Esperando la ley minera

Ante el reclamo directo – y personal – del Presidente Evo Morales que instó a los comisionados en la elaboración de la ley minera apurar su trabajo para proceder a su aprobación, es posible que tal hecho se concrete hasta fin de año, es decir el próximo mes, para que al inicio de la nueva gestión la minería boliviana pueda contar ya con una normativa que la reactive y la impulse hacia el cumplimiento de objetivos de alta producción y rentabilidad.

Sin embargo, hay un problema específico y es el relacionado con el sistema tributario, que según se explicó no estará contenido en el texto de la nueva Ley, sino en un acápite que será elaborado en el Ministerio de Economía y Finanzas donde se manejan las instancias de orden tributario o impositivo. ¿Cuál es el problema? Pues se trata del adelanto que se hizo a nivel oficial y que está prácticamente en uso y se refiere a la exención de impuestos a los mineros cooperativistas que sólo pagan la regalía, lo que representa una desigualdad en la aplicación de la obligatoriedad impositiva que debe ser igual para todos los bolivianos, según estiman los expertos y coinciden en tal relación los interesados del sector minero en general que califican el hecho como discriminatorio.

El asunto en el análisis de los políticos tiene otra connotación y es la que se relaciona con el apoyo directo comprometido por parte de los cooperativistas con el gobierno del Presidente Morales y que se acentúa como estrategia de apoyo incondicional para el próximo proceso electoralista, por tanto se presume que la situación estará incluida en la ley minera y distorsionará el sentido de equidad tributaria.

Por otro lado, la minería privada reclama atención especial al caso de los avasallamientos denunciados y no solucionados, lo que significa que no se ha hecho justicia en los casos que protagonizaron cooperativistas y originarios de ciertas comunidades en perjuicio de empresarios mineros privados. Se trata de un abierto proceso de inseguridad jurídica que se supone será enmendado con correcciones en la ley minera.

Pero hay más, los mineros medianos y pequeños del sector privado también han expuesto sus puntos de vista sobre el aspecto tributario, que en realidad se convierte en este momento en el más controvertido de la nueva ley minera, pues no será incluido en la normativa general y habrá otra disposición producida en otro ministerio que no es el de minería, por tanto expresamente con valor impositivo de acuerdo al interés del Estado de mejorar sus ingresos, posiblemente sin tomar en cuenta las dificultades de sectores como el de los "chicos" que han planteado pagar tan sólo el uno por ciento de impuestos como lo hacen los cooperativistas.

Como se puede apreciar la demora en aprobar la ley minera y alcanzar que sea consensuada entre los sectores afines, antes de su promulgación, parece una tarea todavía complicada, pues se trata de limar aristas muy prominentes y eliminar instancias que prevalecen como derechos adquiridos de algún sector que tiene cierto predominio en el contexto político, pero que afecta las expectativas del resto de los protagonistas de un importante sector productivo del país. Hay que tener esperanza en resultados positivos, la minería merece una particular consideración en su manejo administrativo.