la búsqueda de condiciones que satisfagan las expectativas del Estado para obtener mejores ingresos, pero cuidando de no dañar "la gallina de los huevos de oro".
Otro aspecto importante es que deberá aplicarse un sistema impositivo que sea cumplido en igualdad de condiciones y con las mismas responsabilidades por todos los sub sectores de la minería, sin exclusiones de ninguna clase para no caer en el grave error de incluir el pecado político de favoritismo sectario.
Se entiende que el ministerio de las finanzas no incurrirá en el error de separar sectorialmente la aplicabilidad tributaria minera, finalmente se trata del uso de los recursos naturales no renovables mineros que son de todos los bolivianos, que al final de un largo proceso de circulación debe favorecer a impulsar planes de desarrollo nacional, con ventajas para las regiones donde están los yacimientos y sin ninguna otra condición.
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